Temas duros y de plena actualidad...

Hemos elegido esta imagen de la Presidente Michelle Bachelet visitando Pinto

Durán, por la vergüenza que nos dio constatar que no asistió al Estadio Nacional,

por temor a la repulsa popular en el homenaje a nuestra Selección de Fútbol.

Sin vacilar marchad…”,

por Fernando Villegas.

Muchos la oímos en nuestra más tierna infancia, a veces en el Parque O’Higgins, por entonces llamado “Cousiño”, en otras ocasiones en una plaza cualquiera; me refiero a la canción “sin vacilar marchad, soldados de Jesús…”. Era de rigor que la entonaran las congregaciones protestantes que por esos años evangelizaban al aire libre. Sus feligreses, sin hacerse en esa época distingos de sectas o confesiones, eran todos por igual denominados “canutos”. Al ritmo de un bombo dichos emisarios de la palabra de Dios, siempre correctamente vestidos pese a sus algo traqueteados uniformes azules, desfilaban en perfecto orden, luego se apostaban en fila a la sombra de un árbol y finalmente predicaban su Credo. Muchos ciudadanos deben haberse preguntado cuál podría ser la atracción de dichas prédicas porque, para ser francos, nunca o rara vez se veía a nadie escuchándolos con la debida atención, menos aun acercándose al director de orquesta en busca de la Salvación Eterna o, de cualquier modo, manifestando algo más que la sorna fácil acudiendo al rostro de una audiencia que por esos años era 99% católica. ¿Pero qué podía saber el ocasional visitante del parque, transitorio auditor de dichas prédicas?  Era incapaz de siquiera imaginar de qué irían las cosas más allá de ese fugitivo momento, cuando estaba siendo testigo de tanta indiferencia por parte del respetable público. Pero los “canutos” perseveraban porque nunca se sabe. La pesca de almas es negocio difícil, aunque con la compensación de que siquiera una sola capturada vale la pena. Y el tiempo cumplió su obra; con esas aparentemente inútiles redadas espirituales y el paso de los años las iglesias evangélicas fueron sumando una numerosísima y muy comprometida feligresía. Así sucedió porque para lograrlo contaban con algo más que los uniformes y el bombo: contaban con un mensaje.

Marchas vacías

Los chilenos que en esos años éramos niños hemos podido ver, a lo largo de las peripecias de la historia nacional, infinidad de marchas también celebradas sin vacilaciones y también amenizadas por bombos y hemos escuchado cientos de convocatorias no tan distintas a las de los “canutos”, pero nunca antes experimentamos una variedad tan desprovista de mensaje como los desfiles callejeros con que hoy porfían los estudiantes. Son, sus actuales marchas, no el equivalente a la briosa entrada a escena del ujier que va a entregarnos un sustancioso mensaje, sino se han convertido en el mensaje mismo y limitado a decirnos que los nenes están transportando sus cuerpos desde un sitio a otro de la ciudad. Mensaje propiamente tal los estudiantes lo tuvieron sólo al comienzo del “movimiento”, aunque ya entonces era, como lo es hoy, una expresión carente de auténtico contenido, “educación de calidad”. De todos modos esa frase titulando lo que hoy se revela como un libreto vacío prendió en los medios, hipnotizó a los adultos y legitimó a los chiquillos. Sonaba bien y se hizo intocable. Quienes pidieron explicaciones acerca de en qué consistía y se expresaba dicha “calidad” y cómo se podía obtener, fueron desoídos y acallados; lo primero era, dijo el Ministro Eyzaguirre, “instalar la infraestructura”, expresión con un aire de cosa científica y sociológica que viste mucho, pero en la práctica la infraestructura de Nicolás se tradujo en el superestructural y pedestre tema del dinero, primero a cargo de Arenas y ahora de Valdés. Dinero para  la gratuidad sin importar la calidad del postulante ni de la carrera, dinero para comprar instalaciones ya existentes, dinero para subirles el sueldo a los profesores, dinero para mejorar el “aporte basal” de las universidades tradicionales, dinero, dinero, dinero…

Pero si esa persistente vacuidad conceptual de las autoridades acerca de la educación es desastrosa, la actitud de una sustantiva parte del estudiantado es todavía peor. Desalienta el verlos perdidos en medio de un revoltijo de frases hechas, propuestas demagógicas, torpes declaraciones a la prensa, demandas confusas y rabietas destructivas que no hacen nada salvo pisotear lo que resta del sistema; tampoco anima el espectáculo que dan demasiados jóvenes más repletos de instintos vandálicos que de afán de saber, más dados al saqueo que a la lectura, más interesados en la cerveza que en el estudio y sin otro uso para la cabeza que como sostén de una capucha. Y finalmente abruma ser testigos de cómo la mayoría que quisiera seguir otra senda se queda de brazos cruzados dejando a una minoría tomar de rehén el movimiento y conducirlo al precipicio.

El mensaje.

El actual mensaje del movimiento no tiene ya en su corpus lugar para la frasecita acerca de la educación “gratuita y de calidad”. Ha ido reemplazando esa y otras frases generales, buena onda y amorosas por un stock cada vez más grande de eslóganes y bravatas. De ahí la confusión y desintegración paulatina del movimiento. Limitados a no tener otro terreno común que el despliegue físico de marchas y tomas, violencia y nihilismo, los estudiantes están ahora a años luz de esos evangelistas de plaza y de parque que no contaban con cobertura mediática ni aplauso, pero predicaban algo comprensible y aceptable.

