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Sin
duda la imagen de la semana es la de la colusión de dos grandes
empresas de papeles para
subir
los precios, eliminar la competencia y custoriar sus altas
participaciones en un mercado
casi
monopólico. El Estado no puede seguir abdicando de su deber
fiscalizador.
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La
Presidente Michelle Bachelet sigue haciendo desaprensivos y absurdos
anuncios y firmando
proyectos
de Ley refundacionales, mientras el país se paraliza, la cesantía
crece y la inflación
agobia
a los chilenos que viven de un sueldo.
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El
difícil escenario nacional,
por Sergio Melnick,
El
Gobierno de Bachelet ejemplifica muy bien lo que ocurre cuando las
ideologías se transforman en religiones. Los dogmas incluso impiden
ver la evidencia aun cuando esta sea abrumadora. El voluntarismo,
entonces, resulta patológico. El rey va desnudo, todos lo saben,
todos lo ven, pero nadie lo quiere decir abiertamente. Así, el
discurso sube de tono, la polarización crece, la incertidumbre
socava la economía, el desempleo aumenta y también la pobreza, y de
esa manera el ciclo perverso se retroalimenta a sí mismo.
La
política nacional ha llegado a un nivel de desprestigio y
deslegitimización tan grande que las soluciones se ven muy
complejas, ya que la política es el único camino razonable. El
órgano político de nuestra sociedad está enfermo, quizás en la
UTI. En pleno siglo 21 intentar volver a ideas romanticoides como los
cabildos o las asambleas populares parece un chiste de mal gusto.
Ricardo Lagos es más moderno y abrió un portal web.
El
fin del segundo año de Gobierno de Bachelet no parece auspicioso ni
para ella ni para el país. La economía no da señal alguna de
recuperación, sino al revés. El último pronóstico de crecimiento
de 2,25% del Ministro es poco probable que se cumpla, la inflación
será alta, y por más que el Gobierno nos diga que el desempleo
disminuye, la evidencia práctica indica todo lo contrario. En algún
momento ello deberá sincerarse y será una bomba política. Bachelet
destrozó nuevamente las finanzas públicas (tal como lo hizo en su
primer Gobierno) y dará en herencia un déficit Fscal en torno al 4%
del PIB, con una deuda pública que crece a razón de unos US$ 10.000
millones por año. Básicamente está hipotecando el país sin saber
cómo se va a pagar la cuenta de la gran farra del “infantilismo
progresista”, tal como calificó Ignacio Walker a lo que está
ocurriendo. Curiosamente es el mismo Pedro Picapiedra que descalificó
a los intelectuales en el nombre de Engel.
A
la mala situación económica se debe sumar una reforma que no es
laboral sino sindical, rechazada ampliamente por los especialistas de
todos los sectores, tal como lo fue la reforma tributaria y la
educacional. El Gobierno sigue empujando esa reforma de mala factura
técnica como todas las anteriores.
La
improvisación en educación ha superado a la imaginación y va
dejando un río de decepción y problemas de diversa índole que
simplemente no tendrán solución posible y retrasarán la educación
del país por décadas. Se inició abiertamente el desmantelamiento
de los establecimientos privados del país por vías indirectas
camino a una educación Estatal homogénea y de mala calidad. Se
pidió recursos para una educación de calidad y durante dos años
sólo hemos discutido de contabilidad. El pronóstico es aterrador.
La tozudez del Gobierno, acompañada de una total improvisación, es
tan impresionante que decidió iniciar una reforma estructural a
través de una glosa del presupuesto, una práctica antirrepublicana,
propia de los famosos resquicios legales de otros tiempos. Aun así,
está llena de errores e imprecisiones, además de ser
arbitrariamente discriminadora.
La
salud púbica incrementa su crisis sin que nada parezca detenerla. En
18 meses ha habido casi una decena de huelgas ilegales en el sector,
la deuda hospitalaria crece a niveles insospechados, los hospitales
ya no se construyen porque ideológicamente se vetaron las
concesiones, en fin. Las colas Auge siguen creciendo, las listas de
espera son de no creer, no hay especialistas, y luego empezarán
otras huelgas salariales. Lo peor es que no se aprecia un plan claro,
al punto que los propios Parlamentarios de Gobierno le llaman la
atención en el presupuesto, dejando en un peso el tema hasta que el
Gobierno corrija un poco sus errores.
La
delincuencia está literalmente desatada, aumenta en cantidad y
gravedad. A eso se suma el terrorismo de La Araucanía, que el
Gobierno simplemente no quiere ver. Declaraciones y discursos van y
vienen, pero el problema aumenta día a día. El tema de la
delincuencia se agravará necesariamente con la economía debilitada.
El tema de La Haya nos ha dejado consternados. Nos pusieron una
boleta 14 a 2, y el Gobierno nos quiere convencer de que ganamos. El
Canciller boliviano se pasea por Santiago sin que se enterara nuestro
Canciller, que tampoco es capaz de evitar declaraciones destempladas
del Embajador del Perú en La Moneda.
El
Gobierno es incapaz de nombrar un Contralor tras ocho meses. Conicyt
hace crisis. A lo anterior debemos sumar la huelga ilegal del
Registro Civil, se viene la negociación de la ANEF, el tema
Constitucional anunciado por Bachelet transpira sin ambages sus fines
ideológicos y poca transparencia real, programada para coincidir con
elecciones: cuando se nota la intención se pierde la ilusión.
Mi
otro proceso constituyente,
por Roberto Ampuero.
Debo
ser uno de los pocos chilenos vivos que ha participado -como
integrante del "pueblo"- en un debate nacional para
elaborar una nueva Constitución. Tal vez de allí deriva mi
escepticismo frente a esto de invitar a "todo un país" a
discutir sobre algo tan complejo como la Carta Magna. La experiencia
la hice en Cuba, en 1975, junto a 6,2 millones de cubanos, que
representaban el 98% del universo electoral. Entonces fuimos
sometidos a fogosas charlas de cuadros comunistas sobre Constitución,
y posteriormente invitados a "debatir" sobre el proyecto
oficial en sindicatos, comités de defensa de la revolución,
regimientos o universidades. El resultado: infinitas sesiones a grito
pelado que duraban más allá de la medianoche, la aprobación del
proyecto por 99% de la ciudadanía y -¡oh, coincidencia!- el parto
de una Constitución similar a la soviética.
