Las
marchas y contramarchas constantes del Gobierno de Michelle Bachelet
nos hablan de la
improvisación y falta de experiencia con que manejan los
asuntos
públicos, a la vez que avalan la mala evaluación ciudadana de esta
administración
que ha obtenido en el sondeo de Adimark la peor calificación
de
los últimos 100 años.
La
distinción amigo-enemigo,
por
Roberto Ampuero.
Después
del concepto Presidencial de "realismo sin renuncia", que
tolera diversas interpretaciones, uno sigue preguntándose cuál es
la auténtica Nueva Mayoría que nos Gobierna. ¿La intolerante que,
tras el triunfo, amenazó con usar retroexcavadoras, o la
conciliadora que hoy rescata, en forma retórica al menos, la
necesidad de lograr acuerdos que no sacrifiquen el programa? ¿Cuál
es en verdad la Nueva Mayoría? ¿Esa que, con la copa del triunfo
electoral en alto, anunció que barrería con las bases del modelo,
o esta que, afectada por los upper cuts de la economía y las
encuestas, extiende desde la lona su mano al adversario, pidiendo
parar el combate y dialogar?
Si
es la segunda, el país tal vez podrá respirar tranquilo en la
misma medida en que entre los jacobinos del conglomerado se
apoderará la sensación de haber sido defraudados. Si en cambio es
la primera, la coyuntura actual sería una táctica para controlar
daños, reordenar fuerzas y preparar una ofensiva que apacigüe a
los jacobinos. Llegan señales mixtas de La Moneda. No puede ser de
otro modo: las visiones antagónicas que palpitan en el oficialismo
impiden estibar la carga, por ello nuevos cónclaves serán
imprescindibles.
Para
entender el alma fracturada y el rumbo errático de la Nueva Mayoría
conviene echar una mirada a ciertos conceptos que inspiran a su ala
dura, que goza del poder de veto por estar en La Moneda y la
Alameda. Sugiero por ello leer a la politóloga belga Chantal
Mouffe, de gran influencia en la izquierda dura latinoamericana y
los movimientos Podemos, de España, y Syriza, de Grecia. En
especial recomiendo su libro "En torno a lo político", de
2007. Basándose allí en la distinción amigo-enemigo como
categoría crucial de lo político, elaboración del nazi y furioso
antiliberal Carl Schmitt, la intelectual posmarxista advierte que la
izquierda seguirá perdiendo identidad y convocatoria mientras
persista en su política de consensos. A su juicio, la izquierda
debe superar su complejo ante el conflicto político, y en lugar de
proponerse destruir la sociedad democrática y liberal, como en la
etapa marxista, debe conquistar desde dentro, en sentido gramsciano,
el Estado, para impulsar las transformaciones profundas.
En
su opinión, el avance del liberalismo en lo económico y político,
y el desplome del comunismo en 1989, facilitaron la hegemonía
liberal mundial, la extinción de los partidos comunistas y la
"capitulación" socialdemócrata. Mouffe cree que gran
parte de la izquierda se obnubiló con el pluralismo, abandonó la
lucha revolucionaria y aceptó el statu quo , convencida de que la
democracia se reduce a competir por un Estado que, ávido de
consensos, no tolera transformar las relaciones de poder. La belga
estima que la izquierda debe apartarse de la idea de la "clase
obrera" como la fuerza revolucionaria, y articular las demandas
de diversos "sujetos colectivos" (organizaciones sociales)
que no teman romper los consensos ni asumir el conflicto político
como algo normal en democracia.
Leyendo
a Mouffe, uno entiende que, por su secuela de derrotas, la izquierda
jacobina no puede seguir transando en la Nueva Mayoría: el fracaso
de la UP y, en los ochenta, de la "rebelión popular"
contra Pinochet, el fin del comunismo, el eclecticismo de China y
Vietnam, el fracaso bolivariano, y el viraje de Cuba constituyen
derrotas delicadas. Pese a su retórica agresiva, la izquierda dura
está debilitada por los golpes. Hoy despliega una crítica feroz al
"modelo liberal", pero es incapaz de postular algo propio
y viable. Si se doblega ahora ante la moderación
"concertacionista", perdería lo único que justifica su
existencia e identidad.
Los
textos de Mouffe permiten entender las fuerzas centrípetas que
tensan a la Nueva Mayoría, y suponer que, tras la notable tarea
democratizadora cumplida por la Concertación, para la Nueva Mayoría
ya escasean -más allá del apego al poder- misiones de largo plazo
que sus integrantes puedan emprender en forma armónica y
consensuada.
De
delantales, médicos y revoluciones,
por
Fernando Villegas.
La
aparición pública de Su Excelencia usando un delantal blanco
-esperamos ver pronto un estetoscopio colgando de su cuello- cada vez
que las circunstancias recomiendan lucir el atuendo de un médico de
consultorio en vez de la sobria tenida de Presidente de la República,
a lo cual se suma su famoso dicho de que hacer tal cosa es “grito y
plata”, no es una muestra aislada de equilibrismo político
lindando con la comedia y quizás hasta con el delirio, otro salto de
la coalición y su timonel a los equívocos parajes de la fantasía
como remedo y sustituto de la realidad, sino parte integral de la ya
muy sobajeada táctica de gestión de crisis con insólitas
presentaciones de la Mandatario y también de planeación
propagandística en gran escala. Es, el comunicacional, el ámbito
donde el Gobierno apuesta más fichas sin importarle que su valor
asemeja el de los billetes del “Metrópolis”. Nada más normal:
el hábitat de las izquierdas es siempre un paisaje verboso y
engañoso donde suelen moverse con excelencia. Pero atención:
el rostro impenetrable con que se hace uso de esos recursos
histriónicos para re-encantar a las multitudes no es sólo para
ganar alguna próxima elección, sino para mantener los
prerrequisitos políticos y emocionales de una revolución. Es en lo
que la Presidente y la mitad de la NM están embarcadas.