Tras esa transformación desde la buena a la mala onda hay, escondido, un mensaje bastante antiguo y sórdido, suerte de llaga interna que ha supurado por años sin que nadie se percatara. Y es sólo ahora, cuando la lucha por la “calidad” se convirtió en la “lucha popular” y la propuesta se redujo a marchar por las calles, tomarse -y vandalizar- establecimientos educacionales, adueñarse de las “redes sociales” y convertir en rehenes a los medios de comunicación, cuando dicho mensaje oculto al fin se revela y nos dice que 50 años de televisión son más que suficientes para desmoronar el alfabetismo de tres generaciones, que de padres poco educados vienen aun peores críos y que sin sanciones ni supervisiones la criatura humana, en especial la de pocos años, revierte fácilmente al estado de naturaleza y barbarie. Es un alarmante mensaje acerca de cuán colosal ha sido el desplome de los mecanismos de socialización, de la aterradora velocidad de la caída de las exigencias más elementales, de los pasos en reversa que ha significado el reemplazo de una cultura textual por otra visual, el del imperio de la civilización por el de la bestialización consumista, el lenguaje  de las exigencias y la excelencia por las burdas apetencias de la cultura de masas.

Remedios.

No será entonces con planes mal concebidos y peor ejecutados, no será con traspasos de propiedad de los liceos desde un mantenedor al Ministerio, no será arrinconando a las universidades privadas, no será otorgando becas al voleo ni ofreciendo derechos ampliados, no será con Gobiernos universitarios tri-estamentales ni con el fin de las “discriminatorias” selecciones académicas, no será con la destrucción de los colegios emblemáticos y la puesta en vigor de tómbolas de ingreso que se pondrá remedio a la enfermedad; tampoco cooperará un estudiantado que no es parte de la solución, sino del problema. Si el desbarajuste tiene solución sólo a largo plazo, análogamente su origen es de larga data. Su abrumadora presencia no será borrada con improvisaciones y por eso ya podemos prever las dificultades con que el país enfrentará sus tareas el próximo decenio por falta de materia gris. Experimentamos, hoy, el sabor del envenenado fruto sembrado no por este Gobierno ni la media docena de administraciones anteriores, sino por la brutal transformación de las estructuras culturales y el desmoronamiento de los controles institucionales. Eso ha generado, hasta ahora, al menos tres generaciones de pobre formación, ciudadanos semianalfabetos ajenos al esfuerzo e imbuidos de la creencia de que se les deben derechos universales, prestaciones desde la cuna, bonos, beneficios, becas y perdonazos. No poca parte del clima político y mental del presente brota de dicha cosecha de almas convencidas de que a ellas se les debe todo porque resplandecen, con sólo respirar, con las más elevadas virtudes.

La Alianza del Pacífico como escuela Presidencial,

por Roberto Ampuero.

Atravesamos, sin lugar a dudas, la etapa económica y política más álgida desde que el país regresó a la democracia, y es posible que -con excepción del Gobierno de Salvador Allende- el actual sea el con mayores turbulencias en nuestra historia democrática desde 1958. Una de las razones para esto es la aplicación a rajatabla de un programa de Gobierno rupturista con respecto a lo que Chile venía construyendo por décadas y que lo mantuvo como referente inspirador -no perfecto, desde luego- para numerosos países e instituciones. El "síndrome Cristóbal Colón" del que sufre la actual administración -esto es, creer que la historia comienza con el arribo de uno- ha resultado pernicioso en lo general, polarizador en lo político y desconcertante en lo económico. Por fortuna, en materia de integración regional, La Moneda optó por la continuidad, es decir, por seguir impulsando la exitosa Alianza del Pacífico, que abrazó el Gobierno de Sebastián Piñera.

Esta Alianza -integrada por Chile, Colombia, México y Perú- fue fundada en 2011 por iniciativa del ex Presidente peruano Alan García, y entre sus objetivos figuran crear un área de integración para lograr la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar el crecimiento y el desarrollo económico con el fin de alcanzar mayor bienestar, justicia e inclusión social, y devenir plataforma de articulación política e integración para proyectarse al mundo, en especial, al Asia-Pacífico. La AP, con más de 210 millones de habitantes y la mitad del comercio latinoamericano, es una de las zonas económicas más dinámicas del planeta y, desde luego, la de mayor éxito en la región. Basada en el libre comercio y ajena a la retórica florida que suele abundar en agrupaciones regionales, surgió como integración pragmática, profunda y no ideológica frente a la integración bolivariana impulsada por Hugo Chávez, de la cual lamentablemente quedan más bien las declaraciones de intenciones.

Pese a que la administración Piñera se la jugó por promover la Alianza del Pacífico, que cuenta con Panamá y Costa Rica como candidatos a miembros y 49 Estados observadores, la administración Bachelet mostró en un inicio tibieza frente a ella. De hecho, intentó mantener equidistancia frente a los principales esquemas integradores regionales y asumir el rol de puente entre ellos, algo complejo debido a la brecha que existía en las respectivas realidades y visiones económicas y políticas. La causa para esa tibieza es de explicación simple: la AP se inspira en el emprendimiento privado y el libre comercio, y busca sin complejos las oportunidades que brinda la globalización, actitud que difiere de la postura estatista, proteccionista y a trechos anticapitalista del ala jacobina en la Nueva Mayoría.

