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martes, 17 de mayo de 2016

Los temas más importantes de la contingencia nacional....


 VIDEO:

Ex Alcalde Alcaíno se refiere al proceso Constitucional del Gobierno....

 





Dilma-Michelle,
por Sergio Melnick.




La analogía es inevitable, aunque el desenlace será diferente. Lo más obvio es que ambas son mujeres, son las primeras Presidentes mujeres, están en su segundo mandato, con un pasado común de extrema izquierda, incluso revolucionaria. Es decir, ambas son políticas que algunas veces soñaron con la revolución armada al estilo cubano y que tienden a ser muy ideologizadas, testarudas o voluntaristas. En algún momento evolucionaron hacia la democracia, pero la historia deja huellas muy profundas para todos.






Dilma cometió varios errores que explican su desenlace. El hilo conductor fue su inadecuado manejo de la economía, donde aparece una segunda comparación con Bachelet. Ambas recibieron una economía vigorosa. Dilma partió una economía que crecía al 7%, con desempleo del 5.7% e inflación del 3%. Hoy, Brasil está en recesión, su desempleo llega al 11%, y la inflación sobre el 10%. El país tiene un déficit Fiscal sobre el 3%, y la deuda pública subió del 50% del PIB al 70%. En síntesis aumentó el gasto de manera desmesurada frente al crecimiento, pensando que el consumo, mantendría un crecimiento aceptable. Otra similitud evidente ha sido el enorme rechazo en las encuestas a sus gestiones. Pero no escucharon. Ambas cometieron errores serios en educación.






Si vemos lo que ha ocurrido en nuestro país, la tendencia es exactamente igual: una total irresponsabilidad en el gasto y total desinterés real en el crecimiento, inversión y productividad. En Chile se suman las “reformas estructurales” ideológicas y técnicamente malas, pero llevadas a cabo usando la retroexcavadora lo que reventó las expectativas económicas. La tónica de la billetera rápida del Gobierno en Chile fue anunciada con la definición del bono marzo y septiembre como un “derecho” social, una distorsión fenomenal de las buenas políticas públicas. Eso cuesta 500 millones de dólares anuales, muchísimo más de lo que se aportó a la gratuidad este año. Por cierto la gratuidad es otro ejemplo de promesas destempladas de gasto público. Luego vimos el simbólico bono del BancoEstado que se comió el 50% de las utilidades de la empresa y para que hablar de la contratación inédita de más de 100.000 empleados públicos claramente innecesarios. Quizás una manera de ocultar por un tiempo la incapacidad de la economía de generar empleo real. De hecho, las cifras de desempleo del INE son muy cuestionadas, y ahí hay otra similitud con Dilma.






El tercer ingrediente de la analogía es la corrupción que afectó a la política. En Brasil el gatillante fue Petrobras, pero era realmente una caja de pandora. En Chile fueron las boletas y facturas políticas, y el caso Caval. Frente a este tema, ninguna de las dos Gobernantes tomaron una acción determinante en detener y transparentar la situación. En el caso chileno la cosa fue incluso al revés cuando el Ministro del Interior intervino el Servicio de Impuestos Internos para perseguir a los adversarios y proteger a los partidarios. Las causas sistemáticamente han eludido la investigación de las campañas oficialistas, en especial lo relacionado a la Presidente y en particular las empresas que la apoyaron. Hoy eso ya empieza a aparecer en los medios de investigación que de seguir afectará a Bachelet de manera muy seria.






El cuarto ingrediente, frente al evidente caos político que se apoderaba de Brasil, fue el quiebre de las coaliciones políticas. Dilma acusó de golpe de Estado y llamó a muchos como traidores. Quienes la apoyaban se desmarcaron, la “movida” con Lula fue aun peor ya que cuando se nota la intensión se pierde la ilusión. Un error político de proporciones. En nuestro país, está ocurriendo exactamente lo mismo con la Nueva Mayoría, cuyos conflictos internos aparecen en los medios en forma cotidiana.






Como vemos, la analogía es clara y su raíz es de dos Gobernantes aisladas, voluntaristas, que despreocuparon la economía, gastaron en exceso, no fueron proactivas en los temas de corrupción, y no fueron capaces de liderar efectivamente sus propias coaliciones de Gobierno. Aunque ambas dejarán la misma herencia económica de países que se vuelven a parecer en sus problemas estructurales a los años 60’s, el desenlace será diferente. Dilma ha sido enjuiciada y el futuro del país entrará en una situación de mal pronóstico. En nuestro país, Bachelet terminará su periodo pero nos deja una sociedad polarizada, una economía en mal estado, cuentas públicas desastrosas, y reformas estructurales demasiado mal hechas que pesarán por décadas. Ambas son malas para escuchar y dialogar y así se fueron aislando y quedando solas.






