Amenazada
de destitución, la Presidente brasileña Dilma Rousseff estudia la
posibilidad
de
renunciar a su cargo y pedir al Congreso que convoque nuevas
elecciones presidenciales
el 2 de octubre, informó ayer el diario O Globo.
“Más
y mejor empleo”, era el slogan de campaña,
por
Sergio Melnick.
UNA
VEZ más constatamos que más allá de slogans e intenciones nunca
hubo un programa de verdad. A casi dos años y medio del
Gobierno, la tónica ha sido sólo el voluntarismo y la
improvisación. La reforma tributaria fue un transantiagazo más. Las
reformas en educación otro caso de improvisación ideologizada.
Después de todo este tiempo aún no han sido capaces de presentar
una Ley para la gratuidad, lo que significa que nunca lo habían
pensado como tema concreto, era sólo otro slogan. Entretanto, se
recurre al “resquicio” de la glosa, una aberración en materia de
políticas públicas. De haber prometido 300.000 estudiantes con
gratuidad el primer año, sólo llegamos a 125.000, de los cuales un
gran porcentaje ya tenían becas y beneficios.
Es
tal el enredo que tiene la Nueva Mayoría que ni siquiera es capaz de
presentar adecuadamente sus primarias ante el Servel, a pesar de que
el plazo había sido ampliado en tres semanas. Después para
reclamar, se vuelven a equivocar, es como “los tres chiflados”.
La pugna es básicamente la repartición de las cuotas, un tema de
poder más que de ideas. En otro plano, el Gobierno sufre de nuevo un
serio revés en el TC con la reforma laboral. Este Tribunal existe
como es hoy porque en la UP se violó abiertamente la Constitución y
no se podía evitar con la institucionalidad que había. Una práctica
que al parecer tratan de revivir nuevamente, y no aprenden de la
historia. En mi opinión no le queda mucho tiempo a la Nueva Mayoría
como coalición.
En
su campaña, Bachelet ofreció, populistamente, “más y mejores
empleos”. Por cierto jamás explicó cuántos empleos generaría ni
cómo lo haría. Arenas llegó a la desfachatez intelectual de
sostener que la reforma tributaria era pro crecimiento. Piñera, en
cambio, ofreció concretamente un millón de empleos, y los cumplió.
El
desempleo informado esta semana ya nos indica que el gran slogan de
la lucha contra la desigualdad terminará al revés por el aumento de
la pobreza que trae el desempleo. De acuerdo a la Universidad de
Chile, el alza del desempleo, en términos relativos, es nada menos
que del 38% en un año, es decir, pasó del 6,8% al 9,4%. En el mismo
período, los salarios caen en 2,9% en términos nominales, mucho más
aun en términos reales, con una inflación que está en el entorno
del 4,5%. Las explicaciones de la Ministro Rincón obligaron al
Ministro Valdés a llamarle la atención y sigue a fiesta. Para el
Gobierno (INE) es 6,3%. Sobran los comentarios, ¿o no?
Entonces,
el tema del crecimiento y la productividad es básicamente puro
discurso. Es sin duda lo que “hay que” hacer, pero simplemente no
saben qué hacer. Están mucho más interesados en unos oscuros
cabildos, por cierto no vinculantes, y pensados como si fuera el
siglo XIX, con una población de un millón de personas, de los
cuales sólo algunos podían opinar.
La encuesta Imaginacción de esta semana señala que la “Nueva
Constitución” ocupa el último lugar de entre las 10 principales
preocupaciones de los chilenos. Las primeras tres son, como siempre,
Educación, Salud, y Pobreza, a la que pronto se sumará el empleo,
temas donde el Gobierno sigue fallando sistemáticamente. El ejemplo
claro es la huelga de funcionarios públicos de Atacama, que sigue ya
por dos meses y el Gobierno no es capaz de salir del problema.
En
otro plano, llama poderosamente la atención la increíble vulgaridad
y falta de altura republicana del Diputado Rivas, contribuyendo así
al desprestigio de la política que ya no da para más. La respuesta
de Luksic con un video también ha llamado la atención, por cierto
un golpe a la cátedra en comunicaciones del siglo XXI, y ha sido
criticado por algunos periodistas y opinólogos por no hacer una
entrevista, como si ello fuera un estándar o una ley del Estado.