José Stalin afirmaba que en las elecciones lo clave no es contar los votos sino cómo se cuentan, algo válido para esa consulta Constitucional: tras proponer más de 10.000 rectificaciones, los 6,2 millones de cubanos aprobaron en 1976 una Constitución calcada de las de los países comunistas. Nadie cayó, sin embargo, en la cuenta que al mismo tiempo era despojado del derecho a salir de la isla, disponer de propiedad privada, renunciar a la ciudadanía cubana o a formar partidos independientes. O "las masas" no piensan, o Stalin tuvo excelentes discípulos en Cuba.
En la Universidad de La Habana los debates sobre el proyecto, que fue redactado por 20 altos dirigentes comunistas, tenían lugar en "brigadas" de 12 a 14 alumnos, dirigidas por la Unión de Jóvenes Comunistas. Pese a no ser cubano, pude participar porque en rigor daba lo mismo: los artículos se aprobaban uno a uno y a mano alzada. Curiosamente, toda idea nueva que se planteaba ya estaba, supuestamente, "de alguna forma" en el proyecto oficial, por lo que solo discutimos si Cuba debía conservar su nombre de República a secas o llamarse "República Socialista". Ganó lo primero.
Hay un asunto que puede ser de relevancia para los jacobinos de la Nueva Mayoría. Me refiero a quienes simpatizan con los regímenes de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, o sienten nostalgia por la extinta RDA. La Constitución cubana de 1976 recibió el puntapié inicial en 1972, cuando se creó una comisión Constitucional. En 1974 Fidel Castro dio otro paso: fundó una comisión mixta entre Gobierno y PC (que es lo mismo) y le encargó redactar el proyecto que en 1975 "debatió" todo el pueblo, y que fue ratificado después con sólo 1% en contra.
Algo más digno de recordar para nuestros jacobinos: entre la toma del poder por los Castro en 1959 y 1976, Cuba se rigió por una "Ley Fundamental", que era la Constitución anterior, la de 1940, pero adaptada a las necesidades del castrismo, es decir, sin libertades individuales ni derecho a crear organizaciones opositoras, y con expropiaciones exprés. La Constitución de 1976, que hablaba de la alianza con la Unión Soviética, fue modificada en 1992, cuando se la ajustó a la desaparición de los países comunistas, y en 2002, cuando se le agregó el "carácter irreversible del socialismo" en la isla, lo que expresa el temor de los Gobernantes ante el fin del régimen Estatista y de partido único.
Menciono todo esto porque los jacobinos, que critican con vehemencia la actual Constitución, pero simpatizan con el sistema de Cuba o Venezuela, van a gozar de enorme influencia en todo lo relativo a nuestro proceso Constituyente. Lo digo también pues sospecho que las indicaciones del "pueblo", siempre tan idealizadas por el populismo, se las lleva a menudo el viento.
Ahora que Bachelet anunció un proceso Constituyente ambiguo y contradictorio, cuyo único resultado cierto es que Chile se pasará años discutiendo sobre cómo llegar a una nueva Constitución o al perfeccionamiento de la actual, la que fue originada bajo Augusto Pinochet y perfeccionada bajo Ricardo Lagos, corresponde estar atentos a quién impartirá a la población la educación cívica en los cabildos. Mi experiencia en este ámbito me enseñó que en el debate Constitucional ciudadano lo decisivo no radica en explicar qué es una Constitución sino en quién, bajo qué valores y con qué objetivos la explica. Por lo mismo, el proceso Constituyente es demasiado sensible como para que quede en manos de políticos o partidos que respaldan o admiran a regímenes no democráticos del color que sean.
Maniqueísmo a la orden,
por Fernando Villegas.
En
alguna de sus numerosas intervenciones orales -su día laboral
comienza, casi cada mañana, celebrándolas en 24 Horas y CNN, pero
hay muchas otras ocasiones para oír su espléndida retórica- la
Presidente le notificó a la nación el pronto arribo de una nueva y
sustantiva expectoración de democracia: será el proceso de
educación cívica por el cual el ciudadano común, quien rara vez
lee y/o entiende lo que lee, quien jamás ha tocado un volumen de la
Constitución o no ha mirado ni siquiera su solapa, quien está más
preocupado de no ser asaltado a la salida o al regreso a su casa y/o
le importa un comino el tema Constitucional, aun así o precisamente
porque es así será sometido a la condición de diligente alumno de
una manada de profesores contratados o supervisados desde un
organismo ad hoc dirigido por Camilo Ballesteros, joven y
disciplinado militante comunista quizás sin gran versación en
materias jurídicas ni pedagógicas, pero en subsidio hombre de
sólidas convicciones republicanas expresadas en su creencia de ser
Cuba un ejemplo de democracia.
Como
era de esperarse el elenco estable de militantes, apitutados,
funcionarios, bataclanas, viejas pitucas progres, honorables y
voceros oficiales y oficiosos de la NM croó ruidosamente su
aprobación. También aplaudieron a rabiar. Ya se sabe; el aplauso
del Gobierno por sí, ante sí y para sí se ha hecho costumbre
siguiendo en eso los protocolos cortesanos de las asambleas del PC de
la fallecida URSS y del aún rozagante PC de China. A lo más algunos
miembros de la barra fueron algo tibios y expresaron ciertos matices;
“tal vez” hubiera sido mejor saber qué pretende cambiarse antes
de discutirse el modo de discutirlo; “quizás” el plazo que se ha
dado para esta educación masiva sea demasiado largo o demasiado
corto; “en una de esas” la ciudadanía está agobiada por otros
temas.
