Edición de fin de año.

Nuestros mejores deseos para el año 2016 para todos nuestros amigos y amigas, con la

recomendación de cuidar el futuro, que la ineptitud y corruptela de nuestros

Gobernantes amenazan seriamente.

Proceso sin programa ni prospectos coherentes,

por Orlando Sáenz.

Todos hemos hecho el ridículo alguna vez en la vida, y el recuerdo de esa ocasión es casi siempre penoso. Pero hay ridículos y ridículos. Los hay involuntarios, como podría ser un resbalón aparatoso en la calle, y los hay imprudentes, como un comentario impresentable que nos hace "mostrar la hilacha". Hay ridículos célebres, porque lo fueron sus protagonistas, como cuando Onganía prohibió estrenar "Bomarzo" en Argentina por considerarla una ópera blasfema, o cuando Pinochet prohibió exhibir en Chile "El violinista en el tejado" por considerarlo un filme subversivo. Hay genios que han deleitado al mundo a punta de protagonizar ridículos sistemáticos y característicos, como Cantinflas o el Chavo del Ocho. Y también hay ridículos estructurales que no se cansan de decir tonterías y desparpajos, como Nicolás Maduro.

Con todo, unos pocos han practicado el ridículo como arte y con él han elaborado obras maestras que pasan a los libros de historia, como cuando el Dr. Francia decretó en Paraguay el uso obligatorio del sombrero para estar siempre preparados para saludar respetuosamente a la autoridad. El Gobierno chileno ha decidido intentar esta clásica categoría nominando un ¿grupo?, ¿asamblea?, ¿comisión?, ¿mesa de diálogo?, ¿cuerpo colegiado? para que ¿observe?, ¿supervise?, ¿redacte?, ¿corrija?, ¿promueva? un proceso Constitucional que no tiene ni programa ni prospectos coherentes. Para coronar la necedad de la iniciativa, la composición del ente pretende reflejar la pluralidad de Chile, y para ello lo componen desde abogados a futbolistas, desde marxistas a conservadores. Pero, en realidad, la vaguedad de sus propósitos, la total carencia de inserción institucional y su completa falta de representatividad, lo único que reflejan es la propia vacuidad del régimen al enfrentar un compromiso electoral que no sabe cómo ni cuándo ni dónde llevar a cabo, de modo que lo único que se le ocurre es trivializarlo.

Es difícil concebir algo políticamente más serio y delicado que establecer una nueva Constitución política del Estado con verdadera base democrática. Se requiere, en primer lugar, un Gobierno con mucho respaldo que explique seria y concienzudamente por qué objeta la Constitución vigente (el decir que es porque fue instaurada durante un periodo autoritario es pueril y de ninguna manera suficiente) y cuál es el proyecto Constitucional alternativo que propone, para luego trabajar con seriedad en su consensualización. No es tema para un Gobierno que apoya un cuarto de la ciudadanía, que a tirones ha implementado reformas que es necesario modificar antes que ni siquiera entren en vigencia. No es tarea para un régimen que diariamente se ve sobrepasado en el más elemental de sus deberes, como es la mantención del orden y la seguridad pública.

Es comprensible que ante tanta carencia de propósitos claros y de condiciones para implementarla, el actual Gobierno trate de salvar la cara con voladores de luces, como es el grupo creado. Pero tiene la obligación de lograrlo sin dañar gravemente al país ni farandulizando algo tan serio como es la forja de una nueva Carta Fundamental.

Si de la manera en que se aborda el tema Constitucional empiezan a manifestarse planteamientos ilusorios, disparatados y extremos, como es lo más probable, el efecto será el de aumentar las incertidumbres y prolongar el período de freno a la inversión productiva. Es obvio que hoy Chile no se puede dar el lujo de pasar años con crecimientos casi nulos, con productividad decreciente, con inflación y desempleo en aumento. Y una destemplada y prolongada discusión Constitucional lanzada a la calle sin otra partitura que unos spots infantiles en la televisión es el caldo ideal para agudizar la contracción económica del país.

Por todo lo dicho es que es urgente que los asesores políticos de que puede disponer la señora Bachelet la aconsejen efectivamente en este delicado asunto. Va por un camino equivocado y grotesco, y por respeto a sí misma, a su entorno político y a su propio pueblo, debe evitar que el tema Constitucional se transforme en una chacota. Cuando sea historia, todos queremos ver su retrato junto a los de Aylwin, Frei o Lagos, y no junto al de Nicolás Maduro o, peor aún, al de don José Gaspar Rodríguez de Francia.

Las promesas de Bachelet,

por Sergio Melnick.

Permítanme una columna especial que recopile algunas promesas del Gobierno y usted sea quien haga la reflexión final.

“Recuperaremos la senda de la responsabilidad Fiscal”; para el “déficit heredado de 1%, haremos una reforma tributaria para equilibrarlo”. “Existen estudios para Chile que dicen que el aumento de impuestos a la renta no afecta la inversión”; “llegaremos a un 0% balance estructural en el presupuesto 2018”. La realidad es que el déficit ahora es de un 4% y sigue creciendo.

