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Preocupación
mundial está provocando el bajón económico de China que en
el
último trimestre está por debajo del 7%, la peor cifra desde la
crisis
financiera
del 2009.
Un
proceso Constitucional innecesario,
por Axel Buchheister.
La
Presidente de la República ha dado inicio, a través de cadena
nacional, al proceso que busca dar origen a una nueva Constitución
Política. La incorporación de la vía institucional -esto es, a
través de una reforma a la carta vigente que deberá ser debatida y
ratificada por el Congreso- ha sido valorada por amplios sectores de
la opinión pública.
Lo
cierto es que el respeto del Estado de Derecho impedía proceder de
manera distinta. La Constitución que rige al país contiene entre
sus disposiciones los requisitos para introducir reformas como la
que, en líneas generales, planteó la Presidente para efectos de que
el Congreso discuta un proyecto que permita la elaboración de una
nueva Carta Fundamental.
Lo
mismo ocurre con la necesidad planteada por la Mandatario de contar
con el voto de dos tercios de los miembros en ejercicio del Congreso
para introducir una reforma a la actual Constitución e incorporar
las cuatro alternativas que el Ejecutivo propone para dar forma a un
proceso participativo. Dicho quórum responde a las exigencias
contempladas en la normativa vigente, reconocidas y aplicadas por
todos los Gobiernos en democracia. No ocurre lo mismo con la rebaja
del requisito de aprobación, a tres quintos, que el Gobierno busca
introducir como parte de este mismo articulado para la determinación
del mecanismo final.
Resulta
evidente que la forma de aprobación de una eventual nueva
Constitución compone una reforma que requiere el más exigente de
los quórum Parlamentarios y que no corresponde reducir dicha
exigencia mediante una disposición contenida en un articulado
diferente.
Pero
eso no es todo. La defensa del Gobierno a su propuesta de nueva
Constitución abunda en descalificaciones sobre la legitimidad no
sólo de la carta vigente, sino también de las instituciones
fundamentales de la República. Lo hizo la propia Presidente al
anunciar que el mecanismo de reforma quedará en manos del próximo
Parlamento, elegido en 2017, el que -a su juicio- estará "dotado
de mayor legitimidad, representatividad y transparencia".
Sorprende la pasividad con la que los representantes del Poder
Legislativo reaccionaron ante una caracterización que deja al actual
Congreso en categoría de "menor legitimidad, representatividad
y transparencia", a pesar de haber sido electo bajo las normas
legales vigentes.
Similar
situación se presenta ante la reiterada deslegitimación de la
Constitución vigente. La tesis de que ésta carece de legitimidad
por su origen en un régimen de facto perdió todo respaldo tras la
firma, en 2005, de un texto refundido que permitió poner en vigencia
las amplias reformas introducidas a la Carta Fundamental. Fue ese
hito el que llevó al entonces Presidente Ricardo Lagos a sostener
que "tenemos hoy por fin una Constitución democrática acorde
con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro
mejor homenaje a la independencia, a la gloria y a la fuerza de
nuestro entendimiento nacional".
La
Constitución Política de la República no carece de legitimidad,
como tampoco constituye un impedimento para avanzar hacia una
sociedad más abierta y moderna, como sostienen algunos sectores. Por
el contrario, juristas internacionales han alabado distintos aspectos
de nuestra Constitución, mientras que -en plena democracia- los
Gobiernos de turno y los Parlamentarios en ejercicio se han encargado
de efectuar las modificaciones necesarias en línea con las
prioridades nacionales. No cabe duda que ese mismo proceder, mediante
acuerdos transversales y de amplio debate, debiera mantenerse frente
a eventuales reformas que ameriten a la Carta Fundamental, sin
necesidad de proceder con la elaboración de una nueva Constitución
y la evidente incertidumbre que genera una discusión de esta
naturaleza.
Por
cierto, el proceso anunciado por el Ejecutivo no parece tan amplio y
participativo como se propone a simple vista. De hecho, la garantía
de transparencia y participación correrá por cuenta de un Consejo
Ciudadano de Observadores, pero que será designado exclusivamente
por la Presidencia de la República, sin que se haya mencionado la
participación o aprobación por parte de otros poderes del Estado.
La representatividad de este comité, por lo mismo, estará
determinada por la propia Mandatario.
Se
suma a lo anterior el inicio de una "etapa de educación cívica
y Constitucional", que no pocos sectores han confundido con la
necesaria reivindicación de la enseñanza cívica en los colegios
del país. Nada de ello parece contemplado en este plan, sino sólo
un proceso “para que tengamos la información necesaria para
involucrarnos activamente”, lo que bien puede traducirse en una
campaña de promoción de los objetivos Constitucionales del
Gobierno, utilizando recursos públicos, con el simple propósito de
cambiar las prioridades de la ciudadanía.
Las
encuestas demuestran que la población otorga baja relevancia a una
reforma Constitucional entre sus preocupaciones, mientras que otras,
como la delincuencia, encabezan sus prioridades por largo tiempo, sin
que el Ejecutivo la incorpore como tarea prioritaria. No corresponde,
por lo mismo, desviar recursos de los contribuyentes para actividades
proselitistas que pretenden influir de esta manera en los intereses
de la opinión pública.
Finalmente,
la actual administración debe reconocer que el proceso anunciado
dista del compromiso electoral contenido en su programa Presidencial.
Si bien ello puede constituir una señal positiva, considerando los
amplios plazos considerados para el desarrollo de las distintas fases
de la reforma, también constituye una compleja herencia para el
próximo Gobierno. En la práctica, el Ejecutivo optó por evitar una
decisión que habría generado nuevas grietas en la ya tirante
coalición oficialista, dejando al país inmerso en un debate que
aumenta la incertidumbre en los momentos menos necesarios.
Constitución,
por Adolfo Ibáñez.
Tenemos
anuncios Constitucionales. Dentro de las alternativas no existe la
de continuidad de nuestro actual texto; tampoco la aprobación
mediante el mecanismo Legal vigente. O sea, por muy inclusiva y
ciudadana que se diga, hay posibilidades básicas excluidas. Por
aquí comienza a cojear el republicanismo que toda Constitución
debe recoger.
No
se tolera el éxito del país logrado por el esfuerzo tenaz y
sostenido de cada chileno, a pesar de los débiles desempeños
Gubernativos de la Concertación, y que amenazan con independizar
políticamente al electorado. Históricamente los audaces se han
escudado en supuestas mayorías callejeras para afianzar sus ínfulas
totalitarias, las que han arruinado y truncado la vida de millones
de personas en los más diversos países. De paso, las rimbombantes
expresiones del ex Presidente Lagos y sus corifeos, de cuando
aquella otra reforma durante su Gobierno, afloran en toda su verdad:
declaraciones y acciones tácticas para socavar subrepticiamente
nuestro ordenamiento, lo que tampoco es novedoso.
