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La
conmemoración de los 27 años del triunfo del No fue más agraz que
dulce para
el
oficialismo, que en un lugar con escasa capacidad, que llenó por
medio del
acarreo
y la presión, recibió una feroz silbatina de los asistentes.
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Bolivia
nunca tuvo Mar,
por Alejandro Vásquez Arratia.
Nuevamente un MITO sale a la palestra como una Realidad con la decisión del Tribunal de la Haya de declararse competente para abordar la demanda de Bolivia sobre una salida soberana al mar, al leer el texto del fallo, hay que aclarar algo de suma importancia, la Corte señaló expresamente que no le corresponde a ella ni declarar un derecho de acceso soberano al mar en favor de Bolivia ni tampoco imponer un resultado, esto significa claramente que en vez de limitar los fundamentos de Bolivia lo que hizo la Corte de la Haya fue limitar sus peticiones, reduciendo sustancialmente el alcance y expectativas de su demanda, este es el motivo por el que no se entiende como Evo Morales usa la Ignorancia de su pueblo para cantar Victoria donde no han ganado nada de nada.
La historia de la Usurpación de Territorios por parte de Chile es solo una INVENCION Boliviana y compartido también por muchos Ignorantes Chilenos adheridos al progresismo izquierdista, los muchos hechos históricos así lo demuestran, partiendo por la delimitación de los Virreinatos por parte de España en 1561, donde se separo a Lima de Charcas (Bolivia), las Leyes de Indias de 1680 que habla de los límites de la Audiencia de Lima, deja claro que CHILE y PERU eran países colindantes y que Charcas (Bolivia) no accedía al mar por entre ellos, esto quedaba claro a partir del siglo 18 y por la decisión oficial de la Corona Española, incluso hay un mapa de Alonso de Ovalle de 1646 en donde la frontera de Chile colindaba claramente con la de Perú, Charcas (Bolivia) no aparece entre ellos.
El Presidente de Chile Manuel Bulnes dicto una Ley en 1842 que declaraba que las guaneras al Sur de la bahía de Mejillones eran de propiedad Chilena, por esto Chile y Bolivia tuvieron una disputa que duro hasta 1866, ese año se firmo un tratado que disponía como limite el paralelo 24° ubicado al sur de Antofagasta y que se repartirían por mitades los derechos de explotación del guano y de los minerales, este tratado también tenía una condición muy específica y que decía "Chile renuncia a sus derechos sobre los territorios ubicados al Norte del paralelo 24° "Sin Soberanía" en el entendido que Bolivia cumpla todo lo referente a los Guanos y Minerales, pero como de costumbre las revueltas internas en Bolivia como por ejemplo cuando Hilarión Daza llego al poder por Golpe de Estado, hizo que en este tratado Bolivia aplicara su clásica política de desconocer clausulas.
Como forma de zanjar definitivamente esta disputa y por iniciativa de Chile se firmo un nuevo tratado el 6 de Agosto de 1874, este también ponía como limite el paralelo 24°, pero el articulo 4° obligaba a Bolivia a no cobrar ningún tipo de contribuciones ni impuestos a las Personas, Industrias y Capitales Chilenos ubicados en la zona renunciada por un plazo de 25 años, solo después de 2 años de firmado el tratado un nuevo Golpe de Estado puso a Hilarión Daza como presidente y como en otras ocasiones anteriores Bolivia volvió a romper el tratado al imponer un Tributo de 10 centavos por quintal de salitre exportado a la Compañía de Ferrocarriles y Salitres de Antofagasta, empresa de Capitales Mayoritariamente Chilenos.
Nuevamente Chile y por casi 1 año trato de negociar la violación del tratado de 1874 a lo que el propio Hilarión Daza se negó sistemáticamente, esto obviamente tenía una razón de peso, Perú y Bolivia ya habían firmado un pacto secreto de no agresión y alianza defensiva firmado en 1873, por estos motivos Chile adquirió el Derecho de ocupar Antofagasta a principios de 1879, esto tampoco significo el comienzo de La Guerra del Pacifico, si no que esta Guerra comenzó con la entrada de Perú al conflicto en virtud del Tratado Secreto suscrito y firmado por Bolivia y Perú 6 años antes.
Como conclusión, hay que dejar claro para la Historia Real que los territorios que Bolivia denomina como "Usurpados" y obtenidos por medio de una "Guerra", solo fueron RECUPERADOS ya que nunca pertenecieron a Bolivia.
Estrategia
y contradicción,
por Pablo Rodríguez.
La sentencia pronunciada por el
Tribunal de La Haya ha sorprendido por lo aberrante de la decisión
adoptada. Someter a juicio la obligación de "negociar" la
salida soberana al mar de un Estado mediterráneo, alterando con
ello lo dispuesto en un tratado internacional, constituye un
atentado contra la racionalidad del Derecho de Gentes.
Me parece oportuno reparar en dos cuestiones omitidas por los múltiples comentarios provocados por este fallo. Ambas cosas pueden sintetizarse en preguntas concretas: ¿Cuál es la estrategia de Bolivia, si solo reclama que se ordene a Chile iniciar una negociación cuyo resultado no puede anticiparse ni imponerse a ninguna de las partes? ¿Para obligarnos a negociar -sin estar predeterminado el desenlace- puede esgrimirse como fundamento los contactos, proposiciones y fórmulas barajadas entre ambos países en el pasado?
Respecto de lo primero, hay que tener presente que si Bolivia llegara a obtener una declaración judicial que obligara a Chile a negociar, solo cabe pensar que el siguiente paso sería generar la máxima presión, no solo en la región, sino en naciones, foros y organismos internacionales, con el propósito de hacer irrespirable la atmósfera para nuestro país y forzarlo a ceder. En esta materia los vecinos altiplánicos se han mostrado ladinos y competentes, a tal extremo que lograron comprometer a numerosas personalidades (entre ellas el Sumo Pontífice), presentándose como víctimas de la intransigencia chilena.
Nadie puede ignorar que el mundo está cada día más integrado y que el proceso de globalización justifica muchas de las determinaciones internas. Particular importancia reviste este factor si se atiende al hecho de que una economía abierta es en alto grado más sensible que cualquier otra, y que lo político, si no condiciona, al menos influye poderosamente en el curso de los acontecimientos.
