Constitución,
por Adolfo Ibáñez.
Comienzan
a sonar los tambores que llaman a la asamblea constituyente.
Emisarios del Gobierno llevan las conclusiones a que deben llegar
las infinitas asambleas que harán brotar por doquier para imponer
la nueva legalidad y sojuzgar a los opresores de siempre. Colaboro a
tan magna tarea con esta cartilla para instruir al pueblo sobre su
redención:
"Avivar el Constitucionalismo incrementa la presencia y la sabiduría del Estado omnipotente. El racionalismo voluntarista de los conductores iluminados ordenará al país sin importar las consideraciones culturales e históricas -el añejo pasado- de quienes se beneficiarán de tan magna labor del intelecto humano. Una vez más, la nueva Carta hará del pueblo un conjunto de hombres libres, soberanos y pletóricos de igualdad que serán dueños de su estatus garantizado jurídicamente.
"El espíritu constructivista y planificador de la Constitución impondrá al Estado como custodio y controlador de nuestra organización política para proyectarnos hacia un futuro venturoso y eterno. No habrá más normas, sociedad ni Gobierno que los que el pueblo mismo consienta a través de este pacto social. Los hombres ya no seremos más creaturas inmersas en un orden que nos ha sido impuesto, sino que seremos los creadores del mismo, cual dioses del futuro. Nada debe perturbar la tarea creacionista que se nos impone desde las altas cumbres de las ciencias intelectuales: el futuro llama a reemplazar el presente opaco y su lastre de logros pedestres que solo nos han llenado de bienestar material".
Advierto que no hay que encandilarse con los fulgores de ultratumba. El nuevo código responderá a las preocupaciones propias de sus ideólogos, los iluminados de siempre y reiteradamente fracasados: una especie no solo antigua, sino pasada de moda. Proclamar la necesidad de una nueva Constitución es una falsedad que esconde las culpas de una gestión inadecuada y que revela tremendos vacíos conceptuales en quienes la pregonan.
Recordemos las bondades populistas de miles de Constituciones y las tiranías que de allí han derivado. Pensemos, en cambio, en el largo camino de desarrollo institucional que hemos recorrido y no olvidemos que el actual descrédito de los partidos deriva de décadas de falta de aplicación de los políticos a los problemas reales del país; es decir, ausencia de sentido de futuro en la gestión del presente. Con la discusión que se inicia, muchas tareas urgentes caerán, una vez más, en el olvido de lo que no se hizo.
Lágrimas y puñetazos: el arsenal perfecto del PC,
por Joaquín García Huidobro.
La convivencia con
el Partido Comunista parecía hace un par de años un negocio tan
rentable que hasta la pobre DC, cuyo instinto le hacía presentir el
peligro, terminó por ceder y dar su visto bueno a la Nueva Mayoría.
La conveniencia no era solo electoral: como la gente estaba cansada
de la vieja Concertación, la inclusión de los comunistas traía
consigo aires nuevos e incluso permitía adornarse con la aureola
mística que venía del mundo estudiantil. Además, un PC en La
Moneda aparentaba ser el mejor modo de controlar a la calle, esa
criatura caprichosa que tanto le había amargado la vida al gobierno
de Sebastián Piñera.
Lo que quizá no se pensó lo suficiente es que el PC nunca entrega su cariño únicamente por amor. Estuvo dispuesto, sí, a llegar a La Moneda, con el desprestigio que eso significa en épocas antiinstitucionales como la nuestra, pero lo hizo a cambio de un buen número de prebendas y de presentar al país un programa que unos años atrás ni siquiera en un fumadero de opio (para usar terminología de Escalona) podrían haber imaginado.
La convivencia funcionó con cierta tranquilidad el primer año de la Nueva Mayoría. Para muchos observadores, resultaba sorprendente ver al PC transformado en un perrito faldero que de vez en cuando respondía con unos ladridos a quien le faltaba el respeto a su ama. Pero empezaron los problemas y, como por arte de magia, el cariñoso PC ha comenzado a mostrar una cara diferente.
