Los mejores análisis de lo que sucede en Chile.....

Hemos reemplazado las imágenes en esta edición por considerar que el texto de la carta que

incluimos nos señala como el Gobierno ha traspasado los límites, lo que lo ha llevado al

descrédito y al rechazo mayoritario de sus propuestas.

 

¿Es tan difícil Gobernar?,

por Héctor Soto.

Lo que antes era relativamente simple, ahora se ha vuelto complicado. Y donde antes mandaba el instinto, el tufómetro, el más antiguo y certero comando de la política chilena, hoy no se puede dar un paso sin consultar las encuestas, los focus y lo que prende o apaga las redes sociales.

No es sólo por eso que se dice que Chile se ha vuelto un incordio. El país está peleador, exigente e imprevisible. También voluble. La misma ciudadanía que eligió a este Gobierno lo tiene hoy por las cuerdas, Pasó el tiempo en que a los políticos se les firmaban cheques en blanco. La última que los obtuvo fue la Presidente Bachelet. Pero la gente dio orden de no pago cuando ella quiso cobrarlos. Por eso está como está: colgando de un 15% de aprobación y condenada por una evaluación pública que sitúa al suyo como el peor de los Gobiernos desde el retorno de la democracia.

¿Es verdad que Chile se volvió ingobernable? ¿Es verdad que el realismo de las restricciones económicas y el maximalismo de las demandas de la calle metieron al país en un zapato chino que está demoliendo los liderazgos, erosionando las confianzas y pulverizando la legitimidad y el prestigio de las instituciones? ¿Es tan terrible el escenario y el futuro como lo pintan? ¿Queda alguna salida?

Contrariando la percepción mayoritaria, los candidatos que están pensando en lanzarse a la arena Presidencial del próximo año -y que creen tener posibilidad de ganar, claro- creen que sí, que se puede salir del túnel. Piensan que si bien las tareas de Gobierno se han complicado, porque vaya que cuesta satisfacer demandas encontradas de grupos de intereses cada vez más diversos y segmentados, no por eso se han vuelto imposibles. Sobre todo ahora, cuando el escenario político, confiscado años atrás por la emoción rampante y el utopismo refundacional, pareciera venir de vuelta a los terrenos del realismo y la racionalidad.

¿Cómo Chile va a poder retomar sus equilibrios y recuperar sus perspectivas de futuro? Pueden ensayarse muchas respuestas a esta pregunta. Como quiera que sea, lo tendrá que hacer con cuidado y de a poco. Así se hicieron las catedrales y así se construye casi todo lo que vale la pena en los países: con cuidado y de a poco. Quien sea que llegue al gobierno, tendrá que trabajar, además, con la verdad.

Llevamos demasiado tiempo diciendo una cosa por otra, prometiendo a tontas y a locas lo imposible y acatando sin mayor análisis hasta las más delirantes demandas de la calle, de suerte que un repliegue a la moderación, a la franqueza y al sentido común, tanto de parte de los líderes como de la gente, podría tener un efecto reparador sobre la confianza pública que actualmente no somos capaces de imaginar y aun menos de dimensionar.

No hay ninguna novedad al decir que Gobernar se ha vuelto más problemático ahora que antes. El fenómeno no sólo es chileno, sino mundial. Por efecto del protagonismo de los sectores medios, de ciudadanos mucho más educados, orgullosos y sensibles a la opacidad o al abuso, por efecto también de las redes sociales, las autoridades están mucho más expuestas al escrutinio y entredicho ciudadano. Sin embargo, esto no significa que la gente esté cegada o se haya vuelto irracional. Si es por llevar las cosas al extremo, al final en Chile sigue haciendo sentido el realismo político crudo del Presidente Ibáñez: el que toca camioneta no toca Ministerio. Sólo que hoy los chilenos entendemos mejor los problemas y, cuando se disipa el polvo asociado a los escándalos y crispaciones, la gente suele identificar bastante bien si le pasan gato por liebre.

Hacer un Gobierno que interprete a la mayoría del país obviamente que es posible. Lo es, de partida, porque Chile es un país viable. Lo fue en los últimos 30 años y no hay razones para pensar que haya dejado de serlo. La misma ciudadanía que se sobregiró el 2011, a partir de una desafortunada conjunción de errores, escándalos, abusos, cuentas pendientes y recriminaciones tardías, es la que ahora, por ejemplo, pone en la última encuesta CEP el desarrollo económico entre las grandes prioridades nacionales. Esto no significa que esté dispuesta a tolerar los desequilibrios que generaron el malestar. En eso, el país no claudica y tendrán que corregirse. Pero todos los sondeos indican que la gente no está disponible para tirar por la borda lo que ha logrado hasta la fecha.

Puesto que el proceso de incubación y estallido de los conflictos es muy rápido en la actualidad, en lo que sí ha subido el estándar es en la capacidad que tengan los Gobiernos para detectarlos a tiempos. Todo indica que los viejos radares sirven poco. Un episodio como el que vivió el Gobierno anterior con Magallanes o como el que está viviendo éste con las pensiones son la mejor prueba de que en este ámbito las cosas pueden ser muy líquidas y salirse de control con facilidad. Ni ese episodio ni esta crisis estaban en el libreto de las autoridades. En el caso de Magallanes, se reaccionó tarde, y ahora, el gran problema es que el margen de acción es estrecho, porque el fantasma de las pensiones irrumpió cuando el Gobierno ya se había gastado, en apuestas discutibles, no sólo la plata que tenía, sino además parte de lo que podamos  llegar a tener.

Gobernar ahora entraña una correlación distinta entre lo que se puede programar y lo que salta de súbito. Hay que saber leer la partitura. Pero también hay que saber improvisar.

El zigzag de la política,

por Eugenio Guzmán.

Una de las razones del fracaso de los Gobiernos tiene que ver con experimentar el zigzagueo brusco entre ceguera ideológica y oportunismo miope. El primero sólo atiende a los dictámenes y prescripciones que derivan de las convicciones que se tienen de cómo es y debe ser la realidad. Luego, cuando las prescripciones, planes y recetas (v. g., programas de Gobierno) fracasan en su aplicación, los ideólogos recurren a explicaciones, también derivadas de la ideología: "Los resultados son parciales pero a la larga funcionarán", "existe una conspiración para impedir su aplicación", "no se han entendido correctamente el propósito" y otros de ese estilo.

Es decir, el problema no es el principio ideológico-guía sino su aplicación, la falta de información o los que conspiran en su contra. Luego, no hay razones para cambiar de rumbo. Al revés, se sigue adelante y para paliar los errores se incurre en otros, hasta que la fuerza es el mecanismo más eficaz para seguir adelante.