Lo
que no merece ni un “quizás” ni un “tal vez” es la
inclinación constante y absoluta de las agrupaciones de izquierda
por predicar grandiosas iniciativas como esta, a las cuales asocian
las más apocalípticas predicciones si acaso aquellas no se
ejecutan. Como en todo sistema ideológico y escatológico basado
menos en razones que en creencias, esta sensibilidad jamás evacua
algo de menor calibre que un piano de cola. Siempre sus revelaciones
mesiánicas mentan “las transformaciones profundas”, la
“revolución”, la creación del “hombre nuevo” o cuando menos
la “refundación”, mientras siempre sus advertencias proféticas
nos amenazan con “explosiones sociales”, el “derrumbe del
sistema”, “el colapso de la globalización” y “el fin del
capitalismo” la próxima semana. Inspirados quizás menos por Marx
que por San Juan, nos dicen ahora lo mismo: sin el reemplazo de una
Constitución “espuria en su origen” -léase el Génesis- el país
se caerá a pedazos.
La
cancha.
Difícil
tomarse en serio esos pronósticos, ni un átomo menos calamitosos
que el de los sitios de YouTube donde se nos anuncia un inminente fin
del mundo por la llegada del planeta X, por el arribo catastrófico
de un asteroide colosal, por causa de explosiones solares o de un
ataque extraterrestre perpetrado desde la otra cara de la Luna o
desde la Antártica, donde los alienígenas estarían escondidos en
una base secreta junto con Hitler. Quien haya leído siquiera una vez
la revista Le Monde Diplomatique tiene ya una idea del melodramático
universo mental y visceral dentro del cual se mueve dicha corriente
política.
Sin
embargo es preciso considerar seriamente el hecho de que en compañía
de esa vocación quiliástica, mesiánica y profética convive, en el
espíritu de la izquierda, un certero oportunismo electoral que le ha
dado muchas victorias. Siendo su base política natural las “grandes
mayorías”, las que en su gran mayoría tienen un largo historial
de reclamos, quejas y rencores por el modo como los trató
injustamente la vida, la sustancia medular de su credo y evangelio,
lo que le da su irresistible y perenne eficacia, ha sido y siempre
será expresar doctrinariamente esa rabia seminal de las multitudes,
prometerle alguna clase de revancha a la mano y enseguida el
establecimiento del paraíso aquí en la tierra, aunque no tan
pronto. Para cumplir con todo eso se necesitan enemigos. Ha de haber
gentes perversas y culpables de los males sufridos por doña Juanita
de modo que ella sea inocente, irresponsable de su situación,
víctima y mártir del mal perpetrado por otros, pero que además
sirvan de blancos para darle salida a la ira, adecuados objetos de
venganza, los tipos a quienes se debe linchar. Sin carretones
cargados de gente camino a la guillotina no hay revolución social
que valga la pena. De ahí el porqué, en cada contienda política
que registra la historia, la izquierda de turno ha intentado
celebrarla en una cancha donde pueda establecer una situación de
conflicto puro en la que se enfrenten dos campos, el de los buenos y
el de los malos, el de los creyentes y el de los paganos, el de los
trabajadores y el de los explotadores, el de los demócratas y el de
los fascistas o pinochetistas, el de los revolucionarios y el de los
contrarrevolucionarios, el de los republicanos y los monarquistas,
etc., etc.
Maniqueísmo.
Es
entonces comprensible sospechar que el “debate Constitucional” es
el especioso pretexto con el que se preparará esa cancha en esta
ocasión. Será la “campaña del Sí” 2.0. En ella se alinearán
a las fuerzas del Mal y del Bien. Es evidente que, en términos
comunicacionales, habrá poco espacio para la pedagogía jurídica y
abundante para la instalación de la siguiente dicotomía: o usted es
un demócrata que desea perfeccionar la democracia o usted es un
redomado fascista que desea perpetuar la maléfica Constitución
originada en tiempos de Pinochet. No habrá cupo durante ese lapso
para discutir cifras económicas, tratar acerca de corrupciones o
escándalos, los proyectos fallidos, postergados o mal pensados, sino
sólo para el viejo enfrentamiento maniqueo entre Ormuz y Ahrimán.
Si
alguien espera, entonces, alguna clase de debate serio, jurídico,
razonado y reflexivo acerca de la Ley fundamental de la República
bien podrá quedarse esperando hasta el día cuando las trompetas nos
congreguen al valle de Josafat. Considerando la clase de sacerdotes
que probablemente estarán a cargo de la misa, todo pareciera indicar
que el ejercicio no será conducido bajo el imperio de lógicas ni
académicas ni ciudadanas, sino como invocación para resucitar a los
vampiros de siempre y luego como exorcismo para destruirlos; veremos
una vez más, siendo exhumados de sus tumbas, los restos del
pinochetismo; veremos reaparecer los espectros del manoseado y
siempre útil fascismo; veremos a operadores, activistas y
energúmenos de barbita y bigote matoneando en las asambleas
ciudadanas; en el último capítulo, una semana antes de las
elecciones, veremos al hada benevolente dándole el beso de la
resurrección al príncipe de la democracia. Seremos salvados y el
hada o más bien el príncipe, probablemente el crecientemente
encanecido ME-O en conformidad con los consejos de su maquillador
político, se hará cargo del pastel.
Chistes
de la historia.
En
ningún caso todo está consumado. A las fuerzas de la historia les
encantan los chistes de mal gusto y rara vez quienes planifican un
proyecto a mediano o largo plazo se salen con la suya. Por donde
menos esperan salta la liebre. El mundo es una máquina de millones
de engranajes y los activistas y protagonistas sólo conocen y
controlan uno o dos. En la guerra, decía alguien, las primeras
víctimas son siempre los planes de los altos mandos; igual sucede en
todo orden de cosas. La campaña por la educación cívica puede
estar ideada para calentar motores progresistas en beneficio de la
próxima elección Presidencial, pero por obra y gracia de
desconocidas alquimias políticas ese tiro podría salir por la
culata.
¿Cómo,
cuándo, quién, dónde? Lo ignoramos. Los populismos confesos o
camuflados tienden a perpetuarse, pero simultáneamente son de enorme
fragilidad. Quién sabe qué brotará de esa antinomia…
El
papel está sucio,
La
colusión de dos importantes empresas en el campo del papel tisú
("tissue", para los que no sepan castellano) da,
ciertamente, para una película, con ejecutivos lanzando computadores
al canal San Carlos para eliminar pruebas, utilizando teléfono de
prepago, y otras lindezas por el estilo. Pero, además, daña
aspectos neurálgicos de nuestro sistema social.