Hay
que reparar en el calendario señalado: se comenzará con un año, a
partir de ahora, dedicado a un intenso activismo popular con la
única finalidad de hacer que el país diga, en materia
Constitucional, lo que la coalición Gobernante desea que se diga. Y
si no lo dice, igual el sistema que se montará lo dirá
machaconamente, incluidas tomas y otras manifestaciones del depurado
republicanismo de "la calle". Todo esto entreverado con la
elección Municipal y respaldado generosamente con dineros públicos,
mientras la oposición estará sin medios de financiamiento de
ninguna especie.
Luego,
un intenso debate por el mecanismo de reforma, que coincidirá
plenamente con el momento álgido de la campaña Presidencial. La
idea es poner contra la pared a los candidatos y distraer al
electorado de los problemas reales, dejando fuera de foco el
enjuiciamiento del Gobierno actual y la búsqueda de alternativas de
reemplazo. En el fondo, la Nueva Mayoría pretende recuperar el
protagonismo político, distraer al público de sus reales
necesidades y evitar que este siga exigiendo buen Gobierno antes que
ideologías. La receta buscada no parece descaminada, a juzgar por
los casos de Argentina y Venezuela, notables fracasos que se nos
presentan como modelos. Entretanto, los señores Burgos y Valdés
seguirán equilibrándose para crear una ilusión de moderación que
haga de telón de fondo y distraiga frente al empellón que viene.
Libertad,
equidad, emprendimiento,
por Sergio Melnick.
La
derecha chilena habla mucho de las ideas, pero nunca propone cosas
realmente novedosas. La izquierda habla del materialismo histórico y
de la fe como opio del pueblo, pero curiosamente están llenos de
ideas y transforman sus ideologías en religiones y ahí terminan
fracasando.
Hay
tres pilares básicos para una sociedad dinámica: primero está la
libertad como norte intransable de la gran magnífica aspiración y
búsqueda humana. Somos conscientes de ser conscientes y eso nos ha
dado un lugar especial dentro del universo. Tenemos preguntas
magníficas que nos mueven. Sin embargo, nuestras preguntas crecen
más rápido que las respuestas y por ello las ideologías que
caricaturizan la realidad fracasan. Somos co-creadores de nuestra
realidad y eso es indelegable. Segundo, está la equidad, la Justicia
que se requiere para la convivencia en sociedad y la búsqueda de un
futuro compartido. Una búsqueda permanente, muy abstracta y muy
difícil en una realidad cambiante y evolutiva. Finalmente está el
emprendimiento, la acción que es el motor más poderoso y propio del
ser humano, que impulsa a la sociedad, la que despierta la
creatividad y la que abre los horizontes.
Los
seres humanos son distintos entre sí y buscan su propio sentido
vital, su esencia, su real identidad, la clave de su aporte. Buscan
ser lo máximo posible de lo que son íntimamente, y para ello
debemos enfrentarnos a la pregunta quién soy yo realmente; cuál es
mi sentido, mi destino. La libertad tiene entonces un doble aspecto.
Por un lado está la pregunta de qué me quiero liberar, pero luego
aparece el para qué quiero hacerlo, que es realmente lo importante.
Una vez encontrado el camino personal, identificadas nuestras propias
preguntas, queremos una sociedad que permita que cada cual lo siga,
por cierto respetando el camino de los demás. Ahí aparece la
equidad, la Justicia. Palabras muy complejas que parten
necesariamente de la metafísica ontológica y llegan hasta lo muy
práctico del Estado de Derecho humano, que en esencia es siempre
imperfecto y por ende en modificación permanente. Equidad no es lo
mismo que igualdad, y cuando se hace esa simplificación, el
resultado es catastrófico, ya que niega la primera regla de la
individualidad inevitable de cada ser humano y de la propia
naturaleza evolutiva de la vida. La fuerza de la vida siempre se
mueve en oposición a la entropía de lo material, y genera estados
de menos probabilidad, y una enorme diversidad, es decir, de
desigualdad inherente. La igualdad entonces es sólo un caso
particular de lo “justo”, y acotado a ciertos aspectos de la
sociedad. Por ejemplo, en ciertas oportunidades, o de igualdad frente
a la Ley. Pero hay otros principios de equidad. Por ejemplo, es justo
recompensar el mayor esfuerzo. Eso es así por ejemplo en el deporte,
o las notas en la educación, que no se reparten por igual. También
ocurre con el trabajo, recibe más el que aporta más o produce más.
Si no se retribuye el esfuerzo, simplemente nadie se esfuerza.
Finalmente hay equidad en algunos casos de acuerdo simplemente a la
necesidad. En una emergencia, por ejemplo, es lo que prima; en
ciertos casos de salud también. El tema de la equidad no puede
tratarse en base a slogans simplistas. Para quienes son religiosos
(más del 70% de la humanidad) también hay Justicia Divina.
Finalmente,
el ser humano instintivamente quiere progresar, la propia naturaleza
lo hace y evoluciona. El universo cambia en cada instante. Ello
requiere un marco de equidad, y libertad. El emprendimiento no sólo
es hacia afuera, creando realidades, ciencia, tecnología, teorías,
organizaciones, asociaciones, arte y negocios, sino también somos
emprendedores en la búsqueda de nuestra identidad, espiritualidad, y
sentido vital. Nadie puede recorrer el camino de la vida por
nosotros.
No
somos ovejas, somos seres humanos que buscamos nuestra propia
identidad colaborando en un sistema colectivo.
Todo
lo anterior requiere niveles de abstracción muy importantes y por
cierto de conocimiento cada vez más amplio y más profundo. De
hecho, así es como la civilización ha llegado a la sociedad del
conocimiento. Estamos en un siglo de alta complejidad y
trascendencia. La tecnología se empieza a fusionar con la biología,
la realidad virtual es cada vez mayor a la física, aparecen
universos paralelos. Hemos descubierto que la materia no existe como
creíamos, que se puede ir más allá de la velocidad de la luz, que
existen arquetipos universales en un inconsciente que es colectivo o
común. Hemos descubierto que al parecer no somos tan determinados
por el ADN sino por el ambiente (epigenética), que la inteligencia
de la célula no está en el núcleo sino en la membrana acoplada con
el citoesqueleto. En fin.
