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Estados
Unidos enfrenta hoy el proceso electoral más polarizado de su
historia
y cuyos resultados pueden tener graves repercusiones para el mundo.
Elegirán
entre una corrupta y un loco.
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Izquierda
1 vs. Izquierda 2,
por Sergio Melnick.
Hemos
sufrido un claro escalamiento de la violencia de uno de los así
llamados “movimientos sociales”. Hablamos de la coordinadora
(como se hace llamar) No+AFP, que ya no protesta pacíficamente sino
que abiertamente usa la violencia para tratar de lograr sus
propósitos. Carabineros heridos, barricadas y cortes del tránsito
en una hora estratégica, tomas de recintos educativos, buses
quemados, encapuchados violentísimos etc. Claramente hace recordar
los inicios del período de la UP.
La
coordinadora argumenta que después de mucho tiempo logró reunirse
con la Mandatario (finales de agosto) y ésta se comprometió a dar
una respuesta a sus planteamientos “en dos o tres semanas” sin
garantizar nada, solo que respondería formalmente, y hasta la fecha
no ha ocurrido. Dadas las características de este Gobierno, tiendo a
creerle este punto a Mesina. Pero eso no le da un aval para afectar
los derechos del resto y menos promover la violencia como ha ocurrido
de hecho. Mesina sostiene que fueron acciones espontáneas, pero no
fue así, visto ya como ocurrió tan homogénea y coordinadamente.
Cuando
algunos tratan de imponer sus ideas a través de la violencia, no
pueden ser calificados de demócratas. Violentan la institucionalidad
y el estado de derecho, que es la clave de la democracia y la
convivencia social. Si son tantos como sostienen (“la amplia
mayoría de los chilenos”), deben ejercer su influencia en las
elecciones.
Quizás formar un partido político (de los que ya hay unos 30) y
pedir el voto para llevar adelante sus propuestas si son elegidos.
Pero no. Es una y otra vez el infantilismo progresista que lucha
contra molinos de viento, pero no tiene propuestas viables, sino
utopías voluntaristas.
El
sistema de reparto es una quimera.
Las cifras simplemente no cuadran. Es solo populismo y de baja monta,
pero muy atractivo en el discurso. Chile no partió ayer, tenemos
historia y de muchos errores. No+AFP y el sistema de reparto son como
casi todas las propuestas de izquierda, en que se termina siempre
mucho peor de cómo se partió. Es el síndrome del Transantiago. Es
la educación pública y gratuita pero de peor calidad. Es la mala
reforma tributaria que recauda menos, o la mala reforma laboral que
al final genera desempleo.
Es la mala reforma del binominal que generará serios problemas de
Gobernabilidad. Es el veto a las concesiones que termina con menos
hospitales construidos y peor salud pública.
Es
interesante escuchar al Gobierno de izquierda diciendo que ese tipo
de manifestaciones no ayuda a construir un país, que no es el
camino. Tienen razón, pero curiosamente las
organizan, legitiman y aplauden cuando son oposición.
Las manifestaciones de los estudiantes eran buenas en el Gobierno de
Piñera, no ahora. Por eso es bueno que la izquierda 1 vea lo que
ocurre en el país con ese tipo de ataques, cuando vienen de la
izquierda 2. Hoy lo viven en carne propia y se dan cuenta de que son
actores completamente irracionales que tienen una agenda mayor a la
que muestran. El PC siempre juega con doble
estándar y de ahí, más hacia la izquierda, ya estamos nuevamente
en la revolución.
Las
pensiones efectivamente tienen problemas. Se
requiere una solución inteligente, pero no es mágica. Para que
mejoren las pensiones deben mejorar los salarios y se debe reducir el
desempleo (lagunas). Para ello debe haber crecimiento y mayor
productividad.
La edad de jubilación debe aumentar y hay que cotizar por las
remuneraciones reales. El primero que no lo hace es el propio Fisco.
Por cierto, hay que aumentar el monto de la cotización. Y todo ello
afectará las pensiones solo en 10 o 20 años más.
Nada
de eso es fácil ni se resuelve con un sistema de reparto, menos con
una demografía a la baja. La primera respuesta pública de
Bachelet fue quizás la peor de todas. Sacó una cifra de la manga,
como siempre improvisada, y se lanzó la idea de un impuestazo
directo al trabajo. Lo único que saben hacer es aumentar impuestos y
matar la gallina de los huevos de oro, que es el emprendimiento y la
innovación. Cuando se acaba la plata, se termina el socialismo,
tal como hemos visto en este Gobierno, que partió chorreando
millonarios bonos que no se pueden echar atrás. Es la crisis actual
del reajuste del sector público.
El
camino de los grandes acuerdos, despreciado por la izquierda de la
retroexcavadora, sigue siendo el único que lleva a los países al
desarrollo. La violencia siempre termina mal y destruye las
democracias.
¿Tiene
Chile remedio?,
por
Roberto Ampuero.
¡Que
despertar el de este viernes! Me recordó el
Chile de comienzos de los setenta. Desde las seis de la mañana,
radios y canales de televisión informaron sobre el inicio de un paro
nacional, sobre barricadas, "miguelitos" y bombas molotov.
También hablaban de disturbios, choques entre policías y
manifestantes, quema de autobuses, violencia concertada, y desde La
Araucanía llegaron noticias de nuevos atentados de corte terrorista.
Al mismo tiempo, dirigentes anti AFP llamaban a tomarse calles,
escuelas y universidades, a no ir a trabajar, a expresar "la
bronca" e indignación contra las AFP, a desahogarse a como
diese lugar, mientras otros pronunciaban incendiarios discursos en
nombre de "el pueblo". La policía
no daba abasto, el que quería seguir con su vida cotidiana estaba a
merced de los revoltosos, y dio la impresión de que el Estado de
Derecho marcaba ocupado.
