Despertar es un deber nacional....

El terrorismo está desatado en La Araucanía y el Gobierno de Bachelet no hace nada.

Bus de la empresa Jet Sur, con 50 pasajeros a bordo, fue atacado a balazos por

“desconocidos” en plena Ruta 5 Sur a la altura del cruce de Galvarino.

La encuesta Plaza Pública de Cadem de esta semana nos mostró una leve mejoría

en la evaluación a la Presidente Michelle Bachelet y un serio aumento de la

desafección popular por el Gobierno que ella encabeza.

Un triunfo importante en escaños, aunque sin llegar al 50 por ciento de los votos, obtuvieron

el domingo los partidos que abogan por la independencia de Cataluña, fresultado que llena de

incertidumbres sobre el futuro catalán y su posible independencia el 2017.

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La nueva revolución tecnológica,

por Sebastián Piñera.

La humanidad ha experimentado varias revoluciones tecnológicas en su historia. La revolución agrícola permitió un gran salto adelante, al permitir dejar el mundo nómade y entrar al mundo sedentario de las aldeas y ciudades. La revolución industrial, con sus máquinas de vapor y la producción en serie, permitió un enorme aumento de la productividad en los países industriales. La revolución de la sociedad del conocimiento y la información que vivimos hoy es aún más profunda, pues está cambiando sustancialmente nuestra forma de trabajar, estudiar, comunicarnos e informarnos, es decir, nuestra forma de vivir.

Hace apenas algunas décadas no existían el computador personal, calculadora, fax, teléfonos celulares, ni mucho menos internet, correo electrónico o aplicaciones como Google, Facebook, WhatsApp, Twitter o Instagram. Pero incluso estos inventos, que tanto han cambiado nuestras vidas, ya pertenecen al pasado.

Hoy está en marcha una nueva revolución tecnológica que volverá a modificar nuestras vidas en forma radical. Hay a lo menos diez innovaciones que están en pleno desarrollo o cercanas a entrar en aplicación. Así por ejemplo, el internet de las cosas hará que tengamos un mundo interconectado, en el que los objetos cobrarán vida. Las máquinas transmitirán información directamente a los fabricantes, los automóviles a los talleres y las personas a los médicos. El mundo será como el cuerpo humano, en que tres trillones de células interconectadas captan y transmiten información para tomar decisiones y solucionar necesidades en forma instantánea.

También tendremos internet móvil y de banda ancha para estar conectados en cualquier lugar y momento, con teléfonos inteligentes que son simultáneamente conexión a internet, cámara de fotos y video, grabadora de voz, reproductor musical, GPS, medio de pago y control remoto. La robótica avanzada, con inteligencia para pensar y decidir, reemplazará el trabajo manual y también parte del intelectual. En el futuro tendremos minas sin mineros, sistema de transportes sin choferes y operaciones quirúrgicas a distancia.

La nueva comprensión del genoma humano permitirá descifrar el de cada persona, abriendo un enorme campo para prevenir y curar enfermedades; la tecnología de la nube acumulará información, software y capacidad de proceso, transformando cualquier aparato conectado en un supercomputador; las impresoras 3D y 4D permitirán pasar directamente a la producción de los objetos en el punto de destino; los materiales avanzados, con memoria y capacidad de autorregeneración, revolucionarán los procesos productivos; los progresos en energías renovables, almacenaje y transmisión inalámbrica harán competitivas las energías solar, eólica y mareomotriz; las ciudades inteligentes y sustentables revolucionarán los sistemas de transporte, iluminación y la provisión de servicios públicos; y la evolución desde una economía de bienes a una de servicios, donde en lugar de bienes las empresas y personas venderán servicios, por el tiempo y en el lugar que los consumidores requieran, como ocurre hoy con Uber o Airbnb.

¿Estamos preparándonos para esta nueva revolución? ¿Estamos pensando en el nuevo mundo que viene? Definitivamente estamos atrasados. La Agenda Digital ha perdido fuerza y muchas de las reformas que actualmente se discuten, como la tributaria, laboral y educacional, significan retrocesos, pues están más conectadas al mundo del pasado que al del futuro. Lo que necesitamos es más libertad, creatividad, innovación, emprendimiento, ciencia y tecnología. Ello hará la diferencia entre el éxito y el fracaso de los países.

Es tiempo de levantar la mirada y avanzar en varios frentes. En tecnología digital es necesario crear una institucionalidad que nos permita una visión de largo plazo y mayor continuidad en las políticas públicas. En lo laboral, se requiere mucha más flexibilidad y un enorme esfuerzo de alfabetización digital de nuestros trabajadores. En educación, debemos prepararnos para un nuevo paradigma en que los estudiantes aprenderán en sus casas, conectados con los mejores establecimientos y profesores del mundo, e irán a sus escuelas a hacer sus tareas y resolver problemas con sus profesores. Como dijo Ken Robinson, los niños y niñas que hoy entran a la educación preescolar, cuando salgan a buscar trabajo, serán trabajos que hoy no existen, usando tecnologías que aún no se inventan, para resolver problemas que aún no imaginamos.

En salud habrá que redefinir el concepto de hospital y revisar las habilidades y tecnologías médicas requeridas. Y en seguridad ciudadana, las aplicaciones de internet móvil serán claves para prevenir y dar más seguridad. También tenemos que avanzar en la carretera digital de banda ancha (Ruta 5-D) y cerrar las brechas digitales entre los distintos segmentos de la sociedad, para que esta revolución sea inclusiva e integradora.

Chile nunca ha estado más cerca de alcanzar el desarrollo y construir una sociedad más libre, próspera, justa y segura, pero si no nos integramos a la nueva revolución tecnológica, será una vez más una oportunidad perdida y un caso de desarrollo frustrado. No tenemos derecho a fallar.

Oportunidad perdida,

por Eugenio Guzmán.

El fallo de La Haya se ha transformado –otra vez– en una oportunidad comunicacional perdida por el Gobierno. Pocos chilenos piensan que el resultado es un triunfo. Sin embargo, una buena parte del Gobierno centró su análisis en un enfoque del tipo “lo que realmente sucedió fue…”, que en modo alguno contribuye a recuperar terreno desde un punto de vista político. En situaciones así, las explicaciones –y más exactamente las respuestas, acciones y reacciones– deben ser políticas y no jurídicas. Aquí se aplica eso que tanto nos molesta: los “triunfos morales”. En este caso, ni siquiera da para eso.