No
podemos tratar de manejar esta compleja realidad en base a slogans
populistas y buenas intenciones. El fracaso de ello es siempre
inminente. Por eso creo que el verdadero camino de la derecha no está
en la trivialidad del “Chile Vamos”, que no tiene contenido
alguno, sino en Chile LEE: Libertad, equidad, emprendimiento. La
derecha es diversa y esa es una riqueza. El sector más profundo de
la derecha buscará los fundamentos de la libertad. El sector más
social de la derecha buscará los criterios apropiados de equidad, y
el sector más creativo empujará el emprendimiento, dentro de la
equidad, y debajo del paraguas de la libertad. Ya sabemos que quien
LEE avanza y gana. LEE es progresar. El que LEE entiende y crea.
Entonces, Chile LEE para su mejor futuro.
"Cada
día puede ser peor",
por Hernán Büchi.
La
Presidente Bachelet difiere de ciertas características de Nicolás
Maduro y Cristina Kirchner. No es su estilo hablar mucho, generar un
relato disociado de la realidad y emitir frases de impacto aunque
ininteligibles aun para sus propios acólitos. Podrá estar
equivocada según lo que pensemos, pero no se le puede imputar que
hable sin tener una secuencia en sus pensamientos. Cuando hace
semanas en esta columna aludimos a sus dichos en El Salvador, donde
con nostalgia recordaba lo que llamó la "protección social en
la Alemania Comunista", es porque así lo siente y ello guía
sus decisiones. Desgraciadamente no parece haber aquilatado el
entorno social, político y económico que transcurría en aquellos
oscuros años del Muro. Desde esos sentimientos es fácil entender
sus propuestas y si mantiene rumbo similar al de la Europa Oriental,
el resultado será el mismo, ni bienestar ni progreso.
Cuando
hace pocos días deslizó en una entrevista de televisión que "cada
día puede ser peor" -y dada su historia de consecuencia- es
imposible no darle un contexto más amplio. Aunque al ver el impacto
de sus dichos intentó acotar su desacierto solo a desastres
naturales, no puede haberle pasado desapercibido que la tendencia de
nuestra evolución económica va, en efecto, cada día peor. Si hace
12 meses los pronósticos apuntaban a un crecimiento en torno a 3,5%
para este año, en los últimos meses, primero Hacienda y luego el
Banco Central le han puesto un techo de 2,5%. Pero el Imacec de
agosto, de apenas 1,1%, hace que la tarea de empinarse incluso sobre
el 2% no sea sencilla. Agosto contó con la ventaja de una base de
comparación muy favorable, un día hábil adicional y un fuerte
impulso de 13,4% en el crecimiento del gasto público. Así y todo
el avance fue decepcionante. Los meses del último trimestre tendrán
la desventaja de una base de comparación más dura.
De
los últimos datos, lo que más llama la atención es la disminución
de la contribución del comercio al crecimiento. Los salarios
nominales en agosto tuvieron una variación nula mes a mes y con
ello un retroceso en términos reales, insertos en una tendencia a
la desaceleración pronunciada en los últimos 12 meses. Es posible
que este comportamiento de los salarios y la debilidad en el empleo
privado sea lo que esté afectando al dinamismo del consumo. De ser
así, podríamos ver una recesión técnica en los próximos meses
con dos trimestres de crecimiento negativos.
El
repunte reciente en las importaciones de bienes de capital y la leve
mejoría de las expectativas empresariales se dan contra un punto de
comparación muy deprimido. El nivel de importaciones de bienes de
capital, en términos reales, ha caído tanto que es equivalente al
del año 2008 -siete años atrás- y por ello pueden aparecer cifras
positivas y, en el caso de las expectativas empresariales que miden
si el futuro se percibe mejor o peor, cuando llegan a niveles muy
bajos solo pueden repuntar. Pero lo visto hasta la fecha es un
verdadero desplome y aunque al menos por un tiempo el país dejará
de caer, se estabilizará en una trayectoria mucho más modesta,
incapaz de responder a los anhelos y aspiraciones legítimos.
El
IPC de septiembre de 0,5% por debajo del consenso fue una buena
noticia. Sin embargo, la inflación subyacente preferida por el
Banco Central se mantiene estable en 4,9% en 12 meses. Aunque el
dato puntual del mes pasado esté ayudando en las expectativas, la
realidad de la tendencia subyacente y la mantención de la
credibilidad en los dichos del Banco Central llevó a su Consejo a
concretar su primera alza de tasas en 25 puntos base. En tanto, para
el 2016 la economía perderá dos impulsos actuales: el cuasi boom
del sector inmobiliario por las expectativas de aplicación del IVA
a la construcción y los créditos a muy baja tasa y largo plazo, y
el efecto de la expansión Fiscal que deberá moderarse.
No
deja de ser interesante destacar la confusión reinante con las
cifras presupuestarias, nacidas del uso indistinto que hace el Fisco
entre datos reales y estructurales. Se intenta aparecer conservador
en la expansión del gasto para moderar las preocupaciones del
desequilibrio futuro. Pero recordemos que cuando en Europa se
establecieron los acuerdos de disciplina Fiscal para el Club del
Euro, se descartó el uso de cifras estructurales por la complejidad
de su control y por las imprecisiones que generaría. Así y todo,
solo con cifras reales, hemos sabido que Grecia logró confundir a
sus expertos socios de la Comunidad y por bastante tiempo. ¡Qué
queda para el ciudadano chileno común y corriente! En todo caso, la
credibilidad de nuestras autoridades financieras me lleva a pensar
que la expansión del gasto público se moderará y no mantendrán
el fuerte impulso actual.
Por
lo expuesto es claro que el esfuerzo para crecer a tasas de 2% a
2,5% para el próximo año deberá ser muy importante y que esta
situación no puede serle ajena a la Presidente.
Sin
embargo, insiste en cambios profundos, mal diseñados y casi
atolondrados. Sabe que ello afectará más aún a la economía y
quizás en parte por ello nos adelantó que "cada día puede
ser peor", pero esto no parece detenerla. Sin duda debe
considerar que el costo del menor crecimiento se compensa con algún
beneficio. Si así no fuera, debería estar rectificando las
incertidumbres tributarias y actuaciones del SII; planificaría los
cambios antes de saltar al vacío en materia universitaria; sería
equilibrada en los cambios laborales que impulsa; contendría sus
ímpetus reformistas Constitucionales en lugar de utilizar el
presupuesto de modo proselitista con una reforma Constitucional
sobre cuyas verdaderas intenciones guarda reserva.