Bolivia es un país mediterráneo, como muchos otros. Cuenta con toda suerte de facilidades para operar en puertos y territorio nacional en virtud de un tratado libremente celebrado que se ha cumplido con estricto apego a su letra y a su espíritu. Es, por lo tanto, absolutamente falso que su desarrollo se vea afectado por la ausencia de una salida soberana al océano Pacífico. Lo que sí queda de manifiesto es el hecho de que su aspiración marítima, exaltada hasta la saciedad, ha sido y seguirá siendo un recurso político del cual se abusa escandalosamente, en particular por su actual administración. En consecuencia, hemos quedado expuestos a una nueva ofensiva, cuyo objetivo final será escarnecer a Chile y doblegar su voluntad, estigmatizando la conducta y acción diplomática del país.
En relación con lo segundo, resulta simplemente paradójico que la obligación de negociar pueda imponérsenos en razón, precisamente, de negociaciones anteriores fallidas, que se invocan en la memoria de Bolivia como antecedente justificativo de su pretensión. La causa basal de la demanda boliviana radica en los frustrados esfuerzos por buscar una solución a los anhelos marítimos del Altiplano, todo lo cual demuestra que nuestro país no ha sido renuente al diálogo, pero este no ha prosperado, entre otras causas, por la negativa de compensarnos territorialmente en el evento de ceder un corredor oceánico. O sea, Bolivia reclama la "donación" de una parte de nuestra soberanía y ello sobre la base de supuestas reivindicaciones históricas.
Lo obrado por el Tribunal de La Haya resulta inconsecuente. Nadie puede obligar a un Estado a "negociar" si ello contraviene su integridad territorial y los tratados internacionales que gobiernan esta cuestión desde hace más de cien años. Si Bolivia, como ha ocurrido hasta hoy, reconoce el Tratado de 1904, pasar por encima de sus estipulaciones implicaría la violación de garantías jurídicas esenciales y un flagrante atentado contra la paz en el continente. Lo decidido por los jueces de La Haya, al admitir que no puede predeterminarse el resultado de una futura negociación, ni imponerse a ninguno de los estados litigantes la cesión de su territorio soberano, transformó este juicio en una formalidad vacía de contenido, cuyo único alcance es servir de cabeza de proceso para una nueva campaña propagandística de carácter político y de proyecciones impredecibles.
Nos esperan días difíciles. Deberemos unir a la defensa jurídica todo el aparataje publicitario y de relaciones que moviliza a la opinión pública mundial. No basta con el derecho, hay que neutralizar la cruzada política montada por Bolivia que, hasta este momento, parece darle buenos resultados.
El
cepo,
por Fernando Villegas.
Un
rígido cepo mental o acaso un sinuoso reflejo condicionado
aprisiona desde tiempos inmemoriales la mente de gran parte sino
acaso de toda la “clase política” del país, pero además de
quienes orbitan a su alrededor por razones de trabajo o vocación,
esto es, hoy la de columnistas y comunicadores y ayer la de
predicadores y gacetilleros. Es el cepo del legalismo en su
sustancia y en su forma, en su contenido y discurso. Es la trampa en
virtud de la cual se cree -quizás como reflejo postrero del
pensamiento mágico primitivo- que el lenguaje y la fraseología
legal coinciden con la realidad, que los “fallos” siempre se
atienen -o siquiera debieran atenerse- a la letra de los códigos y
además poseen el poder ejecutivo del “Fiat Lux” divino. Esto es
sólo parcial y muy imperfectamente cierto en el ámbito interno de
una nación, donde al menos en teoría todos comparten el mismo
cuerpo legal y éste dispone de fuerza física para ponerse en
vigor, pero es cosa completamente falsa en el ámbito planetario,
donde los sujetos jurídicos no son personas sino Estados, donde el
llamado Derecho Internacional NO es compartido por todos, donde las
cortes sólo parcialmente fallan “en derecho” y tampoco sus
resoluciones disponen de una policía mundial para hacer cumplir e
imponer sus dictámenes.
Dicho
sea de paso, esta pegajosa superstición jurídica, la cual debería
hacer de nosotros el pueblo más formal, honesto y atenido a derecho
del planeta, va de la mano, como hemos visto abundantemente en los
últimos años, con una fenomenal indisciplina legal, el más
abierto desprecio a las normas y enormes dosis de deshonestidad de
cuello y corbata.
Item
más: incluso dentro de una nación regida por una doctrina legal
coherente la ley ofrece vasto espacio para diversas interpretaciones
influidas por la atmósfera cultural y política en la que los
jueces están inmersos con el resto de los ciudadanos. Por esa
simple razón los resultados de un caso jurídico no derivan, como
las matemáticas, a partir de la implacable lógica de axiomas y
teoremas; al contrario, desde los artículos y los incisos de la ley
pueden brotar resoluciones o fallos distintos según el caso, según
las circunstancias y según el clima psicológico del momento; de
ahí que a menudo diferentes instancias legales difieren del cielo a
la tierra en lo que se considera justo, en lo que se tipifica como
delito, en lo que se evalúa como grave o leve y lo que finalmente
se decide formalizar en códigos. Por tanto imaginar a la justicia
como una institución y proceso puramente espiritual,
estratosférico, regido por lógicas jurídicas creadas por análisis
semántico y filosófico, amén de consideraciones derivadas de
tratados o textos, es de una lamentable ingenuidad.
¡Cuánto
más dependiente de factores no jurídicos es entonces el llamado
Derecho Internacional, donde no hay ciudadanos acogidos al mismo
territorio, cultura y legislación sino una horda de naciones del
más distinto pelaje, de diversos y hasta antagónicos intereses,
diferentes tradiciones y culturas, lenguajes y nociones acerca de lo
que es justo o no!