La periodista brasileña Miriam Leitao en O Globo sintetizó lo esencial: “Dilma debería haber escuchado las alertas, pero ella siempre creyó que lo sabía todo”. Bueno, Bachelet en mi opinión aún está a tiempo de escuchar. ¿Lo hará?






Obsesión Constituyente,
por Joaquín García Huidobro.






A la Nueva Mayoría no le hace mella el desempleo o la inseguridad. Su preocupación más profunda es dejar todo amarrado para que tengamos una Constitución a su medida. ¿Por qué?



Michelle Bachelet parece querer con todas sus fuerzas entrar en la historia patria como "la Arturo Alessandri del siglo XXI"; es decir, como la persona que enfrentó la nueva cuestión social, y puso las bases para resolverla. Ante la posibilidad de traer a la vida de los chilenos toda una nueva generación de derechos (diversidad, gratuidad de la educación, etc.), problemas como el de La Araucanía terminan siendo tratados como una cuestión menor.



Por su parte, sus seguidores más extremos (de los demás no hablo, porque en estas materias están condenados a la irrelevancia) buscan otras cosas. Su obsesión parece ser borrar de nuestra historia todo lo que recuerde al General Pinochet y lo que su figura representa. Para ellos, la Constitución vigente, a pesar de que haya sido profundamente modificada y lleve la firma de Ricardo Lagos, es fuente de malos recuerdos. Y esto no se arregla ni aunque se le hagan un millón de reformas, porque las razones para cambiarla no son jurídicas, sino simbólicas. Necesitan "resetear" el país, borrar su disco duro y hacerlo de nuevo.



Se trata de una pretensión un tanto ingenua, una suerte de negación voluntarista de la historia, que en el fondo apunta a un imposible: nos guste o no, Augusto Pinochet (como Salvador Allende o Diego Portales) ya forma parte de nuestro ADN; ha marcado para siempre nuestra historia e identidad.



Este deseo un tanto infantil de borrar el pasado resulta todavía algo candoroso. Menos inofensivo, en cambio, es el segundo propósito que albergan los partidarios más extremos. Para ellos resulta primordial contar con una Ley fundamental que garantice plenamente los derechos sociales. Hasta aquí no hay nada novedoso en su deseo, que llevaría a inscribir a Chile en el club de los países que utilizan las Constituciones para recoger los anhelos más íntimos de los ciudadanos: pleno empleo, por ejemplo. Se trata de un ejercicio más o menos inocuo, aunque produce cierta frustración de los ciudadanos y desprestigia las cartas fundamentales, porque queda a la vista que se promete lo que no se puede cumplir.



Sin embargo, en los últimos años ha aparecido un factor que hace que estos lirismos Constitucionales ya no sean tan inocentes. Me refiero, naturalmente, al activismo Judicial. Un Juez activista es alguien que considera que su misión no se limita a resolver conflictos entre particulares o con el Estado: él está llamado a transformar la sociedad. Por eso, cuando ve que la Constitución consagra ampliamente el derecho a la salud, a las bibliotecas o al turismo, él no se queda tranquilo, sino que dicta una sentencia por la que obliga al Ministerio que corresponda a hacer un hospital o construir una biblioteca allí donde el Juez considera que son necesarias. Una parte de los muchos problemas del Brasil reside allí: con Jueces de esa índole no hay presupuesto que resista ni es posible planificar de manera razonable.



¿Qué han descubierto los Constitucionalistas del ala extrema de la Nueva Mayoría? Algo muy simple: que la mezcla de unos derechos sociales generosos con unos Jueces activistas les permite ir transformando el sistema económico desde dentro, de forma independiente a lo que digan las elecciones. Se trata, en suma, de conseguir por la vía de la Judicatura lo que no pueden obtener en las urnas, de pedirle al Derecho lo que debe dar la política.



La Constitución no es un medio para espantar los fantasmas del pasado o hacerse famoso, sino simplemente un mecanismo, más o menos tosco, para controlar el poder y garantizar algunos derechos muy mínimos. Además, con la Ley fundamental vigente, Bachelet ya ha podido realizar casi todas las reformas que ha querido, de modo que si hoy tenemos problemas muy graves, ellos no dependen de un texto Jurídico, sino simplemente de su mala administración.



Se pueden plantear reformas, ciertamente, y urge poner buenas ideas en el debate nacional, cosa que la oposición recién comienza a tomarse en serio, después de un letargo de dos años. Pero más que cambiar la Constitución, hay que prepararse para cambiar el Gobierno. Esa es la maravilla de la democracia: poder deshacerse cada cierto número de años de los malos gobiernos sin necesidad de derramar ni una sola gota de sangre.