¿Qué
puede estar buscando? Dada su experiencia, ya debería tener claro
que los beneficios que anhela tipo Alemania Comunista no existen sin
progreso. Más aún se perfila claro que sus reformas no
beneficiarán ni a la calidad de la educación, ni a la masa
docente, ni a los niños. Darán, sí, más poder a las cúpulas de
sindicatos y de profesores. Si lo que busca es dar ventajas
políticas a sus aliados, concentrando el poder en el Gobierno y
quitándolo a los ciudadanos, eliminando la competencia política y
cambiando las reglas electorales y Constitucionales a favor de las
cúpulas, sí puede ser exitosa. El peronismo, que se perfila de
nuevo como mayoría en las elecciones de la semana próxima en
Argentina, ha triunfado en ello pero a costa del tremendo
estancamiento secular que vive el país.
Esperemos
que sus sueños de los beneficios de Alemania Comunista no le
impidan ver la realidad. De ser así, todavía es posible que
recapacite ante el deterioro del día a día. De lo contrario, y
como el mundo no vendrá a nuestro rescate esta vez, su pronóstico
televisado será certero para desgracia de todos.
Se
perfila claro que sus reformas no beneficiarán ni a la calidad de
la educación, ni a la masa docente, ni a los niños. Darán, sí,
más poder a las cúpulas de sindicatos y de profesores. Si lo que
busca es dar ventajas políticas a sus aliados, concentrando el
poder en el Gobierno y quitándolo a los ciudadanos, eliminando la
competencia política y cambiando las reglas electorales y
Constitucionales a favor de las cúpulas, sí puede ser exitosa".
Los
“justicieros”…,
por Fernando Villegas.
Con
precisión de neurocirujano y no poco desdén y horror, el
historiador Alfredo Jocelyn-Holt se ha ido haciendo cargo de examinar
la aplastante masividad de cierto ánimo y postura arropados con el
manto del progreso y las Buenas Causas y que se solaza, además,
ejecutando en las redes sociales a los disidentes. Se ha concentrado
en el fenómeno tal como se vive en las universidades, pero también
se ha referido a su ocurrencia en otros ámbitos. Es en una de sus
columnas y a propósito de todo eso que citó a Javier Marías,
importante escritor español, quien dijo al diario El Mundo lo
siguiente: “La imbecilidad está organizada… Siempre la hubo,
pero hoy se organiza”. Umberto Eco aseveró algo muy similar no
hace mucho.
Tal
vez la palabra “imbecilidad” espetada por Marías y citada por
Alfredo sea demasiado fuerte y algunos pudieran sentirse aludidos;
digamos entonces, como alternativa, que hoy se organiza y hace
hegemónico cierto perfil mental dotado de muy discretas facultades
pero buscando compensar su escaso o ningún vuelo con dosis elevadas
de militante fanatismo. Esta vehemencia estridente sería, según los
tratadistas, la expresión épica y colectiva de la simple
mediocridad que en tiempos normales se limita a ser una desgracia
individual -“la imbecilidad de bar”, como la describió Marías-
sufrida y expresada de manera personal y como tal analizada por José
Ingenieros en El Hombre Mediocre y por Robert Musil en El Hombre sin
Atributos.
Dicha
condición es en efecto una desgracia: el paciente recorre el entero
circuito de su vida sumergido en una atmósfera grisácea, neblinosa,
estrecha, asfixiante, repleta de rencor, casi sin luz e
irremediablemente triste, pero en subsidio es fatalidad casi siempre
inconsciente y además compartida por tantos que, al menos en ciertas
ocasiones, existe la posibilidad de organizarla; entonces lo miópico
de su visión, lo superficial de sus juicios, la vulgaridad de sus
sentimientos y egoísmos, lo patético de sus gustos, sus venenosos
odios y lo absoluto de su ignorancia bien pueden aparecer trasmutados
como lo Justo, lo Razonable, lo Decente y lo “Que Es Debido”.
¡Ay
de una sociedad, de la inteligencia, de la reflexión, de la paz y de
la decencia cuando llega a esa etapa! Jocelyn-Holt ha sido testigo
privilegiado de dicho proceso intrínsecamente vandálico en el seno
del mundo universitario, pero sus metástasis aparecen y prevalecen
por doquier. Su invasión cancerosa inauguró ya la temporada de las
hordas linchadoras salidas del légamo más oscuro, los juicios y
venganzas en medio de redobles de tambores, de cobardes agresiones en
masa bajo la cobertura de una “convocatoria”, la evacuación a
plena luz del día de un rencor legitimado -hoy- como “empoderamiento
ciudadano”, de la fulgurante fama de sujetos sin otra virtud que su
bajeza “representativa”, del ajuste de cuentas de los resentidos
y de una brutal inversión de valores por virtud de la cual lo vulgar
cobra prestancia y lo elevado se hace sospechoso y el chanta
encapuchado saca pinta de heroico combatiente.
Los
“justicieros”.
Es
en tiempos así y sólo un milímetro por encima del nivel espiritual
de los “miles de extras en acción” cuando aparecen flamantes
hornadas de dirigentes, ideólogos, voceros y justicieros. Nos
referiremos a estos últimos, los “justicieros”, porque son muy
notorios y más fastidiosos. Recuerdan en escala ampliada el fenómeno
de “la criada respondona”, la humilde empleada que por una vez en
su vida encuentra ocasión de sentirse a la altura de su superior
reprochándole vistosamente una falta y exigiendo a gritos su
castigo. Es, para quienes han vivido toda su vida en estado de
subordinación y quizás hasta de humillación, una maravillosa
oportunidad de venganza y redención. Por eso los “justicieros”,
quienes ansían experimentar lo mismo, hacen nata en los programas de
radio y televisión abocados a la industria de la acusación y la
“denuncia”. Hay también honorables que careciendo de méritos
propios para hacerse conocidos recurren al método de la denuncia
frecuente. Otros lo hacen para compensar su ineptitud en cargos de
Gobierno. Hay también académicos amigos de la fama asomando cabezas
juzgadoras desde testeras universitarias. Todos por igual blanden un
dedo a jornada completa para acusar, denunciar, sancionar o siquiera
reprochar.
Los
“justicieros” suelen ser gente joven y ambiciosa, pero los hay
vetustos. A cualquier edad saben bien dónde están parados: jamás
pierden de vista las barras bravas ni olvidan los eslóganes que
otorgan fama de apóstoles. Tampoco abandonan jamás su tradicional y
exitosa parada: gran limitación de intelecto con una arrogancia
simultáneamente ignorante y agresiva. Perseverando en esa postura se
convierten en Jueces y verdugos y adquieren el aire digno y hasta
solemne que conviene a un alto Magistrado; de ahí sus expresiones
faciales tan serias, los entrecejos fruncidos, el verbo acelerado y
encabritado por tan Santa Indignación. De todos modos y tras esa
máscara castigadora no cuesta mucho detectar su autocomplacencia;
después de todo navegan en la cresta de la ola emocional a la moda y
serán canonizados como Santos Varones o Damas de la Anunciación.
