Rápida mirada a los temas que complican al país....

De paseo y sacándose fotos vimos a la Presidente Michelle Bachelet, que estuvo varias

horas sin dar la cara, “visitando” a los damnificados por los temporales del fin de

semana. Creemos que aprovechar la desgracia ajena es una vergüenza.

Pareciera que no bastan las selfies, el aprovechamiento de los resultados deportivos,

los cambios de Gabinete o el populismo para detener la estruendosa caída de

la popularidad de la Presidente Bachelet y de su Gobierno.

El con-clave secreta,

por Sergio Melnick.

Como casi todo lo que ocurre en este gobierno, se generó gran expectativa en relación al cónclave mágico. La realidad fue otra decepción más de la ciudadanía. No pasó nada relevante, nuevamente las vaguedades e improvisaciones, si no contradicciones.

A estas alturas nadie entiende para qué fue el cónclave, salvo para que los presidentes de partido hicieran elocuentes y cínicas alabanzas sobre la extraordinaria capacidad de liderazgo de la Mandataria, que a estas alturas ya no son creíbles. Quintana, en la entrevista de CNN, reforzó la importancia de la retroexcavadora, de seguir con las reformas, y llegó a decir, probablemente en alguna forma de delirio, que la Mandataria tenía una enorme conexión con la ciudadanía. Al parecer el senador no lee las encuestas (y quizás ni los proyectos de ley) en que el 70% de la ciudadanía desaprueba su acción personal, y el 75% rechaza la acción de su gobierno. Aun así no reconocen error alguno en las reformas y la mala gestión.

Bachelet en realidad se enfrentaba a dos malas opciones en el corto plazo, pero una buena para el largo.  Una alternativa era cambiar el rumbo del gobierno y el mito creado del programa, evitando el descalabro final de la economía, pero ello traería el quiebre de la Nueva Mayoría. La segunda opción era mantener el rumbo que la tiene con 70% de rechazo, evitando el desplome de la alianza oficialista, al costo de mantener la incertidumbre, terminar de colapsar la economía, y aumentar el desempleo. En otras palabras, una opción era moverse al centro y escuchar la voz de sus ministros del Interior y Hacienda, la otra era ir aún más a la izquierda siguiendo los cantos de sirena del PC, Quintana, la IC, Navarro, Girardi y los estudiantes más exaltados. Ese es precisamente el camino que siguió. En este punto, ya quedó claro que la voz de Burgos no tuvo fuerza, y que Valdés habla para la galería y para tratar de calmar a los empresarios, pero en la práctica todo sigue igual.

Hoy, post cónclave, que era la última opción real de rectificación, ya sabemos que la opción fue pan para hoy y hambre para mañana. Es el camino de reformas improvisadas e ideologizadas que son parte del populismo de la sociedad de derechos sin obligaciones, del crecimiento desproporcionado del Estado, y del camino inequívoco al control total del poder de la sociedad. Es decir, la tozudez, el voluntarismo, el ignorar la opinión de la ciudadanía que curiosamente dice escuchar. La aplanadora entonces seguirá igual. Ello va a aumentar la incertidumbre, la polarización y el complejo clima de convivencia nacional. Probablemente varias decenas más de militares serán condenados a prisión. Veremos renacer del bloque oficialista, y con especial fuerza, los temas de la dictadura, el 11 de septiembre y la acusación a la derecha de una campaña del terror. Seguiremos mirando el futuro por el retrovisor.

También es fácil anticipar que el discurso oficialista empezará a subir el tono del “complot o conspiración del empresariado, de los poderosos de siempre y de la derecha” -como lo hace Maduro hoy- contra las reformas del gobierno. Se gritará a los cuatro vientos que la derecha defiende sus intereses y que está “contra los cambios”, lo que agravará las tensiones aún más. Jamás reconocerán sus errores. Todos queremos cambios, pero nadie quiere más Transantiagos, que es lo que está ocurriendo. Tan malas han sido las reformas que la tributaria deberá ser enmendada incluso antes de empezar.

Cuando las encuestas señalan la gravedad del tema del empleo (80% de rechazo a la acción del gobierno) y el consumo cae, ratificando lo anterior, el gobierno nos dice que el desempleo ha bajado (síndrome Argentina). Algo no cuadra en las cifras, que en algún momento reventará. También evitarán dar las cifras de la pobreza, que aumenta directamente proporcional al tema del empleo. Los discursos no solucionarán el tema de la delincuencia, ni menos de la inversión. Las huelgas presionarán al gobierno como lo hacen hoy los subcontratistas de Codelco, y el gobierno cederá como ocurrió en la carrera docente. Las pymes empezarán a colapsar rápidamente. En fin, el escenario es sólo una aun peor proyección de lo que ha ocurrido en los últimos 18 meses.

No hubo un cónclave; 140 personas con 40 intervenciones, todo en cinco horas; fue un show arreglado para tratar de dar una señal de unidad que no existe. Para un buen gobierno no bastan ni las buenas intenciones ni los discursos maqueteados por publicistas. Se requiere calidad técnica de las propuestas y una extraordinaria gestión.

El pronóstico es entonces reservado.

La realidad y el realismo sin renuncia,

por Hernán Büchi.

Con la volatilidad propia de los datos parciales, todo indica que la economía chilena está muy debilitada. Hace unas semanas la autoridad económica, que dejó de lado el optimismo sin fundamento de su predecesor, sinceró las proyecciones. El nivel de la actividad a mitad de año no superó el de fines del 2014 y hacia el término del 2015 veremos un crecimiento cercano al 2,5%, incluso ayudado por efectos estadísticos. El déficit fiscal estimado por la autoridad se empina al 3% del PIB, y si bien Chile tiene una situación de deuda neta sana, el deterioro será más rápido de lo que suponemos si la economía se estanca y el déficit se mantiene. Latinoamérica en general está afectada, pero no es consuelo. Lo que permitió a Chile crear una clase media mayoritaria generando avances concretos y esperanzas futuras para todos los chilenos es que en las últimas décadas avanzamos más que el continente, siendo el único país que convergió relativa y sustancialmente al bienestar de los desarrollados.

