Los más significativos artículos sobre la realidad nacional...

Sube la desaprobación a la Presidente Bachelet, que trepó a un 65%,

el respaldo a la Mandatario llega a un escaso 26%.

El Tribunal Constitucional es considerado como necesario por una

gran mayoría de la ciudadanía.

Reflexiones sobre Margot Honecker,

por Roberto Ampuero.

Paradójicamente, el fallecimiento de Margot Honecker no termina interpelando a las conciencias de Alemania, sino de Chile. A diferencia de nuestro país, Alemania, enfocada en sus problemas actuales y proyección de futuro, dejó hace años de mantener en un primer plano el desplome de la RDA y la suerte de los máximos representantes de una dictadura que duró en rigor 44 años y acabó hace 27. Alemania dio vuelta la página, muchos jóvenes ni sabían que Margot vivía un exilio tranquilo en el país más próspero de América Latina, y algunos tienen ya dificultad para imaginar que un muro kafkiano y criminal dividió su apasionante capital.

Aunque duela, hay que ser justos con los Honecker en Chile: llegaron acá libres de polvo y paja, tras detentar el poder máximo de la dictadura de la RDA entre 1972 y 1989. A Margot no se le pudo comprobar las acusaciones que la vinculaban a la separación forzosa de menores de padres que eran prisioneros o fugitivos políticos, menores que eran dados en adopción a otras familias. Como a menudo ocurre con dictadores, no se hallaron órdenes escritas que la inculparan. Erich también quedó libre, pese a haber sido el jefe de un Estado que encerró durante decenios a sus 17 millones de habitantes y mantenía la orden de tirar a matar a quien intentase huir al capitalismo. La razón: su avanzada edad y cáncer terminal. De ese modo, ambos salieron legalmente de Alemania y entraron en 1992 a Chile, donde tenían familiares y gozaron del apoyo del Gobierno de la Concertación.

Técnicamente, el exilio en Chile fue un proceso "limpio" y permitió a los Honecker algo clave: plena libertad de desplazamiento en un país que no los identificaba con nitidez, y residencia lejos de su patria, donde se habrían encontrado -tanto en el Este como el Oeste- con el rechazo, el desprecio, la ira y el dolor de millones. No hay duda, los Honecker no habrían podido salir en Alemania en paz a la calle, ni siquiera a comprar pan o a comer en un restaurante. Así de inmenso fue el rechazo popular a la pareja.

Ambos están ahora muertos, y Alemania los mira desde lejos y desde una creciente amnesia. Hay naciones que saben dar vuelta la página. Como país, quedaremos en la historia como el exilio ideal de los líderes del último Estado totalitario en suelo alemán. Eso, que debió haber sido responsabilidad de los alemanes, no nos lo despintará nadie. En ningún Estado de Europa los depuestos dictadores comunistas pudieron llevar la tranquila vida de inocentes jubilados. Somos nosotros quienes tendremos que responder cómo toleramos sin cargo de conciencia ni manifestaciones en contra que el dictador comunista de la extinta RDA y su mujer pasearan hasta su muerte tranquilos por nuestras plazas y barrios.

Evidentemente, el fallecimiento de Margot, Ministro de Educación durante 26 años, inspiradora del adoctrinamiento comunista en todos los establecimientos educacionales y una convencida de que al socialismo "hay que defenderlo con las armas en la mano", replantea el tema de la gratitud del exilio chileno hacia la RDA.

¿Cuál es el grado de gratitud, compromiso y complicidad que el exiliado debe guardar con un régimen que acribilló a centenares de personas en la frontera, registró miles de presos políticos y mantuvo encerrada a su población hasta los 65 años de vida? ¿Debe callarse por gratitud la crítica a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos? ¿Corresponde a un exiliado chileno callar ante los abusos por haber recibido un departamento, una beca, un puesto de trabajo, un seguro de salud o una visa de salida múltiple de la RDA? Muchos callan, otros justifican los atropellos, algunos dicen no haber visto nada, y otros celebran la dictadura comunista mientras condenan la de Augusto Pinochet. El doble estándar de esa izquierda es impresentable.

A mi juicio, corresponde agradecer lo que se recibió del Estado germano-oriental (en mi caso, ni vivienda ni vehículo, sí durante año y medio una beca universitaria que tuve que complementar con un trabajo de traductor para vivir); pero al mismo tiempo corresponde reconocer que dichos recursos provenían del sacrificio de ciudadanos que vivían en un Estado que los encerraba detrás de muros y alambradas. Hay que reconocerlo sin tapujos: bajo esas circunstancias uno fue, todos fuimos, al menos, cómplices pasivos de esa dictadura, y el único atenuante a favor nuestro es que disentir habría significado la cárcel. Si uno vivió en la RDA, ella nunca dejará de preguntarte: ¿sigues justificando, ahora que ya no existo, el régimen que impuse a los alemanes? ¿Sigues callando hoy ante las violaciones de derechos humanos de la RDA porque la obtención de un par de beneficios estatales bien valía el silencio?

