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Ni
el mensaje Presidencial del 21 de mayo sirvió a la Presidente
Michelle
Bachelet para mejorar en las
encuestas, la CADEM de ayer confirmó que
su
Gobierno va cuesta abajo en la rodada....
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Los
dientes del dragón,
por Fernando Villegas.
En
la mitología griega deambulan ciertos dragones cuyos dientes,
plantados en tierra, brotan convertidos en feroces guerreros listos
para el combate. Una versión menos pintoresca de lo mismo advierte a
quien siembra vientos que tarde o temprano cosechará tempestades.
Ambas maneras vienen a cuento a propósito de los acontecimientos
ocurridos en Valparaíso el 21 de mayo.
En efecto, estos no ocurrieron por “razones puntuales”, como
dicen los políticos para minimizar los sucesos luctuosos y/o la
corrupción, sino sucedieron y seguirán sucediendo como fruto
emponzoñado de la siembra de una visión del mundo hoy casi
absolutamente hegemónica aunque no por su capacidad de
convicción y/o popularidad, sino por no haber otra. Entre tantos
elementos curiosos de esta singular cosmovisión, la “voluntad del
pueblo” y el “perfeccionamiento de la democracia” pueden
manifestarse con que tan sólo 100 o 1.000 energúmenos se congreguen
y eventualmente pongan fin a la fiesta democrática vandalizando a
todo pasto.
El 21 de
mayo de 2016 pasará entonces a la historia no por las Glorias
Navales ni los anuncios Presidenciales, sino por la más brutal
advertencia que hemos recibido hasta ahora acerca de la monstruosa
criatura que crece en el vientre de varios movimientos, grupos y
sectas a medias políticas y a medias patológicas.
Nacerá en ese templo al aire libre de la soberanía popular que
según la izquierda es la calle. Fue el único anuncio de la jornada.
Los guerreros.
A los guerreros
brotados del suelo de Valparaíso los conocemos de sobra: es una
horda ululante y rabiosa de combatientes y comandantes, anarquistas y
vándalos, flaites y mocosos intelectualmente deficitarios,
delincuentes y psicópatas, todos por igual armados de palos,
piedras, navajas y bombas incendiarias para darse el gustito de sus
vidas en un espacio despejado que tal vez sea, después de todo, las
“grandes avenidas de la historia” profetizadas por Allende. En
ellas reina la impunidad brindada por una fuerza pública atada de
pies y manos por la superioridad política. Sus funcionarios,
temerosos de perder la pega, están más interesados en pasar colados
tras los escudos y no ser quemados o baleados o acuchillados que de
reprimir a los heroicos guerreros. Dicha pasividad e ineficacia es
efecto del simple hecho de haber sido desprovistos de medios físicos
y autoridad para actuar, mientras a la vez suelen ser sometidos a un
escrutinio iracundo y pertinaz por personas, grupos e instituciones
que callan si un “reaccionario” es quemado vivo por acción de
los luchadores sociales, pero no toleran un tirón de orejas
propinado por un Carabinero. Esta
vez, sin embargo, la señora Lorena Fries, quien por una respetable
suma de varios millones al mes se hace cargo semana por medio de los
derechos humanos de la nación, consideró “correcta” la acción
policial. En efecto, para ese sector del que ella es parte fue
correctísima: no hizo casi nada.
Una “fuerza
pública” eficaz hubiera podido sofocar desde un comienzo la
marcha por avenida Pedro Montt de quienes se dieron sobrado tiempo
para incendiar y saquear un establecimiento tras otro y eventualmente
matar al señor Lara, pero es difícil contener hordas armadas
correteándolas con las manos desnudas y tímidos chorros de gas
lacrimógeno no demasiado irritante porque eso, recuérdese, se
prohibió hace tiempo debido a ser muy “represivo”. Ni hablar del
uso de armas de fuego aunque los estén quemando vivos. Ni hablar de
lumas. Ni
hablar del guanaco, no sea que un nene pueda tropezar, caer y pegarse
en la cabecita. Ni hablar de balas de goma aunque por su parte puedan
recibir, como ha sucedido, proyectiles “full metal jacket” de 9
mm. Ni hablar de procesos y sanciones para los pocos detenidos,
siempre dejados en libertad en cuestión de horas.
Los Carabineros ni siquiera debieran usar cascos; ya alguna vez se
dijo que hacerlo era una “provocación”.
Los dientes.
Los dientes de
los que emergieron los energúmenos del 21 de mayo y en toda otra
ocasión han estado siendo sembrados a lo largo de dos años; lo han
hecho el Gobierno, la NM y los adolescentes y jóvenes que en los
colegios, las universidades o hasta en el Congreso orbitan alrededor
del proyecto revolucionario -bautizado “proceso de transformaciones
profundas”- de la coalición Gobernante y la señora Presidente.
Son quienes han satanizado legal y moralmente la acción represiva
contra los subversivos del orden público, siempre descritos
benévolamente como luchadores sociales o pobres víctimas del
sistema. Son quienes predican a jornada completa contra el perverso
modelo y promueven la demolición de las instituciones más básicas.