Revolución
es la palabra. REVOLUCION, no “retroexcavadora”. No porque no
haya ni guillotinas ni pobladores asaltando una Bastilla deja de
serlo.
Revolución es exacta y simplemente esto que tenemos entre manos, un
proceso político de gran ambición teórica e infinita indefinición
práctica, siempre traumático, iniciado y desarrollado por un grupo
de iluminados -de hecho, enceguecidos- con una Gran Revelación de
cambio institucional al que consideran TAN necesario, TAN bueno y TAN
irrebatible que por imponerlo están dispuestos a todo. Esa ceguera
al principio arrogante y muy pronto violenta aparece con mecánica y
fastidiosa reiteración en cada proceso similar estudiado por la
historia. También es parte de él que algunos revolucionarios
nieguen serlo, a veces por puro cinismo, en otras por pura necedad.
Estos últimos creen que están embarcados sólo en un campaña de
reformas para implementar simples ajustes, en nuestro caso ajustes al
estándar de la Ocde, al siglo XXI o a la “madurez” de las
actuales generaciones.
Esta
revolución cuenta con los auspicios del Gobierno y la NM, pero
además del apoyo a regañadientes -porque desean ir aun más lejos-
de las variopintas hordas de jóvenes indignados y/o furiosos que
copan calles, asambleas y paraninfos, de feligresías partidistas
ávidas de comer de la mano del Estado, de los ancianos de la vieja
izquierda que entraron de lleno en su segunda infancia política,
feministas del apocalipsis, “alternativos” varios y electorados
duros a los que se pinta como encarnaciones de un mítico “mandato
ciudadano”. Es gente que no está en lo suyo simplemente por apoyar
un Gobierno de “reformas”.
Gramsci
Redux.
En
efecto, mientras los anestesistas de la coalición se empeñan en
tranquilizar a la ciudadanía diciendo que no es para tanto y sus
curanderos en el Gabinete tratan de disminuir el tranco, los
activistas se apoderan gradualmente de los espacios donde hay o puede
crearse poder. Ya se enteraron que lo del asalto al Cuartel Moncada o
ganar una elección a lo Allende es insuficiente. Se han puesto más
sofisticados y releído a Gramsci. Comprendieron que una sociedad no
cambia con un golpe de mano sino mediante una transformación masiva
-o siquiera decisiva- de actitudes y pensamientos, de valores y
estados de ánimo, de creencias y apetencias. Saben que no se trata
sólo de cambiar de Gobierno, sino de implantar un nuevo discurso
político, cultural, sexual y étnicamente correcto. Y saben que para
eso no basta con predicarlo sino deben imponerlo como hizo la
cristiandad con el Evangelio, mostrando por un lado la conveniencia
del bautizo y por el otro la inconveniencia a palos de no hacerlo;
para eso están los muchos y activos monaguillos con que cuentan en
los medios de comunicación, los incentivos de las agencias
Gubernamentales manejando el “gasto social”, la presión
verborrágica y delirante derramada a borbotones en las redes
sociales, la violencia en los espacios públicos y la actividad de
grupos organizados haciéndose presentes en toda ocasión de
“participación democrática”. Cuentan sobre todo con el miedo
del ciudadano común deseando no ser tildado de reaccionario o hasta
fascista, con la colaboración de los oportunistas y con esa
pasividad fatal de las “mayorías silenciosas”, precondición de
todo emprendimiento de esta naturaleza porque además de silenciosas
son timoratas, meras manadas listas para el matadero o la esquila.
Doble-hablar.
En
el libro 1984 de Orwell, distopia inspirada por el paraíso
comunista, se describe una asfixiante dictadura totalitaria cuyo
lenguaje oficial es regulado por los misterios y protocolos del
“doble-hablar”. Como sucedía en la URSS, donde una palabra ajena
al dogma podía significar un tiro en la nuca o una temporada de 20
años en el Gulag, cada vocablo del mundo de 1984 significaba lo que
fuera el decreto de esa semana de los Líderes Bienamados. Todo, en
1984, es eufemismo, hipocresía, “dialéctica”; el Ministerio de
la Guerra se llama Ministerio de la Paz y dos más dos pueden ser
cinco si así lo determina el último congreso del partido. Orwell
apenas exageró; recuérdese que en la URSS de Stalin se rechazaban
las teorías científicas creadas por cientistas burgueses. Pasó con
la genética.
¿No
tenemos en Chile una versión apequenada del doble-hablar?
Véase el caso de las llamadas “asambleas ciudadanas” donde en
realidad impera la voluntad de una banda organizada de activistas.
Véase en qué consisten los eventos de “participación
democrática”, arreglados de antemano por los organizadores. O las
tomas escolares protagonizadas por 20 individuos que responden
presuntamente a “la voluntad del estudiantado”. O las votaciones
libradas a gritos entre una docena de dirigentes, pero que se hacen
equivaler al “voto de las bases”. Hace rato ya que los sufragios
del 25% del electorado fueron igualados a un “mandato popular” y
al “pueblo soberano”, identidad espuria que es el fundamento y
legitimidad de la NM. Y no olvidemos la agenda programática y
Constitucional de una confusa y desintegrada coalición, pero
empeñada en asociarla con “lo que pide la gente”. Doble-hablar…
Interfaces.
