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martes, 20 de octubre de 2015

Una rápida mirada a la actualidad....

El Simce de Educación física muestra cifras pavorosas, un 40% de los alumnos de
Octavo Básico se encuentran con sobre peso u obesidad, lo que claramente debe
preocupar al país por el problema de salud que implica.
Preocupación nacional está provocando la seguidilla de paros en la administración
pública, a contar de mañana se suma a la paralización del Registro Civil, que afecta
a millares de chilenos, la huelga de la JUNJI, que afectará a jardines infantiles.
Preocupación mundial está provocando el bajón económico de China que en
el último trimestre está por debajo del 7%, la peor cifra desde la crisis
financiera del 2009.



Un proceso Constitucional innecesario,
por Axel Buchheister.


La Presidente de la República ha dado inicio, a través de cadena nacional, al proceso que busca dar origen a una nueva Constitución Política. La incorporación de la vía institucional -esto es, a través de una reforma a la carta vigente que deberá ser debatida y ratificada por el Congreso- ha sido valorada por amplios sectores de la opinión pública.


Lo cierto es que el respeto del Estado de Derecho impedía proceder de manera distinta. La Constitución que rige al país contiene entre sus disposiciones los requisitos para introducir reformas como la que, en líneas generales, planteó la Presidente para efectos de que el Congreso discuta un proyecto que permita la elaboración de una nueva Carta Fundamental.


Lo mismo ocurre con la necesidad planteada por la Mandatario de contar con el voto de dos tercios de los miembros en ejercicio del Congreso para introducir una reforma a la actual Constitución e incorporar las cuatro alternativas que el Ejecutivo propone para dar forma a un proceso participativo. Dicho quórum responde a las exigencias contempladas en la normativa vigente, reconocidas y aplicadas por todos los Gobiernos en democracia. No ocurre lo mismo con la rebaja del requisito de aprobación, a tres quintos, que el Gobierno busca introducir como parte de este mismo articulado para la determinación del mecanismo final.


Resulta evidente que la forma de aprobación de una eventual nueva Constitución compone una reforma que requiere el más exigente de los quórum Parlamentarios y que no corresponde reducir dicha exigencia mediante una disposición contenida en un articulado diferente.


Pero eso no es todo. La defensa del Gobierno a su propuesta de nueva Constitución abunda en descalificaciones sobre la legitimidad no sólo de la carta vigente, sino también de las instituciones fundamentales de la República. Lo hizo la propia Presidente al anunciar que el mecanismo de reforma quedará en manos del próximo Parlamento, elegido en 2017, el que -a su juicio- estará "dotado de mayor legitimidad, representatividad y transparencia". Sorprende la pasividad con la que los representantes del Poder Legislativo reaccionaron ante una caracterización que deja al actual Congreso en categoría de "menor legitimidad, representatividad y transparencia", a pesar de haber sido electo bajo las normas legales vigentes.


Similar situación se presenta ante la reiterada deslegitimación de la Constitución vigente. La tesis de que ésta carece de legitimidad por su origen en un régimen de facto perdió todo respaldo tras la firma, en 2005, de un texto refundido que permitió poner en vigencia las amplias reformas introducidas a la Carta Fundamental. Fue ese hito el que llevó al entonces Presidente Ricardo Lagos a sostener que "tenemos hoy por fin una Constitución democrática acorde con el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile, es nuestro mejor homenaje a la independencia, a la gloria y a la fuerza de nuestro entendimiento nacional".


La Constitución Política de la República no carece de legitimidad, como tampoco constituye un impedimento para avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna, como sostienen algunos sectores. Por el contrario, juristas internacionales han alabado distintos aspectos de nuestra Constitución, mientras que -en plena democracia- los Gobiernos de turno y los Parlamentarios en ejercicio se han encargado de efectuar las modificaciones necesarias en línea con las prioridades nacionales. No cabe duda que ese mismo proceder, mediante acuerdos transversales y de amplio debate, debiera mantenerse frente a eventuales reformas que  ameriten a la Carta Fundamental, sin necesidad de proceder con la elaboración de una nueva Constitución y la evidente incertidumbre que genera una discusión de esta naturaleza.


Por cierto, el proceso anunciado por el Ejecutivo no parece tan amplio y participativo como se propone a simple vista. De hecho, la garantía de transparencia y participación correrá por cuenta de un Consejo Ciudadano de Observadores, pero que será designado exclusivamente por la Presidencia de la República, sin que se haya mencionado la participación o aprobación por parte de otros poderes del Estado. La representatividad de este comité, por lo mismo, estará determinada por la propia Mandatario.


Se suma a lo anterior el inicio de una "etapa de educación cívica y Constitucional", que no pocos sectores han confundido con la necesaria reivindicación de la enseñanza cívica en los colegios del país. Nada de ello parece contemplado en este plan, sino sólo un proceso “para que tengamos la información necesaria para involucrarnos activamente”, lo que bien puede traducirse en una campaña de promoción de los objetivos Constitucionales del Gobierno, utilizando recursos públicos, con el simple propósito de cambiar las prioridades de la ciudadanía.


Las encuestas demuestran que la población otorga baja relevancia a una reforma Constitucional entre sus preocupaciones, mientras que otras, como la delincuencia, encabezan sus prioridades por largo tiempo, sin que el Ejecutivo la incorpore como tarea prioritaria. No corresponde, por lo mismo, desviar recursos de los contribuyentes para actividades proselitistas que pretenden influir de esta manera en los intereses de la opinión pública.


Finalmente, la actual administración debe reconocer que el proceso anunciado dista del compromiso electoral contenido en su programa Presidencial. Si bien ello puede constituir una señal positiva, considerando los amplios plazos considerados para el desarrollo de las distintas fases de la reforma, también constituye una compleja herencia para el próximo Gobierno. En la práctica, el Ejecutivo optó por evitar una decisión que habría generado nuevas grietas en la ya tirante coalición oficialista, dejando al país inmerso en un debate que aumenta la incertidumbre en los momentos menos necesarios.




Constitución,
por Adolfo Ibáñez.


Tenemos anuncios Constitucionales. Dentro de las alternativas no existe la de continuidad de nuestro actual texto; tampoco la aprobación mediante el mecanismo Legal vigente. O sea, por muy inclusiva y ciudadana que se diga, hay posibilidades básicas excluidas. Por aquí comienza a cojear el republicanismo que toda Constitución debe recoger.