“A partir del 2015 retomamos la senda sostenida de crecimiento, y este será 5%”. “Aumentaremos sostenida y fuertemente la productividad, aumentando inversión en ciencia y tecnología”; “ofrecemos trato preferente para las pymes”; “impulsaremos reformas para favorecer el financiamiento de la MYPE”. Todo lo que a estas alturas parece una broma de mal gusto, ¿o no?

Destaca la frase “el crecimiento económico es fundamental para enfrentar la desigualdad”; “aumentaremos la productividad al 0,5% por año” (está cayendo en 1,5% anual). “Debemos crecer para incluir, e incluir para crecer”. En fin, gran retórica, pero no era la intención. Hasta se ofreció “un nuevo trato para el empleo público”.

“Avanzaremos en el desarrollo de grandes embalses en diferentes Regiones”. “Crearemos una agencia de concesiones”. “Se invertirán US$ 4.000 millones en infraestructura de salud”; “haremos un esfuerzo en inversión pública en salud sin precedentes”. En otro plano, se ofreció “promoción decidida de investigación científica”, y hace poco tuvimos a los científicos frente a La Moneda. También en relación al Estado se ofreció “asegurar el uso eficiente de recursos y atención de calidad”, se me viene a la mente el Registro Civil, hospitales, DGAC y el bono BancoEstado.

Se ofreció un gran “plan 2014-18 Seguridad para todos”. También, “impulsaremos una política efectiva respecto a los indígenas urbanos”; “impulsaremos una nueva institucionalidad indígena”; “crearemos el Código de Infancia”; “crearemos un programa de generación de espacios urbanos para la infancia”; “crearemos un fondo que dará financiamiento a 1.000 proyectos anuales de y para jóvenes”; “creación de 15 centros pilotos de atención para Alzheimer”; “evaluaremos una iniciativa en contra de la incitación al odio”. Y fue al revés.

Se ofreció un “consejo de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil”. “Se crearán a nivel Regional Programas Tecnológicos de Inversión”. “Crearemos incentivos para la migración de Santiago a regiones, incluso desde el extranjero”.

Se darán “incentivos para que universidades Regionales tengan elenco académico de excelencia”. Un “plan especial de desarrollo de zonas extremas que les dará un impulso potente”. “Un país con Regiones más autónomas y poderosas”. Se ofreció un “plan de ordenamiento territorial”; “fortalecer la investigación científica sobre biodiversidad”; “creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”. Asimismo, “desarrollaremos una política sobre cultura digital”; “15 nuevos centros juveniles de cultura”; “nuevo programa para el arte y la cultura dentro de la jornada escolar completa de carácter masivo”. “Duplicaremos en cuatro años el presupuesto destinado a la cultura”, así como el “Plan nacional de fomento a la industria y economía creativa chilena”. Se dijo que “TVN debe desarrollar al menos dos frecuencias gratuitas abiertas adicionales” y “haremos que TVN se transforme en un actor relevante en el empuje de la digitalización”.

Se dijo que “se implementará un laboratorio de dopaje y un centro de recuperación deportivo”; “desarrollaremos olimpiadas escolares y educación superior”; “mejoraremos la calidad del servicio del transporte público (tiempo, seguridad, limpieza e información”), con un “panel de expertos en congestión con participación de organizaciones ciudadanas. Paquete pro movilidad el 2014”; “triplicaremos la capacidad de estacionamientos Merval, Biotren y Metro”; “centro de distribución de carga al sur de Santiago conectado con los puertos mediante trenes”; “conjunto básico de servicios municipales garantizados de calidad con indicadores objetivos auditables”.

“Con Bolivia lo fundamental será retomar el camino del diálogo y clima de confianza”; “se debe instaurar una nueva Diplomacia que exige una Cancillería moderna”. En educación solo recordemos: “Todos los establecimientos educacionales deberán ser de excelencia”.

El ofertón es increíble: “Un país que crece y se engrandece en todo sentido”; “el buen Gobierno que los chilenos y chilenas esperan y que nuestra economía necesita para dar el salto al desarrollo”. Usted tiene ahora la palabra.

Con acotados buenos deseos,

por Juan Andrés Fontaine.

En su saludo navideño, un amigo me desea un próspero Año Nuevo "en la medida de lo posible". Esta vez, los abrazos y parabienes serán tan afectuosos como siempre, pero no podrán disimular que las expectativas para 2016 son en verdad desalentadoras.

El que concluye fue el año de la decepción. Decepcionaron el liderazgo de la Presidente y el comportamiento de sus más cercanos, la calidad del Gobierno y sus políticas, la reacción de los dirigentes políticos sorprendidos en malos manejos, la constatación de que las virtudes de la libre competencia suelen ser más celebradas en los discursos que respetadas en los hechos, la persistencia de la desaceleración y la inflación, pese a los pronósticos alentadores de las autoridades.

