Temas para meditar y entender lo que realmente pasa...

Hemos considerado como la imagen del día esta caricatura de Jimmy Scott que

creemos muestra con claridad la dicotomía actual de la exigencia de deberes

con el olvido de los deberes. Imagen tomada de El Mercurio.

Hacer leña del árbol caído,

por Pablo Rodríguez Grez.

Entre los muchos defectos que tenemos los chilenos, quizás uno de los peores sea el de solazarnos con el fracaso de ciertos personajes emblemáticos. Así se trate de un deportista, un empresario, un parlamentario, un artista, etcétera, somos impiadosos para juzgarlo a priori. De poco sirve que el afectado se presuma inocente mientras una sentencia judicial no diga lo contrario (principio constitucional). Nosotros condenamos sin apelación, causando, muchas veces, males y sufrimientos irreparables. Incluso prescindiendo de los intereses ideológicos, que siempre asoman en estas circunstancias, lo cierto es que la "condena social" se anticipa a cualquier otro pronunciamiento.

La sabiduría popular ha descrito esta lamentable faceta de nuestro carácter diciendo, simplemente, que "hacemos leña del árbol caído". ¡Qué fácil resulta sancionar la conducta ajena, generalmente invocando preceptos morales, sin conocer en detalle los hechos en que se funda la acusación! ¡Qué poco respeto nos merece la verdad!

Lo señalado se agrava por dos factores.

Por una parte, la publicidad y las redes sociales encabezan una campaña que se vuelca sin contemplaciones contra el afectado, de manera que su suerte queda sellada irremediablemente en muy escaso espacio de tiempo. Revertir esta conclusión resulta imposible, sea porque una decisión judicial absolutoria llega demasiado tarde -operando nuestra tradicional mala memoria-, o porque, al cabo de algunos años, la declaración de inocencia "no es noticia" que interese demasiado a la comunidad. ¿Cuántos inocentes no serán víctimas de este maligno comportamiento? ¿Cuántos de ellos arrastrarán el estigma de una falsa denuncia fruto de comentarios precipitados? ¿Conocen los chilenos el drama de Dreyfus y la reacción heroica de Émile Zola?

Por otra parte, el problema que planteamos se retroalimenta al generar un clima adverso al presunto culpable, el cual influye decisivamente en el ámbito jurisdiccional. De lo indicado, se sigue una predisposición de los jueces, muchas veces inconsciente al momento de fallar, porque obran en una atmósfera recargada de presiones. Tampoco es desdeñable el hecho de que en un país en que las encuestas parecen fijar los rumbos de las autoridades, seguir la corriente mayoritaria da generosos dividendos, en tanto enfrentarla solo acarrea dificultades de todo orden.

No exagero si digo que muchos "acusados" están previamente condenados por efecto de este nefasto designio social, que condiciona las decisiones de la judicatura al margen de lo que pomposamente llamamos "debido proceso legal".

Dos ejemplos recientes pueden ilustrar las anomalías descritas. Desde luego, la investigación abierta contra políticos de todos los colores, de un extremo a otro del espectro partidista, sobre el financiamiento de las campañas electorales. ¿Constituyen estos hechos delitos atroces de extrema gravedad no por el concurso económico de las empresas implicadas, sino por el procedimiento empleado para disponer de los fondos donados? Aun cuando pueda criticárseme, afirmo que se trata de un dudoso daño fiscal (que puede o no haberse producido), y que debe subsanarse, como ha ocurrido siempre, mediante la reparación del daño (si lo hay) y las multas administrativas que correspondan. Emporcar todavía más la actividad política, transformando a parlamentarios y dirigentes de conocida trayectoria en avezados delincuentes, me parece, por decir lo menos, un indebido agravio a la actividad pública, demasiado menoscabada en el último tiempo. ¿De qué podemos quejarnos cuando la ciudadanía repudia a la "clase política", cada día con mayor energía, si los hábitos descritos ponen énfasis en convencernos de la más abyecta corrupción?

Paralelamente, tampoco parece justo imputar responsabilidad masivamente a los empresarios, generalizando los actos de colusión, como si fueren ejecutados por todos ellos. Lo propio puede decirse del rechazo precipitado de las excusas de quienes desempeñaban en la época las más elevadas funciones en cada centro productivo. La indiscutible gravedad de estos hechos, con mayor razón, exige serenidad, objetividad e independencia para anticipar un reproche moral y jurídico. Comprendo que no es fácil corregir estas distorsiones, pero debemos intentarlo.

Nadie aspira a un sistema económico y político perfecto. Sin embargo, se advierten desviaciones graves que reclaman corrección. Probablemente, sin advertir la profundidad y extensión de los daños que se causan, como consecuencia de pronunciarse una "sentencia social" que antecede al juzgamiento legal y al desatender los hechos en su exacta dimensión, nos dañamos a nosotros mismos, provocando una lesión a la institucionalidad vigente y debilitando las estructuras productivas.

¿Camino al futuro o al pasado?,

por Sergio Melnick.

Cuándo la tierra dejó de ser plana y el mismísimo centro del universo, apareció un nuevo paradigma e infinitas posibilidades en el “nuevo mundo”. Cuando despegó la ciencia y la tecnología en el siglo XVII se abrió muy luego otro nuevo mundo con la revolución industrial. En cada caso algunos se subieron a la ola y otros se quedaron en el pasado. Unos países se desarrollaron, el resto se quedó atrás. La clave como siempre han sido las ideas. No ha sido el materialismo histórico, paradigma esencial de la izquierda, sino las ideas, algunas racionales, otras subjetivas, la creatividad, el emprendimiento y la innovación, cuyo fundamento esencial es la libertad.

Hoy somos testigos históricos privilegiados de un cambio de la misma magnitud o más y nuestra opción es entonces ir al futuro o quedarnos atrás, atrapados por la jaula limitada de ideologías obsoletas del siglo pasado, peleando emocionalmente los unos contra los otros, desarmando lo que arma el otro. Las ideologías del siglo XX se han transformado en religiones. Son muy dogmáticas y poco adaptativas. La realidad empieza a ser otra, y requiere de nuevas ideas para avanzar.