No se tolera el éxito del país logrado por el esfuerzo tenaz y sostenido de cada chileno, a pesar de los débiles desempeños Gubernativos de la Concertación, y que amenazan con independizar políticamente al electorado. Históricamente los audaces se han escudado en supuestas mayorías callejeras para afianzar sus ínfulas totalitarias, las que han arruinado y truncado la vida de millones de personas en los más diversos países. De paso, las rimbombantes expresiones del ex Presidente Lagos y sus corifeos, de cuando aquella otra reforma durante su Gobierno, afloran en toda su verdad: declaraciones y acciones tácticas para socavar subrepticiamente nuestro ordenamiento, lo que tampoco es novedoso.


Hay que reparar en el calendario señalado: se comenzará con un año, a partir de ahora, dedicado a un intenso activismo popular con la única finalidad de hacer que el país diga, en materia Constitucional, lo que la coalición Gobernante desea que se diga. Y si no lo dice, igual el sistema que se montará lo dirá machaconamente, incluidas tomas y otras manifestaciones del depurado republicanismo de "la calle". Todo esto entreverado con la elección Municipal y respaldado generosamente con dineros públicos, mientras la oposición estará sin medios de financiamiento de ninguna especie.


Luego, un intenso debate por el mecanismo de reforma, que coincidirá plenamente con el momento álgido de la campaña Presidencial. La idea es poner contra la pared a los candidatos y distraer al electorado de los problemas reales, dejando fuera de foco el enjuiciamiento del Gobierno actual y la búsqueda de alternativas de reemplazo. En el fondo, la Nueva Mayoría pretende recuperar el protagonismo político, distraer al público de sus reales necesidades y evitar que este siga exigiendo buen Gobierno antes que ideologías. La receta buscada no parece descaminada, a juzgar por los casos de Argentina y Venezuela, notables fracasos que se nos presentan como modelos. Entretanto, los señores Burgos y Valdés seguirán equilibrándose para crear una ilusión de moderación que haga de telón de fondo y distraiga frente al empellón que viene.



Libertad, equidad, emprendimiento,
por Sergio Melnick.


La derecha chilena habla mucho de las ideas, pero nunca propone cosas realmente novedosas. La izquierda habla del materialismo histórico y de la fe como opio del pueblo, pero curiosamente están llenos de ideas y transforman sus ideologías en religiones y ahí terminan fracasando.


Hay tres pilares básicos para una sociedad dinámica: primero está la libertad como norte intransable de la gran magnífica aspiración y búsqueda humana. Somos conscientes de ser conscientes y eso nos ha dado un lugar especial dentro del universo. Tenemos preguntas magníficas que nos mueven. Sin embargo, nuestras preguntas crecen más rápido que las respuestas y por ello las ideologías que caricaturizan la realidad fracasan. Somos co-creadores de nuestra realidad y eso es indelegable. Segundo, está la equidad, la Justicia que se requiere para la convivencia en sociedad y la búsqueda de un futuro compartido. Una búsqueda permanente, muy abstracta y muy difícil en una realidad cambiante y evolutiva. Finalmente está el emprendimiento, la acción que es el motor más poderoso y propio del ser humano, que impulsa a la sociedad, la que despierta la creatividad y la que abre los horizontes.


Los seres humanos son distintos entre sí y buscan su propio sentido vital, su esencia, su real identidad, la clave de su aporte. Buscan ser lo máximo posible de lo que son íntimamente, y para ello debemos enfrentarnos a la pregunta quién soy yo realmente; cuál es mi sentido, mi destino. La libertad tiene entonces un doble aspecto. Por un lado está la pregunta de qué me quiero liberar, pero luego aparece el para qué quiero hacerlo, que es realmente lo importante. Una vez encontrado el camino personal, identificadas nuestras propias preguntas, queremos una sociedad que permita que cada cual lo siga, por cierto respetando el camino de los demás. Ahí aparece la equidad, la Justicia. Palabras muy complejas que parten necesariamente de la metafísica ontológica y llegan hasta lo muy práctico del Estado de Derecho humano, que en esencia es siempre imperfecto y por ende en modificación permanente. Equidad no es lo mismo que igualdad, y cuando se hace esa simplificación, el resultado es catastrófico, ya que niega la primera regla de la individualidad inevitable de cada ser humano y de la propia naturaleza evolutiva de la vida. La fuerza de la vida siempre se mueve en oposición a la entropía de lo material, y genera estados de menos probabilidad, y una enorme diversidad, es decir, de desigualdad inherente. La igualdad entonces es sólo un caso particular de lo “justo”, y acotado a ciertos aspectos de la sociedad. Por ejemplo, en ciertas oportunidades, o de igualdad frente a la Ley. Pero hay otros principios de equidad. Por ejemplo, es justo recompensar el mayor esfuerzo. Eso es así por ejemplo en el deporte, o las notas en la educación, que no se reparten por igual. También ocurre con el trabajo, recibe más el que aporta más o produce más. Si no se retribuye el esfuerzo, simplemente nadie se esfuerza. Finalmente hay equidad en algunos casos de acuerdo simplemente a la necesidad. En una emergencia, por ejemplo, es lo que prima; en ciertos casos de salud también. El tema de la equidad no puede tratarse en base a slogans simplistas. Para quienes son religiosos (más del 70% de la humanidad) también hay Justicia Divina.


Finalmente, el ser humano instintivamente quiere progresar, la propia naturaleza lo hace y evoluciona. El universo cambia en cada instante. Ello requiere un marco de equidad, y libertad. El emprendimiento no sólo es hacia afuera, creando realidades, ciencia, tecnología, teorías, organizaciones, asociaciones, arte y negocios, sino también somos emprendedores en la búsqueda de nuestra identidad, espiritualidad, y sentido vital. Nadie puede recorrer el camino de la vida por nosotros.


No somos ovejas, somos seres humanos que buscamos nuestra propia identidad colaborando en un sistema colectivo.


Todo lo anterior requiere niveles de abstracción muy importantes y por cierto de conocimiento cada vez más amplio y más profundo. De hecho, así es como la civilización ha llegado a la sociedad del conocimiento. Estamos en un siglo de alta complejidad y trascendencia. La tecnología se empieza a fusionar con la biología, la realidad virtual es cada vez mayor a la física, aparecen universos paralelos. Hemos descubierto que la materia no existe como creíamos, que se puede ir más allá de la velocidad de la luz, que existen arquetipos universales en un inconsciente que es colectivo o común. Hemos descubierto que al parecer no somos tan determinados por el ADN sino por el ambiente (epigenética), que la inteligencia de la célula no está en el núcleo sino en la membrana acoplada con el citoesqueleto. En fin.