Los Honecker, que nunca mostraron el más mínimo arrepentimiento por sus actos, murieron lejos del país donde causaron tanto daño y sufrimiento. Ojalá descansen en paz y ojalá sus simpatizantes chilenos (abiertos y disimulados) le expliquen al país por qué consideran que unas dictaduras son malas, pero otras, como la que integró Margot durante décadas, son buenas.

Mujeres y política,

por Tamara Avetikian.

Casos de sobornos, tráfico de influencias, desvíos de dinero, y eventual juicio político en Brasil; acusaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Argentina, y una pobre gestión salpicada con escándalos familiares en Chile han hecho saltar críticas de que las mujeres en el poder no han estado a la altura de los desafíos. Luego de los aplausos porque tres Presidentes reinaban en América Latina, hoy la imagen femenina en la política está por el suelo.

Puede que Dilma Rousseff sea inocente, no lo sabremos hasta que terminen los juicios en Brasil, pero lo cierto es que el impeachment tiene asidero Constitucional —no es un golpe de Estado como dice el Gobierno—, y el caso Petrobras ensombrece toda su Presidencia. Es verdad, ella no está acusada directamente en ese caso, pero era la Presidente del directorio cuando comenzó el billonario desfalco a la petrolera. Si no lo sabía, Dilma al menos es culpable de negligencia severa. Las dudas asaltan cuando aparecen pruebas de que los políticos ligados a la coalición de Gobierno estaban metidos hasta el codo, y que recibieron enormes coimas de las empresas constructoras involucradas. Sí, Dilma no está acusada, pero ¿por qué nombró a Lula Ministro en medio del escándalo, si no era para protegerlo y protegerse?

Hay que dejar a la Justicia aclarar los delitos y al Senado decidir si Rousseff fue culpable de maquillar maliciosamente las cuentas públicas para mejorar su imagen antes de ser reelegida. Nada de eso, en todo caso, tiene que ver con que Dilma sea mujer; lo mismo hubiera pasado si un hombre Gobernaba Brasil.

En Argentina, cada día aparecen nuevos detalles de la “ruta del dinero K”, en referencia a los delitos que están siendo investigados en el entorno de la ex Presidente Fernández. Pero tampoco eso tiene que ver con que sea mujer. Los escándalos de corrupción se remontan a la era de Néstor Kirchner y Cristina fue apenas una seguidora fiel de su marido. Su estilo autoritario e impredecible tampoco es monopolio femenino. Lo mismo que en Brasil, esperaremos a la Justicia para emitir un veredicto. Por ahora, Cristina queda como una pésima Presidente, y con ella la imagen femenina perdió muchos puntos en el ranking de confiabilidad.

Pero ni Dilma Rousseff ni Cristina Kirchner ni Michelle Bachelet son las mejores exponentes de lo que las mujeres pueden hacer en un Gobierno. Prefiero quedarme con Angela Merkel, una mujer fuerte que tiene un proyecto, que impone sus casi siempre acertados puntos de vista, sabe hacerse oír y respetar en un ámbito de hombres, tanto en Alemania, donde reina un machismo solapado, como en las altas cumbres internacionales, donde escasean las polleras. Merkel es lo más parecido que tenemos hoy a la memorable Margaret Thatcher.

Ahora, nos queda cruzar los dedos para que Hillary Clinton, si se cumplen los pronósticos, se parezca más a Merkel o Thatcher que a las otras Presidentes, y nos salve a las mujeres de quedar estigmatizadas como pésimas líderes políticas.

Optimismo a partir del fracaso,

por Héctor Soto.

Buena parte de los cuellos de botella que enfrenta la política chilena responden a una impostura -mentira, insinceridad, sobreentendido, póngale usted la etiqueta que quiera- de larga data. Se remonta al momento en que la Concertación no se atrevió a reconocer que el modelo de mercado instalado por el Gobierno Militar representaba, en lo básico, ajustes más ajustes menos, la mejor alternativa para sacar al país del subdesarrollo, generar riqueza y mejorar las condiciones de vida de la sociedad chilena.

Como ese reconocimiento nunca se explicitó, el discurso de la centroizquierda -el discurso, no la práctica- endosó el modelo a la mochila de trancas, cerrojos y amarres que l’ancien régime legó a la restauración democrática. Lo cierto es que los Gobiernos concertacionistas, lejos de desmantelar el modelo, en realidad lo perfeccionaron. Después de ajustar un poco los impuestos y corregir algunas asimetrías de la Legislación laboral, el Gobierno de Aylwin, por ejemplo, siguió bajando aranceles para completar la apertura económica, y el de Frei no sólo privatizó las sanitarias, sino que, además, en una decisión de gran arrojo político, terminó por cerrar el mineral de Lota, atendida su inviabilidad económica. Después vino el Gobierno de Lagos, con una agenda cultural de indudable signo liberal, que la derecha de esta sensibilidad no supo reconocer en su momento, y un ambicioso programa de infraestructura que pasaría a ser un ícono de las oportunidades envueltas en la colaboración entre el sector público y el privado.