¿Se trata de una etapa pasajera, facilitada por un Gobierno con alto rechazo popular que ya no logra coordinar a sus Parlamentarios, estamos ante un período transitorio que cambiará en año y medio más, cuando llegue la nueva administración, o este es el Chile que nos espera y al que hay que acostumbrarse a partir de ahora? ¿Habrá que despedirse del Chile sólido, estable e institucional, que en democracia aprendió a solucionar sus diferencias de forma consensuada, y que cosechó gracias a eso reconocimiento continental? ¿Debemos adaptarnos quizás a la idea de que este es el Chile en el que viviremos por mucho tiempo: inseguro en el ámbito público, odioso en la convivencia cívica, turbulento en la vida política, mediocre en los resultados económicos, salpicado de paros, huelgas y tomas? ¿Hay que hacerse a la idea a que así será de ahora en adelante en Chile, es decir, un país donde quien quiera lanzarse a la calle y tomársela para exigir lo que considera le corresponde, tiene pleno derecho a hacerlo, sin importar que perjudique la vida de millones que desean seguir trabajando o estudiando o que simplemente aspiran a vivir su vida cotidiana?
Los malos Gobiernos no solo tienen un impacto deprimente sobre las personas que viven bajo su mandato, sino también sobre quienes viven bajo el Gobierno que los sucede. Es un legado pesado, grisáceo y prolongado. Hoy se estima que tres de cada cuatro pesos de los los presupuestos futuros quedaran "amarrados" por los condicionamientos financieros que nos legará el Gobierno de Bachelet. Será una hipoteca para la administración que asuma en 2018. Un lastre sensible, una mochila de plomo que obligará a la próxima administración a gestionar muy bien y a contar con capacidad de negociar, persuadir y alcanzar acuerdos transversales. Pero a partir de 2018 no se tratará solo de asumir el oneroso legado económico y financiero de la Nueva Mayoría, sino también la tóxica atmósfera de convivencia cívica que nos dejará.
Escuché azorado el viernes por la mañana a Luis Mesina, el líder del Movimiento "No+AFP" que intentó paralizar Chile ese día. En un inicio nos recordaba un pretor ufano por las acción intimatoria de sus huestes. Invitaba a todo el mundo a expresar la indignación, a sentir "bronca" y rabia contra el 5% que se llena hoy supuestamente los bolsillos a costa del 95% de los chilenos que sufre explotación y abusos, y hasta justificaba las expresiones de frustración que afloraban en las calles. Luego, cuando periodistas le hicieron ver los desmanes que estaban causando los suyos y el tormento que sufrían quienes deseaban continuar con su existencia diaria, se desentendió de la violencia. Sin embargo, no tardó en volver a sostener que comprendía la indignación de quienes obstaculizaban la vida de la mayoría que pretendía ir a trabajar o estudiar, y pronto terminó responsabilizando al Gobierno.
Las palabras de Mesina traen a la memoria las de Carolina Tohá cuando aspiraba a ser Alcalde de Santiago: también justificaba ella las tomas de liceos, sin imaginar que un día esas fuerzas, desatadas por completo, se volverían en su contra. Es lo que suele suceder: el populismo no logra controlar las fuerzas que el mismo conjura cuando abre la Caja de Pandora. Es más: el populista actúa creyendo que habla en nombre de "el pueblo" y que su causa es justa y mayoritaria. Probablemente Mesina postulará el próximo año a Diputado o Senador. Como lo demuestra la historia reciente, en la etapa del desprestigio de los partidos políticos, liderar movimientos sociales constituye un crucial trampolín al Congreso.
Si bien el crispado ambiente nacional puede recordar a algunos los años de la Unidad Popular, debe reconocerse que junto a las semejanzas también hay diferencias. De partida, con el desplome del comunismo mundial, ya no existe el mundo bipolar. Pero hay más: la derecha, la centroderecha, el centro y los liberales aún no se expresan con la misma nitidez con que lo hicieron entre 1970 y 1973. Por otra parte, las izquierdas de entonces conducían a sus bases y sabían que modelo querían construir. Hoy, debido a las redes sociales, esos partidos se ven superados por sus bases o divorciados de ellas, y se definen más bien en función de lo que rechazan -el denominado "modelo"-, pero sin alcanzar a plantear aquello que quieren, el Chile con que sueñan y los medios para hacerlo viable. Su retórica seduce, su capacidad de gestión plantea dudas. Al subrayar su rechazo y tratar de articular a sectores con intereses a menudo contradictorios, las izquierdas terminarán por ofrecer en las próximas elecciones un fragmentado menú de opciones que va desde el continuismo de las reformas de Bachelet (con mejor gestión) hasta el experimento social, inspirado en fracasadas experiencias regionales, que puede implicar un salto al vacío. Pero debido a la alta abstención de las recientes elecciones y a la carencia de nuevas propuestas, la oposición no puede cantar aún victoria frente a las vicisitudes por las que atraviesa la Nueva Mayoría.
Poca
conversación,
por Héctor Soto.
El
portazo que le dio esta semana la Cámara de Diputados al Gobierno a
raíz del reajuste del sector público es humillante y también poco
auspicioso para el futuro. Curiosamente, esta administración, que
llegó al poder con la bandera de reivindicar la majestad de la
política, después de cuatro años de un Gobierno de sesgo
supuestamente gerencial, ha quedado embancada en un charco de
aislamiento y autismo. La Presidente conversa poco con el mundo
político, se parapetó en una nube donde los datos de la realidad
apenas la alcanzan (como lo prueba su reveladora entrevista en
Capital) y, aparte de haberse negado a recibir por meses a los
Presidentes de los partidos de su coalición, tiene un equipo
político que, aunque le pone empeño, sencillamente no puede
realizar su trabajo, porque carece de interlocución incluso con la
orgánica oficialista.
La
práctica de Bachelet de elegir Ministros obsecuentes y que solo la
interpretan a ella al final no funciona. Chile tiene un
Presidencialismo feroz, pero si el Presidente no cuenta con un mínimo
respaldo en los partidos el sistema se atasca y el Gobierno queda a
la deriva.