Aquí muchos periodistas han mostrado un doble estándar que jamás
reclamaron por la campaña muda de Bachelet. La política se sigue
enredando con la presentación de algunos Parlamentarios a la
Fiscalía para hacer una investigación de la campaña de ME-O y con
las muy desafortunadas declaraciones del Gobierno en relación al
fallo del TC.
Quizás
le haría bien a la Nueva Mayoría observar con mayor detenimiento lo
que ocurre en la Venezuela chavista, la gran guía de la izquierda
más extrema que está dando la pauta actualmente en el Gobierno.
Venezuela ya llegó al borde del colapso. Su economía cae cerca del
10%, la inflación pronto llegará al 1.000%, muy parecido al colapso
de los regímenes socialistas clásicos, que sólo generan más
pobreza y crisis institucionales. Es
tiempo del camino intermedio de los grandes acuerdos. Chile es uno
solo.
Ideas
libertarias,
por
Adolfo Ibáñez.
No
cabe duda que el cultivo de las ideas es fundamental para guiar la
vida de las personas y de las sociedades. Con el Gobierno Militar
se afirmó la primacía de las personas y de su libertad como base
para reordenar el país. Sin embargo, habiendo transcurrido ya
varias décadas, han ido prevaleciendo cada vez más las tendencias
que favorecen la acción del Estado por encima de los individuos. Es
decir, han alcanzado una gran difusión las corrientes de
pensamiento que disminuyen el valor de la libertad humana para crear
y desarrollar actividades, para favorecer, en cambio, el
dirigismo social.
Esto es así a pesar que lo ocurrido durante el siglo XX comprobó la falacia del estatismo y mostró, además, los extremos de tiranía a que se puede llegar por ignorar la esencia de lo humano. Además, esto ha sucedido a pesar que hoy conocemos mucho mejor las ideas que destacan el valor y la trascendencia de la libertad y de la humanidad de las personas. Sin embargo, ha disminuido la adhesión social a estos valores.
Ha contribuido a esta paradoja la identificación casi total de esta corriente con la libertad que requiere la actividad económica para asegurar el mayor bienestar a la población, unida a la falsa idea de que, asegurado este, solas se afianzarían estas ideas en la mentalidad colectiva. No obstante que hemos alcanzado una notoria mejoría material, tanto en lo económico como en salubridad, prolongación de la vida, educación y numerosos otros aspectos, estas ideas tienen hoy menor adhesión.
De aquí se percibe que se ha descuidado completamente difundir el valor de lo humano y de su libertad creadora en los otros órdenes de la vida. Y, como corolario natural, que la institucionalidad que nos rija debe estar diseñada como un marco para que todos puedan desarrollar sus potencialidades para beneficio personal y colectivo, que es la base de una sociedad fuerte y sana.
Hoy, la difusión de estas ideas choca, no tanto contra la negra experiencia y los fracasos del siglo XX, sino contra el anonimato de nuestra sociedad de masas, caracterizada por la renuencia de todos a asumir las responsabilidades individuales, como medio de labrarnos el destino que cada uno desea para sí mismo (la publicidad comercial ha sido un gran agente de masificación). Hacia este punto es donde deben dirigirse los esfuerzos de difusión y de convicción para fortalecer a la sociedad y multiplicar las oportunidades. Esto solo lo puede brindar un horizonte amplio y abierto donde todos tengan cabida.
Proceso
chavista,
por
Axel Buchheister.
La
Presidente por cadena de televisión dio el vamos a la primera etapa
del proceso Constituyente, que consistirá en unos diálogos
ciudadanos cuyo fin es -nos dijo- que “los compatriotas tengan
verdaderamente la oportunidad de decir lo que piensan y sean tomados
en cuenta”.
Un
proceso que aparenta ser la expresión misma de la democracia: todos
participarán y se expresarán. Pero en realidad no es así, sino que
se trata de un mecanismo que cada día que pasa evidencia un carácter
menos transparente.