Bastó que la Presidente hablara de algún tipo de realismo, por muy aguado que se encuentre, para que los descendientes políticos de Luis Emilio Recabarren comenzaran a usar esos tonos amenazadores que siempre se les han dado tan bien. En todo caso, ahora tienen la ventaja de poder combinar el puño crispado de Teillier con las conmovedoras lágrimas de Camila, como se vio el miércoles en la Cámara, unas lágrimas que ciertamente ayudaron a sacar a flote un proyecto de carrera docente que parecía irremediablemente encallado.
Lágrimas y puñetazos: un arsenal perfecto para enfrentar cualquier problema que se ponga por delante.
¿Qué pasará si, de aquí en adelante, el Partido Comunista decide ponerse realmente pesado, y se toma en serio su amenaza de estar con un pie en La Moneda y otro en la calle? Algunos pesimistas ya han empezado a recordar la polémica figura de Gabriel González Videla, a quien, tras asumir apoyado por los comunistas en 1946, le colmaron tanto la paciencia con huelgas y zancadillas, que terminó por proscribirlos en 1948, en uno de los episodios más debatidos de nuestra historia nacional. La situación de Bachelet sería incluso más incómoda que la de Gabito, porque ella ni siquiera tiene el consuelo ilusorio de pensar que con mano dura es posible tranquilizar a un PC alborotado.
En la política del Partido Comunista de los últimos años hay, con todo, mucho de bluf, porque solo hasta cierto punto ese conglomerado controla la calle. Él tiene poder como para agitarla, pero es incapaz de calmarla si son otros los que han armado la tormenta, como se ha visto en el penoso caso del paro de los profesores. Con él se ha comprobado que buena parte de nuestros educadores está lejos de tener la disciplina que, de modo ejemplar, observamos en su presidente, el comunista Jaime Gajardo.
Dicho con otras palabras, dado que el PC ha perdido la mística que pudo haber tenido hace 70 años, hoy solo le queda influir en la política chilena no por los ideales, sino a través de la extorsión. Pero incluso esa es un arma muy limitada, porque siempre habrá otros que la emplean mejor que él, de manera más radical y profunda, ya que carecen de las limitaciones que derivan del hecho de ser parte de la coalición gobernante. De modo, entonces, que ni siquiera tiene el atractivo de la originalidad.
En todo caso, la presencia del Partido Comunista en el Gobierno le dará movimiento a la política chilena del porvenir. Probablemente serán bastantes sus socios en la Nueva Mayoría los que tendrán que recordar un viejo dicho de campo: "el que se acuesta con niños, amanece mojado".
Gratuidad:
otro Transantiago,
por Sergio Melnick.
Con fecha julio 2015, el
Ministerio de Educación ha emitido un documento con las bases del
sistema nacional de educación superior. Después de un año y medio
de gobierno se presenta un documento de 15 páginas que no aprobaría
un trabajo de primer año de universidad.
Nuevamente
vemos una secuencia de intenciones -unas buenas, otras ideologizadas-
sin ningún fundamento más que aseveraciones. No tiene una sola
estimación de lo que cuesta realmente el proyecto, lo que es grave,
particularmente porque ya sabemos que faltan recursos. Las
estimaciones independientes hablan de US$ 4.500 millones para el 100%
de gratuidad, y el Gobierno dice tener US$ 500 millones para el 2016.
La distancia es enorme, la improvisación indescriptible. El proyecto
señala, además, que se controlarán los cupos de admisión, pero no
tiene ningún fundamento de cómo se haría ni por qué. Lo más
grave es que esto perjudica a los estudiantes más vulnerables, que
son aquellos que se dice querer proteger, y por cierto limita la
libertad.
Lo
más delicado del “documento” es que para el Gobierno pareciera
que existe sólo un modelo de universidad o centro técnico, y es
aquel al que quieren forzar el sistema de educación. Son resabios de
la ENU de antaño que aún vive en algunas mentes afiebradas. En ese
sentido, fijarán los costos de un modelo de carrera y obligarán a
hacer las cosas de esa manera. Para el Gobierno, al parecer, la
educación es como un commodity, cuando en realidad la diversidad de
proyectos es parte esencial de la calidad en el siglo 21. Los énfasis
y propuestas de carreras son diferentes, la calidad de los profesores
es heterogénea, la calidad de la infraestructura también, la
cantidad de alumnos por clase, los laboratorios, las actividades
estudiantiles, los sistemas de evaluación igual. En fin, un absurdo
de proporciones.