Ya
no aguanta más el modelo que utilizó hasta ahora La Moneda, donde
el Ejecutivo era el que mandaba y el Legislativo operaba como
buzón y cadena transportadora de proyectos de Ley que incluían
torpezas, arrebatos fundacionales y obstinaciones ideológicas.
Si bien la Nueva Mayoría se prestó muy conscientemente a ese juego,
lo hizo por dos razones: Bachelet era la dueña de los votos y para
salir en la foto había que ponerse en la fila. Las cosas comenzaron
a cambiar cuando la Presidente fue perdiendo respaldo en las
encuestas y esta semana llegaron a un punto de ruptura que cualquier
analista hubiera recomendado evitar, por lado y lado.
Es
complicado lo que viene si se tiene en cuenta que al Gobierno aún le
queda más de un año. Si a Frei le sobraron dos años, a esta
administración, que fue más corta, le sobró uno. Y le está
sobrando básicamente porque es difícil en las actuales
circunstancias que pueda conseguir acuerdos políticos relevantes
para el tiempo que le resta. Es
más: este Gobierno se la jugó siempre por desacreditar todo acuerdo
político y lo hizo como prueba de su inmunidad, a las que juzgó
prácticas viciosas del período de la transición. Y ahora que
necesita acuerdos para seguir, la verdad es que no tiene las ganas ni
la gente ni el profesionalismo para construirlos.
Habrá
guerrillas verbales y mucho dardo envenenado en el aire. Sin embargo,
en estricto rigor, hay muy poca conversación política en Chile.
Poca en el oficialismo, poca en la oposición y nada entre uno y otro
sector. Por eso, entre otras razones, el sistema político está
crujiendo. Por ejemplo, se entiende poco la teleserie que está
viviendo el Partido Socialista. ¿Cómo nadie hizo nada? ¿Habría
sido muy difícil definir con tiempo la fórmula a través de la cual
se iba a nominar a su precandidato? Obviamente que lo era con la
Presidente del partido metida al medio, como árbitro y también
parte interesada. Y ahora, luego que ella bajó su nombre, la gresca
continúa -y continúa por los diarios-, porque evidentemente quedó
herida y ella nunca ha sido inmune al rencor, porque Lagos sigue sin
repuntar en las encuestas y porque no hay un mínimo consenso acerca
de los procedimientos a seguir para decidir los rumbos del partido.
Si
la cátedra pensaba que iba ser la DC el partido más presionado a
definirse respecto del país que quiere, lo cierto es que ya pasó su
turno. En los hechos va a ser en el PS donde se librará la batalla
más decisiva de la política chilena. Lo
que está en juego ahí es si el partido quiere darle continuidad a
una izquierda reformista y socialdemócrata, como la que encarna
Lagos, o si prefiere seguir apostando a la épica refundacional que
inspiró a este Gobierno y que llevó al domingo antepasado a la
colectividad a su peor resultado electoral en mucho tiempo.
El
escenario político se ha vuelto tan errático e inestable que si en
algo tiene razón Piñera es en no haber adelantado su candidatura.
Eso, por un lado, le da tiempo a la derecha para que se ordene y
pueda tener una primaria competitiva y con todas las de la Ley. Pero
también le da un margen para saber con qué se va a encontrar al
otro lado. Si con la Nueva Mayoría dispuesta a continuar o si con
una coalición distinta.
Si con un ex Presidente investido por las colectividades de izquierda
para la lucha Presidencial o si lo dejan fuera de la carrera por no
haber encontrado respaldo a su postulación.
Si con una DC extraviada en sus propias disquisiciones sobre su
incierta identidad o si con un partido sin liderazgo claro, pero
resuelto a la aventura y a los riesgos del camino propio.
Queda
mucho todavía. Lo que sí ya está bastante claro es que el próximo
Gobierno, cualquiera sea su signo, la tendrá difícil tanto en la
sociedad civil como en el Congreso. Bachelet quemó la última
oportunidad que tuvo Chile de juntar un mandato ciudadano robusto con
holgadas mayorías Parlamentarias. Ese capital político fue el que a
la Presidente se le escurrió entre los dedos, con reformas que
decepcionaron y que dejaron al país, si no peor, donde mismo. La
justificación de haber corrido las fronteras en realidad justifica
poco. Las fronteras son para hacer Patria, no para debilitarla.
Por
lo mismo, puesto que todo hace pensar en un próximo Parlamento mucho
más atomizado políticamente que el actual, los candidatos tendrán
que extremar sus esfuerzos para proponer al
país programas que sean realistas y factibles
atendida esa atomización. En el próximo Gobierno sí que habrá que
conversar, negociar y acordar. Tres verbos que esta administración
había dado de baja.
Una
segunda oportunidad,
Para
nadie será fácil rectificar el legado de expectativas tronchadas,
políticas equivocadas y alto déficit Fiscal que dejará la presente
administración.
Habló el electorado, fuerte y claro. El resultado tomó por sorpresa a los dirigentes del bloque oficialista, como evidenciaron sus contritos rostros la tarde del pasado 23 de octubre y su posterior ofuscamiento. Pero así trabaja la democracia: un Gobierno que ha frenado la economía y -según las encuestas- cuenta con el rechazo del 70% de la población es difícil que triunfe en las urnas. Pese a que su coalición mantuvo una votación ligeramente superior a la de la oposición en Concejales, resultó derrotada en Alcaldes y -lo más significativo- perdió muchas de las Comunas más populosas y representativas de la clase media emergente.