El sólo hecho de que la máxima autoridad haga uso de una cadena
“voluntaria” de televisión, para hacer un anuncio que contempla
una sola opción decidida de antemano, como es cambiar la
Constitución, ya es un indicio. Porque no se ha llamado a un proceso
para decidir si se cambia la Constitución. La opción contraria no
existe y en esta definición no se pidió la participación de nadie.
Además, hay un diseño para hacer la sustitución que implica obrar
al margen de la institucionalidad, puesto que no está previsto en la
Constitución y que persigue un solo objetivo: presentar al Congreso
una hipótesis que no pueda rechazar. Se le conculca así el derecho
esencial que se le reconocería en cualquier democracia: deliberar y
votar soberanamente.
Pero
además, no sólo se ha caracterizado por una permanente
improvisación, sino por sesgos y manejos destinados a controlarlo.
Primero,
existe un “Consejo de Observadores Ciudadanos”, que nunca se ha
definido exactamente lo que hace. Ha tratado de labrarse su propio
rol forcejeando con el Gobierno y evitar ser reducido al carácter de
comparsa.
Ahí están los spots publicitarios, la campaña televisiva y el
“docureality”, de los que el Consejo se enteró por la prensa.
Después,
la selección de los “facilitadores”. Si bien hubo alguna
participación del Consejo en los lineamientos, intervino la ADP y se
recurrió a reclutadores externos, los nombres los escogió el
Gobierno.
Y existen relatos de personas que postularon y que se sintieron
excluidas porque se manifestaron en contra del aborto o expresaron
una tendencia no afecta al oficialismo. En
cambio, se dice que un tercio de los nominados tienen vínculos con
este o anteriores Gobiernos de la Concertación;
y eso que todavía no se ha podido revisar la lista completa.
Pero
sobre todo, la voceada participación ciudadana es un mito.
Como ha dicho el abogado Jorge Correa -que no es de oposición-, los
cabildos no van ser representativos y no pueden serlo: cifró la
participación en las reuniones incidentes en un 0,02% de la
población, entre otras cosas por las limitaciones de espacio de los
lugares factibles de realizarlos. José Miguel Insulza -prohombre del
oficialismo- opinó que ese debate no va a llegar demasiado lejos,
que no expresa consenso y que no se hace esperanza de mucha
participación. La vuelta de carnero que se dio después, es otra
evidencia de cómo se están manejando las cosas.
Un
proceso Constituyente que simula ser democrático y participativo,
que utiliza y desconoce las instituciones, y que va a desembocar en
un final predeterminado tiene un solo apellido: chavista.
Por
qué me duele Chile,
por
Hernán Büchi Buc.
Hace
27 años fui por última vez funcionario público. Después de mi
breve paso por la política opté por nuevos derroteros, convencido
de que era el momento para que otros llenaran los espacios y
florecieran nuevas perspectivas. Si miro hacia atrás en las últimas
tres décadas, hay dos instancias críticas en las que tuve una
participación relevante en la vida pública y que son aleccionadoras
para lo que hoy vive Chile. Una de ellas fue el proceso electoral de
1989, donde logré dejar muy claro que frente al 55% de la votación
obtenida por el ex Presidente Aylwin había una proporción sólida y
no menor que pensaba distinto. Correspondió a él tener la sabiduría
para reconocer esa realidad y canalizarla en un proceso integrador y
estable. La otra instancia, y de la que me enorgullezco, es haber
participado como Ministro de Hacienda, ayudando a superar una crisis
económica compleja y a sentar las bases que permitirían el proceso
de crecimiento más vigoroso y sostenido que hemos tenido.
Es muy meritorio que el ex Presidente Aylwin haya actuado con la prudencia necesaria para comprender que debía basarse sobre lo construido y no destruirlo. Con ello permitió que trabajadores y emprendedores crearan una prosperidad que benefició a todos y que era totalmente impensable pocos años antes.
A partir de entonces opté por centrarme en mis actividades personales, las que me requerían estar más o menos tiempo fuera de Chile. Con el devenir de los años me he limitado a opinar sobre temas que son técnicos o dedicados a políticas públicas, como cualquier ciudadano interesado en su país. He dejado siempre claro que no he buscado liderazgo ni cargo político, pero en el país es difícil dejar de ser una persona pública. Por lo mismo, a veces he suscitado interés periodístico y ante ello he debido responder. Así acaba de ocurrir frente a mi decisión de residir fuera, lo que no obsta a mantener vigente mi preocupación por Chile, pero sí centrar mis intereses y tiempo mayoritariamente fuera de él. Es cierto que en esta decisión pesa lo que ocurre acá, pero en ello también influye mi historia y realidad personal.