Según el último sondeo del Centro de Estudios Públicos, un 81% de los encuestados opina que el país está estancado o en decadencia, el registro más negativo en 15 años. Tiene razón la opinión pública de sentirse defraudada: el Gobierno prometió educación gratuita y de calidad, entre otros "derechos sociales garantizados", gracias a una reforma tributaria que, descerrajando el aborrecido FUT, haría tan solo a los "poderosos de siempre" aportar los recursos necesarios. La oposición concedió al Gobierno el beneficio de la duda, apoyó una versión de la reforma tributaria considerablemente menos dañina que la original y confió en que con los recursos recaudados las autoridades podrían efectivamente diseñar políticas para mejorar la educación y la productividad. Pero las reformas educacionales promovidas por el Gobierno -inspiradas en un contraproducente afán igualitarista- en nada contribuyen a su calidad, en tanto muchas de sus otras iniciativas, como una reforma laboral que permite huelgas abusivas, desalientan el emprendimiento y la inversión. El resultado es que el crecimiento económico ha decaído al 2% anual; que se prevé para el 2016 un ritmo similar, con un mayor deterioro en la situación ocupacional y salarial; que las alzas de impuestos, lejos de recaer solo en los más ricos, están perjudicado a todos, y que la recaudación obtenida por el Fisco apenas le sirve para suplir el faltante presupuestario ocasionado por la desaceleración.

Pero no hay que dejarse llevar por el pesimismo. El rotundo fracaso del programa de Gobierno no puede sino abrir paso a las rectificaciones. La retroexcavadora carece ya de combustible. Chile mantiene intacta mucha de su capacidad de crecer, y mucho del estropicio causado es reversible. La opinión pública, según las encuestas, está disconforme, y lo hará sentir en la temporada electoral que se inicia pronto. La cancha de la competencia política parece estar como nunca abierta y pareja. Al menos en las fiestas de fin de año, sugiero mirar el lado lleno de la copa de champaña.

Chantería sin límites,

Fernando Villegas.

Hay lecciones que hemos aprendido hace mucho, pero cuando llegamos a repasarlas nos impresionan como si fuera la primera vez. Son, por lo general, las lecciones acerca de cuán chanta puede ser el prójimo por unas lucas, por unos puntos de rating, por un palmotazo en la espalda, porque te aplaudan la claque y el jefe.

En la televisión, donde he estado 25 años, he tenido sobrada oportunidad de observar el fenómeno, si bien casi nada a través de experiencias personales porque mis largos años en CHV se limitaron, en realidad, a los pocos momentos cuando hacía el programa, los almuerzos de pauta y el día de ir a dejar la boleta de honorarios. Eso me puso a cubierto de la vida de pasillos y su inevitable fauna de hocicones, especie animal presente en toda organización. O al menos no me enteré. Aun así y por el solo hecho de ser parte “del medio” supe de muchas astracanadas -y sufrí un par, muy poca cosa en tanto tiempo- que ante mí expusieron desnudamente el desmedrado calibre de la especie. No debe ser distinto en los demás ámbitos de la vida, pero en televisión se nota más porque es actividad pública y elaborada para publicarse.

Primera lección repasada este año: la ilimitada capacidad de animadores y periodistas de ese medio para denostar, pisotear y humillar al prójimo por el miserable beneficio de ser aplaudidos por el jefecito, la claque interna y externa, los curados del bar de cabecera y ojalá ganar tres puntos extras de rating. He visto emboscadas montadas a sangre fría para ese propósito. Se invita a alguien prometiéndosele que no se tocará tal o cual faceta de su vida que quiere mantener privada y la primera cosa con que lo asaltan, con imágenes de archivo y todo, es precisamente acerca de eso. ¿Para qué? Para ganar esos tres puntos extras de rating. Acaban de hacérselo al ‘Checho’ Hirane. Supongo que el afirulado, enano y carilindo animador que perpetró esa canallada se siente muy satisfecho.

Segunda lección repasada este año: el oportunismo de los mismos de la lección anterior. Limitándose casi siempre sus luces a desparramar clichés marchitos cada vez que pueden, son por lo mismo increíblemente veloces para subirse en la cresta de la ola que esté predominando. De ahí la abundancia de “justicieros”, esto es, de comentaristas y entrevistadores dándoselas de Jueces y/o maestros de ceremonias del gran tedeum de la Verdad y la Justicia. ¿Pensaron alguna vez a fondo en los conceptos o palabras que usan con tanta frecuencia? Es de dudarse.

Las mujeres invisibles,

por Joaquín García Huidobro.

Cuando Bachelet recibió la banda Presidencial el 11 de marzo de 2014, muchos chilenos veían con esperanza su vuelta a La Moneda. Otros, en cambio, la mirábamos con preocupación. Pero unos y otros teníamos algo en común: nos gustara su programa o nos pareciera una barbaridad, todos coincidíamos en que el retorno de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres representaba una gran oportunidad para las chilenas.