Aunque la elección Presidencial está aún lejos, y sin dudas será muy disputada, el veredicto casi unánime de los analistas es que el gran ganador de la jornada fue el ex Presidente Sebastián Piñera, el más probable abanderado de la centroderecha. Sin embargo, desde el oficialismo, hay quienes quieren hacernos creer que fue la abstención la verdadera vencedora. Eso significa desconocer que con voto voluntario cada candidato debe lidiar no solo contra sus contrincantes, sino también contra la desmotivación de los suyos. Para un bacheletista decepcionado resulta más fácil ejercer su legítimo derecho a quedarse en la casa que pasarse a la oposición. La alta abstención, además de obedecer a inéditas restricciones al financiamiento de las campañas, es probable que en buena medida provenga del desencanto de los votantes de centroizquierda. La importancia que, con voto voluntario, cobra el motivar al elector tibio o indiferente, es algo que también ha de ser comprendido por la centroderecha: solo si articula una visión propia, capaz de cautivar a esos desencantados provenientes, por ejemplo, de las clases medias emergentes, podrá acarrear a las urnas votos suficientes.
¿A dónde ha de ofrecer llevarnos Chile Vamos? En mi opinión, su propuesta debe apuntar a recuperar el derecho de las personas a elegir materia de educación, trabajo, consumo, emprendimiento. Su "relato" -como suele llamarse- ha de ser "usted elige", en lugar de que otros -funcionarios, políticos, sindicalistas, monopolistas- "lo hagan por usted". Naturalmente, ello requiere de un Gobierno atento y competente, dedicado -subsidiariamente- a promover las oportunidades y proteger contra la violencia, los abusos, la pobreza y otros infortunios. Para configurar ese Estado impulsor y protector, por supuesto que hay unas cuantas reformas que hacer, pero ninguna de ellas supone hacer "tabla rasa" como pretendió la Nueva Mayoría. Aunque malhumorados manifestantes copen las calles de cuando en cuando, el diálogo y la moderación han de ser el camino.
Para nadie será fácil rectificar el legado de expectativas tronchadas, políticas equivocadas y alto déficit fiscal que dejará la presente administración. Pero, así como en el pasado Chile supo levantarse para volver a correr, si recibe un adecuado impulso competitivo.
Madrugar
en política,
por Axel Buchheister.
Impredecible
es la contienda Presidencial en Estados Unidos. Hace un año nadie
habría predicho que Donald Trump estaría en la final disputando
estrechamente la posibilidad de ser Presidente, cuando se esperaba
que su candidatura se desinflara en cualquier momento y que la posta
republicana la tomara un candidato del “establishment”. Es que la
política es así.
Pero
en Chile muchos parecen creer que no es así. En notas de prensa,
opiniones de los que “saben” y en gestos de los políticos abunda
la noción de que todo está resuelto y que la final será entre
Piñera y Lagos, y punto. Eso, cuando falta un año para la elección,
que en política es tiempo más que suficiente para que las cosas
cambien por completo. Y a pesar que los sondeos que se conocen desde
hace tiempo muestran que la realidad es otra y que hay amplio espacio
para que haya novedades.
En
ese sentido, la reciente encuesta Adimark vino a poner las cosas en
su lugar. Desde luego, reiteró que la opción de Lagos es muy
dudosa, pues se mantiene estancado en un 5% de adhesión. Que se haya
incrementado el porcentaje de personas que cree que será el próximo
Presidente (8% vs. 14%), no es más que un reflejo de la sensación
ambiente que generan esas opiniones, pero no de las preferencias. Tan
mal le va en éstas, que ya se comienza a decir que si en la encuesta
CEP de diciembre no hay un cambio sustancial, su pretensión
Presidencial estará casi sepultada. Y de poco le sirvió la movida
de bajar a Isabel Allende, quien no le ha franqueado el camino como
Presidente del PS, pues sabe que la tienda Lagos no despierta
consenso. Paralelamente, la DC tiene su propio debate Presidencial.
Lagos
no está solo, compite con Alejandro Guillier, un candidato que
aunque sea un enigma, tiene un estilo más acorde con los tiempos, en
contraposición con el carácter “pontificante” del ex
Presidente.
Aunque trate ahora de proyectar un modo más ciudadano, será cosa
que le “piquen la guía” en un debate, para que surja la veta
autoritaria y quede en evidencia. Mientras, el Senador -que según
algunos era pura música- se encumbra en las encuestas. Así lo
ratifica la Adimark, que respecto de la medición precedente, crece
de 5%, en empate con Lagos, a 15%. Un desmarque sustancial, que ha
movido al PS a contemplar contacto con él. Tanto o más importante,
los que creen que Guillier puede ser el próximo Presidente, saltan
de 2% a 8%. La realidad se termina reflejando en las percepciones, y
éstas, a su vez, alimentan la primera.
Al
frente, Sebastián Piñera mantiene su opción subiendo levemente de
18% a 20% en las preferencias, pero cae la percepción de que puede
ser el próximo Presidente, de 43% a 37%, porcentaje que es
significativo. Simultáneamente, Manuel José Ossandón, sube de 2% a
4% en las preferencias, que no es para cantar victoria, pero puede
implicar que comienza a marcar.
En
síntesis, no hay nada definido e inamovible, y hay tiempo de sobra
para que las cosas cambien, incluido que surjan nuevos nombres.
Estamos en Chile y las cosas se decantarán a partir de marzo. Lo
demás es voluntarismo y pretender que madrugar ayuda a que amanezca
más temprano.
Chile,
el Vaticano y Venezuela,
por
José Miguel Vivanco.
El
2 de noviembre, el Senado chileno adoptó una resolución que insta
al al Gobierno a apoyar las gestiones del Vaticano para mediar la
crisis de Venezuela y, muy importante, a convocar una sesión
especial del Consejo Permanente en la OEA para evaluar si el Gobierno
venezolano cumple con la Carta Democrática Interamericana.
Esta estrategia dual tiene sentido porque el diálogo entre Gobierno y oposición en Venezuela no es una conversación entre iguales. De un lado, hay un régimen cívico-militar que ha abusado del poder y reprimido a sus opositores, y del otro, una oposición política asediada, cuyo control del poder Legislativo se ha tornado prácticamente irrelevantes debido a los exitosos esfuerzos del Gobierno para despojar al Congreso de sus atribuciones. Sin una firme presión internacional, -que incluya un seguimiento atento y constate por parte de la OEA a través del proceso de la Carta Democrática-, el Gobierno de Nicolás Maduro no va a dar marcha atrás, ni mucho menos reconocer su responsabilidad en la represión, ni poner fin a la crisis política, económica y social que afecta a Venezuela.