Si
acaso la Ley tiene -siquiera- una relativa relación con la
justicia, tiene entonces una relativa relación con un ente que es,
en sí mismo, relativo. Hablamos, entonces, de relatividad al
cuadrado. De ahí que al respecto haya habido las más opuestas
posturas desde tiempos muy remotos. Véase el caso del diálogo de
los melios, habitantes de Melos, lo que se narra en el libro V de la
Historia de la Guerra del Peloponeso escrita por el historiador
griego Tucídides. Tucídides cuenta que los melios trataron de
convencer a los atenienses de que la opción que éstos les
ofrecían, a saber, “pagar tributo a Atenas y sobrevivir o luchar
contra los atenienses y ser destruida”, era injusta. Ante eso los
atenienses respondieron del siguiente modo: “Los fuertes
hacen cuanto pueden y los débiles sufren cuanto deben”.
“Buena
fe…”
Ese,
el de los pobres melios -que terminaron masacrados-, es un caso
extremo de la llamada “realpolitik”, contundente expresión
alemana de amplio y corriente uso haciendo mención precisamente a
lo que, en las relaciones entre los Estados, termina en verdad
siendo la “justicia”, sustantivo calificado y conjugado por el
poder y no por las palabras, en última instancia por la fuerza
letal a disposición de las partes. En el otro extremo de este
continuo están seguramente las prédicas del Obispo de Talca y un
poco más acá de dichas prédicas se encuentran nuestra Cancillería
y algunos comunicadores. Son quienes se han afanado en estos días
insistiendo que en “estricto derecho” Bolivia ha sido “reducida”
en su demanda pues la corte no verá el tema de la soberanía,
aunque sí recomendó negociar “de buena fe”.
He
ahí sin embargo, con esa aparentemente inocente frase, la apenas
disimulada salida a escena de lo no jurídico. En efecto, ¿qué
puede significar esa piadosa expresión, “buena fe”? Desde luego
implica por default que dicha buena fe faltó en anteriores
oportunidades porque, en definitiva, nunca se concluyó con una
resolución de lo que siempre ha querido Bolivia y bien a las claras
pretende ahora, soberanía marítima.
Decir entonces “negocien, pero de buena fe” significa “negocien,
pero ahora poniendo la soberanía sobre la mesa”.
Con
“buena fe” un codo de la Corte de La Haya a medias borra o
borronea su declaración de no ser la soberanía materia de su
competencia. Y nosotros, al sentarnos en esa mesa siguiendo como
víctimas de un destino inexorable el mandato de La Haya,
inevitablemente estaremos aceptando que “esta vez” negociaremos
de “buena fe”, o sea, abriendo siquiera un resquicio al tema de
la soberanía. Y una vez abierta, ¿quién y cómo puede cerrar esa
puerta?
Para
el mármol.
Tampoco
se cerrará la generosa espita de la cual brotan hoy a borbotones,
por obra de ese cepo, de ese reflejo, de ese idiotismo y obsesión
jurídica, la clase de discurso y frases para el mármol con las
cuales nuestros prohombres, casi todos de formación legal, suelen
relamerse los labios y sentirse ocupando el más alto sitial de la
civilización humana.
Se
nos dice entonces que los chilenos “somos respetuosos de la ley”.
Se
nos dice que esta vez, la próxima vez, la corte fallará “conforme
a derecho”.
Se
nos insiste que poseemos los mejores argumentos jurídicos.
Se
nos asegura que el derecho internacional es nuestro refugio y
baluarte. Se nos advierte que debemos ser “serios”.
Se
acusa de termocéfalos y simplones a quienes no ven las cosas de ese
modo.
Se
habla de “transversalidad”.
Se
nos asegura que todo el país está alineado con La Moneda en este
tema.
Se
nos muestran fotografías de reuniones de jefes de todos los
partidos con la Presidenta.
It’s
politics, stupid….
El
especialista en RR.EE. José Rodríguez Elizondo, en muchas
columnas, ensayos y libros ha demostrado hasta la saciedad que las
relaciones exteriores son materia de política, especialmente de la
variedad preventiva, pero no como hace y cree la casta gobernante
chilena, de mera reacción jurídica. Los problemas se ven venir y
se resuelven o al menos se hacen abortar a tiempo, pero la
Cancillería chilena no ve venir nada, olvida los temas, deja crecer
la ola, tardíamente enarbola textos jurídicos y finalmente va a
una corte y pierde los fallos…. Esta eterna cofradía de expertos
en codicilos parece creer que una controversia de esta clase no es
diferente a un juicio por herencia de caballares celebrado en un
juzgado de Temuco. Pero si acaso esas imprevisiones, demoras y
marchitos legalismos fuera de tiesto podrían catalogarse como
evidencias de necedad, el que se porfíe en esa línea y uno tras
otro los miembros de tan empapelada clase política insistan con lo
mismo habla de un problema aun más grave, no ya de tontería sino
de obsesión genética, de carencia absoluta de buen sentido y
realismo, de afasia y amnesia, en verdad de anencefalia.
La historia de Chile revela en demasiadas ocasiones cuán lejos se
remonta esa falencia y su condición de crónica y quizás alguna
vez fatal.
El
dilema de Bachelet,
por Luis Cordero Vega.
La
conformación de la quina para Fiscal Nacional por parte de la Corte
Suprema dejó a la Presidente de la República en un delicado
dilema, porque uno de los candidatos más votados es quien ha estado
a cargo de la investigación que afecta directamente a su familia.
La
votación obtenida por el Fiscal Luis Toledo fue una sorpresa para
todos los interesados en el proceso. ¿Qué explica su respaldo? Es
posible que sean dos las razones. La primera es que en su exposición
fue preciso con sus objetivos, los que refrendó con datos de su
labor como Fiscal Regional. Pero, además, porque ha mostrado
independencia y prudencia en la investigación de un asunto
públicamente complejo. La Corte Suprema es especialmente celosa de
las independencias institucionales, y la votación que le entregó a
Toledo se puede explicar por eso.
Pero
el problema de la Presidente también se hace más complejo porque
el único candidato externo al Ministerio Público, Juan Enrique
Vargas —quien fue el favorito de la Corte en la elección
anterior—, puso los énfasis de su exposición en la gestión de
la persecución penal como una poderosa herramienta que contribuye a
resolver los problemas de seguridad. Vargas es un reconocido experto
en reformas a la Justicia en América Latina y, aunque no obtuvo la
primera mayoría, sí es el único candidato externo validado por la
Corte Suprema. Esto deja al Gobierno en un gran dilema sobre el
perfil para el cargo: un símbolo de prudencia o un gestor público
eficaz para la persecución penal.