Sin embargo, el ostensible fracaso de la integración bolivariana, más retórica que real, que se fue haciendo evidente por la pérdida de vitalidad de Brasil, la crisis Argentina, el desplome de Venezuela, la pérdida de aire de Ecuador y las carencias crónicas de Cuba, terminó por colocar a un Gobierno de corte refundacional ante la única alternativa de integración regional seria. No quedó otra. Y hoy parece no haber otra. En esto, la Presidente Bachelet -aunque más proclive al Brasil de Dilma Rousseff que al México de Enrique Peña Nieto- leyó, sin embargo, correctamente la realidad. Si bien aspira a reformar a Chile y adhiere a nivel nacional al "principio esperanza" de Ernst Bloch, en materia de integración regional escogió el "principio realidad". ¡Bien por Chile y la AP!

No debe olvidarse, en ningún caso, que hasta hace poco Chile era un ejemplo sólido dentro de la AP por sus logros sostenidos en crecimiento, apertura, inversión, éxitos en la lucha contra la pobreza y monto de PIB per cápita (exhibe US$ 23.500, Colombia 13.800, México 9.000 y Perú 12.100). Ahora, sin embargo, estos socios nos observan preguntándose si no habrá comenzado nuestro declive, el fin de la excepcionalidad chilena. En rigor, Perú nos duplicará en crecimiento este año, Colombia avanza hacia una paz que beneficiará su clima económico, y México cuenta con un potencial económico, una ubicación geográfica y mercados vecinos formidables. Es evidente que en la AP observan con extrañeza el impacto económico de las reformas de Bachelet, su abrupta impopularidad y el clima de violencia y polarización que comenzó a envolver a nuestro país.

Durante el año que presidirá la Alianza, que comienza ahora, la Presidente tendrá la oportunidad de poner de manifiesto su compromiso y plena sintonía con la integración más exitosa lograda en tierras latinoamericanas. Podrá asimismo demostrar que, más allá de sus convicciones ideológicas, sabe actuar de modo pragmático y eficiente. Pero, por otra parte, afrontará el gran reto de resolver las prioridades que se propuso para su mandato: la mejora de la calidad de la educación, la innovación para impulsar la transformación productiva y la internacionalización de las pymes. Es precisamente en estos ámbitos -el manejo de la educación, la economía y el mundo de los emprendedores- donde Bachelet ha cosechado gran parte del masivo rechazo ciudadano. Tal vez la conducción de una alianza regional de carácter pragmático y basada en el diálogo y los consensos tenga la virtud de contagiar a la Mandatario de un nuevo estilo para lo que le resta de su Gobierno.

Crónica de una certificación,

por Axel Buchheister.

La Ministro En Visita que investiga miles de pensiones “no contributivas” (sin cotizaciones) otorgadas a exonerados políticos y que serían irregulares, sobreseyó a 54 Parlamentarios de la Concertación, muchos de los cuales certificaron sin base que los postulantes tenían esa calidad, por no encontrarse completamente justificada la comisión de un delito. Aunque ella misma señaló que hubo “laxitud” al expedir los certificados.

El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, organismo encargado de velar en juicio por los intereses Fiscales y que no apeló a la resolución, nos explica: es que no se pudo acreditar que las certificaciones hayan sido “mendaces” (mentirosas). ¿No son mentirosas? Sorprendente, puesto que interrogados los Parlamentarios, muchos no pudieron recordar de quiénes se trataban, dónde trabajaron ni nada sobre las certificaciones que otorgaron; esto es, cómo es que eran exonerados políticos. El contexto, por lo demás, refuerza la impostura: es posible que un Parlamentario conozca a dos o tres exonerados, pero algunos dieron cientos de certificados.

Para justificarse, dieron variadas disculpas, que están lejos de justificar. Por ejemplo, la hoy Senador Isabel Allende emitió 598 certificados de exoneración política. Sin embargo, declara que no lo hizo ella, sino que habría sido su Jefe de Gabinete, usando un cuño (timbre) con su firma. Entonces, ella no tiene responsabilidad ni es problema suyo. ¿Y qué pasó con el Jefe de Gabinete? Que se sepa, nada.

Ahora bien, ¿si usted fuese con un certificado con un simple facsímil de firma a cualquier oficina pública para hacer un trámite, cree que se lo aceptarían? La respuesta -usted sabe- es un “no” rotundo. Entonces, ¿alguien siquiera va investigar al organismo público que cursó pensiones en esos términos? Parece que no, porque en Chile se instaló el doble estándar: cuando se trata de adictos a la Nueva Mayoría, difícil que se investigue o juzgue algo, menos a los Parlamentarios. Esa es la realidad.