Ante la débil realidad de nuestra evolución económica actual, el Banco Central analiza en un informe reciente si la debilidad de la inversión que se observa se debe a factores externos o internos. Concluye que ninguno basta para justificar lo que observamos y que existe un shock autónomo en la confianza que determina entre el 54% y el 87% del estancamiento actual. Ese shock autónomo es la consecuencia de los efectos de políticas mal concebidas en áreas tributarias, educacionales, laborales y una amenaza general de destrucción integral de la economía social de mercado. Ello, unido a propuestas de cambios institucionales que culminarían en una nueva Constitución, cuyos pocos conocidos lineamientos dejan claro que el derecho de propiedad se pone en entredicho y se debilita.

La Presidenta ha demostrado incapacidad para administrar los efectos negativos de su programa y persevera en sus raíces ideológicas. Le cuesta aceptar que las consecuencias de sus decisiones afectan al bienestar de los que teóricamente quiere favorecer. Varias veces ha tratado de resolver el dilema y no lo consigue. La última fue el tan esperado cónclave en el que precisaría qué renuncias eran necesarias para ser realistas. No lo hizo y en cambio dio un repetido vamos al proceso de crear una nueva Constitución, aún cuando su gobierno es incapaz de dirigir y controlar los cambios ya hechos. Se agregan algunas instituciones al programa de gratuidad universitaria, pero no despeja sus inconsistencias.

En el ámbito tributario, un Servicio de Impuestos Internos politizado con facultades discrecionales ampliadas sin precedentes y con una nueva legislación en exceso compleja, indican que se requerirán mucho más que cambios menores como se sugirió.

Quizás la manera de entender esta irresolución se encuentre en los objetivos no declarados. Es iluminador lo expresado por el Senador DC Jorge Pizarro en el último cónclave. Manifestó que la Nueva Mayoría estaría imitando al Peronismo, intentando ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Para la Argentina eso ha significado caer del desarrollo sin pobreza a ser un país del montón en Latinoamérica. Al partido y a sus líderes, en cambio, les ha valido una hegemonía de décadas. Si ese fuera el propósito implícito, el camino elegido en Chile tiene lógica. Concentrar el poder en el gobierno y favorecer el corporativismo por el momento estudiantil y sindical. Crear condiciones para el clientelismo abusando del poder de las instituciones del Estado. Hacer desaparecer a la oposición, deslegitimarla y restringir la entrada de nuevos competidores dificultando su financiamiento. Cambiar las reglas electorales y la Constitución para asegurar la sucesión de la facción gobernante. A propósito, las PASO, muy peculiares elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se llevan a cabo hoy en el país vecino se originan en una disposición que la facción gobernante encontró de su conveniencia hace unos años y durarán mientras les convengan.

Sea por diseño o como consecuencia inesperada, si el peligro que el senador Pizarro describe sigue concretándose, la realidad económica continuará desalentadora. Tiene dos imponderables que su ideóloga no puede manejar durante esta transición: la reacción de una clase media amplia y deseosa de progresar que no está todavía politizada y el entorno económico mundial que al ser más negativo hará más aguda la contradicción entre deseos y realidades. El precio del cobre a US$ 2,34/ libra es el mejor indicador de una situación externa menos favorable.

Hasta ahora hemos contado con un escenario de tasas de interés excepcionalmente bajas que se prolonga desde el año 2008. Pero ello está a punto de cambiar.

La Reserva Federal de EE.UU. comenzará el abandono muy pronto, quizás en septiembre, de su estrategia de tasa cero.

El consenso que anima a su Consejo es no cometer el error de 1966 cuando, presionados políticamente, no se perseveró con las alzas en las tasas de interés y el país dio inicio al periodo inflacionario más grave de su historia moderna que culminara recién a comienzos de los ´80. Ello indica que los datos de desempeño de la economía americana tendrían que ser particularmente negativos para que no inicie la normalización de tasa este año.

La situación es compleja hoy para la FED y el proceso de aumento de tasas puede tener aspectos impredecibles, difíciles de manejar. En el 2008 tenía US$ 870 billones de activos, básicamente pagarés del Tesoro americano de corto plazo, mientras que hoy tiene US$ 4,4 trillones en documentos de largo plazo y no solo del Tesoro, ya que incluye deuda de otras instituciones. Su sistema bancario, que intermedia entre la FED y la economía, no tenía en el 2008 prácticamente exceso de reservas y hoy tiene más de US$ 2,5 trillones depositados en la FED. Si comienza a movilizarlos su impacto es muy grande en la base monetaria y requerirá un muy buen manejo para evitar volatilidad en las tasas. Por su parte, el sistema financiero está transitando hacia una reestructuración profunda. Desde el 2008 se han cerrado 1.341 bancos comerciales y solo abrieron 2 nuevos. Esto no tiene precedente, ya que aún en la depresión de los ´30 se crearon anualmente 19 bancos.

En síntesis, no se pronostica un entorno externo catastrófico pero sí sabemos que la realidad será menos favorable y más volátil de lo deseable. En aras del bienestar que todos deseamos para Chile, es de esperar que el dilema que la Presidenta no resuelve entre realismo e ideología se incline, finalmente y a tiempo, por enfrentar la realidad con pragmatismo. Asegurar el futuro político de una coalición o grupo de individuos no puede ser a expensas del progreso de todos.

La Presidenta ha demostrado incapacidad para administrar los efectos negativos de su programa y persevera en sus raíces ideológicas. Le cuesta aceptar que las consecuencias de sus decisiones afectan al bienestar de los que teóricamente quiere favorecer. Varias veces ha tratado de resolver el dilema y no lo consigue".

Avanzar sin retroceder…,

por Fernando Villegas.

