Una rápida mirada a la actualidad...

Chile debe decir basta a las insolencias y provocaciones de Morales y de

Humala que tratan de falsear la historia y de engañar al mundo buscando

espurios beneficios políticos.

La Presidente Bachelet promulgó la Ley que sanciona con pérdida del cargo

a las autoridades que infrinjan normas electorales, curiosamente no afecta a

los Presidentes que como ella obtuvieron financiamiento indebido.

Camioneros bloquearon ayer caminos en una decena de Estados de Brasil,

exigiendo la reducción del precio del diésel y el alza de fletes pero sobre

todo la salida del poder de la Presidente Dilma Rousseff.

La policía de Colombia incautó 500 kilos de cocaína en buses de hinchas

que venían a Chile a ver el partido de su selección con Chile por las

eliminatorias al mundial de Rusia 2018.

El Primer Ministro ruso, Dmitri Medvedev, admitió ayer que el avión ruso que

se estrelló en Egipto con 224 personas a bordo fue posiblemente víctima de un

"acto terrorista", tesis que ya era aceptada por varios países.

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¿Una tormenta perfecta?,

por Pablo Rodríguez Grez.

Chile atraviesa por un trance difícil. Súbitamente hemos ido perdiendo el horizonte que hace algunos años se proyectaba con cierta claridad. Los partidos políticos, la Iglesia Católica, los empresarios, las relaciones exteriores, la vida sindical, la seguridad, el modelo educacional, el respeto hacia el Estado de Derecho, etcétera, que hasta ayer constituían bastiones de la institucionalidad, parecen haber colapsado de manera inesperada. ¿Qué nos sucede? ¿Enfrentamos, acaso, una nueva crisis moral como aquella denunciada por don Enrique Mac-Iver al comenzar el siglo XX? No es fácil desnudar sus causas ni advertir su evolución en el futuro. Lo cierto e indesmentible es que debemos asumir esta nueva realidad.

Desde luego, todo indica que existe una disputa, cada vez más evidente, sobre el ordenamiento político, económico y social a que aspiran las grandes mayorías. Quienes procuran su reemplazo, no obstante ser aparentemente minoritarios, han conseguido ponerlo en tela de juicio, magnificando sus debilidades, explotando sus errores y acallando sus éxitos. De este modo, se han ido erosionando sus bases, generando una atmósfera de inseguridad y desconfianza incompatible con su buen funcionamiento y, lo que es peor, generando un ambiente de descontento que abre paso a descabelladas aventuras populistas.

Este problema se agrava, todavía más, porque la ciudadanía no está preparada para resolver el derrotero que debemos seguir con suficientes conocimientos. De allí la conveniencia de un plan de educación cívica que objetivamente, sin sesgos ideológicos ni aprovechamiento partidista, permita dotar, a quienes están llamados a decidir nuestro destino, del bagaje teórico mínimo que supone una definición de esta naturaleza. ¿Será esto posible? Me temo que nada de ello ocurrirá mientras no se conozca el rol que jugará la empresa privada y el que corresponderá al Estado; se reafirme el compromiso leal de las autoridades con el cumplimiento de la ley; y se confirmen las garantías que se brinda al ejercicio de los derechos fundamentales. Por lo mismo, subsistirá la incertidumbre y seguiremos estancados en todos los planos del quehacer nacional.

El cuadro descrito cobra mayor importancia en el proceso de desintegración territorial del Estado en que se encuentran empeñados grupúsculos perfectamente individualizados. Es un hecho que los países limítrofes, como Perú y Bolivia, se afanan en desmejorar las deterioradas relaciones diplomáticas y consulares, al extremo de llegar a la injuria y la ofensa, más allá de las contiendas judiciales. Desgraciadamente, la mesura de nuestras autoridades se confunde con tolerancia y debilidad, todo lo cual redunda en beneficio de la campaña internacional de que somos víctimas y que a largo plazo influirá fatalmente en la sensibilidad de un tribunal de La Haya, más político que jurídico.

A lo anterior debe unirse lo que sucede en la VIII y IX Región, hondamente conmovidas por una guerrilla larvada, que se incrementa día a día y que cuenta con un apoyo externo celosamente camuflado. Como si lo señalado no fuere suficiente, un movimiento separatista está siendo alentado en el territorio insular, orgullo de todos los chilenos, con los riegos que esto implica. Súmese a lo mencionado la inseguridad que gravita en todas las personas y en todos los hogares, y el panorama no puede ser más oscuro.

Chile no progresa. Confluye en ello, además de la indefinición que reclamamos, la crisis mundial que golpea preferentemente a los países emergentes. Todo nuestro esfuerzo, entonces, debería volcarse en estimular el crecimiento económico y generar un sistema tributario que hiciera posible redistribuir el ingreso, desterrando de esta forma los excesos a que arrastra un desarrollo desigual y la acumulación injusta de la riqueza. Asimismo, poner el peso del desarrollo en los hombros de la empresa privada, porque el Estado es un pésimo administrador, y porque puede controlarse la actividad de los particulares mediante el estricto cumplimiento de la ley. ¿Acaso las investigaciones que conmueven a la ciudadanía en este momento no son consecuencia del buen funcionamiento de los controles instituidos en el sistema? Lo fundamental, en esta situación, es fortalecer el Estado de Derecho y organizar la vida ciudadana al amparo de las normas legales.