Y es que eran pensiones para la izquierda. El argumento es que fueron exonerados políticos durante el Gobierno Militar de la administración pública, de empresas del Estado o de empresas privadas que fueron intervenidas. No está demás recordar que el ex Contralor Ramiro Mendoza dictaminó que entre estas últimas estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (sí, el MIR), un reconocimiento al emprendimiento. Pero nadie dice que muchos de esos despidos tuvieron lugar en un entorno de una grave crisis económica heredada, en que había una administración pública repleta de funcionarios innecesarios, empresas públicas deficitarias y que las privadas fueron intervenidas en forma ilegal en el gobierno de la UP, todo lo cual exigía de severos e indispensables ajustes. ¿Cómo saber cuáles fueron los despidos “políticos” en ese proceso? Imposible, pero se ideó la solución, que quizás de dónde salió, porque no está en la Ley: los Parlamentarios certifican. Lo que pasó después, no fue más que “la crónica de una certificación anunciada”, como cualquiera pudo predecir y hoy nadie quiere investigar.

De la reforma agraria a la Constitucional,

por Sebastián Soto.

Podemos sacar lecciones de la reforma agraria para tenerlas en cuenta en el proceso constitucional? Dos seminarios a propósito de los 50 años de la reforma agraria muestran interesantes semejanzas entre ambos procesos. Uno fue en la Biblioteca Nacional y el otro en Libertad y Desarrollo.

La primera coincidencia se da a nivel de contexto. Como señaló el ministro de Agricultura, Carlos Furche, la reforma agraria fue el fruto de un largo proceso en el que influyeron la Revolución Cubana y los extendidos índices de pobreza. Pero también su origen se encuentra en la crítica a instituciones básicas como el derecho de propiedad. Este se vio severamente debilitado por la vía de los hechos y de la reforma constitucional del 67.

Algo similar se aprecia cuando se habla de cambio constitucional. La crítica también ha tomado la forma de un cuestionamiento de normas institucionales básicas, como son el rol del Congreso Nacional, las reglas vigentes de reforma constitucional y la democracia representativa. Incluso fórmulas extrainstitucionales llegaron a adquirir inusitada fuerza.

La segunda coincidencia se aprecia en el diagnóstico... o más bien en la falta de uno. Para algunos, la reforma agraria era necesaria para mejorar la producción y la situación de los campesinos. Para otros, el problema era más ideológico: cambiar la estructura económica del campo y romper la hegemonía social y política del patrón.

El problema constitucional también carece de un diagnóstico compartido. Para varios, el problema es su origen: que la Carta vigente haya nacido en dictadura la invalida hasta el día de hoy sin que las reformas y su ejercicio hayan logrado sanearla. Para otros, el problema es su contenido global, y hay quienes buscan recuperar los "afectos". También hay de aquellos que ven en la batalla constitucional una cuestión ideológica contra eso que ha venido a llamarse "el modelo".

La tercera coincidencia se vincula con las expectativas. La reforma agraria, prometía Frei, crearía 100.000 propietarios. También se planteaba como el medio para tecnificar la agricultura o para crear formas asociativas mucho más productivas. Nada de eso se cumplió.

En el debate constitucional, esta ha sido irresponsablemente calificada como la causa de todos los problemas. Y por eso las expectativas de una nueva son altas. La encuesta Cadem muestra que los chilenos creemos mayoritariamente que la nueva Constitución mejorará nuestra salud y educación, y que hará de Chile una sociedad con menos desigualdad. Pero sabemos que en eso la Constitución tiene poco que ver.

Estas son coincidencias que muestran que el camino que estamos recorriendo en materia constitucional se asemeja, en alguna medida, al que recorrimos hace décadas con la reforma agraria. ¿Qué podemos aprender para que este proceso constitucional no sea tan traumático como fue la reforma agraria? Al menos tres aspectos se tornan evidentes.

El primero es ponderar correctamente el contexto. El debate actual solo tiene ropajes constitucionales, pero sus fuentes se hunden en un cuestionamiento intenso al modelo de sociedad que Chile ha construido en las últimas tres décadas. Por eso, no es sabio sentarse a esperar que pase la ola. Lo razonable es entrar en el debate, revelar las trampas e ir acotando la cancha para discutir aquello que de verdad puede resolver un cambio constitucional.

El segundo es compartir un diagnóstico. Si la crisis es de confianza, probablemente un debate constitucional global nos distrae de lo relevante. O, dicho de otra forma, ¿cuáles son las reglas o instituciones concretas que requieren una modificación para resolver el problema diagnosticado? En esta curiosa narrativa constitucional, donde no importa el contenido, sino solo el mecanismo, hemos dejado de poner atención a los diagnósticos concretos para quedar sometidos a un debate sin orilla. Y ello es producto de la falta de diagnóstico, donde el Gobierno, que ha liderado el discurso en esta materia, no hace nada por acotarlo.

Y la tercera lección es dejar las metáforas grandilocuentes y moderar las expectativas: la Constitución no tendrá por efecto mejorar la educación ni nuestro bienestar; tampoco será "escrita entre todos". Posiblemente, y solo si lo hacemos bien, las cosas seguirán bastante parecidas a lo que ha venido ocurriendo en Chile en las últimas décadas: un país que progresa paulatinamente y que, con políticas públicas adecuadas, sube al carro del desarrollo a los más postergados.

Otra mala semana,

por Sergio Melnick.