Marea de rabia,
por Fernando Villegas.






Es dudoso que el clima de fronda que se vive en Chiloé -todavía vigente y hasta en ebullición al momento de escribirse estas líneas- tenga su origen y se sostenga sólo en la profunda molestia y quejas de los pescadores artesanales por las desastrosas situaciones que han afectado su trabajo y en las cuales, cómo no, tuvieron un lamentable protagonismo reparticiones del Estado, majestuoso órgano de la nación que conforme a la costumbre imperante, el “yo no fui”, alega haber tomado sus decisiones de acuerdo a “normas internacionales”.






Ese malestar pudo ser el punto de partida, pero la pataleta ha madurado, se hizo más compleja, abarca ya a más personas, convoca nuevos grupos, alienta agregadas quejas, despierta otras rabias y envalentona y encorajina a media isla, si no más. Es como el movimiento estudiantil; este partió -¡quién lo recuerda!- como una modesta petición relativa al pasaje escolar y terminó siendo nada menos que una demanda o más bien exigencia a escala industrial de dineros, becas, aportes basales, cambios institucionales, pretensiones de cogobierno en las universidades, todo eso amenizado con tonadas y saltitos celebratorios a/y por la “revolución bolivariana” y un amplio surtido de pintorescos ítems para deleite de grandes y chicos.






Es posible y quizás hasta muy probable que algo similar esté ocurriendo en la isla. El día lunes se sumaron en solidaridad 500 camioneros con sus vehículos, lo cual es elocuente; habla de que los eventos de Chiloé bien pueden haberse transformado o estar en camino de transformarse en algo mucho más importante que una protesta local derivada del colapso de la pesca artesanal por la marea roja y/o la escandalosa y francamente inconcebible autorización para depositar en el mar cinco mil toneladas de peces muertos repletos de sustancias químicas. Considerando sus propios intereses, no habría manera de entender la acción de los camioneros, pues estos son los primeros perjudicados si los caminos son bloqueados y se les impide celebrar sus negocios; tampoco parece racional el apoyo de parte importante de la población chilota, aun más perjudicada que los camioneros, pero, ciertamente, no es con esa racionalidad acotada que se entiende la dinámica de estos movimientos.






Catalítico.
Un catalítico es un elemento químico que en contacto con otros hasta entonces inertes los despierta a la vida -catálisis- dando lugar a diversas combinaciones y reacciones.
Es lo que tal vez sucede en Chiloé, como ha ya sucedido en otros eventos parecidos; una queja particular, localizada, se convierte en punto de encuentro y reunión de quejas distintas y hasta muy diferentes, en la proverbial chispa que incendia la pradera o hace volar el polvorín.





Cuando hay rabias y demandas acumuladas que no han sido oídas ya sea por negligencia, necedad o porque son imposibles de satisfacer, suele ocurrir que los quejosos busquen unir fuerzas con otros grupos también en pie de guerra con el fin de aumentar la posibilidad de encontrar respuesta a sus propias demandas y/o al menos darse el gusto de castigar a quien no los complace. Los camioneros están enfurecidos no porque se haya vertido veneno al mar, sino por la casi nula reacción Gubernamental ante los hechos de La Araucanía, los cuales, para el gremio, se traducen en la quema de al menos tres camiones a la semana; los habitantes comunes y corrientes de Chiloé están enfadados con un Estado central que los mantiene sin los más mínimos servicios propios de una nación civilizada; los pescadores se suben por las paredes por el desastre ecológico que los ha dejado sin nada que pescar; de seguro hay otros gremios, colectivos, estratos o grupos de Chiloé dotados también de su propia lista de molestias, a los que se unen quizás los ciudadanos de cualquier punto del país que no hayan encontrado manera de hacerle ver al Gobierno que su proyecto de “transformaciones profundas” anda a los tumbos. Bien puede suceder que un habitante de Atacama que aún no ve respuestas a sus problemas sienta por la causa chilota tanta pasión como si se celebrara en Copiapó; es un modo de expresar su rabia, de zamarrear a los ineptos, de patearles el popó, de siquiera hacerles pasar susto.
No es sólo la pesca, la marea roja o incluso Chiloé lo que está en juego, sino, de soslayo, el proyecto de la Nueva Mayoría.






Principio y fin.
¿Dónde terminan estos procesos? Sus protocolos iniciales ya los conocemos; comienzan las protestas, el Gobierno se niega a negociar si el paro no termina, se habla de “mesas de negociación”, se emplea el lenguaje de las “exigencias”, se advierte que no habrá concesiones y así se estira la cuerda por semanas sin otro resultado que elevar los costos y aumentar los daños, porque al final el Gobierno entrega la oreja y paga lo que se le pide, aunque con huecas advertencias de que sancionará por los “días no trabajados” o a quienes hayan quebrantado la Ley. Nada de eso se hace, las amenazas se las lleva el viento, nadie las cree y todo el mundo vuelve a repasar la ya consabida lección de que las presiones siempre sirven; de ese modo el Gobierno muestra en cada ocasión su incorregible, increíble, épica falta de tino.