Son quienes histéricamente hablan de “balas represoras” de la
fuerza pública como si en las calles de Chile decenas o cientos de
manifestantes yacieran acribillados a balazos. Son quienes han
destruido la vigencia de las normas y el respeto por las más mínimas
decencias de la vida en sociedad. Son quienes nos han dejado a la
intemperie, a merced de los violentos.
Lágrimas de cocodrilo.
¿A título de
qué, entonces, han aparecido revolucionarios tuiteando o
discurseando con lágrimas en los ojos por la muerte del señor
Lara? ¿Qué necedad o hipocresía inspira textos donde se
reprocha sus actos demenciales a los ahora llamados “delincuentes”?
¿No abunda todos los días en la boca de estos genios hoy fingiendo
estar escandalizados un lenguaje termocefálico -o microcefálico-
que habla de empujar a un lado a las actuales elites y de
llamamientos a marchas que se sabe bien en qué terminan? Hablamos de
necedad o hipocresía porque no hay otras alternativas: si se cree
que se puede atizar el fuego sin provocar incendios, se es un tonto
de capirote; si se sabe en qué terminan esas cosas pero se las
considera necesarias para empujar el proceso de cambios, estamos
frente a hipócritas redomados.
Es de temerse que
dichas falsas lágrimas las derrama también el Estado central. Cada
vez que se cometen delitos de esta clase, cada vez -y en
La Araucanía ya son cientos de veces- que se cometen ataques
incendiarios, cada vez que se balea a mansalva en emboscadas, cada
vez que se amenaza con violencia, en cada una de esas ocasiones el
Gobierno anuncia “querellas contra quienes resulten responsables”.
Pero nadie resulta responsable. De los detenidos en la “jornada de
lucha”, en pocas horas ya estaban libres todos, menos uno. “No se
ha acreditado el delito”, nos dicen.
Pero no nos
alarmemos porque el Intendente de la Región de Valparaíso anunció
con serena firmeza y viril energía que no se concederán permisos en
el futuro para marchas en los días 21 de mayo. Los violentistas
quedan entonces notificados: pueden organizar sus aquelarres en
cualquier día del año, salvo el 21 de mayo. De ahora en adelante
sólo dispondrán para su lucha social de 364 días anuales, ni uno
solo más.
Adónde vamos.
Si
el lector de estas líneas se embarcara en una máquina del tiempo y
viajara en ella a fines del año 70 para quedarse hasta mediados del
71, olvidando además en el viaje lo que ya sabía, bien podría
decir, a la vista de los sucesos todavía acotados -asesinato de un
General incluido- ocurriendo en ese lapso, que eran exageradas las
advertencias de venir peores tiempos. Podría evaluar los conflictos
del día a día como cosas puntuales comprometiendo sólo a un
reducido grupo de extremistas. Podría insistir con una sonrisa de
complacencia que uno estaba haciendo un “mal análisis”.
Podría hablar de no haber en curso una revolución, sino a lo más
un proyecto de muy necesarias y circunscritas reformas. Podría
olvidar que los conflictos no nacen sólo de la presunta razonable
medida de lo que pretende un sector reformista, sino de su
interacción con el bando opuesto. Podría dejar de ver que los
procesos sociales se multiplican en sus efectos por sus iteraciones
colaterales y se desequilibran con inusitada velocidad. Con toda
seguridad terminaría diciendo, como lo hizo en esos años mucha
gente, que se “había exagerado en exceso”.
Falso
escenario constitucional,
por
Pablo Rodríguez Grez.
La Constitución representa el
cimiento esencial del sistema jurídico. Es ella la llamada a
definir los principios y valores que deben primar al dictarse las
leyes, reglamentos y demás instrumentos de contenido normativo y,
por sobre todo, consagrar los derechos fundamentales que nadie puede
transgredir y la forma de hacerlos valer. Por lo mismo, se ha
definido como la materialización de un "pacto social", en
el cual confluye la voluntad mayoritaria de la nación que, a su
vez, es la depositaria de la soberanía nacional.
Atendida su naturaleza, la Constitución se reemplaza cuando un acontecimiento fractura gravemente la institucionalidad vigente, sea por obra de una revolución o del agotamiento del modelo político plasmado en su texto. Si no ocurre ni lo uno ni lo otro, la sustitución de la Carta Magna es un salto al vacío.
La historia revela que las últimas Constituciones en Chile fueron obra de trastornos y convulsiones que demandaban cambios profundos en el sistema político y social, todos los cuales debían institucionalizarse para posibilitar una pacífica convivencia en el marco del "Estado de Derecho". La Constitución de 1833 fue fruto de la Batalla de Lircay y el triunfo de los pelucones encabezados por José Joaquín Prieto, lo que dio a Chile más de medio siglo de orden y estabilidad política. La evolución de las ideas, la movilización social y el descontento fueron erosionando las bases originales de aquella Carta Política, llegándose al extremo de reemplazarse de hecho el "Presidencialismo" por un improvisado "Parlamentarismo", fruto de una interpretación Jurídica forzada, lo cual nos hizo retroceder en todas las áreas de la actividad pública y privada. Nuestra experiencia Parlamentarista fue un desastre que abrió camino al quiebre institucional de 1924 y, producto de ello, a la Constitución del año siguiente.