En efecto, la democracia política y la economía de mercado funcionan bien cuando existen mecanismos de autocontrol que permiten que la gente no haga todo lo que está al alcance de la mano. Las libertades política y económica suponen un respeto muy estricto de ciertas reglas del juego, que no son relativas ni están a disposición de los sujetos. De lo contrario, necesitaríamos contar con tantos guardianes que, además de resultar económicamente insostenibles, terminarían por hacer ilusoria la libertad que esos sistemas proclaman.
¿De dónde se obtienen esos mecanismos de autocontrol? ¿Cómo conseguimos que empresarios, políticos, abogados, periodistas y otras personas poderosas no hagan todo lo que podrían hacer, aunque nadie los vigile en ese momento, sino que reconozcan ciertos límites infranqueables? Ni la democracia ni el mercado producen la ética necesaria para su funcionamiento. Esa capacidad, en parte, la traen las personas desde la casa, pero eso no basta. Debe ser reforzada por otras instancias. El problema es que esas otras instancias están más bien ausentes, por lo que únicamente nos queda confiar en las medidas judiciales, que por definición solo funcionan a posteriori , es decir, cuando el daño está hecho.
Pensemos, por ejemplo, en las universidades. Allí se forman las élites económicas y políticas. ¿Cuántas de ellas tienen programas sistemáticos de ética empresarial? Para la mayoría, esta es una materia que se reserva a unas alusiones en el discurso del Decano durante la ceremonia de graduación. Además, los cursos de ética son una pequeña parte de lo necesario para que nuestras instituciones no entreguen títulos de gánster. ¿Cuántas universidades se toman en serio la prevención y castigo de la copia, ese flagelo que, con apariencia inocente, constituye una magnífica escuela de futuros comportamientos irregulares?
Por otra parte, al interior de las empresas no faltan sistemas de remuneración que, en ocasiones, constituyen un incentivo a los comportamientos ilegales. Me refiero a la práctica de premiar con incentivos los logros de los ejecutivos, un mecanismo que, aparte de discriminatorio (pues esos incentivos pocas veces llegan al portero o la secretaria), resulta peligroso si no se toman ciertas cautelas, por más que esté muy extendido y casi nadie lo discuta. Determinados incentivos resultan tan atractivos, que, en los hechos, constituyen un estímulo para saltarse las reglas.
No estoy diciendo que los bonos sean intrínsecamente inmorales, pero hay que tener cuidado con algunos de ellos. Suponen que la meta perseguida está tan bien definida, que coincide exactamente con el bien de la empresa, incluido el de los accionistas minoritarios. Pocas son las inteligencias en el planeta capaces de hacer algo semejante: cuando se pone un incentivo para conseguir una meta única, todo lo demás se transforma en irrelevante. Se olvida que una empresa es una institución muy compleja, cuyo buen funcionamiento incluye muchos factores, que no siempre son tan visibles como la meta que se pretende obtener gracias a esos incentivos. De este modo, el bono puede terminar conspirando contra la salud de la organización misma. Pasa como con la PSU: si no contempla la historia antigua o medieval, sino solo la historia contemporánea, entonces el imperio romano o las cruzadas pasarán a ser cuestiones irrelevantes para el joven que quiere llegar a la universidad. Así, la prueba para medir conocimientos contribuirá a producir ignorantes.
Es probable que los dueños de los grupos económicos involucrados no supieran de estas actividades delictivas; sin embargo, también tienen su cuota importante de responsabilidad. De personas como ellos, que no son empresarios comunes y corrientes, cabe esperar no solo una mejor selección y control de sus ejecutivos, sino también que sean capaces de buscar otros modos de fomentar un trabajo bien hecho, y no que se limiten a repetir sin matices el sistema de incentivos vigente en el mercado, que en este caso ha terminado por ensuciar un papel que debería estar muy limpio.
Muy
grave, muy triste,
por Héctor Soto.
Pasarán
años -largos años- antes de que se pueda reparar el daño al modelo
y al sector empresarial generado por la trama de colusión
recientemente denunciada por la Fiscalía Nacional Económica. En una
economía libre, los acuerdos relativos a precios y cuotas de mercado
de quienes supuestamente deberían competir corresponden a prácticas
destructivas de las bases mismas del sistema. Llega el momento en que
implican trasladar a la actividad económica lógicas francamente
gansteriles. Las utilidades obtenidas por esta vía no se diferencian
gran cosa de las provenientes del robo o la extorsión. Con razón la
opinión pública ha reaccionado con estupor frente a la denuncia.
Los datos más indignantes del escándalo son dos. Uno es el tiempo
que operó este arreglín impresentable; 10 años es mucho tiempo. Y
dos, la participación que tuvo en él una filial de CMPC, empresa
que había sido hasta aquí el buque insignia del sector privado
chileno y por la cual en tiempos de la UP se libraron batallas
memorables en nombre de la libertad. Lo primero es muy grave. Lo
segundo, muy triste.
Descubierto
el ilícito, lo único que cabe esperar es que las instituciones
funcionen y las responsabilidades se hagan efectivas con todo el
rigor que merecen. Pero ni una ni otra cosa van a poder revertir los
alcances éticos, psicológicos y políticos de esta inmundicia. Es
mucha la gente que cree que esto mismo ocurre en muchos otros
mercados y, como es imposible probar los hechos negativos, la duda,
que ya era grande hasta ayer, ahora no sólo será mayor, sino
también más feroz.