Uno de los problemas de los Gobiernos es que aún operan con una retórica orientada a un público poco sofisticado y menos educado, cuando la ciudadanía hoy es capaz de identificar rápidamente los relatos ambiguos y engañosos. Esto es claro en el caso de nuestro país, donde los últimos acontecimientos en materia internacional, y en general nuestra historia limítrofe, están llenos de ejemplos de derrotas o, a lo sumo, empates con cara de derrota. Sostener que Chile no ha variado ni variará su posición tampoco es una respuesta que satisfaga las expectativas de la opinión pública. El Tribunal de La Haya nos dice: señores, yo tengo competencia y deben sentarse a negociar. Luego, si hay algo que negociar es respecto de algún tipo de obligación, y si una de las partes no lo cree (Chile), entonces esto es una “farsa” y sólo un medio de postergar el tema, pero no resolverlo. La discusión se reeditará nuevamente en el futuro, lo que le permitirá a la política boliviana (los Gobiernos), como ha sucedido hasta ahora por décadas, seguir recurriendo al tema para equilibrar sus “finanzas políticas”.

¿Significa esto que el tema no tiene solución? No. Sí la tiene, pero a través de otras vías, como la integración comercial, la que hasta ahora ha sido muy poco explotada (quizás porque alguna de las partes no lo quiere).

La excepción en todo esto fue el Ministro del Interior, quién reconoció el carácter de derrota. Con ello le devuelve sinceridad al problema y, sobre todo, liderazgo, en un contexto en que éste se demanda. Dicho en otros términos, un mínimo de indignación sincera, para sintonizar así con el malestar y decepción de una población que busca recibir señales que refuercen su identidad y sentido, en un contexto de desánimo y desconfianza.

Destruyendo la educación superior,

por Sergio Melnick.

Las improvisaciones del Gobierno en educación superior, y en especial la sobreideologización con que se maneja el tema, están cerca de empezar a destruir una enorme fuente de valor de la sociedad chilena.

La obsesión del Gobierno es el lucro y su aborrecimiento irracional por la educación privada, y no la calidad, que es lo único relevante. En ese afán sin fundamento conceptual, manejando el tema sobre la base de eslóganes fáciles y populistas, sin siquiera revisar adecuadamente la evidencia, están masacrando un sistema de educación superior que en 30 años es sobresaliente y ha cambiado el futuro del país y las oportunidades. No es perfecto, tiene falencias, pero sus beneficios superan con creces sus debilidades.

Hablamos de un sector de educación terciaria que no ha recibido apoyo Estatal, quizás al revés, en la forma de diversas obstrucciones, y que ha logrado en muchos casos superar en calidad y relevancia a muchas universidades Estatales, en general -con algunas excepciones- muy mal administradas.

Hoy las universidades privadas no Cruch tienen unos 370.000 estudiantes, superando en matrícula a las del Cruch, que tienen 340.000. Incluso se acercan en cantidad de post grados. Las universidades Cruch ofrecen unos 25.000 post grados y las privadas unos 21.000. Insisto, en apenas 30 años, partiendo desde cero, lo que no fue así para las Estatales financiadas con recursos Fiscales. No estoy en contra de los planteles Estatales, sino a favor de la mezcla, y especialmente de la calidad, sea ofrecida por quien sea.

Las universidades privadas han proporcionado el acceso a la educación terciaria precisamente a los sectores medios y bajos de la sociedad, abriendo oportunidades y generando así una escalera social imbatible. El 70% de los estudiantes son primera generación y la mayoría de éstos van a las universidades privadas. Más aún, éstas han hecho clases, mientras que las Estatales y otras Cruch han tenido meses de paralización.

Se podría pensar que la calidad de la educación es muy superior en las Estatales, pero no es así. Las universidades Estatales del Cruch tienen en promedio 4,4 años de acreditación. Las privadas del Cruch tienen 5,3 años promedio de acreditación. Las llamadas G8 privadas, tienen cinco años promedio de acreditación, es decir, más que las Estatales.

Las Estatales del Cruch tienen en promedio de admisión 566 puntos, mientras que las privadas del mismo Cruch tienen 596 puntos promedio, es decir, también superan a las Estatales. La sorpresa la dan las privadas del G8, que tienen en promedio 600 puntos de admisión. Esto quiere decir que ya hay muchos alumnos que prefieren las privadas a las Estatales pudiendo ir a éstas. El mito de que la educación Estatal es mejor por el solo expediente de ser Estatal no tiene fundamento.

Las universidades del Cruch tienen aranceles referenciales de $ 2.300.000, mientras que las privadas llegan a $ 2.550.000, una diferencia no muy significativa, considerando que las del Cruch reciben muchos recursos basales directos. Es decir, en muchos casos, con más recursos ofrecen educación de menor calidad que muchas de las privadas.

El Gobierno quiere fijar aranceles menores al costo actual de las carreras, impidiendo a las universidades cobrar algo adicional. La respuesta es obvia: para sobrevivir a ello deben bajar la calidad. Para las universidades Cruch habrá aportes basales que compensen dicha diferencia. Peor aún, el Gobierno quiere intervenir la gestión y libertad universitaria imponiendo ideas sesenteras de cogobierno, por decreto, algo que no ocurre en ninguna universidad del mundo. Es lo que ocurre cuando los estudiantes imponen criterios para manejar su propia educación, que ni siquiera han terminado. Más insólito aún es que las políticas del Gobierno -totalmente erráticas- son discriminatorias. Algunas universidades sí, otras no, sólo por la decisión de algún burócrata muy ideologizado. Ofrecen gratuidad para el 50% más pobre, pero sólo a la mitad de ellos. Y ya para rebasar el vaso quieren partir una reforma estructural por la vía presupuestaria, sin una Ley.

A menos de una semana de hacer dicho presupuesto, aún no saben lo que propondrán, ni han sido capaces de entregar las reglas del juego. La irresponsabilidad es total. No hay que olvidar que todo esto partió con un Ministro que declaró no saber de educación, cuya política era igualar hacia abajo la calidad (los patines).