Sin un período de transición, aquella normativa solo vino a aplicarse plenamente en 1932, reeligiéndose Presidente de la República a don Arturo Alessandri Palma. Finalmente, sobreviene la ruptura de 1973. Aun cuando se discutan sus causas y las responsabilidades históricas (un capítulo manipulado por las ideologías en pugna, cada día más oscuro y confuso), nadie podría negar, seriamente, que el país requería otra Constitución que, entre las muchas cosas trascendentales que debían definirse, hiciera posible que el país transitara ordenadamente hacia el restablecimiento de su tradición democrática. Así nace la Constitución de 1980 y las sucesivas modificaciones que ha experimentado a lo largo de su vida, instrumento que fijó un itinerario que culminó en 1990 con la restauración del régimen democrático, sellándose con ello el compromiso que en 1973 contrajeron las FF.AA. y de Orden.
La experiencia, por consiguiente, avala lo señalado: una nueva Constitución solo puede darse en el marco de una crisis institucional profunda que exija una refundación del modelo político, social y económico.
En la actual coyuntura política, no se vislumbra una conmoción de importancia que ponga en peligro las estructuras del Estado. Por el contrario, el país reclama diálogo, entendimiento y armonía entre las diversas corrientes ideológicas. Salvo cuestiones más bien puntuales, la Constitución de 1980, especialmente en materia de derechos fundamentales, parece interpretar el sentir ciudadano. No se percibe un clamor social efectivo capaz de desencadenar grandes transformaciones, a pesar de todos los esfuerzos que algunos sectores realizan para aparentarlo.
Todo induce a pensar que se está creando un clima artificial que justifique una reforma que no es expresión de un sentimiento auténtico de la población, con el agravante de hacer creer que muchos de los problemas económicos -que sí existen- tienen como antecedente el tenor de la Constitución, de suerte que su renovación permitirá resolverlos casi milagrosamente. Una estrategia de esta naturaleza encierra graves peligros porque, junto al desencanto que puede seguirse, genera una "escenografía política" capaz de arrastrar al país a cualquier aventura.
Por otra parte, no puede dejarse de lado el hecho de que los procedimientos adoptados con este fin -promulgar una nueva Constitución-, arguyendo como pretexto oír las inquietudes que subyacen en la base social, se apartan de lo establecido sobre la materia en la normativa en vigor. Si, invocando un artificioso sentimiento popular, se quebranta el orden constitucional, los defectos que se proclaman (ilegitimidad de origen) no serán más que una falsa excusa para llevar adelante un mecanismo viciado.
La
tabla de salvación,
por
Hector Soto.
Lo
que no consiguieron las reformas tributaria, educacional y laboral,
sí lo consiguió el proceso constituyente: dividir a la derecha. No
cabe duda que la iniciativa de la Presidente será el caballo de
batalla del Gobierno y el oficialismo para situar la discusión
política de los próximos meses en un eje menos adverso que el de
la gestión Gubernamental.
Para una administración que tiene arriba del 60% de la opinión
pública en contra, que ha hecho de cada reforma un espectáculo
patético y que sigue sin juntar lo que dice con lo que hace, la
necesidad de sacar la discusión de tópicos como el desempleo, la
desconfianza, la delincuencia, el frenazo económico y los
crecientes conflictos sociales es dramática. Son demasiadas las
evidencias adversas y hasta los más entusiastas saben que las
cosas no se hicieron bien.
En el
proceso constituyente, en cambio, el Gobierno no sólo está intacto
y extraordinariamente motivado. Además, tiene la sartén por el
mango, porque es el que coloca el libreto, el ritmo y la música. La
utopía de que tenemos que acordar una Constitución que sea la casa
de todos es fantástica, pero es eso: una utopía. Nunca en la
historia de Chile hemos tenido algo semejante y la propia
Constitución del 25, tan revalorizada ahora por la izquierda, fue
estigmatizada en su tiempo como expresión infame de una legalidad
burguesa que sólo favorecía a la clase dominante.
Obviamente, el ideal es que las Constituciones interpreten a las
naciones y que las grandes fuerzas políticas tengan un mínimo
compromiso de lealtad con sus normas e instituciones. Que duda cabe
que es por ahí donde también falla la actual. Pero es discutible
que ahora sea el mejor momento para intentar establecer un nuevo
rayado de cancha -cuando es tanta la estantería que anda
temblequeando y tan recovequeado el camino para llegar no a una
reforma, sino (amárrense los pantalones) a una nueva Constitución.
Es cierto que fue un compromiso programático del Gobierno. Pero
también lo fue la gratuidad para el 70% de los estudiantes más
vulnerables que llegan a la educación superior. ¿Y?