Estimo que el país se alejó del espíritu amplio, constructivo y realista por el que se optó a principios de los años 90 y al que creo haber colaborado en hacer posible. Por esto me duele Chile. Desde el punto de vista de un ciudadano que debe proyectarse hacia el futuro y, en particular, de alguien que valora la libertad y que desea cumplir las Leyes y normas, Chile es hoy más incierto y hostil para vivir. Son varias las incertezas que amenazan las posibilidades de crecimiento de la sociedad y de las personas. La prioridad del progreso ha sido abandonada y las propuestas del Gobierno de productividad e innovación son insuficientes. La inseguridad ciudadana producto de la delincuencia en las ciudades y los violentos atentados que están ocurriendo en zonas cada vez más amplias en el sur del país hacen que las personas y la propiedad estén indefensas. Por otra parte, cuando las instituciones se debilitan, el poder político tiende a reinar más allá de sus límites, y muchas veces en contra de criterios mínimos de sentido común; por ejemplo, las nuevas interpretaciones administrativas como las del Servicio de Impuestos Internos estableciendo nuevas implicancias penales e incluso aplicándolas retroactivamente. En otros casos se llegan a establecer nuevos criterios judiciales que cambian lo que se había normado sin respetar la doctrina del precedente y sin que medien modificaciones legales.
En el contexto general del país, la Constitución es la encargada de brindar certeza por antonomasia, lo que no equivale a decir que no evolucione. En Chile, a partir de los cambios plebiscitados en 1989, esta ha sido modificada treinta y tres veces. Sin embargo, hoy su espíritu y letra están nuevamente en entredicho, y no porque se hayan presentado propuestas concretas siguiendo las normas por las que se la puede modificar, sino a partir de un proceso con claras reminiscencias totalitarias en que luego el líder traduce la supuesta "voluntad popular". Que la autoridad tenga que salir a declarar que no está en juego el derecho de propiedad es un sintomático símbolo de confusión e inestabilidad.
Es cierto que en democracia si se tiene los votos -y se actúa dentro de la Constitución-, el Gobierno puede aplicar la retroexcavadora en las políticas que se desee. Pero lo que no puede hacer es pretender que además los ciudadanos sigan actuando como si nada pasara, sin sentir el impacto de las malas medidas que se han adoptado.
Después de tantos años, no imaginé ni busqué que una decisión personal tuviera que ser objeto de una explicación pública. Las circunstancias lo han hecho necesario. No he de esconder que no me gusta la incertidumbre que percibo en el país y que este hecho ha influido en mi decisión. Como persona que cree en la libertad, espero poder seguir ejerciéndola, ir y venir y contribuir allí donde lo vea posible. Y por el bien del país, espero que Chile recupere la armonía mínima que se requiere para seguir avanzando.
Transiciones, transacciones, traiciones…,
por Fernando Villegas.
Instalada
ya en el vasto catálogo de las frases hechas, desde hace mucho
tiempo estamos oyendo la aseveración de que no hay nada más arduo y
lleno de peligros que la fase de transición desde un régimen
autoritario o dictatorial a una democracia. Ha cobrado carácter de
axioma político.
Se nos dice que normalmente las sociedades sumidas en ese delicado
trance han experimentado conflictos sangrientos y desde esa premisa
deriva el gran aprecio por la obra cumplida por el fallecido
Presidente Aylwin. Condujo la transición, se afirma, evitando esos
peligros y llevando el proceso a buen puerto.
Es
curiosa tanta persistencia. Estamos indudablemente en presencia de un
dogma preservado con la inamovible convicción de un acto de fe en la
inescrutable naturaleza de la Santísima Trinidad. Sin embargo basta
un breve repaso a los libros de la historia de los últimos 50 años
para constatar exactamente lo contrario:
de las diversas clases de paso de un régimen político a otro que
pueda experimentar una sociedad, ninguna es menos tormentosa y
conflictiva que el traslado desde una dictadura y/o régimen
autoritario y a veces hasta totalitario a una democracia de texto.