Aun así, en esto como en todo, la palabra final la tiene Don Dinero, remedio fácil de aplicar hasta por el más bruto, pues no se requiere otra cosa que el alfabetismo suficiente para firmar cheques. Es, dicho recurso, lo que a las autoridades normalmente les permite apagar el fuego, aunque a costa de otra hemorragia de fondos públicos. En el caso del BancoEstado la técnica se perfeccionó al punto que, por primera vez, no sólo se apagó el incendio antes de que se declarara sino además a un costo estratosférico que le costó la salida al genio que administró la medida.





En este caso, el de Chiloé, también se ha puesto en práctica una novedad: se depositó el bono -350 mil pesos- en la cuenta de los protestantes, incluso creándoselas si no la tenían. Eso no puso punto final a nada, sino exacerbó los ánimos.
No nos engañemos: los favorecidos por supuesto echarán mano del dinero, PERO reclamarán por su insuficiencia y/o manifestarán sentirse humillados, atropellados y en todo caso inconsultos. Es lo que ocurre siempre en estos casos; no hay manera de apaciguar al cocodrilo.






Que pase el siguiente…
¿Qué sigue? Si la crisis de Chiloé se apaga con más billetes y muchas promesas de desarrollo y creación de Ministerios ad hoc como lo propuso una lumbrera -el “Ministerio del Mar”-, tal respuesta Gubernamental, como ya se ha demostrado en infinidad de casos, no resolverá nada. Será, a lo más, una medida para “paliar” el problema y postergarlo otro poco. ¡Cómo nos gusta paliar en vez de resolver! En fila hay una seguidilla interminable de crisis ya encendidas o a fuego lento que permitirán al actual régimen dar nuevas muestras de sus espléndidas dotes de gestión. El “regionalismo” en todas sus formas, incluyendo el afán autonómico de la CAM, pena como un espectro tras varias de ellas.






La historia de Chile nos advierte, aproximadamente, qué es lo que seguirá. Desde luego la flaqueza del Estado bajo su actual administración, su inoperante andar, cojera conceptual y paraplejia moral han sido ya olfateados por todos tal como un animal depredador olfatea infaliblemente al miembro más débil de la manada. La señal es de que está abierta por un lapso indefinido la temporada de caza de bonos y beneficios. Fue dada hace tiempo por los estudiantes y es dada todo el tiempo por los profesores y un largo etcétera de grupos de interés. Otras regiones, gremios y corporaciones esperan su turno.






¿Cuál es el límite más allá del cual la acumulación de demandas y conflictos se hace económica, psicológica y políticamente insostenible? ¿Cuándo llega la tormenta perfecta? No hay regla clara al respecto. Tampoco es evidente de qué recursos políticos y administrativos dispone el Gobierno todavía. Por ahora aún hay recursos para tirar a la chuña, pero también la revolución bolivariana los tenía al comienzo de su epopeya. A la postre, se acaban. ¿Entonces qué?



Más allá de un bono,
por María Isabel Vial.






En las últimas semanas hemos vivido como país el conflicto en Chiloé. Descontento, petitorios, medidas de fuerza, bonos y mesas de negociación son conceptos que regresan para acaparar la atención de los medios de prensa.



Permítanme invitarlos a reflexionar y hacer una analogía con lo que sucede en las empresas. El trabajo, en cualquiera de sus formas, es una de las actividades humanas que mayor dignidad pueden entregar a las personas y tiene impacto en las familias, la comunidad y el entorno. Son muchas las horas que se le dedican como para no darle sentido.



Las personas posibilitan que las organizaciones existan a través del trabajo. Las relaciones laborales tienen variadas aristas porque hay diferencias en el rol que le toca jugar a cada una. Los trabajadores del mar de Chiloé han sido enfáticos. No son solo pescadores artesanales; también son recolectores de orilla, desconchadores, lancheros, cocineros, feriantes. Al igual que en las empresas, cada uno forma parte de una cadena productiva, y la generación de valor se encuentra tanto en las distintas etapas del proceso como en el producto final.



A problemas complejos, soluciones complejas. El trabajador no puede ser reducido a un salario, menos aún mirarlo como fenómeno aislado. Carlos Vial Espantoso insistía en 1940, "no es el aspecto monetario la meta exclusiva, sino también romper el hielo entre el Capital y el Trabajo a través del reconocimiento y la honradez". De ahí que las medidas como el bono (aun en su aumento) no logren dar solución a un conflicto sistémico, tal como se ha evidenciado en otras ocasiones. No se puede pretender solucionar problemas difíciles con respuestas simples.