No
se crea que estas virtualidades semánticas y gestuales se mantienen
para siempre flotando en un mundo espectral; al contrario, se
deslizan desde la realidad a la fantasía y viceversa con la
facilidad con que cambian de dimensiones las entidades malignas del
cine de terror. No por nada los tropicales y cariñosos “Desayunos
con el Presidente” de Chávez se traducían en un dos por tres en
matones callejeros apaleando y hasta matando a manifestantes de
oposición. Regímenes dados a sustituir su fracaso en la realidad
con la fantasía onírica de la propaganda, ofrecen, entre otras
curiosidades, precisamente la de que si bien pierden contacto con el
mundo tangible y lo confunden con sus sueños, al mismo tiempo y en
compensación desarrollan una capacidad sonambúlica para cruzar las
fronteras de ambos.
Lo
estamos viendo. Iniciativas reales para reparar los desaguisados son
sustituidas por eslóganes, las rectificaciones urgentes por los
anuncios, los actos de Gobierno por simpáticas chapitas; al mismo
tiempo esa crema pastelera de engañifas mediáticas es acompañada
por acciones o inacciones reales en el espacio público, medidas
administrativas y/o políticas contra quienes no se alinean,
acorralamientos en la calle, amenazas surtidas y frenesíes
descerebrados en las redes sociales, presiones Judiciales,
Legislaciones al vapor, listas de enemigos públicos, piquetes de
activistas, funas a la orden, sumarios a policías, degradaciones
funcionarias y organizaciones paralelas funcionando dentro de la
misma Moneda.
El
minimalismo de Burgos,
por
Luis Cordero Vega.
La
semana pasada, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, expuso su
opinión sobre la nueva Constitución, indicando el rol que ésta
debe cumplir y el mérito que le otorga a la de 1980. Su intervención
estuvo marcada por dos ideas centrales: la primera, que la
Constitución debe servir esencialmente para la arquitectura del
poder, y la segunda, que ésta no puede ser utilizada para la
realización de un programa político, lo que algunos pueden
interpretar como una cierta limitación al reconocimiento de derechos
sociales. En su opinión, éstos dependen más de la Legislación que
de la Carta Fundamental.
La
tesis de Burgos es lo que se denomina minimalismo Constitucional, que
en términos sencillos se traduce en promover una Constitución con
reglas simples para la organización del Estado y algunos derechos
básicos, dejando los demás asuntos en manos de la deliberación
democrática del Congreso. Pero esta pretensión olvida una cuestión
básica. Las Constituciones son arreglos institucionales del Estado y
de éste con los ciudadanos, que dan origen a incentivos para la
adopción de decisiones públicas custodiadas por los Jueces. Es por
esto que sus reglas no pueden tener pretensión de neutralidad.
Esto
es básico en materia de derechos. Uno de los principales temores de
la actual discusión Constitucional está vinculado al reconocimiento
de los derechos sociales, dado que, para algunos, estos constituyen
aspiraciones políticas que dependen de fondos públicos. Esa idea
encierra un profundo error, porque todos los derechos cuestan dinero,
incluso los de simple libertad. El debate realmente importante en
materia de derechos sociales es el rol que cumplen en el diseño de
políticas públicas, como garantías de umbrales de dignidad para
satisfacer aquellas obligaciones que no estamos voluntariamente
dispuestos a cumplir frente a terceros. Es una explicación que va
más allá de satisfacer obligaciones morales, y en la cual los
Jueces cumplen un rol esencial.
Muchos
pasan por alto —como dice Beck— que si la Constitución es la
carta de triunfo de la política, los Jueces deciden lo que la
Constitución significa y, por lo tanto, la extensión de los
derechos, algo que forma parte también de la arquitectura
institucional, pero que genera una inevitable tensión entre derechos
y democracia mayoritaria.
El
minimalismo Constitucional de Burgos es correcto, pero puede encerrar
el peligro de negar el rol que cumplen los derechos sociales en las
sociedades democráticas, bajo la idea de que responden a un programa
político, desconociendo el modo en que se ha logrado su garantía y
el rol que juegan los Jueces como parte de la arquitectura del poder.
Que
haya castigo,
por
Axel Buchheister.
Durante
una manifestación de trabajadores en el mineral de El Salvador, hubo
un muerto y un herido a bala. Todos coinciden en que los autores de
los disparos fueron Carabineros. Los dirigentes laborales y voces de
izquierda exigieron inmediata condena, política y Judicial, y
castigo a los responsables, que por cierto serían quienes percutaron
las balas y todos los que están en la cadena de mando hacia arriba.
Estamos
de acuerdo,
los hechos no pueden quedar sin castigo. El punto es quiénes son los
responsables y de qué. Porque la izquierda, maestra comunicacional,
ha logrado instalar una verdad sin contrapeso: la protesta social
justifica todo y los desórdenes públicos son un derecho. Y los
encargados de reprimirlos, la policía, son los culpables de lo que
suceda. Tesis a la que suman los Gobiernos, haciéndose los
desentendidos que ellos son los que envían a la policía a cumplir
tan ingrata función. Y si bien a la ultraizquierda le entusiasma que
las responsabilidades lleguen a las autoridades civiles, éstas han
sido peritas en dejarlas cómodamente a nivel de Carabineros.
Pues
bien, la Ley -que se supone es la regla que nos rige, no las
directivas de la izquierda- no dice eso, ya que prohíbe la
paralización de actividades laborales fuera del proceso de
negociación colectiva formal, impedir a los ciudadanos realizar sus
actividades normales y las tomas de caminos y espacios públicos,
como también la destrucción de la propiedad pública y privada.