Por otra parte, el oportunismo miope corresponde a aquella actitud, tan común por lo demás, carente de convicción, y que sólo pone su atención en la estimación de lo conveniente o inconvenientemente para mantener el poder. Las decisiones políticas en este caso se ciñen al veredicto y humor de la calle, las asambleas y las audiencias. Lo que estas dicten, o lo que se entienda por opinión pública. En consecuencia, para anticipar errores, el Gobierno tiene como herramientas centrales las encuestas, estudios de audiencias, etc.

El objetivo principal es conseguir el beneplácito de la población con medidas inmediatistas y efectistas. Pero también se crean instrumentos ad hoc para dotar de apoyo a los Gobiernos, como reuniones con "líderes ciudadanos" y toda suerte de grupos artificiales que cabildean a favor del Gobierno. Esto, en su versión más evidentemente grosera, es lo que comúnmente conocemos por populismo.

Este zigzag político, que corresponde al paso de un extremo a otro, sin que medie equilibrio, tiene como efecto inmediato el desgaste institucional, sobre todo cuando a este movimiento se agrega la actitud permanente de los políticos de fomentar y crear falsas expectativas. En este sentido, la política pierde su valor ordenador y los representantes políticos su función Legislativa, pues se transforman en cajas de resonancia de lo que el Gobierno ordena.

La consecuencia final no es otra que la violencia, la que se expresa contra las instituciones, ya avasalladas por la ideología, por el activismo populista o simplemente por las políticas miopes de corto plazo. Esto lo estamos viendo hoy en Bolivia, desde hace años en Venezuela. Afortunadamente, parece haberse detenido en Argentina, y no sabemos cómo seguirá en Brasil.

En el ojo del huracán,

por Max Colodro.

La encuesta CEP vino a confirmar los temores del oficialismo respecto de su continuidad en el poder. Según la experiencia comparada, una Presidente con 15% de aprobación y una coalición de Gobierno con apenas 8% de respaldo tienen posibilidades menos que remotas de entregar el mando a uno de los suyos. Aunque la crisis de legitimidad y el deterioro político sean en este caso un fenómeno transversal, casi por ‘default’ en circunstancias como las actuales la mayoría opta con un alto grado de probabilidad por la alternancia.

Frente a su espiral de declinación, la Presidente Bachelet y su Gobierno han decidido recluirse en un limbo, señal evidente de que no existe un diagnóstico sobre las causas que explican el desgaste y, menos aún, un diseño para afrontarlo. En los hechos, la Mandatario se resignó a un destino que -al parecer- considera inmodificable; y a concretar el programa de reformas sin importar el alto rechazo que generan, con la ilusión de que algún día la gente las entienda y descubra sus beneficios. Las urgencias políticas asociadas al ciclo electoral y al futuro de la Nueva Mayoría simplemente dejaron de importar, y eso es lo que en buena medida explica la postergación del cambio de Gabinete.

En los partidos de Gobierno esta realidad sólo ha aumentado el nerviosismo, la ansiosa convicción de que ya no quedan activos políticos a qué echar mano para tratar de revertir el escenario, salvo uno: el gasto Fiscal. Esa progresiva coincidencia está nuevamente poniendo al Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en el ojo del huracán, en el vértice de una tensión que se volverá desquiciante en los próximos meses y cuya forma de resolución no puede anticiparse. Hasta ahora, la autoridad ha contado con el respaldo de la Presidente Bachelet para mantenerse en el marco de sus compromisos en materia Fiscal, pero la presión que inevitablemente se viene sobre La Moneda hace legítima la pregunta sobre la solidez y sustentabilidad de dicho respaldo.

Esta semana, Parlamentarios del PS notificaron al Ministro Valdés que su política de responsabilidad Fiscal estaba poniendo en riesgo la proyección de la Nueva Mayoría. En paralelo, la directiva del PPD solicitó al Gobierno elevar las pensiones básicas en un 10% y el PC consideró necesario hacer uso de los fondos soberanos para apuntalar el gasto Fiscal. Fueron todas señales de una convergencia fundada en el temor creciente a perder el poder, reforzado por la certeza de que el Gobierno y la Presidente no tienen ya opciones ni convicción para intentar cambiar el rumbo en lo que resta de administración.

Así las cosas, la gestión del Ministro Valdés está pasando a ser el engranaje decisivo de lo último y poco que queda en la Nueva Mayoría, para buscar revertir lo que se presiente cada vez más inexorable. Ello dejará al actual titular de Hacienda en una situación límite, donde las enormes restricciones presupuestarias que hoy afronta el país deberán conjugarse, en una ecuación casi imposible, con los desafíos políticos del oficialismo. El deterioro de la situación de Codelco conocida en estos días es un buen anticipo de cómo viene la mano para el próximo reajuste de la ANEF y, sobre todo, en la decisiva discusión del último presupuesto de este Gobierno.

Rodrigo Valdés tendrá sobre sus hombros el peso de la responsabilidad en su gestión Fiscal y, en buena medida, el de la ilusión oficialista respecto de su sobrevivencia como coalición Gobernante. Pero a sus espaldas se encuentra el único factor relevante que puede inclinar la balanza en uno u otro sentido: la decisión que a este respecto tome, por acción u omisión, Michelle Bachelet.

Revolucionarios Constitucionales,

por Luis Cordero.

Se ha entregado la sistematización de los resultados de los encuentros regionales para la nueva Constitución, terminando así con la primera etapa del proceso constituyente. Aunque algunos sostengan que esta iniciativa está destinada al olvido, más todavía luego de la última encuesta CEP, lo cierto es que, si los datos se analizan con detención, éstos arrojan resultados que no deberíamos despreciar, porque serán útiles para cualquier iniciativa de política pública o programa de Gobierno que desee participar en las próximas elecciones.

Quizá muchos no sepan, pero las revoluciones liberales —que son el origen del Constitucionalismo moderno— fueron llevadas a cabo por clases medias molestas con los privilegios del poder. Rousseau denominó a eso la cólera del corazón, contra la corrupción y la hipocresía de los salones.

En Chile la clase media ha aumentado sustancialmente en los últimos 25 años. Hoy corresponde a cerca del 50% de la población, mientras que en 1990 era sólo 19%. Su caracterización, además, es heterogénea y distinta a la del siglo XX. La clase media de hoy es fruto de la modernización capitalista, que manifiesta su presencia a través del consumo y su preocupación en los asuntos públicos, precisamente, en el temor a la vulnerabilidad. Es un grupo de ciudadanos que desconfía de todos, salvo de su propio esfuerzo, por eso piden del Estado, al menos, medidas para la reducir la incertidumbre respecto de su futuro.