No se me califique de pesimista. Tengo fe en Chile, en sus reservas morales y en su capacidad para enfrentarse a la adversidad. Pero es urgente salir al encuentro de los problemas y no "bajarles el perfil" para no alterar la tranquilidad pública, estrategia muy atractiva, predilecta entre los burócratas, pero de alto costo para el país.

Cipolla: la estupidez humana,

por Sergio Melnick.

La idiotez no es lo mismo que la estupidez. Einstein sostuvo que había “dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, y del primero no estoy seguro”. El historiador y economista italiano, profesor de Berkeley Carlo Cipolla, trató de entender el curioso fenómeno de la estupidez humana. Así logró encontrar algunas reglas de la estupidez que ocurren en todas las sociedades, y fueron publicadas en su libro Las leyes fundamentales de la estupidez humana.  “Un estúpido, dice, es una persona cuyos actos tienen consecuencias negativas en la vida de otra persona o grupo de personas sin que eso le traiga algún tipo de beneficio a él mismo, pudiendo incluso dañarlo”. Día a día son quienes entorpecen las actividades de los otros.

Cipolla describe cuatro tipos de individuos: los incautos (helpless), los inteligentes, los malvados y los estúpidos.  Incluso los malvados, a pesar de ser detestables, son racionales. Perjudican a otros, pero obtienen algún beneficio. Siempre habrá algo que negociar, o formas de protegerse.

La primera regla de Cipolla es que las personas siempre subestiman la cantidad de estúpidos que los rodean. Otra regla básica es que estos se distribuyen uniformemente en todas las actividades y tipos de ser humano; no depende de sus cualidades. Los hay en todas las profesiones, clases sociales, género, en todo nivel de educación, lúcidos, normales e idiotas, incluso premios Nobel, profesores y guías espirituales. Muchas veces la persona que siempre parecía inteligente y racional termina por ser un verdadero estúpido. Los estúpidos siempre aparecen en los momentos y lugares más inesperados e inconvenientes para destruir los planes del otro. Entre otros factores, las personas no son iguales, algunas son estúpidas y otras no. Esto, señala el autor, es una característica impuesta por la naturaleza y no por factores culturales. El ser estúpido es una particularidad que se tiene o no, tal como el tipo de sangre, el color de piel o de cabello.

La sociedad humana es de relaciones, entre los cuatro tipos de individuos. En cada relación siempre hay beneficios o pérdidas. Cada uno tiene una cuenta corriente con los demás. El ideal es ganar-ganar, propio de los inteligentes. Un estúpido es aquel que siempre perjudica al otro sin beneficiarse o incluso perjudicándose a sí mismo. No hay nada que hacer, por ello la única estrategia es arrancar a perderse. No tienen arreglo, no tienen racionalidad alguna. Uno siempre saldrá perdiendo. Son enormemente peligrosos, más aun cuando tienen cualquier poder a su disposición. La gente estúpida es peligrosa porque para las personas racionales es muy difícil comprender la lógica de ese comportamiento irracional. El malvado, en cambio, es predecible y por eso es posible defenderse de él. Pronosticar las acciones de un estúpido no es posible, por lo tanto atacará y herirá sin razón, sin un objetivo y sin un plan, en el lugar menos esperado, a la hora menos apropiada. No es posible predecir cuándo el estúpido dará su próximo golpe. El ataque de un estúpido casi siempre ocurre cuando tenemos baja la guardia.

La estupidez entonces es el tipo de personalidad más peligrosa que existe. Un estúpido es más peligroso que un malvado o un corrupto. Cuando los estúpidos entran a escena el cuadro siempre cambia completamente y para peor. Ellos causan daño sin dejar ningún tipo de ganancia o beneficio. La riqueza se destruye y la sociedad empobrece.

De acuerdo a Cipolla, la historia confirma que sin importar el periodo, un país progresa siempre y cuando haya personas suficientemente inteligentes (los que construyen y generan beneficios) en el poder y que sepan mantener a los estúpidos activos al margen, sin permitirles así destruir lo que los inteligentes han logrado. En un país con economía en retroceso existe la misma cantidad de estúpidos que en otro que progresa, pero la cúpula de la sociedad cuenta con más estúpidos y malvados, mientras que el resto de la sociedad está conformada por incautos. Tal configuración fortalece las consecuencias destructivas de los estúpidos y todo el país finalmente se va al diablo.

Este grupo es más poderoso que la mafia. Es un grupo no organizado, que no se rige por ninguna ley, jefe, estatuto o presidente y consigue estar en perfecta sintonía como si fuera guiado por una mano invisible, de modo que las actividades de cada uno contribuyen a reforzar y ampliar la eficacia de la actividad de los otros miembros. Como la cantidad de estúpidos está uniformemente distribuida, dice Cipolla, las elecciones son una ocasión de perjudicar a todos los demás sin obtener beneficio alguno. La burocracia es otro gran fomentador del poder de la estupidez. El inteligente, el malvado y el incauto saben que lo son; el estúpido simplemente no se da cuenta.

Hasta aquí la teoría de Cipolla, que la he resumido como este la presenta. Los comentarios y posibles interpretaciones son ahora de su exclusiva responsabilidad, pero recuerde que la distribución es homogénea en la sociedad.