Aunque Francisco Vidal no aparece en las listas de invitados a los actos del gobierno -los cuales, dicho sea de paso, con sus rituales de autoaplausos semejan remakes político-cinematográficos de bajo presupuesto de un congreso del PCUS de los años 60-, pero además considerando que desde Palacio se le miraba, al menos hasta hace cinco días, como una suerte de leproso político cuya presencia debía anunciarse con cascabeles o campanillas y cuyos dichos ya no se tomaban en cuenta, pudo resultar sorprendente que lo dicho por él en un programa de TV, a saber, que se debe “avanzar sin transar”, viniera resultando, palabras más o palabras menos, una profecía a dos días plazo coincidente con lo que parió el gran cónclave del lunes pasado.

O no es tan sorprendente. No sólo Vidal es un astuto zorro capaz de olfatear a cinco cuadras desde dónde viene el olor al asado, sino además esa clase de frases y posturas, la actitud de cerrar los ojos ante la adversidad y vociferar “hay que echarle pa’elante, compañeros”, está inscrita a fuego en el cromosoma de la izquierda y aun más, pertenece a la huella genética de todo movimiento con ambiciones de llevar a cabo “transformaciones profundas”.  Por eso poco importa cuál sea la ruta personal que tomó Vidal, la  venerable Via Apia que transita Teillier, la sinuosa senda de la Presidenta, el atajo de Quintana o los pasitos y pinitos de Walker; todos, al final de sus respectivas travesías, inevitablemente se topan unos con otros en la misma encrucijada, la del descalabro que sus actos infligen a los frágiles equilibrios que mantienen toda economía, la del clima conflictivo que eso suscita, las furias y resentimientos avivados alegremente en la etapa previa cuando aun no eran gobierno, las dudas de los más débiles, los temores crecientes de los moderados, la pifia general del respetable público y una total oscuridad respecto de con qué se van a encontrar en el próximo kilómetro. Y llegados a ese lugar no les queda sino seguir adelante, quizás más juntos y hasta tomados de la mano, con la esperanza de llegar a alguna parte porque retroceder ya es imposible. Es destino inexorable de estas batucadas el que, ante el abismo, griten “avanzar sin transar”.

Expectativas.
Tal vez sabiendo o siquiera sospechando precisamente eso, que la suerte está echada y no cabe sino cruzar a nado un caudaloso Rubicón, pocos de los participantes se hicieron expectativas -buenas o malas- en el sentido de que iba a ocurrir algo cataclísmico; nadie, salvo los ingenuos sin remedio, pensó jamás que un sonriente o lloriqueante conejo iba a salir del  sombrero de doña Michelle anunciando un cambio de rumbo. Se esperaba, a lo más, algún cambio de eslogan -otros 20 palos para la feliz agencia que atiende La Moneda, de papelería estatal y uno o dos “anuncios”. De esto último algo hubo; la gratuidad baja al 50% de los alumnos, pero ahora se incluye a las universidades privadas. Eso no recicla a los profesores, no pone a estudiar a los alumnos, no disciplina a nadie y no asegura investigadores, profesionales y profesores de calidad, pero importa poco: ahora la onda imperante, cloqueada hasta por escolares de 14 años, es  “democratizar” las universidades con consejos y deliberaciones triestamentales, lo cual posiblemente ocurrirá en el estilo de las que vimos en 1969, cuando en solemne sesión el estamento estudiantil de la Escuela de Sociología de la Chile discutió seriamente si acaso las estadísticas-matemáticas estudiadas hasta la fecha eran o no una “ciencia burguesa” que debía sacarse del programa. Otra medida: se pidió a los partidos que craneen cómo va a ser eso de la reforma constitucional, gran misterio gozoso y doloroso de la actual administración.

Pero ni el aspecto mediático ni dichos anuncios constituyeron el alma del cónclave, como tampoco lo sería una larga y profunda reflexión, entidad como de costumbre inexistente. La esencia radicó en una sucesión de estados anímicos y hormonales concluidos con la determinación de seguir por el mismo camino. Dicha conclusión, concluida por Bachelet y sus 200 asesores una semana o un mes antes del cónclave, fue precedida por la mar de reproches mutuos y gran escasez de ideas. Una vez decidido “hay que echarle pa’elante compañeros”, los militantes del PC dieron muestras de triunfal optimismo y los decé de amargura por no haberse tratado los temas que ellos querían. Sobre sus lágrimas de sangre, hoy ya restañadas por el pañuelo de los pitutos, resonó el marcial clarín de la Presidenta llamando a estrechar filas y seguir cascando. “Si estamos unidos todo terminará bien”, dijo. Lo mismo quizás le prometió Napoleón a la Guardia Imperial antes de ser acribillada por la mosquetería de los casacas rojas. Lo de la unidad es especialidad y en verdad platillo único del menú de la Presidenta. En fin, en todo sentido el cónclave recordó el confuso y algo desquiciado talante de las últimas concentraciones y marchas organizadas por la upé.

El libreto

Nada de extraordinario hubo en este rubro: el libreto del cónclave, de todo cónclave de esta laya, consta sólo del título y un montón de páginas casi en blanco. Es el mismo que la izquierda usa desde tiempos inmemoriales. Como en los  manuales para escribir cartas comerciales, donde se ofrece un “template” que las inicia con un “Muy Señor Mío” y las termina con un “Queda a sus Gratas Ordenes”, en el de las leyes sintácticas de los libretos revolucionarios para uso en cónclaves y asambleas se propone encabezarlos proclamando una conmovedora unidad de dirigentes, ideólogos, militantes y simpatizantes y terminarlos alardeando de que la creciente dispersión de partidos, grupos, sensibilidades, sectas y pandillas, adversarias primero y enemigas a muerte después, son una muestra no de confusión sino de “la riqueza del debate democrático”.

Hay también un texto en letra chica, pero sólo para los iniciados. Este reconoce que en el esfuerzo por implementarse “transformaciones profundas” se disloca la sociedad y el primer palitroque en caer es la economía; en otro acápite se confidencia que también han de caer los moderados con perfume a traición y al proceso no hay manera de aminorarlo o apaciguarlo, sino sólo acelerarlo para que sus ejecutantes -¿o habría que decir ejecutores?- atornillen las reformas antes que se desvanezca la coyuntura. Si no me creen pregúntenle a Vidal, quien es profesor de Historia.