Bien mirado, el
proceso constituyente es con mucho, hasta ahora, la iniciativa
política más exitosa del Gobierno. Incluso, podría ser su tabla
de salvación. Ciertamente, es mucho más un medio que un fin y eso
queda claro desde el momento en que el Gobierno no ha sido capaz de
explicitar qué Constitución es la que busca y qué es lo que
rechaza de la actual. La Presidente dice que eso es así porque,
como autoridad que es, no quiere contaminar el proceso. Desde la
oposición sospechan que es porque el Gobierno no sabe bien lo
que quiere y porque hay divergencias en su interior. Al final, todo
esto es confuso. Incluso, esta semana la Presidente dijo que no
estaba segura si el derecho a la vida era el más importante que
debía garantizar la Constitución y a renglón seguido uno se
pregunta que si no es ese, entonces, ¿cuál sería?
Confuso
y todo, el proceso es un operativo político eficaz. Lo es no sólo
porque saca al oficialismo, de cara a las elecciones Municipales de
este año y a las generales del próximo, del test de la evaluación
de sus reformas y de sus responsabilidades en el actual clima
anímico del país, sino también porque es una idea que, sí o sí,
estaba llamada a descolocar a la oposición. Enfrentada al dilema,
la derecha no tenía por dónde zafar.
Perdía si entraba al proceso. Perdía también si no lo hacía.
No es extraño,
así las cosas, que Chile Vamos no haya podido unificar posiciones.
Quiso, pero no pudo. La mayoría, los más renuentes a participar,
apuntan a lo desnivelada que está la cancha y a las escasas
garantías políticas de ecuanimidad. Los menos, representados en lo
básico por Evópoli, ven un error en que la derecha vuelva a
restarse de una discusión donde sus posiciones debieran estar
presentes si no quiere que el texto resultante no recoja ninguna de
las causas y prioridades del sector.
En términos
orgánicos, Chile Vamos decidió restarse institucionalmente del
proceso. Lo considera ilegítimo. Sin embargo, dio libertad de
acción a que militantes de los partidos y movimientos suyos
participen. Siendo una manera de estar y de no estar, se trata una
solución de pura conveniencia.
Que sea un
acierto o un error de proporciones es, de momento al menos, un
asunto opinable. Todo va a depender de la convocatoria que tenga el
proceso, de los niveles de participación que consiga, del
protagonismo que mantenga en la agenda. Incluso, de la épica que
pueda transmitir. No es fácil movilizar o emocionar a la gente sin
entrar a los contenidos y en función de puros dilemas procesales.
Tampoco, no obstante, es imposible.
El
Gobierno y la Nueva Mayoría saben que está contra el tiempo. Los
verdaderos enemigos del proceso no son la derecha que ya descalificó
el proceso por turbio, manipulado y tramposo, ni tampoco la gente
que, a raíz de las revelaciones y escándalos, ya no tiene ni
siquiera una gota de confianza en la política. Los enemigos son una
economía que sigue con poca capacidad de reacción, un desempleo
creciente, una conflictividad social que no para, una popularidad
Presidencial que no remonta y una sensación de hastío ciudadano
que, proyectada a los dos años que Bachelet todavía tiene por
delante, tampoco tiene buen pronóstico.
Un
sadismo inexplicable,
por
Joaquín García Huidobro.
Un
marinero tenía dos mujeres en puertos diferentes. La primera era
joven. Cuando su amante la visitaba, le sacaba las canas, para
quitarle la edad. La otra, más vieja, le arrancaba los pelos negros:
ella lo quería con una cabellera blanca. Entre las dos lo dejaron
completamente calvo. Algo semejante está sucediendo con la política
chilena del último tiempo, donde todos hacen su parte para quitarle
al país algo más valioso y escaso que la cabellera: sus políticos.
Las campañas políticas cuestan unas sumas exorbitantes. Como el financiamiento estatal era insuficiente y los partidos pobres, los candidatos tenían que salir a mendigar unos recursos escasos en lugares oscuros a altas horas de la noche. Eso los ponía inevitablemente en zona de riesgo, pero ¿qué más podían hacer?
Como buenos chilenos, nuestros políticos quisieron darle a su conducta un cierto marco de juridicidad. En otros países, estas cosas se hacen entregando unos maletines llenos de billetes, en el piso -4 de un estacionamiento céntrico, a las dos de la madrugada. Pero nuestros Parlamentarios no querían que nadie pensara mal de ellos, y respaldaron esos dineros con unas boletas ideológicamente falsas. En el peor de los casos, implicaban una multa tributaria, pero el SII cambió su interpretación, y transformó una travesura menor en un delito bastante grave. Es decir, le arrancó una buena mata de pelo a nuestro buen hombre y lo dejó con la apariencia de un gran fascineroso.
Como los primeros descubiertos fueron de derecha, la izquierda lanzó toda su artillería. No reparó que esas municiones iban a dar la vuelta y caer sobre sus propias filas. Así, con el concurso de todos, la obra de demolición de la política siguió avanzando.