Estos dos pasos -apoyar el diálogo y simultaneámente presionar al régimen de Maduro- son indispensables y complementarios, y podrían, además, lograr resultados concretos. Uno de ellos debería ser la liberación inmediata de Braulio Jatas -periodista chileno-venezolano arbitrariamente detenido hace más de dos meses-, tal como ha ocurrido en días recientes con un puñado de presos políticos.
Como sabemos, Jatar, director del medio independiente Reporte Confidencial, fue detenido el 3 de septiembre por divulgar el vídeo del cacerolazo espontáneo contra Maduro en Villa Rosa, Isla de Margarita, uno de los acontecimientos más vergonzosos para el régimen en los últimos años. Jatar fue interceptado por los servicios de inteligencia mientras se dirigía a su programa radial. Esa noche, mientras su familia ignoraba su paradero, agentes de inteligencia armados y encapuchados allanaron su domicilio ilegalmente.
Dos días más tarde, Jatar fue llevado ante un Juez, pero le permitieron ver a su abogado tan solo pocos minutos antes de la audiencia. Uno de sus abogados informó a Human Rights Watch, después de examinar el expediente, que en un informe de los servicios de inteligencia se acusaba a Jatar de organizar actividades de "desestabilización" previas a una reunión del Movimiento de Países No Alineados que tuvo lugar en Margarita ese mismo mes.
La Fiscalía acusó a Jatar de cometer el delito de "legitimación de capitales" -que prevé una pena de hasta 15 años de prisión- por supuestamente tener US$ 25.000 en su automóvil. Las únicas pruebas en su contra, según sus abogados, son dos testigos citados en un informe de los servicios de inteligencia quienes presuntamente vieron que el dinero había sido hallado en el automóvil del periodista. Los abogados señalaron, que después del testimonio inicial, no se pudo encontrar a ninguno de los dos testigos para que corroboraran sus declaraciones.
Jatar se encuentra detenido en una cárcel de máxima seguridad desde el 10 de septiembre. Solo le han permitido un contacto mínimo con sus abogados y su familia.
La combinación de estrategias propuesta por el Senado chileno es probablemente la mejor formula para liberar a los presos políticos y restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. El Gobierno de Bachelet debería mantener la presión internacional junto con otras democracias, pero además debería, específicamente, abordar el caso del periodista Jatar, incluso solicitando al Vaticano que intervenga como mediador ante el Gobierno para lograr su liberación inmediata y que se desista de todos los cargos fabricados en su contra.
No se trata solamente de la liberación de un preso político más en Venezuela. Se trata también de proteger la libertad de expresión y de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia.
Placas
tectónicas,
por
Max Colodro.
No
sólo la tierra fue sacudida con intensidad al terminar la semana,
también las capas geológicas de la política están viviendo en
estos días remezones importantes, desplazamientos que tienen un
efecto crítico sobre todo en el Gobierno y en la Nueva Mayoría.
Bajo el subsuelo de las tensiones contingentes, de los
congelamientos y descongelamientos entre La Moneda y los partidos, es
la base de sustentación de un proyecto político la que cruje, el
ethos que se encarnó en el ‘rostro humano’ de Bachelet y en su
promesa de reformas estructurales. Mientras el suelo se mueve, el
delicado equilibrio de factores que configuró el imaginario de la
gratuidad y del fin del lucro termina de desencajarse. Y los
elementos constituyentes del bloque Gobernante viven ahora con
intensidad la falta de magnetismo y la fuerza centrífuga asociadas a
su enorme deterioro.
Dos
epicentros tienen los desajustes telúricos que en la actualidad
golpean al oficialismo: el quiebre entre el Ejecutivo y su coalición;
la magnitud que empieza a distanciar en las encuestas a sus
principales opciones Presidenciales.
De algún modo, a medida que se acrecienta la tensión política
asociada a ambos procesos, el
Gobierno ha ido perdiendo la capacidad de ordenar a sus partidos y de
ordenarse a sí mismo,
siendo forzado a vivir bochornos como el retiro del proyecto para
enmendar el padrón electoral y la ausencia total de votos obtenida
por el reajuste Fiscal en la Cámara de Diputados.
Esta
semana la situación tuvo expresiones insólitas: mientras el
Ministro Valdés era humillado por su coalición en el Congreso, la
Presidente de la DC anunciaba en La Moneda el ‘fin del
congelamiento’
de las relaciones y una mejor disposición hacia la autoridad.
En los hechos, el oficialismo tuvo que bajar sus principales
exigencias, entre ellas, el cambio y la reestructuración del equipo
político del Gobierno, ya que todo indica que la Presidente Bachelet
no va a realizar modificaciones de la envergadura requerida.
Así, en este autoimpuesto clima de distensión, varios líderes
terminaron solicitando un ‘diálogo directo’ con la propia
Mandatario, precisamente la interlocutora que se ha negado a juntarse
con los jefes de las colectividades desde hace meses.
Y
mientras el Gobierno y la Nueva Mayoría ejecutan este forzado baile
de máscaras, los candidatos Presidenciales profundizan las
fricciones internas, aportando su cuota de división y divergencia.
En rigor, el posicionamiento de Ricardo Lagos y Alejandro Guillier se
ha convertido, en las últimas semanas, en el símbolo de una fisura
de fondo sobre la cual no sólo se entrecruzan concepciones de país
y de política pública muy distintas, sino que también se conjugan
desde ‘razones para perder’ hasta el mayoritario imperativo de
escoger a cualquiera que tenga una mínima opción de ganar.
Al
final del día, la probabilidad de que termine por primar otro
criterio que no sea la competitividad frente a la derecha es mínima.