Amén del chileno,
varios ejemplos están a la mano:
a)
La transición acaecida en Sudáfrica desde el apartheid a la actual
democracia con igualdad de derechos para sus dos razas se celebró
sin actos de violencia sino al contrario, en medio de un ambiente
jubiloso.
b)
La transición desde la URSS a la Rusia -por breve tiempo-
democrática, cosa que por la dimensión de ese país y su larga
historia como imperio socialista hubiera sugerido que no podía
suceder sin un cataclismo, sólo experimentó un intento de putsch
fallido y el suicidio de tres Generales del Ejército Rojo.
- La transición en Portugal -en 1974- desde el régimen de Salazar a una democracia fue totalmente incruenta.
- La transición argentina desde los Gobiernos Militares a la democracia se llevó a efecto sin convulsiones de ninguna clase.
e)
La transición peruana desde sus regímenes Militares tampoco ofreció
tormentosas dificultades.
f)
La transición española desde el franquismo a la democracia no tuvo
otro incidente que el disparo al aire de un militar fuera de sintonía
ni otro resultado que los honorables agazapándose con muy poca
dignidad bajo sus escritorios.
De
seguro hay más casos. Todos muestran que dicha modalidad de
transición -la transición como tal, el lapso del paso efectivo de
una cosa a otra, NO su etapa previa- es de las más pacíficas o como
mínimo de las menos violentas, lo cual no desmerece la gestión de
quienes las conducen porque en cualquier instancia o fase que viva
una sociedad hay sobrado espacio para el error y por tanto el
desastre.
Siempre importan la inteligencia y el tino de quienes están a cargo.
¿Acaso el “Costa Concordia” y el “Titanic” no eran
barcos flamantes y navegaban aguas tranquilas? Sin embargo en ambos
casos bastó la torpeza del Capitán para hundirlos o hacer posible
el hundimiento. La torpeza, esa perenne y tan abundante virtud
humana, es capaz de mandar a pique al buque más pintado flotando en
aguas calmas, estancar a un país que prosperaba o quebrar una
empresa boyante.
En
las transiciones la buena conducción es entonces importante, pero
lejos de operar sobre una base en extremo difícil, al contrario, lo
hace en circunstancias al alcance de la sensatez y sentido común de
quienquiera posea esos atributos.
En lo esencial dicha circunstancia facilitadora está en la
naturaleza de la situación y consiste en lo siguiente: el solo hecho
de que un régimen que, por definición, controla todo el aparato
institucional y la fuerza armada pero aun así se permite transitar o
ser llevado hacia la democracia en vez de ser empujado a ella -o a
otra cosa- por una guerra civil o una revolución, señala, lisa y
llanamente, que ya era totalmente INVIABLE y a sus titulares no les
quedaba otra cosa que la abdicación y/o resignación y/o rendición,
esto es, una transición. Por eso siempre en un sistema autoritario
viviendo esa experiencia se observa el mismo fenómeno, a saber, que
ya no contaba con el apoyo ni siquiera de los sectores que lo
promovieron, incluyendo las clases privilegiadas, las cuales están
siempre más interesadas en defender su propiedad que al régimen
político de turno, sea democracia o dictadura; cualquiera de ambas
alternativas que cese de ofrecer seguridad a su propiedad y
privilegios automáticamente pierde “legitimidad”. De ahí que
los regímenes autoritarios necesariamente se derrumben si no ofrecen
dicha garantía. Sin el apoyo de los “poderes fácticos” no hay
régimen capaz de sostenerse. De ese régimen abandonado por todos se
puede decir, más elegantemente, que “ya ha cumplido su “misión
histórica”. A partir del momento cuando las estructuras
autoritarias se convierten en económica y políticamente
improductivas, es del mejor interés aun de sus originales defensores
y beneficiarios asegurarse un cambio o transición que les permita el
mejor escape a la tormenta de la venganza y el despojo.