En
particular, tampoco permite que se atente en contra de la vida ni la
integridad física de los Carabineros. Porque en este caso existe
otra versión: los efectivos policiales acusan que los persiguieron
con -al menos- un enorme cargador frontal (tanto, que tenía hasta
vidrios blindados) para arrollarlos, y en defensa de su integridad
dispararon al conductor para que cesara el ataque, lo que produjo
rebotes que provocaron el lamentable desenlace en terceros que
estaban cerca, pero que eran parte de los disturbios.
Ni
usted ni yo sabemos a ciencia cierta si es efectiva esa versión (era
de noche y fue una situación confusa), pero debe ser investigada con
igual celo por el Ministerio Público como la que dan los
“trabajadores” (como si los Carabineros no lo fueran). Pero hay
dos antecedentes que la hacen plausible: una grabación de video a la
distancia que lo demostraría y el simple argumento lógico que los
Carabineros saben que siempre se les echa la culpa, así es que si se
animaron a usar sus armas de fuego, tienen que haber estado bien
asustados. Y de ser efectiva, no sólo los policías están
exculpados, sino que ahí hubo un delito de homicidio frustrado en la
persona de éstos, que debe ser investigado y sancionado. También
debe establecerse de dónde salió la maquinaria, porque puede haber
sido sustraída -otro delito- o entregada voluntariamente, lo que
pudiera constituir complicidad.
Se
supone que el Ministerio Público es autónomo e imparcial, y que
investiga a los que cometen delitos, no importa quiénes sean. Y que
tiene la obligación de dar garantías a todos, sean “trabajadores”
o Carabineros. Veamos.
El
fascismo oculto de Gabriel Boric
por
Francisco Belmar Orrego.
Gabriel
Boric ha hecho evidente algo que algunos ya sospechábamos. Le
bastaron dos años en la Cámara para ser un burgués con todas sus
letras. No porque gane dinero o porque use trajes caros. Eso es
completamente irrelevante. Lo que nos habla de su aburguesamiento es
que, al contrario de lo que muchos piensan, le ha dado la espalda a
la protesta.
Tras
los dichos de Fernando Villegas en Tolerancia Cero, una escasamente
visitada librería de Ñuñoa decidió devolver a editorial toda la
obra del panelista. La reacción fue de película. Boric y otros
personajes de relevancia, en un gesto voltaireano, levantaron la voz
y criticaron la medida. Incluso, el dueño de la franquicia salió al
paso para aclarar que no era su librería la que había hecho el
anuncio. “Censura” fue lo más suave que gritaron y “facho”
el calificativo menos duro que usó el Diputado.
Resulta
paradójico que alguien que le debe su cargo a las movilizaciones
estudiantiles critique un acto de protesta. Sobre todo considerando
que solo el librero tendrá que asumir las consecuencias. No habrá
autos quemados ni jóvenes golpeados y detenidos. Solo un comerciante
que se arriesgará –por una convicción moral- a perder clientes.
Eso no es censura en ninguna parte, sino un legítimo acto de
rebeldía. Quizás debiéramos recordar que, tal como decía Murray
Rothbard, sólo en una economía libre el boicot es posible como
protesta pacífica.
Disfrazados
de pura corrección política, los comentarios de Boric solo tienen
sentido en un aspecto: la demonización del individuo. Si es así,
entonces lo fascista en la determinación del librero es haber
cometido un acto de desobediencia individual. Por esto, solo sería
legítima la queja cuando el individuo se funde en la masa o en el
movimiento social.
Las
preguntas que resultan de esto son interesantes. ¿Sería fascista
que Boric decidiera protestar no comprando en esa librería? ¿Sería
fascista realizar una huelga de hambre? E incluso ¿No sería “muy
facho” llegar al Congreso a costa de un movimiento social? Quizás,
como él puede aventurarse a juzgar las objeciones de conciencia,
otros podamos aventurarnos a sospechar de su afán voluntarista.
Quizás anhela, quién sabe, decirle a las librerías qué deben
vender y qué no.
Ahogados
en un vaso de agua,
por
Héctor Soto.
La
experiencia de ahogarnos en un vaso de agua es rara y muy chilena.
Teníamos todo a nuestro favor para perseverar en el camino que en
las últimas tres décadas abrió horizontes a nuestra economía y
entregó mayor densidad a la sociedad. Pero algo ocurrió en nuestro
imaginario político que terminamos por desertar. ¿Las razones?
Muchas: que el desarrollo no era inclusivo; que el mejoramiento de
los indicadores de igualdad era muy lento; que en la base de la
sociedad se estaban incubando sentimientos profundos de malestar; que
el modelo tenía un pecado de origen; que el sistema estaba capturado
por los poderosos… y toda la agenda que impuso la conciencia
autoflagelante de la antigua Concertación unida al ethos
refundacional de la Nueva Mayoría. En consecuencia, era el momento
de pasar a otro ciclo político, para darle al Estado mayor
protagonismo, abrir la puerta a los derechos sociales y refundar
desde fojas cero nuestra institucionalidad.
En
esas tres tareas simultáneas estuvimos casi todo el año pasado y lo
que va corrido del actual. Fue la gran fiesta refundacional y el
sueño del pibe de la izquierda dura. El resultado ha sido un
desastre. El país se frenó, las expectativas se fueron al suelo, la
desconfianza se disparó y el único liderazgo político potente que
existía -el de Bachelet- comenzó a desgastarse a mediados del 2014
por los errores de su Gobierno y en el verano simplemente se
pulverizó, a raíz del dudoso negociado vía tráfico de influencias
que afectó a su familia.