No podemos tratar de manejar esta compleja realidad en base a slogans populistas y buenas intenciones. El fracaso de ello es siempre inminente. Por eso creo que el verdadero camino de la derecha no está en la trivialidad del “Chile Vamos”, que no tiene contenido alguno, sino en Chile LEE: Libertad, equidad, emprendimiento. La derecha es diversa y esa es una riqueza. El sector más profundo de la derecha buscará los fundamentos de la libertad. El sector más social de la derecha buscará los criterios apropiados de equidad, y el sector más creativo empujará el emprendimiento, dentro de la equidad, y debajo del paraguas de la libertad. Ya sabemos que quien LEE avanza y gana. LEE es progresar. El que LEE entiende y crea. Entonces, Chile LEE para su mejor futuro.




"Cada día puede ser peor",
por Hernán Büchi.


La Presidente Bachelet difiere de ciertas características de Nicolás Maduro y Cristina Kirchner. No es su estilo hablar mucho, generar un relato disociado de la realidad y emitir frases de impacto aunque ininteligibles aun para sus propios acólitos. Podrá estar equivocada según lo que pensemos, pero no se le puede imputar que hable sin tener una secuencia en sus pensamientos. Cuando hace semanas en esta columna aludimos a sus dichos en El Salvador, donde con nostalgia recordaba lo que llamó la "protección social en la Alemania Comunista", es porque así lo siente y ello guía sus decisiones. Desgraciadamente no parece haber aquilatado el entorno social, político y económico que transcurría en aquellos oscuros años del Muro. Desde esos sentimientos es fácil entender sus propuestas y si mantiene rumbo similar al de la Europa Oriental, el resultado será el mismo, ni bienestar ni progreso.


Cuando hace pocos días deslizó en una entrevista de televisión que "cada día puede ser peor" -y dada su historia de consecuencia- es imposible no darle un contexto más amplio. Aunque al ver el impacto de sus dichos intentó acotar su desacierto solo a desastres naturales, no puede haberle pasado desapercibido que la tendencia de nuestra evolución económica va, en efecto, cada día peor. Si hace 12 meses los pronósticos apuntaban a un crecimiento en torno a 3,5% para este año, en los últimos meses, primero Hacienda y luego el Banco Central le han puesto un techo de 2,5%. Pero el Imacec de agosto, de apenas 1,1%, hace que la tarea de empinarse incluso sobre el 2% no sea sencilla. Agosto contó con la ventaja de una base de comparación muy favorable, un día hábil adicional y un fuerte impulso de 13,4% en el crecimiento del gasto público. Así y todo el avance fue decepcionante. Los meses del último trimestre tendrán la desventaja de una base de comparación más dura.


De los últimos datos, lo que más llama la atención es la disminución de la contribución del comercio al crecimiento. Los salarios nominales en agosto tuvieron una variación nula mes a mes y con ello un retroceso en términos reales, insertos en una tendencia a la desaceleración pronunciada en los últimos 12 meses. Es posible que este comportamiento de los salarios y la debilidad en el empleo privado sea lo que esté afectando al dinamismo del consumo. De ser así, podríamos ver una recesión técnica en los próximos meses con dos trimestres de crecimiento negativos.


El repunte reciente en las importaciones de bienes de capital y la leve mejoría de las expectativas empresariales se dan contra un punto de comparación muy deprimido. El nivel de importaciones de bienes de capital, en términos reales, ha caído tanto que es equivalente al del año 2008 -siete años atrás- y por ello pueden aparecer cifras positivas y, en el caso de las expectativas empresariales que miden si el futuro se percibe mejor o peor, cuando llegan a niveles muy bajos solo pueden repuntar. Pero lo visto hasta la fecha es un verdadero desplome y aunque al menos por un tiempo el país dejará de caer, se estabilizará en una trayectoria mucho más modesta, incapaz de responder a los anhelos y aspiraciones legítimos.


El IPC de septiembre de 0,5% por debajo del consenso fue una buena noticia. Sin embargo, la inflación subyacente preferida por el Banco Central se mantiene estable en 4,9% en 12 meses. Aunque el dato puntual del mes pasado esté ayudando en las expectativas, la realidad de la tendencia subyacente y la mantención de la credibilidad en los dichos del Banco Central llevó a su Consejo a concretar su primera alza de tasas en 25 puntos base. En tanto, para el 2016 la economía perderá dos impulsos actuales: el cuasi boom del sector inmobiliario por las expectativas de aplicación del IVA a la construcción y los créditos a muy baja tasa y largo plazo, y el efecto de la expansión Fiscal que deberá moderarse.


No deja de ser interesante destacar la confusión reinante con las cifras presupuestarias, nacidas del uso indistinto que hace el Fisco entre datos reales y estructurales. Se intenta aparecer conservador en la expansión del gasto para moderar las preocupaciones del desequilibrio futuro. Pero recordemos que cuando en Europa se establecieron los acuerdos de disciplina Fiscal para el Club del Euro, se descartó el uso de cifras estructurales por la complejidad de su control y por las imprecisiones que generaría. Así y todo, solo con cifras reales, hemos sabido que Grecia logró confundir a sus expertos socios de la Comunidad y por bastante tiempo. ¡Qué queda para el ciudadano chileno común y corriente! En todo caso, la credibilidad de nuestras autoridades financieras me lleva a pensar que la expansión del gasto público se moderará y no mantendrán el fuerte impulso actual.


Por lo expuesto es claro que el esfuerzo para crecer a tasas de 2% a 2,5% para el próximo año deberá ser muy importante y que esta situación no puede serle ajena a la Presidente.


Sin embargo, insiste en cambios profundos, mal diseñados y casi atolondrados. Sabe que ello afectará más aún a la economía y quizás en parte por ello nos adelantó que "cada día puede ser peor", pero esto no parece detenerla. Sin duda debe considerar que el costo del menor crecimiento se compensa con algún beneficio. Si así no fuera, debería estar rectificando las incertidumbres tributarias y actuaciones del SII; planificaría los cambios antes de saltar al vacío en materia universitaria; sería equilibrada en los cambios laborales que impulsa; contendría sus ímpetus reformistas Constitucionales en lugar de utilizar el presupuesto de modo proselitista con una reforma Constitucional sobre cuyas verdaderas intenciones guarda reserva.