Esta auténtica revolución en desarrollo, viene detrás del concepto de la Internet de las Cosas (IoT), la web 3.0, la revolución móvil, la nueva mente tecnológica colectiva, las telecomunicaciones avanzadas, y el lenguaje post simbólico. Es una nueva manera de relacionarnos y experienciar la realidad, sea esta lo que sea. La IoT da “vida” a los objetos a través de sensores cada vez más poderosos e inteligentes y de esta manera éstos se pueden comunicar -hablar- con nosotros, con los sistemas, y entre ellos mismos. Los sensores generan datos que deben ser transformados en información, la que a su vez debe ser transformada en conocimiento, y este, a veces, en sabiduría, una palabra muy olvidada en esta etapa de la civilización.

Para el año 2020 se estima que habrá unos 50.000 millones de objetos conectados a la red. Una cifra que escapa a la imaginación. Es tal la magnitud de datos que genera esta nueva condición que requiere una nueva forma de procesamiento de estos a escala global, que es la nueva web 3.0, de carácter semántico (genera lenguaje propio y por ende realidad). Es una nueva forma de cerebro colectivo, que evoluciona desde las nubes hoy en boga. De ese nuevo gran cerebro, que será colectivo más que individual, y que opera como una cuarta capa del cerebro pero fuera de este, emergerá luego una especie de mente colectiva, es decir, tomará consciencia de la nueva forma de humanidad integrada. Parece ciencia ficción pero no lo es. Es una fusión literal de la biología con la tecnología, como la llama Kurzweil. Lipton habla de la humanidad como un nuevo organismo, donde los seres humanos somos sus células. Los matemáticos hablan de una realidad fractal, otros físicos hablan de un universo holográfico.

El mensaje es simple pero no trivial. Estos son los temas críticos que dan el marco inescapable para la discusión del desarrollo y del desafío de la calidad educacional en el siglo XXI. Los jóvenes deben entender los alcances de lo que viene porque ahí están las oportunidades que necesitan. Y por supuesto para que abran las puertas del desarrollo a nuestro país. Nuestra clase política, responsable de la gobernabilidad y la conducción hacia el futuro, parece estar dedicada a los temas del siglo XX que no volverán. Quizás es una de las razones por las que están perdiendo tanta credibilidad. El Gobierno, por su parte, ha sacado del cementerio ideas añejas de los años ‘60, llenas de resentimiento. Está mirando el futuro por el retrovisor, reivindicando modelos de la RDA o del programa de Allende.

Es fundamental llevar estos temas al debate público de manera generosa y no ideologizada. Literalmente estamos frente a un salto evolutivo. Negarlo es condenarnos al sub desarrollo para siempre. La clase política tiene la pelota para que estos temas se discutan a nivel nacional y se plasmen en una verdadera reforma educacional para el siglo XXI.

Amargo retorno,

por Joaquín García Huidobro.

El viaje a Buenos Aires tuvo un sabor agridulce para Bachelet. Macri es un buen anfitrión y la ciudad ha recuperado algo de su belleza, pero probablemente le trajo malos presagios acerca de lo que será el 11 de marzo de 2018: ¿Logrará entregar la banda presidencial a alguien de su coalición? En todo caso, la situación de Bachelet es muy diferente a la de Cristina, porque nuestra Presidenta no necesitará destruir ningún documento ni tampoco corre el riesgo de pasar un tiempo luciendo un modelito a rayas horizontales blancas y negras. La Nueva Mayoría tiene muchos defectos, pero no es una versión chilena del kirchnerismo.

Lamentablemente, su sentido del deber le impidió quedarse a la gala en el Colón, una tradición republicana que los Kirchner, mostrando su aprecio por la cultura, habían suprimido por considerarla "elitista".

A su vuelta a Chile, Bachelet tuvo que probar el trago más amargo: la decisión del Tribunal Constitucional declarando que la fórmula elegida para conseguir la gratuidad era, en dos aspectos importantes, contraria a la Constitución. Se trata de una resolución muy interesante, por varias razones.

En primer lugar, la derrota para el Gobierno no fue completa, porque el TC aceptó la discutible fórmula de utilizar una glosa de la Ley de Presupuestos para resolver materias que, en principio, deberían ser objeto de una ley común. El texto aún no ha sido publicado, pero podría ser histórico si abre la puerta para la generalización de una práctica muy peligrosa. Al mismo tiempo, la resolución muestra que, aunque el TC ha adquirido un cariz cada vez más político y menos jurídico, la alineación partidista no es completa, y podemos esperar fallos menos previsibles, al menos mientras dure su actual composición. Esto es una buena noticia.

El TC también declaró que la solución del Gobierno para la gratuidad era discriminatoria. Parecía evidente, pero como el sentido común no es el valor más apreciado en La Moneda y sus alrededores, este aspecto de la decisión resulta tranquilizador, aunque plantea un problema enorme no solo para la coalición gobernante, sino también para la oposición: ¿cómo enfrentar las infinitas expectativas que Michelle Bachelet contribuyó a despertar, cuando se cuenta con recursos limitados y ya no está al alcance de la mano la vieja fórmula de hacer recaer los costos sobre los alumnos más pobres de las universidades privadas?

El tercer punto, sin embargo, es el más interesante: el TC declaró que no cualquier exigencia era legítima a la hora de invitar a las universidades a sumarse a la gratuidad. Concretamente, ya no será necesario contemplar mecanismos que aseguren la triestamentalidad en el gobierno universitario. El tema de la triestamentalidad es muy interesante desde el punto de vista filosófico y político, pero uno se pregunta qué pueden hacer con ella esos jueces. Con todo, este es un caso más de una tendencia universal: la de pasarle a los pobres tribunales los problemas filosóficos que nosotros no somos capaces de resolver. En todo caso, no se metieron en honduras, solo señalaron que era una exigencia discriminatoria (pues algunas universidades estatales no la cumplen).