De la sistematización de los encuentros locales, Provinciales y Regionales, llama la atención cómo, en general, las siete preferencias en todas las áreas son coherentes. Mientras en materia de principios el proceso revela un evidente respeto a la democracia, en derechos los habitualmente citados son salud, educación, vivienda digna y seguridad social. Por su parte, en materia de deberes destacan la protección de la naturaleza y el respeto a la Constitución. Finalmente, en instituciones sorprende la recurrencia en primer lugar de plebiscitos, y luego del defensor del pueblo, una institución que ha sido propuesta reiteradamente pero que el Congreso se niega a aprobar desde 1990.

Aunque a muchos estos datos no los sorprenden, porque es coincidente con lo que dicen las encuestas y estudios desde hace algún tiempo, nadie razonablemente podría sostener que estas propuestas corresponden a ciudadanos que quieren "refundar" el país. Los datos dicen todo lo contrario. Las personas quieren una sociedad en donde sea compatible su autonomía personal con derechos de solidaridad frente a un futuro incierto, pero además quieren ser participes de las decisiones de la democracia y protegidos de los abusos.

Por eso quien entienda a estos revolucionarios Constitucionales quizá pueda contribuir a curar la cólera de esos corazones indignados.

¿Por qué 75% de rechazo?,

por Sergio Melnick.

La CEP fue elocuente: la reina ya no es reina. Ya resulta difícil creer que lo que ocurre en nuestro país es real. Parece un cuento de mal gusto. La semana pasada hice un recuento de la enorme cantidad de problemas y la increíble incompetencia del Gobierno. Reviso esta semana y las cosas van aun peor.

Bachelet partió su actual gestión con el vergonzoso chascarro de Gobernadores y otros cargos que tuvo que bajar antes de partir. El error de la tripleta Peñailillo-Arenas-Eyzaguirre fue nefasto. El administrador de La Moneda fue una historieta. Burgos le renunció. Insunza no duró un mes, lo tuvieron que bajar. Y ahora el nuevo Subsecretario de Gobierno no alcanza a durar 12 horas con acusaciones de probidad académica. Simplemente de Ripley. Y hay que recordar que el cargo estaba sin llenar hace dos meses o más. ¿Será que ya no hay personas destacadas que quieran ir a este Gobierno?

En educación ya todo resulta patético. Las nuevas universidades Estatales no tienen definidas las carreras, las sedes, los profesores. Su presupuesto es exiguo, no tienen acreditación de ninguna especie pero pertenecen al cartel del Cruch. Y la guinda de la torta es que esta semana somos informados de que las flamantes Alcaldes de la Nueva Mayoría, que postulan a reelección, Tohá y Errázuriz, lograron lo que parecía imposible: bajar la histórica calidad de liceos emblemáticos, e incluso perder subvenciones fundamentales para esos colegios. Por favor, ¿cómo lo hacen? Llegar a tumbar el Instituto Nacional, ¿es una proeza de incompetencia o quizás de estrategia? A estas alturas ya nada nos podría sorprender.  Y la Ministro está preocupada del curso de filosofía en la malla, otro gran error de criterio.

El movimiento “No + AFP” sigue tomando fuerza; ahora nos anuncia un paro nacional para el 4 de noviembre, y el Gobierno sigue improvisando en el tema. Hasta problemas con los condones ha tenido el sector público, que aunque no es muy relevante en sí mismo, a estas alturas, simbólicamente sí lo es. Eso se junta con el colapso esta semana del hospital de Coquimbo, y el San Juan, y los propios funcionarios hacen un paro.

El encargado de La Haya está rampante en su campaña Presidencial y la Mandatario nada le dice, menos hace. Quizás la paliza que nos ha dado Bolivia hasta el momento no es aún suficiente. Después que se le cayó un puente a EFE, ahora también se descubre un sabotaje en la línea del tren, pero claro no hay terrorismo en Chile. El tema del puente Cau Cau sigue impertérrito y empiezan voces de alerta con el puente Chiloé. Y la Corte dice que se le puede seguir pagando a los exonerados truchos.

En otro plano, la encuesta Casen  debe estar en alguna cocina política porque simplemente no se entrega.

El deterioro económico de los últimos dos años ha sido severo y la pobreza con certeza ha aumentado. Para el INE el desempleo se mantiene, aunque las encuestas muestran otra cosa desde la medición de la opinión pública directamente afectada. Ahora empieza el ritual anual del reajuste al sector público con un abultado 7,5% de solicitud. Es año de elecciones y probablemente habrá paros ilegales para presionar. Entonces le veremos la mano a Valdés, que está atorado con el presupuesto. Con determinación el Ministro ya rechazó taxativamente la solicitud y dio señales del 3,0%: la pregunta es si aguantará la presión de su propio sector. El populista Lorenzini  ya habló del 5%. Sálvese quien pueda.

Parlamentarios de Gobierno ya presionan por un aumento significativo del pilar solidario para 2017 que sólo agravaría el déficit Fiscal. Recuerde que Bachelet partió regalando bonos como “derecho social”. Ahora sabemos de 40 funcionarios del Congreso que ganan más que los Parlamentarios y piden 18 sueldos de “jubilazo”.Todo esto ocurre en medio de una crisis evidente de Gabinete, presionada por la propia coalición de Gobierno. Bachelet ha dicho que no le gusta que la pauteen y así dilata sus decisiones hasta que le explotan en la cara. Quizás hay que invitarla a una entrevista de televisión. La crisis del Sename no sólo no se soluciona, sino que agudiza y ya empiezan las amenazas de paro en la institución. La Ministro Blanco desapareció del mapa.

Por si fuera poco, se anuncia otra marcha de camioneros, ahora desde el norte y del sur simultáneamente. Y Chile Vamos emplaza al Gobierno frente a la Contraloría por intervención electoral vía presupuesto a las Comunas afines.

Todo esto es parte sólo de una semana de noticias, tras otras que eran igual de malas. Como siempre la Mandatario vive en otra realidad, no responde preguntas y contesta sin arrugarse “estamos trabajando”. Al mismo tiempo, el Presidente ejecutivo de la minera Estatal (que tomará una nueva deuda por U$ 390 millones) señala cándida y públicamente que ya “no hay un puto peso en Codelco”.

La Venganza de la izquierda,

por Marisol Turres.