Por eso, a la hora de cerrar el año y hacer un balance, la primera pregunta que debemos hacerle no se refiere a la gratuidad, a la reforma tributaria, a la nueva Constitución, a las concesiones de hospitales públicos o a la ley laboral. La primera demanda que debemos plantearle es muy simple: después de casi dos años de Gobierno, ¿ha mejorado significativamente la situación de las mujeres chilenas?

No me refiero, por supuesto, al hecho trivial de que los chilenos y las chilenas debemos dirigirnos a ellos y a ellas cuando aludimos a nuestros Presidentes o Presidentas, de modo que todos o todas estén adecuadamente empoderados o empoderadas. Presumo que nuestras mujeres no se dan por satisfechas con estos malabarismos verbales.

Partamos por un ejemplo muy simple. El ingreso promedio de las chilenas en 2014 fue de $382.253. Pensemos en una madre joven que tiene un hijo de 8 años y que trabaja en una tienda pequeña. Su hijo sale de vacaciones a comienzos de diciembre. ¿Qué hace con él esos tres meses de verano? Dudo que sean muchas las autoridades chilenas capaces de dar una respuesta convincente a esa pregunta elemental (¿o es que alguien tiene una pregunta más importante?). “Ellas dejan a su niño con la abuela o la vecina”, nos dirán. Pero, ¿y si no la tienen? Se cuentan por miles las mujeres que vienen de Regiones a trabajar a Santiago y que carecen del apoyo de los vínculos familiares. Además, está el caso de las inmigrantes. ¿Vamos a dejar entregada la solución del problema del cuidado de sus hijos a la eventualidad de encontrar una vecina solidaria?

Mientras las élites siguen discutiendo sobre abstracciones, pareciera que los problemas que afectan el día a día de las mujeres, es decir, de la mitad del país, permanecen invisibles o son patrimonio exclusivo de las revistas femeninas. Habrá que leerlas entonces si queremos saber lo que, de verdad, pasa en el país.

Habrá que leer, por ejemplo, “Sentencia prematura”, un reportaje impresionante que Muriel Alarcón publicó en la revista “Ya”. Los datos que transmite son estremecedores: el 86% de las mujeres presas es madre. Mientras estaban en libertad, ellas eran la única fuente de ingreso en su casa y probablemente la única posibilidad real de que sus hijos pudieran llegar a ser buenos ciudadanos. Con la madre presa, esos niños carecen de un motivo para ir al colegio y están expuestos a toda suerte de abusos y maltratos. Las consecuencias de esa situación en la psicología de los menores son gravísimas y permiten pronosticar cómo será su futuro: “Son niños incapaces de reproducir vínculos afectivos, niños violentos y agresivos”, dice la psicóloga Ana María Stuven. Y nosotros nos extrañamos de los “portonazos”.

Como parece que los problemas de la mujer hoy no son importantes, urge contar con más mujeres en la política, pero no resulta fácil si no se quiere recurrir al humillante sistema de las cuotas. Si una Diputado decide ser madre, es vista como una traidora por su partido, que se queda siete meses sin un voto en el Congreso. Hasta en una fábrica de cuchuflíes existen los reemplazos de las operarias que están en pre y posnatal. Y nosotros, en más de siglo y medio de vida republicana, no hemos sido capaces de inventar fórmulas de sustitución temporal que permitan a las Parlamentarios estar tranquilas en su casa sin la preocupación de tener que elegir entre la maternidad y el bien del país.

¿Qué es lo más relevante que Bachelet ha ofrecido a las chilenas? Una ley de aborto, una institución tan machista como la pornografía, la ablación femenina o la trata de personas, que permite al varón hacer con ella lo que quiera y luego endosarle el “problema” diciéndole que es libre para resolverlo.

Sería injusto echarle la culpa de todo a este Gobierno. Pero a Michelle Bachelet le pedimos más. En suma, el balance de estos dos años de administración es muy simple: al Gobierno de la Nueva Mayoría le vendría bien una mirada de mujer.

Oportunidad perdida,

por Axel Buchheister.

El Gobierno trató de establecer la gratuidad en la educación superior mediante una glosa presupuestaria, que se la daba solo a algunos de los alumnos vulnerables que están en una misma situación, discriminándolos por estudiar en instituciones que no agradan a la mayoría Gobernante. Entonces, como era esperable, la oposición recurrió al Tribunal Constitucional para proteger a los perjudicados de tan poco maternal y arbitraria pretensión.

El Tribunal acogió el requerimiento, pues la discriminación inconstitucional era manifiesta y gruesa. Con no poco arrojo, pues también era esperable la andanada de descalificaciones y amenazas de hacerlo desaparecer que recibiría por fallar de ese modo. Ahí está el mote de “miserable” que profirió contra la sentencia el Senador de la retroexcavadora. Entonces el Gobierno, sin siquiera leerla, respondió con un proyecto de Ley que, con algo de maquillaje, mantenía la discriminación y que contradecía flagrantemente el fallo, al reiterar la exigencia de acreditación de cuatro años a las universidades privadas que no rige para las Estatales.