El Gobierno sigue cometiendo errores y pasando la retroexcavadora. No escucha a su población. El daño será irreparable, la educación quizás sea gratuita, pero retrocederá en calidad en al menos 20 años.

Campaña comunicacional exige orden en casa,

por Roberto Ampuero.

"Solo quien acepta la derrota como tal puede crear las bases para un triunfo futuro", dice el escritor alemán Volkmar Frank. Por eso, adquirir conciencia de la derrota resulta esencial para litigar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). La otra alternativa, es decir, maquillar como triunfo la derrota, es populismo, es engañarnos. Hoy corresponde que el Gobierno y la clase política asuman la derrota, la estudien y analicen, aprendan de ella y propongan una estrategia que nos evite repetir la experiencia.

Sin embargo, no solo sufrimos una derrota jurídica. Fue también comunicacional. Evo Morales transmitió al mundo su discurso, logró despertar compasión con Bolivia, atribuir su subdesarrollo a Chile, y tras el fallo salió jugando con técnica: mientras la Presidente, rodeada de políticos, leía ante las cámaras unas cuartillas, Evo improvisó un inspirado discurso populista y latinoamericanista, a ratos magnánimo con Chile.

Fue también una derrota en el arte de las alianzas. Evo convocó a su país en torno a una causa que puede mantenerlo en el poder hasta 2030 mientras Chile apenas pudo disimular ese día su desconcierto y divisiones. Evo logró despertar solidaridad en el mundo, sumar personalidades -hasta al Papa- y agradeció el apoyo a agrupaciones chilenas. Nuestro país se vio solo, convencido de que la batalla se daba en torno al Tratado de 1904 y solo se desplegaba en la CIJ.

Y fue asimismo una derrota de imagen. Bolivia supo proyectarse internacionalmente como víctima y presentar a Chile como país abusivo. Chile no logró aclarar que fue Bolivia quien cortó las relaciones Diplomáticas y ha rechazado el diálogo, ni supo publicitar las ventajas que brinda al tránsito y almacenamiento de carga boliviana, ni destacar que gran parte del comercio internacional vecino circula por puertos nacionales.

Son deficiencias que hay que superar, lo que llevará tiempo. Existe una deficiencia, en cambio, relacionada con la futura campaña comunicacional, que debe ser abordada a la brevedad: la incongruencia entre la posición de Chile y las divergencias que han mostrado y/o muestran en años recientes las fuerzas oficialistas respecto de Bolivia. Esto adquiere relevancia porque todo indica que el juicio acompañará al Gobierno hasta marzo de 2018.

En concreto: perjudica a Chile que figuras y partidos oficialistas hayan expresado o mantengan su respaldo a la aspiración boliviana. El Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, por ejemplo, aseveró en 2013, como candidato Presidencial, que "a Bolivia hay que darle una salida al mar, incluso con soberanía". Si bien Gómez se desmarcó de la afirmación tras asumir Defensa, su nombramiento arrancó aplausos a su par boliviano, fue celebrado por la prensa de ese país, causó sonrisas en el Palacio Quemado y seguro no pasó inadvertido en La Haya. El titular no encaja cómodamente con nuestra postura y representa un blanco ideal para campañas bolivianas.

Hay también Parlamentarios oficialistas que respaldan a Bolivia. Camila Vallejo, Diputado comunista, manifestó en 2013 estar "de acuerdo con una salida soberana al mar para Bolivia en el marco de una política de integración". Su camarada Hugo Gutiérrez coincide: "Bolivia debe tener una salida soberana al mar, debe tener la posibilidad de tener un buen puerto frente al Pacífico". En 2009 el Senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, apoyó la exigencia de Fidel Castro de mar para La Paz, y en 2011 afirmó que "el acceso al mar para Bolivia es un imperativo ético y moral".

Corresponde subrayar que algunas de estas declaraciones fueron morigeradas posteriormente y que a nadie puede negársele el derecho a pensar como estime pertinente. Por eso, tal vez la situación es más compleja con los partidos oficialistas que integran el Foro de Sao Paulo (FSP): Partido Socialista, Partido Comunista y MAS. Declaraciones de esa poderosa coordinadora de un centenar de partidos latinoamericanos que simpatizan con los regímenes de Cuba y Venezuela expresan su "apoyo al derecho boliviano de una salida soberana al mar como aspecto fundamental para la integración sudamericana y de la Patria Grande Latinoamericana". Es decir, hay partidos oficialistas chilenos que a nivel continental respaldan la aspiración boliviana, pero a nivel nacional, la posición chilena, una contradicción que requiere explicación. Después de todo, en el FSP los partidos chilenos suscriben entusiastas declaraciones con la causa boliviana, el socialismo y la creación de una "Patria grande" latinoamericana, a la que deben supeditarse las naciones.

Si La Moneda se propone en esta nueva fase del juicio acompañar su labor jurídica con una imprescindible campaña internacional que divulgue la posición chilena, es prudente que exija a sus Ministros, Parlamentarios y partidos una identificación nítida y unívoca con Chile. Sin lugar a dudas, la Diplomacia boliviana, más alerta y eficaz de lo supuesto, y respaldada por experimentados aliados bolivarianos, sabrá aprovechar toda incongruencia nuestra para mantenernos a la defensiva también en lo comunicacional.

Ventanilla de reclamos,

por Fernando Villegas.

Hoy es lunes 21 de septiembre y por tanto este columnista no sabe lo que dirá el Tribunal de La Haya respecto de su competencia ni cómo reaccionará nuestra Cancillería si se considera competente. Hemos preferido escribirla así, de “antemano”. Pretendemos que nuestros juicios sean evaluados de acuerdo a su mérito o desmérito “ex tempore”, no por haberse visto el final de la película. No queremos imitar a esos Generales de sobremesa que despliegan tropas -peras y manzanas- arriba del mantel para ganar batallas largo rato después que terminó la guerra.

Nos acongoja cierta angustia. Prevemos que probablemente la Corte -directa o indirectamente- se dará a sí misma competencia y las autoridades de Chile aceptarán eso. Lo harán con pucheros, con renuencia, pero lo aceptarán y empujarán al país a la pista de obstáculos que el propio Canciller anunció cuando dijo que se estaba preparado “para correr 100 metros y también 1.500”. No se requiere la penetración de Sherlock Holmes para deducir que la carrera “de los 1.500 metros” es un modo de decir que hay disposición para encarar un largo juicio y aceptar de facto, sino de palabra, la competencia de ese Tribunal.