Muchos
tratarán de usar esta elección como un test de blancura para la
clase política. Primero para la Presidenta y luego para el Senado.
En el caso de ella porque, aunque hay quienes sostienen que debería
inhabilitarse para la proposición —cuestión que es
Constitucionalmente inviable por la naturaleza del nombramiento—,
la Presidente, si no propone a Toledo, deberá justificar hasta el
detalle más insignificante. Por la otra, la presión sobre los
Senadores sujetos a investigación para que no participen de la
votación, aunque no invistan siquiera la calidad de imputados y por
lo tanto no tengan ningún impedimento, genera un impacto
significativo en el quórum y da amplios poderes de veto a algunos
incumbentes, lo que hace igualmente sospechosa la estrategia.
Lo
mejor es disponer de un procedimiento transparente y en donde cada
decisión que se adopte sea cuidadosamente justificada, incluida la
de cada Senador en su votación. Quizá una estrategia así sea más
útil para el sistema democrático que la pretensión de un acuerdo
en salas grises con personas de cuidados trajes oscuros.
Réquiem
por un sueño,
por Joaquín García Huidobro.
Todo
estaba perfectamente cuidado en el discurso de la Presidente
Bachelet del miércoles pasado, desde su elegante traje blanco hasta
la sobria calidez del ambiente que la rodeaba. Pero había un factor
que los asesores de imagen no podían controlar: la Michelle
Bachelet que vimos allí podrá tener una cara igual a la de 2008 o
2009, pero claramente no es la misma, y basta con revisar un par de
discursos antiguos en YouTube para constatarlo. La razón no hay que
buscarla en causas médicas u otras explicaciones forzadas. La suya
es simplemente la actitud de quien experimenta que el gran sueño de
su vida parece estar fracasando.
El proyecto de la Nueva Mayoría tiene un carácter claramente reaccionario. Para ellos, la vieja Concertación fue la adaptación burguesa a un sistema pura y simplemente capitalista, que además fue heredado de un Gobierno Militar. La NM busca ir hacia atrás, beber de las aguas cristalinas de los movimientos de fines de los 60 y comienzos de los 70, aunque con medios democráticos y sin la glorificación de la violencia, que fue una de las notas de la izquierda de entonces.
En este proyecto refundacional y sesentero resultaba fundamental partir por el origen de todo, la educación, pues en las aulas se originan las desigualdades que luego terminan marcando a la sociedad. Y el símbolo elegido para mostrar esa pasión igualitaria fue la gratuidad universal. La derecha, como siempre, sacó calculadora, y mostró que era una política económicamente absurda y socialmente regresiva. No se dio cuenta de que la gratuidad y la reforma de la educación no se hacen por razones económicas, y ni siquiera por causas pedagógicas. Pero no se trata, en el proyecto de la Nueva Mayoría, de transformar cuanto antes a Chile en un país desarrollado (meta del Gobierno de Piñera) o de hacer de los chilenos personas más cultas (meta que a nadie parece importarle), sino de alcanzar una sociedad donde no haya ninguna huella de mercado en la educación. La gratuidad es el símbolo de una sociedad completamente distinta y, como tal, se espera que no quede sujeto a pedestres intereses monetarios.
El problema para Bachelet es el porfiado principio de realidad. En los últimos meses ha experimentado que casi nada le resulta o, como dice ella, que "cada día puede ser peor". Esto vale para muchas cosas, pero especialmente para la educación. Las idas y venidas de las propuestas Ministeriales no son una muestra de la ineptitud de ciertos funcionarios, sino simplemente de la imposibilidad de cuadrar el círculo en un país del tercer mundo al que le han hecho creer que, en pocos días, se transformará en Finlandia.
Bachelet no hizo todas esas promesas porque quisiera engañar a los chilenos para llegar al poder. La última elección estaba ganada desde el día en que aterrizó en Pudahuel. Ella anunció ese futuro porque creía firmemente que era bueno y posible. La Bachelet que vemos en estos días es simplemente una persona desconcertada que ve que la ilusión de su vida, aquello que explica que haya sacrificado una posición cómoda y lucida en Nueva York para venirse a Chile, el sueño que funda todo su actuar, se está viniendo abajo a pedazos. Y no por unos militares que bombardean La Moneda, como le sucedió en su juventud, sino porque los hechos son tan porfiados que, una vez más, se niegan a ser domesticados por la izquierda.
Ante tamaña frustración, Bachelet solo tiene tres caminos: el primero, pinchar la burbuja de la Nueva Mayoría y volver al estilo de la vieja Concertación. Eso sería hacerse la más profunda de las violencias, y parece poco probable que lo haga. El segundo, apretar el acelerador, exacerbar el conflicto y llenar el país de odio, para que de esa manera pase inadvertido su propio fracaso. Pero Bachelet, aunque equivocada, es patriota y demasiado buena persona como para utilizar métodos propios del kirchnerismo, y no parece que vaya a seguir por allí. La tercera es elegir la ambigüedad, mantener las señales confusas y dar a los chilenos una de cal y otra de arena, hasta que lleguemos al 11 de marzo de 2018. Es decir, lograr que el país no se hunda (para eso tiene a Valdés), pero seguir hasta el final en su empeño y tratar de pasar a la historia como la figura que dejó instalada en Chile la agenda social del siglo XXI. A juzgar por su último discurso, esa es la ruta que Michelle Bachelet ha elegido. No es buena para el país, pero guarda continuidad con una épica de izquierda que la Concertación había abandonado.
Presupuesto oscuro,
por Sergio Melnick.
Parecía
que el manejo económico había entrado en la cordura, luego de la
secuencia de errores del Ministro Arenas. Pero no fue así.
Nuevamente nos sorprende el Gobierno, ahora al cambiar el criterio de
medición del presupuesto para el 2016 y omitir información básica,
transmitiendo la idea de un presupuesto austero, que en realidad no
es.