El
balance del nuevo ciclo político hasta ahora es de terror.
Políticamente, la Presidente, que hasta ese momento era
incombustible, se descapitalizó por completo. Chile, que en el tramo
final del siglo XX pareció haber vencido la maldición del
desarrollo mediocre que lo atrapó durante más 50 años, volvió a
sus antiguos estándares de frustración, con tasas de expansión del
PIB en torno a un mísero 2%. En términos de cohesión social, en
los tres últimos años el país ha destruido más confianza en las
instituciones de la que pudo construir en 20, y si bien el alza de la
conflictividad social parece circunscrita a sectores como los
estudiantes, los profesores o los trabajadores del sector público,
lo cierto es que el instrumento de la violencia se ha estado
extendiendo como gangrena entre tomas, manifestaciones y protestas.
En un contexto de notorio desborde policial, gran inoperancia
Gubernativa, completa indolencia Judicial y una buena dosis de
complicidad mediática.
Ayer
el Gobierno se reunió con su coalición para consensuar de qué
modo podrían continuar este nuevo ciclo político. La gran mayoría
sabe que de persistir en el mismo rumbo esto va al descalabro. Todos
reconocen que alguna rectificación hay que hacer. El tema es cuánta
y en qué dirección. Para eso es el cónclave. Para revisar ese
inventario de ideas apolilladas que es el programa, limarle un poco
los dientes y fijar la hoja de ruta de lo que la Presidente llama el
segundo tiempo de su administración.
El
margen de acción del Gobierno en este cónclave es limitado. Podrá
moverse sólo entre lo que el realismo impone -tal es el piso- y lo
que en el techo la Nueva Mayoría pueda tolerar sin antes
desintegrarse. La fórmula, por lo mismo, es ni tanto ni tan poco. El
riesgo es que en este tira y afloja el Gobierno empiece a cavar su
propia tumba, porque, como se ha visto en las últimas semanas, el
país no está para medias tintas. Como en los Evangelios, aquí el
que no recoge, simplemente desparrama.
Es
una ventaja para el oficialismo que el encuentro se produzca en
momentos en que las viejas heridas en materia de derechos humanos han
vuelto a la palestra. Pocos asuntos unen más a la coalición que
este, y en momentos en que la Nueva Mayoría tiene dificultades para
concordar una mirada de futuro, no es tan malo saber que el pasado sí
los une.
Si
el cónclave es un poco traumático para la Nueva Mayoría es porque
recortará buena parte de la épica refundacional del programa. Y si
nadie quedará muy contento es porque no está previsto evaluar con
rigor el verdadero estado de pérdidas y ganancias con que terminó
el primer tiempo tanto para el Gobierno como para el país. Como
cuesta mucho admitir errores, los asistentes se saltarán ese
ejercicio y harán lo que ya ha hecho la Presidente: hacerse la
desentendida, decir que cambió el escenario, que ahora la plata no
alcanza para todo y que hay que priorizar. Muy matapasiones, por
cierto. Al Gobierno le quedan 33 largos meses por delante, pero para
efectos prácticos ya terminó.
Lo
que se discutió en el conclave no es cómo Chile pueda volver a ser
el país que fue, sino, más bien, cómo podría acostumbrarse a
vivir con un cepo en el cuello de menor tamaño que el que le
pusieron en marzo del año pasado.
Ya
que con ése no se podía mover, a ver si con este otro al menos
puede caminar.
Opiniones
sobre las Leyes laborales.
El
Presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, hizo un duro
diagnóstico del marco laboral que rige en Chile en medio del
seminario "Los derechos fundamentales y la Eficacia Directa en
el derecho laboral nacional: la experiencia italiana y chilena",
organizado por el máximo Tribunal del país.
En
su intervención -sobre la evolución histórica del derecho laboral
en Chile-, el Magistrado aludió a que el actual sistema tiene su
origen en la política reformadora de la institucionalidad del
trabajo implementada en el régimen militar, señalando que "el
debate de estos meses tiene su origen y explicación en las medidas
de corte neoliberal que entraron a regir 35 años atrás", y que
el gran desafío del Legislador y de la sociedad chilena es borrar
las asimetrías que existirían en el derecho colectivo del trabajo
en el país.
Como
ejemplo de lo que a su juicio es la precariedad laboral actual, el
Magistrado señaló que "a pesar de ser la huelga un derecho
fundamental reconocido Constitucionalmente, la regulación chilena
limita su ejercicio solo al proceso de negociación colectiva
reglado; permite, además, el reemplazo de trabajadores en huelga y
favorece la desvinculación individual de estos".
Extrañamente,
lo que aparece como una suerte de denuncia es la realidad de muchas
naciones con amplias credenciales democráticas, como son la mayor
parte de los países de la OCDE.
Pero
en un aspecto más de fondo, cabe preguntarse sobre los alcances de
una definición de esa naturaleza por parte del Presidente de la
Corte Suprema. Sin duda, sus palabras no representan necesariamente
el pensamiento de la totalidad de ese Tribunal, y más bien deben ser
analizadas como una intervención a título personal en el contexto
de una actividad de tipo académico. Consultado por las reacciones
que despertó esta ponencia, el Ministro de la Corte Lamberto
Cisternas ratificó el carácter personal de las expresiones del
Ministro Muñoz. Con todo, sus palabras, de evidente contenido
político en un tema de alta sensibilidad contingente, suscitaron una
comprensible polémica cuyos beneficios para la independencia del
Poder Judicial son dudosos.