Mediocridad.
Los
“justicieros” son especie que abunda. Siempre lo ha sido el
oportunismo, ilustre constante de la historia humana. Por lo mismo su
talante sólo debiera suscitar resignación, no inútiles reproches,
pero cuando la medianía de pensamiento y sentimiento adquiere el
estatus de Verdad Revelada, el menjunje resulta muy difícil de
tragar. Fatigosos son los períodos cuando el estudiante, académico,
comunicador, político y ciudadano “más o menos no más” es
envalentonado por la súbita y ruidosa revelación del número
infinito de sus iguales. Entonces emergen a borbotones y copan el
espacio público.
Normalmente
la medianía, aunque masiva, se presenta como condición puramente
individual; sus titulares son muchos, pero cada uno está sumergido
en sus propios asuntos y molestan poco. Sus puntos de vista se
entremezclan y circulan sin que ninguno predomine más allá, cuanto
más, del círculo de su familia y el bar de su preferencia. Sin
embargo y luego de un intervalo de dos o tres generaciones suele
ocurrir que una de esas miradas, la menos incoherente y la más
doctrinaria, cobre fuerza, coincida con la “coyuntura”, entre en
sintonía con sentimientos populares, aglutine otras percepciones y
al fin se convierta en el discurso político, racial, sexual, ético
y hasta estéticamente correcto de la época. El meollo de ese
discurso es, por definición, de muy mediano nivel por la naturaleza
de su origen y la de su mercado. No podría llegar a ser predominante
de otro modo, si bien aun así suele y debe pasar por un proceso de
simplificación para hacerlo todavía más asimilable para los
“militantes de base”. Por eso, cuando a fines del siglo IV antes
del cristianismo llegó a ser religión oficial del Imperio Romano,
el protagonismo pasó desde los teólogos que luchaban -sin gran
fruto- por darles alguna base filosófica a las manos del
“movimiento”, que canalizó con un áurea de legitimidad el
rencor de las masas enardecidas; de ahí la persecución de los
paganos, la destrucción de templos, el asesinato, el saqueo, la
corrupción, la hipocresía y la bajeza en todas sus expresiones.
Es
inevitable. Gradualmente toda sociedad acumula más y más
descontentos que un día, a la vista de un llamamiento que los
congregue, se desbocarán en una feroz alegría destructiva del
tablero donde se desarrolla el juego en el que acostumbran salir
placé. ¡Qué maravillosas jornadas les esperan cobrando venganza
por tantas injurias y fracasos! ¡Qué grata transformación de la
humillación en altanería, qué tan cómoda sublimación del vulgar
odio en elevado sentimiento de justicia!
Este
columnista recuerda, en sus tiempos de universidad, haber oído a más
de un combatiente pésimo para las matemáticas exigiendo la
eliminación de dicha disciplina del currículo de Sociología por
ser una “ciencia burguesa”. Ecce Homo…
Comités
internacionales y políticas públicas,
por Álvaro Paúl Díaz.
La
decisión de La Haya frente a nuestra objeción preliminar en el caso
contra Bolivia ha generado preocupación. Algunos, incluso, han
propuesto denunciar el Pacto de Bogotá, es decir, retirarse del
tratado mediante el cual Chile le otorga competencia a la Corte.
También ha generado interés la reciente decisión de otra corte, la
Interamericana, en el caso Maldonado y otros contra Chile. Es
esperable que estas decisiones conmocionen, pues emanan de
instituciones a las que Chile ha dado poder vinculante. Esta entrega
de poder tiene su base en el juego democrático, pues son autoridades
electas las que ratifican tratados que les conceden jurisdicción en
forma expresa.
Sin
embargo, existen otros organismos que dicen mucho sobre Chile, y
cuyas opiniones no generan todo el debate que debieran. Se trata de
las opiniones de los comités de monitoreo de tratados de DD.HH.
Estos frecuentemente emiten informes sobre nuestro país, como
sucedió hace algunos días con el Comité de los Derechos del Niño.
Las opiniones de tales comités carecen de poder vinculante, pero son
controversiales por referirse a cuestiones muy alejadas del tratado
que los crea, y porque algunos afirman que sus interpretaciones de
los tratados serían "auténticas".
Respecto
del primer punto, es decir, de lo alejado que los informes de tales
comités están del tratado que les da vida, basta con referirnos a
algunos casos. Por ejemplo, el reciente informe del Comité de
Derechos del Niño recomienda que Chile se asegure de que las
empresas, especialmente industriales y extractivas, cumplan
estándares ambientales, así como de que se certifiquen
internacionalmente. Es posible ver una cierta relación indirecta
entre esta recomendación y la niñez. Sin embargo, uno se pregunta
si los Estados tenían en mente este tipo de recomendaciones al darle
al Comité su potestad para examinar los progresos en el cumplimiento
de la convención sobre la niñez.
Por
otro lado, llama la atención que el Comité perciba que los derechos
de los niños son distintos según el país donde estos se
encuentran, puesto que a Chile le recomienda tomar medidas relativas
a la orientación sexual e identidad de género de los niños,
mientras que no lo hace respecto de otros países, v.gr. de tradición
musulmana (según se observa en informes aprobados recientemente).
Por último, es asombroso que ordene que Chile legalice ciertas
formas de aborto, a pesar de que el preámbulo de la Convención
respectiva afirme que los niños requieren protección antes de su
nacimiento.
El
Comité de los Derechos del Niño no es el único que hace
recomendaciones extravagantes a nuestro país. En efecto, el Comité
de DD.HH. -encargado de revisar los informes presentados en el marco
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- ha
recomendado a Chile acelerar la aprobación de proyectos de Ley,
elevar plazos de la prescripción penal respecto de ciertos delitos,
y llevar adelante otras acciones específicas. Desafortunadamente,
muchas de estas observaciones dejan de ser una estricta aplicación
del tratado que los Estados están llamados a cumplir, y terminan
siendo recomendaciones de política pública (las que debieran ser
decididas por nuestras autoridades democráticas, luego de auténticos
procesos deliberativos).
Según
se afirmó, los comités no solo tienen el problema de recomendar
cosas ajenas a las normas de los tratados aprobados democráticamente
por Chile. También se prestan para que algunos presionen a las
autoridades nacionales, alegando que las interpretaciones de estos
organismos serían interpretaciones auténticas de los tratados
respectivos. Estas afirmaciones, como era de esperar, vienen a veces
de miembros de estos mismos comités. Al hacerlo, olvidan el
principio bien asentado, y reafirmado por la antigua Corte Permanente
de Justicia Internacional, de que el derecho a dar interpretaciones
auténticas de normas Legales pertenece exclusivamente a la entidad
que tiene el poder de modificarlas o derogarlas.