¿Qué puede estar buscando? Dada su experiencia, ya debería tener claro que los beneficios que anhela tipo Alemania Comunista no existen sin progreso. Más aún se perfila claro que sus reformas no beneficiarán ni a la calidad de la educación, ni a la masa docente, ni a los niños. Darán, sí, más poder a las cúpulas de sindicatos y de profesores. Si lo que busca es dar ventajas políticas a sus aliados, concentrando el poder en el Gobierno y quitándolo a los ciudadanos, eliminando la competencia política y cambiando las reglas electorales y Constitucionales a favor de las cúpulas, sí puede ser exitosa. El peronismo, que se perfila de nuevo como mayoría en las elecciones de la semana próxima en Argentina, ha triunfado en ello pero a costa del tremendo estancamiento secular que vive el país.


Esperemos que sus sueños de los beneficios de Alemania Comunista no le impidan ver la realidad. De ser así, todavía es posible que recapacite ante el deterioro del día a día. De lo contrario, y como el mundo no vendrá a nuestro rescate esta vez, su pronóstico televisado será certero para desgracia de todos.


Se perfila claro que sus reformas no beneficiarán ni a la calidad de la educación, ni a la masa docente, ni a los niños. Darán, sí, más poder a las cúpulas de sindicatos y de profesores. Si lo que busca es dar ventajas políticas a sus aliados, concentrando el poder en el Gobierno y quitándolo a los ciudadanos, eliminando la competencia política y cambiando las reglas electorales y Constitucionales a favor de las cúpulas, sí puede ser exitosa".





Los “justicieros”…,
por Fernando Villegas.


Con precisión de neurocirujano y no poco desdén y horror, el historiador Alfredo Jocelyn-Holt se ha ido haciendo cargo de examinar la aplastante masividad de cierto ánimo y postura arropados con el manto del progreso y las Buenas Causas y que se solaza, además, ejecutando en las redes sociales a los disidentes. Se ha concentrado en el fenómeno tal como se vive en las universidades, pero también se ha referido a su ocurrencia en otros ámbitos. Es en una de sus columnas y a propósito de todo eso que citó a Javier Marías, importante escritor español, quien dijo al diario El Mundo lo siguiente: “La imbecilidad está organizada… Siempre la hubo, pero hoy se organiza”. Umberto Eco aseveró algo muy similar no hace mucho.


Tal vez la palabra “imbecilidad” espetada por Marías y citada por Alfredo sea demasiado fuerte y algunos pudieran sentirse aludidos; digamos entonces, como alternativa, que hoy se organiza y hace hegemónico cierto perfil mental dotado de muy discretas facultades pero buscando compensar su escaso o ningún vuelo con dosis elevadas de militante fanatismo. Esta vehemencia estridente sería, según los tratadistas, la expresión épica y colectiva de la simple mediocridad que en tiempos normales se limita a ser una desgracia individual -“la imbecilidad de bar”, como la describió Marías- sufrida y expresada de manera personal y como tal analizada por José Ingenieros en El Hombre Mediocre y por Robert Musil en El Hombre sin Atributos.


Dicha condición es en efecto una desgracia: el paciente recorre el entero circuito de su vida sumergido en una atmósfera grisácea, neblinosa, estrecha, asfixiante, repleta de rencor, casi sin luz e irremediablemente triste, pero en subsidio es fatalidad casi siempre inconsciente y además compartida por tantos que, al menos en ciertas ocasiones, existe la posibilidad de organizarla; entonces lo miópico de su visión, lo superficial de sus juicios, la vulgaridad de sus sentimientos y egoísmos, lo patético de sus gustos, sus venenosos odios y lo absoluto de su ignorancia bien pueden aparecer trasmutados como lo Justo, lo Razonable, lo Decente y lo “Que Es Debido”.


¡Ay de una sociedad, de la inteligencia, de la reflexión, de la paz y de la decencia cuando llega a esa etapa! Jocelyn-Holt ha sido testigo privilegiado de dicho proceso intrínsecamente vandálico en el seno del mundo universitario, pero sus metástasis aparecen y prevalecen por doquier. Su invasión cancerosa inauguró ya la temporada de las hordas linchadoras salidas del légamo más oscuro, los juicios y venganzas en medio de redobles de tambores, de cobardes agresiones en masa bajo la cobertura de una “convocatoria”, la evacuación a plena luz del día de un rencor legitimado -hoy- como “empoderamiento ciudadano”, de la fulgurante fama de sujetos sin otra virtud que su bajeza “representativa”, del ajuste de cuentas de los resentidos y de una brutal inversión de valores por virtud de la cual lo vulgar cobra prestancia y lo elevado se hace sospechoso y el chanta encapuchado saca pinta de heroico combatiente.


Los “justicieros”.
Es en tiempos así y sólo un milímetro por encima del nivel espiritual de los “miles de extras en acción” cuando aparecen flamantes hornadas de dirigentes, ideólogos, voceros y justicieros. Nos referiremos a estos últimos, los “justicieros”, porque son muy notorios y más fastidiosos. Recuerdan en escala ampliada el fenómeno de “la criada respondona”, la humilde empleada que por una vez en su vida encuentra ocasión de sentirse a la altura de su superior reprochándole vistosamente una falta y exigiendo a gritos su castigo. Es, para quienes han vivido toda su vida en estado de subordinación y quizás hasta de humillación, una maravillosa oportunidad de venganza y redención. Por eso los “justicieros”, quienes ansían experimentar lo mismo, hacen nata en los programas de radio y televisión abocados a la industria de la acusación y la “denuncia”. Hay también honorables que careciendo de méritos propios para hacerse conocidos recurren al método de la denuncia frecuente. Otros lo hacen para compensar su ineptitud en cargos de Gobierno. Hay también académicos amigos de la fama asomando cabezas juzgadoras desde testeras universitarias. Todos por igual blanden un dedo a jornada completa para acusar, denunciar, sancionar o siquiera reprochar.