En su almanaque, lector, hoy es domingo 27 y sabe lo que la Corte de La Haya decidió. Tal vez reconoció NO tener competencia y todo terminó. O tal vez se adjudicó competencia y en ese caso no sólo yo, sino también usted, NO sabe cómo Chile responderá a eso, aunque, como dijimos, lo de la carrera de los 1.500 metros apunta a que seguiremos adelante. Si se dio el primer caso usted puede dejar la lectura de esta columna aquí mismo; si se dio el segundo, una vez más nuestra Cancillería, la Cancillería de todos los tiempos en su perenne porfía leguleya, pondrá la soberanía del país en manos de un grupo de Jueces.

No debió incumbirnos…

De hecho, de operar la coherencia lógica, no debiéramos en ningún caso estar esperando “decisiones” de nadie. ¿Acaso la postura de Chile no ha sido tajante en que no existe Corte competente para tratar la demanda boliviana? En virtud de eso no debería importarnos lo que resuelva La Haya. Si es incompetente sus dictámenes NO NOS INCUMBEN. La Haya no se convertirá en competente sólo porque así lo declare; tampoco puede arrastrarnos a su Tribunal porque carece de “fuerza pública”. Su fundamento no es otro que la aceptación voluntaria de su legitimidad, lo cual depende de la legitimidad de la causa que pretenda ventilar. Un Tribunal común dispone de policías para  imponer una Ley y un fallo, aunque sean absurdos; un Tribunal internacional sólo dispone de burócratas. Pregunto: ¿Qué país del mundo está dispuesto a poner su SOBERANIA en manos de 12 extranjeros? Por eso, en este artificioso caso, La Haya es o era competente sólo para declararse incompetente.

Es cierto que por un “tema comunicacional” preferiríamos la aceptación de nuestra postura; le daría un brillo extra a nuestra Diplomacia y un tapaboca a Morales, pero aun eso es poco importante. Lo que diga un grupo de señores jurídicamente incompetentes no puede ser relevante. Que la Corte se crea competente porque esa es su línea de negocios es una cosa; que compremos dicha interesada versión, es otra muy distinta. Es obvio que sus Jueces se ganan la vida, hacen sus carreras, ganan prestigio y un sentimiento de importancia planetario aceptando, no rehusando causas, pero, de nuevo, eso NO NOS INCUMBE. La soberanía es algo demasiado serio para dejarlo depender de las personales agendas filosóficas de 12 personas.

No lo olvidemos: la demanda de Morales no se acerca ni de lejos a un contencioso plausible donde haya siquiera leves sombras de duda acerca de la validez de las razones de las partes y/o contradictorios documentos; sólo entonces tendría sentido dirimir el pleito en una Corte. Pero aquí no hay sombras ni contradicciones, sino un tratado de claridad meridiana y un largo ejercicio de soberanía.

Lo que está en juego.

Hay más; sea cual sea el resultado de La Haya seguirá habiendo quienes quisieran restarle importancia al asunto hablando livianamente de los “pocos kilómetros” que podríamos ceder sin daño patrimonial para Chile. Ya oímos eso con ocasión de la pérdida de Laguna del Desierto. En este caso el candidato ME-O e incluso el Ministro de Defensa -en ese cargo la suya resulta ser una postura digna de Ripley- están en esa línea. Craso error. Lo que se juega no es un pedazo de suelo, sino el futuro de la proyección oceánica de Chile en el Pacífico Sur. Ceder territorio para la constitución de un puerto soberano extranjero es entregar ese futuro a quienes, detrás de Bolivia, desean ese acceso precisamente para imponernos gradualmente su superioridad poblacional y material. Ya es suficiente competir con Perú y tal vez Ecuador en esa materia; ¿deseamos además incorporar a una nación del Atlántico que hace tiempo manifiesta una irrefrenable vocación por jugar a la Gran Potencia?

“Baluarte”.
Lamentablemente la razón jurídica en la cual tanto confiamos no va acompañada de la fortaleza moral requerida para hacerla valer. Por eso lo largo de nuestro catálogo de pérdidas territoriales, efecto inevitable de una actitud claudicante disfrazada de enjundia jurídica. Hemos querido aparecer como civilizados ante el primer mundo y/o tratado de disimular debilidad militar y como efecto hemos puesto una y otra vez nuestros intereses y soberanía en las manos de una corte. El resultado: pérdidas INMENSAS y una humillación tras otra sin que con eso ni siquiera logremos saciar a los demandantes. Perú, luego de llevarse un buen pedazo de territorio marítimo que pertenecía a Chile, de inmediato levantó otra causa con el “triángulo terrestre”; no otra cosa hará Argentina con Campos de Hielo no bien se sienta fuerte de nuevo. Ni hablar de la base antártica o de Isla de Pascua.

Arguyen los defensores de las posturas jurídicas que siendo como somos nación pequeña y no muy fuerte, el “apego al derecho internacional” es nuestro único baluarte. Baluarte, esto es, defensa, fortaleza, roca a la cual asirnos. Pero, ¿en qué juicio ese “baluarte” nos ha favorecido? Con dicho “baluarte” hemos ido a una derrota tras otra. Hasta Morales se dio el lujo de recordarlo y decírnoslo. Es más, la única vez que un laudo arbitral nos ha dado la razón, la contraparte simplemente se negó de plano a acatarlo y estuvimos a minutos de una guerra, la cual se evitó no por acción de otro “baluarte” o por los buenos oficios de un sacerdote, sino porque al menos esa vez el país estaba decidido a ir hasta el último extremo y la parte ofensora se lo pensó mejor.

Epitoma rei militaris.