¿Y qué hizo entonces la oposición? En vez de defender a los alumnos vulnerables otra vez maltratados y el pronunciamiento que ella misma solicitó al Tribunal Constitucional, comenzó a ceder. A cambio de unas becas que la propia izquierda proclama que no son lo mismo que la gratuidad. ¿Si había recursos para becas, por qué no exigieron que se aportaran a la gratuidad para minimizar la irritante exclusión de algunos estudiantes? Porque el sector no quiso seguir pagando costos políticos, con lo que perdió la inmejorable oportunidad de obtener un dividendo político: demostrar que no solo defiende a los empresarios -como lo acusan-, sino que también a los estudiantes necesitados y discriminados; que eso no solo lo hace por táctica, sino porque está en la esencia de sus ideas. Dirán ahora que mejor era negociar, que perder todo. Pero si el Gobierno obtuvo su objetivo ideológico y nadie va decir que lo insuficiente en becas que salió fue mérito de la oposición.

Por el contrario, la centroderecha tuvo un nuevo retroceso en la batalla de ideas. Por algo en la izquierda se ufanan que lo relevante en la Ley que salió aprobada, fue que la “derecha” terminó adhiriendo a la gratuidad, que se busca sea universal. Ésta es una mala política, por tres razones: atenta contra la focalización del gasto social en los más vulnerables; porque olvida que lo que se da gratis no se valora y que siempre se utilizará mejor aquello que significa algún esfuerzo personal, por lo que toda forma de asistencia a los más vulnerables debe requerirles que aporten o cumplan algo; y porque es injusta respecto de aquellas familias -la gran mayoría- cuyos hijos no tendrán acceso a la educación superior, pero que tendrán que contribuir a su financiamiento con el IVA y otros impuestos.

No obstante que tales factores enlazan con la esencia de las ideas de la centroderecha, sólo aparecen mencionándolos Andrés Velasco o el Senador Zaldívar, mientras que ella guarda silencio y algunos votan a favor de lo contrario, sin ganar nada. Pura pérdida.

Balance en rojo,

por Cristina Bitar.

Termina el 2015 y es bueno hacer un balance de los 12 meses que concluyen. A pesar de que hubo avances y cosas positivas, éste no fue un buen año para Chile. En lo político y social, estuvo marcado por la desconfianza y la pérdida de credibilidad en todo y todos. El sistema político, los empresarios, la Presidente de la República —que hasta Caval seguía a flote mientras todos los políticos se hundían— y ahora la ANFP marcan uno de los puntos más bajos de nuestra historia en materia de cohesión de la sociedad con sus líderes.

En materia económica hemos caído en un pantano; nos estancamos y no se ve la luz al final de un túnel cuya oscuridad sólo tiende a aumentar con el paso del tiempo. De ser una economía pujante, que nos llevó a ser el país más desarrollado de América Latina, tanto en ingreso per cápita como en calidad de vida, este año apenas bordearemos el 2 por ciento de crecimiento y los pronósticos son iguales o peores para 2016.

La transición se hizo sobre la base de avanzar en reconciliación y amistad cívica. Ello significó una gran revalorización de la democracia y un consenso básico indispensable en el modelo de desarrollo. Ambos ejes aparecen hoy más debilitados que hace 12 meses atrás. Hemos sufrido una regresión hacia el diálogo de sordos y hacia el cuestionamiento de todo lo hecho. ¿Es la recaída en el refundacionismo sesentero? A ratos da la impresión de que sí.

Lo único razonablemente bueno es que hacia el final del año son las nuevas luces de esperanza en nuestro continente, luego del triunfo de Macri en Argentina y de la oposición venezolana en las últimas elecciones. En nuestro país se ve positivo que haya una tenue revalorización de los acuerdos, la "retroexcavadora" ha terminado por convertirse en una mala palabra y en diferentes ámbitos se escucha a los líderes hablar sobre la necesidad de hacerse cargo de las malas prácticas y de las demandas de esta sociedad más informada y empoderada.

La gran lección del año que termina es la necesidad de reconquistar a una ciudadanía incrédula, escéptica y decepcionada. Ello es posible, pero implica más transparencia, más diálogo, renovación y coherencia. El ex Presidente Lagos solía justificar muchas de sus propuestas de cambio a partir de reconocer y valorar lo existente, que él entendía como una etapa previa y necesaria. Solía decir: "Porque hemos hecho lo que hemos hecho…". En otras palabras, su gestión no miraba el cambio en la lógica de partir de cero, sino en la de la evolución, en que se crecía a partir de lo que había.

Tal vez si en 2016 volvemos a esa lógica podamos debatir buscando acuerdos y no avasallar al adversario; podamos volver a creer en el Chile que construimos y, sobre todo, cuidar las expectativas que generamos para poder avanzar de manera sólida.

Ese terrorismo a la vuelta de la esquina,

por Sebastián Edwards

Hace un par de años, con un grupo de amigos decidimos que el terrorismo no afectaría nuestras vidas. Si cambiábamos nuestra rutina, nos dijimos, los terroristas estarían ganando. Decidimos continuar con nuestras agendas de seminarios, cursos e investigaciones. Viajaríamos a África y al Medio Oriente, y visitaríamos Asia y las grandes ciudades. Tomaríamos aviones y trenes, nos hospedaríamos en hoteles concurridos por turistas y ejecutivos de multinacionales, y seguiríamos comiendo en restaurantes de barrio.