Todos los miembros de una organización aportan desde su actividad que los mantiene en constante interacción en un sistema integrado, donde cada uno influye en el resultado del otro. Quien gestiona las personas de una empresa tiene un desafío permanente que requiere enfocarse en variadas materias, como la capacitación, formación de liderazgos, el diálogo permanente, la innovación desde la base y la capacidad de reinventarse.



En Chiloé, se ven amenazadas las fuentes laborales, y el pedido de auxilio se debe a la falta de liderazgo y aislamiento en que se encuentra. Más que bonos, los trabajadores del mar están pidiendo colaboración para reinventarse. El liderazgo en la gestión requiere conocimiento en terreno para entender que el problema, más que de los trabajadores, es problema de la empresa. De ahí que deba promover el cuestionamiento y el debate como herramientas para revisar procesos e incentivar la innovación, que suele nacer del contacto directo con la operación.



Cada Región, al igual que una empresa, tiene su cultura y desafíos propios.
Desde el punto de vista de una empresa, no sirve el paternalismo ni el centralismo. Si esto se asume, se abrirán nuevos espacios para reducir conflictos y construir acuerdos.



¿Qué se salva?,
por Hector Soto.



La pregunta de si algo bueno podría salir de la experiencia de estos dos años de Bachelet II es quizás demasiado cruda para responderla con un puro sí o un puro no.



De esta administración van a quedar varias cosas: una promesa incumplida de gratuidad universal de la educación superior, que por lo demás no tiene viabilidad alguna de cumplirse; un alza de impuestos que -discutible o no- estableció nuevos puntos de equilibrio para la actividad económica, y una reforma laboral que aún no está claro en qué va a terminar. Quedará también como legado el cambio del sistema binominal, que efectivamente no daba para más; un nuevo rayado de cancha en materias de probidad, que debiera hacerles bien a las instituciones, y quién sabe si la iniciativa de un proceso Constituyente que de momento parece voluntarista, errático, desordenado y anecdótico. ¿Quedará algo más en el tintero?






Poco. Lo otro que va a quedar son básicamente decepciones, asociadas por lado y lado a un manojo de utopías refundacionales. Es curiosa la trenza del descontento. Porque, al margen de la oposición de derecha, que sospechaba lo que venía, entraron al círculo de los desilusionados tanto los que se creyeron el cuento de la retroexcavadora, la furiosa máquina de destrucción del modelo que nos iba a devolver a fojas cero, como los propios votantes de Bachelet que se sintieron traicionados por ella en función de la orientación de su programa de reformas. El resultado es que la Presidente con suerte interpreta a un 30% de la ciudadanía, y el oficialismo está preocupado porque a partir de este año se ha estado debilitando con especial rapidez el respaldo entre quienes se declaran de centro.






Tal como en el gremio de los psiquiatras ninguna experiencia es buena o mala en sí, porque todo depende de cómo la afrontemos o seamos capaces de procesarla, algo parecido debiera ocurrir en el plano político. Habrá quienes creerán -los más fundamentalistas- que las cosas no resultaron porque faltaron bravura y coraje refundacional. Y, por la inversa, lo único que querrá una parte importante de la ciudadanía será dar vuelta la hoja y no volver a escuchar nunca más un discurso mesiánico que intente sacar al país del camino de la gradualidad que, por espacio de tres décadas, trajo más riqueza y bienestar social que cualquier otro momento de la historia de Chile. Las proporciones entre uno y otro segmento pueden ser variables, pero de momento todo hace pensar que los desencantados que creen que el Gobierno se sobregiró superan con creces al grupo de los que piensan que se quedó corto.






Precisamente porque el Gobierno lo tiene claro es que se notificó al país que la obra gruesa reformista llegaba hasta aquí nomás, que la agenda de la productividad comenzaba a reemplazar al discurso de la igualdad y que en La Moneda, por decirlo en corto, ya no querían más guerra. Pero así y todo siguen existiendo señales equívocas. Se dice, por ejemplo, que hay que retomar los imperativos del crecimiento y no deja de ser curioso que se diga eso en el mismo momento en que el Ministerio del Trabajo estruja su imaginación para volver a afilarles los dientes a la reforma laboral, después del fallo adverso del Tribunal Constitucional. Es el eterno dilema de la izquierda: o consolidar o avanzar.