Es demasiado lo que está en juego y demasiado también el deterioro
político del oficialismo como para apostar contra las cifras,
especialmente en un escenario en que todo anticipa que la Mandatario
y su Gobierno sólo van a seguir irradiando desaprobación.
En definitiva, lo que hoy articula las decisiones en la Nueva Mayoría
es sólo el más básico instinto de sobrevivencia, un vértigo
angustiante y creciente donde la posibilidad de debates sustantivos,
de proyectos sensatos y de diseños estratégicos sólo puede brillar
por su ausencia.
por
José Antonio Guzmán.
En los próximos días el Movimiento No + AFP, comandado por sus lideres vinculados al Partido Comunista, señores Luis Mesina y Manuel Riesco, ha convocado a paralizar el país, los servicios públicos, los colegios y universidades y todo el sistema económico, para imponer un retorno al sistema de pensiones denominado de reparto.
Más
allá de que las pensiones en Chile, como en todos los países del
mundo, son bajas e insuficientes para cubrir las necesidades de un
número creciente de personas que alcanzan la tercera y la cuarta
edad, cuyo mejoramiento es preciso incorporar como política pública
prioritaria de cualquier Gobierno en adelante, la
propuesta de este grupo no resuelve el problema y obedece, en
realidad, a otras razones.
El
sistema de reparto, que se encuentra colapsado en casi todos los
países que lo aplican, se basa en que los trabajadores activos
financian con su cotización previsional las pensiones de las
personas retiradas del mundo laboral. Como
el número de estas personas ha aumentado fuertemente en relación al
número de trabajadores activos, el descuento se ha tornado
absolutamente insuficiente y ha obligado a elevar la tasa de
cotización y postergar la edad de jubilación o, derechamente, a
reducir las pensiones o provocar déficits Fiscales inmanejables.
De acuerdo con la demografía que nos caracteriza en Chile y con los datos del INE, hacia 2035, es decir, antes de 20 años, habrá solo 2,56 personas activas entre 20 y 65 años por cada persona retirada o en edad de jubilar, lo que hace absolutamente inviable el sistema de reparto, como lo ha reconocido por lo demás la propia Presidente de la República, porque en promedio habría que descontar más del 27% del sueldo para financiar las pensiones del resto. Esto sin considerar, además, que el número de ocupados que cotizan es bastante inferior a la fuerza de trabajo.
Lo anterior, que es ampliamente conocido por los señores Mesina y Riesco, no ha sido obstáculo para que se aprovechen de la ignorancia no culpable de millones de chilenos agobiados por bajas pensiones o indignados por el abuso de unos pocos pensionados del Estado, para presionar por el retorno a un sistema de reparto en que los ahorros de los trabajadores chilenos irían a un fondo común administrado por el Estado, conforme a la decisión del Gobierno de turno y al poder de presión de unos pocos gremios poderosos.
Lo que buscan es que el Estado se apropie de la administración de los 175 mil millones de dólares acumulados por los trabajadores chilenos en sus cuentas de ahorro individual, si es que no de los fondos mismos, y del incremento que se agrega cada mes, haciendo desaparecer las cuentas individuales y eliminando la necesaria relación entre la pensión que se va a recibir y el esfuerzo de ahorro personal que hay que hacer para lograrla.
Peor aún, como lo han reconocido ellos y otros de sus seguidores, el retorno a la administración Estatal tiene por objeto terminar con el financiamiento independiente de los fondos de pensiones a las actividades productivas de una economía libre, que explica la gran rentabilidad que han obtenido estos fondos en sus 35 años de existencia en beneficio de los trabajadores.
El eslogan No + AFP, además de condenar al país a un desarrollo limitado y discrecional, constituye un engaño de proporciones incalculables porque no resuelve el problema de las bajas pensiones, pero sí satisface los apetitos de poder de sus organizadores.
Si quienes tienen que resolver cómo mejorar el sistema actual de pensiones se dejan presionar por este pequeño pero osado grupo dirigente, que ya ha demostrado cómo con un exiguo apoyo electoral puede manejar la política del país, habrán provocado un daño al futuro de Chile, del cual difícilmente podrá recuperarse.
A
mover el Estado,
por
Leonídas Montes.
Nuevamente
amenaza la calle con el llamado de “No+AFP”. Además, tenemos el
paro de la Anef. Ambos hechos nos permiten reflexionar sobre el poder
de las movilizaciones y la verdadera realidad de nuestro Estado.
Partamos
por lo primero. Aristóteles, el gran filósofo de la política,
pensaba que la democracia podía degenerar en demagogia. En otras
palabras, la mejor forma de Gobierno corría el riesgo de corromperse
y convertirse en una pesadilla para los ciudadanos.
En los tiempos modernos hemos sido testigos de cómo la demagogia
puede llevar a los países a un precipicio de tensión, sufrimiento e
incluso violencia. Basta una rápida mirada por nuestro vecindario.
Pero Polibio, en sus Historias, acuñó otro concepto que se parece a
la demagogia. Nos habla de la oclocracia o el Gobierno de la turba o
multitud. En nuestra sociedad de la información del siglo XXI, esta
idea política es atingente. En efecto, lo interesante de la
oclocracia es el sentido etimólogico de oklos. Si bien kratos
significa “Gobierno de”, oklos dice relación con algo en
movimiento. De ahí la importancia de la oclocracia para Chile y el
mundo.
En
efecto, la idea de oclocracia refleja el poder de los movimientos y
el perverso impacto que pueden producir en el futuro de los países.
Basta recordar el Brexit, Trump y muchos otros casos que ponen
emociones en movimiento. Aunque
las revueltas estudiantiles nos llamaron la atención sobre una serie
de temas relevantes que debían ser abordados, el movimiento se
radicalizó y creó expectativas más allá de lo razonable. La
metáfora de la retroexcavadora es solo un reflejo lingüístico de
este fenómeno social donde muchos políticos y líderes se subieron
a la ola del movimiento estudiantil de manera precipitada e
irreflexiva.