A pesar de todo, el discurso oficial de la coalición no cambió y al final ese largo desencuentro entre las palabras y los hechos pasó la cuenta el 2014, cuando el segundo Gobierno de la Presidente Bachelet, al volver a La Moneda sobre una ola de utopías autoflagelantes, se encontró con mayorías en ambas Cámaras y ya no hubo excusa para seguir postergando el proyecto con el que, al menos en el plano retórico, la centroizquierda- ahora ampliada a un espectro político mayor, el de la Nueva Mayoría- decía haber soñado por espacio de 25 años: desmantelar los ejes magnéticos de orden institucional en función de los cuales Chile se había desarrollado durante este período, para entrar a fardo cerrado a una nueva etapa de mayor protagonismo del Estado, de franco reconocimiento a los derechos sociales y de regreso a políticas redistributivas que le torcerían el pescuezo a la bestia de la desigualdad.

En esas hemos estado. El actual Gobierno subió los impuestos, trató de instalar la gratuidad universal de la educación superior, aunque la cuerda le duró sólo para llegar con el beneficio al 15% de los universitarios, se la está jugando por conferir mayor poder de negociación a los sindicatos e inició un confuso proceso Constituyente que nadie tiene claro en qué consiste y -menos- en qué va a terminar. Hasta ahí no más llegó: esta es la obra gruesa del Gobierno, según el Ministro Eyzaguirre. En el intertanto, la economía se ralentizó, Bachelet quedó cubierta por la sombra de una espesa nube de impopularidad, la Nueva Mayoría se debilitó al punto que los viejos tercios de la Concertación tuvieron que acudir a su rescate (la salida de Peñailillo y Arenas en el fondo fue eso) y el Gobierno ha terminado enfrentándose a la pesadilla de un fracaso político de proporciones. Que hoy sea Ricardo Lagos la mejor carta que tiene la centroizquierda para proyectarse en el poder es una prueba evidente de que la utopía refundacional colapsó. Y colapsó no bajo fuego cruzado enemigo -la verdad es que la oposición sigue durmiendo-, sino por efecto de sus chapucerías, ridiculeces, errores de diagnóstico e improvisaciones.

¿Se está desarmando el país? No. ¿Llegó la hora de partir? Tampoco. ¿La tendrá difícil el próximo Gobierno? Por supuesto, muy difícil. Pero una lectura posible de lo ocurrido -una lectura optimista, es cierto- es que, si algo aprenden las sociedades de las catarsis y de su experiencia, la política en Chile debería reencontrarse en la realidad y con verdades que no por obvias es recomendable refrescar de vez en cuando. Es bueno tomar conciencia de que los países no pueden reinventarse y partir de cero a voluntad. Es bueno recordar que hasta ahora, con mayores o menores grados de regulación, eso lo determinará cada sociedad soberanamente; el capitalismo es el único esquema razonable para generar desarrollo. Es sano tener presente que los derechos sociales pueden corresponder a aspiraciones legítimas, pero que son voladores de luces sin una sociedad próspera que pueda financiarlos; si no, que vayan a preguntarles a los venezolanos qué fue de los derechos sociales con que el Comandante Chávez les emborrachó la perdiz a sus compatriotas. Puede llegar a ser aleccionador para los chilenos, en fin, haber asistido a una experiencia refundacional de este calado, estas pretensiones y estos resultados.

Si para algo podría servir todo esto es para volver a juntar los ejes del debate público -que durante estos años se sobregiraron, se izquierdizaron y se fueron a la estratósfera- con los ejes reales de las preocupaciones y aspiraciones de la gente. El divorcio entre unos y otros nos salió caro: desempleo, frenazo, depresión anímica, polarización, desconfianza. En el futuro habrá que volver a juntar las palabras con los hechos, lo que se dice con lo que se hace, y a partir de ahí quizás las cosas empiecen a mejorar. La coherencia siempre ha sido parte de la higiene política de las naciones.

Un mar muerto y un puñado de contradicciones,

por Oscar Contardo.

“Voy a escuchar, voy de norte a sur”, dice la primera línea de la canción con la que Manuel García le puso música al proceso Constituyente por encargo del Gobierno. Una melodía melancólica acompaña una letra llena de dulzor ciudadano en torno a la idea de que en algún momento nos vamos a ver las caras en un paisaje pintoresco y decirnos, unos a otros, cositas buena onda. Escuché la canción luego de leer las declaraciones del Ministro del Interior sobre Chiloé. “Este Gobierno no es de billetera fácil”, le respondió la autoridad a una comunidad que decidió salir a la calle para que conociéramos su desesperación: hay marea roja y, además, la costa está contaminada por desechos de la industria salmonera colapsada por su propia irresponsabilidad. Hasta ahora nadie les ha detallado a los habitantes de la isla el contenido de los desechos vertidos. Ellos perdieron la confianza frente a instituciones Gubernamentales dirigidas por personas que pasan del lado privado al público como quien se cambia de zapatos, mermando toda independencia y mezquinando información que debería ser pública.