Distinto
es el caso de la opinión que puede tener y expresar el Presidente de
la Corte Suprema respecto a las dudas y dificultades que encuentran
los Tribunales superiores de Justicia en la interpretación y
aplicación de la Legislación laboral -o cualquier otra-, pero esa
no parece ser la situación. Los dichos del Presidente de la Corte
tampoco fueron una opinión respecto a cómo la marcha política del
país está afectando la labor de la Justicia chilena, cuyo lugar
natural por lo demás ha sido tradicionalmente el discurso en la
inauguración del año Judicial.
En
momentos de crispación nacional y controversia política, las
máximas autoridades institucionales deben redoblar los esfuerzos por
evitar levantar polémicas en ámbitos que no parecen inherentes a
sus responsabilidades públicas. Es primordial cautelar el valor y
ascendiente de sus investiduras para las relevantes definiciones que
por su propia naturaleza les corresponderá abordar, aunque ello
pueda significar relegar por momentos la manifestación pública de
legítimas apreciaciones y aspiraciones de valoración personal.
Tensión
en el PC.
El
desarrollo de las tensiones dentro de la Nueva Mayoría mientras se
lleve a cabo el cónclave será un buen indicativo de cómo seguirá
la marcha del Gobierno en los meses venideros.
Los
ánimos decisivos que por estos días ha enfrentado el Partido
Comunista indican que el sector más duro ha analizado la
eventualidad de abandonar el Gobierno, aunque sigue siendo amplio
dentro del partido el segmento que siente que, después de 41 años
de haber llegado a conformar el actual Gobierno, es una etapa que no
debe dejarse atrás tan fácilmente. Se resguarda la decisión a la
Comisión Política, una vez resuelto el cónclave, que según el
jefe de la bancada PC será la instancia en que se jugará el futuro
de la Nueva Mayoría.
La
decisión dependerá también de si se ha debilitado la directiva del
Diputado Teillier o si acaso es la vieja táctica del PC que tiene
como antecedente histórico el Gobierno de González Videla, en
momentos en que el partido se encontraba dentro del Gobierno radical,
y sin embargo apoyaba las violentas huelgas que lo pusieron en la
encrucijada.
Eran
otros tiempos aquellos en los que el imperio soviético dominaba
victorioso luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero perdieron la
Guerra Fría, y hace décadas se viven otros tiempos políticos,
donde el comunismo tiene poca cabida. Cabe mencionar que el Partido
Comunista chileno es de los pocos en el mundo que sobreviven, por lo
que es un hecho meritorio que además éste posea cupos
Parlamentarios. Es por esto que muchos en el partido preferirán
quedarse dentro del alero paternalista de la Nueva Mayoría.
Habrá
que ver cuánto está dispuesta a ceder la Presidente, quien desde
comienzos de su Gobierno ha intentado demostrar su poder y no
aparecer pauteada por las decisiones de los partidos ante la opinión
pública. Lo vimos con el último cambio de Gabinete, anunciado de
forma intempestiva en un programa de televisión. Es por esto que
deben establecerse consensos en los que el PC pueda ver fines comunes
con la Nueva Mayoría.
Discrecionalidad
Estatal y derechos de los ciudadanos.
La
historia reciente de Chile se ha preciado de tener entre sus activos
el que existe un Estado de Derecho y que la Ley establece un marco de
actuación para las autoridades. Sin embargo, la realidad actual
dista mucho de ese ideal y hoy es posible apreciar en varios campos
de la vida nacional que los ciudadanos están expuestos a excesivos
grados de discrecionalidad Gubernamental, en términos que ella puede
afectar sus derechos en forma arbitraria y sin que exista protección
que lo ampare.
Es
probable que esto sea resultado de una exageración interesada de los
casos de abusos o infracciones cometidos por empresas o personas -de
parte de quienes por consideraciones ideológicas o de poder
pretenden darle un rol omnipresente al Estado -, lo que dio pábulo a
que en diversas decisiones del Poder Ejecutivo, Judicial y,
especialmente Legislativo, se hayan consagrado Legalmente facultades
demasiado amplias bajo el supuesto argumento que debe “fortalecerse
el rol fiscalizador del Estado”. Lo cierto es que en las sociedades
democráticas al evaluar esas facultades también se tiene presente
el interés de proteger al ciudadano frente a la discrecionalidad y
abuso del poder Estatal, cualquiera sea el sector político que le
corresponda detentarlo.
Un
ejemplo claro de esto es lo que ha ocurrido en materia tributaria,
porque hasta antes de las denuncias de aportes ilegales a las
campañas existía la convicción social de que el Servicio de
Impuestos Internos (SII) actuaba en forma totalmente independiente
del poder político; que el ejercicio de la acción penal era la
última herramienta para el caso que no fuera posible cobrar los
tributos por la vía administrativa; y que la Fiscalía debía actuar
frente a todos los casos conforme a criterios conocidos y
equitativos.
Sin
embargo, en el tiempo reciente un ex Director del SII ha declarado la
existencia de presiones desde el Poder Ejecutivo que de ser ciertas
afectarían la independencia del ente recaudador –inexplicablemente
no investigadas por la Cámara de Diputados, una de cuyas
atribuciones es fiscalizar los actos del Gobierno. Siempre se señaló
que se daban amplísimas facultades al SII –incluyendo acceso a
toda la información y facultades intrusivas- bajo el entendido de su
independencia del poder político, garantía hoy enteramente en
cuestión.