Uno pensaría que la decisión de si, por ejemplo, los alumnos deben formar parte de los órganos superiores del gobierno universitario, no puede tomarse en general, sino que debe ser resuelta por cada universidad de acuerdo con su identidad. De hecho, hay experiencias exitosas en ambos sentidos, lo que aconsejaría evitar dogmatismos. Pero como los asesores del Ministerio de Educación experimentan un gozo singular a la hora de decirnos cómo debemos ser, utilizaron el tema de la gratuidad para pasarnos de contrabando su propio modelo universitario. Afortunadamente, por 7 votos contra 3 el TC puso las cosas en su lugar. Preocupa, sin embargo, que haya 3 jueces constitucionales que estén a favor de imponer la triestamentalidad. Da la impresión de que les falta mundo.

Sumando y restando, el Gobierno ha sufrido una nueva derrota, esta vez en el más emblemático de sus proyectos. La habría evitado con un poco más de diálogo y menos dogmatismo. La duda es si sacará algunas lecciones o si continuará, inexorable, en la marcha hacia una sociedad "novomayoritaria" que no parece coincidir con los anhelos de la población. En su discurso del jueves, donde comentó el fallo, la Presidenta empleó en una ocasión la palabra "mérito". Ya habíamos olvidado esa expresión piñerista. Quizá sea el regalito que nos trajo de Buenos Aires.

Panem et circenses,

por Fernando Villegas.

Lo que fracasó en Venezuela y ha sido debidamente castigado el pasado domingo, lo que fracasó en Argentina y fue vapuleado como se lo merecía, lo que una vez acabado el boom gasífero fracasará en Bolivia y seguramente sacará del escenario al folclórico señor Morales y su ambición de perpetuarse en el poder y mojar sus patas en el Pacífico, lo que fracasó en Brasil y lo tiene al borde de una depresión y de un impeachment a su presidenta, a quien tal vez saquen, pero -y con todo respeto- también lo que está fracasando en Chile aunque todavía a dos años de decidirse si se saca o no a los culpables, todo eso que fracasó es, con todas las variantes del caso, un modelo o la ambición de erigir un modelo social, político y económico cuya definición positiva, su “qué es”, todavía no la conocemos y quizás ni siquiera exista, aunque sí su definición negativa, qué NO es o más precisamente qué NO QUIERE ser, de qué desea alejarse.

Este “nuevo modelo” como se lo denomina en Chile -“revolución bolivariana se lo llama en Venezuela- no quiere ser neoliberal, no quiere ser puro mercado, no quiere permitir las desigualdades, no quiere seleccionar entre buenos y malos, no quiere discriminar entre una cosa y otra conforme a su cualidad o mérito, no quiere usar la fuerza pública, no quiere poner al orden social en el primer lugar de la lista ni tampoco quiere poner el crecimiento en el primer lugar de la tabla; su meta es implementar mediante pases mágicos capaces de convertir las palabras en hechos un catálogo de expresiones piadosas ya instaladas en la imaginación popular y que harían lagrimear hasta a Atila el Huno: equidad, justicia, empoderamiento, probidad, igualdad y Pascua feliz para todos.

En verdad no es un modelo propiamente tal. Un modelo es un sistema organizado, estructurado. Cuando se nos habla de capitalismo o socialismo o feudalismo sabemos a qué se refieren exactamente los términos, porque se organizan distintivamente de cierta manera. El propuesto en Chile como “la novedad del año” por los gacetilleros jurídicos y sociológicos del régimen no es sino lo que los lógicos llaman una “congerie”, o dicho vulgarmente, un atado suelto de cosas. Pero, ¿qué importa? Cada una de esas cosas suena bien y son irrebatibles. Otra ventaja: todo el mundo las conoce porque se trata de lugares comunes provenientes de la más cacareada de las éticas, la profesada desde un púlpito o un cajón azucarero desde tiempos inmemoriales. Ante ella sólo cabe ponerse de pie y luego de hinojos.

El único elemento material tangible de este vaporoso modelo es su enorme propensión al gasto. Su afán es el reparto a destajo, política que dura mientras dura la plata. Al Partido de los Trabajadores de Brasil le duró hasta la llegada de Dilma Rousseff y al Partido Socialista Unido de Venezuela le ha sucedido lo mismo con Maduro, pero sigue repartiendo -incluyendo tablets y taxis en los días previos a la elección- porque a veces, cuando ya se está en quiebra, viene un impulso nihilista por decir “kaputt” y seguir la fiesta con la última ronda de botellas al fiado. Al “Movimiento al Socialismo” de Morales aún no le pasa eso gracias al gas, boom que, como todos los de su tipo, durará por un lapso limitado mientras hambres desatadas durarán para siempre. A la NM chilena ya se le agotaron los recursos que existían desde hace años y hoy cantinflea lastimosamente ante una masa enfurecida que se siente estafada.

Estafa.
Es de ese modo como terminan estos regímenes dados a aplacar una sed de revancha disfrazada de justicia y una orgía de reparto disfrazada de equidad; terminan con sus partidarios sintiéndose timados y más enojados que nunca, más desbocados que nunca, incontrolables e incontrolados. ¿Qué podía esperarse? No es baladí demoler el orden, la disciplina y el esfuerzo para sustituirlo con el sueño del Pibe, esto es, con la repartija universal a base de maná cayendo del cielo. El maná toma hoy en día la forma de paquetes de tallarines, tablets, taxis o bonos, todo lo cual se acaba más temprano que tarde. Las amplias avenidas de la historia no traen más regalos. A la pasada se evapora la disciplina, el esfuerzo parece innecesario, la rabia crece y la violencia se instala. Es el caso de Venezuela, donde Caracas llegó a ser la ciudad más violenta del mundo.

Frutos y preguntas.

Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Frutos, no refritos. ¿Será pura coincidencia que en ninguno de los países que hemos nombrado hubo progreso? Argentina, en manos del peronismo desde hace 60 años -si bien con intermitencias militares-, es un caso de libro de texto de nación que prometía y se pasmó con la irrupción de los cabecitas negras y su inevitable acompañamiento, los políticos corruptos dados a prácticas mafiosas. Vean cómo Cristina entregó el gobierno a Macri, no como una presidenta lo hace con el Estado, sino como un capo de barrio cede su negocio de apuestas a la competencia. No ha sido distinto con el llamado “Partido de los Trabajadores” en Brasil, cuyos dirigentes le pusieron ruedas a Petrobras. Todo eso está cuantitativa, pero no cualitativamente lejos de las actuales conductas de la Nueva Mayoría. Tal vez podamos o debamos permitirnos una dosis de esperanza y decirnos que falta tiempo aún para que el refrito madure tanto.

Surge aquí una vez más la interrogante: ¿En qué consiste este modelo que en realidad no lo es? ¿A qué apunta? ¿Al socialismo? No nos parece. Vagamente, confusamente, tiende a una estructura económica donde el Estado NO se hace cargo de la gestión de las empresas (ya se enteraron que eso no funciona), sino las controla y hasta extorsiona como hacían los capos de Chicago, quienes en vez de adueñarse de cada negocio les exigían pagos por “protección”. Pueden llamarla economía semidirigida, como la China, donde dicho sea de paso también reina una inmensa corrupción. Es este un todavía balbuceante modelo de sociedad que ni siendo socialista ni tampoco puramente capitalista instala una oligarquía perpetua -cuenten los presidentes latinoamericanos que han estado intentando cambiar las constituciones para eso- apoyada en una masa clientelística de grandes dimensiones y usando un discurso populista como mecanismo de legitimación. Es, en suma, lo que el poeta romano Juvenal bautizó hace cientos de años como “panem et circenses”, pan y circo.

¿Quién sabe? Tal vez es el modelo futuro para todo el globo. Las democracias liberales clásicas con su legitimidad basada en el concepto de “soberanía del pueblo” parecen impotentes para afrontar situaciones como el terrorismo, las demandas sociales, las migraciones masivas, la disolución valórica y normativa, la anomia urbana, etc., como también son impotentes los  regímenes represivos basados en la fuerza militar, ya obsoletos. ¿Qué sistema y doctrina podrían cumplir hoy en Occidente el papel que cumplió el derecho divino monárquico o “la construcción del socialismo científico” o el “Reich de los mil años” o el que cumple en el Estado Islámico la doctrina fundamentalista del islam?

Balbuceos…
Quizás en Latinoamérica, entonces, acertamos con la fórmula de la blancura, salvo por la parte económica; habrá que afinar un poco más la pomada, tarea pendiente. Tal vez los confusos desarrollos que se están produciendo en el globo, como la súbita emergencia de políticos “fascistas” tipo Marianne Le Pen en Francia, Donald Trump en US y Urban en Polonia, quienes ganan audiencias, votos y gobiernos, sean un primer avatar de lo que por estos lados ya hemos logrado. Con un mundo donde bandas tribales corroen la cutícula de civilización llevando crecientes espacios territoriales a la barbarie, políticos alcanzando los más bajos índices posibles de credibilidad, con sectas y movimientos extremistas atacando el corazón mismo de las sociedades occidentales, con un control social cada vez menos eficaz y cohortes demográficas más y más “socializadas” en esquemas de banda urbana antisistémica, es posible que un Evo Morales o un Navarro o un Maduro o un ME-O sean los hombres que la situación requiere.

Antiestético, cierto.

El chavismo contra las cuerdas,

por Andrés Oppenheimer.

A juzgar por su comportamiento pasado, es probable que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, intente varias triquiñuelas -como sobornar o inhabilitar a algunos legisladores opositores- para disminuir la supermayoría opositora en la recién elegida Asamblea Nacional. Pero hay tres grandes razones por las que probablemente no logrará anular los poderes del nuevo Parlamento.

En primer lugar, la victoria de la coalición opositora fue tan aplastante que Maduro se enfrentaría a una explosión social si no reconoce los derechos de la nueva Asamblea Nacional. A pesar de competir con todas las reglas electorales en contra, la oposición ganó 112 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, una mayoría de dos tercios que le permite convocar a un referéndum nacional que podría conducir a la destitución de Maduro.

Irónicamente, el régimen chavista cayó en su propia trampa: había impuesto reglas electorales que beneficiaban enormemente a los distritos oficialistas, dándoles mucho mayor representación en el Congreso que a estados con mayoría opositora. Gracias a este sistema, el gobierno chavista había ganado una mayoría en la Asamblea Nacional a pesar de haber perdido el voto popular en 2010.

Pero esta vez, al gobierno le salió el tiro por la culata, porque la oposición arrasó en 20 distritos que eran tradicionalmente chavistas, lo que le permitió a la coalición opositora ganar el 67% de las bancas de la Asamblea Nacional con un 56% del voto popular.

El diputado opositor Julio Borges -que está entre los principales candidatos a ser presidente de la nueva Asamblea Nacional- me dijo en una entrevista que el tamaño de la victoria opositora hará casi imposible para el gobierno desconocer la autoridad del nuevo Congreso.

"Fue una especie de terremoto", me dijo Borges. "El gobierno no podrá desconocer esta victoria, no solo porque ganamos dos tercios del Parlamento, sino también por el hecho de que, por un margen de 2,5 millones de votos, la población pidió un cambio total en Venezuela".

La segunda razón por la cual Maduro tendrá dificultades para restringir los poderes de la Asamblea Nacional es que, esta vez, no va a tener el apoyo automático de los países más grandes de América Latina.

En el pasado, cuando Chávez y Maduro abusaban de los poderes públicos para quitarle espacios a la oposición, Brasil, Argentina y otros países de la región miraban para otro lado.

Pero ahora, el nuevo Presidente argentino, Mauricio Macri, ha dicho que pedirá sanciones diplomáticas contra Venezuela si Maduro no cumple con los compromisos regionales de respetar los principios democráticos. Y la Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, debilitada por un juicio político y una grave crisis económica, ya está suavizando su apoyo anteriormente incondicional a Maduro. Los vientos políticos están cambiando en la región.