Más
absurdo aun es que intervendrán el sistema de gobernabilidad de las
entidades, forzando al cogobierno, una fórmula añeja y fallida que
no existe en ninguna universidad seria del mundo. Y ese cogobierno de
académicos, administrativos y estudiantes será con voz y voto. Es
decir, volvemos a los 60 y a la ideologización de las universidades.
El conocimiento es un sistema jerarquizado, como las iglesias, las
academias y la mayoría de las instituciones. Las ideas no se validan
por votos sino por pares.
Junto
a lo anterior se proponen varias entidades burocráticas, pero no hay
una sola línea de cuánto cuestan estas instituciones, de qué
tamaño serán, cuánta gente trabajará, cuántas sedes Regionales
tendrán, etc. Es decir, la nueva burocracia estatal se llevará
un porcentaje relevante de los recursos que debieran estar en las
salas de clases y la investigación.
En
ningún momento el “documento” se plantea el análisis del
sistema de títulos y grados, que es obsoleto en nuestro país y
desalineado a los mejores sistemas educacionales del mundo. Por
cierto, descarta todo lo que sea educación a distancia, que es la
tendencia mundial más relevante y que es parte clave del futuro.
El
“proyecto” tiene una vaguedad absoluta en relación al desarrollo
de las universidades, dando sólo preferencia a las universidades que
están en el Cruch, una entidad obsoleta, que configura un auténtico
cartel que trata de sacar a sus competidores por secretaría. De las
60 universidades que hay en Chile, sólo 25 corresponden al Cruch,
que tiene universidades públicas y privadas, y buenas y malas. No
hay ningún criterio racional para discriminar con la mayoría de las
universidades que no pertenecen a éste.
Se
habla de cambiar la PSU y que recién se iniciarán los “estudios
profundos”, lo que podría demorar un año o más, y para
implementarlo otro año o más. Es decir, es difícil que ocurra en
este gobierno, pero ya habrán intervenido trágicamente la
educación.
Para
rematar esta improvisación, en una entrevista en este mismo diario,
el
director de educación superior del Gobierno dice que con la nueva
reforma, la relación será de los estudiantes con el Estado y no con
sus instituciones. Es decir, ha dejado ver que el objetivo final es
el control total de la educación.
En
suma, un documento menos que mediocre, que denota improvisación,
ideologización y voluntarismo.
Esto
será peor que el Transantiago, con un daño a la educación tan
grave o peor que lo que ha ocurrido con los colegios subvencionados y
lo que se viene con la centralización de la educación escolar. La
calidad de la educación podría llegar a ser gratis, pero con
certeza será de mucho peor calidad.
¿Cuál
es el plan?,
por Juan Andrés Fontaine.
Atraviesa la
economía nacional por una coyuntura delicada. Se han derrumbado las
expectativas, no ya solo de los empresarios -tan sensibles al clima
político-, sino también de los consumidores. El pesimismo está
paralizando las ventas y puede hundir la actividad económica. En su
"segundo tiempo", el Gobierno ha reconocido que es
prioritario reflotar el crecimiento económico y que ello no se
conseguirá a punta de expandir el gasto público porque el déficit
presupuestario ya es excesivo. Sin embargo, hasta ahora no hay
claridad sobre la nueva estrategia.
El programa de Gobierno en aplicación, henchido de demagogia e ideologismos, supuso que recargar las actividades productivas de impuestos y regulaciones no alteraría la buena marcha de la economía. Ante una desaceleración inesperadamente prolongada, la reacción fue inyectar una fuerte dosis de gasto Fiscal. Pero no hubo reactivación duradera porque sin confianza en el futuro económico la receta Fiscal es estéril o contraproducente. Minar esa confianza es precisamente lo que han conseguido las reformas promovidas por el actual Gobierno.
No le será fácil a la coalición
oficial cambiar el curso de navegación. La carga ideológica de
muchos de sus dirigentes es muy fuerte y su propensión a seguir las
consignas voceadas desde las protestas callejeras no parece menguar.
La descapitalización política de la Presidente Bachelet -su
popularidad se ha ido al suelo- promueve las disidencias y
rebeliones. Con las Municipales del próximo año se inaugura la
temporada electoral y los apremios populistas cobrarán intensidad.