Ciudadano de a pie

Como el ciudadano corriente no tiene por qué haberse interiorizado acerca de esta implacable regla, su sentido común le indicaba que, dados los errores cometidos y la penosa condición de la economía, del cónclave iba a salir una “rectificación”. Ingenua esperanza. ¿Cómo hubiera podido ser de ese modo? ¿Cómo un grupo convencido de la bondad de sus objetivos renunciaría a ellos cometiendo así terrible apostasía? ¿Cómo iban a anunciar “perdonen, nos equivocamos” e irse para la casa? Si acaso el 75% de los encuestados rechazan lo hecho hasta ahora, entonces, se dicen en la NM, hay siquiera un 25% que nos apoya, nuestro electorado duro. ¿Vamos a perder este último baluarte por el detalle de que la economía del país está haciendo agua? En ese 25% imperturbable confía la NM. A ese 25% sólido se pueden eventualmente agregar las clientelas compradas con paquetes de tallarines y, llegado el caso, las acciones coyunturales que sean necesarias. A la agenda programática Dios le echó un vistazo y testificó que era BUENA. Debe entonces implementarse A COMO DE LUGAR.

Así pues, lo que el cónclave finalmente anunció -¡a menos que todo sea un montaje inmenso urdido con los sediciosos!- es que pese a los miriñaques de Valdés se seguirá en la misma dirección, la “dirección correcta”, la dirección seguida por las naves que hacen agua, la cual normalmente es hacia el oscuro y frío fondo del mar. A veces, con suerte, el naufragio no se produce del todo sino la nave queda ni hundida ni a flote, convertida toda ella en pecio, en pérdida casi total, en apostadero de alcatraces y letrina de cormoranes. Echémole pa’elante, compañeros.

¿Cómo mejorar la reforma laboral?,

por Felipe Larraín.

Una reforma laboral debería tener como objetivos estimular la creación de empleo, generar condiciones para un aumento sostenido de las remuneraciones y mejorar la calidad del empleo. Esto último se puede lograr a través de múltiples formas; por ejemplo, a través de una mejor capacitación, ampliando oportunidades para conciliar la vida laboral con la familiar y mejorando las relaciones laborales. Lamentablemente, el proyecto que hoy se tramita en el Senado no cumple con esto.

Al menos podría esperarse que si no mejora las oportunidades de empleo, no las deteriore. Pero no es así. La sindicalización forzosa a la que lleva, más el fin del reemplazo en la huelga, generan un aumento artificial de salarios (esto es, no acompañado de mayor productividad) que redunda en una pérdida que hemos estimado en Clapes UC en unos 150 mil empleos, del orden de 2% de la fuerza laboral chilena. Por supuesto, es muy deseable que los salarios se incrementen, cuando ello es sustentable en el largo plazo, es decir, cuando está basado en ascensos reales de productividad y no cuando se hace a expensas de los trabajadores no sindicalizados, informales y los desempleados, que son los que sufrirán las consecuencias negativas de este proyecto.

Algunos han dicho que advertir estos efectos, advertencia que se basa en estudios serios, es hacer campaña del terror. Esta es una forma barata de evitar el debate, y equivocada. Son los mismos que reaccionaron de igual forma cuando en junio de 2013, recién conocido el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, advertimos que iba a provocar una fuerte caída en el crecimiento, la inversión y la creación de empleo.

El fin del reemplazo en la huelga no solo produce el efecto en empleo que mencionamos. También puede producir la desaparición de muchas empresas, como han advertido los representantes de las pymes y los emprendedores de Chile. Por esta conjunción de factores, todos los países de la OCDE de los que tenemos información, con la excepción de México, permiten el reemplazo interno durante la huelga, entre ellos los países nórdicos a los que tanto miramos (Finlandia, Noruega y Suecia). Esperemos que este proyecto laboral no quiera dejar a Chile en una posición casi única en el mundo, como ya hizo -lamentablemente- la reforma tributaria. Además, debería considerarse otra evidencia internacional. La eliminación del reemplazo externo en Canadá -donde se mantuvo el reemplazo interno- aumentó la incidencia de huelgas en 12% y la duración promedio de estas en 32 días (Cramton et al , 1999).

Otro elemento que preocupa es que el sindicato tenga veto sobre la extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los no afiliados. Así, la extensión de estos beneficios por parte del empleador sin la anuencia sindical es considerada práctica antisindical en el proyecto. Hemos propuesto un mecanismo que suprima este veto, pero que a la vez elimine un desincentivo a la afiliación (Clapes 2015). Consiste en que los trabajadores no afiliados que se beneficien del convenio colectivo deban pagar el 100% de la cuota del sindicato, no el 75% que rige hoy. Sería bueno que nuestras autoridades y legisladores consideraran que la extensión de beneficios aludida es una recomendación tanto de la OCDE como de la OIT. Más aún, en algunos países es obligatoria. ¿O será que se cita a la OCDE solo cuando conviene?

Finalmente, es importante mencionar que ha habido un elemento completamente ausente en este debate laboral: el costo fiscal de este proyecto es cuantioso. Y la razón es conceptualmente simple: cuando se empujan las remuneraciones al alza sin incrementos de productividad laboral (como hace este proyecto), las empresas tienen fuertes dificultades para trasladar a precios esta alza de costos; en una economía abierta que además tiene la demanda interna deprimida, la gran mayoría no puede hacerlo. Eso significa que hay menos utilidades junto al aumento artificial de la masa salarial. Pero las utilidades tributarán en régimen a una tasa del 27% (régimen parcialmente integrado), mientras que los salarios tributan en torno al 4% promedio. Este diferencial de tasas hace que la recaudación fiscal disminuya entre 570 y 1.700 millones de dólares, dependiendo de cuál sea el aumento artificial de salarios que induzca la reforma. Es decir, ¡este proyecto puede llegar a consumir recursos fiscales por hasta un 20% de la reforma tributaria! Sin embargo, nada de esto se hace presente en el informe financiero del proyecto.

En síntesis, si se quiere que el proyecto de reforma laboral no provoque un daño significativo al empleo y a la actividad económica -especialmente de las pymes-, debería tener correcciones importantes en su discusión en el Senado.