No
tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Aparte de las
decisiones que los Tribunales de Justicia finalmente adopten, una
fuerte condena social recaerá sobre las empresas y personas
implicadas en el negociado. Será un juicio despiadado e implacable y
está bien que así sea. Por unos mugrientos millones de más o de
menos esta gente vendió su alma al diablo y traicionó la confianza
de los consumidores, que es por lejos el principal activo de las
empresas. Lo increíble es que haya ocurrido en un momento en que el
país no sólo se estaba sensibilizando respecto de estos temas -la
verdad es que se estaba crispando- y que sus autores no hayan tenido
el menor radar para advertir que en la sociedad chilena podía haber
espacio o vista gorda para muchas irregularidades, pero ninguno para
las de esta índole. Por lo que se sabe, alguna conciencia de esto
tuvieron los responsables, como que después del caso farmacias, el
2007, los contactos entre los conspirados dejaron de ser presenciales
y la trama, como en las novelas de misterio, siguió desarrollándose
encriptada en teléfonos de prepago, casillas electrónicas truchas o
mensajes disfrazados de partes matrimoniales.
Es
sano que esta pústula haya reventado ahora, aunque para esto nunca
haya un buen momento . Peores son el silencio y la impunidad. Habrá
que saber desde dónde y hasta adónde llegaba la trama. Lo terrible
-es la experiencia en casos así- es que siempre quedará flotando un
nubarrón de sospechas incluso sobre personas que a lo mejor nada
tuvieron que ver. Es el costo que tienen estos episodios y es el
factor del cual menos se preocuparon los bellacos, “chicos listos”
e imbéciles que lo urdieron.
Que
nadie se pierda: esto es un golpe severo al modelo y viene no del
frente, sino de adentro. Esto es lo que convierte el escarnio en una
ganga. Aunque jamás el modelo ha supuesto que los agentes económicos
deban ser irreprochables, a partir de este episodio se van a acuñar
más caricaturas de las que ya circulan y nuevas generalizaciones de
marcado sesgo político para inclinar la balanza a la desconfianza.
No hay mucho que alegar a este respecto. Literalmente, la están
dando.
La
gran superioridad moral que tiene un régimen de economía libre es
hacerse cargo del interés del consumidor en forma mucho más
eficiente que cualquier otro modelo alternativo. Es obvio que cuando
aparece la colusión -y la competencia queda secuestrada- esa ventaja
se disipa y el sistema lisa y llanamente se convierte en encerrona,
en emboscada. En estos casos quien sale perdiendo es siempre el
consumidor, el incauto obligado a pagar más por bienes o servicios
que podría conseguir más baratos o a recibir productos de inferior
calidad en relación a lo que le han estado costando.
La
economía de mercado no se sustenta en la ética de los empresarios.
Si la tienen, tanto mejor, porque así se puede asumir un piso común
de buena fe. Pero la disciplina del modelo funciona incluso a prueba
de canallas toda vez, claro, que la competencia se pueda desplegar.
Si eso no ocurre, los consumidores quedan a merced de los coludidos y
los pillos y el sistema se convierte en un asco.
No
seamos ingenuos. Este no es el primero ni será el último episodio
de colusión en el país. Lo importante es que haya una sanción
congruente al daño causado y que se prendan las luces rojas para
disuadir a todos quienes quieran tomar este camino. Lo ocurrido
entrega insumos intelectuales, éticos y políticos no para abogar
por más Estado y menos mercado, sino al revés, para extremar los
esfuerzos por más competencia, más transparencia e información.
El
enemigo de la competencia no es el mercado. Son los empresarios y
ejecutivos que se coluden, son las restricciones que establecen altas
barreras de entrada, son los políticos enemigos del emprendimiento.
También lo es el Estado intervencionista. Al final, el socialismo es
una mala idea que se explica en función de uno solo de los capítulos
de los libros de economía. Ese capitulo es la quintaesencia de la
colusión y se llama monopolio.
Conflictos
en sociedad: El cautiverio de la mayoría,
por Ricardo Escobar.
Una ventaja de vivir en democracia
es que tenemos el derecho de manifestar lo que pensamos o pedimos y
que podemos juntarnos con otras personas para organizarnos en lo que
queramos. Una incomodidad es que estos derechos deben ejercerse
dentro del marco legal que los garantiza. Así, si bien tengo el
derecho de gritar mis ideas, no tengo el derecho de hacerlo en el
living de mi vecino sin haber sido invitado. Si lo hiciera, el vecino
llamaría al 133 y un par de Carabineros me pondría en la calle o me
alojaría en una Comisaría. Esto, bien que yo gritase por la defensa
de las chinchillas, por la calidad de la educación pública o por un
merecido aumento de mi sueldo.
Así funciona la democracia. Nos damos normas que nos garantizan derechos individuales y colectivos, sus límites, y luego concentramos el uso de la fuerza para hacerlos cumplir. Es un sistema delicado, pero no hay tarea más importante.
En Chile, por varios años se ha impuesto una forma de ejercer los derechos de libre expresión y asociación como si se tratase de categorías privilegiadas, que habilitan a quienes gritan a sentarse en las obligaciones que conllevan. Si varias personas quieren algo y están dispuestas a gritarlo con fuerza, nada es más importante, toda la sociedad debe doblarse y someterse. El Estado de Derecho debe "flexibilizarse" frente a la necesidad privilegiada de los vociferantes.
Se autoriza una manifestación por una cierta ruta y hora, para que otros millones de personas que no van a la marcha puedan ejercer su derecho de libre circulación, y sucede que al grupo en cuestión no le gusta, porque quisiera entrar, de ser posible, a gritar en la oficina de un ministro. Viene entonces la revuelta: rayando muros, quebrando luminarias, saqueando tiendas.
Los paros en servicios públicos son un mal crónico: sea por un aumento de remuneraciones o de personal, se organiza una manifestación que se traduce en ilegalidades varias: interrupción del servicio, cierre de edificios públicos, falta de clases, etcétera.
Las autoridades encargadas de velar por los derechos de las personas afectadas por estas situaciones hacen vista gorda. Si no, son crucificadas en los medios y por los políticos populistas que no pierden la oportunidad de ejercer su irresponsabilidad.
No se ven líderes políticos defendiendo los derechos de los miles de afectados por estas manifestaciones, protegiéndolos oportuna y eficazmente.