Quizá
es ya el momento para que nuestros políticos hagan como las
autoridades de otros Estados (muchos de ellos desarrollados), y les
planteen a estos comités algunos de sus errores. Ello, porque los
comités no deben exceder las funciones que les han sido
encomendadas, pasando por encima del libre juego democrático. Este
es un tema de país, por lo que debiera enfrentarse con altura de
miras, con independencia de si se comparte el contenido de una o más
recomendaciones.
El
gen refundacional,
por Héctor Soto.
La
sinuosa hoja de ruta que la Presidente Bachelet anunció para llegar
a una nueva Constitución pertenece -todo hay que decirlo- más al
ámbito de la psiquiatría que al de la política. El tema hay que
leerlo en esta dimensión. La fórmula diseña una vía tremendamente
caracoleada para llegar a un texto Constitucional que -diferente,
parecido o igual al vigente- permita presentarlo con caracteres
refundacionales y no como mera reforma de la Constitución actual. La
idea de La Moneda es que esto parta de una ruptura. De una ruptura
suave, violenta, indeliberada o frontal, da lo mismo. Lo importante
es que sea ruptura. No importa si el esfuerzo para que esto no huela
a reforma nos lleve a los dominios del malabarismo. Es lo de menos.
Lo importante es expurgarnos y zafarnos de una vez y para siempre, en
términos simbólicos, de una institucionalidad que estaría viciada
en sus orígenes. La idea es que volvamos -o hagamos como que
volvemos- al mitológico momento fundacional primigenio (que desde
luego nunca tuvo lugar), donde todos nos pusimos de acuerdo en que
queríamos construir un país y levantar entre todos una república
no contaminada por las impurezas de la historia. ¿Cuáles impurezas?
Las traiciones a los intereses del pueblo, los consensos digitados
por las elites dominantes, los momentos en los cuales los chilenos
todos no estuvimos a la altura de la épica que exigían las
circunstancias.
Volver
a cero. Comenzar
de nuevo. Lo mismo que buscan los alcohólicos redimidos y los
perdedores que aguardan una segunda oportunidad. Aunque tenga mucho
de adolescente, es explicable y muy humana esta aspiración. El
problema es que la historia enseña que no es así como se construyen
los países. Los países se construyen a partir de lo que tienen, no
de lo que perdieron. Lo maduro, lo responsable, es la continuidad, la
capacidad de asumir el pasado, incluso en aquella parte que nos
disgusta, para desde ahí proyectarnos a algo que sea nuevo y
distinto. En eso consiste la madurez. La idea del “todo de nuevo”
funciona tal vez en los ensayos teatrales, pero no es muy práctica
ni en los intentos de regeneración personal ni tampoco en los
programas de gobierno.
Pero
la Presidente cree que el fetiche puede funcionar respecto de la
Constitución. Da lo mismo lo que diga. Lo importante es que sea
nueva y para eso ella ha propuesto un cronograma supeditado a que el
actual Parlamento, al menos por los tercios de sus miembros, se
allane a conferir al próximo Congreso la potestad de dictar una
nueva Carta Fundamental.
La verdad es que con esos dos tercios se podría reescribir desde la
primera hasta la última línea de Constitución actual. Pero hacer
esto tendría dos problemas. El resultado seguiría siendo una
reforma y el Gobierno tendría que tener más o menos claro qué
diablos quiere modificar o reinventar. Como no lo tiene ni por asomo,
bueno, propone entonces un largo proceso constituyente, confiando en
que la carga se arreglará en el camino. El proceso se inicia ahora,
con jornadas de educación cívica. La cosa sigue con cabildos
ciudadanos, continúa con una comisión de hombres sabios que
capturará -por la vía de la intuición, el pensamiento mágico, la
abducción o algo así- el sentir de la ciudadanía toda y, al final,
se elaborará un proyecto Constitucional frente al cual el próximo
Congreso tendría cuatro caminos: entregarlo a una comisión
bicameral suya, remitirlo a una comisión de composición
Parlamentaria y ciudadana, mandarlo a una asamblea constituyente o,
lisa y llanamente, plebiscitarlo. Son cuatro soluciones para
satisfacer distintos gustos. La verdad es que ese Parlamento también
tendría una quinta alternativa: echar el proyecto a la basura.
¿Muy
complicado el proceso? Bueno, y qué. ¿Quién dijo que volver a
empezar era cosa fácil?
Nada
de esto es muy serio, ciertamente. Tiene, sin embargo, sus ventajas
para el Gobierno: le permite salir del paso, descomprimir el
ambiente, chutear el tema hacia adelante, Constitucionalizar la
próxima elección Parlamentaria (lo que no está mal para una
coalición que llegará herida a las urnas si el Gobierno no repunta
en las encuestas) y, sobre todo, le permite ingresar a la ficción de
cumplir una promesa de campaña sin cumplirla en absoluto.
No pasa
un día sin que este Gobierno sorprenda. No necesariamente por sus
pasos en falso, como el de la frustrada designación del Contralor,
que tuvo algo de comedia de equivocaciones. Son sorpresas más
inesperadas y profundas. Hay quienes sienten esta dinámica como una
cadena de decepciones y amenazas y quizás exageran. Siendo
importante, el gen refundacional no domina todo el espectro de la
acción Gubernativa. Tampoco es parte de la mochila intelectual de
todos los Ministros, al menos de los más importantes. Pero sí está
en la mente de la Presidente y este factor, claro, genera tensiones
difíciles de sobrellevar. Más que tensiones, genera una zona de
misterios y ambigüedades que se agradece en el género de la novela
policial, pero no en la política. Lo quiera o no lo quiera ella, se
trata de otro aporte de la Presidente a la incertidumbre. Las
incógnitas siguen sin despejarse. Lo que está haciendo La Moneda es
prolongarlas.
Asumiendo
las consecuencias,
por Juan Andrés Fontaine.
Aunque
realista, el cuadro que ha pintado el Ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés, en la tramitación de la Ley de Presupuesto es
desalentador. No solo la economía crece al 2% anual este año, sino
que no se visualiza que recupere su dinamismo en lo que resta de la
década. De acuerdo a diversos expertos, nuestro potencial de
crecimiento ha disminuido desde el 5% anual estimado en 2012 a tan
solo 3,6%. Si antes era posible aspirar a que Chile cruzara el
umbral del desarrollo, hoy ya resulta inviable. Si antes la
expansión de los ingresos Fiscales permitía financiar generosos
"derechos sociales", hoy, simplemente, no hay plata.