Humo negro,

por Axel Buchheister.

En el ambiente político muchos esperaban definiciones de fondo en el cónclave del oficialismo; otros derechamente rectificaciones. Pretensiones que resultaban razonables a la luz de las encuestas, la última de las cuales arrojó un inédito rechazo de 70% a la Presidenta, y de la caída en picada de la economía. La apuesta mayoritaria, entonces, era que saldría humo blanco, al menos, de moderación y gradualidad.

Pero no fue así. Sólo un llamado a la unidad y algunas propuestas concebidas para tranquilizar a las partes en pugna al interior del gobierno y su coalición: los que quieren la moderación y la gradualidad, versus aquellos que no aceptan renunciar al programa. Así, tuvimos el anuncio de que se ampliaría a todos la gratuidad de la educación superior, incluidas las entidades privadas, lo que obliga a ajustar la meta de 60% a 50% en señal de rigor técnico, ya que se acepta que no alcanza la plata y que la farra no puede continuar. Al otro lado de la moneda, el “proceso constituyente” va sin falta.

Asemeja un empate para las partes, pero al entrar al detalle no lo es: las condiciones de gratuidad para las privadas exigen que cumplan con requisitos duros, como obligarlas a tener un gobierno “triestamental”, que es el sueño de los más radicales. Por otra parte, el proceso constituyente es la madre de las reformas disruptivas, que apunta a desarmar la institucionalidad vigente y viene a constituir el epítome de cómo generar incertidumbre. No hubo empate, ganó el extremo izquierdo.

¿Por qué sucedió eso? Hay dos razones. Primero la persona de la Presidenta, que en su corazón se identifica con este grupo y no está dispuesta a renunciar a su visión. Pero también está el poder de veto que ha obtenido el Partido Comunista, al que hay que sacarle el sombrero: siendo un partido pequeño y recién llegado al conglomerado, marca la pauta de lo que hay que hacer. Debe provocar envidia en el Partido Radical, que lleva 25 años tratando de lograrlo. El PC amenaza veladamente con irse y todo impulso por alterar el rumbo se paraliza. Obviamente es una bravata, porque no se irá si le ha ido tan bien, pero son duchos en manejarla. Y se irá, no importa lo que le den, sólo cuando vea bajo riesgo su hegemonía en la calle.

Que el otro sector no salió bien parado y que el humo en realidad fue negro, queda reflejado con la embestida posterior de la dupla Burgos-Valdés para demostrar que la gradualidad será lo que se impone. Incluso consiguieron que la Presidenta realizara gestos de apoyo, pero existen demasiados precedentes que cada vez que los hace, al día siguiente ocurren al revés y todo queda en la más completa indefinición. Y a río revuelto, la moderación no es la que sale gananciosa.

El ministro Burgos dice que hay articulistas muy de izquierda que quieren que a ambos les vaya mal -quizás-, pero también los hay de derecha. Si acaso con esto último nos estuviere aludiendo -perdonando la pretensión-, le aclaramos que se equivoca: una cosa es lo que uno quiere, y otra lo que ve que puede suceder. Y también, que la culpa no es del mensajero.

El arte de la guerra,

por Eugenio Guzmán.

Los anuncios respecto de la reforma a la educación superior no han dejado contento a nadie. Puede que las propuestas provengan de personas bien intencionadas, pero con poco realismo, o de personas con fuertes convicciones ideológicas y, por lo mismo, voluntaristas, pero lo cierto es que suscitan todo tipo de ambigüedades.

Por lo pronto, cabe preguntarse por qué se mezclan materias tan diversas como la gratuidad y el gobierno corporativo de las universidades. ¿En qué sentido la gratuidad supone el cogobierno? Resulta difícil ver la conexión, o si ello ayuda a la calidad universitaria, más aún cuando las mejores universidades del mundo no se ajustan a este tipo de propuestas.

Esta iniciativa limita la autonomía universitaria y la competencia del sistema, por ejemplo, al imponer un mecanismo único de ingreso –con diversos instrumentos, pero diseñados centralmente– y la intervención directa de la gestión universitaria, incorporando nuevas reglas. La evidencia internacional muestra que tanto la autonomía como la competencia son las claves de la mejor productividad académica. Como ésta es muy difícil de observar por parte de los actores políticos y burocráticos del Estado, el control centralizado reduce la eficiencia.

La reforma tampoco resuelve los problemas de endeudamiento de las familias hoy, una de las principales demandas estudiantiles. ¿Qué sucederá cuando se den cuenta de que esto no les mejorará su situación? Bueno, lo que se aprecia con otras propuestas: frustración y desconfianza.

Por otro lado, ¿qué sucede con quienes han postulado y postularán al Crédito con Aval del Estado en los próximos años, antes que la gratuidad entre en vigencia? Aún no lo sabemos. De no ocurrir nada, ello detonará más desconfianza y una nueva profecía autocumplida: que en política todo es promesa y palabrería, cuando la correcta política es prudencia, liderazgo y manejo de expectativas.

Estas preguntas, y otras más, revelan una duda de fondo: ¿Es la reforma el resultado de un proceso reflexivo, que incorpora consideraciones de prudencia y realismo, o es más bien una estrategia que busca, en el mejor estilo del arte de la guerra, ciertos propósitos no declarados? También podría existir otra hipótesis: lo que se propone es ambiguo porque es el resultado negociado desde visiones ideológicas diversas.

La soledad y la Constitución,

por Sebastián Edwards.

El cónclave de la Nueva Mayoría no produjo nada nuevo. Mucho ruido y pocas nueces. Aunque la verdad es que ni siquiera hubo mucho ruido. Este llegó después, por medio de las redes sociales y las declaraciones de algunos dirigentes que ven su influencia amenazada y su proyecto político amenazado.

Los discursos y comentarios del cónclave estuvieron dentro de lo estrictamente predecible. La Presidenta reformó el proyecto de gratuidad, como todos lo habían anticipado. Esto, desde luego, no lo hace un mejor proyecto. Sigue siendo una mala iniciativa, que persigue un objetivo final cuestionable -universidad gratis para todos-, y que, además, tendrá efectos regresivos sobre la distribución del ingreso.