Ética y mercado, el vínculo que suele perderse,

por Karin Ebensperger.

Hace cinco años, en este espacio, escribí una columna muy similar a la que publico hoy. Fue a propósito de La Polar y de la crisis subprime que tuvieron enorme impacto público, como ahora la colusión del papel o las farmacias. Quisiera recordar aquí algunos conceptos.

Aristóteles decía que como nuestra naturaleza es social -porque vivimos en comunidad- todos los días tomamos opciones éticas. En cada uno de nuestros actos en comunidad estamos respetando o burlando la fe pública. Abusar de ella trae desconfianza y el fracaso de las instituciones.

Adam Smith -al que solo se menciona por sus estudios acerca del mercado- era profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow. Publicó estudios sobre ética, la que consideraba indisolublemente unida a la economía, pues, de lo contrario -decía-, esta se aleja del bien común. "No es aceptable enriquecerse de cualquier forma; debe hacerse de manera legítima" insistía.

Sin principios como la honestidad, se rompe algo esencial en una economía libre: la confianza. Quienes ahorran y aportan así el capital al sistema, y quienes compran productos con su esfuerzo, empiezan a perder la confianza... y así se va destruyendo la fe pública. El liberalismo económico está vinculado al uso de la libertad en sociedad. Se trata de un sistema que funciona sobre la base de acuerdos no coercitivos para beneficio mutuo, en la libertad para emprender respetando la igualdad ante la ley y la transparencia en la información.

Son conceptos frecuentemente olvidados entre algunos empresarios y funcionarios públicos, que afectan al conjunto de la sociedad. Adam Smith jamás defendió la idea de una sociedad guiada por la moral del máximo beneficio sin respeto por el ser humano. En su "Teoría de los Sentimientos Morales" aclaró que un buen empresario, guiado por sus propios intereses y por la legítima ganancia, promueve la riqueza y el bien común con más eficacia que si una planificación estatal impusiera la forma de producir. Pero, agregaba, eso no puede constituirse en sinónimo de un egoísmo desenfrenado.

Es necesario que en las facultades de Economía se enseñe el aporte completo de Adam Smith, su pensamiento sobre la solidaridad y la compasión. En sus cursos -en el siglo XVIII-, la economía política, sabiamente, formaba parte de la filosofía moral que incluía comportamiento humano y ética. Se estudiaba al ser humano en forma integral y no solo como consumidor. Bien bueno sería que los actuales alumnos también conocieran las reflexiones de Aristóteles, quien ya en el siglo IV a.C. hablaba de la relación entre ética, felicidad y bien común.

¿A quién le importa la ciencia en Chile?,

por Gabriel León.

El año 2007 se puso en funcionamiento el Large Hadron Collider (LHC), uno de los instrumentos científicos más sofisticados y costosos que el hombre ha construido. Con un costo total cercano a los US$ 6.400 millones, fue financiado con dinero de los impuestos de varios países de Europa. Durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la entrada en operaciones del LHC, uno de los periodista realizó una pregunta bastante incómoda: ¿Cuál es la utilidad del LHC y cómo se justifica el gasto de tal cantidad de dinero? El Dr. David Kaplan, director del proyecto, contestó con toda sinceridad: “No lo sabemos”.

Efectivamente, ese proyecto no tenía como objetivo generar energía o mejorar la vida de las personas; se trataba de un proyecto de ciencia fundamental que pretendía averiguar más sobre el origen y composición de la materia en el Universo. ¿Qué utilidad tiene saber más sobre esto? Bueno, es parte fundamental de la naturaleza humana querer saber más. Sin embargo, muchas veces hemos encontrado las respuestas a ciertos problemas sin estar buscándolas. Basta mirar a la NASA: decenas de inventos que fueron concebidos para la carrera espacial se han convertido en “subproductos” que ahora forman parte de nuestra vida cotidiana, como filtros de agua, termómetros digitales, detectores de humo y aislantes térmicos, entre muchos otros. Es justamente la curiosidad por entender mejor a la naturaleza, la que ha llevado al hombre a buscar soluciones para los problemas que se ha topado en el camino y, de paso, han impactado de manera positiva en la vida cotidiana. En este contexto, es muy probable que en algunos años usemos tecnologías que originalmente fueron concebidas para el funcionamiento del LHC.

De esta forma, es necesario que quienes toman las decisiones sobre el gasto en ciencia se den cuenta de que se trata de una inversión necesaria y útil: cultivar la curiosidad puede ayudar a resolver las preguntas más fundamentales del hombre y, de paso, mejorar nuestras vidas. Algo que parece justificar largamente la inversión, sobre todo cuando se piensa que Brasil gastó US$ 14.000 millones en organizar el mundial de fútbol del año pasado: dos mil millones por cada gol que Alemania le convirtió en semifinales. En este contexto cabe preguntarse si al Estado de Chile le interesa resolver los problemas que la economía, la medicina, el medioambiente y la sociedad, en general, enfrenta. Seguimos dependiendo fuertemente de la extracción y venta de recursos naturales casi sin valor agregado; tenemos problemas de salud propios cuya solución no saldrá de laboratorios en EE.UU., Europa o Japón. Nuestra agricultura enfrenta desafíos enormes asociados al cambio climático y nos hemos propuesto ser una potencia agroalimentaria, pero poco hacemos al respecto. ¿Podemos cambiar esto? Será muy difícil, considerando que somos el país de la OCDE que menos invierte en I+D (sólo un 0,38% del PIB).