La
anterior es causa necesaria pero no suficiente para la fluidez de
dicho tránsito; se requiere, además, que la contraelite esté
particularmente interesada en evitar desbordes, condición que viene
de suyo en la lógica misma de la coyuntura, pues sólo quienes
prefieren mil veces las transiciones a las revoluciones pueden,
quieren y se les permite negociar los términos del proceso.
Cuando no ha sido así, como en el caso de Portugal, donde una
facción del Ejército rebelde a Salazar intentó imponer una suerte
de socialismo, rápidamente la presión de los moderados se impuso y
cambió la fisonomía de la transición a lo que llegó a ser hoy
día, proceso que se retrata de soslayo en la película Tren Nocturno
a Lisboa.
La
clave de las transiciones son las transacciones. De no haberlas, de
ser, la contraelite, enemiga de todo acuerdo, lo que tenemos es más
bien un intento de golpe de mano revolucionario que inevitablemente
desembocará en violencia. Y, a su vez, la clave de las transacciones
son las negociaciones, cuya razón de ser es llegar a acuerdos. Estos
acuerdos consisten básicamente en la compraventa de pólizas de
seguro. En breve, una transición es una entrega planificada del
poder a cambio de seguridades, siendo la principal de ellas la de que
los responsables o culpables o cómplices o amigos del antiguo
régimen no serán colgados en la plaza pública.
Como
negociar implica que ni se juzga ni se condena ni se ajusticia
o al menos no se hace de inmediato y/o en escala masiva, es
también parte de la lógica natural de estos procesos que tarde o
temprano se acuse a sus protagonistas de haber cometido “traición”.
Niñitos de 15 años con quizás conocimiento de la tabla del tres se
han dado el lujo de desfilar el día mismo de las exequias de Aylwin
haciendo “declaraciones” de ese tenor. Adultos de similar edad
mental a la de esos nenes le han reprochado a Aylwin en vida -y lo
harán también apenas se disipen las emociones del funeral- algo
semejante y en términos igualmente desdeñosos.
Hace tiempo ya que se instaló en ciertos sectores la versión
histórica de que su Gobierno “pudo hacer mucho más” en materia
de justicia pero, al contrario, sólo negoció mucho más de lo
necesario.
Todas
esas personas fueron beneficiarias de la obra de Aylwin, la cual
incluyó por necesidad transacciones celebradas no en la medida de lo
posible, como se dijo, sino haciendo lo imposible para preservar la
recuperada democracia y sofocar el fantasma de un nuevo cuartelazo.
Esa era su tarea, no otra.
Pero precisamente porque se cumplió, precisamente porque la
democracia no fue rota por segunda vez, precisamente porque hubo
continuidad del régimen democrático desde el día “uno” hasta
hoy, esas personas y esos niños se hacen la ilusión de que dicha
democracia recuperada era igual de vigorosa entonces como ahora y por
lo tanto -¡qué falaz es ese “por lo tanto”!- capaz de mucho más
desde el comienzo.
Varios
de esos genios del análisis histórico están hoy en día en el
gobierno.
La indignación por el puente Cau Cau.
Hay indignación en la opinión
pública por el caso del puente Cau Cau en Valdivia. Después que
se gastaran más de 18 mil millones de pesos, los consultores
contratados para evaluar qué hacer con la obra sugieren su
demolición y construir un puente nuevo, lo que se estima tendrá un
costo adicional de $10.000 millones. El resultado es una vergüenza
para la ingeniería chilena, para el MOP y para la constructora.
Al respecto, el Ministro de Obras Públicas ha terminado por aceptar
que la responsabilidad es compartida entre esa dependencia -incluida
su Asesoría Fiscal- y la empresa constructora. El fracaso de este
proyecto, que ha cruzado la gestión de seis Ministros de Obras
Públicas, es mucho peor que el episodio del puente de Loncomilla,
cuya caída gatilló la renuncia del entonces titular de la cartera.