Lo
que se acostumbra y corresponde es medir el cambio del gasto en
función del presupuesto anterior. Bachelet, sin embargo, propone un
aumento del presupuesto en función del gasto que ocurra este año,
aún en curso. Es decir, es un presupuesto muy incierto, y es difícil
saber exactamente cómo se calculó y cuánto será lo real.
Increíble. El aumento formal del gasto en el proyecto, según
Valdés, es de 4,4% y la Nueva Mayoría en masa ha salido a celebrar
la prudencia. Sin embargo, si se da la sobreejecución presupuestaria
como se estima en un 2% o más, el aumento efectivo del presupuesto
sería de un 6,4% o más. Y si se repite el exceso de gasto, tal como
ha sido este año, y la historia del gasto de Bachelet, la cifra
final estaría cercana al 9%. En suma, simplemente no sabemos cuál
será el gasto del Gobierno en el 2016. Ello sólo genera
incertidumbre, y la gran pregunta es la razón de tal comportamiento
con tan poca transparencia.
El
Ministro claramente pierde credibilidad con esta medida. En la cadena
nacional, Bachelet omitió lo fundamental, y luego lo omite el propio
Ministro: los supuestos del presupuesto. Es primera vez que se
informa un presupuesto sin decir los supuestos sobre los que se
construye, es decir, crecimiento esperado de la economía, inflación,
precio del cobre, precio del dólar, y otros. ¿Por qué se han
omitido? Es claro que este presupuesto tiene letra chica o quizás
minúscula. Las sorpresas van a venir sí o sí.
El
déficit Fiscal de esta administración hasta ahora creció siete
veces en relación al 2013, y todo indica que seguirá creciendo aún
más el 2016. La economía languidece, la reforma tributaria fue un
fracaso, y el Gobierno sigue comprometiendo enormes gastos para los
próximos 10 años. Recordemos que Bachelet ya destrozó la regla de
equilibrio Fiscal en su primera administración, dejando el Gobierno
con un 3,1% de déficit. Piñera exitosamente lo bajó a 0,6%.
Bachelet nos prometió equilibrio para el 2018, con la propuesta de
la reforma tributaria, pero la realidad es que el déficit será aún
mayor que el peor imaginado. Por ello está aumentando la deuda del
país, algo que había quedado en el pasado y que agrava los
presupuestos del futuro.
El Ministro de Hacienda dice que no hay que quedarse en la discusión
macroeconómica del presupuesto sino en los diálogos ciudadanos. La
verdad es que el tema del Ministro es precisamente el escenario
macro; el resto es tema de los Ministros políticos y sociales.
El
costo final de la gratuidad de educación superior se calcula en US$
4.500 millones al año y el Gobierno se ha negado a dar una cifra
oficial sobre el tema. Son recursos que no hay e igual se comprometen
para el futuro. La carrera docente costará unos US$ 1.700 millones
al año. El Transantiago cuesta cerca de US$ 1.000 millones por año.
Los nuevos bonos cuestan alrededor de US$ 500 millones por año. La
eliminación de los colegios subvencionados otros US$ 2.000 millones
al año, la desmunicipalización quizás cientos de millones de
dólares, cifra que se desconoce. También hay que sumar otros US$
1.000 millones para jardines infantiles. Sabemos que en 18 meses el
aparato público ha contratado unas 100 mil personas, lo que es
realmente insólito. Faltan los nuevos Ministerios e instituciones de
regulación en educación, las dos nuevas universidades Estatales y
los 15 centros de educación técnica, que son cientos de millones de
dólares al año.
Sumado
a la capitalización de Codelco por US$ 4.000 millones, del Banco
Estado por US$ 500 millones y de Enap por US$ 450 millones. Otros US$
4.000 millones para construir hospitales, sin considerar su
operación. También hay centros de salud comunitaria comprometidos y
unos 100 nuevos servicios de atención primaria de alta resolución.
También aumenta en un tercio el tamaño del Parlamento. Es tan fácil
gastar y tan difícil producir. Súmese a lo anterior una inédita
deuda de los hospitales públicos. El escenario financiero del país
se vuelve muy difícil.
El
mensaje del proyecto dice que “esta propuesta de presupuesto
permitirá mantener las cuentas Fiscales sanas”, cuando hablamos de
un déficit Fiscal sobre 3,5% para 2016 y la renuncia formal del
Gobierno de volver al equilibrio estructural en su periodo. Aquí hay
un error conceptual serio y realmente inaceptable del Ministro. La
Presidente en algo tiene razón: cada día puede ser peor.
Mucho
más que un presupuesto,
por Cristina Bitar.
El
manejo de las finanzas públicas, en general, y la discusión de la
Ley de Presupuestos, en particular, han sido temas relevantes. El
siglo XX estuvo marcado por la inflación crónica que, causada
principalmente por el manejo irresponsable de las finanzas públicas,
fue uno de los elementos centrales de la crisis de 1973. Cuando
hablamos del presupuesto, y de la Ley que lo contiene, estamos
hablando de mucho más que una mera norma de administración y gasto.
Este
año ha sido especial en esta dimensión, porque la coyuntura hizo
que esperáramos con especial interés su envío al Congreso. No es
extraño que ello fuera acompañado de una intervención televisada
de la Presidente de la República.
Varios
elementos justifican el interés: el bajo crecimiento económico,
actual y proyectado, levantó razonable expectación acerca de cuán
austero sería y, en consecuencia, cuánto se restringiría su
expansión en relación con el crecimiento de 9,8% que tuvo en 2015.
Por otra parte, el costo de las reformas anunciadas, comprometidas y
en tramitación, en un ambiente de contracción, despertó también
inquietud por las implicancias políticas que genera la contradicción
financiera entre estas reformas y la situación económica. Especial
importancia tiene aquí la prometida y tan discutida gratuidad
universitaria, que de una forma bastante peculiar se instaura en la
Ley de Presupuestos.