En este preocupante escenario, la renuncia del presidente de Conicyt no es más que la última señal de alerta. Llegó la hora de tomar en serio a la ciencia y a los investigadores, los que podrían ayudar a resolver los desafíos que Chile enfrentará en el siglo XXI.

¿El regreso de Argentina?,

por Roberto Ampuero.

En estos días late la esperanza en Argentina. Basta con volar a Buenos Aires, oír a taxistas, profesionales, industriales e inversionistas, para darse cuenta de que tras la reciente elección presidencial en que casi hubo empate entre el oficialista Daniel Scioli y el centroderechista Mauricio Macri, se respira allá optimismo. El resultado y el hecho de que el tercero en la contienda, Sergio Massa, también esté por un cambio tras doce años de kirchnerismo, sugieren que, gane quien gane en el balotaje el próximo 22, Argentina entrará en una nueva era, más pragmática, y menos populista e ideológica.

En mi adolescencia solíamos admirar los autos de los argentinos que visitaban Viña del Mar; alquilaban las mejores casas y frecuentaban los restaurantes top . Expresaban la enorme brecha en el nivel de vida entre nuestros países. No había cómo competir con un vecino favorecido por su vastedad, riqueza, ubicación y educación de su gente. Todo cambió cuando Chile se abrió al mundo y comenzó a insertarse en su economía. De pronto descubrimos que nuestros vecinos seguían conduciendo sus Torino ya vetustos, mientras nosotros subíamos a flamantes autos coreanos y japoneses. Buenos Aires nos siguió pareciendo hermosa, pero detenida en el tiempo, con tiendas atestadas de productos de manufactura local y buenos precios. La historia cambiaba.

Pero puede cambiar de nuevo. De partida, Argentina puede cambiar la realidad regional. Un triunfo de Macri repercutirá en la alicaída Dilma Rousseff, inspirará a la oposición venezolana frente al represivo Nicolás Maduro, aliado de Cristina Fernández, e impactará en La Habana, que negocia con Washington enfatizando su pertenencia a un bloque sudamericano que simpatiza con la dictadura castrista. Un centroderechista en la Casa Rosada no constituirá buena noticia tampoco para Evo Morales ni Ollanta Humala en su hostigamiento a Chile, pero impulsará nexos económicos más sanos y previsibles con nuestro país, lo que nos permitirá manejar de mejor forma las demandas territoriales de La Paz y Lima.

Si Macri gana, Chile deberá aproximarse rápido a él, toda vez que Bachelet respaldó a Scioli (como lo hicieron otros líderes izquierdistas de la región) al telefonearse públicamente poco antes de la elección. La Moneda reveló entonces su predilección, lo que tal vez se verá obligada a corregir mediante palabras y gestos convincentes. Según analistas, hay 70% de posibilidades de que triunfe Macri.

De país admirado en lo económico por muchos argentinos, Chile se convirtió ahora allá en un enigma. En una economía estancada, proteccionista, con inflación maquillada, paro y cepo cambiario, muchos anhelan desde hace años las tasas de crecimiento e inversión, la estabilidad, la lucha contra la pobreza, la apertura de mercados y la modernización de Chile. Pero ahora se preguntan desconcertados por qué Bachelet se distancia de gran parte de lo que su sector construyó en los últimos decenios despertando reconocimiento internacional. Fueron logros de cuatro administraciones de centroizquierda y una de centroderecha. Sorprende en Argentina que mientras el continente parece comenzar a apartarse de la ola de alternativas izquierdistas, Chile opte por navegar precisamente en esa dirección.

Si uno visita en estos días la revitalizada Argentina, constata que en Chile estamos cayendo en la desesperanza con respecto al futuro nacional. Sentimos que estamos divididos y se agotó la excepcionalidad del modelo chileno; que aparecieron competidores y volvemos al redil. ¿Somos ya solo uno más en el contexto económico regional? ¿Comenzaremos a compartir ahora sus magros resultados y sus índices de corrupción y delincuencia, y retornaremos al tradicional "síndrome Cristóbal Colón" de los gobiernos que consideran que la historia comienza con ellos? Lo más probable es que nos vayamos mimetizando con los resultados de nuestros vecinos y volvamos a ser lo que fuimos: un país en la medianía de la tabla de posiciones, que no desciende a segunda división, pero tampoco aspira a conquistar el título.

Tal vez en un futuro no lejano los chilenos nos detendremos nuevamente en las calles a admirar los flamantes autos de los argentinos, y viajaremos a Buenos Aires a celebrar una capital más próspera y mejor conectada al mundo que Santiago. La etapa del "mejor alumno" latinoamericano habrá quedado atrás. Si triunfa Macri, es probable que Argentina experimente un comeback , atraiga con su infinito potencial grandes inversiones, recupere el republicanismo en las instituciones y vuelva a ser líder en la región. Tal vez eso nos impulse en Chile a recuperar la unidad y el rumbo que hemos perdido.

Otra vez el servicio público,

por Luis Cordero Vega.