En vez de reconocer estas faltas, que en su mayoría eran menores, los políticos escondieron la cabeza. Esa irresponsabilidad fue mucho más grave que la emisión de un par de facturas sin respaldo, y hoy los sume en el desprestigio. Un botón de muestra: el 85% de los habitantes de la V Región cree que el Congreso es una institución corrupta, mientras que solo el 57% piensa lo mismo de las Municipalidades, donde, en mi opinión, sí tenemos problemas serios de corrupción (Fundación Piensa, encuesta mayo 2016).
Después llegaron los Fiscales, gente joven y llena de energía. Cumplieron con su deber y se lanzaron en picada contra los infractores. Era sencillo seguirles el rastro, porque habían actuado con un enorme candor. Más golpes sobre las espaldas de la política.
La prensa no quiso ser menos. En vez de poner las cosas en su contexto y proponer soluciones sensatas, no resistió la tentación de transformarse en la última reserva moral de la república, y le echó más leña al fuego. De paso, en las redes sociales los ciudadanos descargaron todos sus resentimientos.
Así, una a una han ido quedando manchadas muchas de nuestras principales figuras políticas. En las últimas semanas, la víctima ha sido Carolina Tohá. No han faltado en la derecha quienes se alegran de su infortunio político, sin reparar el daño que supone para el país. En política pasa como en el fútbol: uno puede ser la selección alemana, pero si le ponen delante un paquete, es imposible que haga un buen partido. Ahora algunos pretenden manchar a la propia Presidente Bachelet. ¡Delirante!
¿Qué clase de país es el nuestro, que se permite el lujo sádico de gozarse al eliminar a quienes, con luces y sombras, se dedican a servirlo? ¿Cuántos de nuestros mejores políticos tendrán todavía que enfrentar el descrédito por unos actos que, en su mayoría, están lejos de tener la gravedad que se les atribuye? Es un entuerto que nadie puede resolver, porque todos están, cual más cual menos, involucrados.
Una cosa, sin embargo, parece clara. La salida de este atolladero no está en manos de los Fiscales, porque no es jurídica, sino política, aunque los políticos pueden hacer muy poco para resolverla. Todavía cabe que la Presidente nombre una comisión respetable (una suerte de nueva comisión Engel) que haga propuestas no sobre las reglas futuras, como la anterior, sino sobre el modo más sensato de hacernos cargo de los errores pasados y le ofrezca al país una salida, una forma honorable de darles a nuestros políticos una nueva oportunidad.
De lo contrario, solo quedarán en el Congreso los millonarios y aquellos que son financiados por un tipo muy determinado de "empresarios": aquellos en cuyos negocios, por definición, no se necesitan boletas.
La
semana post 21 de Mayo,
por Sergio Melnick.
El discurso y su tono fueron muy buenos, el contenido reguleque. La
noticia se la llevaron las protestas en Valparaíso que tuvieron una
violencia inusitada con un muerto a su favor para los jóvenes
combatientes. Se abrió una enorme polémica con Carabineros,
en mi opinión claramente inhibido y amarrado de manos por el Gobierno y amedrentado por los violentistas.
En otro frente, a
la salida de Auth del PPD, se suma ahora la de Saffirio de la DC, dos
figuras emblemáticas para sus partidos que hacen críticas demasiado
severas a sus partidos. “En el partido prevalece la protección de
cuotas de poder más que los principios” y el Sename no funciona:
los niños corren peligros, dice Saffirio. Las elecciones del PPD han
sido cuestionadas. “Hubo falla informática” dicen unos, y la
Diputado Carvajal denuncia “robo de votos” y “locales de
votación fantasmas”. El choclo se desgrana. En otra arista del mal
ambiente nacional, la rebelión de los Diputados PS contra la Ley
corta anti delincuencia de su propio Gobierno se frustró dejando
muchos heridos en el camino y una pugna no menor con el Ejecutivo.
Este último, a su vez, sigue sin saber lo que hacer en el tema
laboral aumentando así la incertidumbre general. Se pasea entre el
veto y la Ley corta y elude hablar del tema cuando es indagado. Para
rematar el PC acusará internacionalmente a su propio Gobierno en
relación a los DD.HH. Lindo.
Por si todo eso
fuese poco, se agudiza una nueva huelga en Gendarmería por la crisis
carcelaria que denuncian hace mucho tiempo y no son escuchados por
nadie. Siguen los procesamientos de políticos en los Tribunales. La
televisión boliviana hace videos de dibujos animados para burlarse
de nuestro Canciller. Un grupo de “estudiantes” bastante audaces
se escabullen dentro de La Moneda, incluso tras haberlo anticipado
por Tuiter, dejando en ridículo a la guardia del palacio. Doce de
los “invasores” tenían muy malos antecedentes policiales. Una
Diputado del PC, avalando de alguna manera el uso de la fuerza,
calificó el hecho como muy creativo. Después otros estudiantes
lograron llegar hasta el techo del Mineduc, desplegando un enorme
lienzo difundido por las redes sociales. Además, mantienen ya unos
10 liceos tomados, los que podrían aumentar. Para agravar el tema
hacen una marcha no autorizada con una violencia pocas veces vista
que deja 35 Carabineros lesionados. A ello se suma la toma de una
buena parte de la UNAB.