Los “justicieros” suelen ser gente joven y ambiciosa, pero los hay vetustos. A cualquier edad saben bien dónde están parados: jamás pierden de vista las barras bravas ni olvidan los eslóganes que otorgan fama de apóstoles. Tampoco abandonan jamás su tradicional y exitosa parada: gran limitación de intelecto con una arrogancia simultáneamente ignorante y agresiva. Perseverando en esa postura se convierten en Jueces y verdugos y adquieren el aire digno y hasta solemne que conviene a un alto Magistrado; de ahí sus expresiones faciales tan serias, los entrecejos fruncidos, el verbo acelerado y encabritado por tan Santa Indignación. De todos modos y tras esa máscara castigadora no cuesta mucho detectar su autocomplacencia; después de todo navegan en la cresta de la ola emocional a la moda y serán canonizados como Santos Varones o Damas de la Anunciación.


Mediocridad.
Los “justicieros” son especie que abunda. Siempre lo ha sido el oportunismo, ilustre constante de la historia humana. Por lo mismo su talante sólo debiera suscitar resignación, no inútiles reproches, pero cuando la medianía de pensamiento y sentimiento adquiere el estatus de Verdad Revelada, el menjunje resulta muy difícil de tragar. Fatigosos son los períodos cuando el estudiante, académico, comunicador, político y ciudadano “más o menos no más” es envalentonado por la súbita y ruidosa revelación del número infinito de sus iguales. Entonces emergen a borbotones y copan el espacio público.


Normalmente la medianía, aunque masiva, se presenta como condición puramente individual; sus titulares son muchos, pero cada uno está sumergido en sus propios asuntos y molestan poco. Sus puntos de vista se entremezclan y circulan sin que ninguno predomine más allá, cuanto más, del círculo de su familia y el bar de su preferencia. Sin embargo y luego de un intervalo de dos o tres generaciones suele ocurrir que una de esas miradas, la menos incoherente y la más doctrinaria, cobre fuerza, coincida con la “coyuntura”, entre en sintonía con sentimientos populares, aglutine otras percepciones y al fin se convierta en el discurso político, racial, sexual, ético y hasta estéticamente correcto de la época. El meollo de ese discurso es, por definición, de muy mediano nivel por la naturaleza de su origen y la de su mercado. No podría llegar a ser predominante de otro modo, si bien aun así suele y debe pasar por un proceso de simplificación para hacerlo todavía más asimilable para los “militantes de base”. Por eso, cuando a fines del siglo IV antes del cristianismo llegó a ser religión oficial del Imperio Romano, el protagonismo pasó desde los teólogos que luchaban -sin gran fruto- por darles alguna base filosófica a las manos del “movimiento”, que canalizó con un áurea de legitimidad el rencor de las masas enardecidas; de ahí la persecución de los paganos, la destrucción de templos, el asesinato, el saqueo, la corrupción, la hipocresía y la bajeza en todas sus expresiones.


Es inevitable. Gradualmente toda sociedad acumula más y más descontentos que un día, a la vista de un llamamiento que los congregue, se desbocarán en una feroz alegría destructiva del tablero donde se desarrolla el juego en el que acostumbran salir placé. ¡Qué maravillosas jornadas les esperan cobrando venganza por tantas injurias y fracasos! ¡Qué grata transformación de la humillación en altanería, qué tan cómoda sublimación del vulgar odio en elevado sentimiento de justicia!


Este columnista recuerda, en sus tiempos de universidad, haber oído a más de un combatiente pésimo para las matemáticas exigiendo la eliminación de dicha disciplina del currículo de Sociología por ser una “ciencia burguesa”. Ecce Homo…




Comités internacionales y políticas públicas,
por Álvaro Paúl Díaz.


La decisión de La Haya frente a nuestra objeción preliminar en el caso contra Bolivia ha generado preocupación. Algunos, incluso, han propuesto denunciar el Pacto de Bogotá, es decir, retirarse del tratado mediante el cual Chile le otorga competencia a la Corte. También ha generado interés la reciente decisión de otra corte, la Interamericana, en el caso Maldonado y otros contra Chile. Es esperable que estas decisiones conmocionen, pues emanan de instituciones a las que Chile ha dado poder vinculante. Esta entrega de poder tiene su base en el juego democrático, pues son autoridades electas las que ratifican tratados que les conceden jurisdicción en forma expresa.


Sin embargo, existen otros organismos que dicen mucho sobre Chile, y cuyas opiniones no generan todo el debate que debieran. Se trata de las opiniones de los comités de monitoreo de tratados de DD.HH. Estos frecuentemente emiten informes sobre nuestro país, como sucedió hace algunos días con el Comité de los Derechos del Niño. Las opiniones de tales comités carecen de poder vinculante, pero son controversiales por referirse a cuestiones muy alejadas del tratado que los crea, y porque algunos afirman que sus interpretaciones de los tratados serían "auténticas".


Respecto del primer punto, es decir, de lo alejado que los informes de tales comités están del tratado que les da vida, basta con referirnos a algunos casos. Por ejemplo, el reciente informe del Comité de Derechos del Niño recomienda que Chile se asegure de que las empresas, especialmente industriales y extractivas, cumplan estándares ambientales, así como de que se certifiquen internacionalmente. Es posible ver una cierta relación indirecta entre esta recomendación y la niñez. Sin embargo, uno se pregunta si los Estados tenían en mente este tipo de recomendaciones al darle al Comité su potestad para examinar los progresos en el cumplimiento de la convención sobre la niñez.


Por otro lado, llama la atención que el Comité perciba que los derechos de los niños son distintos según el país donde estos se encuentran, puesto que a Chile le recomienda tomar medidas relativas a la orientación sexual e identidad de género de los niños, mientras que no lo hace respecto de otros países, v.gr. de tradición musulmana (según se observa en informes aprobados recientemente). Por último, es asombroso que ordene que Chile legalice ciertas formas de aborto, a pesar de que el preámbulo de la Convención respectiva afirme que los niños requieren protección antes de su nacimiento.


El Comité de los Derechos del Niño no es el único que hace recomendaciones extravagantes a nuestro país. En efecto, el Comité de DD.HH. -encargado de revisar los informes presentados en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- ha recomendado a Chile acelerar la aprobación de proyectos de Ley, elevar plazos de la prescripción penal respecto de ciertos delitos, y llevar adelante otras acciones específicas. Desafortunadamente, muchas de estas observaciones dejan de ser una estricta aplicación del tratado que los Estados están llamados a cumplir, y terminan siendo recomendaciones de política pública (las que debieran ser decididas por nuestras autoridades democráticas, luego de auténticos procesos deliberativos).