En la obra de ese título, escrita a fines del siglo IV d.C., su autor, el romano Publius Flavius Vegetius Renatus, entre otras frases contundentes se mandó la siguiente: “Si realmente deseas la paz, entonces prepárate para la guerra”. Hoy suena feo y brutal decirlo aunque en estos mismos momentos se libran no menos de 26 conflictos de todos los tipos. Una y otra vez la evidencia es de que los pueblos ni son hermanos ni solidarios; una y otra vez la fortaleza y no la buena onda defiende a los Estados; una y otra vez las ligas de naciones, los organismos piadosos, los conciertos rock por la paz o el enarbolamiento de legalismos se demuestran incapaces de defender a nadie. Ni la jurisprudencia ni los sermones evitan los choques, sino al contrario, lo hacen el valor y entereza. El derecho vale, sí, pero sólo si lo garantiza la fuerza y la decisión de usarla. Eso, no la debilidad, es lo que conserva la paz. El entreguismo disfrazado de legalismo o pacifismo o progresismo no suscita respeto ni amistad; de hecho sólo inspira desprecio y más codicia. ¿Quién ha podido mantener a raya a un cocodrilo arrojándole carne?

Pero si pese a toda la evidencia insistimos en que el solo apego al impotente derecho internacional es nuestro ”baluarte”, entonces ahorremos dinero y reemplacemos nuestros medios de defensa con rifles de corcho y abramos una ventanilla de reclamos territoriales. Se solicita a los interesados hacer cola por orden de llegada.

Hora de revisar y corregir,

por José Joaquín Brunner.

Ahora que comienza a oscurecer el horizonte de nuestro crecimiento económico es imprescindible iluminar los desafíos a mediano y largo plazo que el país tiene por delante. Vuelve a aparecer el fantasma de "Chile, un caso de desarrollo frustrado" que Aníbal Pinto echó a andar en 1959. Allí su autor concluye que la "gran contradicción" del desenvolvimiento chileno es entre la limitada capacidad productiva y las ilimitadas demandas de la democracia. Y remata: "Las condiciones de vida democrática [...], en esencia, son incompatibles con una economía estagnada [sic]".

Tal es asimismo la lección que enseña América Latina.

Hoy enfrentamos nuevamente el riesgo de frustrar nuestra trayectoria de desarrollo y estamos llamados a reaccionar.

De hecho, el fin del boom minero subraya la urgente necesidad de que Chile diversifique su economía más allá de los sectores intensivos en la producción de "commodities", apuntando hacia una economía más productiva, junto con profundizar en aquellas reformas que harían posible avanzar en esa dirección.

¿Cuáles son esas reformas?

No hay misterio en ello. Primero que todo, necesitamos elevar las capacidades -destrezas, habilidades y conocimientos- de los trabajadores y de las futuras generaciones para desempeñarse más productivamente y aumentar la densidad tecnológica de nuestra economía. No basta solo con elevar los años de escolarización de la población, objetivo que en cualquier caso el país ha conseguido exitosamente durante los últimos 25 años.

Ahora se trata, además, de mejorar las competencias que las personas requieren para aprender, trabajar, interactuar, comunicarse y convivir en una sociedad y una economía organizadas en un nivel superior de racionalidad.

La educación debe hacerse cargo de ese desafío formativo. Debe cultivar: (i) unas ciertas maneras de pensar que permitan a las personas aprender a aprender, tomar decisiones y solucionar problemas; (ii) unas maneras de trabajar en equipo aprovechando las múltiples formas de comunicación al alcance de la sociedad de la información; (iii) la capacidad de usar las redes generadas por la revolución digital, y (iv) quizá lo más importante, la capacidad de administrar autónomamente nuestras propias vidas y cambiantes carreras.

Junto con abordar esas complejas tareas del siglo 21, nuestro sistema escolar mantiene su misión histórica central: desarrollar las competencias cognitivas fundamentales a nivel individual -la comprensión lectora, el manejo numérico y el razonamiento científico- así como la inteligencia socioemocional y los rasgos de la propia personalidad. Sabemos que en Chile estas son todavía asignaturas pendientes. Igual ocurre con la función social de compensar las desigualdades de la cuna.

Adicionalmente, necesitamos impulsar otra serie de transformaciones.

En lo económico, poniendo la innovación como eje del sistema productivo mediante una activa política de investigación y una relación más estrecha -más productiva, precisamente- entre universidades, empresas y Gobierno, con fuerte énfasis regional.

En la sociedad civil, multiplicando modalidades descentralizadas de provisión y administración de servicios sociales a nivel local y emprendimientos asociativos de todo tipo.

En el plano del Estado, a través de acciones modernizadoras destinadas a mejorar la gestión pública y a fortalecer los organismos de apoyo, regulación y coordinación de una sociedad descentralizada.

Esas transformaciones suponen el cultivo de patrones y rasgos culturales alejados de nuestra tradición burocrática. En vez del centralismo, la descentralización y valoración de lo local; en vez de la desconfianza en la autonomía individual y los emprendimientos sociales, confiar en ellos y fomentarlos por doquier; en vez del rentismo y las ventajas estamentales, una actitud de crítica e innovación basada en el mérito.

A la luz de la profundidad y novedad de los desafíos y riesgos que enfrentamos resalta dramáticamente la falta de perspectiva de nuestras políticas educacionales. La confusión generada por el anuncio sobre gratuidad de la educación superior es nada más que un síntoma de esa ausencia de conducción.

Como nunca antes las políticas educacionales se hallan a la deriva. Navegan como barcazas sin piloto ni timón, incomunicadas entre sí, zarandeadas de un lado a otro. El ex Ministro del ramo formuló una descarnada autocrítica de la metodología empleada para elaborar esas políticas. Pero aún resta por hacer un balance igualmente crítico de su diseño, objetivos y contenidos. De lo contrario, seguirán adelante y podrían irse a pique o dañar el valioso tesoro que pertenece a las futuras generaciones.

En suma, las políticas educacionales en curso no se hacen cargo de los viejos ni de los nuevos desafíos, ni apuntan tampoco hacia los cambios que son necesarios en la economía, la sociedad civil y el Estado. Por su lado, los patrones y rasgos culturales que esas políticas afirman son precisamente aquellos que debemos superar.

Puede anticiparse por consiguiente que si el Gobierno no da un verdadero giro en su política educacional que acompañe a otras revisiones tímidamente insinuadas, pero aún no materializadas, entonces es probable que volvamos a ser el mismo de antes: "Chile, un caso de desarrollo frustrado".