Nada
de esto debería sorprender. Cuando la Nueva Mayoría arremetió
contra el modelo de economía libre imperante, se propuso solo
redistribuir ingresos en lugar de hacerlos crecer, elevó la carga
tributaria, coartó la libertad educacional y propugnó una
Legislación laboral beligerante y anacrónica, era predecible que
la confianza empresarial, la inversión y la productividad se
vendrían al suelo. Por mucho que ello se intentase neutralizar con
la expansión del gasto y los empleos públicos -como pretendió el
ex Ministro Alberto Arenas-, el resultado sería el estancamiento
económico. Quienes durante el debate sobre la reforma tributaria
hicimos eso presente, fuimos tildados de ideologizados o de servir
oscuros intereses. Los resultados de la equivocada estrategia del
Gobierno, agravados por una situación mundial que exige políticas
muy distintas, están hoy a la vista.
El
deterioro de la economía está causando malestar y pesimismo en la
ciudadanía, no obstante que la temida alza de la cesantía se ha
retardado. La programación Fiscal anunciada revela que, pese a
contar con la reforma tributaria y un déficit de 3% del PIB,
inevitablemente el apretón llega también al presupuesto público:
según se ha explicado, hasta el 2018 ya no habría cómo financiar
nuevas iniciativas de gasto, tales como la gratuidad universitaria.
Algunos
pueden considerar tranquilizador que la retroexcavadora
Gubernamental se haya quedado sin combustible Fiscal y ya no pueda
hacer más daño. Pero no hay impedimento alguno para que el
Gobierno consiga aprobar Leyes que involucren fuertes desembolsos
más allá de su mandato. Ese expediente -que se ha usado en el
pasado- debería ser objeto de limitaciones o quórums especiales.
Mientras
tanto, el Gobierno sigue su rumbo. A falta de buenos resultados
siempre cabe recurrir a la fantasía demagógica. Aunque el
engorroso proceso constituyente que se ha anunciado tiene la virtud
de ser institucional, parece diseñado para alentar la ilusión -en
plena temporada electoral- que solo una nueva Carta Fundamental
podría remediar la frustración y la desesperanza que ha sembrado
la gestión del Gobierno. Chile merece más.
Es
decisión Presidencial.
Al
Gobierno le fue mal en el Senado con la designación del Contralor,
como era predecible por el poco manejo político que evidenció. Un
resultado que puede ser visto como una tensión compleja en la
institucionalidad, sobre todo cuando hay un segundo acto tras cartón:
viene ya la votación del nombre para Fiscal Nacional y puede que sea
rechazado.
Pero
no debiera verse de esa forma que las instituciones funcionen. Más
de alguien habló de un bloqueo de la oposición en el Senado. Sería
bueno desterrar este lenguaje, porque si la institucionalidad
contempla la ratificación del Senado, éste puede rechazar la
propuesta; de lo contrario, para qué existe el trámite. Más aún,
los altos quórum para ambos cargos (3/5 y 2/3) fueron introducidos
en los años 1997 y 2005, en democracia, para que el Senado tuviere
peso y que primen los consensos, más que el poder de una mayoría
circunstancial.
Lo
importante para la institucionalidad es que las atribuciones se usen
bien y que no se distorsionen; lo contrario es lo que produce daño.
Por eso es importante entender el papel de cada cual en este juego.
Quien tiene la atribución de nombrar, esto es, definir el perfil y
quien lo llena mejor, es la Presidente de la República. Al Senado
compete una función de control, lo que significa que debe revisar si
el nominado es apto para el cargo y si no está afecto a una
inhabilidad ética o incluso política, como carecer de independencia
frente al Gobierno. Y no puede aprovechar el poder de contrapeso de
que goza para imponer un nombre que le parezca mejor; sólo puede -en
el fondo- vetar el que se le presenta, si tiene razones justificadas.
En
el caso del Contralor, en opinión de los que votaron en contra, la
persona propuesta no era la adecuada, ya que no gozaría de la
independencia necesaria por haber prestado servicios reiterados a
reparticiones Fiscales durante el actual Gobierno, y porque no había
cumplido oportunamente con la obligación de doctorarse, conforme las
reglas de una beca con fondos públicos que recibió con ese fin. Se
podrá opinar sobre el alcance de tales hechos, pero lo que no se
puede negar es que los Senadores tienen derecho a considerarlos como
impedimento. Es el tipo de control que debe ejercer el Senado.
La
situación en cuanto al nominado para Fiscal Nacional es distinta,
porque se ha dicho que el Senado prefiere otros nombres y de ahí la
dificultad para la ratificación. Si así fuere, el Senado se estaría
atribuyendo la facultad que compete a la Presidente, pues no le
corresponde designar un Fiscal Nacional, sino el control del nombre
que propone la Mandatario. Si nadie tiene argumentos sólidos que
demuestren que es inconveniente nombrarlo -hasta ahora no se ha
conocido ninguno-, entonces el buen ejercicio de las atribuciones
exige que sea aprobado. Si había un mejor candidato, eso no es
motivo para que sea rechazado, porque no compete al Senado
ponderarlo. La línea entre una y otra actitud es fina, pero es
indispensable respetarla. Y eso es más acuciante hoy, cuando la
ciudadanía desconfía de las instituciones y de los motivos por los
cuales se hacen las cosas.
La
encrucijada de Codelco.
Nada
sencilla es la encrucijada en la que se encuentran Codelco y el
Gobierno. La compañía tiene en carpeta una serie de proyectos
estructurales que, ha señalado, son necesarios para mantener sus
niveles de producción. El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés,
puso en duda la semana pasada los alcances de la capitalización que
la empresa demanda para financiar estas iniciativas, entre las cuales
se cuentan la explotación subterránea de Chuquicamata, la nueva
mina Ministro Hales, el nuevo nivel de El Teniente y la expansión de
Andina, entre los más relevantes.
Esta
capitalización extraordinaria había sido cifrada originalmente en 4
mil millones de dólares, pero, según explicó el jefe de las
finanzas públicas, es improbable que se llegue a estas cifras,
debido al escaso avance de los proyectos, el bajo precio actual del
metal y, aunque no lo haya explicitado, la estrecha situación de las
arcas públicas, lo que ha obligado al Fisco a apretar el cinturón
en distintas áreas. Tampoco la capitalización de utilidades permite
inyectar recursos: el margen que la compañía está entregando hoy
al Estado es ínfimo, y se limita casi únicamente a los fondos de la
Ley Reservada del Cobre (LRC).