Mientras tanto, las condiciones económicas externas se nos complican. Lo que era un panorama más bien tranquilizador, en los últimos días ha sufrido un brusco deterioro por la caída en el precio del cobre. Goldman Sachs, prestigiado banco de inversiones, ha rebajado a solo US$ 2,0 por tonelada su pronóstico para el próximo año, con una muy leve recuperación en lo que resta de la década. Aunque afortunadamente también cae el petróleo, y en cualquier caso estamos bien aprovisionados para la llegada de "vacas flacas", el nuevo escenario puede propinarle un nuevo golpe a la confianza en nuestro futuro económico.
Son estas circunstancias en las
que se prueba la pericia de los buenos conductores. Es urgente que
el Gobierno reformule su estrategia, corrija las reformas más
dañinas (como la laboral, hoy en el Senado), descarte las muchas
iniciativas legales contraproducentes (como la prohibición de
cobrar por los estacionamientos de los malls; especialmente
significativa por lo absurda) e infunda confianza de que en verdad
trabaja, en forma seria y competente, para facilitar el desarrollo
de Chile.
Oportunismo
y nostalgia,
por Sebastián Edwards.
En
una ocasión, un político conservador acusó al economista inglés
John Maynard Keynes de ser poco consistente con sus puntos de vista y
de cambiar de opinión. Keynes respondió: “Cuando los hechos y la
realidad cambian, yo efectivamente cambio mi manera de pensar”.
Después de una pausa agregó: “Y usted, joven, ¿qué hace en esos
casos?”.
Recordé
esta historia a raíz de los anuncios de Michelle Bachelet de hace
unas semanas: ante la fuerte desaceleración de la actividad
económica, la Presidente cambió su manera de ver las cosas y
decidió alterar el rumbo de su Gobierno. En vez de avanzar a toda
máquina y en diferentes frentes a la vez, definirá prioridades y
enfatizará aquellas áreas de mayor urgencia para el país.
En
principio, este nuevo enfoque debiera ser causa de celebración. Las
cosas andaban mal y la Presidente decidió alterar la ruta. Esto
refleja un grado de pragmatismo y sabiduría no siempre visto entre
los políticos nacionales. Pero en vez de elogios, MB ha recibido un
diluvio de críticas.
El
problemas es que no está claro si este es un repliegue táctico -y,
por tanto, susceptible a ser revertido si las condiciones vuelven a
cambiar-, o si es una corrección de fondo que nace de reconocer que
el plan de acción de los primeros 18 meses estaba basado en dos
grandes errores: por una parte, en una mala lectura de lo que quiere
el país y, por otra, en una incapacidad por entender cómo funciona
un sistema capitalista moderno en democracia.
Y
mientras no se aclare cuál es el verdadero motivo detrás del cambio
de dirección, la economía seguirá afectada por la incertidumbre y
funcionando a media máquina. Esta situación sólo cambiará cuando
la Presidente declare que esta no es una medida oportunista, y
reconozca que se trata de un cambio de fondo -lo que equivale a
aceptar que se cometieron errores-. Yo sé que es difícil, pero
hacerlo sería un signo de grandeza y sabiduría, esos atributos que
sólo poseen los Estadistas.
Incompetencia
y“letra chica”
El principal error de este Gobierno -y sus partidarios en el Congreso- es haber pensado que la altísima votación de Bachelet en las elecciones Presidenciales era un apoyo completo e irrestricto a cada uno de los acápites del programa de la Nueva Mayoría.
Cualquier
estudiante novicio de ciencias políticas sabe que ese nunca es el
caso. Una elección Presidencial en segunda vuelta enfrenta a dos
candidatos, por lo que ofrece una opción “binaria”, una elección
entre el blanco y el negro. Vale decir, no permite que la ciudadanía
manifieste sus verdaderas preferencias graduadas, sus propios matices
de gris. Los ciudadanos votan por un candidato porque, en general -y
no en cada uno de los detalles de su programa-, lo prefieren al otro.
Lo encuentran más cercano y simpático, más parecido a gente que
conocen, porque su temperamento es más agradable en comparación con
el de su adversario, o porque creen que tiene mayor experiencia en
eso de Gobernar. Cuando las opciones son binarias, las personas votan
sobre bases imprecisas y difusas. Nadie lo hace porque apoye en 100%
el programa o porque esté de acuerdo con la “letra chica” del
plan de acción.