En Loncomilla el error original había ocurrido durante la construcción de la obra -una de las cepas del puente no estaba apoyada en roca-, varios años antes del nombramiento de las autoridades del MOP al momento de su derrumbe. También en el puente Cau Cau, las causas del fracaso comenzaron a gestarse antes del nombramiento del actual Ministro. Aparentemente los problemas tienen su raíz en el diseño original y fueron agravados por deficiencias constructivas y de supervisión. Pero respecto del Cau Cau el Director General de Obras Públicas, correligionario nombrado por el titular de la cartera, autorizó un aumento del valor de obras por $1.800 millones. Posteriormente debió renunciar al advertir Contraloría que había sido, hasta antes de su nombramiento, asesor de la empresa constructora en cuestión.
El prestigio de la ingeniería civil chilena ha quedado en tela de juicio por esta falla de repercusiones internacionales. Seguramente, fotos de este puente se usarán en clases de futuros ingenieros en el extranjero para enseñarles las falencias que se deben evitar. La primera de todas, un diseño demasiado ajustado, sin margen para hacer frente a los posibles errores que podían cometerse en un tipo de obra sin precedentes en el país. El MOP no fue capaz de advertir esa deficiencia en el proyecto que se presentó.
A su vez, la empresa constructora cometió un error fundamental al instalar equivocadamente los tableros del puente, algo que fue advertido por la empresa de ingeniería encargada de la Asesoría de la Inspección Fiscal. El intento de arreglar estos errores hizo más pesada la estructura, y al tener poco margen, el sistema oleohidráulico de levante no resistió las pruebas. Junto con ese descalabro mayor hay una multitud de pequeños desaciertos que debilitaron la estructura y empeoraron su funcionamiento. Como hemos dicho, el diseño en su origen no consideraba márgenes razonables que permitieran salvar la situación, lo que ha concluido con la condena del proyecto.
Pero si muchos de estos aspectos resultan complejos de sopesar para la opinión pública, no lo han sido los vistosos esfuerzos de todos los involucrados por eludir cualquier responsabilidad en este fracaso colectivo. Las investigaciones Judiciales y administrativas, comunicadas con prontitud, solo calmarán la indignación ciudadana si establecen de manera clara las responsabilidades y permiten sacar conclusiones sobre las prácticas del MOP que es necesario modificar para evitar un fracaso tan sonado en el futuro.
Fin de la luna de miel para Macri.
La
multitudinaria marcha del viernes, convocada por las cinco
principales centrales sindicales de Argentina para protestar contra
las políticas que está llevando adelante el Gobierno de Mauricio
Macri, da una idea del complicado panorama que enfrenta el Presidente
trasandino en su objetivo de estabilizar la economía del país. Los
sindicatos, que responden principalmente al peronismo, se
fragmentaron varias veces durante las administraciones de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández, cuando se enfrentaron entre sí y
contra el Gobierno. Ahora, sin embargo, parecen haber encontrado un
frente común en su oposición al ajuste impulsado por el Gobierno de
Macri, y que ha costado ya unos 115 mil despidos entre diciembre y
marzo.
No
es sólo el sindicalismo, sin embargo, el que ha mostrado su rechazo
ante el rumbo de la economía. Las alzas en los servicios básicos
—por el término de los enormes subsidios de la era Kirchner— y
el incremento en el precio de la bencina, de 31% en los últimos tres
meses, han motivado una caída importante, cercana a los 15 puntos,
en el respaldo a Macri en las encuestas. Como si fuera poco, el
Gobierno ha anunciado que podría vetar la controvertida Ley
Antidespidos, impulsada por la oposición, aprobada por el Senado y
que ahora debe discutirse en la Cámara. Esta norma, que prohíbe los
despidos por 180 días y establece una doble indemnización para
quienes sean cesados, ha sido fuertemente criticada por el Gobierno y
organizaciones empresariales.
Macri
ha dicho, con razón, que el ajuste es inevitable ante la caótica
situación económica que heredó del kirchnerismo: inflación
creciente, caída en la inversión y crecimiento descontrolado e
injustificado del empleo público, lo que el actual Presidente
atribuyó a una estrategia de sus antecesores para disimular la
desocupación. Ha anunciado, además, que espera normalizar la
economía antes de fin de año, para lo cual confía en que el
reciente acuerdo con los acreedores internacionales le permita volver
a atraer la inversión privada. Pero los tiempos de la economía
suelen ser distintos a la paciencia de los argentinos, sobre todo
cuando el ajuste afecta directamente al empleo y al poder adquisitivo
de las familias.