El anuncio sobre la reforma constitucional tampoco es una sorpresa. Todos los consultores habían expresado la urgente necesidad de clarificar la ruta constitucional, de despejar esas dudas que han enrarecido el aire y han afectado la inversión.

Pero el que no sea novedoso no significa que no sea importante. Desde luego que lo es. Mientras antes se sepa qué mecanismos serán utilizados para elaborar una nueva Constitución, mejor. Sin embargo, el hacer las cosas sin dilación no es lo mismo que improvisar. Es de esencia que los ministros y los líderes de la Nueva Mayoría se aboquen a este tema con seriedad y que lo estudien con profundidad. En materia constitucional no puede suceder lo que pasó con la reforma tributaria, donde la improvisación y la incompetencia produjeron un Frankenstein horroroso que habrá que cambiar incluso antes de que entre en vigencia.

Un asunto de espejos.

La Presidenta pidió a sus ministros que la ayuden a definir los mecanismos a través de los cuales se llegará a una nueva Constitución. Les dijo: discutan la forma, pero no el fondo.

El aspecto más polémico es si el nuevo texto se discutirá en el Congreso o en una asamblea constituyente. La verdad es que, en cierto modo y si las cosas se hacen de cierta manera, esto no tiene mayor importancia. Supongamos el siguiente ejercicio: en el año 2018 elegimos 155 diputados, con las nuevas reglas proporcionales que sustituyeron al sistema binominal. El mismo día, y sobre las bases de los mismos distritos, elegimos una asamblea constituyente (AC) de 155 miembros. Más aún, permitimos que una misma persona sea candidato tanto para la Cámara de Diputados como para la AC. El resultado más probable es que en este caso la constituyente sea un verdadero espejo de la Cámara de Diputados. Vale decir, sería (casi) lo mismo que la nueva Constitución fuera elaborada por un cuerpo o el otro.

En defensa de la soledad

Más de alguien podrá argumentar que los dos mecanismos “espejo” delineados más arriba son poco representativos de la comunidad y de la sociedad civil. No hay representantes directos de gremios, artistas, mujeres, artesanos, boy scouts, estudiantes, mineros, deportistas o de otras agrupaciones sociales.

Eso es verdad. Ambos mecanismos funcionan sobre la base de que cada individuo vale por sí mismo; cada persona un voto. Ambos son procedimientos de representación indirecta, que toman como base la geografía. Usted elige a un representante en la instancia constituyente de acuerdo al lugar donde reside y donde ejerce su derecho a voto para las elecciones habituales, parlamentarias o presidenciales.

Resulta que este es el sistema más democrático. De hecho, un mecanismo basado en votos de asociaciones sociales -estudiantes, mujeres, jubilados, pescadores y deportistas- es tremendamente injusto y antidemocrático, ya que les da más peso a algunas personas que a otras.

Supongamos los siguientes dos casos: por un lado, un ciudadano solitario y un tanto taciturno, que no pertenece a ningún grupo organizado; por el otro, una persona gregaria y sociable que participa en una infinidad de agrupaciones: es bombero voluntario, dirigente de su junta de vecinos, miembro de la agrupación “Amigos del Arte” y colaborador activo de grupos de protección medioambiental. ¿Hay alguna razón por la que el primer individuo, y por el solo hecho de ser solitario, tenga una voz más débil en el proceso constituyente? ¿Qué justificaría que el segundo pueda ejercer su derecho múltiples veces, al ser miembro de diversas organizaciones?

La respuesta es que lo único de verdad justo es que ambos tengan los mismos derechos y la misma influencia. El principio central es que el poder constituyente nace de las personas individuales y no de los grupos corporativos. En pocas palabras, es menester proteger a los solitarios.

Lo anterior no significa que las distintas agrupaciones no expresen su opinión, sus ansiedades y aspiraciones. Deben hacerlo, y es de esencia elaborar mecanismos que faciliten este proceso. Uno puede opinar a través de múltiples canales -reuniones vecinales, asambleas en el lugar de trabajo, redes sociales, interne-, pero el voto debe ser individual y sobre la base del único principio de verdad democrático: cada persona un voto, y sólo uno.

¿Y los empates?

Otra pregunta es qué hacer en caso de que los miembros de la instancia constituyente -ya sea el Congreso o una asamblea especialmente elegida para este efecto- empaten respecto de un aspecto particular de la nueva Carta Magna. De hecho, el problema es mucho más serio de lo que puede aparecer a primera vista, y no está circunscrito a los empates estrictos. También surge si hay mayorías estrechas y mezquinas.

Tomemos un ejemplo: 77 constituyentes quieren proteger y garantizar la más absoluta libertad de expresión, mientras que 77 quieren restringirla por medio de diversos mecanismos constitucionales, quizás similares a los impuestos en la Argentina o en la Bolivariana República de Venezuela. Un miembro no opina, por lo que hay igualdad de votos, un empate.

¿Qué hacer? Si se tratara de una reforma constitucional, la solución es obvia y fácil. Cuando no hay acuerdo sobre qué cambios incorporar a la Carta, se mantiene el texto antiguo. Pero esto no es tan automático en el caso de una nueva Constitución. Todo esto indica que antes de empezar el proceso es necesario definir qué hacer en casos como éstos, y en muchos otros donde la ausencia de reglas claras produciría una crisis política y social.

En todo esto, el punto esencial es que una nueva Constitución tiene que proteger a las minorías, garantizar los derechos de todos, generar armonía y estabilidad, y crear un sentido de propósito nacional. Una Constitución exitosa no puede ser impuesta por minorías circunstanciales.

Este es el momento de clarificar las cosas. El cónclave de la Nueva Mayoría no lo hizo, pero aún hay tiempo para hacerlo. Todo lo que se requiere es pensar claro, entender que “el orden de los factores sí altera el producto”, y que quien actúa con parsimonia y en forma gradual llega lejos. Los atolondrados se tropiezan, trastabillan y caen de bruces. Pierden apoyo y popularidad, y en el análisis final, nunca logran su objetivo.