Quienes
votaron por MB lo hicieron porque querían un país más moderno,
inclusivo y tolerante, donde se respetara la dignidad de las personas
y se cumplieran las Leyes. Votaron por ella porque deseaban un país
con mayor libertad, donde no hubiera abusos, por un país más amable
y con menos segregación y desigualdades. Pero, como lo han
demostrado una infinidad de encuestas, no votaron por cada una de las
medidas específicas impulsadas por la administración. Por ejemplo,
no votaron por que se eliminara la selección por mérito en el
Instituto Nacional o porque los estudiantes de la Universidad Central
quedaran fuera de la gratuidad; tampoco votaron porque el sistema
tributario se transformara en un acertijo imposible de entender, y
con una dudosa capacidad de recaudar recursos.
El
segundo error del Gobierno fue haber nombrado en puestos claves a un
grupo que resultó ser entusiasta, pero poco competente. El
problema no fue, como algunos analistas han sugerido, que Rodrigo
Peñailillo haya sido un muchacho de Provincia que se vestía con
elegancia o que Alberto Arenas haya venido de un liceo Fiscal y de
una universidad estadounidense poco conocida. No, el problema no fue
que se tratara de outsiders. El problema fue su impericia,
el que no entendieran que en un sistema democrático y capitalista
moderno hay dos factores que priman y determinan, más que ningún
otro, el rumbo de la nación: la capacidad de implementar un diálogo
que involucre a la mayoría de las fuerzas políticas, y la habilidad
por mantener las expectativas dentro de ciertos parámetros
compatibles con el eficiente funcionamiento de la economía y una
saludable creación de puestos de trabajo.
Desde
un comienzo, el Gobierno sembró incertidumbre, y lo que cosechó fue
desafecto, aprensiones y desaceleración económica. También cosechó
un desplome en su popularidad.
Nadie
debiera sorprenderse por estos resultados. Lo anunciamos varias veces
en estas mismas páginas. Pero no es el momento de vanagloriarse, es
tiempo de pensar sobre el futuro.
Liberarse
de la nostalgia.
El Gobierno aún tiene tiempo para reagruparse y para avanzar en la dirección correcta, para moverse hacia la esquiva modernidad y hacia ese país amable que tantos anhelan.
Pero
para lograr este objetivo se requieren varias cosas. Quizás lo más
importante es liberarse de la nostalgia en la que tantos políticos
de la Nueva Mayoría se encuentran atrapados, y entender que en el
siglo XXI se requiere de un esquema social y económico completamente
diferente al que prevalecía en Chile antes de la dictadura, o en
Europa Occidental durante la segunda mitad del siglo pasado.
Lo
triste es que ninguna de las principales iniciativas del Gobierno
mira hacia el futuro. Los grandes proyectos que ha impulsado -casi
sin excepción- son terriblemente siglo XX. Por ejemplo, ni la
reforma educativa ni el estatuto docente consideran el hecho de que
en cinco años la educación será completamente diferente a como ha
sido durante los últimos 150 años. Nada en esa Legislación prepara
a profesores o alumnos para un mundo dominado por la enseñanza en
línea, una enseñanza basada en algoritmos de variada complejidad,
donde máquinas inteligentes interactuarán con estudiantes para
crear obras de arte y programas de computación, para hacer
literatura y para inventar nuevas aplicaciones para computadores de
distintos tipos.
El desafío es claro: o el
Gobierno se moderniza y mira al futuro, o pasará a la historia como
la última administración del siglo pasado.
Son las ideas,
por Axel Buchheister.
La centroderecha lanzó un nuevo
frente de todos los partidos y agrupaciones del sector. Se hizo un
llamado explícito “a quienes comparten nuestro ideario a ejercer
el rol opositor”.
Parece
una excelente iniciativa, pues ya es hora que la centroderecha salga
de la inacción e irrelevancia, que de seguir así pueden condenarla
a desaparecer. Incluso debiere parecerle bien a quienes no forman
parte del sector, porque la democracia no funciona sin alguien que
cumpla el rol opositor. Concretamente, eso hoy significa el peligro
que el rol lo asuma cualquier aventurero demagógico y antisistema.