En los últimos meses, y como consecuencia de los ataques de París y California, esa determinación ha estado flaqueando: el grupo se desgranó lentamente. Dos o tres cancelaron sus compromisos en Estambul, uno postergó una misión a Kenia y otro decidió que en los tiempos actuales era una imprudencia salir de casa, incluso para ir a un seminario en Fráncfort.

Unos pocos nos mantenemos firmes en nuestra resolución. Pero ya nada es lo mismo. Subimos a aviones con aprensión, y al llegar a una estación de trenes o a un lugar atiborrado buscamos las salidas de escape o los lugares donde nos guareceremos en caso de un ataque. A veces, y un poco en contra de nuestros principios, miramos a otros pasajeros con sospecha. Si uno vive en Europa, e incluso en los EE.UU., el terrorismo está, literalmente, a la vuelta de la esquina. Vivimos con el alma en la mano.

Es verdad que el terrorismo es un arma cobarde de vieja data -basta recordar la masacre en las olimpíadas de Múnich en 1972, perpetrada por la banda Septiembre Negro-, pero durante unos años las cosas cambiaron y parecía que estaba en retirada.

El resurgimiento del terror tiene causas múltiples y complejas. Pero sin duda que una de ellas es la política que siguió el Gobierno de George W. Bush en el Oriente Medio. La invasión a Irak se justificó con información falsa, fue mal planeada, y todo se improvisó durante la ocupación. Mirado desde la perspectiva de hoy, un error mayúsculo fue no haber implementado el programa propuesto, entre otros, por el actual Vicepresidente Joe Biden, y dividir a Irak -un país inventado en la Conferencia de París de 1919- en tres Estados sobre bases étnicas y religiosas. De haberse hecho se hubieran salvado miles de vidas, tanto en Irak como en Siria y otras latitudes.

Los que quedamos del grupo original seguimos firmes en nuestra decisión de no alterar nuestras vidas. Nos damos valor los unos a los otros. Pero la verdad es que no sé cuánto durará, o cuándo será la próxima deserción. Quizás el próximo en partir sea yo mismo. Espero que no sea así, pero, francamente, todo puede suceder.

Nuevo Presidente de C. Suprema.

Por unanimidad la Corte Suprema eligió al Ministro Hugo Dolmestch como Presidente del tribunal, cargo que asumirá por dos años a contar del próximo 6 de enero. El mismo día, dio una amplia entrevista a diario El Mercurio, en la que se pueden encontrar algunos planteamientos que apuntan a delinear su gestión y que resultan auspiciosos.

El nuevo Presidente plantea como temas importantes la independencia de los Tribunales y la inamovilidad de los Jueces. La primera es fundamental para la vigencia el Estado de Derecho y la segunda una vía para asegurarla. Pero la independencia tiene un contrapunto: que los Tribunales respeten las prerrogativas y funciones de los demás órganos del Estado, lo que supone que en sus fallos se atengan a la Ley sin pretender transformarse en reformadores sociales, que en democracia es un rol que compete a los colegisladores. En ese sentido, es importante la visión del Ministro Dolmestch que se declara contrario a que los Jueces formen parte de comisiones para fijar políticas, pues están llamados a resolver imparcialmente cuando ellas no producen los efectos deseados, y que el aporte que puede hacer la Judicatura a prevenir los delitos es sancionarlos, lo que tiene que hacerse en conformidad a la Ley. Asimismo, refiriéndose a la situación de La Araucanía, señala que “no se puede decir que la Jurisdicción va a estar siempre a favor de la causa indígena o de la otra”, porque sería asumir un posición valórica por parte de los Jueces.

Se advierte así un planteamiento que centra a los Jueces en su rol más propio, y de dar garantías a todos los sectores de la sociedad que las causas se resolverán imparcialmente y sin sesgos, lo que contrasta con la tendencia observada en los últimos dos años que evidencian una permanente toma de posición en materias propias del debate contingente, que lesiona la imparcialidad a que tienen derecho los ciudadanos en la estricta aplicación de la Ley.

El impacto de la gratuidad en la calidad.

Acuerdos políticos y concesiones de último momento han permitido al Gobierno sacar adelante su anhelado proyecto de gratuidad para la educación superior. No se trata, por cierto, de una reforma que aborde esta materia de forma integral, sino simplemente de una glosa presupuestaria que financiará en 2016 las carreras a un limitado grupo de alumnos de menores recursos que opte por las instituciones que cumplan con los requisitos aprobados por el Congreso de la República.

Como consecuencia, tanto el sistema de educación superior como los propios estudiantes enfrentan ahora un proceso de admisión cargado de interrogantes y sin ninguna claridad sobre los lineamientos que definirán el financiamiento de esta nueva institucionalidad en el mediano y largo plazo.