¿Quién protegerá a Leopoldo López?,

por José Miguel Vivanco.

Cada noche, a las 8 pm, se apagan las luces en la celda de dos por dos metros donde se encuentra detenido el líder opositor venezolano Leopoldo López, en una prisión militar en las afueras de Caracas. López es el único detenido en el edificio donde está su celda, y es necesario atravesar al menos seis rejas cerradas bajo llave para llegar hasta él. Este aislamiento, por sí solo, supone un mayor riesgo de abusos u otros maltratos. Además, estas rejas cerradas pueden dificultar que los guardias lleguen oportunamente hasta donde está López en caso de emergencia, o pueden ser una excusa para justificar que no llegaron a tiempo ante una emergencia provocada intencionalmente.

El 10 de septiembre, López fue condenado a casi 14 años de cárcel, tras un juicio en el cual se cometieron graves violaciones del debido proceso y no se presentaron pruebas que lo vincularan con ningún delito. Durante su prisión preventiva, los guardias realizaron requisas violentas en su celda, llevándose hasta dibujos de sus hijos, y le aplicaron castigos injustificados que le impidieron recibir visitas familiares por varios meses. La justicia no concedió ninguno de los recursos que planteó López por violaciones del debido proceso, ni por los abusos sufridos en prisión. En un país donde las instituciones judiciales carecen de la más elemental independencia para proteger a aquellos cuyos derechos fundamentales son avasallados por el Gobierno, ¿quién podrá proteger a López?

Diversos observadores internacionales, al igual que organizaciones como Human Rights Watch, han criticado insistentemente la detención y la condena arbitrarias de López. Este mes, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria exigió la liberación inmediata de López, y sostuvo que su juicio se llevó a cabo “a puerta cerrada [y estuvo] marcado por graves irregularidades”. Pero estos reclamos no han sido oídos. La reacción del Gobierno venezolano ha sido defender lo indefendible, destacando la labor de los Tribunales y el Ministerio Público como un modelo a seguir. Esta defensa es vergonzosa y no pasa el más mínimo escrutinio de decencia.

Fue recién tras la condena de López que algunos Gobiernos latinoamericanos, como Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú exhortaron a Venezuela —con mayor o menor claridad— a respetar sus derechos básicos de debido proceso. Anteriormente, autoridades colombianas y estadounidenses, así como los ex Jefes de Estado de varios países, habían manifestado su preocupación ante los abusos en Venezuela, incluyendo a López.

A pesar de estas reacciones, lamentablemente, la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos han guardado silencio. Mientras América Latina, y en particular Brasil —por el peso regional que ejerce—, no exprese con claridad su preocupación por la concentración de poder y la violación de derechos humanos y libertades públicas en Venezuela, y por la sentencia y las condiciones de detención de López, Maduro seguirá actuando como si tuviera vía libre para hacer lo que le plazca. En el caso de López, esto acarrea gravísimos riesgos.

Peligro inminente en gratuidad universitaria.

Las informaciones conocidas esta semana sobre el curso de la reforma al financiamiento de la educación superior, revelan el escaso nivel de avance en el análisis y en la definición de aspectos esenciales para conformar una propuesta con la mínima consistencia requerida. A pesar de eso, la Ministro de Educación y el Gobierno persisten en su propósito de establecer la gratuidad parcial para el año 2016, sobre la base de un aporte Estatal que estaría contenido en la Ley de Presupuesto que debe ser presentada al Congreso a más tardar el 30 de septiembre próximo.

Estamos en presencia de una gestión irresponsable e improvisada en un ámbito de especial sensibilidad para los estudiantes y sus familias, lo que unido a la situación de debilidad política de la actual administración, puede convertir esta propuesta en un nuevo desastre semejante al ocurrido en su momento con el Transantiago y, hace menos tiempo, con la reforma tributaria.

Resultan particularmente ilustrativa la reacción unánime de los Rectores universitarios que asistieron a las reuniones en el Ministerio de Educación este jueves, que pretendían darles claridad sobre la fórmula que se adoptaría para llevar adelante esta propuesta. Todos declararon a este medio que advertían escasa profundidad y vacíos relevantes en lo que se les explicó, lo que les impedía contar con información que a estas alturas del año resulta indispensable para las decisiones de administración que debe adoptar cada plantel.

Es oportuno considerar que el sistema de aportes con que el Gobierno pretendería financiar la gratuidad para un porcentaje de los estudiantes más vulnerables, significa un cambio sustancial del sistema universitario, en la medida que afecta aspectos tan importantes como el ingreso de postulantes a las universidades; el número de carreras; la parte de los ingresos recibidos en forma directa, vía aportes directos e indirectos; el número de alumnos que deberá financiar por sí mismo sus estudios, entre otros aspectos.  Incluso existe la pretensión de intervenir su sistema de Gobierno interno y otros aspectos de su institucionalidad. La incertidumbre de estos cambios no sólo afecta a las universidades y centros de estudios superiores, lo que ya sería grave, sino las decisiones y proyectos de los estudiantes actuales y de los que pretenden postular a las universidades, a escasas semanas de las pruebas de admisión y de la postulación a los planteles.

El sistema vigente ha sido fruto de regulaciones que han sido establecidas durante los últimos 35 años, sobre la base de la experiencia de éxitos y fracasos en sus más diversos aspectos, en un sector donde las complejidades son máximas y donde los errores pueden causar severos perjuicios a las personas, difíciles de reparar en el corto plazo.  Ahora, sin embargo, en pocos días se pretenden proponer cambios sustanciales sin un mínimo nivel de respaldo técnico y político, enfrentando el peligro cierto de generar un desastre de proporciones, por el solo temor de enfrentar la acusación de que no se están cumpliendo las promesas de campaña. ¿No será más peligrosa política y socialmente  la posibilidad de enfrentar un nuevo Transantiago?

El Gobierno y su coalición harían bien en revisar este tema con algún grado mayor de visión de mediano plazo, postergando los cambios hasta cuando exista una propuesta con un nivel de validación técnica y política suficiente.

Eficacia de las comisiones investigadoras.