A principio de 1900 se desarrolló una idea capital para el funcionamiento del Estado y la sociedad: el "servicio público". Con ella se quería decir que los organismos estatales debían realizar sus prestaciones a la comunidad de un modo continuo, regular y sin discriminaciones. Esta obligación se extendía desde las escuelas a los jueces. El valor que subyacía era el de solidaridad, la idea de interdependencia social para que una sociedad funcione dignamente en base a derechos y deberes mutuos.

Tiempo después esa categoría se extendió a las actividades privadas. Muchas de ellas eran esenciales para la vida común y, por lo tanto, debían estar sujetas a deberes públicos, precisamente con el propósito de resguardar el bienestar colectivo. Aunque los procesos de privatización y desregulación de los ochenta sacrificaron el servicio público a favor de la autonomía privada, este concepto nunca desapareció.

Hoy en nuestro país, cuando los límites del mercado han quedado en evidencia, la importancia del servicio público, así como el valor de la solidaridad que se encuentra detrás de él han logrado manifestaciones en cosas tan diferentes como la promoción de farmacias populares, la indignación por la colusión en bienes básicos como el papel higiénico, el funcionamiento de las escuelas y el transporte público, la molestia social por el paro del Registro Civil o la manera en que los jueces hicieron extensivos deberes de servicio público a contratos privados de generación eléctrica.

Pareciera que esa vieja figura, que reclama una coordinación e interdependencia colectiva en lo público y privado, ha renacido con nuevas exigencias. El problema no es de qué tamaño deben ser las burocracias estatales, sino que la calidad de Estado que debemos promover para ofrecer prestaciones eficaces. Tampoco es el limitar simplemente los poderes de mercado para quienes tratan de abusar de ellos, sino que, además, la promoción de ciertos valores públicos en el funcionamiento del mismo, algo que el propio Adam Smith se encargó de advertir para que fuera posible el bienestar del carnicero.

El asunto, en definitiva, no implica promover una moralización de los asuntos públicos. Ese tipo de reacciones generan integrismos en donde siempre hay un chivo expiatorio que purga nuestras culpas. Pero, en una sociedad como la nuestra, el problema no es de cuántos derechos individuales nos vestimos, sino que la forma en que resolvemos el dilema de cómo estos deben coordinarse también a favor del interés público.

Esa vieja idea de solidaridad contenida en el servicio público ha terminado imponiéndose por la fuerza de los hechos o, más bien, por el impulso de nuestros excesos individuales.

Los niños de la colusión,

por Sergio Urzua.

Vergonzoso. No hay otra forma de describir los casos de fallas a la competencia que han sido develados en Chile. Pollos, remedios, el papel confort, todos han dañado el prestigio de nuestra institucionalidad económica. Y si bien estos han demostrado la importancia de contar con una regulación sólida que permita identificar y castigar el aprovechamiento de algunos, también han sido estratégicamente utilizados por quienes, apostando por el Estado como mecanismo de asignación de recursos, promueven un modelo económico que ha fallado una y otra vez en el mundo.

¿Pero cuál es el impacto de la falta de competencia? ¿Hubiese sido el precio del papel higiénico más bajo de no haberse producido el aparente abuso de posición de dominante? ¿Cuál fue el daño económico sobre los consumidores? Todas preguntas difíciles, fundamentales para efectos de los cálculos de multas, penas y compensaciones. Sin embargo, el problema es que en muchos casos las fallas a la competencia tienen efectos difíciles de cuantificar financieramente. Le doy un ejemplo.

Uno de los casos más bullados de colusión del último tiempo es el de las farmacias. A finales del 2007, las tres cadenas más importantes del país (con una participación superior al 90%) ajustaron coordinadamente los precios de 222 distintos remedios: Entre la última semana del 2007 y las primeras del 2008, los aumentos fueron de entre 30 y 100%. A pesar de los alegatos de los ejecutivos, en abril del 2011 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sentenció castigos a las tres cadenas por cerca de US$ 40 millones.

¿Terminó allí el caso? Fíjese que no. El análisis de los datos demuestra que los anticonceptivos orales fueron los productos que más vieron aumentar sus precios y, por lo tanto, como puede usted anticipar, el efecto de la colusión fue un poquito más permanente de lo que uno podría haber anticipado. De hecho, en una investigación en curso, demostramos que el fenómeno significó un aumento en el número de nacimientos en Chile: En promedio, más de 100 niños nacieron por semana en el 2008 producto del mayor precio de los anticonceptivos. Si este fue el impacto del mayor precio de la "píldora", no me quiero ni imaginar qué podría haber producido el mayor precio del papel confort.

El nacimiento de estos niños dejó en evidencia que nuestra legislación en materia de libre competencia también está en su infancia. ¡Farmacias populares lo harán madurar! Claro que no. Estas simplemente se aprovechan y perpetúan los errores de la legislación, no los resuelven. El desafío es otro: Mejores reglas, castigos más eficaces, tribunales con más dientes. Es eso, y no un Estado productor, distribuidor y vendedor, lo que asegurará que nuestra institucionalidad pro competencia alcance la pubertad antes que los niños de la colusión del 2008.

Observatorio Anticorrupción.

El lanzamiento del Observatorio Anticorrupción, conformado por Espacio Público y Ciudadano Inteligente para seguir el avance de las medidas propuestas por la Comisión Engel, es una provechosa herramienta para aumentar la supervisión de la ciudadanía sobre la política y las instituciones.