Tras el cierre del penal Cordillera durante el Gobierno del Presidente Piñera, y con mayor fuerza tras el anuncio de la Presidente Bachelet de que estaría evaluando igual medida respecto de Punta Peuco, el debate se ha centrado, a mi juicio, exclusivamente en la búsqueda de venganza y rédito político más que en encontrar la forma de contar con un sistema penitenciario adecuado para mantener a los condenados por violaciones a los derechos humanos en condiciones tales que el castigo sea su separación de la sociedad y no, como ocurre actualmente, su deterioro físico, psíquico y dignidad como seres humanos.

Sabemos que miles de personas están privadas de libertad en condiciones de hacinamiento, y que la rehabilitación y consiguiente reinserción social de la población penal está lejos de ser una realidad. Pero todos ellos, independiente del delito cometido y de la pena impuesta, tienen derecho a acceder tanto a los beneficios de la Ley 18.216 sobre Penas Sustitutivas como a los beneficios penitenciarios, lo que causa mucha molestia en sus víctimas y familiares, por cuanto ven a sus agresores salir en libertad tras cumplir una parte de su condena o sin haber estado un solo día privados de libertad.

Por ello, más que buscar ventajas políticas a costa de revivir una y otra vez lo que nos divide, deberíamos coincidir en que cerrar penales es contradictorio con el discurso de mejorar nuestro sistema penitenciario y reforzar la necesidad de construir más recintos de este tipo, que nos permitan tratar a la población penal de tal forma que los programas de reinserción se conviertan en una posibilidad y no en una eterna promesa. Es decir, por nombrar tan sólo un ejemplo, entender que un primerizo, si realmente queremos rehabilitarlo, no debería convivir con un experimentado narcotraficante o asesino.

Cerrar Punta Peuco puede ser muy atractivo para los políticos, pero ello, en la práctica, no resuelve absolutamente nada. Sí puede ayudar a que el resto de los penales eleven sus estándares y ampliar la red penitenciaria de forma que los condenados se sometan a programas focalizados de rehabilitación, sin perder de vista jamás que la dignidad de quienes están cumpliendo condena debe ser protegida por el Estado, independiente del crimen que cometió.

Cabe agregar que quienes están condenados en Punta Peuco no son tratados como los demás sentenciados en nuestro país. Se trata de adultos mayores que, en su mayoría, pasan de los 70 o 75 años de edad y, por razones más políticas que jurídicas, se les niega reiteradamente acceder a los beneficios establecidos en la Ley 18.216 y a los beneficios carcelarios o extrapenitenciarios, sin considerar su edad avanzada o que padezcan enfermedades graves o terminales, ni que sus amigos o familiares, para visitarlos, deban pasar por controles más estrictos aún que en el resto de las cárceles.

No estoy de acuerdo con cerrar Punta Peuco. Creo que seguir ahondando en el odio y la división que por tantos años ha lastimado a nuestro querido Chile sólo sirve a los intereses políticos de un grupo que hoy ostenta el poder, y que ve en este tema tan doloroso para miles de familias una oportunidad para mantener abierta una herida y perpetuarse en el Gobierno, más que una política carcelaria que persiga justicia.

Intríngulis socialista,

por Axel Buchheister.

El Presidente  ejecutivo de Codelco nos explicó con claridad castiza que la empresa Estatal pasa por un momento financiero difícil, pues -dijo- que no tiene un “puto peso”. Los estados financieros avalan el dicho, ya que en el primer semestre Codelco perdió US$ 97 millones.

En lo inmediato, la explicación es la baja del precio del cobre, el que en todo caso ha sido peor en otras épocas (en valores reales), por lo que no es la única explicación. Es que los costos han crecido en forma desmedida, porque durante los tiempos de vacas gordas hay menos incentivos para controlarlos; en particular, cuando la empresa es de “Moya”. Y, también, la caída de las leyes, que exigen creciente eficiencia y permanentes inversiones, las que han sido enfrentadas sólo con endeudamiento, con el costo financiero asociado.

Es que se dice que el Estado no ha tenido una política de capitalización, dejando parte de las utilidades, como habría hecho cualquier inversionista privado que pretende cuidar el negocio y expandirlo.

Pero lo que sucedió fue que el gasto público en los recientes 25 años aumentó sistemáticamente sobre el crecimiento del producto. Y aunque eso no lo cuestione ningún “paper” -como sentencia Andrés Velasco-, lo cierto es que no puede durar eternamente. Para solventar el nivel de gasto, el Fisco tuvo que recurrir -entre otros- al retiro de la totalidad de las utilidades de Codelco y no dejó nada para la capitalización de la empresa. Ya sea que la justificación para ello era que podía dar un uso socialmente más rentable a las utilidades o bien que nadie se atrevió a acotar el malgasto, lo concreto era que entonces Codelco requería de una fuente alternativa para su capitalización y sólo quedaba una: aporte de inversionistas privados. Éste habría tenido otros efectos positivos, como fomentar el control del gasto y, en general, despolitizar las decisiones de la cuprífera. Pero eso habría sido imposible en el Chile socialista, que durante muchos años dijo confiar en la iniciativa e inversión privadas, que tanto bienestar nos trajeron, pero en realidad nunca se las quiso mucho. Para qué decir en Codelco, porque -se suele decir- es demasiado importante para que los privados estén ahí; cuando en realidad es al revés, es lo que los hace imprescindibles.

Entonces, nada se hizo.

Pero ahora que las demandas ciudadanas están desbordadas, con gratuidad en la educación superior, mayores pensiones, o más salud pública y menos privada, y etcétera, Codelco no da más y entrará a competir por los escasos fondos públicos.

Y como el socialismo escaló, condenando la actividad privada y el lucro donde se los mencione, menos aún se considerará la opción que habría evitado el problema en el origen: la inversión privada.

La gran pregunta es cómo se va a resolver el intríngulis socialista que estamos viviendo. Porque las finanzas públicas no resisten ni un ídem gasto más.

Y tampoco que ningún político lo diga de frente. Quizás en eso está pensando -instintivamente- el 62% que no se pronuncia ante los candidatos Presidenciales que se andan dando vueltas. De pronto, Nelson Pizarro puede comenzar a aparecer en las encuestas.

La ceguera situacional de Bachelet y su entorno,

por Marco Moreno.

No deja de sorprender que, tras los magros resultados de la reciente encuesta del CEP, la Presidente Bachelet y su entorno sigan en estado de perplejidad respecto de cómo enfrentar el complejo proceso de Gobernar. Esta dificultad podría explicar los dichos de la Mandatario tras los resultados del sondeo, en los que afirmó que "vamos a seguir trabajando con fuerza para cumplir los compromisos”. Lo anterior casi equivale a decir que aquí no ha pasado nada. Tal afirmación, sin embargo, no resulta consistente con la actual crisis de conducción política que afecta a su Gobierno y menos con la percepción de la opinión pública encuestada acerca del déficit de eficacia Gubernamental de la actual administración bacheletista. Me atrevo a terciar en el debate con una interpretación más próxima al enfoque de las ciencias de Gobierno y, desde esta perspectiva analítica, en el problema de ceguera situacional de la Presidente y su entorno.