Las mayores dificultades que enfrenta el Gobierno para adaptarse al escenario de creciente moderación de la sociedad chilena son, por una parte, la Nueva Mayoría, atada de pies y manos a un programa que se volvió impopular, y por la otra, la propia Presidente, que con su entorno está dispuesta a inmolarse como sea por la dinámica reformista que la trajo de vuelta al poder. En Palacio da lo mismo lo que digan las encuestas y, por mucho que los Ministerios de Interior y de Hacienda traten de moderar el tono, la Mandatario se encarga de hacerles presente que no todo su Gabinete ni ella misma comparten esos afanes. Puede ser explicable que actúe así para evitar fracturas en su coalición. Pero es un poco demencial que no los apoye atendida la velocidad con que aumenta al desempleo, cae la confianza empresarial y retroceden las expectativas de los consumidores.






Hubo un momento en que el oficialismo depositó toda su confianza en que la impopularidad iba a ceder una vez que se comenzaran a ver beneficios como la gratuidad de la educación superior o apareciera el espejismo de los derechos sociales de rango Constitucional. Ese escenario nunca se produjo, en parte porque las cosas se hicieron mal, y todo terminó siendo mucho menos de lo prometido, y en parte, además, porque la situación económica pasó a encabezar el listado de las preocupaciones de la gente.






El horizonte que aguarda al Gobierno este año y el próximo está lejos de ser auspicioso. Su agenda está desgastada y el escaso margen de acción que le va quedando tiene que ver ya no con las reformas, sino con la gestión. Claramente, el fuerte de esta administración -que hizo una reforma tributaria que tuvo que rehacerse y otra educacional que simplemente no tiene arreglo- nunca estuvo en ese frente. Mala suerte, porque ahora varios conflictos sectoriales (Chiloé, el Sename, los taxistas, las libertades condicionales, los secundarios) están sacándolo de vuelta al pizarrón.





Quién lo diría: un Gobierno que lo hizo mal con la maquinaria pesada ahora deberá intentar salvarse apostando a su capacidad para manejar herramientas harto finas.



Apagón institucional ,
por Luis Cordero Vega.


Si las cosas siguen igual, a final de año el Tribunal Ambiental de Santiago, el más importante de los que existen en esta materia, dejará de funcionar. La razón es que el Ejecutivo tiene pendientes nombramientos desde diciembre de 2014, y los Jueces suplentes acaban su período a fines de este 2016. Por ello, si no se procede a las designaciones —que requieren acuerdo del Senado—, se producirá un apagón institucional, afectando una de las piezas centrales de la reforma ambiental aprobada en 2010 y que, hasta ahora, ha funcionado adecuadamente.



El problema está, probablemente, en el funcionamiento del sistema de nombramientos; dada la pretensión de los Parlamentarios de controlar en exceso el régimen de designaciones, puede estar dando origen a entorpecimiento de la gestión de las instituciones y clientelismo.






El Congreso quiso que en la elección de estos Jueces —especialistas, que no provienen de la carrera Judicial y que tienen duración temporal— estuviesen involucrados todos los poderes del Estado. Así, la selección inicial está a cargo del sistema de Alta Dirección Pública; sobre los postulantes elegidos, la Corte Suprema opta por una quina que se envía al Presidente de la República para que éste elija un nombre y lo proponga al Senado, el que debe votar la designación con un quórum de tres quintos; es decir, el mismo exigido para una reforma Constitucional. Esta regla se aplica también para los Jueces suplentes.






Con este procedimiento, en la actualidad existen dilaciones injustificadas. En el caso del Tribunal Ambiental de Santiago, la Presidente tiene pendiente el envío de su propuesta al Senado desde diciembre de 2014. En el caso del Tribunal Ambiental del norte, que nunca se ha podido constituir desde junio de 2013, el envío de la propuesta al Senado ha sido aplazada desde marzo de 2015.






La razón que explicaría esta demora es que el Gobierno no desea enviar nombres que, dado el alto quórum exigido, podrían ser rechazados, lo que ha obligado a una negociación opaca, que además ha tomado un tiempo que afecta la continuidad institucional, que impacta en la legitimidad del sistema.






La situación preocupa no sólo por lo que sucede en medio ambiente; también porque en el Congreso hay una serie de reformas institucionales aprobadas, y en tramitación, que disponen de nombramientos que requieren la conformidad del Senado, sin plazos máximos para que se lleven a cabo, lo que incentiva la dilación como estrategia de obstrucción.






En estos casos se puede estar confundiendo el escrutinio público para estas designaciones con el clientelismo que pueden provocar las negociaciones para la selección de los candidatos, curiosamente de entidades que, necesitamos, actúen con total independencia.



Definiendo el rumbo del desempleo,
por Gonzalo Sanhueza.