La encuesta Cadem muestra que el Gobierno se mantiene en torno al 20% de aprobación y el 70% de rechazo. El 88% del país le atribuía carisma a Bachelet; aun hoy el 57% del país estima que lo tiene. Pero al 69% de la población la Mandatario no le genera confianza, el 70% dice que no tiene la capacidad para solucionar los problemas del país, y un 69% dice que no cumple con lo que promete.

El Gabinete tiene el magro 13% de aprobación y el increíble rechazo del 76%, esto incluso luego del cambio del Ministro del Interior. El nuevo Ministro, sin duda de altos galardones, entró por la puerta lateral y nadie parece esperar mucho de su gestión. Los medios lo han calificado como un “yes man” restándole así toda influencia. El nuevo Vicepresidente no ha logrado marcar agenda ni protagonismo alguno. El PPD lo presiona con el tema del aborto, claramente marcando así su máxima debilidad dada su postura religiosa. Los medios indican que el hombre fuerte del Ministerio del Interior es Aleuy, tema que se arrastra desde Burgos. El Ministro de Hacienda, también de grandes pergaminos técnicos, no puede hacer prevalecer la cordura mínima en el manejo Fiscal; sus opiniones sobre las Leyes sindicales simplemente no se consideran y debe ceder frente al PC por el salario mínimo. Sus discursos son correctos, sus acciones no lo son. Y ya cuando él mismo públicamente descarta su renuncia, muestra la delicada situación en que se encuentra.

En los temas más específicos de gestión, el rechazo de la población es elocuente. El 90% desaprueba lo que está haciendo el Gobierno en el tema de la delincuencia. Un 88% rechaza el manejo de la corrupción, el 82% el manejo de la salud pública, y un 74% rechaza el manejo económico.

La reforma educacional ha alcanzado el peak de rechazo con un 71%, así como la reforma sindical que tiene un 61% de rechazo y un magro 20% de apoyo. Ya avanzando en el tercer año de este Gobierno, más del 70% del país estima que vamos por mal camino. Lo curioso es que al iniciarse el Gobierno, un 78% estimaba justo lo contrario. Es decir, se recibió un país bullante y en apenas dos años, estamos raspando la olla, según lo estima la población. Un 85% estima que la economía está mal, y no se equivoca.

La Mandatario está como ausente y no marca rumbos. Se la ve desorientada, y tiende a hablar con un tono como lastimero. Para algunos de su propia coalición, o está viajando o está encerrada en La Moneda con sus tres asesoras regalonas, anunciando ya el inicio irreversible del famoso pato cojo. El Gobierno se trata de apoyar en la idea de la obra gruesa, pero la evidencia señala que está llena de falencias técnicas que no permitirán sostener al edificio. Desde la Nueva Mayoría le piden más cambios de Gabinete, y poco a poco los Parlamentarios se desligan del Gobierno para enfrentar sus propias elecciones el próximo año. El Gobierno trata de marcar un triunfo por los cabildos, pero además de una participación irrelevante estadísticamente, conducen a nada, más allá del discurso retórico. La desprolijidad del proceso sólo fue una muestra más de la improvisación que ha caracterizado a este Gobierno.

Entre tanto siguen las movilizaciones estudiantiles con una intransigencia y violencia de no creer. También hay problemas muy serios en el Transantiago. Y vuelve a crecer la deuda de los hospitales públicos a pesar de la fuerte inyección de recursos en marzo. Viene la tan mentada Ley de educación superior, que ya recibe fuertes críticas antes de ser presentada. Una Ley de corte totalmente Estatista que incrementa el poder del cartel del Cruch y que tratará de ejercer el control político de las universidades privadas a como dé lugar. Es difícil que dicha Ley sea aprobada antes del presupuesto, por lo que el Gobierno seguirá con el resquicio legal de la glosa para la gratuidad, amparando así sus improvisaciones y abierta discriminación.

En tanto, las cifras económicas siguen dando malas noticias, a lo que se agrega ahora la incertidumbre por el tema Brexit. Valdés tendrá que luchar por no aumentar el gasto más del 2% o 3%, y la Nueva Mayoría presionará exactamente en el sentido contrario, especialmente en un año de elecciones. El lema que han planteado en sus discusiones es: “mejor ganar con déficit Fiscal que perder con equilibrio presupuestario”. Súmese a ello los cientos o miles de pensiones políticas a falsos exonerados y la impunidad de quienes los avalaron y el cuadro de descomposición es alarmante. La guinda de la torta es el aumento del desempleo anunciado el jueves, que seguirá creciendo durante el año.

A estas alturas ya se ha perdido la esperanza de que el Gobierno reaccione republicanamente frente a sus errores y se mueva al gran camino de los acuerdos. Es decir, que gobierne para todos, no sólo para los suyos.

El Gobierno, la NM y las Municipales,

por Eugenio Guzmán.

El contexto de las elecciones Municipales de 2012 y las de 2016 es muy distinto. En el primer caso, se hablaba del "término de la Concertación" y el nacimiento del actual bloque, con todas las tensiones que esto implicaba. En buenas cuentas, se trataba de un intento por aglutinar a sectores de izquierda descolgados, que en su momento se habían agrupado en torno a Enríquez-Ominami.