Las Municipalidades gastan millones reparando la destrucción habitual, en vez de mejorar los consultorios o escuelas para los más pobres; los comercios ven destruido su patrimonio; millones de personas no pueden hacer su vida normal: contraer matrimonio, obtener pasaporte o un certificado de antecedentes, exportar, comprar un departamento o estudiar.
¿Cuándo quedamos cautivos de la vociferación masiva? El día en que los responsables de administrar el poder público dejaron de cumplir su deber. Bien por cobardía, por oportunismo político, abandonaron a las mayorías pacíficas y silenciosas en favor de los grupos de interés que rompen la Ley, pero gritando en la calle. Es más fácil dejar hacer a los cientos que chillan frente a las cámaras que defender a los millones que están callados sentados en un bus, trabajando en sus escritorios, cocinando en sus casas o esperando en una fila eterna en el Registro Civil.
No es simpático descontar el sueldo o terminar el contrato a funcionarios públicos que hacen una huelga ilegal. Con la carga asociada a la dictadura, hay que ser valiente para defender a los Carabineros que hacen su labor cuidando la vida o propiedad de otros, frente a vándalos enmascarados o mapuches enojados que les tiran bombas molotov (por causas muy nobles, sin duda).
Cuesta, pero es indispensable volver a hacerlo. La democracia tiene la esencia de su valor en hacer libres a las mayorías (H. Kelsen), pero eso supone obedecer sus reglas y hacerlas cumplir. Si no, estarán cautivas de los vociferantes de turno. Quienes tienen el honor de liderarnos, deben tener el valor de defender la libertad y derechos de las mayorías silenciosas y con ello, nuestra democracia.
La extensión de la gratuidad.
La discusión sobre gratuidad en
educación superior sigue ocupando el foco de la agenda, a pesar de
que es probablemente el desafío menos importante en el ámbito de la
educación. La idea de que es la única manera, o incluso la mejor,
de asegurar el derecho al acceso en educación terciaria no se
sostiene. Materializar esta política no solo es onerosa para el
Estado, sino también técnicamente compleja. Ambos aspectos han
afectado la discusión. Como consecuencia del primero, se ha definido
de un modo muy discrecional a las instituciones cuyos estudiantes van
a tener acceso al beneficio en 2016, existiendo una vaga promesa de
que más adelante esa discrecionalidad se atenuará o eliminará.
En relación con el segundo aspecto, es evidente que la manera en la que se ha definido el aporte por gratuidad no tiene ningún sustento técnico. Es un promedio de aranceles de referencia de instituciones con igual cantidad de años de acreditación, aumentado eventualmente hasta en un 20 por ciento. Pero esos aranceles, que se establecieron a principios de la década del 2000 para orientar la política de ayudas estudiantiles, nunca fueron un esfuerzo serio para definir los costos de educar a los jóvenes en los distintos programas de la educación superior. Que en la actualidad existan más de 12 mil de esos aranceles, varios de ellos inconsistentes entre sí, da cuenta de esta realidad. Es razonable, entonces, que las instituciones que perciben que el aporte por gratuidad no se acerca al arancel efectivo de sus carreras duden de incorporarse a esta política, más todavía cuando no hay ninguna claridad respecto de cómo este aporte se definirá más adelante una vez que se avance en la universalización del beneficio.
En el contexto confuso en que se ha dado esta discusión, han aparecido voces que sugieren que, en una primera etapa, habría que financiar solo a las instituciones Estatales. Este giro es interesante, porque si bien las demandas del movimiento estudiantil en 2011 y de los intelectuales públicos que las respaldaron a veces eran confusas, en materia de gratuidad estas no privilegiaron la gratuidad universal, sino más bien la restringieron al ámbito de las instituciones Estatales. Es por lo demás la experiencia que se observa en países como Argentina, Brasil o México, que sirven de modelo, o en países europeos, como Alemania o Suecia. Por cierto, en Chile esta preferencia en algunos sectores también estaba alimentada por la escasa participación que tiene la oferta Estatal en la educación superior, como si ese fuese un objetivo per se valioso e independiente de la calidad.
Si bien por ahora la posibilidad de que sean solo las instituciones Estatales las que avancen en gratuidad parece estar descartada, las complejidades técnicas y financieras de esta política pueden hacer reflotar esta idea, de suyo debatible y alejada de la tradición que ha tenido el país en materia de financiamiento de los estudiantes.
Indefiniciones
del proceso Constituyente.
En
entrevista con Diario La Tercera, el Ministro Secretario General de
la Presidencia delineó algunas de las claves del proceso
Constituyente que inició el Gobierno, cuya primera etapa será de
"formación cívica", para luego dar paso a cabildos
Regionales y Provinciales, los cuales recogerán las aspiraciones de
la ciudadanía. "Vamos a invitar a la gente que imagine la
Constitución que quiere", planteó el Ministro.
A partir de las explicaciones del personero -quien aclara que su rol es de "coordinador administrativo", porque el responsable político es el Ministro del Interior- resulta bastante evidente que La Moneda mantiene aún muchos aspectos esenciales sin resolver, algo que resulta llamativo considerando el extenso período que se ha tomado la Presidencia para anunciar una reforma que en su programa de Gobierno figura como una de sus prioridades. Esta ausencia de definiciones más concretas parece ser evidencia de que el Gobierno nuevamente está improvisando respecto de una reforma estructural, lo que permite augurar que dicho proceso difícilmente logrará el objetivo que se ha previsto.
Los cabildos Regionales y Provinciales jugarán un rol central en este proceso Constituyente; sin embargo, ni siquiera están definidos aspectos tan básicos como el número de personas que se espera participe en ellos ni cuántos cabildos se constituirán en el país. “Es un tema administrativo que todavía no hemos resuelto, pero no tiene por qué ser uno por Provincia, pueden ser varios, a objeto que tenga una dimensión que sea manejable”. La inexistencia de estos antecedentes esenciales resulta inexplicable, aspecto sobre el cual el Congreso debería reparar y exigir que dichas definiciones estén disponibles por parte del Gobierno antes de discutir las respectivas partidas presupuestarias, y rechazarlas en caso de que ello no ocurra. Y en cuanto a la participación en dichos cabildos, “hay toda una entrada posible participativa a través de un sitio web”, plantea el Ministro, lo que confirma el estado embrionario de su diseño.