Por otra parte, desperdiciar la oportunidad que presenta el
desgobierno de la Nueva Mayoría para obtener rédito político es
simplemente incomprensible.
También
hay que celebrar que se haga un llamado a quienes comparten el
“ideario”, porque daría luces de que existe cierta comprensión
que el extravío en que se encuentra la centroderecha se origina en
que se dejó de lado la batalla por la ideas. Otra cosa es que exista
claridad sobre cuáles son éstas, de modo que surge la duda en torno
a qué se están uniendo dichas fuerzas. Porque el mero aprovechar
oportunidades suele tener un resultado efímero, como lo puede
comprobar el propio sector, que después de tantos años en la
oposición consiguió el Gobierno, y de apenas cuatro de ejercerlo,
fue barrida en las siguientes elecciones. Urgen definiciones.
El
propósito es también realizar un trabajo para conseguir los mejores
candidatos, tanto en las próximas elecciones Municipales del próximo
año, como para las Parlamentarias y Presidenciales de 2017. Para
ello es igualmente fundamental definir las ideas básicas que nos
unirán, y a las que se deberá exigir adhesión y lealtad. Porque,
al cabo ¿de qué sirve Gobernar con las ideas ajenas?
Sin
embargo, el mismo día del lanzamiento del nuevo referente, en un
vespertino apareció una noticia que pasó desapercibida y que pone
en duda cuánto se está dispuesto a cambiar las prácticas. La
velocista Erika Olivera quiere ser candidata al Congreso y habría
contactado a varias tiendas políticas, encontrando acogida en RN. El
Presidente del partido lo confirma: “tiene un buen perfil porque no
está politizada y proviene de una actividad pública interesante
para el partido, no de la farándula”. Convenimos con el líder de
RN que la dignidad y mérito de la causa del deporte supera con mucho
a la de la farándula. Y que Erika Olivera es una muy meritoria y
esforzada deportista. Pero no es suficiente, porque para nominarla
candidata sería necesario saber qué opina -por ejemplo- sobre el
rol del Estado y el emprendimiento privado. Si coincide con la visión
de la centroderecha (lo ignoramos) sería una candidata prometedora,
pero que en abono de ella se diga que es “despolitizada”,
preocupa: ¿acaso se va recurrir nuevamente a los “rostros” que
consiguen votos, pero que no defienden las ideas?
Curioso en el caso de RN, partido
que tras la última elección perdió varios Parlamentarios, uno de
los cuales ni siquiera forma parte del nuevo referente. Pareciera que
no aprendió la lección.
Un
regreso a la sensatez constitucional.
Las declaraciones formuladas por
el Ministro del Interior en la última semana en relación al tema
Constitucional resultan positivas, en la medida que dan una primera
señal de prudencia y realismo político en un área donde el
Gobierno había mantenido ambigüedad, generando incertidumbres tanto
en materia política como económica.
Un primer hecho relevante fue la decisión de La Moneda de dejar la conducción de este tema en manos del Jefe de Gabinete, ya que hasta antes del cambio de Ministros había sido el Ministerio Secretaría General de la Presidencia quien cumplía esa función, impulsando una agenda más agresiva que la que se ha planteado ahora. En línea con el “realismo sin renuncia” con que se ha pretendido definir esta segunda etapa de la actual administración, se esperaban definiciones sobre las múltiples y confusas declaraciones que habían surgido desde el Gobierno y la Nueva Mayoría en relación al alcance, el procedimiento y los tiempos para llevar a la práctica el propósito de aprobar una nueva Carta Fundamental. Este fue uno de los principales ejes del programa electoral de la Nueva Mayoría, pero tal como ha ocurrido con las ambigüedades de la reforma educacional o la falta de rigor técnico en la tributaria , las formas planteadas para llevarlo a cabo han fluctuado entre un debate en el Congreso Nacional de un proyecto de reforma conforme al procedimiento vigente, hasta la realización de una asamblea constituyente no prevista en la actual normativa.