El acalorado debate sobre la Reforma Laboral, que ya se ha prolongado por más de un año, parece haber nublado la capacidad de nuestros políticos para alcanzar los acuerdos necesarios en materias laborales. Sin embargo, más que la incapacidad demostrada por éstos para lograr dichos acuerdos, lo que hoy día preocupa son las cifras de desempleo. En efecto, el número de desempleados sólo en el Gran Santiago aumentó en cerca de 100 mil personas en los últimos 12 meses, ubicándose la tasa de desempleo en 9,4%, muy cerca de la barrera psicológica del 10%. Peor aún, de mantenerse el escenario actual, no queda más que esperar que esta cifra siga empeorando, considerando que la encuesta de confianza empresarial muestra expectativas negativas para el empleo en los sectores comercio, construcción, manufacturas y minería.






¿Pero cuál sería la causa detrás de los datos de desempleo? La más obvia dice relación con la desaceleración económica. En efecto, existe abundante documentación respecto de que un incremento de un punto porcentual del empleo requiere entre dos y tres puntos porcentuales de crecimiento del producto. Como la fuerza de trabajo crece en torno al 1,5% anual, para mantener la tasa de desempleo se requiere un incremento del producto de entre tres y cuatro puntos porcentuales, muy por encima de las tasas de crecimiento que se están registrando y proyectan por estos días.






En este contexto, las recientes cifras de desempleo no deben ser tomadas a la ligera, menos si se tiene presente nuestra historia reciente. La última vez que se registró una combinación de desaceleración económica y reforma Laboral fue a fines de los años 90, cuando se desató la crisis asiática en el mundo. En aquella oportunidad, la tasa de desempleo pasó de 6,7%, en 1998, a 12,8%, en 1999, manteniéndose esta tendencia al alza en los años 2000 y 2001, en que la tasa de desempleo se elevó a 13,1% y 13,6%, respectivamente, a pesar de que la economía había logrado recuperar su nivel de actividad el primer trimestre de 2000. Más aún, ésta no bajó de los dos dígitos sino hasta fines de 2006, cinco años después de haber sido aprobada la Reforma Laboral, promulgada en octubre de 2001.






A la luz de estos hechos, resulta más que comprensible la preocupación manifestada por el Ministro Rodrigo Valdés en relación a mantener los aspectos de la reforma que equilibraban el mayor costo laboral para las empresas, con mecanismos de flexibilización que permitirían aumentar la productividad, como eran, por ejemplo, los pactos de adaptabilidad. Esto, puesto que la reforma actual era sin duda mucho más sustantiva que la reforma anterior, especialmente considerando que el Tribunal Constitucional había mantenido la prohibición de extender los beneficios de la negociación sindical al resto de los trabajadores, lo que se traduciría en un incentivo muy fuerte a la sindicalización, y había mantenido la negociación interempresas para empresas de tamaño mediano y grande, lo que también implicaría un empoderamiento del sector sindical. Lamentablemente, el veto Presidencial borró las eventuales ganancias de productividad que se podrían haber alcanzado, y ahora todo depende de una nueva ley corta.






Así las cosas, sólo queda esperar que en esta nueva instancia se incorporen dichas indicaciones. No debemos olvidar que en marzo de 1998, cuando la tasa de desempleo se ubicaba en 6,7%, nunca nadie se imaginó que tras la crisis asiática, tendríamos que esperar más de cinco años para volver a tener una tasa de desempleo por debajo de la barrera del 10%…



Un partido que todos podemos jugar,
por Cristina Bitar.



Hasta junio, los chilenos y chilenas tenemos una oportunidad de participar en la discusión sobre una nueva Constitución. No se trata de un ejercicio romántico o de una simple idealización, sino de una oportunidad concreta de generar, de manera autoconvocada y sin mayores reglas, una instancia de participación en el proceso Constituyente.



El mecanismo propuesto por La Moneda está lejos de ser ideal. Sus encuentros locales pueden terminar siendo discusiones insulsas y desinformadas, y los cabildos pueden convertirse en meras catarsis colectivas con facilitadores sesgados. Pero también es cierto que esta máquina se echó a andar sin que nadie pudiera detenerla. La ciudadanía sí cree que este tema es relevante y la discusión Constitucional va a llenar la agenda nacional por un buen tiempo. Ante esto, tenemos dos alternativas: nos podemos quedar abajo y ver cómo el tren pasa al frente nuestro, o podemos subirnos, aportar y trabajar de forma de que nuestros anhelos e ideas se vean reflejadas en el texto a ser enviado al Congreso.






A esta convocatoria no han llegado sólo los aliados naturales del Gobierno. Distintos sectores de la sociedad civil —la Iglesia, ONGs, gremios empresariales, sindicatos— han comprometido su participación en el proceso, lo mismo que los partidos políticos de Gobierno y sectores aún más a la izquierda. Los únicos reacios a validar el proceso han sido los partidos de derecha.