Según se afirmó, los comités no solo tienen el problema de recomendar cosas ajenas a las normas de los tratados aprobados democráticamente por Chile. También se prestan para que algunos presionen a las autoridades nacionales, alegando que las interpretaciones de estos organismos serían interpretaciones auténticas de los tratados respectivos. Estas afirmaciones, como era de esperar, vienen a veces de miembros de estos mismos comités. Al hacerlo, olvidan el principio bien asentado, y reafirmado por la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional, de que el derecho a dar interpretaciones auténticas de normas Legales pertenece exclusivamente a la entidad que tiene el poder de modificarlas o derogarlas.


Quizá es ya el momento para que nuestros políticos hagan como las autoridades de otros Estados (muchos de ellos desarrollados), y les planteen a estos comités algunos de sus errores. Ello, porque los comités no deben exceder las funciones que les han sido encomendadas, pasando por encima del libre juego democrático. Este es un tema de país, por lo que debiera enfrentarse con altura de miras, con independencia de si se comparte el contenido de una o más recomendaciones.




El gen refundacional,
por Héctor Soto.


La sinuosa hoja de ruta que la Presidente Bachelet anunció para llegar a una nueva Constitución pertenece -todo hay que decirlo- más al ámbito de la psiquiatría que al de la política. El tema hay que leerlo en esta dimensión. La fórmula diseña una vía tremendamente caracoleada para llegar a un texto Constitucional que -diferente, parecido o igual al vigente- permita presentarlo con caracteres refundacionales y no como mera reforma de la Constitución actual. La idea de La Moneda es que esto parta de una ruptura. De una ruptura suave, violenta, indeliberada o frontal, da lo mismo. Lo importante es que sea ruptura. No importa si el esfuerzo para que esto no huela a reforma nos lleve a los dominios del malabarismo. Es lo de menos. Lo importante es expurgarnos y zafarnos de una vez y para siempre, en términos simbólicos, de una institucionalidad que estaría viciada en sus orígenes. La idea es que volvamos -o hagamos como que volvemos- al mitológico momento fundacional primigenio (que desde luego nunca tuvo lugar), donde todos nos pusimos de acuerdo en que queríamos construir un país y levantar entre todos una república no contaminada por las impurezas de la historia. ¿Cuáles impurezas? Las traiciones a los intereses del pueblo, los consensos digitados por las elites dominantes, los momentos en los cuales los chilenos todos no estuvimos a la altura de la épica que exigían las circunstancias.


Volver a cero. Comenzar de nuevo. Lo mismo que buscan los alcohólicos redimidos y los perdedores que aguardan una segunda oportunidad. Aunque tenga mucho de adolescente, es explicable y muy humana esta aspiración. El problema es que la historia enseña que no es así como se construyen los países. Los países se construyen a partir de lo que tienen, no de lo que perdieron. Lo maduro, lo responsable, es la continuidad, la capacidad de asumir el pasado, incluso en aquella parte que nos disgusta, para desde ahí proyectarnos a algo que sea nuevo y distinto. En eso consiste la madurez. La idea del “todo de nuevo” funciona tal vez en los ensayos teatrales, pero no es muy práctica ni en los intentos de regeneración personal ni tampoco en los programas de gobierno.


Pero la Presidente cree que el fetiche puede funcionar respecto de la Constitución. Da lo mismo lo que diga. Lo importante es que sea nueva y para eso ella ha propuesto un cronograma supeditado a que el actual Parlamento, al menos por los tercios de sus miembros, se allane a conferir al próximo Congreso la potestad de dictar una nueva Carta Fundamental. La verdad es que con esos dos tercios se podría reescribir desde la primera hasta la última línea de Constitución actual. Pero hacer esto tendría dos problemas. El resultado seguiría siendo una reforma y el Gobierno tendría que tener más o menos claro qué diablos quiere modificar o reinventar. Como no lo tiene ni por asomo, bueno, propone entonces un largo proceso constituyente, confiando en que la carga se arreglará en el camino. El proceso se inicia ahora, con jornadas de educación cívica. La cosa sigue con cabildos ciudadanos, continúa con una comisión de hombres sabios que capturará -por la vía de la intuición, el pensamiento mágico, la abducción o algo así- el sentir de la ciudadanía toda y, al final, se elaborará un proyecto Constitucional frente al cual el próximo Congreso tendría cuatro caminos: entregarlo a una comisión bicameral suya, remitirlo a una comisión de composición Parlamentaria y ciudadana, mandarlo a una asamblea constituyente o, lisa y llanamente, plebiscitarlo. Son cuatro soluciones para satisfacer distintos gustos. La verdad es que ese Parlamento también tendría una quinta alternativa: echar el proyecto a la basura.


¿Muy complicado el proceso? Bueno, y qué. ¿Quién dijo que volver a empezar era cosa fácil?


Nada de esto es muy serio, ciertamente. Tiene, sin embargo, sus ventajas para el Gobierno: le permite salir del paso, descomprimir el ambiente, chutear el tema hacia adelante, Constitucionalizar la próxima elección Parlamentaria (lo que no está mal para una coalición que llegará herida a las urnas si el Gobierno no repunta en las encuestas) y, sobre todo, le permite ingresar a la ficción de cumplir una promesa de campaña sin cumplirla en absoluto.
No pasa un día sin que este Gobierno sorprenda. No necesariamente por sus pasos en falso, como el de la frustrada designación del Contralor, que tuvo algo de comedia de equivocaciones. Son sorpresas más inesperadas y profundas. Hay quienes sienten esta dinámica como una cadena de decepciones y amenazas y quizás exageran. Siendo importante, el gen refundacional no domina todo el espectro de la acción Gubernativa. Tampoco es parte de la mochila intelectual de todos los Ministros, al menos de los más importantes. Pero sí está en la mente de la Presidente y este factor, claro, genera tensiones difíciles de sobrellevar. Más que tensiones, genera una zona de misterios y ambigüedades que se agradece en el género de la novela policial, pero no en la política. Lo quiera o no lo quiera ella, se trata de otro aporte de la Presidente a la incertidumbre. Las incógnitas siguen sin despejarse. Lo que está haciendo La Moneda es prolongarlas.




Asumiendo las consecuencias,
por Juan Andrés Fontaine.


Aunque realista, el cuadro que ha pintado el Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en la tramitación de la Ley de Presupuesto es desalentador. No solo la economía crece al 2% anual este año, sino que no se visualiza que recupere su dinamismo en lo que resta de la década. De acuerdo a diversos expertos, nuestro potencial de crecimiento ha disminuido desde el 5% anual estimado en 2012 a tan solo 3,6%. Si antes era posible aspirar a que Chile cruzara el umbral del desarrollo, hoy ya resulta inviable. Si antes la expansión de los ingresos Fiscales permitía financiar generosos "derechos sociales", hoy, simplemente, no hay plata.