A pesar de ello, algunas universidades privadas han optado por adherir al sistema. Se trata de anuncios que llaman la atención, considerando que sus máximos representantes ejercieron un público y relevante rol cuestionador del proyecto oficialista, tanto por sus deficiencias técnicas como por objeciones al fondo de una política que traslada el subsidio desde la demanda a la oferta, con los consecuentes desincentivos a la calidad y al libre albedrío de los estudiantes.

Ninguno de estos cuestionamientos resultó debidamente atendido durante la acelerada tramitación del proyecto que siguió al rechazo del Tribunal Constitucional a la iniciativa original. Por el contrario, representantes de al menos dos de los planteles privados que optaron por sumarse a la gratuidad han planteado un escenario deficitario en sus ingresos que pone en riesgo sus respectivas apuestas por la calidad educacional.

Sin embargo, los directivos de estas universidades privadas deberán reconocer que se trata de un riesgo inherente a un concepto de educación superior que, más allá del debate sobre las fórmulas de financiamiento, siempre estuvo presente en el proyecto impulsado por el Ejecutivo. Porque la política de gratuidad está muy lejos de garantizar o fomentar la calidad y así lo confirmó el propio Gobierno al excluir del requisito de acreditación mínima de cuatro años a las universidades Estatales.

El arancel de referencia determinará, a partir de ahora, el estándar de calidad que el Fisco estará dispuesto a financiar y las universidades que integren el sistema no tendrán más alternativa para subsistir que recurrir a una suerte de subsidio interno permanente o rebajar sus costos a los niveles promedio de los planteles que integran el Consejo de Rectores.

Suponer que el Estado se hará cargo de esta diferencia, como reclaman algunos directivos de las casas de estudio que optaron por la gratuidad, implica desconocer la raíz ideológica de una reforma que no solo persigue otorgar educación sin costo para estudiantes de menores recursos, sino principalmente moldear el sistema educacional chileno y colocar trabas para la existencia de planteles de excelencia que compitan por captar a los egresados de mejor rendimiento.

Este es el impacto que debieron considerar aquellos centros de estudios superiores que optaron por las facilidades financieras y comunicacionales de corto plazo que supone la adherencia a un sistema del cual, difícilmente, podrán renunciar ni tampoco criticar con la coherencia de quienes defienden la vigencia de un modelo educacional que ha permitido a miles de estudiantes acceder a la educación superior.

El desafío de la delincuencia.

En la tercera encuesta del CEP en 2015, al igual que en las dos anteriores, la delincuencia aparece como la principal preocupación ciudadana (58%), 14 puntos por sobre la segunda (salud) y casi 12 veces más que el interés en la reforma Constitucional.

Casi simultáneamente con conocerse dicha encuesta, un Subcomisario de la PDI, con 15 años de servicio y que durante sus vacaciones realizaba compras navideñas con su esposa embarazada, fue asesinado por delincuentes con armas de fuego al intentar repeler un asalto a una juguetería en el centro de Santiago. Pocos días antes, un matrimonio fue brutalmente asaltado en el estacionamiento subterráneo de una clínica, y el Sernac declaró que la seguridad es responsabilidad de dicha entidad, pese a que se evidencia una organización que sobrepasa lo que cualquier seguridad privada puede enfrentar. Son solo dos ejemplos de incontables casos similares. En el combate contra la delincuencia, el Estado de Chile está siendo derrotado, y el Ministro del Interior y Seguridad Pública lo reconoció con franqueza en agosto pasado.

La Director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana ha advertido repetidamente que en el nivel denuncias "estamos igual o peor que hace 10 años", y la victimización es 30% más alta que hace 15 años. En 2004, uno de cada cuatro robos era cometido con violencia; hoy lo es uno de cada tres. En Santiago, alrededor de 660 mil personas viven en 80 barrios críticos: proliferan las pandillas -existirían a lo menos 150, con creciente número de miembros-, el crimen organizado -hoy gran parte de la delincuencia lo es, y existen "industrias" de distribución y reventa de bienes y productos robados o ilícitos de toda especie- y el narcotráfico. Casi la mitad de los locales comerciales es víctima de un delito durante el semestre, de lo que los asaltos en malls son una muestra.

El gasto en seguridad se ha más que duplicado en la última década, llegando a 2,5 billones de pesos al año (6% del presupuesto nacional), y desde 2006 cada Gobierno ha publicado una Estrategia Nacional de Seguridad Pública, pero ellas no inciden sustancialmente en cómo se gastan esos recursos. Así, el mayor gasto no tiene impacto.

En estas circunstancias, es inevitable que la seguridad pública sea uno de los temas centrales del ciclo político que se inicia con las elecciones Municipales que se celebrarán en 10 meses más. Las autoridades deberán hacer frente a cuestionamientos tan concretos como las inexplicables razones por las que aún no han puesto en operación el tantas veces anunciado Banco Unificado de Datos.

El conjunto de instituciones públicas responsables parece no advertir que la frustración de la ciudadanía victimizada puede traducirse en apoyo a políticas populistas en materia de seguridad que no solo no aporten, sino que incluso pueden resultar contraproducentes.