No son particularmente alentadoras las cifras del estudio hecho al funcionamiento de las 108 comisiones investigadoras constituidas en la Cámara de Diputados desde el restablecimiento del régimen democrático en 1990. El acucioso trabajo, para la tesis doctoral del autor, da cuenta de que se conformaron un 87,04% de las acordadas, que la asistencia promedio de los integrantes no alcanzó al 50% y solo un 75,9% evacuó informes sobre los temas tratados.

La misma autoría ya había investigado en ocasiones anteriores acerca de las dificultades que encuentra el ejercicio de la función fiscalizadora de carácter político del Gobierno por parte del Congreso. Pese a gozar de un reconocimiento Constitucional recién desde 2005, en esta última década han surgido fuertes críticas a la eficacia de las comisiones investigadoras como instrumento de control político a la gestión Gubernamental.

Las comisiones investigadoras son solo uno más de los instrumentos, en que destaca hoy la interpelación, de la fiscalización política de la administración. Pero tal como se señala, la naturaleza subjetiva de ese control, que descansa en la apreciación de los Legisladores, sin un canon fijo y predeterminado de valoración dificulta su ejercicio. En Chile, las comisiones investigadoras están concebidas como organismos colegiados, creadas por acuerdo de la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras del Gobierno, y con la competencia que le fije la Corporación con el objeto de conocer y pronunciarse sobre actos o políticas del Ejecutivo. En no pocas ocasiones, las comisiones han intentado abordar investigaciones que están más allá de sus atribuciones, alcanzando a entidades del sector privado.

Una correcta utilización de las interpelaciones Parlamentarias, con el objeto de obtener respuestas claras de los máximos responsables de las áreas de la administración, restándoles el carácter acusatorio que se dio a sus primeros ejercicios, puede mejorar el nivel de la fiscalización política y ayudar a fijar un foco más preciso al instrumento de las comisiones investigadoras.

Por último, pese a que los resultados de la investigación académica fortalecen las dudas sobre la eficacia de las comisiones investigadoras, cabe reconocer que en relación con algunos episodios de irregularidades, como el caso Caval, la labor de los Diputados ha permitido clarificar ante la opinión pública aspectos ignorados sobre la gestión administrativa, en este caso, de La Moneda.

Si se consolida la práctica del Congreso de rendir cuenta pública de su gestión, estrenada por las actuales mesas de la Cámara de Diputados y del Senado, se abre una oportunidad para someter a un examen de resultados la labor de las comisiones investigadoras y mejorar por esa vía su desempeño.

Chile en las mediciones de bienestar.

Desde que se publicara, en el 2012, el primer informe mundial de las Naciones Unidas sobre felicidad, luego de una resolución de la Asamblea General impulsada por el reino de Bután, se han sucedido los estudios para determinar las variables que más inciden en el bienestar subjetivo de las personas, de manera de acompañar el diseño de políticas públicas con aquellos factores que inciden directamente en una mejor calidad de vida de la población.

Los resultados demuestran que no es fácil diseñar instrumentos de medición de esa dimensión del bienestar. El reciente informe de la ONU indica que Suiza es el país más satisfecho con su calidad de vida, pero según la Encuesta Mundial de Gallup, los latinoamericanos son los más felices por ser quienes más experimentan emociones positivas en su vida diaria. La diferencia de aproximación radicaría en cómo unos perciben su vida -el caso del informe de la ONU- versus un enfoque basado en cómo se vive en términos emocionales, que es lo que indaga Gallup. Ambos estudios -sin embargo- confirman que para determinar el bienestar subjetivo es necesario poner la atención en una serie de variables cualitativas de gran incidencia en el desarrollo humano.

En efecto, en el informe de felicidad de la ONU, en el que Chile aparece en el lugar 27, se constata que si bien algunos indicadores objetivos como el producto interno bruto y la esperanza de vida influyen de manera significativa en la calidad de vida, otros factores hacen la diferencia. El mejoramiento o el deterioro de las condiciones de desarrollo están directamente ligados a la construcción de un capital social sustentado en la búsqueda del bien común, lo que se traduce en Gobernabilidad, libertad, apoyo social y confianza generalizada hacia las instituciones y entre las personas, expresada en un tejido social colaborativo que se manifiesta en el fortalecimiento de la familia y en la vida comunitaria del barrio y de las amistades.

La posición de Chile en el estudio de la ONU, mirada en conjunto con los resultados alcanzados por el país en otras mediciones internacionales, es muy reveladora. Pese al sombrío diagnóstico de la coalición Gobernante y su discurso refundacional de la sociedad, en las evaluaciones internacionales, Chile obtiene sus mejores ubicaciones en dimensiones distintas al ingreso per cápita en que aparece en el lugar 55 del mundo. Cuando se observa el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, sube al lugar 41 y al número 26 cuando se considera el Índice sobre Progreso Social de Naciones Unidas.

Atender a las debilidades que se perciben en nuestra sociedad, con altos índices de desconfianza, violencia e inseguridad, puede reducir la brecha que acusan muchas encuestas locales entre una transversal insatisfacción con el entorno político-social en contraposición con una percepción generalizada de bienestar personal. Eso obligaría, de paso, a un discurso público más responsable y ajustado a la realidad.

Captura de prófugo en La Araucanía.

Tras una acuciosa investigación, Carabineros logró la detención de Cristián Levinao, quien a mediados de julio se había fugado -junto a otro reo- desde un recinto de Gendarmería en Angol. Levinao está condenado a 10 años de presidio por graves delitos cometidos en la zona de La Araucanía.

Es un hecho ciertamente positivo que se haya logrado la captura del reo -anteriormente ya se había detenido al otro fugado-, porque además de tratarse de un delincuente peligroso, Levinao hizo ostentación de hallarse en la clandestinidad y de su capacidad para desafiar a la autoridad, además de alegar una supuesta persecución política. Por ello es una señal valiosa que el Ministerio del Interior, las Policías y la Fiscalía se hayan empeñado en dar con su paradero y evitar que la impunidad que se vive en la zona se profundice aún más.

Sin embargo, es indispensable que el Ministerio del Interior asegure que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Levinao pudo darse a la fuga gracias a que tras una extensa huelga de hambre consiguió ser trasladado desde la cárcel de Angol a un centro de baja vigilancia de Gendarmería. Ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad por este hecho, lo que además de colocar en riesgo la seguridad de la población, implicó desviar recursos y personal policial.