Si Maduro hace un golpe de Estado en cámara lenta para despojar a la nueva Asamblea Nacional de sus poderes, la Organización de Estados Americanos podría invocar su Cláusula Democrática y pedir sanciones diplomáticas, como lo hizo cuando el ex Presidente peruano Alberto Fujimori disolvió el Congreso de su país en 1992.

La tercera razón por la cual a Maduro le será difícil suprimir o ignorar la nueva mayoría en el Congreso es que el precio del petróleo -que representa el 98% de los ingresos extranjeros de Venezuela- ha caído a su nivel más bajo en siete años, y no es probable que se recupere mucho a corto plazo.

Venezuela está en bancarrota, al borde de una crisis humanitaria, y el gobierno no tiene dinero para poner en marcha nuevos programas sociales que le permitan recobrar el apoyo de muchos venezolanos descontentos.

Mi opinión: la revolución "bolivariana" de Venezuela está contra las cuerdas. Por primera vez en 17 años, ya no gozará de la hegemonía de todos los poderes del Estado, ni de un apoyo incondicional de sus vecinos, ni de una avalancha de petrodólares.

Cuanto menos, la nueva Asamblea Nacional podrá controlar el presupuesto, nombrar jueces independientes, investigar la corrupción y permitir que operen medios independientes. Y si Maduro hace un golpe de Estado contra el Parlamento, iniciará un proceso que -como sucedió con Fujimori- podría llevar a su destitución.

Dictamen ético de la Contraloría.

La Contraloría General de la República ha emitido un dictamen donde aborda la controversia generada a partir de la renuncia de un consejero de Corfo y su posterior incorporación al directorio de las denominadas sociedades cascada que controlan SQM. En lo principal, el ente fiscalizador descartó la principal acusación efectuada por el vicepresidente ejecutivo de la Corporación en orden a que el involucrado “tuvo acceso a información confidencial relevante”.

Por el contrario, el dictamen advierte que la Contraloría “no ha podido formarse la convicción cierta de que mientras se desempeñó como consejero haya transgredido el anotado principio” de probidad y que las presunciones de Corfo resultan “insuficientes para aseverar que en el ejercicio de la función pública haya incurrido en un conflicto de interés que comprometiera su responsabilidad administrativa”.

Llama la atención, no obstante, que el dictamen califique el comportamiento de este ex consejero como “poco prudente”  o que “genera una razonable duda ética”, considerando que se trata de observaciones que transgreden el mero control de la “legalidad de los actos de la administración” que la Constitución asigna a la Contraloría General de la República.

Asimismo, el dictamen resuelve que los consejeros de Corfo desarrollan una labor pública del más alto nivel al interior de este organismo, por cuanto le corresponde a dicho Consejo -y, por lo tanto, no a su vicepresidente ejecutivo- la dirección y administración de la Corporación. Se trata, sin duda, de una precisión que los actuales consejeros deberán tomar en consideración para el ejercicio de sus funciones.

Reforma con más preguntas que respuestas.

Previo al veredicto del Tribunal Constitucional que obliga a rediseñar la política de gratuidad, el Gobierno había anunciado que antes de fines de mes enviaría el proyecto de reforma a la educación superior. Ahora no es claro que ese cronograma se mantenga intacto.

Los antecedentes de la iniciativa que han trascendido demuestran que aún hay mucho por reflexionar. Mayor claridad parece existir solo en materia de aseguramiento de la calidad y supervisión de las instituciones, seguramente debido a que son áreas en las que ya ha habido una larga deliberación e incluso el gobierno anterior envió proyectos de ley al respecto.

Sin embargo, el Gobierno quiere un marco institucional que le permita al Estado conducir el desarrollo del sistema de educación superior que a su juicio se caracteriza por una escasa presencia de oferta estatal y un excesivo protagonismo del mercado en la asignación de los recursos para la educación superior. Pero aún hay mucha confusión en el diagnóstico. Así, por ejemplo, que una parte sustancial del financiamiento de la docencia sea privada no significa que el mercado tenga un peso definitivo en la asignación de recursos. La gran mayoría de las universidades acepta a sus estudiantes bajo un procedimiento de admisión que es ciego a los ingresos de sus postulantes. No hay, además, evidencia de que la existencia de aranceles, toda vez que hay diversas ayudas estudiantiles, inhiba la postulación de jóvenes con mérito y escasos recursos a instituciones universitarias específicas. El Gobierno quiere reducir el gasto privado, pero ese hecho en sí mismo no cambia el panorama del sistema de educación superior. En cambio, introduce otras complejidades. La definición de aranceles regulados y el control de las vacantes, a cargo de un panel de expertos en la propuesta preliminar del Ejecutivo, abren la puerta al lobby y a la discrecionalidad y pueden poner en riesgo la autonomía de las instituciones, ya que una definición de "precios" por parte del Estado necesariamente moldea los proyectos educativos.

Respecto de la oferta estatal, hay que distinguir entre el sistema universitario y la educación superior técnica estatal. En esta última, el Estado decidió no tener oferta y esa es una decisión que se puede modificar. Pero en la medida que la población pueda elegir entre distintas alternativas, la existencia de una oferta estatal fuerte es solo una apuesta. Distinta es la situación universitaria. En algunas universidades estatales hay más postulantes que vacantes. Muchos de los que no son aceptados se trasladan a universidades privadas. ¿Querrían esas universidades aceptar más postulantes y hay barreras que lo impiden? Si es así, la solución no tiene que ver con el marco general del sistema. En otras, parece no haber suficientes postulantes. En ese caso la pregunta relevante es cómo hacerlas más atractivas.

El Gobierno también quiere prohibir el lucro en los centros de formación técnica e institutos profesionales. Hay inversiones millonarias que se han hecho en esta educación. Habrá que establecer seguramente, como se hizo en el sistema escolar, complejas formas de compensación sin efectos reales en calidad. El Gobierno debería repensar si vale la pena recorrer este camino.

Negativos efectos de la reforma laboral.