Nada de esto debería sorprender. Cuando la Nueva Mayoría arremetió contra el modelo de economía libre imperante, se propuso solo redistribuir ingresos en lugar de hacerlos crecer, elevó la carga tributaria, coartó la libertad educacional y propugnó una Legislación laboral beligerante y anacrónica, era predecible que la confianza empresarial, la inversión y la productividad se vendrían al suelo. Por mucho que ello se intentase neutralizar con la expansión del gasto y los empleos públicos -como pretendió el ex Ministro Alberto Arenas-, el resultado sería el estancamiento económico. Quienes durante el debate sobre la reforma tributaria hicimos eso presente, fuimos tildados de ideologizados o de servir oscuros intereses. Los resultados de la equivocada estrategia del Gobierno, agravados por una situación mundial que exige políticas muy distintas, están hoy a la vista.


El deterioro de la economía está causando malestar y pesimismo en la ciudadanía, no obstante que la temida alza de la cesantía se ha retardado. La programación Fiscal anunciada revela que, pese a contar con la reforma tributaria y un déficit de 3% del PIB, inevitablemente el apretón llega también al presupuesto público: según se ha explicado, hasta el 2018 ya no habría cómo financiar nuevas iniciativas de gasto, tales como la gratuidad universitaria.


Algunos pueden considerar tranquilizador que la retroexcavadora Gubernamental se haya quedado sin combustible Fiscal y ya no pueda hacer más daño. Pero no hay impedimento alguno para que el Gobierno consiga aprobar Leyes que involucren fuertes desembolsos más allá de su mandato. Ese expediente -que se ha usado en el pasado- debería ser objeto de limitaciones o quórums especiales.


Mientras tanto, el Gobierno sigue su rumbo. A falta de buenos resultados siempre cabe recurrir a la fantasía demagógica. Aunque el engorroso proceso constituyente que se ha anunciado tiene la virtud de ser institucional, parece diseñado para alentar la ilusión -en plena temporada electoral- que solo una nueva Carta Fundamental podría remediar la frustración y la desesperanza que ha sembrado la gestión del Gobierno. Chile merece más.



Es decisión Presidencial.



Al Gobierno le fue mal en el Senado con la designación del Contralor, como era predecible por el poco manejo político que evidenció. Un resultado que puede ser visto como una tensión compleja en la institucionalidad, sobre todo cuando hay un segundo acto tras cartón: viene ya la votación del nombre para Fiscal Nacional y puede que sea rechazado.


Pero no debiera verse de esa forma que las instituciones funcionen. Más de alguien habló de un bloqueo de la oposición en el Senado. Sería bueno desterrar este lenguaje, porque si la institucionalidad contempla la ratificación del Senado, éste puede rechazar la propuesta; de lo contrario, para qué existe el trámite. Más aún, los altos quórum para ambos cargos (3/5 y 2/3) fueron introducidos en los años 1997 y 2005, en democracia, para que el Senado tuviere peso y que primen los consensos, más que el poder de una mayoría circunstancial.


Lo importante para la institucionalidad es que las atribuciones se usen bien y que no se distorsionen; lo contrario es lo que produce daño. Por eso es importante entender el papel de cada cual en este juego. Quien tiene la atribución de nombrar, esto es, definir el perfil y quien lo llena mejor, es la Presidente de la República. Al Senado compete una función de control, lo que significa que debe revisar si el nominado es apto para el cargo y si no está afecto a una inhabilidad ética o incluso política, como carecer de independencia frente al Gobierno. Y no puede aprovechar el poder de contrapeso de que goza para imponer un nombre que le parezca mejor; sólo puede -en el fondo- vetar el que se le presenta, si tiene razones justificadas.


En el caso del Contralor, en opinión de los que votaron en contra, la persona propuesta no era la adecuada, ya que no gozaría de la independencia necesaria por haber prestado servicios reiterados a reparticiones Fiscales durante el actual Gobierno, y porque no había cumplido oportunamente con la obligación de doctorarse, conforme las reglas de una beca con fondos públicos que recibió con ese fin. Se podrá opinar sobre el alcance de tales hechos, pero lo que no se puede negar es que los Senadores tienen derecho a considerarlos como impedimento. Es el tipo de control que debe ejercer el Senado.


La situación en cuanto al nominado para Fiscal Nacional es distinta, porque se ha dicho que el Senado prefiere otros nombres y de ahí la dificultad para la ratificación. Si así fuere, el Senado se estaría atribuyendo la facultad que compete a la Presidente, pues no le corresponde designar un Fiscal Nacional, sino el control del nombre que propone la Mandatario. Si nadie tiene argumentos sólidos que demuestren que es inconveniente nombrarlo -hasta ahora no se ha conocido ninguno-, entonces el buen ejercicio de las atribuciones exige que sea aprobado. Si había un mejor candidato, eso no es motivo para que sea rechazado, porque no compete al Senado ponderarlo. La línea entre una y otra actitud es fina, pero es indispensable respetarla. Y eso es más acuciante hoy, cuando la ciudadanía desconfía de las instituciones y de los motivos por los cuales se hacen las cosas.




La encrucijada de Codelco.



Nada sencilla es la encrucijada en la que se encuentran Codelco y el Gobierno. La compañía tiene en carpeta una serie de proyectos estructurales que, ha señalado, son necesarios para mantener sus niveles de producción. El Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, puso en duda la semana pasada los alcances de la capitalización que la empresa demanda para financiar estas iniciativas, entre las cuales se cuentan la explotación subterránea de Chuquicamata, la nueva mina Ministro Hales, el nuevo nivel de El Teniente y la expansión de Andina, entre los más relevantes.


Esta capitalización extraordinaria había sido cifrada originalmente en 4 mil millones de dólares, pero, según explicó el jefe de las finanzas públicas, es improbable que se llegue a estas cifras, debido al escaso avance de los proyectos, el bajo precio actual del metal y, aunque no lo haya explicitado, la estrecha situación de las arcas públicas, lo que ha obligado al Fisco a apretar el cinturón en distintas áreas. Tampoco la capitalización de utilidades permite inyectar recursos: el margen que la compañía está entregando hoy al Estado es ínfimo, y se limita casi únicamente a los fondos de la Ley Reservada del Cobre (LRC).