En mayo pasado, la citada comisión, una respuesta del Gobierno a la crisis por el financiamiento irregular de la política, propuso 236 medidas para regular los conflictos de interés y prevenir el tráfico de influencias y la corrupción. El Ejecutivo transformó estas propuestas en 14 medidas administrativas y 21 proyectos de ley enviados al Congreso, donde han tenido distintos avances en su tramitación. Sin embargo, los propios miembros del consejo, partiendo por su presidente, Eduardo Engel, han acusado que algunas de las iniciativas, tanto en su formulación como en su trámite parlamentario, han sido deslavadas hasta volverlas ineficaces.

El Observatorio nace, como reconocen sus impulsores, con la misión específica de seguir tanto el grado de avance legislativo de las propuestas como, principalmente, la calidad de éstas. Se trata de una iniciativa militante, en el mejor sentido de la palabra: no se compromete con la transparencia como un concepto vacío, sino que fija estándares, establece juicios y calificaciones a partir de éstos, y ofrece a la ciudadanía y sus intermediarios —como las organizaciones sociales y medios de comunicación— la información necesaria para ejercer un rol vigilante. El primer informe, por ejemplo, señala que el área de Prevención de la Corrupción tiene un 20% de avance y la evalúa con nota 3,1, mientras que en el área de Regulación de conflictos de interés el avance es de 49% y la calificación, de 4,4. Junto con ello, identifica cuánto ha avanzado cada medida y por qué razones lo ha hecho (o por qué no).

Por supuesto, ni las propuestas de la comisión Engel ni los proyectos del Ejecutivo son tablas de la ley. Entre las aprensiones de partidos políticos y legisladores, muchas de ellas orientadas a mantener un estado de las cosas que les favorece, hay dificultades prácticas que merecen ser analizadas con cuidado. Sin embargo, la posibilidad de acceder a la información de forma accesible y ponderada es un gran avance para permitir un control ciudadano eficaz. Los datos presentados sin contexto pueden ocultar situaciones cuestionables o, por el contrario, generar un escándalo donde no lo hay, como ocurre, por ejemplo, con la Ley del Lobby.

Para una sociedad curada de espanto frente a comisiones e iniciativas que apenas tienen efecto práctico, la discusión informada y minuciosa respecto a la calidad de su gobierno, de sus legisladores y, finalmente, de su democracia, es algo que se debe valorar.

El monopolio del Registro Civil.

La opinión pública ha sido testigo del tremendo impacto que supone la paralización de un servicio tan fundamental y monopólico como es el Registro Civil e Identificación. Por algo el legislador dejó a este servicio público al margen de la realización de movilizaciones sindicales, aunque probablemente no tuvo en consideración las complicaciones que se producirían en caso de una reacción tímida y zigzagueante de la autoridad de turno frente a eventuales paralizaciones ilegales.

Porque así ha quedado en evidencia tras más de un mes de paro de sus funcionarios. El mismo gobierno que negó la posibilidad de conversar con los trabajadores mientras no retomaran sus labores, que descartó ofertas adicionales y que se opuso a negociar a través del Ministerio de Hacienda, terminó cediendo en todos estos aspectos, además de demostrar -una vez más- la incoherencia entre las reformas laborales que impulsa en el Congreso, que excluyen el reemplazo de trabajadores en huelga, y su propio accionar como un empleador que no duda en recurrir a sustitutos cuando se trata de enfrentar las consecuencias de una paralización.

El resultado de la movilización, además de los miles de trámites pendientes y de las pérdidas irreparables para muchos ciudadanos, se refleja en bonos y sueldos que serán pagados sin descuento alguno a todos aquellos funcionarios que mantuvieron este paro ilegal. Por lo mismo, ahora los esfuerzos de la autoridad deben concentrarse en generar las condiciones para que movilizaciones como la sufrida por el Registro Civil no se repitan en el futuro o, a lo menos, se limite su alcance y extensión en el tiempo.

Para ello, resulta de especial urgencia revisar las responsabilidades que corresponden a este organismo fiscal, con el claro propósito de evaluar la pertinencia de cada función, los espacios para introducir nuevas tecnologías que faciliten la prestación de servicios a los usuarios y una eventual diversificación de instituciones encargadas de roles que hoy se concentran, quizás excesivamente, en el Registro Civil.

De acuerdo a la legislación, las funciones asignadas a este servicio son tan amplias como variadas, incluyendo los registros de nacimientos, matrimonios, defunciones, conductores de vehículos, condenas, antecedentes penales, profesionales, violencia intrafamiliar, faltas a la ley de estupefacientes, transporte de carga terrestre, testamentos, discapacidad y registro nacional de no donantes. Se suma a lo anterior la emisión de los pasaportes y cédulas de identidad, cuya elaboración hoy se encuentran en manos de una empresa privada.

Una exhaustiva revisión de estas responsabilidades debiera tener en consideración, por una parte, la necesidad de evitar que el Estado requiera a sus ciudadanos, para la realización de trámites fiscales, información que obra en su poder, como el registro de nacimiento, condenas u otros. Asimismo, urge avanzar en la introducción de tecnologías que permitan efectuar más trámites por la vía digital.

De no avanzar en medidas de esta naturaleza, el aparato estatal corre el riesgo de verse nuevamente atrapado en movilizaciones ilegales por parte de servicios con alta capacidad de presión por la variedad y cantidad de funciones que concentran.