A casi dos años del comienzo de este gobierno, y casi dos años de mal desempeño de nuestra economía, el ingreso de indicaciones del Ejecutivo al proyecto de reforma laboral que conoce el Senado mueve a reflexionar sobre la gravedad del daño que resultará de esta legislación.

El ingreso per capita de Chile, medido en dólares de poder adquisitivo constante, creció al 5,2% promedio anual entre 1985 y 2013. Ello significó que Chile tuviese el segundo mayor crecimiento en ingreso per capita entre esos años, siendo superado sólo por China. Este segundo puesto, entre todos los países del mundo con más de dos millones de habitantes, es una evidencia contundente en favor de la receta chilena para el crecimiento, un conjunto de instituciones que estimulaban el esfuerzo y la inversión, por la vía de vincular las remuneraciones del trabajo y el capital a su productividad, en mercados competitivos. Para tener una idea de lo que ha estado en juego, si Chile hubiese crecido 1,1% menos por año, su crecimiento en ingreso per cápita habría quedado empatado con el de El Salvador y Uruguay, los próximos latinoamericanos en el ranking global, y las remuneraciones reales de los trabajadores chilenos habrían sido 36% más bajas que las observadas en 2013.

Frente a la contundencia de las cifras que ilustran el valor de instituciones económicas y sociales adecuadas, el oficialismo avanza hoy desarticulando certeramente engranajes claves del modelo chileno. Las reformas de la Nueva Mayoría llevan al país desde instituciones que estimulan la productividad, a instituciones que potencian la capacidad de grupos de interés de capturar ingresos en su favor, con el costo de desincentivar la inversión, el esfuerzo y la creatividad. Una reforma particularmente dañina por lo central del ámbito que afecta es la reforma laboral.

La propuesta ya aprobada por la Cámara de Diputados sustituye una regulación de la negociación colectiva que generaba remuneraciones acordes con productividad, por una que genera la capacidad para extraer rentas para el trabajo a partir de la concesión a los sindicatos del control monopólico de la fuerza laboral a que puede acceder una empresa, con amplios poderes para paralizarla, sin posibilidad de reemplazo de trabajadores. Las indicaciones del Ejecutivo -relativas a mayor flexibilidad para reasignar trabajadores en períodos de huelga, oportunidad para constituir equipos para mantener las funciones críticas de las empresas, espacio para sustitución de empresas contratistas en huelga, quorum sindicales, periodos sin negociación, etc.-  además de marginales frente a la magnitud del poder monopólico otorgado a los sindicatos, son de aplicabilidad dudosa al dejar espacio a la judicialización.

Acemoglu, el famoso economista experto en crecimiento del MIT, ha indicado que en una nación agobiada por una dictadura que concentra el poder político, podría llegar a ser legítimo dar a los sindicatos el monopolio de la oferta laboral a las empresas, para traspasar poder político del dictador a los sindicatos, buscando abrir el sistema. No es el caso en Chile. En un país democrático como el nuestro, y que crecía aceleradamente, hacer política con la legislación laboral no tiene legitimidad ni económica ni política.

Reveladoras declaraciones.

El conflicto existente entre grupos de mapuches organizados y el resto de los ciudadanos que habitan la zona de La Araucanía, incluida su oposición al Estado de Derecho imperante representado por el Estado de Chile, y que se manifiesta a través de los numerosos incidentes violentos en que dichos grupos atentan contra la propiedad, los bienes y las vidas de personas que no pertenecen a su etnia y con las que comparten territorio, se da en medio de un debate semántico que para algunos resulta académico y para otros exasperante. La discusión sobre si dichos incidentes violentos corresponden a actos terroristas o no - el Gobierno insiste en no calificarlos de tales, y durante un tiempo afirmó que estos casos se enmarcan dentro de lo que se puede llamar un "conflicto social", que no se resuelve aplicando la legislación antiterrorista-, o si se trata simplemente de robo de madera, como señaló la Presidenta Bachelet, o si corresponde solamente a la acción de delincuentes, sin las connotaciones propias de un conflicto étnico, como asegura el intendente de la Novena Región, Andrés Jouannet, solamente contribuye a soslayar las graves consecuencias que sobre la vida de la población tienen este tipo de actos, que además van en detrimento de la inversión en la zona, y, en consecuencia, impiden avanzar en el combate a la pobreza, que es uno de los componentes del complejo cuadro. Discutir sobre la caracterización del problema no está contribuyendo a resolverlo.

En ese escenario, resultan reveladoras las declaraciones que ha hecho a este medio de prensa la ciudadana francesa Julia Guillaumette Gayout, sindicada como una persona que "empuja" a los mapuches "a actuar", sobre la base de su visión del problema como habitante de comunidades mapuches, su interés en el conflicto que hubo en el País Vasco, y su paso por Colombia y Argentina. Ella afirmó que "el pueblo mapuche efectivamente recurre a actos de sabotaje. Es parte de toda lucha de pueblo...Yo apoyo con todo mi corazón la causa, porque la historia del despojo es terrible, y es tiempo que la gente pueda vivir más dignamente". A pesar que ella niega haber estado involucrada en los atentados o que haya tenido influencia en las acciones que esos grupos han perpetrado, sus expresiones corresponden a las de alguien que justifica las acciones aludidas. La ausencia de eufemismos en sus dichos permite apreciar de manera directa que detrás de los actos violentos aludidos hay un conflicto que va más allá del calificativo de "social", o "delincuencial" o de "robo de madera". Se trata de una postura reivindicatoria, que considera legítimo el uso del sabotaje, incluida la violencia, y que tiene claros ribetes étnicos. Obviamente, no es posible extraer conclusiones definitivas ni representativas de la etnia mapuche de las declaraciones de una ciudadana extranjera, por mucho que sus tres hijos provengan de dos distintas parejas de origen mapuche y que haya decidido quedarse a vivir en Chile, pero sí se puede establecer una motivación a todo lo que ha estado sucediendo en esa zona que claramente está en consonancia con lo que la población afectada en la región percibe y ha estado sufriendo. Gayout además sentencia que "como lo está haciendo el gobierno vamos para mal, porque el pueblo mapuche no va a parar nunca. Se ha agudizado mucho el conflicto y va para peor".