El
proyecto, una vez conocido, no ha traído acuerdo y tranquilidad,
sino que ha mantenido vivas las polémicas. Cambiar la base de
cálculo para determinar el incremento del gasto público no parece
ser una buena idea, porque no se hace en un año ordinario, sino que
en uno en que la economía no anda bien, y porque este criterio
tampoco se planteó previamente como categoría para el análisis.
Pero
donde la situación es verdaderamente compleja es en la
implementación de la gratuidad. Resulta bastante evidente que era
certera la crítica en orden a que no es esta Ley el ámbito natural
para establecer una política pública, menos todavía una de esta
importancia y complejidad. Posiciones serias y bien fundadas como la
del Rector de la Universidad Católica —que plantea que en estas
condiciones la UC no puede entrar a la gratuidad, porque no es
financieramente posible y porque considera el diseño como contrario
a la libertad del proyecto universitario— deben ser escuchadas y
acogidas.
Por
nuestra historia, por las materias que considera este año y por la
importancia de éstas, es mucho más que un presupuesto lo que
debemos discutir. Esperemos que en el Congreso se puedan dar estos
debates y que se apruebe una Ley de Presupuestos acorde a nuestra
realidad actual y sin perjudicar el futuro.
Agravio injustificado,
por Axel Buchheister.
La
semana política estuvo marcada por los nombres que se le quieren dar
al aeropuerto de Santiago y a un partido político. Al único
terminal capitalino -Cerrillos fue desmantelado para nada por el
Gobierno de Lagos-, que originalmente se denominó “Pudahuel”, se
le cambió el nombre original por Ley, con ocasión del 50°
Aniversario de la Fuerza Aérea, para homenajear a quien fuera
fundador de esa institución armada y de Lan Chile, el Comodoro
Arturo Merino Benítez. Si bien volvió más compleja una
denominación que era simple -tanto que se dice que los pilotos
extranjeros lo llaman el “Benítez”, porque para los anglosajones
el “segundo apellido” es el que vale-, nadie podría decir que
era un homenaje inmerecido, aunque se haya hecho en “dictadura”.
Tanto, que el proyecto de Ley original fue del Presidente Allende.
Pero
ahora Parlamentarios de izquierda quieren cambiarle el nombre por
“Pablo Neruda”, mediante un proyecto de Ley, que por cierto contó
con la firma de algún Diputado de derecha. Hay quienes han
manifestado su malestar porque Neruda era comunista. No es este el
punto, sino que la pretensión de la izquierda de monopolizar todo
con su visión, no permitiendo que otros puedan tener su espacio.
Porque sin duda Neruda fue un gran poeta y merece homenajes, tanto
que ni siquiera le pueden ser negados por haber adherido a una
doctrina que en su época llevó millones a la muerte, pero ¿por qué
hay que escoger un aeropuerto -algo tan lejano de la literatura- para
honrarlo, pero sobre todo, a costa de bajar el merecido
reconocimiento a otro insigne chileno? Es un agravio a él y a la
Fuerza Aérea, que no se entiende si no es desde una perspectiva del
objetivo totalizante de la izquierda; aquí la cultura no tiene nada
que ver, es un mero pretexto.
¿Cómo
reacciona la centroderecha ante el agravio? Partamos con la
excepción: el Diputado Joaquín Godoy, de Amplitud, sentencia que
“es un desaire a alguien que construyó la aviación civil de
Chile, no es razonable”. Los demás se parapetan en un pretexto: el
proyecto genera gastos y, por ende, es de iniciativa Presidencial;
debe declararse inadmisible. Siguen en esto a lo planteado por la
Fach en la Cámara de Diputados, que dada la prohibición de
deliberar y la incomodidad no puede oponerse con todo. Incomodidad
que proviene de que se trata de su fundador, pero quizás también
del hecho que el General que es el segundo hombre de la institución,
detrás del Comandante en Jefe, es hijo del prócer de la aviación
chilena. Entendible, pero de los Diputados se esperaría una defensa
más de fondo.
A
“Revolución Democrática” el Servicio Electoral le prohibió
usar su nombre para el partido en formación. Una objeción ilegal,
porque la Ley de partidos políticos precisa qué nombres están
vedados (art. 8°) y no hay causal alguna que la justifique ni
remotamente, pero que sirvió para que la izquierda le achacara la
culpa a Jaime Guzmán. No pierden oportunidad.
Al
igual que la descalificación a Neruda, no porque el Diputado Jackson
sea designado (no le pusieron competencia) se le puede negar el
derecho a poner el nombre que quiera a su partido.
Hasta
que aguante,
por Héctor Soto.
Si
todo sigue en la dirección que va y no entran a la ecuación
factores que cambien drásticamente el escenario, al país le
aguardan dos años conflictivos y sombríos. Es difícil que el
Gobierno pueda romper su impopularidad y aislamiento. Es ilusorio
pensar que la confianza en los liderazgos e instituciones pueda
recomponerse. Y es improbable que en la actual coyuntura la economía
repunte.
A
pesar de eso, el barco seguirá a flote. Mal que mal, Chile no es un
castillo de naipes. Un país que crece al 2% podrá ser
insatisfactorio, pero no es catastrófico. Y aunque ese horizonte no
tiene nada de apocalíptico, quizás cobra cierto sentido el
disparate que Samuel Goldwyn -uno de los más pintorescos pioneros
del viejo Hollywood- profería en su inglés precario cuando una
película no le gustaba: “Es peor que mala -decía-; es mediocre”.
Efectivamente,
serán años combativos y mediocres. Estamos de vuelta a la
mesocracia. Para una sociedad que en los últimos cinco años se pegó
saltos importantes en consumo, expectativas y calidad de vida, volver
a toparse con límites duros puede convertirse en una experiencia
traumática. Como es lógico, la gente siempre se proyecta al escalón
al cual está accediendo, nunca al que va dejando atrás. Y cuando
hasta la propia Presidente reconoce que cada día puede ser peor,
nadie debería extrañarse del cambio anímico y del deterioro de la
temperatura ambiental.
Dada
la aversión que la Presidente ha manifestado a las definiciones
claras, y dada la comodidad con que se maneja en los terrenos de la
ambigüedad, pensando que allí su imagen corre menos peligro y su
coalición menos riesgos de fractura, todo indica que de aquí en
adelante ninguna victoria será completa para los Ministros Jorge
Burgos y Rodrigo Valdés y ninguna derrota muy definitiva.