Coincidimos con el Gobierno acerca de que no se Gobierna con encuestas. Pero sí se Gobierna con resultados.

El Gobierno debe anunciar resultados y su gestión será evaluada por ellos. Resultados es la palabra que encumbra o hunde a un Gobierno. La mala noticia que traen los resultados del CEP para la administración Bachelet es que la evaluación de la opinión pública –por ahora la encuestada, a la espera de las próximas contiendas electorales– es de decepción con lo prometido. Los ciudadanos votan por promesas sobre resultados y lo que el Gobierno hace o deja de hacer tiene efectos en estos. Capacidades bajas y propósitos muy ambiciosos producen una previsión pobre de resultados.

¿Qué explica la dificultad para una buena previsión de resultados? Varias serían las razones. Una crónica de este medio –de la periodista Marcela Jiménez– enumeraba, entre otras, la “ceguera”, “sordera” y el “encastillamiento” de la Presidente Bachelet en relación con los problemas de eficacia Gubernamental. La ceguera situacional que padece la actual administración, ayuda a explicar los problemas de capacidad y eficacia directiva para alcanzar resultados.

Entendemos la ceguera situacional como el halo de obscuridad o sombra que se presenta en relación con la posición que se ocupa respecto de un objeto observado. Si se tiene una posición cerrada, reducida y unidimensional, el haz de sombra resultara más amplio. Esto es así, ya que no se incorporan en el análisis otras variables necesarias para iluminar mejor el objeto o, en este caso, los problemas públicos.

Ciertamente, la variable modificable es la posición y no el objeto. Es decir, lo único susceptible de modificar en esta relación será la posición. Cuando el líder tiene una ceguera situacional muy amplia es porque observa desde una posición restringida. El resultado es un encuadre reducido, ya que no involucra las visiones de otros observadores.

Sin embargo, lo que distingue a un líder de una persona común y corriente es que es capaz de ver e incluir en su análisis las visiones de los otros actores. Esta es la clave del líder que reduce su ceguera situacional porque es capaz de ver desde la posición de los otros lo que ellos están viendo. Cuando se está en una posición muy inflexible no se ven otras posiciones, ni se considera a otros observadores. El haz de ceguera situacional se torna amplio porque no se está reconociendo a otros actores ni sus visiones e intereses.

Como principio general, debemos destacar que las dirigencias políticas y los Gobiernos a su turno, tienen una especial ceguera para comprender la importancia de la baja capacidad de Gobierno. Atribuyen siempre sus deficiencias a otros: a la oposición, a los medios de comunicación, a alguna conspiración imaginaria, a los mandos medios y bajos o a los condicionantes externos. Siempre los responsables están “abajo” o “afuera”, nunca “arriba” en la cabeza, en la dirección superior.

Como sabemos, la ceguera situacional es normal en todas las personas, pero está hiperdesarrollada en los líderes por las condiciones mismas que requieren la gestación y permanencia del liderazgo.

La Presidente acostumbra a privilegiar la toma de decisiones en contextos signados por el cruce de fuerzas afectivas. Ella es proclive a la conformación de círculos pequeños, leales e incondicionales a la figura Presidencial. Su equipo más estrecho –el “Segundo Piso”– está conformado por un dispositivo de asesores que rara vez discute o cuestiona sus decisiones.

Al contrario, solo reafirman sus decisiones, proporcionándole solo apoyo “cálido”. Esto la ha llevado en varias oportunidades a apreciar y tomar decisiones en caliente, lo que la mayoría de las veces deteriora la calidad del desempeño de su Gobierno.

Otras veces, la ceguera situacional se ha expresado en una suerte de fuerza fanática –como fue la cruzada por el programa de Gobierno, su interpretación en modo retroexcavadora y defensa a ultranza manifestada en el realismo sin renuncia– que rompe todo cálculo de posibilidades y logra lo imposible, para bien o para mal.

Desde una perspectiva comparada, en estricto rigor la Presidente no cuenta con apoyo “frío”. Esto es, con espacios formales en los cuales pueda procesar problemas y decisiones estableciendo filtros de calidad que brinden procesamiento tecnopolitico a los problemas. Solo parece imponerse el soporte “caliente” de su “Segundo Piso”.

¿Cómo toma las decisiones la Presidente? En ausencia de soporte “frío”, no tiene otra alternativa que decidir basada en los consejos de sus asesores, ponderándolos según el valor del canal de comunicación que los trasmite.

Si la Presidencia esta “encastillada” –como se ha señalado metafóricamente– solo se comunica con el exterior a través de algunos puentes levadizos. Tales puentes serían los canales de comunicación de la Presidente con la realidad. Cada puente levadizo tiene un guardia. Luego, la información que viene de la realidad a través de estos puentes esta finalmente mediada por el valor que le asigna –siguiendo la metáfora– el “guardapuente”. La realidad, para la Mandatario, pasa a ser la imagen que los “guardapuentes” permiten. Así, y en ausencia de soporte frío, dominan en el equipo cercano a la Jefe de Estado las lógicas de trabajo y confianza propias de una relación entre amigos o, más propiamente, entre médico y paciente.

Un análisis de los estilos y prácticas de Gobierno de la Presidente y de su oficina Presidencial –el llamado “Segundo Piso”– muestran como sus decisiones están interferidas por la ceguera situacional.

La ceguera situacional y el déficit de conducción política permiten explicar cómo un proyecto de gobierno altamente desafiante y trasformador de la realidad social, parece estar mostrando signos de fracaso a causa de la inexistencia de métodos y herramientas que le otorgan capacidad de gobierno sobre el gobierno que pretende liderar.

Crisis,

por Fernando Villegas.

Es verdad que el término “crisis” se ha estado usando en exceso, pero aun más se palabrea, creyéndose que significa lo mismo, otro muy glamoroso y de moda, “colapso”, el cual ha capturado a tal punto la imaginación de la ciudadanía que anda viendo y decretando colapsos por todas partes. Basta se alargue una cola frente a una ventanilla y ya la señora Juanita va a decir que “el servicio colapsó”. Es un uso promovido por los medios -que constantemente ponen en circulación nuevos términos, ojalá siúticos- y completamente equivocado. Un colapso equivale a un total derrumbamiento, no a una merma en eficacia y/o insuficiencia. En Chile ni hemos llegado a colapsos ni tampoco sucede que “las instituciones funcionan” como ha aseverado beatíficamente Ricardo Lagos; en Chile estamos en crisis.