Adicionalmente, la —hasta ese momento posible— candidatura de Bachelet era una especie de bálsamo que contenía los conflictos al interior de la Concertación. Las disputas responderían a diferencias de liderazgos y la influencia que cada sector quería ejercer. De un plumazo se hizo añicos a 20 años de éxitos electorales, económicos y políticos, que nadie o muy pocos se atrevían a defender. Pese a ello, en un ambiente obnubilado por la figura de Bachelet, el optimismo aplacaba las diferencias y licuaba los conflictos.

Lo que siguió ya lo sabemos.

Hoy el escenario es muy distinto. La figura que daba sustento se encuentra deslucida, la aprobación del último año no supera el 25% y el gabinete Ministerial no pasa de 18% (Cadem). No se trata, ni siquiera, del potencial de votantes de la elección Presidencial.

Pero eso no es todo. El frenético proceso de reformas con retroexcavadora (tributaria, laboral, de educación superior y escolar, aborto terapéutico, constitucional, reforma a la ley de partidos políticos, financiamiento de la política, etc.) se monta en un escenario que desde un principio se señaló sería económicamente frágil. De tasas de crecimiento anual del 4,2% en 2013, hoy se estiman en 1,5%, a lo que se agrega una tasa de desempleo que hoy llega a 6,8 —en la Región Metropolitana alcanza al 7,3% y en otras como Atacama, a 8,9%— y con no muy buenas perspectivas para el resto del año.

Para los "idealistas" esto es y era campaña del terror, y por lo tanto había y hay que seguir adelante, no importa a qué costo. Los "beneficios"de las reformas se verán más adelante. Pero la realidad muestra que no era ni es campaña del terror, ni existe claridad de los beneficios tanto políticos como económicos, dado los costos e incertidumbre en que se está incurriendo.

Las esperanzas de la Nueva Mayoría están puestas en el debilitamiento de Chile Vamos y en especial de la UDI. Asimismo, se ha apostado a que después de las Municipales, como ha ocurrido antes, se revierta la caída de la popularidad del Ejecutivo.

Sin embargo, en un contexto político tenso e incierto, y con una economía de bajo rendimiento, puede que ello no ocurra. En tal sentido, los resultados de las Municipales serán una nueva tensión que pondrá de relieve la dicotomía continuidad o cambio en la agenda del Gobierno.

Tiempo de desgaste,

por Héctor Soto.

Era inevitable que el desgaste político de la Presidente Bachelet dañara a su coalición. Es más: desde el momento en que la ciudadanía le dio la espalda, la Nueva Mayoría perdió su principal factor articulador. Hoy, los partidos oficialistas simulan que la causa que los une es el cumplimiento del programa. Pero todo el mundo sabe que se unieron no por el programa, sino porque Bachelet era la única carta que la centroizquierda tenía a su alcance para recuperar el poder.

También lo supo la Presidente y por eso fue ella quien decidió a su arbitrio los alcances de la campaña y a dedo sus equipos de confianza y los nombres convocados a su primer Gabinete. Los partidos se limitaron a ejercicios gimnásticos de incondicionalidad y a acatar las instrucciones que salían de Palacio.

Ese esquema no sólo hizo crisis  ya a mediados del 2014, cuando las encuestas comenzaron a ser adversas para La Moneda. A estas alturas parece ser un modelo agotado. La Nueva Mayoría comienza a mostrar síntomas de inquietud y obviamente el cálculo de costos y beneficios del conglomerado de seguir asociado a una administración cada vez más impopular está generando tensiones internas difíciles de acallar. Faltando poco para la elección Municipal, es explicable que el fenómeno se agudice, porque una cosa es que el Gobierno quiera completar su obra y otra muy distinta es el horizonte que visualizan los partidos para cuando el país deba elegir una nueva administración. Al fin y al cabo, los Gobiernos pasan y los partidos quedan.

Hay que reconocer que hasta ahora la Presidente ha sido relativamente exitosa en mantener a flote la coalición. Si bien los partidos ya no tienen la misma disposición que tuvieron, por ejemplo, el 2014 para despachar a ciegas la reforma tributaria (así también fue el desaguisado que salió), en general no se han  visto grandes deserciones. La DC  ha protagonizado episodios de rebelión en temas puntuales, como la educación particular subvencionada o el aborto, pero la sangre nunca llegó al río. Otro tanto ocurrió hace poco en el PS con motivo de la Ley corta antidelincuencia, o en el PC durante la discusión del salario mínimo. Pero fueron corcoveos que no modificaron en lo básico el libreto Presidencial. Sin embargo, es indudable que el clima de rebeldía existe y que para La Moneda           -como le consta al Ministro de Hacienda- está resultando cada vez más problemático ordenar su gente. Cada proyecto de Ley se está volviendo un parto, un largo tira y afloja que mete cada iniciativa a un túnel muy poco diáfano de ajustes, colgajos y transacciones de última hora, y nadie se sorprende demasiado, sin ir más lejos, con el anuncio esta semana de la enésima postergación del proyecto de Ley de educación superior que debió estar presentado el año pasado.

Lo que antes el Gobierno decidía por sí y ante sí, hoy debe negociarlo con cada una de las tribus enfrentadas al interior de la Nueva Mayoría.