Problemas en seguridad vial.

Que la cifra mundial de muertes por accidentes del tránsito se mantenga estable en torno a 1,24 millones de personas desde 2008 a 2013, pese a que el parque automotor ha crecido a una tasa del 15 por ciento anual, es señal de que las políticas de seguridad vial están avanzando. Lamentablemente, ese progreso no es igual en todos los países, y Chile no es de los que destaca por sus éxitos.

De hecho, el número de muertes por accidentes del tránsito en el país el 2014 fue el más alto desde 2008. Con eso, estamos lejos de cumplir el objetivo de reducir las muertes por esta causa, comprometido en 2010, cuando se suscribió el documento "Década para la acción en seguridad vial" de la Organización de Naciones Unidas, y que pretende llegar a 2020 con un 50% de reducción en los fallecimientos.

Ahora se ha difundido un análisis en base a los datos del informe mundial sobre la situación de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con información del 2013, que sitúa a Chile -pese a que a nivel latinoamericano ostenta buenos estándares de seguridad vial- como el país con la mayor tasa de muertes por accidentes del tránsito entre todos los miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), superando incluso a México.

La conclusión es consistente con los estudios de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), que en uno de los análisis más recientes enfocó su atención en la alta incidencia de los jóvenes en accidentes del tránsito, subrayando que estos se han convertido en la principal causa de muerte de personas que tienen entre 20 y 24 años. Conaset resalta que la participación de jóvenes -en el rango de 15 a 29 años que utiliza la OMS- en el total de los accidentes del tránsito en 2014 llegó a un máximo histórico de 75 por ciento, siendo el grupo etario que más pierde la vida en ellos.

Si bien es difícil establecer una relación estricta de causalidad, el último reporte mundial de la OMS entrega valiosa información que permite interesantes correlaciones de datos para diseñar políticas públicas en la materia. Y en lo concerniente a Chile, algunos expertos de la industria estiman evidente a la influencia de la velocidad en la fatalidad de los accidentes.

Sin subestimar la incidencia de otras conductas temerarias, como el uso de aparatos telefónicos mientras se conduce, según el Automóvil Club de Chile no hay voluntad política del Estado para establecer una legislación eficaz que fiscalice y castigue los excesos de velocidad, y mientras ello no ocurra no habrá mejoras significativas en ese ámbito.

Ese no parece un juicio infundado si se considera la resistencia a las reinstalaciones de los fotorradares como elemento clave en el comportamiento vial de los conductores. El respectivo proyecto de ley parece no avanzar mayormente en el Congreso, pese a que la iniciativa corrige los errores de su anterior experiencia, centrando su instalación y gestión en objetivos de exclusiva seguridad para las personas e impidiendo los fines recaudatorios con que lo aplicaron algunos municipios. Es difícil entender la resistencia en Chile a utilizar estos dispositivos tecnológicos en el desafío de reducir las muertes y lesiones por accidentes del tránsito a diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países desarrollados.

Decepcionante crecimiento potencial.

Las cifras mensuales recientes no cambian el diagnóstico sobre la marcha de la economía. El IPC de octubre, que sorprendió a gran parte del mercado que esperaba sólo 0,2% de incremento en los precios respecto del mes anterior, midió un 0,4%, reflejando una mayor inflación en el precio de los alimentos. Dado lo avanzado del año, se espera que el IPC de diciembre represente una inflación en torno a 4,7%  respecto de igual mes de 2014. La tendencia implícita en las cifras sigue apuntando a una inflación que se mantendrá por un buen tiempo sobre el rango meta de 2%-4% en doce meses, para converger al 3% hacia 2017.

El Imacec de septiembre, que midió un incremento de 2,6% en producción mensual respecto de septiembre de 2014, todavía puede ser leído como que la producción mensual sólo ha estado fluctuando en torno a un nivel plano en lo que va corrido del año, y permite anticipar que el incremento anual del PIB estará sólo muy marginalmente por sobre el 2% real.

El mal desempeño de la economía refleja dos tipos de influencias. Por una parte, un mal contexto externo, con desaceleración en China y apreciación del dólar; por otra, políticas erróneas que amenazan tener efectos permanentes sobre el crecimiento. En el informe más reciente de Consensus Forecast se consignan expectativas de crecimiento para países de América Latina. A diferencia de las tres décadas pasadas, cuando Chile creció más que otros hasta lograr el ingreso per cápita más alto en la región, crecería sólo 3,2% por año en los próximos 10 años, muy bajo respecto de lo que fue su potencial. El crecimiento de Chile quedaría en una zona intermedia entre el de países que han acometido reformas positivas, como Perú y Colombia, y el de aquellos con deficiencias graves, como Brasil, Argentina y Venezuela, que crecerían apenas sobre 2% por año.

Remuneración de funcionarios públicos.

Entre las variadas aristas que tuvo el conflicto en torno al paro del Registro Civil destaca la polémica generada respecto del monto del salario de los funcionarios públicos y la forma de percibirlo.

Así, mientras la presidenta de los funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, señalaba que su ingreso era de $650 mil mensuales, la página de Gobierno Transparente habla de $1,4 millones en septiembre y $938 mil en promedio en los últimos doce meses.