El Subsecretario del Interior declaró que "afortunadamente ahora cumplirá (el resto de su condena) en un centro de reclusión como corresponde". Inexplicablemente esta consideración no se tuvo a la vista al ser trasladado a un recinto de baja vigilancia -en circunstancias que por su prontuario era perfectamente esperable que se diera a la fuga-, pero cabe esperar que este hecho sea aleccionador y represente un genuino cambio de actitud de la autoridad. Por de pronto, evitando ceder a las presiones ilegítimas de grupos radicalizados y llevando a cabo acciones concretas para recuperar el Estado de derecho en La Araucanía.

Discutibles objeciones de la Corte Suprema.

Cumpliendo el trámite que fija la Constitución, la Corte Suprema emitió un informe con su parecer sobre el texto actual del proyecto de Ley que facilita la aplicación efectiva de las penas de los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal de éstos. En este proyecto se otorga a las policías la facultad para solicitar preventivamente la identificación de cualquier persona, lo que ha levantado debate.

La Corte emitió opinión únicamente sobre dos puntos, relativos a las facultades de los Jueces de Garantía para decretar la detención judicial y la creación del "Banco Unificado de Datos2 (BUD). En el primero, se autoriza a los Jueces para considerar como razón suficiente para decretar la detención de una persona, el hecho de estar imputada de haber cometido un delito castigado con pena de crimen, o bien cuando haya reconocido ante el Fiscal o la policía, estando su abogado presente, la autoría de un delito o exista una identificación del responsable mediante una prueba científica, registros audiovisuales o en una diligencia de reconocimiento.

Según el informe, ello sería un retroceso mayúsculo en la lógica de las medidas cautelares y en la presunción de inocencia, análisis que parece exagerado, pues no se trata de una imposición, sino de autorizar al Juez para decretar la detención en casos graves o evidentes, sin tener que sujetarse a reglas tan estrictas, la que en todo caso puede rechazar. Además, cabe recordar que la detención obliga a poner al aprehendido a disposición del Juez dentro de las 24 horas siguientes.

En cuanto al BUD, obliga al Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y el Poder Judicial a que deberán intercambiar los datos personales de imputados y condenados, con el objeto de servir de elemento de apoyo a la labor investigativa en las diversas etapas del proceso penal y de colaboración para una eficaz y eficiente toma de decisiones de los Tribunales de Justicia y de sustento a las políticas de reinserción. La Corte en el fondo ve que se afecta la independencia de los Tribunales, al obligarlos a colaborar con las etapas de investigación, y que se afectaría el derecho a la defensa de los imputados. Ello no parece ser tal, porque más allá de la separación de los poderes, los órganos del Estado deben colaborar y compartir eficazmente información que es objetiva y que es requerida por todos, para cumplir sus funciones. Si su registro se compartimenta, hay ineficiencia y se pueden producir errores por la falta de disponibilidad.

Ahora bien, hay un voto de minoría de cinco Ministros, que no constituyen el informe de la Corte, que critican ampliamente el proyecto de Ley, en aspectos como los incrementos de las penas y, particularmente, la facultad de identificación preventiva que se confiere a las policías, la que califica como "difícilmente aceptable desde la perspectiva de un Estado democrático de Derecho". Es necesario recordar que la opinión que Constitucionalmente se pide a la Corte Suprema tiene que ver con la organización y atribuciones de los Tribunales, por lo que los Ministros no debieran exceder ese marco, como es opinar sobre las penas. Por otra parte, sorprende que esos Jueces se consideren autorizados para definir lo que es aceptable en democracia, pasando sobre el debate propio de ésta, que por definición se da en el Congreso y no en los Tribunales.

El futuro de Cataluña en suspenso.

Un triunfo importante en escaños, aunque sin llegar al 50 por ciento de los votos, obtuvieron este domingo los partidos que abogan por la independencia de Cataluña, en un proceso electoral que contó con una gran participación, con casi el 80 por ciento de los 5,5 millones de electores.

El Presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su heterogénea coalición Juntos por el Sí, conformada por el centroderechista Convergencia Democrática de Cataluña más Izquierda Republicana y otros grupos, ha logrado 62 Diputados, acercándose a los 68 de la mayoría absoluta. Tendrá que negociar ahora con otro movimiento independentista, Candidatura de Unidad Popular, CUP, que obtuvo 10 escaños, lo cual le valdría la mayoría absoluta para formar Gobierno. Las elecciones fueron convocadas para renovar el Parlamento autonómico catalán, pero los partidarios de separarse de España intentaron transformarlas en un referéndum secesionista definitivo, para lo cual los dos millones de votos que consiguieron resultan insuficientes.

Mas ha recibido los resultados como un respaldo al proyecto de independencia y ha señalado, de inmediato, que seguirá adelante con el proyecto, aunque primero debe asegurarse que contará con los votos que le faltan para seguir Presidiendo Cataluña. CUP, sin embargo, ha eludido comprometer su respaldo pleno, ya que se trata de una formación más cercana a posiciones antisistema, y que desea, paralelamente, cobrar una cuenta por los escándalos de corrupción y fraudes que han afectado a las colectividades tradicionales.

Las sorpresas electorales han estado por el declive de los partidos tradicionales como el Partido Socialista Catalán (PSC), más alineado con el PSOE que en elecciones anteriores; el Partido Popular Catalán, y Podemos. El nuevo partido Ciudadanos ha dado un golpe que lo deja en buena posición para los comicios generales de diciembre.

Como en toda elección, siempre queda el espacio para los acuerdos. El resultado es un refuerzo a las aspiraciones soberanistas, pero en absoluto suficiente para intentar atajos o caminos por fuera de la legalidad. Así lo ha entendido incluso el propio Jefe de Gobierno, Mariano Rajoy, quien –considerando que Mas y los suyos han fracasado en su estrategia– ha hecho al Gobierno catalán una oferta de diálogo dentro de Ley, con límites en la unidad de España y la soberanía nacional. Es probable que este espíritu de diálogo sea el que guíe los próximos pasos, teniendo en cuenta también las elecciones generales de diciembre, donde se volverá a jugar una nueva partida en la arremetida independentista de Cataluña.

Pueblos bien informados,

difícilmente son engañados.