No hay instancia política donde el oficialismo no haya pasado este año el mensaje de la necesidad de mejorar la coordinación entre el Gobierno y los partidos. Y, no obstante eso, la coordinación está más al debe que nunca. Por supuesto que el problema de fondo no apunta, como se ha querido presentar, a la fluidez de los canales de comunicación entre el Gobierno y las colectividades. La verdadera trama son las divergencias de fondo que hay entre los socios del conglomerado. La cosa no termina ahí, porque incluso ya hay demandas por cambio de Gabinete. Después de todo, los ajustes Ministeriales son una válvula de descompresión del régimen Presidencial. Así como va, el Gobierno parece empeñado en una dinámica dictada por la fatalidad y corre derecho a chocar con la muralla del rechazo. La pregunta de rigor es si la administración tiene el tiempo, la energía y las ganas para modificar los rumbos.

El reemplazo del Ministro Burgos por Mario Fernández hace pensar que ya no. La Presidente se resiste a entregar su Gobierno y a aceptar que el poder no es únicamente suyo. La relación del nuevo Secretario de Estado con ella podrá estar libre de las sospechas y desconfianzas que gravaron, a la manera de un piano sobre los hombros, la gestión de Jorge Burgos. Pero es raro que el nombramiento del sucesor no haya movido un ápice las agujas de la opinión pública. El Gobierno, todavía más, está peor evaluado ahora que hace un mes.

Por supuesto que la ciudadanía se resiste a aceptar que el destino esté jugado. Y no lo acepta básicamente porque la política no tiene por qué ser un juego tóxico de inercias e inflexibilidades. La política, al contrario, es un ámbito donde siempre debe ser posible conversar, forjar acuerdos y revisar prioridades. A eso es a lo que el actual Gobierno se niega, porque si lo hace siente que podría estar traicionando su proyecto de refundar el país. Por lo tanto, la Presidente está decidida a perseverar en más de lo mismo y todo indica que Fernández es el hombre llamado a convencer a la Nueva Mayoría de que haciendo eso, es decir, clavando el timón en dirección al despeñadero, las cosas en algún momento van a mejorar.

Desde luego, al margen de los asuntos de fe envueltos en esa percepción, son muchos los dirigentes del oficialismo que están preguntándole cuándo y preguntándole por qué.

La rabia está ganando elecciones.

Al observar cómo se distribuyó el voto en el referéndum que definió la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) —en términos territoriales, de edad, de ingresos o de nivel educativo— es posible observar que el no a la continuidad se hizo fuerte, principalmente, entre quienes sienten que se han visto más perjudicados por la integración económica y, en general, por el orden liberal asociado a la globalización: libre comercio, apertura de fronteras, cooperación internacional.

Así como el libre comercio ha permitido a todo el mundo el acceso a bienes de consumo más baratos, también ha significado que cientos de miles de trabajadores, especialmente en los países industrializados, perdieran sus empleos y tuvieran que conformarse con otros de menor categoría, si es que volvieron a encontrar uno. La llegada masiva de inmigrantes también ha hecho más difícil la competencia por el trabajo y ha alterado incluso el modo de vida de algunas comunidades. Esa rabia e indignación, que algunos líderes oportunistas dirigieron hábilmente contra las estructuras burocráticas de la UE y, por extensión, contra los inmigrantes, fue la energía que alimentó la campaña por el Brexit. Se trata de un populismo nacionalista y conservador, distinto al populismo de izquierda que hemos conocido en América Latina. Es la misma fuerza que ha impulsado la carrera Presidencial de Donald Trump, en Estados Unidos, que instaló a la extrema derecha en el Gobierno en Polonia, y que ha puesto muy cerca del poder a movimientos como el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Francia, o el Partido de la Libertad, en Austria.

No hay razones para creer que la población de estos países sea mayormente xenófoba, ignorante, o que haya decidido cometer un repentino suicidio político. Tampoco que esté en contra del libre mercado. Sí parece claro, y así lo han notado los lectores de la opinión pública, que se aburrieron de pagar los costos de los errores de los políticos y burócratas, y han decidido cobrarles la cuenta. Como apunta The Economist: "La rabia es justificada. Los promotores de la globalización han cometido errores y las personas comunes han pagado el precio. El defectuoso paso hacia la moneda única europea, el esquema tecnocrático por excelencia, condujo al estancamiento y al desempleo. Sofisticados elementos financieros engañaron a los reguladores, hicieron estrellar la economía mundial, y terminaron con los contribuyentes rescatando a los bancos y, más tarde, financiando recortes de presupuesto".

El desprecio por los políticos, el desdén por los tecnócratas y el temor a la inmigración no son problemas exclusivos del primer mundo. También Chile enfrenta desafíos similares. Restringir la participación, despreciar la voz de las personas y limitar el debate político a los sabios en su torre de marfil no parece ser la solución.

Negativas perspectivas para economía chilena.

Los indicadores de actividad económica de mayo mostraron un desempeño económico más débil que lo esperado. A pesar de que dicho mes tuvo tres días laborales adicionales con relación a 2015, la producción industrial mostró una caída en doce meses, impulsada por la baja de la minería y la pobre expansión de la manufactura. Mientras tanto, los indicadores vinculados al consumo privado se desaceleraron más allá de las expectativas del mercado. A la luz de esta información, la expectativa es que el Imacec de mayo se expanda en torno al 1,5%, con lo que la tasa de crecimiento de la economía durante los primeros cinco meses del año se ubicaría en torno a 1,4%, por debajo de la expansión de 2,1% de 2015.