Por eso, no han tirado la esponja y siguen en la pelea. Aquí no
habrá fallo por KO. Los avatares del realismo en esta administración
se traducirán en avances y repliegues trabajosos y parciales. Todo
dependerá de cada coyuntura y del tira y afloja del momento. Se
acabó la épica y vienen las agotadoras jornadas de la negociación
caso a caso. Pareciera que la idea de la Presidente es llevar las
cosas todo lo lejos que las actuales mayorías Parlamentarias
aguanten. Que nadie se equivoque, entonces: esta pugna no es de
sobrevivencia, sino de poder. De lo que se trata, para ella y el
oficialismo más embriagado con el programa de Gobierno, es de
estirar las cuerdas hasta justo antes de que se corten y forzar la
máquina hasta el minuto antes de colapsar.
¿Por
qué tanta obstinación? Básicamente, por razones ideológicas o de
convicción. Y la oportunidad es ahora. Ahora o nunca.
La Presidente cree que el desarrollo chileno de las últimas tres
décadas ha sido demasiado asimétrico y que llegó el momento de
revertir las cosas con fórmulas relativamente simples: menos retorno
para el capital y más para el trabajo; menos protagonismo para el
sector privado y más para el Estado; menos margen de acción a los
mercados a costa de una fantasiosa redefinición de lo público. En
el imaginario refundacional estas correlaciones hasta ahora han sido
no sólo arbitrarias, sino también injustas. El propósito de la
Mandatario y del sector más duro de la izquierda es corregirlas. Se
supone que es lo que están haciendo. A ojos cerrados y con sentido
de urgencia.
Lo
que no ven es que el país se está deteniendo, que el pesimismo se
está instalando y que la conflictividad está subiendo. Tampoco ven
que ese empeño está chocando con dos evidencias irreductibles. La
primera es que las reformas afectaron gravemente las ganas, la
energía y la velocidad del crecimiento. Y la segunda es que el país
está rechazando mayoritariamente el reformismo refundacional, en
particular porque no está favoreciendo a nadie y, además, porque no
eran estas las rectificaciones que la gente estaba esperando.
¿Hasta
dónde persistirá este juego?
En
los meses que vienen, la primera válvula de escape a las tensiones
acumuladas en el sistema político estará puesta en la resistencia
de las bancadas de la Nueva Mayoría en el Congreso. Tendremos las
rectificaciones de la reforma tributaria que ellas aprueben. La
reforma laboral que ellas decidan. Y La gratuidad de la educación
universitaria que ellas quieran. La decisión pondrá desde luego en
aprietos a la DC, que escogió para sí el rol de colectividad
rezongona, pero el dilema también se hará presente en los demás
partidos del oficialismo, en varios de los cuales hay preocupación y
alarma.
No va a ser una encrucijada fácil,
desde luego. Desertar de una coalición siempre tiene costos. Pero
también los tiene seguir empujando al país en una dirección que
-como lo dejan ver las encuestas- no interpreta a la mayoría
ciudadana. Y esto es serio, porque cada Parlamentario sabe que la
otra válvula de escape del sistema democrático son las elecciones.
Viene la Municipal el próximo año. Y viene la decisiva el 2017.
Gratuidad: un comienzo discriminatorio.
La presentación de las diversas
partidas presupuestarias permitió desentrañar finalmente la forma
en que se financiará la controvertida política de gratuidad en
2016. En una glosa presupuestaria de la partida de educación
superior de la Subsecretaría de Educación se define, por un lado,
las instituciones elegibles y, por otro, el mecanismo de asignación
de los recursos.
Respecto del primer aspecto se contempla a las instituciones del CRUCh; las privadas no afiliadas a esta organización que, al 30 de septiembre de este año, estén acreditadas por al menos cuatro años, cuenten en calidad de miembros, asociados o beneficiarios de la respectiva corporación o fundación solo a personas naturales o jurídicas sin fines de lucro y que contemplen en sus estatutos el derecho a participación de al menos un representante de los estamentos estudiantil o personal no académico en algún órgano colegiado de la administración o dirección de la institución; y también a los institutos profesionales y centros de formación técnica que al 30 de septiembre estén organizados como personas jurídicas sin fines de lucro y estén acreditados.
Es evidente la discriminación que existe para los estudiantes de los primeros cinco deciles que ya ingresaron a instituciones que cumplen el marco regulatorio vigente, pero que no satisfacen los requisitos acordados discrecionalmente en una glosa presupuestaria. Estos jóvenes tienen todo el derecho de preguntarse por qué no son objeto del beneficio de gratuidad, ya que difícilmente podrían haber anticipado que el Estado los iba a discriminar. La asignación discrecional de derechos es un punto de partida lamentable para la política de gratuidad que intenta impulsar el Gobierno.
En relación con la asignación del aporte por gratuidad -la segunda dimensión que aborda la referida glosa presupuestaria- también surgen cuestionamientos.
Esta se descompone en dos montos. El primero es la multiplicación del número de beneficiarios por un arancel regulado calculado a partir de una determinada fórmula. El segundo multiplica la brecha entre el arancel efectivo y el regulado por el número de beneficiarios. Esta cifra tiene un tope del 20 por ciento de la primera. La suma de ambos valores es el aporte por gratuidad: su determinación es muy similar a una beca. La aceptación de este aporte impide que la institución pueda cobrar un monto adicional a los estudiantes beneficiados. El tope definido es arbitrario y no está basado en ningún antecedente confiable. Algunas instituciones, aunque quisieran de buena fe participar en este esquema, podrían, producto de ese umbral arbitrario, tener que incurrir en una reducción significativa de ingresos, e incluso arriesgan enfrentar un déficit.
Una forma de evitarlo podría ser aumentando la matrícula (y haciendo crecer, por ejemplo, el número de estudiantes en cada curso), pero la glosa fija un límite máximo de incremento de alumnos nuevos: un 2,7 por ciento respecto de la admisión 2015. Indudablemente que esta disposición es una de control del gasto. Esta restricción limita la posibilidad de un cambio de estudiantes de una institución no gratuita a otra gratuita. Otra razón para que algunos jóvenes se sientan discriminados.