El deterioro que hemos sufrido en la calidad de nuestras políticas
públicas es el mejor ejemplo de nuestra oclocracia criolla.
El
“No+AFP” mueve y moviliza sentimientos con el riesgo de una nueva
oclocracia. Su surgimiento es otro ejemplo del daño que pueden
generar estos movimientos. Pero a diferencia de lo que sucedió con
el movimiento estudiantil, uno esperaría que esta vez primaran la
cordura y la sensatez por sobre la retroexcavadora que algunos
quieren resucitar. Afortunadamente, y a juzgar por las prudentes
declaraciones del Gobierno, así ha sido.
Ahora
vamos al Estado.
Uno entiende que la Anef y los movimientos que velan por los
intereses del sector público no estén de acuerdo con el reajuste
del 3,2% propuesto por el Ejecutivo, pero que ningún Parlamentario
haya aprobado esta iniciativa es una incomprensible vergüenza, sobre
todo para la oposición.
Frente
al fenómeno de la desconfianza, suele criticarse al sector privado.
Pero olvidamos lo que los ciudadanos piensan de los servicios que les
entrega el Estado. Ante la pregunta “Usando una escala de 1 a 7,
donde 1 es Nada Satisfecho y 7 es Muy Satisfecho, ¿con qué nota
evaluaría su nivel de satisfacción con…?”, el resultado es el
siguiente:
Aunque
la institución peor evaluada es “la atención en los servicios del
Estado”, los funcionarios públicos exigen mejores salarios y
condiciones. Como es habitual, los empleados públicos simplemente
van a paro.
Ya no importa que la huelga sea inconstitucional. Ellos,
más allá de la Ley, son literal y realmente unos verdaderos
privilegiados.
Un
reciente y riguroso estudio (Cerda, Revista Estudios Públicos 142,
pp. 7-35) toma una base de 275.108 empleados públicos y concluye que
ellos ganan un 43,8% promedio más que el sector privado. Es más, si
agregamos los días administrativos y también consideramos los
elevados niveles de ausentismo en algunas reparticiones, lo que
implica más vacaciones y días libres, las condiciones de los
funcionarios públicos son todavía mejores.
Ahora
bien, nuestro Leviatán no es solo el Gobierno central con sus casi
300.000 empleados. Además, en las FF.AA. y de Orden trabajan unas
150.000 personas. También habría que agregar a todas las empresas
públicas. Solo en Codelco hay, al menos, unos 20.000 trabajadores
directos. Y suele olvidarse que el grueso del sector público se
encuentra en las Municipalidades. Aquí tenemos 446.247 empleados
más. Sumando, podríamos llegar a casi un millón de empleados bajo
el alero del Estado. O sea, cerca de un millón de personas y sus
familias hoy son empleados por el Estado. Para que se haga una
idea, según el INE, en Chile existen 5.594.540 de asalariados con
empleos formales. Entonces, casi un 20% de los empleados chilenos son
pagados por nuestro Leviatán.
Chile
ha crecido y progresado como nunca antes en nuestra historia. Pero si
bien nuestro Estado ha crecido mucho, éste no ha progresado. Hoy
tenemos un Estado viejo para un país joven. En efecto, nuestro
Leviatán no se ha modernizado como lo han hecho el país y el sector
privado.
Brexit
en suspenso.
Desde
que en junio pasado, contra todos los pronósticos, la mayoría de
los británicos se pronunciara a favor del retiro de la Unión
Europea, el Reino Unidos ha enfrenado un incierto panorama político,
agudizado ahora por la sentencia judicial que indica el es el
Parlamento y no el Ejecutivo el que tiene la autoridad para iniciar
las negociaciones de salida.
La resolución de la Alta Corte de Londres plantea que se requiere un pronunciamiento Legislativo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que fija los mecanismos de salida de la Unión europea (UE), de acuerdo a los requisitos Constitucionales de cada país. El fallo se fundamenta en el acta de la Comunidad Europea de 1972, la que establece que Gran Bretaña se convierte en miembro de la Unión Europea por una materia de Legislación interna y no de política exterior, lo que condiciona su retiro a los mismos procedimientos.
Si bien el Gobierno ha anunciado que apelará ante el Tribunal Supremo, organismo que estudiará el caso el próximo mes, la resolución no solo retrasa el calendario de retiro que establecía marzo del próximo año como inicio del proceso, sino que complejiza aún más el escenario político británico, quebrado tras el triunfo del Brexit.
La demanda presentada por un grupo liderado por una empresaria y filántropa, junto a un reconocidos peluquero, ha ocasionado un verdadero terremoto político.
Mientras miembros del Gobierno británico acusan a la Justicia de no respetar la soberanía popular, al desconocer el resultado del referéndum, otros políticos prevén un largo proceso Legislativo en caso de una ratificación de la sentencia Judicial, lo que podría derivar en un Brexit condicionado y parcial. Tampoco se descarta la posibilidad de una convocatoria anticipada a elecciones generales.
Dados los frágiles equilibrios políticos con que Theresa May cuenta en ambas Cámaras del Parlamento, parece difícil que el Gobierno consiga una suerte de cheque en blanco mediante un rápido voto Parlamentario. Las divisiones internas que enfrentan laboristas y conservadores en este tema no permiten un vaticinio certero respecto del resultado de la votación Parlamentaria. Todo indica que un Parlamento empoderado podría complejizar y "suavizar" la ruptura con la Unión Europea, sin alterar la voluntad popular, pero buscando la manera de minimizar los costos de esta decisión que muchos -particularmente los jóvenes- lamentan, como en lo que se refiere al acceso al mercado único, lo que implicaría ir en la dirección contraria a la manifestada por la Primer Ministro.
El convulsionado ambiente político que llevó a Theresa May al poder pareciera que será la característica de su mandato, pues le ha tocado iniciar un proceso inédito, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea, la que por primera vez experimenta el retiro de uno de sus miembros clave. Para el Gobierno de Theresa May se trata de su sobrevivencia y para el Reino Unido, sin una Constitución escrita, la prueba del Brexit sentará un importante precedente en su desarrollo Legislativo y político.