En consecuencia, es necesario que la autoridad se haga cargo de la forma de entender el conflicto que esta ciudadana francesa entrega, pues se acomoda mejor a los hechos que versiones alternativas presentadas por la autoridad. Por cierto, ello no implica estigmatizar al pueblo mapuche, gran parte del cual no comparte esa visión radicalizada del tema. Pero desentenderse de que efectivamente hay grupos que actúan fundados en una ideología radical, para así no involucrar a los grupos pacíficos, tampoco ayuda a resolverlo.

Las lecciones de Luigi Zingales.

La semana pasada estuvo en Santiago, ofreciendo una serie de conferencias y entrevistas, Luigi Zingales, doctor en Economía del MIT y académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago. Autor de libros provocadores (como "Salvar al capitalismo de los capitalistas", que escribió junto al presidente del Banco Central de India, Raghuram Rajan), se trata de uno de los intelectuales más populares de la economía actual, ampliamente citado por sus opiniones sobre la legitimidad de la economía de mercado y cómo las mayores amenazas para ésta no vienen de sus críticos, sino de quienes se aprovechan de sus debilidades para sacar provecho indebido.

Nadie puede acusar a Zingales de ser un detractor del capitalismo. No sólo por sus credenciales académicas, sino por su discurso, en el que hace una férrea defensa de los beneficios de una economía basada en la competencia. Con la misma fuerza, sin embargo, Zingales advierte sobre la tentación de confundir la defensa del mercado, como sistema, con la defensa de las empresas y el interés de sus propietarios, lo que identifica como una de las causas de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. "Hoy día hay muchos haciendo lobby por las empresas, pero nadie está haciendo lobby por el mercado", ejemplifica. Para que el capitalismo competitivo se imponga, añade, es necesaria una regulación que controle a los grandes monopolios y defienda a los negocios que operan dentro de las reglas del juego.

Junto con ello, reclamó a las escuelas de Negocios un papel más relevante en la formación ética de los ejecutivos, y recordó que el propio Milton Friedman, cuando dijo que la responsabilidad social de las empresas era tener utilidades, agregó que debían hacerlo en un mercado competitivo y siguiendo las reglas.

Se trata de ideas relevantes en un país donde la legitimidad del libre mercado ha sido golpeada por una serie de infracciones contra la competencia y el financiamiento transparente de la política. Tras la acusación por colusión en el mercado del papel higiénico, algunos líderes empresariales han endurecido su discurso, incluyendo condenas más enérgicas y rechazo a las defensas corporativas. Sin embargo, es necesario que la propia comunidad de los negocios tome medidas más concretas para proteger la competencia y la transparencia de los mercados.

Como el propio Zingales alerta, los riesgos de colusión y acuerdos anticompetitivos se multiplican en un país como el nuestro, que cuenta con una élite muy pequeña y endogámica. Estas conductas, finalmente, no sólo afectan a los negocios: también golpean la confianza de las personas en que el mercado es la mejor forma de organizar la economía.

Surgimiento de la clase media.

EL FUERTE crecimiento que ha experimentado la economía chilena en los últimos 30 años, ha llevado a una sustancial disminución de la tasa de pobreza, y el surgimiento de una amplia clase media. Ello ha vuelto más diversa la realidad socioeconómica del país, lo que también ha obligado a una caracterización diferente. Así, la Asociación de Investigadores de Mercado actualizó la categorización de los grupos socioeconómicos, pasando de siete a 10 grupos.

La gran cantidad de personas que ha abandonado la pobreza conforman una potente clase media, representando en torno al 47% de la población -del resto, 16% corresponde al estrato alto y 37% al sector de bajos ingresos. Al ser casi la mitad del país, se ha convertido en un grupo muy diverso, lo que ha obligado a introducir nuevas categorías, como “clase media acomodada”, “emergente”, “típica” y “media baja”. Lo cierto es que Chile dejó de ser un país mayoritariamente pobre para convertirse en uno de ingresos medios, producto de que todos los segmentos han visto un aumento en su nivel de ingresos. Ello constituye un logro muy significativo, lamentablemente no siempre bien aquilatado, y que se pone en riesgo cuando se debilita el crecimiento.

Esta positiva transformación es la mejor prueba de los beneficios que ha traído el modelo económico y social por el que ha optado el país. Ciertamente aún existe un importante segmento de la población en situación vulnerable y que requiere especial atención de las políticas sociales, cuyo centro debe seguir siendo la superación de la pobreza.

Pese a su carencias materiales, los datos del estudio revelan que los estratos más postergados han logrado acceder a beneficios antes impensados, como bancarización, y servicios como TV paga y celular. Una de sus grandes falencias es el alto porcentaje de jefes de hogar que no ha terminado la educación media. Estos son problemas concretos en los que el país debe enfocarse, pero cuya solución dista ser un cambio radical del modelo.

Ecuanimidad del proceso constituyente.

Cotidianamente se advierten señales de la dificultad que tendrá el Ejecutivo para cumplir su promesa de impulsar un proceso constituyente ecuánime y respetuoso de las distintas visiones políticas.

Con motivo de la reciente rendición de las pruebas de selección universitaria, surgió una sorpresiva polémica en que la Comunidad Judía planteó al Ministerio de Educación y al Demre de la Universidad de Chile su preocupación por una pregunta supuestamente "tendenciosa" sobre los territorios del conflicto palestino-israelí contenida en la prueba de Ciencias Sociales. Con distintos argumentos, se rechazó dar a conocer la pregunta para que la opinión pública pudiera tener una apreciación del sentido de incorporarla y de sus posibles formas de responderla. Días más tarde, en "El Mercurio" se registran los cuestionamientos a la falta de objetividad que denotaban -a juicio de algunos- varias de las preguntas de la prueba de Historia, calificándolas como una "encuesta de opinión" debido a que presentaban más de una alternativa válida, a pesar de lo cual podía entreverse con claridad que la alternativa correcta era siempre aquella que representaba una determinada posición ideológica.