A todos los reparos que despierta la política de gratuidad universal que impulsa el Gobierno -tal como se aprecia en la opinión de diversos Rectores que se recoge en esta edición-, partiendo por la pérdida de autonomía de las universidades, se suma su estreno con un esquema de financiamiento muy discutible y, además, discriminador.
Imacec: una luz de alerta.
Las
cifras del crecimiento de la actividad económica dadas a conocer
ayer representan un balde de agua fría para las expectativas de una
recuperación pronta, y un llamado de alerta para los encargados de
tomar las decisiones políticas y económicas. Según informó el
Banco Central, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec)
se expandió durante agosto en 1,1%, en comparación con el mismo
mes del año anterior, pese que el octavo mes del año tuvo un día
hábil más que en 2014. En esta cifra, que está significativamente
por debajo de la que esperaban los analistas de mercado (entre el
1,5% y el 2%), incidieron principalmente el bajo desempeño del
comercio y la caída en la minería y la industria manufacturera, de
acuerdo con lo que explicó el instituto emisor.
Más
preocupante todavía es observar el comportamiento de la serie
desestacionalizada (la comparación con el mes anterior), que indica
una caída del 1% respecto de julio, una baja que no se observaba
desde 2010.
La
débil expansión de la actividad de los distintos sectores hace
temer que la desaceleración sea más profunda de la que se había
estimado, contradiciendo incluso los pronósticos que esperaban un
repunte moderado durante la segunda mitad del año. Es evidente que
en esta ralentización ha influido, de manera relevante, la
inestabilidad de la economía internacional, incluyendo proyecciones
borrascosas sobre el crecimiento de China que han tenido un efecto
sobre el precio del cobre y la actividad minera en general.
El
Ministerio de Hacienda parece estar haciendo una lectura adecuada de
las circunstancias. Más allá de la distinción entre vacas flacas
o vacas diet que ha hecho el Ministro Valdés, el informe de
Hacienda Pública endosa al sector exportador la misión de empujar
el crecimiento, aprovechando las favorables circunstancias del tipo
de cambio. Durante el año pasado se desplegaron diversas agendas
destinadas a impulsar y potenciar a los sectores exportadores,
algunas de ellas incluidas en la Agenda de Productividad del
Ministerio de Economía y otras de creación específica, orientadas
principalmente a las pymes. Estos esfuerzos, sin embargo, parecen
insuficientes si de verdad se desea compensar la pronunciada caída
de la minería, que fue la locomotora de la expansión de los
últimos años. Es necesario un despliegue más decidido de los
instrumentos necesarios, con un énfasis en la logística y la
infraestructura adecuada para el sector exportador. Y, junto con
ello, entregar señales claras de que la agenda del Ejecutivo en
todas las áreas —especialmente la laboral— está de lado del
crecimiento.
Preocupante
evolución del mercado laboral.
Los
datos del INE correspondientes al trimestre junio-agosto mostraron un
descenso de la tasa de desocupación en el país hasta el 6,5% de la
fuerza de trabajo, desde el 6,7% un año atrás. Ello ha generado
sorpresa entre los analistas, y también los juicios expresados por
la Ministro del Trabajo, que interpreta las cifras como evidencia de
“una economía sana y robusta”, tal que a pesar de las
dificultades en la economía internacional “no ha impactado el
mercado laboral como muchos vienen pronosticando hace tiempo.”
Sería un error ignorar las indicaciones de deterioro en el mercado laboral que hay tras las mediciones de INE. En realidad, los pronósticos pesimistas a partir de la desaceleración de la economía se han materializado con exactitud. Entre 2011 y 2013 -para no considerar el año del terremoto- el PIB chileno creció en promedio al 5,2% anual. En ese mismo periodo el ingreso real total de los ocupados en el país creció al 5,3% por año, una cifra casi idéntica a la de crecimiento del PIB. Esa vinculación entre el crecimiento en el ingreso real de los trabajadores y el crecimiento del PIB está tras los pronósticos de que la desaceleración económica que generaban las políticas del Gobierno iba a impactar la situación de los trabajadores.
En los 18 meses desde que se inició el Gobierno de la Presidente Bachelet, el crecimiento promedio del PIB ha sido 2%, mientras el ingreso real de los ocupados creció 2,3%. Así, al menos en lo que respecta a la situación de ingreso real de la población trabajadora, los pronósticos pesimistas se han cumplido con exactitud.
Pero hay más elementos preocupantes tras las cifras laborales del INE. Uno deriva de la nueva metodología de la entidad, para la cual son ocupados “todas las personas en edad de trabajar, que durante la semana de referencia dedicaron al menos una hora a alguna actividad para producir bienes o servicios a cambio de una remuneración o beneficios”. En esta definición, la pérdida de puestos de trabajo con jornada completa, compensada por nuevas personas que trabajan jornadas menores, va a ser leída como un aumento en los “ocupados” y como una caída en la tasa de desocupación.
Luego, también debe considerarse que, ante una demanda debilitada, puede reducirse el empleo o las remuneraciones. De manera que, aun sin el problema de medición de los desocupados ya señalada, podría darse que, con ocupación mantenida, disminuyese la calidad de los trabajos por menor crecimiento de remuneraciones.
Un último elemento es la creación de empleos vinculados al sector público. Según el INE el total de ocupados en sectores vinculados al sector público (Administración Pública, Enseñanza, Salud) aumentó en 29 mil en el último trimestre, mientras en el resto de los sectores la ocupación decreció en 11 mil, otra evidencia preocupante.
Jornadas promedio más breves y menor crecimiento de las remuneraciones han reducido el crecimiento en el ingreso de los trabajadores desde el 5,3% por año observable hasta dos años atrás, hasta el 2,3% anual en lo que va corrido de este Gobierno. Ello a pesar del esfuerzo empleador del Ejecutivo. Son muchas las indicaciones de un mercado laboral severamente impactado por el bajo crecimiento.