Otro de los estamentos que jugará un rol central en este diseño es el llamado Consejo Ciudadano, el cual tendrá entre sus objetivos actuar como garante en los respectivos cabildos y elegir a los monitores que den garantías de imparcialidad en el proceso. No hay claridad de quiénes integrarán dicho consejo ni el número de sus integrantes. El propósito es que sea lo más amplio posible, y que a su vez sea operativo. "¡Qué se yo. Diez, 12 personas. Puede que más, no me lo han definido".
El Consejo tendrá también la misión de aprobar los contenidos de la campaña de educación cívica, la que de acuerdo con el Ministro comenzará a mediados de noviembre. No parece posible que una entidad que aún no se ha nombrado tenga siquiera una mínima capacidad de visar en tan poco tiempo los contenidos de esta formación cívica, la que en sí misma ha despertado fundados reparos sobre su imparcialidad y las verdaderas motivaciones que subyacen a ella.
Frente a estas indefiniciones han surgido voces que han comparado esta errática planificación con la reforma educacional que el propio Ministro Nicolás Eyzaguirre impulsó cuando estuvo frente a la cartera de Educación. El personero reconoció hace apenas un par de meses que se cometieron graves errores. "El programa educacional padeció de exceso de ambición"; asimismo, admitió que el Gobierno cayó en una "vorágine de reformas". Por ello sorprende que a tan poco de haber hecho ese reconocimiento nuevamente se opte por el camino de la improvisación y la falta de consensos.
Mejorar las isapres.
En el Encuentro Nacional de Salud,
la Ministro del ramo planteó que la reforma al sistema privado de
salud se fundamenta en la necesidad de avanzar hacia una integración
de ambos regímenes de salud, esto es, isapres y Fonasa. Para ello,
la propuesta del Gobierno se basa en establecer un "fondo
mancomunado", que en la práctica equivale a una especie de
impuesto a los afiliados a isapres para que contribuyan al sistema
público. A cambio de ello, el Estado ofrecería a las personas
ciertas acciones de salud que, según se ha anticipado, podrían ser
trasplantes, procuramiento de órganos, medicamentos, atención
primaria, de rescate y urgencia.
Inevitablemente, esta fórmula despierta aprensiones, porque a cambio de ese impuesto sería el Estado -no los privados- el que entregaría servicios de salud. En esa misma medida, se trata de una Estatización. Y dadas las necesidades crecientes en salud, cabe prever que tal impuesto, en los hechos, crecerá paulatinamente hasta captar para el Estado todo el 7% de cotización obligatoria que hoy pagan los afiliados a sus isapres.
Frente a esta opción que se postula como integración, la Asociación de Isapres se ha asesorado por académicos holandeses en estas materias, haciendo ver que en países desarrollados -como Holanda, Alemania y Suiza, entre otros- la integración, solidaridad y equidad que requieren los sistemas de salud se ha logrado mediante sistemas de múltiples seguros en competencia, con libertad de elección para las personas. Para resolver los problemas de transparencia y equidad se crea un estándar suficiente de coberturas y se compensan los riesgos de las aseguradoras mediante un fondo de compensación de riesgos. Este proceso de compensación impide que las tarifas de los seguros discriminen por sexo, edad o estado de salud, y permite que entre todas las entidades que participan de dicho fondo exista plena competencia, transparencia y movilidad de las personas.
Una reforma de esta especie, que es una opción posible, debería iniciarse primero entre las propias isapres, lo que permitiría adquirir experiencia en un tema actuarial muy complejo. Y más tarde, cuando Fonasa haya superado muchos de sus conocidos problemas, también podría integrarse paulatinamente a este esquema de compensación con sus aportes Fiscales y sus cotizaciones, para permitir que los beneficiarios del sistema público de salud opten libremente por las entidades que prefieran.
Todo aconseja estudiar sistemas de integración exitosos, como el esbozado, que parecen más razonables que limitar el espacio al sector privado, permitiendo realmente aumentar la libertad y eliminar las odiosas diferencias de tarifas entre jóvenes y ancianos o entre hombres y mujeres.
La designación del Contralor General.
La designación del nuevo
Contralor General de la República marcará una etapa crucial en el
proceso de modernización del Estado. El Gobierno y el Senado tienen
la oportunidad de dar un impulso decisivo para que el país continúe
en la dinámica iniciada por el Contralor anterior. Sería impensable
que vayan a renunciar a ella a través de una designación que
suscite un consenso político transitorio, pero no esté a la altura
de las necesidades de la institución y el país.
La idoneidad del futuro Contralor General depende, en primer término, de su preparación académica y experiencia profesional en las materias propias del órgano Contralor. Se requiere una visión panorámica del funcionamiento del Estado, que comprenda no solo la perspectiva del control, sino también la de los organismos fiscalizados y de los privados que interactúan cotidianamente con ellos. Es muy difícil comprender los problemas o aspectos necesitados de mejora cuando nunca se ha tenido a la Contraloría como contraparte. En tal sentido, es valioso que el candidato se haya desempeñado en organismos del Estado, o haya colaborado o interactuado intensamente con ellos desde el mundo privado.
Entre las tareas que deberá afrontar el nuevo Contralor destaca la necesidad urgente de agilizar los procedimientos internos para que los trámites que por mandato legal deben pasar por la Contraloría se realicen con la prontitud requerida. El funcionamiento de la sociedad moderna no es compatible con un Estado que se mueve a paso cansino. El riesgo inherente a la demora en los dictámenes y pronunciamientos, en los informes de auditoría y de fiscalización, consiste en que la Contraloría pase a ser una institución irrelevante en el funcionamiento real del Estado de Derecho. La sociedad no se va a acomodar a los tiempos de la Contraloría; por el contrario, tanto los funcionarios como los particulares sabrán descubrir y aprovechar todos los resquicios que les permitan sacar adelante sus iniciativas en tiempos razonables. Alguna ayuda en este sentido pueden proporcionar los instrumentos tecnológicos, como la toma de razón electrónica que fue implementada por el Contralor precedente. Como esta, muchas de las modernizaciones tecnológicas requieren modificaciones Legales; el nuevo Contralor debe estar en condiciones de dar forma a estos proyectos y de impulsarlos eficazmente ante el Poder Legislativo.