Pero la cosa
sigue. Apareció ahora una quinta cutufa financiera, se supieron los
increíbles escándalos del mal manejo de la ANFP. Hasta apareció un
jet como el de ME-O. Curiosamente, hace seis meses Jaime Estévez, de
la UC (ex Ministro), aseguró que las cuentas de Jadue en la ANFP
estaban “ordenadas y claras”. De no creer.
También empezó
una oposición desde las propias filas de la Nueva Mayoría al
extraño financiamiento, con una billetera extraordinariamente rápida
por nada menos que US$ 100 millones, para tapar la mala gestión y
las pérdidas de TVN durante los dos últimos años. Un fenómeno
similar a lo que se hace con el Transantiago. El
Gobierno aludió, engañosamente, a un “proyecto” de inversión
en la modernización del canal, pero curiosamente nadie ha visto
proyecto alguno. Todos sabemos que es sólo gasto y de mala calidad.
Más aún, se anunció un canal cultural, del cual tampoco se ha
conocido proyecto alguno. Esto paradójicamente ocurre cuando el
Gobierno dice que quiere controlar el gasto. TVN existe en un terreno
de nadie: es Estatal pero es comercial, algo que nadie entiende muy
bien. Otra mala Ley de nuestra clase política.
Tenemos funcionarios públicos haciendo telenovelas y reality shows o
programas de farándula con remuneraciones muy abultadas para la
administración Estatal. ¿Será todo ello la función del Estado? Lo
más grave es que el Presidente de TVN no asume su responsabilidad,
dice que ha bajado los costos. Lo elemental sería saber las pérdidas
del canal en el primer trimestre de este año. El canal es manejado
por un directorio cuoteado políticamente (la antítesis a la buena
gestión) y se anuncian ahora más directores, pero nombrados por
reparticiones del Gobierno. También se anuncia la ampliación del
giro, anticipando el interés de seguir controlando medios. Además,
es muy injusto para la competencia privada, ya que los errores los
pagamos todos, no los responsables.
De
pasadita, como si faltaran problemas, se incendiaron dos iglesias más
en La Araucanía, un lugar que para el Gobierno parece no existir. Lo
que ocurrió esta semana parece ser la tónica cotidiana de nuestro
país desde hace dos años. Claramente las cosas no están bien y
cada día puede ser peor. La buena noticia de la semana fue el
8,4% de aumento de las ventas del comercio metropolitano en abril.
Haga usted su propio balance.
Pasado,
por
Adolfo Ibáñez.
Todo
tiempo pasado fue mejor. Es lo que se afirma cuando invade la
nostalgia. Es lo que nos transmite el Gobierno y la Nueva Mayoría a
diario. Así el país se está yendo a un pasado negro de
estancamiento y frustración: el Estatismo del siglo XX en sus dos
tiempos, el primero de benefactor público, a partir de 1925, que
puso un freno al desarrollo, y el segundo, revolucionario-utópico
en la década anterior al Once, que terminó de liquidarnos.
El
Gobierno defiende hoy a los taxistas luego de haber liquidado en
2007 a los autobuseros con el Transantiago, sumiéndonos en la
calamidad de lo muy malo. Es una contradicción porque ambos gremios
son parecidos. La explicación es que Uber es una aplicación
tecnológica que nos sitúa en el presente de cara al futuro. Los
autobuseros eran el pasado, pero cumplían con eficiencia, mientras
que la empresa Estatal Transantiago es más pasado aún, con el
agravante de ser anticuada e ineficiente. Todas las reformas que ha
impulsado el Gobierno son como el Transantiago: nos llevan al pasado
malo y frustrante, pues reniegan de la capacidad y creatividad de
las personas. Le entregan, en cambio, al Estado (el Hermano Mayor)
la tuición de la vida de todos para transformarnos
en engranajes de una máquina.
Siempre que las innovaciones tengan como foco a las personas y su creatividad para escoger y orientar sus vidas, la Concertación y la Nueva Mayoría reaccionarán frenéticas y destempladas para oponerse a esos logros del espíritu humano (no "conquistas") en pos de bienestar material, espiritual y cultural. Reaccionan con violencia, como las marchas callejeras, y contradiciendo a la institucionalidad que pone vallas a sus pretensiones. De aquí que la consigna de fondo de los izquierdistas es destruir todo vestigio de los avances positivos que hayan logrado las personas. Confían en que más adelante, cuando se constate la maldad de sus políticas, la sociedad oprimida ya no podrá hacerse oír, ni menos incidir en la marcha del país. Por supuesto que en ese momento los iluminados de hoy, y la sociedad de privilegiados que resultará de estas reformas, vivirán en la abundancia y lejos del molesto vulgo reducido a la miseria.
Para lograr todo esto la receta es también vieja: desviar la atención de los problemas reales, aquellos que enfrentamos cotidianamente. Es el debate de la nueva Constitución que han planteado: su objeto es distraernos de la realidad presente y cerrarnos el horizonte del futuro en base a la ilusión de un esplendoroso pasado.
Violentismo
callejero y desprecio de las instituciones.