El
sistema Judicial tampoco ha exhibido consistencia en los criterios
aplicados en estas causas, dando por ejemplo amplia publicidad a
algunas diligencias y absoluta discreción a otras, o priorizando
unas causas frente a otras de características casi idénticas.
Lo
que aquí se señala respecto del ámbito tributario hoy es posible
de apreciar también en otras áreas de la acción Estatal, como
ocurre por ejemplo en materia ambiental, en la regulación de la
salud privada o en otros sectores regulados y fiscalizados por entes
públicos, o cuando el Estado deliberadamente deja de hacer cumplir
el Estado de Derecho, como ocurre en La Araucanía. Si la política
en Chile aspira a ser de calidad, no sólo debe preocuparse de darle
más poder al Estado, sino también de generar controles que impidan
que éste se ejerza en forma arbitraria.
La
creciente discrecionalidad es, en buena medida, consecuencia de no
ajustarse a la imparcialidad que demanda la Ley. Ella debe hacerse
respetar siempre, incluso en aquellos casos en que lo que dicta la
Legislación no coincida con una determinada expectativa que tenga la
sociedad. Si es el caso, es legítimo que se busque perfeccionar o
modificar dicha Ley, pero lo que no cabe es cuestionar o criminalizar
una actuación que se ha ajustado a lo que ella establece. La
autoridad debe dar en este “segundo tiempo” claras señales de
que se buscará rectificar este camino.
Farmacias
de barrio.
Mediante
una modificación Legal, el Ministerio de Salud busca que se
autorice a la Central Nacional de Abastecimientos (Cenabast) a
comprar medicamentos a los laboratorios y distribuirlos entre
farmacias independientes de barrio, con los importantes descuentos a
los que se accede en las adquisiciones de altos volúmenes. Estas
rebajas -que pueden alcanzar hasta un 30% en algunos casos- serían
habituales para las grandes cadenas, pero impensables para pequeños
establecimientos. Esa iniciativa permitiría a las farmacias de
barrio rebajar sus costos y vender esos remedios con precios más
bajos y cercanos a los de las grandes cadenas de farmacias. En
rigor, esta situación podría detectarse en muchos ámbitos, desde
la distribución de alimentos a la ropa y electrodomésticos, y es
propia del funcionamiento de una economía libre.
Con
todo, el tema interesa a las autoridades de salud por las
características sociales de los sectores atendidos por las
farmacias de barrio. Aunque esos locales representan del orden del
50% de los establecimientos farmacéuticos, solo venden cerca del
10% de los remedios que se comercializan en el país, pero suelen
ubicarse en sectores con poblaciones más vulnerables y/o alejados
de los grandes centros urbanos, incluso en Comunas en que no están
presentes las modernas cadenas farmacéuticas. Así, preocupa al
Ministerio que esas personas se vean expuestas a pagar precios más
altos por muchos de sus medicamentos.
Para
resguardar el objetivo de rebajar los precios finales, la propuesta
contempla limitar los márgenes de utilidad que puedan hacer las
farmacias de barrio en la venta de los medicamentos adquiridos por
esa vía a un monto entre 5% y 10%. Previsiblemente, ese aspecto es
rechazado por la Asociación de Farmacias Independientes, que
propone que, en su lugar, "se fije una banda de precios para
toda la industria".
No
es claro el desenlace que tendrá esta propuesta, pero la situación
parece reproducir las dificultades del diseño de subsidios a la
oferta de bienes y servicios, en vez de orientar esas ayudas a las
personas que requieren un apoyo social en esa dimensión. Los
efectos colaterales y las distorsiones que generan estas
intervenciones Estatales, independientemente de las intenciones que
las animan, suelen subestimarse y no se resuelven necesariamente con
un entendimiento entre las autoridades y el gremio de las farmacias
de barrio.
Exigencias
en transparencia.
Las
irregularidades conocidas el último tiempo sobre el financiamiento
de la política, han reactivado la discusión sobre probidad y
transparencia en el sector público. Hay una serie de iniciativas
que se discuten en el Congreso, que apuntan a corregir vacíos u
omisiones o introducir nuevas exigencias en cuanto a declaración de
patrimonio e intereses.
Uno
de ellos es el proyecto de Ley de probidad en la función pública,
el cual fue ingresado a tramitación en 2011 y al que el Gobierno ha
colocado urgencia. Su tramitación ha sido compleja, y actualmente
se discute en comisión mixta. El análisis de algunos de sus
contenidos despierta dudas de que se logre el objetivo de tener una
Ley que conjugue apropiadamente la necesidad de tener más
transparencia en el actuar público versus el debido resguardo de
información personal. Por ejemplo, en materia de declaración de
interese se busca extenderla a todo cónyuge con independencia del
régimen patrimonial, incluso si aquel no tiene ningún vínculo con
la actividad política (incluso se evalúa incluir a los hijos).
La
obligación de incorporar una extensa nómina de parientes
consanguíneos y la consagración de nuevas normas para constituir
fidecomisos ciegos en caso de poseer acciones cuyo valor supere las
25.000 UF, o de lo contrario enajenarlas; o la obligación de
ciertas autoridades de vender o renunciar a participaciones en
propiedad de empresas que tengan algún tipo de relación comercial
con el Estado representan complejidades que deben ser analizadas en
profundidad por el Congreso y el Gobierno, porque existe el riesgo
de que ante tal cantidad de restricciones –más otras que también
se discuten en el Congreso- de termine por desincentivar el interés
por ingresar al servicio público.
Ejemplo
africano para América Latina.