La frágil economía de Chiloé está amenazada y lo que sus habitantes tienen son rumores sobre la cantidad de podredumbre que se arrojó y la manera en que esa basura infectada podría afectar la flora y fauna marinas. De eso viven y alimentan a sus familias, tienen todo el derecho a sospechar. Frente a esto, el Ministro Burgos juzgó que la mejor manera de responderles a los pescadores chilotes era con una ironía tosca que se sintió como una burla destemplada y grosera. Cien mil pesos mensuales por familia les ofrecía el Gobierno -los dueños de la billetera-. La cifra fue conocida la misma semana en que nos enteramos de que el Ejército había gastado cuatro millones de dólares en bebidas alcohólicas durante el tiempo en que estuvo al mando un General que amasó un desmesurado y sospechoso patrimonio personal. Él dice que son ahorros. Para ese General no hubo palabras altisonantes de parte de las autoridades, sino una delicada prudencia oriental.

“Voy a recorrer, cordillera al mar, conversar contigo, a ti que habitas aquí”, continúa la canción de Manuel García. Una descripción de terciopelo dispuesta como una meta en un horizonte de ensueño propio de pergamino de feria artesanal. Todo indica que eso es una promesa, algo que se supone ocurrirá en un futuro indeterminado, no ahora. Por el momento, nuestras aspiraciones deben ser más discretas. Por ejemplo, si necesitamos atención de las instituciones del Estado, éstas no escucharán por las vías formales. Menos aun si tenemos la mala fortuna de vivir en la Provincia. Tampoco se convencerán frente a la evidencia, como la contaminación rampante o la cesantía.

Quedó demostrado con las protestas de Freirina y Aysén. Dos comunidades que agotaron todas las instancias para ser escuchadas y a las que sólo les quedó salir a la calle. Lo que ahora se hizo patente -durante un Gobierno que hizo campaña con el eslogan “Chile de Todos”- es que frente a los mismos problemas, tanto la derecha como la izquierda recurren sin asco al mismo método: mandar de gira por el país a las Fuerzas Especiales de Carabineros. “Los viejos dicen que ni siquiera durante el Golpe vieron algo así”, me comentó un chilote que vio las fotos que sus coterráneos subían a Internet con las imágenes de decenas de policías desembarcando en la isla. Si eso es o no verdad, poco importa. Lo importante es que esa comparación pasó por la cabeza de mucha gente, lo que ya es una desgracia para un Gobierno progresista.

“Conversar, escuchar tu opinión”, reza el estribillo de la canción, que nos debe entusiasmar para participar en el proceso Constituyente. La escucho y pienso cuántos mensajes contradictorios puede recibir alguien de un mismo Gobierno antes de que la molestia se transforme en hastío. Cuántas formas existen para borrar con el codo lo escrito en un programa y transformar un puñado de promesas en una lista de traiciones.

Equilibrio Contralor ,

por Luis Cordero Vega.

En la cuenta pública del Contralor, de la semana pasada, dos hechos llamaron la atención. El primero, el énfasis que puso en la nueva atribución que le entrega la Ley sobre conflictos de interés para verificar la "veracidad" de las declaraciones de patrimonio, pudiendo requerir información a terceros. En segundo lugar, su estrategia para controlar la eficiencia y eficacia del funcionamiento de la administración pública.

La Contraloría tiene una larga historia en el control al Ejecutivo. Desde su creación en 1927, sus funciones han sido la fiscalización de la inversión de los fondos públicos, juzgar a las personas que tienen a su cargo esos fondos, llevar la contabilidad de la nación y controlar la legalidad de los actos de las autoridades administrativas. Cuando en 1943 se reformó la Constitución para reconocerle autonomía Constitucional, el propósito de dicha modificación fue fiscalizar el presidencialismo.

Desde los años sesenta, la Contraloría pretendió no sólo controlar la legalidad, sino que también la eficiencia y la eficacia de la administración pública, lo mismo que desea hacer hoy. Esto se denominó "sistema nacional de control" y fue igualmente resistido por los Presidentes Frei, Allende y Pinochet. El año 2002, cuando se modificó su Ley, el Congreso declaró explícitamente que la Contraloría no podía evaluar aspectos de mérito o conveniencia de las decisiones políticas o administrativas. Aunque las cosas han cambiado, ese pasado sigue siendo importante.

Por otra parte, la nueva competencia para verificar las declaraciones de patrimonio puede terminar por alterar su rol. Estas declaraciones tienen por finalidad prevenir que los funcionarios cometan el delito de enriquecimiento ilícito. Lo razonable habría sido que una atribución como ésa se hubiese asignado al Consejo de Defensa del Estado, porque su ejercicio puede terminar por desnaturalizar el rol Constitucional de la Contraloría.

¿Por qué importan todas estas consideraciones? Por una cuestión de estricto diseño institucional: a diferencia de otras instituciones Constitucionales, la Contraloría es un organismo unipersonal, en la que sus aproximadamente dos mil funcionarios, luego de una reforma de 1981, son de exclusiva confianza del Contralor. En comparación, el Presidente de la República sólo puede disponer directamente de un número cercano a 300 personas. De este modo, todas las atribuciones institucionales y domésticas quedan radicadas en una sola persona, el Contralor.

Pareciera que bajo estos supuestos, y especialmente en el contexto del reconocimiento de nuevas atribuciones a la Contraloría, su diseño institucional inevitablemente debe variar hacia uno de carácter colegiado. Mientras eso no suceda, dependemos únicamente del equilibrio y prudencia que cada nuevo contralor imprima a su gestión.