Crisis, como se dijo, ni es igual al colapso como tampoco sólo a una dosis de dificultades en el fluido e inconsciente quehacer de todos los días, con las cosas andando a los tropezones con su medianía acostumbrada; es la condición intermedia cuando el modo usual de funcionar de cierta institución -o varias- apenas puede hacerlo, pero simultáneamente, no habiéndose aún derrumbado, nada lo ha sustituido. La crisis es similar a una enfermedad que se prolonga penosamente sin retornar nunca a la salud, pero tampoco llevando al paciente a la tumba, o al menos no todavía. Es, por tanto, estrés químicamente puro apenas tolerable y a menudo francamente intolerable, estado que desgasta los nervios y angustia tanto a los partidarios de lo que apenas funciona como a los promotores de lo que aún no lo hace.

Esa es la situación en la que se encuentra el Gobierno.

Hervor oficial

A toda crisis la precede un largo período de incubación, lapso cuando los procedimientos habituales se deterioran, las externalidades negativas aumentan y la sensación de amenaza se instala; es un proceso que gradualmente lo va arruinando todo, pero nada realmente nuevo o dramático sucede antes de llegarse al punto en que la acumulación de desperfectos alcance la temperatura de hervor y catalice la sensación y declaración oficial de que se está en un período crítico.

Dicha “declaración oficial” es la que le hemos oído esta semana al Gobierno. Las encuestas habían estado dando cuenta a lo largo de meses de la gradual pérdida de apoyo de la Presidente, de la NM, del Gobierno y de sus iniciativas, pero es sólo ahora, con una Presidencia llegando a la rastra apenas al 15% de apoyo, cuando la coalición Gobernante siente que algo debe hacerse al respecto y no simplemente aceptar las malas cifras con la mejor cara posible y hasta, como se traslució en ocasiones, considerarlas casi como un espaldarazo en negativo, una prueba de que se iba por el camino correcto molestando a algunos pero a la larga mereciendo la aprobación de la Historia. Aparentemente, al menos por unas pocas horas luego de conocerse la encuesta CEP, ya no se creyó posible y plausible esperar dicho benévolo juicio de la posteridad. Los tumbos del Gobierno adquirieron otra dimensión y no pareció bastar la salida al ruedo del locuaz Marcelo Díaz a soltar alguna banalidad. De ahí que muchos dijeran, enfrentando súbitamente el abismo, que era necesario un “profundo cambio de rumbo y no un mero cambio de Gabinete”.

“Cambio profundo”

Pero ¿qué “cambio profundo” es posible que lleve a cabo este régimen? Si acaso el calificativo “profundo” tiene significado en política, este es el de una dramática alteración del rumbo, tal vez en 180 grados o al menos 90, lo cual significaría en este caso abandonar varias y quizás todas las iniciativas que se han tomado. Eso sería para nada una mala idea si se considera que NINGUNA de ellas ha mostrado resultados o siquiera una promesa de obtenerlos. Véase el caso de la educación “gratuita y de calidad”. Dicho emprendimiento tan cacareado y sacramentado, caballito de batalla del régimen, no ha generado otra cosa que un profundo y creciente agujero Fiscal, una ruptura total de la disciplina escolar  -que ya era muy escasa- por segundo año consecutivo y el desplome de lo único decente que restaba, los llamados establecimientos emblemáticos, todos por igual arrastrados al desastre por obra y gracia de una mentalidad y actitud filistea, profundamente mediocre, una que parece gozarse con aplanarlo todo, rebajarlo todo y calificar de antidemocrática cualquiera muestra de excelencia, porque esto último, la existencia de jerarquías, de distancia entre lo bueno y lo malo, entre lo excelente y lo penca, es, para quienes no puntuarían muy bien en ninguna escala, sencillamente algo que no se puede tolerar.

Esa mentalidad, la rechinante constelación de filosofemas decimonónicos, impulsos emocionales, rabias y derivaciones del rencor que constituyen el universo mental de la izquierda, no va a cambiar simplemente porque haya malos resultados. Como los profetas del Apocalipsis cuando no se cumple la fecha anunciada, los creyentes, feligreses, beatos y arzobispos del actual Credo no dejarán de profesarlo porque se acumulen las postergaciones y ni siquiera los errores, las torpezas y los fracasos; aducirán razones externas, incomprensión de la ciudadanía o el eterno remedio y pomada curativa de las izquierdas, a saber, el melodrama del sabotaje y la conspiración golpista y fascista. Es una mentalidad y un expediente que se ven en toda su dimensión en Venezuela, donde un Gobernante indescriptible y su corte de “yesmen” culpan a la CIA del escandaloso derrumbe económico, político  y moral a que han sometido a su país.

El pool

Para que un abandono de dicha constelación de eslóganes obsoletos y probadamente tóxicos ocurriera debería darse la condición imposible y/o contradictoria de que nunca hubiera sido adoptada. Y hay pocas -quizás el islam- religiones más pegajosas que el “progresismo”. Por eso los apóstatas son escasos en el seno de esa popular sensibilidad. Esto significa que quienquiera sea escogido para un eventual nuevo Gabinete provendrá DEL MISMO POOL HUMANO  E IDEOLOGICO de donde han surgido los anteriores Gabinetes.

¿De dónde, sino? ¿Acaso pondrían en Hacienda a Hernán Büchi? ¿Se entregará la cartera de Educación a Andrés Bello? ¿Justicia estará a cargo de Platón? ¿Salud a manos de Galeno? Sin duda lo que sucederá es que, como decían las señoras de otrora, “se cambiará Juana por Chana”. “Profundidad” tendrá o sólo puede tener un significado: que serán muchos los idos y los recién llegados. También será profunda, dado ese posible número, la dificultad para mantener los “equilibrios”. La tarea es difícil, porque los socios de la NM son quisquillosos, en especial los partidos chicos y de peso pluma como el PR, colectividad que se obstina en encontrar destinaciones laborales para sus septuagenarios jubilados de FF.CC. del Estado de la Maestranza San Bernardo. El caso de la DC es quizás aun más arduo debido a su extrema sensibilidad de piel, rayana con quemaduras de tercer grado. El PC es más práctico: mientras se mantenga a sus operadores en las instituciones que reparten paquetes de tallarines y cosechan y manipulan votos, todo está bien; a lo más y de vez en cuando debe propinarles el adecuado puntapié en el poto a los reaccionarios camuflados que, en la visión de ese partido, conspiran entre las sombras de La Moneda.