Un
fallo que pone en riesgo la libertad de información.
El
Consejo de Ética de los Medios de Comunicación resolvió sancionar
a revista Qué Pasa -publicación que pertenece a Copesa, consorcio
periodístico del cual también forma parte La Tercera- por faltas a
la ética periodística, al haber publicado escuchas telefónicas de
uno de los imputados en el marco del denominado “caso Caval”, en
las cuales se deslizan acusaciones hacia distintas personas, entre
otras la Presidente de la República, sin la suficiente verificación
de hechos ni la debida contextualización. Es decir, conforme los
inéditos criterios del Consejo, para que una información pueda ser
publicada sin vulnerar estándares éticos, no bastaría que fuera
auténtica, sino que además el medio debería cerciorarse de que su
contenido es efectivo. Tal forma de entender el trabajo periodístico
constituye una aberración por los nefastos precedentes que encierra
para la libertad de información, y es incomprensible que una
estocada de tal gravedad proviniera del organismo creado por la
propia industria de medios de comunicación para iluminar el
quehacer periodístico.
Al
negativo precedente que sienta el Consejo con su fallo, debe sumarse
también la querella que había interpuesto la propia Presidente de
la República en contra de cuatro periodistas de Qué Pasa -uno de
ellos actualmente es el Director de La Tercera-, por estimar que
dicha publicación dañó severamente su honra. Esta acción
penal, encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, fue objeto de
fuertes cuestionamientos -no solo por su evidente debilidad jurídica,
sino también por constituir una abierta amenaza a la libertad de
expresión-, pero finalmente fue retirada, justificándose en que el
Consejo de Ética de los Medios de Comunicación había resuelto que
la revista incurrió en faltas éticas, lo que se consideró
suficiente para dar por demostrado que la información publicada por
Qué Pasa supuestamente carecía de los estándares adecuados.
Es
lamentable que la Presidente haya sido arrastrada hacia una aventura
jurídica sin destino -incluso terminó siendo condenada por
el Tribunal al pago de las costas-, que no solo lesionó su prestigio
personal, sino que afectó la imagen de Chile como país respetuoso
de la libertad de expresión. Esta fallida experiencia, que al
menos podría haber dejado lecciones para la defensa de la libertad
de informar, ha venido a ser agravada por la nefasta participación
del Consejo de Ética, que con su fallo ha intentado sentar un
precedente potencialmente tan dañino para la libertad de prensa como
la amenaza que supone una sanción penal.
Los
débiles fundamentos sobre los cuales se sustenta el fallo, además
de contradecir su propia doctrina en esta materia -un caso idéntico
fue fallado en un sentido opuesto-, son atentatorios contra el
derecho a la información, al pretender hacer exigibles estándares
que exceden el marco razonable de verificación de datos por parte de
un medio de comunicación. Según el Consejo, las escuchas
publicadas por Qué Pasa constituyen una información de carácter
“extrajudicial”, donde la veracidad de los contenidos no estaba
establecida, faltando con ello a su obligación de verificar,
confrontar con otras fuentes, dar espacio a los aludidos y cotejar
datos. Se reprocha al medio no haber comprobado si lo que se había
publicado tenía asidero en la realidad en virtud tanto de la
confiabilidad del contenido de la información como de las fuentes
que lo aportaron. Dichos fundamentos resultan sorprendentes; desde
luego porque el Consejo pretende hacer un distingo artificial cuando
alude a lo “extrajudicial”, dando ese carácter a las escuchas
simplemente porque no fueron hechas ni ante un Tribunal ni ante un
Fiscal. Pero lo cierto es que tales conversaciones constan en la
carpeta del Fiscal a cargo de la investigación; fueron autorizadas
por un Tribunal y realizadas por Carabineros. En consecuencia,
son parte integral de una investigación Judicial formal y en curso,
respecto de un caso que tiene evidente interés público, y que por
lo mismo justifica su publicación. Si se siguiera el razonamiento
del Consejo, nada o muy poco sobre el financiamiento irregular de la
política podría haberse publicado, pues no habría bastado que los
medios se cercioraran de que los múltiples correos electrónicos que
salieron a la luz pública dando cuenta de vínculos irregulares
constaran en una investigación Judicial, sino que además tendrían
que haber comprobado la veracidad de sus contenidos.
El
fallo hace ver también la falta ética que implicó publicar
fragmentos en que se hacían acusaciones graves contra terceras
personas. Para ello se basa en que el semanario corrigió la
información, por estimar que había vulnerado sus propios estándares
editoriales. Es particularmente delicado que el Consejo se valga
del reconocimiento de un error para formular una sanción ética.
Además de constituir un obvio desincentivo a que los medios corrijan
-pues implicaría asumir culpabilidad-, en el caso de la figura
Presidencial parece concederle además una protección especial a su
honra. Ello resulta contradictorio, porque a mayor exposición
pública, es evidente que los umbrales de fiscalización deben ser
mucho menos rígidos que los aplicados a un ciudadano común, y quien
asume cargos públicos acepta implícitamente estas reglas inherentes
a una democracia.
Además
de las obvias contradicciones que subyacen en el razonamiento del
fallo, saltan a la vista una serie de falencias sobre la
institucionalidad del propio Consejo, que impiden dar garantías de
imparcialidad y asegurar un debido proceso. Es desde luego extraño
que dos de sus consejeros hayan expresado opiniones previas sobre el
caso Qué Pasa, y aun así no hayan estimado pertinente su
inhabilitación, pese a que la defensa así lo solicitó;
asimismo, los criterios que tiene a la vista para calificar la ética
no parecen estar bien sistematizados y, por lo mismo, pueden ser
discrecionales. A la luz de todo lo anterior, es evidente que el
Consejo ha fracasado en su misión, y sobre sus consejeros recae la
misión de restablecer la credibilidad de esta instancia.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