El juicio del 27-F.

Próximamente cumplirá seis años la investigación penal del caso del 27-F. Algunas víctimas han calificado esta demora como una "vergüenza", mientras algunos expertos introducen matices de índole diversa, todos los cuales confluyen en la idea de que se trataría de "un caso muy complejo". Entre los principales factores de la demora destacan la pesquisa inicial dirigida a investigar más de 400 casos de muerte, la presentación de un recurso de inaplicabilidad que recién después de un año fue rechazado unánimemente por el Tribunal Constitucional, y diversas incidencias procesales que han retrasado la realización de las actuaciones que permitirían avanzar. La última de ellas fue la renuncia intempestiva del defensor de uno de los acusados, en atención a la cual se postergó la preparación del juicio oral nada menos que hasta el 14 de marzo del año próximo.

Además de las dificultades que provienen de la cantidad de acusados y de víctimas, del hecho de que las muertes se produjeron en lugares distantes entre sí, y de los requerimientos probatorios para acreditar actuaciones imprudentes, un factor relevante en la demora parece haber sido la definición de que la causa debía ser llevada a juicio oral. Desde el punto de vista técnico, y considerando las penas establecidas en la Ley para los delitos imputados, sería perfectamente posible que un proceso como el del 27-F concluyera mediante procedimientos abreviados o, en algunos casos, incluso mediante salidas alternativas de suspensión condicional. Del otro lado está, sin embargo, la función social y simbólica del proceso penal, que solo se manifiesta plenamente en la ritualidad del juicio oral. La decisión sobre cuál será la forma de superar o procesar penalmente un determinado conflicto está entregada en primer término a la fiscalía y, por vía de control, a los jueces. El caso del 27-F no es la excepción.

Esta situación manifiesta muy claramente, igual que otras investigaciones penales que afectan a figuras políticas, los alcances políticos que tiene la Fiscalía en el diseño del Estado chileno. Aunque las personas con formación más tecnocrática tiendan a pasarlo por alto con el loable propósito de exigir criterios estrictamente técnicos de persecución penal -los cuales sin duda deben existir-, todo indica que hace falta un mayor análisis de la dimensión política que ejerce la Fiscalía, y muy especialmente los Fiscales Regionales y el Fiscal Nacional. Las vías por las cuales fluye esa influencia política, la forma como se ejerce y sus retornos son un misterio para la inmensa mayoría de los ciudadanos. La impresionante demora en la causa del 27-F puede y debe ser observada también desde este punto de vista, pues a todas luces ella tiene efectos políticos de gran envergadura.

La semana pasada, durante la XLIX Cumbre del Mercosur, en Asunción, el Presidente argentino, Mauricio Macri, demandó la libertad de los presos políticos encarcelados en Venezuela, como Leopoldo López y Antonio Ledezma. Era la primera aparición en este foro del nuevo Gobernante trasandino y su intervención, anunciada durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada, rompió con el sosiego que suele dominar este tipo de encuentros.

Como era previsible, la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó las demandas y acusó a Macri de entrometerse en los asuntos internos de su país. La intervención del Presidente argentino, sin embargo, es una señal acertada y valiente, que vuelve a instalar la discusión sobre la defensa de los Derechos Humanos en el seno del Mercosur, y que deja en evidencia también la lamentable pasividad con que otros Gobiernos de la región han enfrentado los abusos y el progresivo cercenamiento de las libertades individuales en Venezuela.

Existe abundante evidencia de que López, en particular, fue condenado a 14 años de cárcel en un juicio en el cual se cometieron graves violaciones del debido proceso, y sin pruebas que lo vincularan con algún delito. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han criticado su detención y condena arbitraria, al igual que observadores del sistema interamericano y de las Naciones Unidas.

Las elecciones Legislativas del 6 de diciembre, que dieron a la oposición una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, parecieron indicar una normalización de la institucionalidad democrática. Sin embargo, algunas medidas que ha tomado el Gobierno de Nicolás Maduro antes de que se concrete la nueva composición de la Asamblea, el 5 de enero, apuntan a desvirtuar la voluntad expresada en las urnas. En ese contexto se inscribe el nombramiento de 13 Jueces en el Tribunal Supremo de Justicia, todos de tendencia oficialista, y el intento de impugnar la elección de una veintena de Legisladores de oposición.

Estos acontecimientos son una oportunidad para que otros países, incluido el nuestro, sigan el ejemplo de Macri y rechacen claramente cualquier artimaña que intente neutralizar el mandato democrático.

La mayoría de los Gobiernos latinoamericanos guardaron un vergonzoso silencio ante la detención de López, Ledezma y otros presos políticos. Apenas algunos —como Chile, Costa Rica y Paraguay— exhortaron a Caracas a respetar el debido proceso. Hoy, es necesario que esas voces, a las que se ha sumado Argentina, se manifiesten no sólo ante la violación de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela, sino también frente a los intentos de torcer la voluntad popular.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.