Auth, el poder y los empoderados,

por Fernando Villegas.

La renuncia del Diputado Pepe Auth al PPD, colectividad que ayudó a crear y en la que militó desde el día mismo de su fundación, fecha gloriosa en los anales de la felicidad nacional, fue catalogada por el chofer de la retroexcavadora como motivada por un fallido afán de protagonismo del renunciado; no habría habido en Auth otras razones que las de un frustrado vedetismo. A Auth le molestaría, afirmó el señor Quintana, que sean Girardi y sus amigos -¿o cómplices?- quienes Gobiernen el PPD, no él. De hecho -es verdad- las andanadas fueron todas disparadas en esa dirección. Girardi estaría comandando, a juicio del renunciado, una suerte de corporación en la que tiene las acciones controladoras desde tiempos inmemoriales. Dicho sea de paso, ¿no es en eso que consiste el poder? Aun así tal vez Quintana pudo ser menos duro en su lenguaje y decir, poniéndose en sintonía con la jerga e idiotismos imperantes, que Auth no se sentía lo suficientemente “empoderado”.

Mientras tanto cabe preguntarse si la renuncia de Auth se limita a un disgusto por el modo como el PPD es manejado o, al contrario, con esa salida expresó de modo acotado e indirecto también un rechazo a la NM y al Gobierno en su conjunto. No es misterio que a Auth, como a tantos hijos y padres de la Concertación, no le gusta el talante que ha tomado el curso de la vida nacional en manos de la Presidente Bachelet y su infinita corte de señoras y señoritas -y también no pocos combatientes y Comandantes- mostrando día a día sus espléndidas habilidades en hasta el último departamento del Gobierno. Vaya a saber uno.

A propósito de “empoderado”, ¡cuántas falacias y mistificaciones no se han dicho en su nombre! Una entera “narrativa”, como se ha bautizado en esta época de eufemismos y siutiquerías a los más vulgares cuentos de hadas, orbita alrededor de ese vocablo. Nos dicen que todos estamos empoderados, que la gente es más “demandante” y nos morimos de ganas de participar en la vida pública. De ahí que cualquier iniciativa que se desee legitimar es presentada en estos días como una respuesta a las demandas del “ciudadano empoderado”.

¿Es eso verdad y real o sólo una nueva enunciación del viejo axioma y acreditación de la democracia como sistema político que expresa la “soberanía del pueblo”, si acaso ha habido alguna vez auténtica soberanía del pueblo? ¿Tiene el ciudadano corriente del 2016 más poder político que el de hace 20 años? ¿Hay hoy un porcentaje mayor del Estado llano asomando la nariz en los asuntos públicos y eventualmente expresando su malestar en “movilizaciones”, en “la calle”, en convocatorias, marchas, asambleas, concentraciones, protestas, etc.?

Definiciones
Antes de contestar se necesitan algunas definiciones acerca de ese proceso de “empoderamiento” que, se afirma, estaría favoreciendo con sus fecundos dones democráticos a cada ciudadano; luego debe verificarse si se materializa en el mundo real y no sólo en el discurso. Se nos dice que sí es real y que sí dota de poder a quien no lo tenía y/o le otorga más poder a quien poseía sólo una modesta dosis de dicha mercancía; se agrega que el ciudadano de una democracia habría tenido hasta ahora sólo el que le da su voto, lo cual sería insuficiente.

Todo gira, entonces, alrededor de la noción de poder, pero, ¿qué es poder? Es, desde luego, cosa muy distinta a lo que pueda hacer una muchedumbre que en la vía pública transita de una cuadra a otra para manifestar qué aspira o desea, qué rechaza o desprecia. El poder no es meramente la fuerza bruta suscitada por la presencia física de miles de ciudadanos ni lo son las demandas estentóreas ni la rabia por mucho que multiplique su voz; tampoco es el conjunto de iras individuales sumándose virtualmente en las redes o las encuestas. Tener poder no es la capacidad de “manifestarse”, sino de actuar con eficacia; el poder es la fría y tranquila posesión de los medios para obtener la obediencia de terceros, a gusto o disgusto, en la consecución de los actos que llevan a un preciso objetivo. Equivale a tener acceso al manejo de instrumentos capaces de ejercer NO un efecto indeterminado, sino respuestas concretas del prójimo para fines determinados y lograrlo sin importar los estados de ánimo de la multitud. Tener poder no es ser popular, famoso, aclamado y querido, sino disponer de acceso al uso de fuerza armada letal, de fuerza jurídica, de fuerza institucional, de fuerza policial y de la fuerza del dinero extraído del presupuesto, pero además de LEGITIMIDAD, esto es, de la simple aceptación ciudadana, aun a regañadientes, de que la posesión de esos medios y su uso conforme a la ley es totalmente válida.

En otras palabras, el auténtico poder político no tiene absolutamente ninguna relación con la aumentada oportunidad del ciudadano contemporáneo para expresar sentimientos, rabia, rechazo, protestas o peticiones ya sea en una concentración inmóvil o en una “movilización”, en una marcha o en las redes sociales. Tampoco, en los casos de valetudinarios o nostálgicos de los años 50, con Cartas al Director.