Las FARC en Chile.

Una denuncia por infracción a la ley de control de armas, que implica a las FARC, han presentado nueve diputados de Renovación Nacional. La presentación se basa en intercambios de correos electrónicos, durante 2012, entre el máximo dirigente de esa organización narcoterrorista colombiana y su secretario. Según una de las comunicaciones, un chileno integrante del MIR ofrecía enviar a Colombia ocho toneladas de fusiles, que habrían estado encaletados en el norte de Chile. Los denunciantes piden, además, la citación de los diputados comunistas Guillermo Teillier y Lautaro Carmona y también del secretario general del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos. Todos ellos han reconocido permanente relación del Partido Comunista con la guerrilla colombiana, aunque limitada a una solidaridad ideológica, rechazando todo lazo operativo y la condición terrorista de esa organización. Días antes la ex candidata presidencial Evelyn Matthei anunció una querella en contra de la Presidenta de la República que, supuestamente, en su primer mandato habría recibido del Presidente de Colombia información sobre el estrecho vínculo entre las FARC, el Partido Comunista y grupos violentistas de La Araucanía. El vocero presidencial desmintió tajantemente que el Gobierno hubiese recibido esas informaciones. Además, aclaró que una investigación de la fiscalía sobre la materia concluyó que no había hechos que revistieran reproche judicial. Debe consignarse que las pruebas presentadas por Colombia -en un fallido proceso de extradición- fueron desestimadas por la justicia chilena atendiendo al hecho de haber sido obtenidas de manera ilegal en un operativo del ejército colombiano que invadió territorio ecuatoriano. Llama la atención la pasividad de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) frente a estas denuncias que pueden afectar la seguridad nacional.

Justificada es la preocupación por aclarar las vinculaciones de las FARC con grupos violentistas chilenos y la acogida que les podría brindar el Partido Comunista. Hay evidencia de capacitaciones a ciudadanos chilenos en Colombia, se han detectado indicios de procedimientos terroristas similares a los de los guerrilleros colombianos en La Araucanía, como son el incendio de camiones y buses, y también inquietan las posibles vinculaciones derivadas del narcotráfico. Asimismo, surge la interrogante de futuros eventuales ingresos de guerrilleros colombianos al territorio nacional por el desmembramiento de esa organización.

El conjunto de estas realidades, sumado a la violencia organizada en La Araucanía, aconsejan tanto una profunda investigación de la justicia y policías sobre los lazos y presencia de las FARC en Chile como, asimismo, la intensificación del control fronterizo.

Señales de alerta desde el Banco Central.

El Presidente del Banco Central ha anticipado que dicha institución pretende corregir a la baja su pronóstico de crecimiento para este año. Tal revisión sinceraría una debilidad económica evidente que, por ejemplo, se refleja en una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) al segundo trimestre de 2015, en relación a lo observado durante los primeros tres meses del año. La nueva proyección también validaría el diagnóstico del pasado IPOM de junio, donde se indicaba que elementos autónomos de confianza mantienen deprimidos la inversión y el PIB, por debajo de lo que parecería normal dadas las actuales condiciones económicas.

A esta altura, el peso de factores domésticos en el bajo desempeño económico, asociados a las políticas llevadas a cabo, es parte de un diagnóstico compartido no sólo por analistas locales sino también por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este, en su más reciente reporte sobre Chile, identificó como uno de los principales riesgos para la economía “la persistente debilidad de la confianza del sector privado y la inversión, en un contexto de incertidumbre sobre los programas de reforma estructural”.

En este escenario, y si, tal como como ha afirmado el presidente del Banco Central, un mayor impulso monetario es descartable debido a la preocupación inflacionaria, la atención debe centrarse en la capacidad del Ejecutivo para generar condiciones para recuperar tasas razonables de crecimiento. Las nuevas autoridades económicas han estado enfatizando las limitaciones de la política fiscal. Ello es acertado, pues el instrumental fiscal no va a tener efectividad en una  situación en que la caída de la demanda privada parece reflejar una suerte de adaptación más estructural del sector privado a un ambiente hostil a su desarrollo. Urge entonces atacar el problema de fondo, que es el sentido y calidad de las reformas, y que, por los antecedentes discutidos, parece corresponder a la única área susceptible de control y acción del gobierno.

 Las posibilidades de corrección están. Con una reforma tributaria generalizadamente calificada como un grave despropósito, y una reforma laboral en discusión de la que aún pueden dejarse fuera los elementos más negativos para el desarrollo de la empresa privada, hay campo propicio para reorientar lo que hasta ahora ha sido una gestión económica del gobierno deplorable. Es de esperar que la expectativa de corrección que representó el cambio de gabinete se refuerce ahora con un sentido de urgencia de los necesarios ajustes, para no profundizar el daño que está afectando a la economía y en consideración a los riesgos de deterioro económico adicional que derivan de la economía internacional. Porque, de nuevo a este respecto, el FMI y muchos analistas destacados coinciden en que la situación en China y la apreciación global del dólar representan hoy amenazas de dificultades mayores para los países emergentes y exportadores de materias primas. En el caso de Chile esas amenazas se ven amplificadas por estar nuestra economía inmersa en una región donde los grandes actores deben enfrentar también las consecuencias de desequilibrios macroeconómicos previos.

Exclusiones inexplicables en gratuidad.

Los sucesivos anuncios de gradualidad que ha hecho el Gobierno respecto de los alcances de la gratuidad en educación superior parecen responder al sentido de prudencia que el "realismo sin renuncia" presidencial ha querido imprimir en la aplicación de algunos aspectos de las reformas propuestas.

Sin embargo, los criterios para explicar la aplicación de la gratuidad han sido ampliamente debatidos. La decisión gubernamental de favorecer con este beneficio al 50 por ciento de los estudiantes en situación de vulnerabilidad que estudian en las universidades agrupadas en el Consejo de Rectores (CRUCh), además de aquellas privadas que cumplan ciertos requisitos aún no definidos claramente, y solo a las instituciones de formación técnico-profesional que estén acreditadas y que no persigan lucro -pese a que la actual normativa lo permite- ha generado una serie de inquietudes respecto de, en el caso de las universidades, cómo se verá afectada su autonomía institucional y, en el caso de la educación técnico-profesional, de qué manera asistir a la gran proporción de estudiantes en situación desmejorada que no podrán optar por un beneficio en que resultan discriminados.