Asimismo, es indispensable asegurar que la calidad profesional de sus funcionarios sea adecuada. Esto solo se consigue a través de la contratación de personal de alto nivel, al cual se le ofrece la perspectiva de un trabajo interesante en lo profesional y en lo laboral, y que, al mismo tiempo, es capacitado en forma permanente. La Contraloría puede convertirse en una de las reparticiones más atractivas del sector público en términos de aprendizaje y empleabilidad futura, pero para eso es necesario profundizar en los elementos señalados. En la misma línea convendría evaluar la conveniencia de que todos los funcionarios sigan siendo de exclusiva confianza del Contralor de turno, como ocurre en la actualidad.
Resulta indispensable también mejorar los mecanismos de seguimiento de las instrucciones impartidas por la Contraloría a los servicios públicos. De nada sirve la elaboración de sesudos dictámenes, informes de auditoría e interpretaciones Legales, si luego los servicios públicos no los toman en cuenta o lo hacen solo en forma tardía y parcial. La falta de seguimiento es un problema real y de actualidad, que causa perjuicios serios a las personas afectadas por la actuación ilegal de las reparticiones públicas menos diligentes, a las que por diversas razones no alcanza el brazo fiscalizador de la entidad. En la misma línea, la Contraloría podría asumir un rol mucho más activo en la capacitación de los funcionarios públicos. Son innumerables los aspectos vinculados, por ejemplo, a la gestión de recursos públicos, en los cuales el órgano Contralor cuenta con la mayor reserva disponible de experiencia y conocimientos.
La difusión de los criterios de actuación elaborados por la Contraloría debe alcanzar también a los particulares mediante el perfeccionamiento de los canales a través de los cuales se da a conocer su jurisprudencia administrativa. Un avance importante en esta materia fue la sistematización de la jurisprudencia administrativa sobre planes reguladores en el período del anterior Contralor, pero es mucho lo que se puede avanzar en otros ámbitos. La Contraloría debe facilitar el cumplimiento de la Ley a quienes tienen la voluntad de actuar con apego a ella. Cada vez que un particular o un funcionario encuentren dificultades para conocer la correcta interpretación de una regla del ámbito administrativo, ello debería constituir un llamado de atención para el órgano Contralor. No es función de esta entidad sorprender con sus interpretaciones, sino entregar certezas a través de ellas.
Pero el principal cometido del futuro Contralor será la custodia del Estado de Derecho y de las garantías Constitucionales en los ámbitos de su competencia. El país atraviesa por un período de particular inestabilidad institucional que se manifiesta de variadas maneras y en distintos ámbitos. Ejemplo reciente de ello ha sido la introducción de una política pública de vasto alcance como la gratuidad universitaria a través de una simple glosa presupuestaria; es decir, escamoteando un genuino debate Legislativo. En muchos otros ámbitos sensibles -sistema de salud, sistema de pensiones, gestión de recursos naturales, etc.-, el riesgo de que el Ejecutivo intente actuar como si las reformas que aspira a introducir ya se hubieran aprobado no es menor, y solo una Contraloría fuerte y prestigiada puede hacer frente a las presiones que podrían presentarse.
Ninguna persona que se interese seriamente por el destino del país carece de opiniones y preferencias políticas, de modo que sería erróneo exigir a los candidatos a Contralor un currículum de prescindencia política. Por lo tanto, y al igual que en otros ámbitos, las únicas verdaderas garantías de su independencia serán su sólida preparación intelectual, su trayectoria y experiencia profesional, y sus dotes humanas de prudencia y fortaleza de carácter. Hay mucho en juego en el nombramiento del nuevo Contralor.
Las únicas verdaderas garantías de la independencia del contralor serán su sólida preparación intelectual, su trayectoria y experiencia profesional, y sus dotes humanas de prudencia y fortaleza de carácter.
El riesgo de que el Ejecutivo intente actuar como si las reformas que aspira a introducir ya se hubieran aprobado -como sucede con la gratuidad universitaria- no es menor, y solo una Contraloría fuerte puede hacer frente a las presiones que podrían presentarse.
Fallida visita de Choquehuanca.
El
Canciller boliviano, David Choquehuanca, realizó la semana pasada
una visita a Chile, la cual no comunicó al Ministerio de RR.EE.
chileno, por lo que no tuvo el carácter de oficial. El personero,
invitado por Casa Bolívar, participó en ceremonias "rituales",
se reunió con algunas organizaciones afines y en la Universidad de
Santiago dictó una charla sobre "el proceso liberador de
Bolivia".
Fiel al estilo contradictorio que el Gobierno de Evo Morales ha seguido en relación a Chile, Choquehuanca señaló que “Bolivia siempre está abierto a tener relaciones” -pero anteriormente ha desestimado los públicos ofrecimientos de Chile-, y acusó que “ciertas autoridades” tratan a veces con "cierto desprecio" a su país, sin entregar detalles. También insistió que ve mayor apoyo en Chile a la causa boliviana.
Se trata de una visita cuya motivación no fue otra que seguir manteniendo latente la mediterraneidad boliviana, buscando introducir fisuras en la postura chilena. La escasa relevancia de la visita -no fue recibido por ninguna autoridad del país- desmiente que la "causa boliviana" esté ganando fuerza, y acertadamente el Canciller chileno la calificó de meramente "propagandística".
Esta visita, sin embargo, permite marcar un fuerte contraste entre la actitud de serenidad e invitación al diálogo que ha asumido Chile en el diferendo boliviano, frente al hostigamiento del Gobierno altiplánico. Choquehuanca puede venir libremente al país sin ser molestado, y desplegar su agenda en entidades incluso del propio Estado, un contraste con las destempladas acusaciones de las que fue objeto el Cónsul chileno en La Paz, quien fue acusado por Evo Morales de buscar la "desestabilización" del Gobierno.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