Fuerza bruta.

¿Qué logran, entonces, las asonadas multitudinarias que en el imaginario de hoy serían expresión del empoderamiento de las masas y por tanto del nuevo poder de cada uno de sus miembros, a quienes se halaga precisamente diciéndoles eso, que lo tienen? Muy poco salvo la archiconocida respuesta de los políticos: “Los hemos escuchado”. Es una frase reveladora porque señala que la fuerza otorgada por la presencia de una multitud real o virtual tiene EFECTOS, pero no RESULTADOS. Un efecto es cualquier consecuencia, un resultado es ESTA consecuencia particular que se buscaba. Efectos son que a esos “empoderados” se les escuche y quizás hasta se les tema, pero lo que salga de ese input vendrá del procesamiento de los titulares del poder, no de su fuente. No habrá entonces tal o cual resultado, sino en el mejor de los casos una “reacción”. Y por lo demás, ¿cómo podría haber un resultado si no se conoce o al menos no se comparte un objetivo específico? ¿Qué medios usar y de qué modo si no sabemos cuál pueda y deba ser su fin? ¿Qué unidad conceptual y no meramente emocional puede haber en esa ciudadanía empoderada? Le ocurre hoy al movimiento Podemos y otros que en España son capaces de expresar protestas, pero incapaces siquiera de formar Gobierno. El consenso alrededor de frases generales de protesta y rechazo -¡No a…!- suscita una ilusoria sensación de unidad, pero es un espejismo.

De regreso a Auth.

Auth sabe todo eso muy bien. Ningún político experimentado deja de saberlo. Jamás podrían reconocerlo en público y quizás ni siquiera en privado, pero entienden que lo del “empoderamiento ciudadano” es una ficción no más original ni más nueva que la del “todos somos iguales ante la Ley” y/o “todos somos hermanos en Cristo”. Este Gobierno, del cual Auth es o era parte, tiene PODER para cumplir con su programa NO porque esté escuchando al “pueblo empoderado” sino porque controla el Estado y sus maquinarias, el Congreso, la distribución de pegas y beneficios, bonos, becas gratuitas y oportunidades. En breve, maneja instituciones y recursos. Si se desea tener voz y voto en él, más vale, como Auth, intentar ser cabeza en alguna sección de la nómina o quejarse si otro ocupó ese lugar. Los “empoderamientos” son para doña Juanita. A Auth no le vengan con ese cuento. 

El futuro afecta al presente: Büchi se nos va,

por Sergio Melnick.

Partamos por lo obvio: se va porque quiere y lo más importante porque puede. Muchas personas hacen eso cada año y nada pasa. Pero este es un personaje simbólico y por ende tiene enorme relevancia. Qué duda cabe que Büchi es un talento nacional y alguien con mucha influencia. Por eso la señal es compleja. Una persona como él no hace cosas irracionales.

La pregunta entonces son las razones. A mí se me ocurren varias bajo el paragua de la “incerteza jurídica” que argumentó. Quizás lo primero es porque varios partidos políticos, muchos intelectuales e ideólogos, y algunas organizaciones sindicales como la CUT, simplemente le niegan validez a la propia Constitución. Se puede discutir sin duda su legitimidad, pero no su legalidad. Para cambiarla hay sólo dos vías: una civilizada dentro de las Leyes actuales, o por la fuerza. Nuestra historia indica que el uso de la fuerza es siempre lo peor. El Gobierno presenta sistemáticamente proyectos que son objetados por el Tribunal Constitucional, y la respuesta política es descalificar el Tribunal o usar resquicios legales a la vieja usanza. Entonces, para partir, si el contrato social no es reconocido, la incerteza jurídica para el futuro es monumental.

El Gobierno que encabeza la cruzada del cambio, que es legítima, curiosamente nunca ha señalado qué es lo que le cambiaría en concreto o qué Constitución promueve. Peor aún, pensar que en el siglo 21 se pueden buscar consensos o modelos vía oscuros cabildos del siglo 19 es simplemente de terror.

La segunda razón es ver lo que ocurre en La Araucanía. Por cierto un problema antiguo, pero lo relevante es la tendencia. Ni los ciudadanos ni los agricultores, menos los forestales parecen estar protegidos por la Ley. El terrorismo campea, asesina y crece, que es lo delicado. Incluso se ha denunciado un vínculo con las FARC, pero el Gobierno no lo investiga. Los camioneros marchan hacia La Moneda, pero el Gobierno usa artimañas y decretos para evitar que lleguen. Ni les dejan ir al baño. Pero finalmente llegan y son severamente agredidos por grupos organizados a dos cuadras de la sede de Gobierno. Los estudiantes han marchado por la Alameda sin la autorización de la Intendencia. ¿Es eso estado de derecho?