Frente
a este escenario surgen algunas alternativas, aunque todas tienen
costos —financieros y políticos— que es necesario ponderar
adecuadamente. Es el caso, por ejemplo, de la emisión de deuda, la
cual tendría que hacerse a tasas muy superiores a las de años
anteriores, con el inconveniente adicional de perjudicar también la
calificación de riesgo de la empresa.
Se
ha planteado también la posibilidad de vender activos, como una
forma de fortalecer la caja de la empresa, o cerrar operaciones que
arrojan pérdidas, como ocurre con la División Salvador.
Independientemente del análisis de las dificultades políticas que
ello implica, sí parece urgente que la empresa reformule y ajuste
sus proyectos a la actual coyuntura.
Una
tercera opción es permitir el ingreso de capitales privados a la
compañía, lo que requeriría modificar la Ley. Pese a que esta
opción enfrentaría de seguro una fuerte resistencia política, se
trata de una posibilidad que hay que evaluar seriamente, al menos
como parte de un plan estratégico para Codelco en el mediano y largo
plazo. Hay otras medidas que podrían entregar un respiro a la
situación actual —reducción de costos, racionalizar operaciones,
terminar con la LRC—, pero ninguna de ellas reemplaza a una
definición profunda: qué espera el país de Codelco y cuánto está
dispuesto a aportar para que ello ocurra. Los tiempos de vacas
flacas, como el actual, son los mejores para responder a esa
pregunta.
Metas
en construcción de hospitales.
Diversos
Alcaldes a lo largo del país han hecho
ver su molestia porque los hospitales que fueron comprometidos para
sus respectivas zonas presentan retrasos o en algunos casos han sido
postergados. Por ejemplo, el hospital de Casablanca.
El
programa de Gobierno de la Presidente Bachelet contemplaba la
construcción de 20 hospitales, dejar otros 20 en construcción y 20
en proceso de licitación. Tras su última cuenta pública del 21 de
mayo, la Mandatario reconoció que había retrasos, pero aun así
sorprendió al aumentar la cifra a 27 hospitales para el término de
su mandato, lo que ha sido refrendado por el Ministerio de Salud.
Esta
cantidad de hospitales parece improbable que se pueda cumplir, y como
han advertido algunos Senadores de las zonas comprometidas, la meta
de los 27 hospitales probablemente se logre a costa de edificar
recintos más pequeños en cuanto al número de camas. Algunos
estudios han hecho ver que el plan original contemplaba más de 5.200
camas en hospitales de alta complejidad, pero la cifra ha sido
reducida a algo más de 1.700 camas, en recintos de mediana o baja
complejidad, lo que se aleja del tipo de hospital que se había
prometido públicamente.
El
zigzagueo que se ha visto en esta promesa de campaña resulta poco
comprensible ante la ciudadanía, y en la medida que las comunidades
vean que el hospital no estuvo en los plazos previstos o fue de una
menor capacidad provocará frustración y reclamos. La Cámara de la
Construcción ha estimado que será difícil cumplir con la meta de
los 27 recintos, considerando que se trata de licitaciones complejas
y donde no siempre se ha presentado un número relevante de empresas
interesadas.
Habiéndose
comprometido con estas metas, inexplicablemente el Ministerio ha
preferido prescindir de las concesiones para privilegiar la
construcción directa. Lo justifica porque los costos serían más
bajos, pero la evidencia sugiere que estos son muy similares, por lo
que no parece razonable que se prescinda de una alternativa que
ayudaría a agilizar este proceso y cumplir con lo prometido.
Potenciar la colaboración
público-privada.
Los desencuentros entre las
autoridades de Gobierno y la Fundación Techo-Chile, con motivo de
las tareas de reconstrucción en la zona norte del país tras el
reciente terremoto, plantean interrogantes respecto del rol que los
organismos privados tienen en labores destinadas a superar
emergencias o en la asistencia en áreas de alta vulnerabilidad
social.
El
Director ejecutivo de Techo-Chile ha planteado la cuestión de si
debe el Estado hacerse cargo autónomamente de temas como la pobreza,
las enfermedades, la vejez o las catástrofes naturales, o es
preferible que estos retos sean enfrentados en conjunto con la
sociedad civil. Su interpelación cobra especial vigencia, no solo
por lo ocurrido en el caso señalado, sino también por la
preocupación que otras agrupaciones que trabajan en el ámbito
social han expresado debido a la disminución de los aportes públicos
a estos organismos y la creciente tendencia del Estado de asumir
actividades que los privados abordan con gran eficiencia a través de
servicios complementarios, acciones solidarias y de voluntariado.
Algunos
estudios recientes indican que, del centenar de fundaciones y
organismos enfocados al quehacer social, un alto porcentaje colabora
directamente con actividades del Estado, e incluso más de un tercio
depende de manera importante para su funcionamiento de los fondos
públicos, que, junto a los aportes privados, les permite desplegarse
en los puntos y ámbitos de mayor carencia.
Si
bien es determinante que sea la autoridad quien fije los estándares
y el marco normativo de las políticas sociales en las cuales estos
organismos actúan, es también necesario dar cabida a la
colaboración efectiva de la sociedad civil organizada, no solo
porque el Estado no siempre dispone de los recursos ni de la
capacidad suficiente, sino también porque, en momentos que la
ciudadanía exige eficacia, prontitud y transparencia en la acción,
el aporte de los privados resulta altamente beneficioso por su
capacidad para recabar recursos y su profesionalismo.
Asimismo,
aprovechar la energía solidaria y el espíritu voluntario en esas
instancias permite reforzar la confianza social y generar una suerte
de escuela de servicio que favorece el desarrollo de una cultura más
inclusiva. El país ha experimentado en diversas ocasiones cómo la
sociedad civil organizada responde eficientemente a los
requerimientos que -por ejemplo- plantean momentos de emergencia como
las catástrofes naturales. Intentar asumir toda la responsabilidad
por parte de los organismos Estatales, en una forma de omnipresencia,
no solo puede dificultar su capacidad de respuesta ante las
necesidades sociales más apremiantes y tender hacia un
asistencialismo reactivo, sino que también se corre el riesgo de
inhibir la acción de las entidades de colaboración en áreas que
requieren todos los esfuerzos para afrontar los apremiantes problemas
sociales.
Los
casos conocidos recientemente indican la necesidad de mayor
coordinación entre el Estado y los organismos colaborativos, pero
también evidencian la oportunidad para ampliar los espacios de
cooperación entre lo público y lo privado. Las carencias sociales
de un país en vías de desarrollo, como el nuestro, así lo
demandan.
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