¿De dónde pecatas meas?

Ya se ve: con partidos como los que forman la NM, con una Presidente obstinada en la creencia angelical de que la historia le dará la razón, con una masa de funcionarios (as) en la alta dirección del Estado que ha dado sobradas muestras de incompetencia, con una hinchada periférica a lo Yasna Provoste y los nenes de las bancadas parvularias pidiendo “profundizar las reformas”, ¿qué “cambio profundo de rumbo” se podía o podría esperar? Estos experimentos sociales, como los tsunamis, tienen una sola dirección: hacia adelante hasta agotar stock. El Museo de la Historia en su sección Grandes Fracasos de la Humanidad está repleto de ejemplos.

El gran legado,

por Roberto Ampuero.

Le doy vueltas y vueltas al Gobierno con el ánimo de ser ecuánime en su evaluación global, pero el ejercicio termina siendo infructuoso, una búsqueda en la que a menudo fracasan hasta los integrantes de la Nueva Mayoría, y que tiene sumidos en la frustración a millones de chilenos. Muchos nos preguntamos: ¿cómo es posible que naufrague una administración que arrancó con una popularidad envidiable y una mayoría Parlamentaria que le permitía hacer cuanto se propusiera? ¿Cómo puede ella estar flotando ahora con un salvavidas de apenas 15 por ciento de aprobación?

Salvando las distancias, esta situación me hace pensar en una conocida imagen, relacionada con la etapa más álgida del Gobierno de Salvador Allende: un obrero que, en una marcha de la Unidad Popular, alzó un letrero de cartón que decía: "Este Gobierno puede ser una m..., pero es el mío". Palpitaban en ese letrero la honestidad individual y también una convicción que toda la izquierda compartía: para hacer tortillas y llegar al socialismo hay que quebrar muchos huevos, y valía la pena hacerlo porque la recompensa social era supuestamente elevada. Hoy lo traumático para el país es que se han quebrado demasiados huevos, pero nadie sabe bien para qué. Y si algunos lo saben, la deficiente gestión Gubernamental ha terminado por desdibujar sus metas. Sabemos qué de-construye la Nueva Mayoría, mas no qué desea construir. Dejará una obra gruesa a medias, sin afinado ni terminaciones, inhabitable. En lugar de obreros con letreros como el mencionado, hoy aparece gente premunida de remos, pronta a desembarcarse. Supongo que por eso, a los 30 meses de Gobierno, Allende debe haber gozado de mayor aprobación que Bachelet en la actualidad.

Para que nadie me acuse de sedicioso ni me atribuya intenciones desestabilizadoras (que no abrigo) contra la República, quiero manifestar que, pese a todos sus bemoles, creo que esta administración también deja un legado positivo en la educación política ciudadana. Los chilenos no gozamos de buena memoria y aprendemos poco de los fracasos como país, pero confío en que esta vez muchos estemos sacando conclusiones, aprendiendo. Siete son, en mi opinión, los aportes que el Gobierno dejará como positivo legado en parte considerable de la población:

Primero, desconfianza hacia candidatos Presidenciales huérfanos de un programa sólido y responsable, que eluden el debate y a la prensa, y basan su campaña principalmente en la simpatía o dotes que son secundarias para el ejercicio del cargo. Segundo, actitud vigilante hacia candidatos que se propongan refundar el país, que desconozcan lo alcanzado por generaciones de compatriotas y crean que la buena historia nacional va a comenzar con ellos. Tercero, distancia frente a candidatos que ofrezcan soluciones fáciles e improvisadas para los desafíos de Chile. Cuarto, escepticismo frente a candidatos que justifiquen, aplaudan o sientan nostalgia por dictadores o dictaduras de cualquier color, o no condenen enfáticamente la violación de derechos humanos donde ocurriere.
Quinto, actitud más crítica hacia expresidentes que, tras dejar el cargo, asumen altas responsabilidades en el extranjero que supuestamente les impiden referirse a la Patria que hasta hace poco condujeron. Soy un convencido de que el cargo más elevado que puede ejercer un chileno es el de servir al país como Presidente, y que eso impone ciertas restricciones por el resto de la vida. Sexto, aprensión frente a candidatos o Presidentes que desprecian la búsqueda de acuerdos y consensos para dirigir el país, y creen monopolizar la verdad. Séptimo, rechazo a candidatos o Mandatarios populistas, o que promuevan la democracia directa o busquen instalar una relación excluyente entre ellos y "el pueblo", en desmedro de los partidos políticos.

Este legado no tendrá impacto pleno, desde luego, pero es probable que influya en muchos, aleccionados por la experiencia actual. Los malos Gobiernos -al actual los chilenos le otorgan nota 3,3- no solo son malos porque estancan y perjudican la calidad de vida de las personas durante su período, sino también porque sus efectos los sufren de igual modo las personas bajo la administración siguiente. Sea del color político que sea el próximo inquilino de La Moneda, también a él o a ella le tocará cargar como lastre con las consecuencias de la deficiente administración actual. Tal vez una de las peores consecuencias sea algo que nadie comenta: el daño que esta administración puede estar ejerciendo sobre la posibilidad de que otra mujer llegue pronto a la Presidencia de la República. El machismo en la política podría verse fortalecido en el mediano plazo. Lo interesante es que Bachelet tiene en sus manos la fórmula para revertir todo esto: la forma en que Gobernó entre 2006 y 2010. Si la rescata y "resetea", no todo está aún perdido para ella, para Chile, ni para las mujeres que aspiran a la Presidencia.

Pensiones, ofertas y populismo.

El pasado 9 de agosto, un grupo de Senadores ingresó a trámite una moción para permitir a las personas retirar anticipadamente sus ahorros previsionales. Según los firmantes —los Senadores Araya, Bianchi, Horvath, Pérez y Quinteros—, la iniciativa, de ser aprobada, entregaría a los cotizantes la posibilidad de ser "realmente" dueños de sus ahorros previsionales, y les daría acceso a recursos para enfrentar urgencias (como una enfermedad grave), para financiar la educación de sus hijos, para adquirir una vivienda o para iniciar un emprendimiento de manera de mejorar su situación económica.

La norma está motivada no sólo por la súbita urgencia desatada por las marchas "No+AFP", que ha puesto a la clase política de cabeza tratando de resolver de un plumazo un problema que se arrastra por décadas. También está inspirada por la experiencia de Perú, donde una Ley reciente permitió a los afiliados al sistema de capitalización individual retirar el 95,5% de sus fondos al momento de jubilarse, o sacar, incluso antes, el 25% de los fondos para financiar el pie de una vivienda o amortizar un crédito hipotecario.