La mayoría de las marchas terminan en graves incidentes y nunca se pueden detener a los delincuentes. Encapuchados lanzan bombas molotov a Carabineros desde la Universidad de Santiago, y Carabineros no puede ni entrar ni detiene a nadie. ¿Estado de derecho? Más aún, cuando Carabineros trata de defenderse contra los delincuentes, finalmente son castigados los policías. En este mismo plano, la incapacidad del Estado de frenar la delincuencia genera una incerteza descomunal no sólo jurídica, sino de vida.

Cuando el Servicio de Impuestos Internos se transforma en brazo político del Gobierno de turno, se termina una certeza jurídica. Cuando se permiten huelgas ilegales de empleados públicos, no hay respeto del estado de derecho. Cuando el Gobierno usa un resquicio legal como una glosa, porque no es capaz de presentar una Ley, se vulnera en el fondo el estado de derecho. Más aún cuando discrimina arbitrariamente entre grupos de ciudadanos en un beneficio como la gratuidad. Cuando el Gobierno quiere destruir la educación privada, se empieza a terminar la diversidad de ideas y capacidad de emprender en esas áreas.

Cuando se le grava con una multa a CorpBanca sin debido proceso se vulnera el estado de derecho. No se trata de opinar si el banco merece la multa o no, es la falta del proceso y la capacidad de defenderse adecuadamente. Cuando algunos Congresales de la coalición Gobernante presentan un proyecto para expropiación de SQM, algo huele muy mal.

Cuando un Presidente dice públicamente que es muy responsable con las cuentas Fiscales, y al mismo tiempo tiene un déficit del 3,5%, se endeuda a razón de US$ 10.000 millones por año, y cae abruptamente la productividad, hay algo de fe pública que ya no funciona. Cuando en esas condiciones Fiscales se define un bono en efectivo como un “derecho social”, la lógica técnica de las políticas públicas está en juego. Cuando se aplica la política de la retroexcavadora y los Parlamentarios no hacen su función, y a veces ni leen las Leyes, la incerteza jurídica claro que crece.

En fin, todo lo anterior señala una tendencia, un proceso en marcha. Así como las decisiones de hoy afectan al futuro, ese mismo futuro afecta nuestras decisiones de hoy. Las personas más inteligentes e informadas como Büchi toman sus decisiones antes de que sea demasiado tarde.

Porfía Constitucional,

por Eugenio Guzmán.

La última novedad acerca del proceso Constitucional es que se trataría de uno "inédito en el mundo". Ello no significa mucho, ya que no nos dice nada del resultado. De hecho, es posible que por lo mismo, termine siendo un fracaso. En materia de diseño de instituciones, la experimentación sin antecedentes robustos y sólidos puede conducir a resultados poco favorables. Adicionalmente, los experimentos suponen algún grado de control de los estímulos que se introducen. En este caso, como ello no es posible, la prudencia política y el rigor técnico aconsejan emplear fórmulas de las que exista experiencia acumulada o hayan sido estudiadas.

Entre los objetivos que se buscan está convocar a la ciudadanía a discutir respecto de la reforma. Si se quiere dar legitimidad al proceso, el número de participantes importa. Por ello, no se entiende cómo convocando a grupos entre "15 y 20 personas por localidad" se espera generar un proceso relativamente masivo. Podrá sostenerse que se busca una muestra del parecer de la población; en ese caso, mejor sería realizar una encuesta.

No sabemos tampoco si el sistema tendrá algún mecanismo de rendición de cuentas que permita saber quiénes efectivamente participaron. Y, de existir, surgirá una tercera cuestión: si quienes participaron eran en su mayoría afines al Gobierno, o bien los encargados de conducir el proceso eran promotores afines a la Nueva Mayoría, y a los sectores más a la izquierda dentro de ella. Aquí habría una nueva fuente de fracaso: se trataría de la Constitución de algunos. E incluso cuando sean tres millones de participantes, lo que no parece posible que ocurra —y que, dicho sea de paso, corresponde a los que declaran apoyar al Gobierno hoy—, no entregaría la legitimidad adecuada al proceso.

De no existir mecanismos de rendición de cuentas que permitan una contabilidad adecuada, existe la tentación de duplicar la información y confundir a la opinión pública con los resultados del proceso, abrumándola con información dudosa.

Lo más grave es el experimento mismo: suponer que es posible de realizar un diseño Constitucional convocando a toda la ciudadanía a entregar propuestas de lo que debiera ser la Constitución, lo que contribuiría a la banalización del proceso mismo. Una Constitución no es un catálogo ni un conjunto de peticiones y deseos.

Desacreditar sin base,

por Axel Buchheister.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó, como era previsible, el núcleo de la reforma laboral, la famosa titularidad sindical. No debe sorprender, cuando la Constitución consagra y con toda precisión, que el derecho a negociar colectivamente en la empresa es “de los trabajadores” y que nadie puede ser obligado a formar parte de un sindicato, lo que es incompatible con el monopolio sindical que pretendía la reforma.

Imediatamente, aquellos que quieren sustituir nuestro régimen institucional se movilizaron, denostando la Carta Fundamental y, especialmente, al Tribunal Constitucional. Han enhebrado una serie de argumentos para desacreditarlo.