Es posible que, en la cambiante
actualidad, el foco de la atención tienda a concentrarse este fin
de semana en el hecho de que la Presidente de la República haya
prestado declaración ante un Fiscal. Ello no debe sin embargo
distraer respecto del curso profundo de los acontecimientos y de
algunas preocupantes tendencias que lo definen. Desde luego, el país
ha podido apreciar en estos días las consecuencias del fenómeno
violentista ya sea en su vertiente más extrema, con los incidentes
que rodearon la última cuenta Presidencial y que significaron la
muerte de un trabajador inocente, o en aquella que, bajo formas
audaces y autoconfiriéndose una inexistente representatividad,
pretende mellar la dignidad de las autoridades elegidas
popularmente. Con todas las evidentes diferencias y la muy distinta
gravedad de uno y otro hecho, tras las actuaciones de los
violentistas que incendiaron un edificio en Valparaíso y de los
estudiantes que irrumpieron en La Moneda el martes subyace un
sustrato común de desprecio hacia las instituciones propias de un
Estado de Derecho -de cuyo funcionamiento es precisamente prueba la
declaración prestada por la Mandatario- y una expresa voluntad de
imponerse a ellas.
La ambigüedad del rótulo "movimiento social" -utilizado indistintamente para denominar un cúmulo de manifestaciones diversas en sus objetivos y modos de expresión- suele suscitar confusión y termina otorgando un manto de pseudolegitimidad a estos grupos. La revisión atenta de sus propios planteamientos, sin embargo, debiere disipar cualquier duda: más allá de demandas o reivindicaciones puntuales adoptadas con sentido estratégico, lo que ellos buscan es ejercer un poder que no han podido alcanzar por las vías propias de la democracia. Su discurso, que describe el camino seguido por el país como uno de engaño y abuso, del que los ciudadanos solo podrían liberarse por medio de la protesta violenta, es cristalino a ese respecto, como lo demuestra el video subido a internet por la Juventud Rebelde, grupo organizador de las protestas estudiantiles del martes.
Paradigmática ambigüedad comunista.
Durante décadas, el rechazo al violentismo y la defensa de las instituciones fueron un consenso extendido en el país. En los últimos años, ya sea por genuina convicción o por el mero oportunismo de quienes creyeron poder encauzar las fuerzas de "la calle" en beneficio de sus propias posiciones, tal consenso parece haberse debilitado. Expresión de ello es la recurrente tendencia a minimizar la gravedad de los actos vandálicos que suelen acompañar ciertas manifestaciones masivas y a eludir cualquier responsabilidad por parte de sus organizadores, bajo el expediente de atribuirlos a "infiltrados" o a reacciones inevitables ante la represión policial.
Paradigmática es la ambigüedad del discurso comunista, que esta semana buscó poner en un mismo plano las acciones de grupos criminales como los que quemaron el edificio del Concejo Municipal porteño y la actuación de Carabineros, lo que provocó la comprensible y justa molestia del General Director de esa institución. También, Diputados de esa colectividad legitimaron y destacaron el "ingenio" de la protesta de los jóvenes en La Moneda, para luego cuestionar muy tibiamente su conveniencia. Cabe admitir, sin embargo, que respecto de este último hecho la propia reacción de la Jefe de Estado pareció privilegiar, involuntariamente al menos, la comprensión de las motivaciones estudiantiles -"todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional", dijo- por sobre la prioritaria defensa de la dignidad del mando Presidencial.
La eficacia, una tarea pendiente.
En ese contexto, es destacable la claridad con que han abordado el tema las autoridades del Ministerio del Interior, el Ministro Jorge Burgos y el Subsecretario Mahmud Aleuy. Como lo demostraron los sucesos de Valparaíso, no siempre sus dichos se han traducido en una acción eficaz contra el violentismo, y en ese sentido resulta valiosa -y es de esperar que marque un giro- la decisión con que se actuó el jueves para impedir una marcha no permitida, luego de que los convocantes desecharan las alternativas de recorrido propuestas por la autoridad con el fin de minimizar eventuales daños a terceros. En contraste, nuevamente aquí las Diputados del Partido Comunista exhibieron la corrosiva ambigüedad con que se ha movido esa colectividad en estas materias, al interceder para apoyar la intransigente demanda juvenil, en lugar de apoyar la decisión de un Ministro del Gobierno a cuya coalición pertenecen.
La indignación popular frente a la muerte del guardia Municipal Eduardo Lara y las expresiones de apoyo a Carabineros frente a lo que se advierte como un sesgo reiterado del Instituto de Derechos Humanos respecto del actuar policial, muestran a una ciudadanía que ya no parece dispuesta a tolerar dobles estándares. Tristemente paradójico es que el hijo de aquel funcionario fallecido, al comparar el trato dado a manifestantes de izquierda heridos en protestas y el recibido por su propia familia, denuncie lo que percibe como una actitud desigual por parte de quienes han proclamado el combate a las desigualdades como su principal bandera y reclaman para sí el mérito de haberle evitado al país las explosiones sociales.
Ciertamente,
hay aquí una tarea pendiente.
La
pérdida del relato oficialista.