El caso peruano, sin embargo, es decidor respecto de la importancia del ahorro obligatorio como herramienta de protección social para la vejez. Durante los primeros meses de

vigencia de la norma, de mayo a julio, cerca de 18 mil personas retiraron sus fondos. De ese total, el 94% sacó el máximo posible y apenas el 1% volvió a invertir su dinero en otros instrumentos de pensión (en compañías de seguros o en las mismas AFP). De quienes retiraron su dinero, el 10% eligió otras modalidades de ahorro, y del 90% restante, la mitad lo destinó a pagar deudas o a consumo en general, y el resto dijo que montaría un negocio.

Quedan pocas dudas de que el sistema de pensiones no está cumpliendo con su objetivo fundamental, que es entregar a las personas una jubilación necesaria para enfrentar su vejez con cierta tranquilidad. Pero también parece claro —pocos especialistas sensatos lo discuten— que el problema no es la rentabilidad de los fondos, o la propiedad de éstos, sino que los ahorros son insuficientes. Permitir el retiro anticipado de los fondos sólo contribuirá a agudizar este problema y dejará en el desamparo a aquellos que no pudieron o no supieron invertir de manera adecuada, obligando al Estado a ir en su ayuda e incrementando así la carga que las pensiones significan para el Fisco.

Las necesarias reformas al sistema de pensiones deben ser analizadas considerando sus efectos de largo plazo, en las propias jubilaciones y en el resto del sistema. Balances tan delicados requieren que todos los actores de la discusión, especialmente los Legisladores, actúen con responsabilidad, evitando iniciativas populistas y que buscan responder a estados de ánimo colectivos, más que a soluciones razonadas y sustentables.

El rumbo de la DC.

En las últimas semanas han sido evidentes las diferencias que han surgido al interior de la Democracia Cristiana respecto de la forma en que se está conduciendo el Gobierno y la conveniencia de que el partido continúe en la Nueva Mayoría una vez que concluya esta administración, en especial si el Partido Comunista sigue formando parte del conglomerado. La forma como se resuelva esta tensión en la DC -que probablemente dará más luces en la junta nacional que se llevará a cabo la próxima semana- de alguna manera también marcará el rumbo de la propia coalición.

El fuerte rechazo ciudadano a la actual administración y a sus principales reformas estructurales -según muestran diversos estudios de opinión- ha reavivado las diferentes visiones al interior de la DC -también dentro del propio bloque-, donde parece ser cada vez más evidente que el programa de Gobierno no concitó un acuerdo de fondo -uno de los principales dirigentes democratacristianos incluso señaló que ningún Presidente de partido de la Nueva Mayoría “firmó ni suscribió ningún programa”-, sino que fue más bien un vehículo programático que despertó consenso en sus líneas más gruesas, pero no en su detalle ni en la gradualidad que deberían tener las reformas. Ello fue inicialmente minimizado, pero terminó jugando en contra.

La Democracia Cristiana padece ahora los efectos de no tener una definición programática mejor definida, confusión que probablemente se exacerba al formar parte de una alianza de Gobierno con el Partido Comunista. El caso de la DC es aleccionador en cuanto a los riesgos de que las convicciones puedan terminar subordinadas a la conveniencia electoral, y esa disonancia inevitablemente deberá ser resuelta prontamente por la colectividad. El rumbo que el partido tome -tema que no podría estar ausente de la junta nacional- definirá también el futuro de la Nueva Mayoría.

Errado enfoque en las políticas sociales.

El enfoque de políticas económicas y sociales que ha seguido Chile obtuvo el mayor reconocimiento, por haber logrado que el ingreso per capita en el país creciera 40% más que el promedio de América Latina, al mismo tiempo que mejoramientos inigualados en indicadores sociales. La caricatura que algunos hacen hoy, según la cual el país habría crecido sacrificando a los más necesitados, se aleja de la realidad. Y son acciones sustentadas en esta caricatura las que están sorprendiendo a muchos chilenos, y al mundo, que no logran entender lo que a estas alturas luce como daño autoinfligido.

Una primera falsa concepción es que una sociedad solidaria debe reflejar su vocación en cada institución existente. Ello es profundamente erróneo. Las vías para capturar ingresos para redistribuir, y las formas específicas para canalizar los apoyos, deben ser efectuadas técnicamente, de manera de lograr, para un mismo grado de redistribución el mayor crecimiento económico. No es indiferente para el crecimiento si un impuesto se aplica buscando minimizar los desincentivos económicos que genera, con tal de permitir que la base de recursos sea más amplia, o si se aplica sin más al mercado laboral, como en propuestas que se consideran hoy.

También parece haber confusión en torno a cuánto es posible redistribuir sin afectar excesivamente el crecimiento. Así, aun después de comprobar que nuevos impuestos a las empresas han estancado la inversión, no se da mayor consideración a la necesidad de priorizar para ajustar las demandas a los recursos con que razonablemente se puede contar, sino que se validan expectativas de gasto y se promueven nuevos impuestos.

En un ambiente de improvisación se observan propuestas burdas, como la que sostiene que una cotización del 5% de los ingresos de los trabajadores va a tener un efecto distributivo diferente, aun en el largo plazo, según si se define como de cargo del trabajador o del empleador, contradiciendo la investigación económica seria. Y también se advierten propuestas aparentemente más sofisticadas, pero igualmente erróneas. Por ejemplo, se ha postulado que habría que limitar el período post jubilación que deben financiar las pensiones que genera la capitalización individual a una “tercera edad”, para que la “cuarta edad” sea cubierta con recursos Estatales, eventualmente obtenidos de un impuesto al trabajo. Obviamente esto no crea riqueza. Las pensiones a cancelar con los recursos acumulados en la AFP podrían subir, gracias a que el Estado toma sobre sí el costo de financiar la “cuarta edad”. El Estado estaría subsidiando por igual las pensiones durante la “tercera edad” de todos los jubilados, que subirían, en vez de concentrar su apoyo en los pensionados más necesitados.

Todo este desorden resulta perjudicial. Pero el análisis serio y ponderado ha ido siendo descalificado como funcional a un orden institucional del que se desconfía, o sustituido por análisis técnicamente deficientes, para validar propuestas de origen ideológico o simplemente inviables. Es la Presidente de la República quien puede empoderar a sus Ministros, capaces de hacer valer las restricciones técnicas, de modo tal que el país pueda seguir progresando en lo social porque logra retomar el crecimiento.