Primero, que se trata de un órgano que deriva sus potestades de una Constitución fraguada en dictadura. Pero hay detalles que no mencionan. Como que el TC no fue creado por la Constitución vigente, sino en una reforma Constitucional impulsada por el ex Presidente Frei Montalva. Y que en la reforma de la Carta vigente aprobada en 2005 (la Constitución que firmó Ricardo Lagos) se le fortalecieron las potestades de control de la supremacía Constitucional. Y esto lo decidió el Congreso por amplia mayoría.

Jorge Contesse ha planteado que el TC de la Constitución de 1925 era esencialmente distinto al actual, ya que en aquélla sólo tenía por finalidad resolver los conflictos de poderes entre el Presidente y el Congreso. No es así, ya que según la reforma que lo creó en 1970 el TC podía declarar la inconstitucionalidad de proyectos de Ley a instancias “del Presidente de la República, de cualquiera de las Cámaras o de más de un tercio de sus miembros en ejercicio” (art. 78 b, Const. 1925). Es decir, en la Carta precedente la minoría también podía recurrir ante el TC a defender la supremacía de la Constitución, a pesar de lo que acordaran el Presidente y la mayoría del Congreso. En eso no se diferenciaba de la Carta de 1980/2005, que sólo rebajó el mínimo de un tercio a un cuarto.

Otros, aludiendo a experiencias como la alemana, en que el Tribunal Constitucional Federal procura fallar por mayorías amplias y se desalientan cuando no lo logran, han cuestionado que el TC adopte decisiones en votaciones reñidas. Bueno, debieran referir esas críticas a los Ministros que votan en contra del texto expreso de la Constitución. Pero lo cierto es que las cosas al final se resuelven contando los votos y elevar los quórums para fallar sería otorgar un poder de veto a la minoría, algo que tanto les molesta, dado que es “contra mayoritario”. Por su parte, el abogado que representaba al Gobierno recurrió al expediente de descalificar las capacidades y títulos de tres Ministros para cumplir su función. Además de lamentable, es contradictorio: dos de ellos fueron elegidos por el Congreso. Descalificarlos es, entonces, contra mayoritario.

Y descalifican cuando ni siquiera se conoce el texto del fallo y las razones que tuvo el TC para acoger el requerimiento. Una forma poco académica de argumentar y que implica creerse depositario de una verdad revelada. Algo bastante contra mayoritario.

BREVES DE LA ENCUESTA CADEM ENTREGADA AYER.

La aprobación a la Presidente Michelle Bachelet se mantuvo en un modesto 26%, la desaprobación a la mandatario subió 2 puntos llegando a un robusto 65%. El Gabinete Ministerial no se escapa del juicio critico de la ciudadanía, un 73% desaprueba su gestión y solamente un 17% cree que lo están haciendo bien.

Las reformas propuestas por el Gobierno tampoco obtienen gran aceptación ciudadana, la Tributaria es aprobada solo por un 22%, el rechazo llega a 56%, la educacional es apoyada por un 34%, reprobada por un 58%, la Laboral concita el respaldo del 23%, un 56% está en desacuerdo con ella.

La evaluación del Poder Judicial sigue siendo mala, un 60% considera que el sistema de Justicia es malo o muy malo, en 29% lo ve como regular y solo un 10% lo considera bueno. Un 69% no lo considera imparcial, un 66% no lo cree autónomo, un 84% dice que no asegura la igualdad ante la Ley, a un 85%no le da confianza.

Una clara repulsa ciudadana refleja el sondeo sobre la libertad de un par de miles de reos para disminuir el hacinamiento de las cárceles: un 81% no está de acuerdo con la medida, un 14% la apoya, un 1% no responde y un 4% no se pronuncia. Un 85% de los encuestado piensa que la Justicia debe revisar esta resolución.

Sobre necesidad de la existencia del Tribunal Constitucional un 77 considera que la institución es necesaria, y apoya que si considera inconstitucional una Ley prohíba su tramitación. Un 60% aprueba que haya dejado sin efecto partes de la reforma laboral, mientras un 36% manifestó su desacuerdo.

Pensando en los aspectos los aspectos políticos, económicos y sociales un 68% de los consultados cree que el país esta siendo conducido por un mal camino, mientras un exiguo 22% considera que vamos por una buena senda. Un 59% cree que la economía está estancada, un 205 que retrocede y un 14% que progresa.

Las expectativas de trabajo de los chilenos no se ven con optimismo, un 68% califica de mala o de muy mala la situación actual del empleo, contra un 20% que la considera buena o muy buena. En el horizonte del futuro del país están empatados en 35% quienes son optimistas y los que están pesimistas.

Las Instituciones mejor evaluadas y aprobadas por la ciudadanía son las radios, 73%, Carabineros, 69%, la PDI, 67%, los diarios, 50%, las FFAA (*), 47%. Las peor evaluadas son el Congreso, 11%, la ANFP, 13%, Tribunales de Justicia, 14%, la Nueva Mayoría, 18%, y Chile Vamos, 19%.

(*) La campaña sistemática de desprestigio contra el Ejercito ha rendido los frutos que sus impulsores buscan, el apoyo a la gestión que realizan las FFAA llegó al 47%, con una baja de 18 puntos porcentuales.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.