Frente a este escenario surgen algunas alternativas, aunque todas tienen costos —financieros y políticos— que es necesario ponderar adecuadamente. Es el caso, por ejemplo, de la emisión de deuda, la cual tendría que hacerse a tasas muy superiores a las de años anteriores, con el inconveniente adicional de perjudicar también la calificación de riesgo de la empresa.


Se ha planteado también la posibilidad de vender activos, como una forma de fortalecer la caja de la empresa, o cerrar operaciones que arrojan pérdidas, como ocurre con la División Salvador. Independientemente del análisis de las dificultades políticas que ello implica, sí parece urgente que la empresa reformule y ajuste sus proyectos a la actual coyuntura.


Una tercera opción es permitir el ingreso de capitales privados a la compañía, lo que requeriría modificar la Ley. Pese a que esta opción enfrentaría de seguro una fuerte resistencia política, se trata de una posibilidad que hay que evaluar seriamente, al menos como parte de un plan estratégico para Codelco en el mediano y largo plazo. Hay otras medidas que podrían entregar un respiro a la situación actual —reducción de costos, racionalizar operaciones, terminar con la LRC—, pero ninguna de ellas reemplaza a una definición profunda: qué espera el país de Codelco y cuánto está dispuesto a aportar para que ello ocurra. Los tiempos de vacas flacas, como el actual, son los mejores para responder a esa pregunta.




Metas en construcción de hospitales.


Diversos Alcaldes a lo largo del país han hecho ver su molestia porque los hospitales que fueron comprometidos para sus respectivas zonas presentan retrasos o en algunos casos han sido postergados. Por ejemplo, el hospital de Casablanca.


El programa de Gobierno de la Presidente Bachelet contemplaba la construcción de 20 hospitales, dejar otros 20 en construcción y 20 en proceso de licitación. Tras su última cuenta pública del 21 de mayo, la Mandatario reconoció que había retrasos, pero aun así sorprendió al aumentar la cifra a 27 hospitales para el término de su mandato, lo que ha sido refrendado por el Ministerio de Salud.


Esta cantidad de hospitales parece improbable que se pueda cumplir, y como han advertido algunos Senadores de las zonas comprometidas, la meta de los 27 hospitales probablemente se logre a costa de edificar recintos más pequeños en cuanto al número de camas. Algunos estudios han hecho ver que el plan original contemplaba más de 5.200 camas en hospitales de alta complejidad, pero la cifra ha sido reducida a algo más de 1.700 camas, en recintos de mediana o baja complejidad, lo que se aleja del tipo de hospital que se había prometido públicamente.


El zigzagueo que se ha visto en esta promesa de campaña resulta poco comprensible ante la ciudadanía, y en la medida que las comunidades vean que el hospital no estuvo en los plazos previstos o fue de una menor capacidad provocará frustración y reclamos. La Cámara de la Construcción ha estimado que será difícil cumplir con la meta de los 27 recintos, considerando que se trata de licitaciones complejas y donde no siempre se ha presentado un número relevante de empresas interesadas.


Habiéndose comprometido con estas metas, inexplicablemente el Ministerio ha preferido prescindir de las concesiones para privilegiar la construcción directa. Lo justifica porque los costos serían más bajos, pero la evidencia sugiere que estos son muy similares, por lo que no parece razonable que se prescinda de una alternativa que ayudaría a agilizar este proceso y cumplir con lo prometido.





Potenciar la colaboración público-privada.



Los desencuentros entre las autoridades de Gobierno y la Fundación Techo-Chile, con motivo de las tareas de reconstrucción en la zona norte del país tras el reciente terremoto, plantean interrogantes respecto del rol que los organismos privados tienen en labores destinadas a superar emergencias o en la asistencia en áreas de alta vulnerabilidad social.


El Director ejecutivo de Techo-Chile ha planteado la cuestión de si debe el Estado hacerse cargo autónomamente de temas como la pobreza, las enfermedades, la vejez o las catástrofes naturales, o es preferible que estos retos sean enfrentados en conjunto con la sociedad civil. Su interpelación cobra especial vigencia, no solo por lo ocurrido en el caso señalado, sino también por la preocupación que otras agrupaciones que trabajan en el ámbito social han expresado debido a la disminución de los aportes públicos a estos organismos y la creciente tendencia del Estado de asumir actividades que los privados abordan con gran eficiencia a través de servicios complementarios, acciones solidarias y de voluntariado.


Algunos estudios recientes indican que, del centenar de fundaciones y organismos enfocados al quehacer social, un alto porcentaje colabora directamente con actividades del Estado, e incluso más de un tercio depende de manera importante para su funcionamiento de los fondos públicos, que, junto a los aportes privados, les permite desplegarse en los puntos y ámbitos de mayor carencia.


Si bien es determinante que sea la autoridad quien fije los estándares y el marco normativo de las políticas sociales en las cuales estos organismos actúan, es también necesario dar cabida a la colaboración efectiva de la sociedad civil organizada, no solo porque el Estado no siempre dispone de los recursos ni de la capacidad suficiente, sino también porque, en momentos que la ciudadanía exige eficacia, prontitud y transparencia en la acción, el aporte de los privados resulta altamente beneficioso por su capacidad para recabar recursos y su profesionalismo.


Asimismo, aprovechar la energía solidaria y el espíritu voluntario en esas instancias permite reforzar la confianza social y generar una suerte de escuela de servicio que favorece el desarrollo de una cultura más inclusiva. El país ha experimentado en diversas ocasiones cómo la sociedad civil organizada responde eficientemente a los requerimientos que -por ejemplo- plantean momentos de emergencia como las catástrofes naturales. Intentar asumir toda la responsabilidad por parte de los organismos Estatales, en una forma de omnipresencia, no solo puede dificultar su capacidad de respuesta ante las necesidades sociales más apremiantes y tender hacia un asistencialismo reactivo, sino que también se corre el riesgo de inhibir la acción de las entidades de colaboración en áreas que requieren todos los esfuerzos para afrontar los apremiantes problemas sociales.


Los casos conocidos recientemente indican la necesidad de mayor coordinación entre el Estado y los organismos colaborativos, pero también evidencian la oportunidad para ampliar los espacios de cooperación entre lo público y lo privado. Las carencias sociales de un país en vías de desarrollo, como el nuestro, así lo demandan.


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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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