Por su parte, la tasa de desempleo nacional, reportada por el INE, se incrementó hasta el 6,8% durante el trimestre móvil finalizado en mayo, cuatro décimas por encima del trimestre móvil finalizado en abril y dos décimas más que en igual periodo de 2015, alcanzando su nivel más alto desde 2011. En esta oportunidad, el alto crecimiento del trabajo por cuenta propia (6,5%) no pudo compensar por completo la desaceleración del crecimiento del empleo asalariado (0,4%), tal que el ritmo de expansión anual del empleo en el periodo marzo a mayo se ubicó en 1,3%, registro inferior al 1,6% observado durante 2015.

El bajo crecimiento y el pobre desempeño en el mercado laboral están en sintonía con las expectativas más generalizadas, privadas y oficiales, al respecto. Incluso, algunos observadores cuestionan la representatividad de la tasa de desocupación, y hacen notar que, en proporción, los trabajadores por cuenta propia equivalen hoy a más de 30% del total de trabajadores asalariados, la mayor cifra desde 2011 y 2% más que su promedio histórico de los últimos siete años y medio. De corregir esta relación a su promedio histórico, el número de desocupados se incrementaría en cerca de cien mil personas y la tasa de desempleo aumentaría al 8%. En todo caso, mirando sólo la evolución del empleo asalariado, que es información más sólida, encontramos que esta registra su peor desempeño desde 2014.

Hacia el futuro, tras la definición oficial en favor de un veto al proyecto de reforma laboral que elimina instancias de adaptabilidad -mientras se mantienen restricciones absolutas al reemplazo de trabajadores en huelga- parece altamente improbable una nueva orientación económica por parte del Ejecutivo que pudiere restablecer un ánimo positivo en los inversionistas privados.

Tampoco es plausible un impulso Fiscal, cuando, por el contrario, es necesario reducir el déficit Fiscal estructural, al menos en el 0,25% del PIB que ha comprometido el Ministro de Hacienda. Remontar las actuales tendencias depende, entonces, de un eventual mejoramiento en las condiciones externas. Por ahora, sin embargo, la situación externa parece dominada por el triunfo del Brexit en el referéndum del Reino Unido. Este ha traído incertidumbre y volatilidad en los mercados, pero, también, algo positivo, como son menores expectativas de ajuste monetario en Estados Unidos. Ello hace que su efecto final sobre nuestra economía sea incierto, pero, con alta probabilidad, incapaz de cambiar las tendencias dominantes.

El epílogo del caso MOP-Gate.

Después de trece años concluyó el caso MOP-Gate, una de las causas de mayor impacto político y jurídico durante la primera década del siglo. El caso fue investigado conforme a la reglas del antiguo sistema por la Ministro Gloria Ana Chevesich y llegó a tener 28 aristas diversas. En lo fundamental se comprobó que un grupo de personas ideó y ejecutó un procedimiento para sobrevalorar consultorías necesarias para la realización de obras públicas estatales. Las consultoras "devolvían" luego este exceso según lo acordado previamente, y de este modo se obtenían recursos para pagar ilícitamente a ciertos funcionarios públicos rentas no establecidas en el presupuesto, los denominados "sobresueldos". El caso concluyó con trece condenas y, un dato no menor, once absoluciones.

Resulta imposible desconocer la significación histórica de este proceso, tanto por la magnitud de los perjuicios que causó, como la cantidad y posición de las personas acusadas y condenadas, y las profundas reformas institucionales que motivó. La tramitación del caso estuvo acompañada de fuertes polémicas debido a las presiones que se ejercieron sobre la Juez Chevesich, al punto que esta decidió enviar una carta al Pleno de la Corte Suprema denunciándolas. En el mismo sentido fueron interpretadas las actuaciones de diversos Ministros del Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, quien además tuvo que declarar por oficio y luego, cuando ya había dejado la Presidencia, en forma presencial. En cierto modo, el caso MOP-Gate marcó una nueva etapa en cuanto a la conciencia y persecución del fenómeno de la corrupción en el país.

El balance de este proceso, seguido bajo sistema procesal inquisitivo, debería servir al mismo tiempo para reflexionar críticamente sobre la reforma de este sistema. La sentencia final se dicta recién hoy, cuando los hechos que tanta conmoción produjeron en su momento ya se encuentran prácticamente olvidados por la mayoría de las personas y, desde luego, pertenecen a un pasado lejano para las generaciones jóvenes. Para una parte significativa de la población, es poco lo que significan hoy las condenas y las absoluciones pronunciadas con tanto retraso. Por otro lado, es sabido que el proceso afectó en forma permanente la vida de muchas personas inocentes, en especial quienes se vieron involucrados únicamente debido a los cargos que ocupaban en algunas empresas consultoras. Estos inculpados fueron finalmente absueltos, pero tuvieron que enfrentar durante años el rigor de las acusaciones y de una reprobación pública que les resultaba imposible revertir.

Son grandes las ventajas del nuevo sistema procesal penal, pero es importante resguardarlas para impedir que se repliquen en él -mediante reformas desafortunadas o interpretaciones erradas- los mismos vicios del pasado.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.