El
horizonte electoral, de todos modos, le ofrece al Presidente cierto
oxígeno: las próximas elecciones, Legislativas, serán recién a
fines de 2017. Más inquietante, y una prueba para la habilidad
política del Gobierno, parece la relación que deberá establecer
con el poder del sindicalismo. Éste tuvo ya un papel relevante en la
caída anticipada de los Gobiernos de Raúl Alfonsín, en 1989, y
Fernando de la Rúa, en 2001. En los últimos años, además, las
organizaciones sindicales han adoptado lógicas instrumentales y
corporativas, interviniendo directamente en la vida política del
país. Es un escenario que Macri y sus consejeros tienen muy
presente.
A
nuestros amigos y amigas.
Durante
los cuatro meses en los que hemos estado alejados de las
informaciones tratamos de desintoxicarnos de la mala calidad de los
Gobernantes que tenemos, de la inmensa crisis social que vemos están
incubando, de la inmensa delincuencia que amaga las libertades
ciudadanas y del terrorismo que atenaza a una gran parte de nuestro
territorio.
Terminamos
nuestro periodo de silencio bastante relajados, pero en los pocos
días del fin de nuestro descanso, nos vuelve a asfixiar el mal
Gobierno que tenemos, las escasas capacidades de nuestros políticos,
la delincuencia desatada, el terrorismo de ciertos sectores Mapuches,
el estado de incertidumbre jurídica en que nos desenvolvemos y la
atroz inseguridad ciudadana.
La
evaluación del Gobierno, la peor desde que es medida, es
sorprendente, la apreciación popular de la incapacidad de los
equipos de Gobierno, el fantasma del desempleo, la incipiente
inflación, la improvisación grotesca de nuestras Autoridades, el
vergonzoso ejercicio de tratar de culpar a otros de su ineptitud ya
nos tienen cansados nuevamente.
Sin
duda alguna no vamos por un buen camino, además de alejarnos
demasiado de la senda del progreso, la sabiduría popular ya lo ha
detectado y eso produce un desaliento fortísimo a la hora de evaluar
el futuro, sobre todo si se considera que existen grandes
posibilidades de que muchos perdamos nuestros trabajos y escasas
posibilidades de encontrar otro en un plazo razonable.
Vienen
tiempos difíciles, muy difíciles, esperamos que quienes nos
Gobiernan entiendan que el futuro del país es un asunto serio y que
enmienden los garrafales errores que están cometiendo por una mezcla
nefasta de ideologismos, que ya la historia a botado al basurero, de
improvisación impactante, desprolijidad aberrante e ineptitud
aciaga.
Una
de las cosas que más nos ha impactado es la falta de coherencia, de
rectitud y de lealtad de la UDI que una vez más ha traicionado al
Gobierno Militar al cerrarle las puertas, de una manera grotesca, a
la postulación de Cristián Labbé para la Alcaldía de Providencia.
Esto nos ha dolido con una gran fuerza, aunque creemos que con ello
la UDI ha cavado su propia tumba.
La
renuncia del Diputado Pepe Auth al PPD no nos ha parecido nada
sorprendente, baste ver la calaña de los dirigentes de esa
colectividad y constatar que el Senador Guido Girardi y otros
mafiosos han cooptado a esa agrupación apartándola de una política
seria para tirarse a una aventura de enloquecido revolucionarismo que
quiere arrasar con el país.
Ver
como el terrorismo de una minoría de la etnia Mapuche está
destruyendo el sur de Chile, incluyendo en sus ataques ahora
iglesias, nos tiene horrorizados, pues demuestra que a estos
terroristas, y lamentablemente al Gobierno de Chile, les importa poco
la vida de nuestros compatriotas y no les interesa que se hipoteque
el futuro de centenares de miles de ciudadanos.
El
ninguneo al Tribunal Constitucional, al que respetan solo cuándo les
conviene y falla a favor de ellos, demuestra los afanes totalitarios
de quienes nos Gobiernan, que solo quieren cambiar la Constitución
por una a la medida de sus ambiciones de eternizarse en el poder y de
hacer lo que quieren con el país, sin fiscalización no estamentos
correctivos.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.