Estos casos constituyen meras alertas y dan sustento a las reiteradas aprensiones que distintos actores han expuesto en referencia al proceso constituyente, especialmente allí donde se plantea, de acuerdo al itinerario propuesto por el Gobierno, una instancia de educación cívica que incluya al conjunto de la ciudadanía.

Es evidente que las declaraciones de la autoridad -en orden a que se tendrá el cuidado de respetar las distintas visiones políticas- no son suficientes para asegurar la imparcialidad de ese proceso de educación cívica. Tampoco es claro que la conformación de un Consejo de Observadores Ciudadanos, que ya ha debido actuar para evitar que los contenidos que se han comenzado a verter hacia la ciudadanía no favorezcan una determinada tendencia, esté en condiciones de ofrecer todas las garantías que se requerirían.

No es menor la complejidad de lograr que un determinado grupo de personas encargadas de transmitir contenidos políticamente sensibles pueda, en cada punto del territorio nacional, cumplir con la neutralidad que se ha prometido. Se trata de una temática que aborda materias opinables, sobre las que gravitan posturas y valores que fácilmente pueden convertirse en objeto de adoctrinamiento y controversia.

No en vano, el experto constitucionalista Jorge Correa Sutil ha recordado que "no hay educación cívica neutra posible", pues "por definición ella supone una cierta visión".

¿Ocaso de la ola bolivariana?

El retroceso del populismo autoritario se hace evidente tras los triunfos categóricos de la oposición en Venezuela y Argentina. El estilo prepotente y excluyente de Maduro y de Cristina Fernández de Kirchner, y la incapacidad para manejar sus respectivas economías en crisis les han pasado la cuenta en las urnas. El efecto internacional de estas dos derrotas se palpará en el desarrollo de las "revoluciones socialistas" en marcha en otros países de la región.

Evo Morales fue el primero en acusar el golpe a las "revoluciones democráticas", como las llama. "Mientras exista el capitalismo y el imperialismo, la lucha seguirá, ese proceso de las liberaciones de nuestros pueblos. El imperio no duerme, tiene distintas guerras contra los pueblos" y usa la "guerra económica" para buscar "el control geopolítico" de la región. A Morales le "duele el panorama político regional", dice que se "siente solo con Maduro como líderes antiimperialistas", y que hay "un golpe parlamentario en ciernes contra Dilma", que "ya hubo uno en Paraguay" (aludiendo al juicio político contra Fernando Lugo, en 2012). Su Vicepresidente, Álvaro García Linera, por su parte, "ve riesgos para la soberanía latinoamericana y para los derechos sociales de los trabajadores, si la derecha sigue triunfando en el continente".

Falta en el análisis de los gobernantes bolivianos un elemento clave: la voluntad democrática de los electores por cambiar el rumbo de los procesos impuestos por líderes que, usando el voto, impusieron un modelo socialista autoritario que fracasó estrepitosamente. Terminada la bonanza de los precios de materias primas, ni Maduro ni Cristina pudieron retener el apoyo popular.

Ahora, Bolivia también enfrenta la baja del valor de los hidrocarburos. Este año debe renegociar los contratos con Brasil, y es indudable que Macri también hará lo propio. En el caso de Argentina, el nuevo gobierno además evaluará toda su política energética, que hoy depende de la importación, aun teniendo enormes reservas de gas y petróleo inexplotadas por una equivocada política de subsidios que hace inviable la inversión privada en el sector.

Por el lado político, Evo está perdiendo apoyo para su reelección indefinida. Según las encuestas, el 53% de los bolivianos rechaza una reforma constitucional que le permitiría presentarse en 2019, algo inesperado tomando en cuenta que el 56% aprueba su gestión. En este panorama político, se comprende la inquietud de Evo por el cambio de los vientos políticos en América Latina.

Ecuador y Nicaragua en las cuerdas.

La reforma para una reelección indefinida también es tema candente en Ecuador, donde otro gobernante "bolivariano" ha tenido éxito en mantenerse en el poder por un largo tiempo. Rafael Correa, sin embargo, ha estado enfrentando protestas opositoras durante todo el año. Azotado igualmente por la caída del precio del crudo, y por la revalorización del dólar, Correa intenta subir impuestos y reducir subsidios, medidas rechazadas por la ciudadanía, que salió a protestar durante todo el año.

Con una actitud pragmática, y quizás influido por el rechazo mundial hacia quienes se quieren eternizar en el poder, Correa, aun habilitado, anunció que no repostulará a la Presidencia en 2017, sin descartar hacerlo en 2021. Así, hay más opciones de alternancia en el gobierno.

En Nicaragua, otro país clave en el eje bolivariano, el panorama es turbio. En lo económico, se cierne la incertidumbre sobre qué hará la oposición venezolana con los ridículamente generosos programas de ayuda directa que estableció Chávez para cooptar al régimen nicaragüense. En la Asamblea Nacional de Venezuela (ANV), con los dos tercios de diputados opositores, bien se podría derogar el plan Petrocaribe, que vende petróleo a precio subsidiado y con dos años de gracia. Lo más complicado para Daniel Ortega, que enfrenta a la oposición que exige elecciones sin fraude en 2016, es que la ANV termine con el acuerdo que le permite controlar personalmente, y sin pasar por el presupuesto nacional, la ayuda venezolana.

Y Cuba, cuya revolución antecede por décadas a estas otras, ya reconoció el fracaso de su experimento y sigue un camino contrapuesto, aumentando las inversiones extranjeras y el turismo, y hasta renegociando deudas con el Club de París.

Es significativo que haya sido el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras quien asistiera a la toma del mando de Macri, lo que se puede leer como una señal de que Cuba está abierta a mejorar sus relaciones económicas con Argentina y con otros países.

Es indudable que cuando La Habana y Washington restablecieron relaciones diplomáticas, Castro le dio un golpe mortal a la idea de la revolución socialista continental.