La crítica de la oposición no es a la necesidad de una discusión Constitucional. Durante meses, una comisión de distintos representantes de Chile Vamos ha trabajado en una propuesta que incorpore los ideales del sector en el debate. La crítica ha sido a la forma en que el Gobierno está guiando el proceso de participación. Pero el tren de una nueva Constitución ya está andando y no sacamos mucho con gritar desde el andén para que se devuelva.






Estamos en medio de una discusión de la que ningún chileno debería restarse; las objeciones al procedimiento, aunque atendibles, deberían impulsarnos a participar precisamente para influir en que este procedimiento también se encauce hacia uno que dé mayores garantías y que asegure una tramitación en el Congreso dentro del marco institucional. En términos de contenido, es importante que la oposición asegure que el nuevo texto contenga un buen equilibrio entre libertad y solidaridad, que se le asigne al Estado un rol coherente con este objetivo y que proponga resguardos para que nadie pueda actuar fuera de las reglas.






Cuando partió este proceso parecía que las visiones críticas, la de los que quieren cambiarlo todo o casi todo, se tomarían todas las instancias. Eso no ha ocurrido: en gremios empresariales, en organizaciones de la sociedad civil, se ha despertado un verdadero interés por participar. Este es un partido abierto y todos podemos jugar.






¿Campaña de utilidad pública o avisaje Estatal?,
por Sebastián Zarate.






El reciente pronunciamiento del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) que rechazó la inclusión de la campaña propuesta por el Gobierno relacionada con el proceso Constituyente puso en evidencia la debilidad normativa de la Ley de Televisión Digital en esta materia. En esta oportunidad el CNTV optó por un criterio distinto que el de la anterior campaña, considerando que la propaganda del Gobierno no se ajustaba al criterio de “utilidad o interés público” que exige la Ley.






Recordemos que la Ley de TV Digital introdujo una modificación en razón de la cual se exige a los concesionarios de televisión la emisión de campañas de utilidad o interés público de forma gratuita en horario prime. 



La problemática desde una perspectiva Constitucional se relacionaba con su ámbito: se trata de una obligación que limita la libertad editorial y económica de los canales, y cuya utilización indiscriminada puede significar la existencia de un mecanismo gratuito de publicidad del Gobierno de turno que no disponen las fuerzas políticas de oposición. Para ello la Ley dispuso algunas restricciones relativas a la extensión y tiempos máximos, el control de parte del CNTV, y -en lo que interesa aquí- la exigencia de una “utilidad pública o interés público”.



Sin duda, lo más complejo es esta exigencia de “utilidad o interés público”, que fue asociada en la Ley con “proteger a la población y difundir el respeto y promoción de los derechos de las personas”. El problema es que tal criterio sigue siendo excesivamente amplio. Se buscó en su momento salvar tal defecto por medio de un veto, pero  éste fue declarado inadmisible por el Congreso. Y el Tribunal Constitucional en sus pronunciamientos eludió interpretar el concepto de “interés público”. Frente a tal situación, la aplicación de esta norma estaba destinada a generar conflictos y dudas en su definición.






Parece acertada la decisión adoptada por el CNTV. El espíritu de la norma nunca ha sido que el Estado disponga de espacios gratuitos que reemplacen al avisaje Estatal que se contrata con presupuesto público. En caso contrario, estaríamos en presencia de una expropiación y no de una limitación Jurídica a las estaciones de TV. Una adecuada interpretación se produce, a mi juicio, aplicando un criterio restrictivo acorde con la existencia de limitaciones Legales, y de las denominadas “cláusulas de limitación”, como es el “interés público”. Así, la norma debe cumplir las siguientes condiciones: 1) que se trate de una necesidad pública y no de un proyecto político del Gobierno de turno. Recordemos que la dictación de una nueva Constitución es pieza fundamental del programa de la Nueva Mayoría; 2) que se trate de una necesidad imperiosa o imprevisible, como ocurre con una catástrofe o enfermedad que afecte a la población. Si bien puede ser imperioso políticamente para un sector importante de la ciudadanía contar con una nueva Carta Fundamental, se trata de un proceso previsible y obviamente programable en el tiempo; y 3) que exista una relación inmediata con la satisfacción de un derecho fundamental concreto, como podría ser la protección de la salud o la integridad física de las personas. El debate sobre una nueva Constitución puede satisfacer un derecho general de participación política, pero no de un derecho de forma directa e inmediata.






En resumen, la difusión gratuita de campañas de utilidad pública se presenta como una posibilidad distinta a la contratación de avisaje Estatal, que tiene una justificación más restringida y exige por lo mismo de un criterio de aplicación más estricto. En el presente caso, claramente dicho presupuesto de interpretación constitucional no se cumple, y así lo decidió de forma acertada el CNTV.




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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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