No son pocos los simpatizantes o representantes de partidos políticos
de la Nueva Mayoría que han manifestado críticas a la cuenta anual
de la Presidente de la República ante el Congreso Pleno por lo que
califican como una “pérdida de relato” o el menor
aprovechamiento de la instancia para fortalecer las líneas generales
que guían su administración.
Se trata,
evidentemente, de impresiones que llaman la atención, considerando
que la cuenta anual corresponde a una obligación Constitucional que
tiene por objeto revisar el estado general de la nación ante los
Parlamentarios, a lo que se suman las reiteradas alusiones de la
Mandatario, durante su exposición, al carácter histórico y sin
vuelta atrás que asignó al conjunto de reformas promovidas durante
la primera mitad de su gestión.
Después de
todo, fue la propia Presidente la que planteó, desde el comienzo de
su administración, la intención de concentrar los proyectos más
radicales de cambios -tributario, laboral y educacional- en los
primeros dos años de Gobierno, para dedicar la segunda parte a su
implementación. De hecho, fue esa misma presión la que llevó a
impulsar una agenda de reformas apresurada, errónea y dispersa,
ignorando las advertencias de expertos y sectores involucrados.
Efectivamente, el
discurso Presidencial adquirió un cierto tono conciliador y dejó
entrever alguna moderación en sus planteamientos, motivada
principalmente en la alicaída situación económica por la que
atraviesa el país, pero los propios Ministros de la Presidente se
han encargado en los días sucesivos de aclarar que nada de ello
supone una renuncia a los objetivos trazados en el programa.
Así lo dejó en
claro, por ejemplo, el Ministro de Hacienda, en referencia a las
críticas por la falta de anuncios concretos en favor del
crecimiento: “Cuando me dicen que faltó un anuncio, ¿qué cosa
es? ¿Abandonar las convicciones que tiene este Gobierno? Eso es
irreal”, señaló. También lo hizo el Ministro Secretario General
de Gobierno al recordar que el denominado “realismo sin renuncia”
sigue tan vigente como antes en la planificación oficialista.
Por lo mismo,
tanto los reclamos de algunos sectores del oficialismo descontentos
con el mensaje, como de aquellos que definitivamente han optado por
tomar distancia de la coalición, parecen más bien esconder alguna
pretensión electoral ante la proximidad de los comicios Municipales
o, definitivamente, una presión para evitar que la justificación
económica termine moderando el plan de reformas trazado por la
autoridad.
Desconocen
estos sectores que la pérdida del relato, al menos aquel que
pretendía reflejar los verdaderos intereses ciudadanos, se produjo
de manera paulatina, con el distanciamiento de las preocupaciones y
el respaldo que fueron reflejando diferentes encuestas de opinión.
Ello repercutió, como era de esperar, en el clima de entendimiento
interno de la coalición Gobernante y que tuvo su más reciente
expresión en la imposibilidad de acordar primarias conjuntas dentro
del plazo establecido por la Ley.
Pese a que “las
señales son claras”, como dijo el Ministro del Interior, este
panorama no permite anticipar un actuar muy distinto del Gobierno en
su tarea por imponer un plan de reformas que ha mostrado su impacto
tanto en el plano económico como en el clima social. Esto no
beneficia al país, y por lo mismo cuanto antes se adviertan signos
de rectificación, será una señal en beneficio de la confianza.
Capitalización de TVN.
El anuncio
formulado por el Gobierno sobre capitalizar a Televisión Nacional
(TVN) generó múltiples cuestionamientos, no sólo desde la
oposición, sino también desde el propio oficialismo, por estimar
que los US$ 100 millones anunciados constituyen una cifra excesiva y
que no se condice con la apretada realidad Fiscal por la que
atraviesa el país.
La cifra es
ciertamente abultada y no ha logrado ser justificada. El Gobierno
señala que se destinarán US$ 70 millones para una “modernización”
del canal que le permita asumir los requerimientos de la nueva
televisión digital. El resto se destinará a la implementación de
un canal cultural, cuyo diseño aún se desconoce.
Si bien es la
primera capitalización de TVN en 25 años, lo elevado de su monto
coincide con que la estación ha experimentado severas pérdidas
económicas (del orden de $ 25 mil millones en 2015), caída que se
explica principalmente por una fuerte baja en los ingresos por
avisaje. No parece justificable que TVN acceda a fondos públicos
sin antes contar con un plan que le permita reconectarse con su
audiencia, porque existe el riesgo de que parte de estos recursos
simplemente terminen cubriendo un déficit operacional.
Parece
poco prudente seguir adelante con este plan de capitalización cuando
desde el propio oficialismo se advierten evidentes problemas de
sustentabilidad política, lo que hace recomendable que el Ejecutivo
se replantee la propuesta. Ello no sólo
supone revisar los montos asignados, sino también el modelo de canal
público. Si lo que se busca es un canal subsidiado con fondos
Estatales, con una programación que no responda a criterios
comerciales, entonces no debería capturar avisaje publicitario, ya
que constituye una evidente competencia desleal para el resto de los
canales,
los que no reciben fondos del Estado.