En efecto, del universo de 500 mil alumnos que estudian en el sector de la educación técnica, menos del 10 por ciento podría acceder a la gratuidad, ya que solo siete de estas instituciones cumplen con los dos requisitos enunciados por la autoridad, dejando excluidas a algunas acreditadas y de gran calidad, de cobertura nacional, lo que implicará que habrá estudiantes que no tendrán acceso a la gratuidad en importantes zonas del país.

Los rectores de estas instituciones de educación superior -que agrupan a estudiantes en su mayoría de menor nivel socioeconómico, con menor visibilidad y capacidad de influencia que los universitarios, por tratarse en muchos casos de trabajadores que se capacitan luego de sus jornadas de trabajo- denuncian una discriminación arbitraria, pues en vez de aplicarse un criterio de calidad, se ha echado mano a un recurso que tiene visos de ser más bien de carácter ideológico.

Parece acertada la decisión de ampliar la puesta en marcha de la gratuidad -pese a que se ha advertido que su aplicación universal será regresiva-, pero inquietan los criterios de elegibilidad enunciados para acceder al beneficio, en los que no se observa que la calidad de las instituciones sea la variable preponderante, sino otras consideraciones que afectarán -especialmente en el caso de la formación técnico-profesional- a los estudiantes que más necesitan acceder a la educación superior como vía certera de mejores oportunidades.

Aborto y defensa de principios.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de ley que busca legalizar el aborto en tres situaciones, a lo cual votaron dos diputados democratacristianos. Queda así en evidencia la división interna y en duda la adhesión a los principios de humanismo cristiano que sustenta ese partido, como los lineamientos vigentes de su más reciente congreso ideológico. La aprobación fue prestada, según los diputados DC, porque estarían de acuerdo con las ideas matrices del proyecto, aunque no podrían transformarse en un “cheque en blanco” para el aborto, de modo que en el debate que viene se buscaría acotar su alcance.

El proyecto no está restringido, como se pretende, a esos tres casos excepcionales, porque son de redacción amplia y regulación ambigua. No se trata de una mera despenalizacións, en que el Estado renuncia a castigar una conducta ilícita, sino que legaliza una práctica que hoy es delito y la transforma en un derecho de la mujer, pudiendo incluso obligar a que el aborto sea practicado en ciertos casos por un médico que esgrima una objeción de conciencia.

Resulta poco entendible que existiendo objeciones de fondo a la idea matriz del proyecto, se haya aprobado  la idea de legislar, porque ella involucra necesariamente legitimar la interrupción de la vida de un ser humano que no ha nacido. Se ha argumentado que votar en contra de la idea de legislar equivaldría a oponerse a la discusión del tema, pero esta justificación llevaría a un trámite simbólico y sin sentido.

Cabe además preguntarse qué oportunidad tiene la estrategia de los diputados de la DC, pues cuando se aprueba la idea de legislar se avanza en la tramitación y entonces es más difícil detenerla si luego no se acogen los planteamientos que buscan moderación. En este sentido, basta mencionar que el gobierno lanzó un controvertido video que promueve el proyecto y que no considera en absoluto la visión de la DC. Si al final no hay cambios sustantivos, no sólo se habrán abandonado los principios sino que se estará frente a un fracaso político.

Primarias en Argentina.

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo en Argentina han centrado la disputa presidencial de octubre próximo en Daniel Scioli, del oficialista Frente para la Victoria; Mauricio Macri, del Frente Cambiemos, y Sergio Massa, del UNA, quienes han debido esperar hasta esta madrugada para conocer los resultados finales de un sistema electoral complejo, que la BBC no ha dudado en calificar como un verdadero quilombo.

Aunque la lluvia disminuyó la participación electoral, igual ésta rondó casi el 70 por ciento de los 32 millones de electores, que debieron elegir a sus preferencias para candidatos presidenciales, gobernadores provinciales, legisladores y alcaldes.

El resultado coloca al peronista Scioli en la mejor posición para llegar a la Casa Rosada, aunque no asegura que pueda ganar en la primera vuelta y es probable que deba esperar hasta noviembre. Allí, seguramente, se enfrentará con Macri, quien obtuvo también un buen resultado al derrotar a sus rivales internos. Un poco más atrás, el peronista opositor Massa, que bordeó el 15% de los votos, mantiene su entusiasmo y fuerza por competir, y podría convertirse en un árbitro decisivo para inclinar la balanza.

Como la nueva ley electoral exige un mínimo de 1,5% para postularse, solo media docena de los once candidatos iniciales quedó en condiciones de competir por la final. Un caso llamativo es el histórico Adolfo Rodríguez Saa, caudillo de San Luis. Aunque no tiene ninguna chance, el recuerdo de haber sido Presidente por dos días, en las convulsas horas que sucedieron a la caída de Fernando de la Rúa, y haber anunciado que Argentina no pagaría la deuda, ya le hicieron merecedor del párrafo para la historia.

En la contienda por la decisiva gobernación de Buenos Aires, la candidata de Macri, María Eugenia Vidal, obtuvo un resultado estimulante, pero deberá competir cuesta arriba con el peronista Aníbal Fernández, actual jefe de gabinete de Cristina Fernández y quien debió pelear, voto a voto, con el candidato amigo del Papa, el también peronista Julián Domínguez.

Los resultados han sido interpretados como un mentís a la polarización que muchos pronosticaron entre Scioli y Macri, y aunque el cierre del ciclo del matrimonio Kirchner Fernández, que ha gobernado a la Argentina por 12 años, está próximo, la presencia de Máximo Kirchner, quien se postulará a un escaño parlamentario por la provincia sureña de Santa Cruz, mantiene el legado que Cristina intenta preservar.