Lo anterior tiene una explicación bastante clara y que excede a ese servicio, y es que el salario mensual líquido representa aproximadamente la mitad de los ingresos totales de los funcionarios chilenos.

Hay que tener presente, por ejemplo, que el reajuste aprobado el año pasado (6%) significó para el fisco un desembolso de US$ 2.120 millones; pero de esa suma, solo el 56,6% de los recursos se destinaron a incrementar los salarios mensuales de los funcionarios. Todo lo demás se destinó a los bonos y asignaciones (bono Especial, bono Vacaciones; aguinaldo Fiestas Patrias; aguinaldo Navidad; bono Escolaridad), lo cual explica el diferencial entre lo que figura como salario y lo que percibe efectivamente el funcionario durante el año.

Actualmente, de acuerdo al INE, los trabajadores públicos son el tercer sector mejor remunerado de la economía chilena. Su ingreso promedio es de $729 mil mensuales netos, mientras que la media de los trabajadores del país es de $473 mil mensuales. Pero lo que ha sido sintomático es que en los últimos años el incremento de los salarios reales en ese sector ha sido de más del doble que el del sector privado, sin que haya relación alguna en incrementos de productividad.

En momentos que se acaba de conocer la petición de la Mesa del Sector Público, de un reajuste de 8% nominal para el período 2015-2016 (que significaría un costo fiscal de unos US$ 2.200 millones) hay que ser especialmente cuidadosos en no seguir comprometiendo los recursos fiscales. Ese ajuste no tiene una justificación en productividad y se avizora un futuro poco auspicioso de la economía chilena en el corto plazo.

Pero en un aspecto que es más de fondo es necesario abordar las fuertes inequidades entre servicios para iguales funciones, muchas veces producto de privilegios obtenidos en leyes especiales. Es imprescindible modernizar ese estatuto administrativo y, al mismo tiempo, revisar ciertos aspectos institucionales como son la proliferación de cargos a honorarios que se han hecho cada vez más masivos y que muchas veces no aparecen justificados por necesidades del servicio, sino más bien por consideraciones políticas.

Informe del Banco Mundial sobre reforma tributaria.

El análisis de la reforma tributaria de 2014, producido por el Banco Mundial a instancias del ex ministro de Hacienda Alberto Arenas, está siendo presentado por el Gobierno como una constatación de lo adecuado de esta reforma, en cuanto concentraría el pago de los nuevos impuestos en el 1% más rico de Chile.

Sin embargo, los supuestos bajo los cuales se desarrolla el análisis -esto es, que nada más ocurre en la economía tras el alza en los impuestos a la renta empresarial- no son los relevantes para contestar lo que más importa a los chilenos: ¿es buena la reforma? ¿Va a generar sólo beneficios a los más pobres, y sólo costos a los más ricos, como, según autoridades de gobierno prueba el estudio del Banco Mundial?

La respuesta correcta a estas preguntas supone otro enfoque, que incorpore explícitamente todos los efectos de un alza de impuestos. Con esas metodologías adecuadas la investigación económica ha concluido que para el caso de economías como la chilena, abiertas y con movilidad de capitales, debe esperarse que el impuesto sea pagado mayoritariamente por los trabajadores y que los dueños del capital pierdan muy pocos ingresos.

Ocurre que cuando se suben los impuestos a las utilidades de las empresas estas dejan de invertir hasta que la escasez de capital resultante, en los diferentes sectores de actividad, vuelva a elevar el retorno después de impuestos que se espera de las inversiones. La menor inversión inducida por el alza de impuestos deprime la demanda por trabajo, tal que para mantener el pleno empleo deben caer los salarios, y los trabajadores pierden ingresos. Los empresarios, en tanto, si existe movilidad del capital, pueden desviar sus recursos e invertir en otros países, por lo que aparecen ganando menos en el país que aumentó los tributos, pero están manteniendo sus ingresos totales.

Así, en la visión más establecida sobre el tema, se considera que en economías abiertas y con movilidad de capital el costo de la recaudación va a recaer, fundamentalmente, sobre los trabajadores, con consecuencias negativas desde el punto de vista de la distribución de ingresos. Probar que en el caso específico de Chile esta no será la consecuencia de la reforma tributaria de 2014 supone demostrar que la inversión chilena no decaerá en forma tan significativa (lo que depende de la sensibilidad de la inversión a los impuestos) o que ante menor inversión no caerán tanto los salarios en el país (lo que supone estimar la sensibilidad de la demanda por trabajo a la inversión). Nada de esto está en el trabajo del Banco Mundial, que explora temas diferentes.

Es lamentable que las conclusiones de este estudio del Banco Mundial, con seguridad metodológicamente válido para aclarar ciertos aspectos del tema tributario, hayan sido utilizadas por autoridades de Gobierno, ignorando los supuestos que enmarcan el estudio, en favor de una reforma  cuya evaluación supone un enfoque enteramente diferente. La realidad es que siguen siendo válidas las aprensiones expresadas por muchos analistas que entienden que esta reforma atrasará al país, afectará la inversión y el empleo y deteriorará la distribución de ingresos, todo ello en línea con la investigación acumulada en la materia.

¿HASTA CUÀNDO ACEPTAREMOS LAS IMPERINENCIAS DE PERU Y BOLIVIASIN REACCIONAR?