En
esta, la cuarta gira de Obama al continente africano, y la primera en
la que incluyó el país de su padre, Kenia, el Presidente aprovechó
su gran ascendiente como afroamericano para hablar de la importancia
de la democracia. En el trasfondo de su política hacia África está
la creciente presencia de China en la región.
Estados
Unidos busca contrarrestar esa influencia con programas de
asistencia, pero también con aportes financieros, y comparó las
ofertas de su país con las inversiones chinas en infraestructura
"con trabajo extranjero" (en referencia a que China lleva a
sus propios obreros) y la explotación de recursos naturales. "Deben
ser buenos negocios para África; crear puestos de trabajo, y
capacitar a los africanos. Ese es el tipo de asociación que ofrece
Estados Unidos".
En
un discurso en la sede de la Unión Africana que marcó su gira,
Obama dio una lección de democracia. Ejemplificó con lo ocurrido
hace unas semanas en Burundi, donde el Presidente fue reelegido para
un tercer mandato, después de meses de violentas protestas en su
contra. Su mensaje también iba dirigido a Etiopía, donde el
Gobierno acaba de conseguir los cien escaños del Parlamento, en
elecciones el mes pasado. "Elecciones libres y equitativas;
libertad de expresión, de prensa y de reunión, son derechos
universales y están escritos en todas las Constituciones africanas",
dijo Obama. Pocos los respetan. Y hay casos extremos, como los de
Robert Mugabe, quien lleva 35 años Gobernando Zimbabue; el del
Presidente de Guinea Ecuatorial, que está desde 1979, y Paul Biya,
que en Camerún Gobierna desde 1982.
América
Latina no tiene casos tan exagerados, pero dada la propensión de
ciertos Gobernantes a cambiar las Constituciones para permitirles
mantenerse en el poder, sin más se puede llegar a aberraciones
políticas como las comentadas. Hugo Chávez estableció la
"reelección indefinida", que le permitió un cuarto
mandato que no terminó; Rafael Correa, ya en su tercer mandato, está
haciendo esfuerzos para que se le permita el cambio Constitucional
que lo habilitaría para una nueva reelección.
En
Bolivia -donde, al igual que en Ecuador, gracias a una nueva
Constitución Evo Morales pudo presentarse a otros comicios por estar
en el segundo mandato de la nueva institucionalidad- ya está
desatada la campaña para habilitar la reelección indefinida. Si
bien el Gobierno se ampara en las peticiones "espontáneas"
de los movimientos sociales, altas autoridades, como el
Vicepresidente Álvaro García Linera, sostienen que Evo es el
candidato natural para seguir con "el proceso de cambios" y
con la demanda marítima, ya que solo él tiene toda la legitimidad
que le da ser el primer mandatario indígena.
Siendo
así las cosas, es preocupante que los países de América Latina,
habiendo recuperado la democracia después de largos períodos de
Gobiernos militares, comiencen a buscar esquemas políticos que se
alejan de las democracias modernas. Morales y Correa debieran tener
en cuenta lo que dijo Obama en África: si un líder piensa que es
"el único que puede mantener la nación cohesionada, ese líder
ha fracasado en la construcción efectiva de su nación".
Ucrania
en la geopolítica rusa.
Siguen
los enfrentamientos en Ucrania entre las fuerzas Gubernamentales y
los rebeldes prorrusos, mientras Estados Unidos amplió la lista de
personas e instituciones rusas sancionadas por el Gobierno.
Washington pretende mantener la presión sobre Moscú para que retire
el apoyo a los rebeldes ucranianos.
Rusia
usó su veto en el Consejo de Seguridad de ONU para evitar que se
forme un Tribunal Especial que investigue el derribo de un avión
sobre territorio ocupado por los rebeldes, a los que se sindica como
responsables, usando armamento ruso. Moscú niega que su rechazo
tenga que ver con una supuesta culpabilidad, y lo atribuye a que el
incidente no supone una amenaza para la paz. Más bien tiene relación
con su estatus en el Consejo y con el temor a que se ponga en el
banquillo a oficiales rusos, y por ende a su sistema político.
Con
un Gobierno decidido a demostrar que Rusia es una potencia global que
no se doblega, debe esperarse que mantenga su presencia (encubierta)
en la región. La rivalidad con Occidente es profunda, y hay que
considerar que ya mucho colaboró Rusia al participar en el tratado
nuclear con Irán, por lo que es difícil que renuncie a intereses
geopolíticos considerados vitales para abuenarse con los aliados de
la OTAN. Rusia ha contado con sus socios del BRICS, Brasil, India,
China y Sudáfrica, que hicieron caso omiso de las medidas punitivas
internacionales. Aun así, para China, Rusia es un socio comercial y
no un aliado, a pesar de los esfuerzos de Putin de instalar un nuevo
referente de seguridad en el Oriente.
Una
pronta resolución de la crisis ucraniana es improbable. El quiebre
entre Ucrania y Rusia es real y se requerirá tiempo para restablecer
relaciones normales. El tema tiene una piedra de toque: la anexión
de Crimea, un botín que Moscú no cederá.
¿Cómo
afectará esta crisis a las relaciones de Moscú con las ex
repúblicas soviéticas? Es una incógnita. Ya Bielorrusia y
Kazajistán se han mostrado inquietos por el expansionismo ruso. Y en
Armenia, un país dependiente de Moscú, hubo protestas inéditas el
mes pasado. Los esfuerzos de integración de Moscú con su área de
influencia son siempre mirados con recelo.
Pueblos
bien informados
difícilmente
son engañados.
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