Un primer punto abordado por el Ministro Burgos esta semana, ratificado por otros dirigentes oficialistas, fue el reconocimiento de que este ya no será un tema al que se le asignará urgencia -de hecho, se sacó del temario del próximo cónclave oficialista- y que lo más probable es que pase a un siguiente Gobierno. Otra definición relevante es que se ha descartado cualquier vía que no se enmarque dentro del procedimiento previsto en la Constitución para introducirle cambios, lo que el Jefe de Gabinete reafirmó al señalar que la “Presidente no va a estar para un atajo raro” en este punto.
Despejados estos temas, se abre ahora una nueva etapa para que el debate sobre una nueva Constitución se canalice hacia el proceso normal que deben seguir estos temas en una democracia estable y que, como la chilena, ha evolucionado sobre la base de un texto Constitucional que ha experimentado numerosas reformas sin afectar la estabilidad institucional y conjugando las legítimas diferencias que existen al respecto.
Lo que es deseable en beneficio del resultado de ese proceso es que los distintos sectores interesados en los cambios los planteen con claridad y en forma específica, porque uno de los factores de incertidumbre que queda por resolver es el alcance de lo que se pretende hacer, más allá de las consignas generales. No es trivial, por ejemplo, si existe el propósito de relativizar el contenido de derechos como la propiedad, o si se pretende volver a sistemas Parlamentarios que tan mal resultado tuvieron en la historia de Chile.
Del respaldo que la Presidente y el oficialismo den a la posición esbozada por el Ministro del Interior -que ya ha despertado resistencia desde los sectores que pretenden un cambio más radical-, dependerá en buena medida que el nuevo Gabinete pueda iniciar un proceso de recuperación del capital político que ha perdido en este breve lapso.
Fallas de seguridad en los estadios.
Una intensa discusión han
mantenido las autoridades de Gobierno y los directivos del fútbol
respecto a quién cabe la responsabilidad de garantizar la seguridad
en los espectáculos deportivos del país, luego de los lamentables
incidentes que se registraron en dos estadios en los últimos fines
de semana.
Uno de los puntos en que se ha centrado el debate es la pertinencia de devolver a Carabineros la responsabilidad principal, ya que la nueva Ley que entró en vigencia hace algo más de un mes deja en manos de los clubes la labor de seguridad al interior de los recintos deportivos, mientras que la tarea de la policía uniformada es adyacente a los estadios. El Ejecutivo ha señalado que antes de adoptar cualquier resolución en esta materia cabe esperar un tiempo para observar los resultados de la nueva normativa, pero a la luz de las recientes experiencias tal parece que la presencia de uniformados se hace indispensable, pues los guardias de seguridad carecen de las potestades propias de la policía, y su labor es de contención.
Sin embargo, es evidente que en los desmanes también cabe una responsabilidad de las propias instituciones deportivas, ya que algunas persisten en mantener vínculos con sus barristas mediante la entrega de ciertas regalías, como entradas gratuitas. Otros tampoco han cumplido con ciertos requisitos que le impone la autoridad durante los partidos, al incumplir con el número de guardias requeridos para determinados partidos según la asistencia de público, o hay insuficiencias en los controles a la entrada. Si se comprueban fallas de esta naturaleza deben ser apropiadamente sancionadas.
La revisión de las medidas de seguridad también se extiende al rol que desempeña “Estadio Seguro”, que como entidad responsable debe asegurarse de que los hinchas que protagonizan desmanes sean llevados a juicio y se obtengan condenas. Hasta ahora la tónica ha sido la impunidad, y en tanto exista esa percepción ninguna ley será efectiva.
Dobles
asignaciones Parlamentarias.
El creciente deterioro en la
percepción ciudadana que afecta a nuestras instituciones ha sumado
en las últimas dos semanas el bochornoso incidente revelado por "El
Mercurio" del doble viático que desde 2012 recibieron los
Parlamentarios durante sus viajes al extranjero. Este hecho parece
remediado con el reciente reintegro parcial de estos pagos
improcedentes por parte de todos los Congresistas. Si bien este gesto
unánime, aunque tardío en la mayoría de los casos, contribuye a
restaurar en parte la confianza en nuestros Legisladores, el mismo
deja ciertos cabos sueltos.
El primero es notorio: ¿Cuán admisible es que esta irregularidad haya sido advertida y denunciada a la opinión pública por este medio de prensa, y no, como hubiese correspondido, por los propios involucrados? Esta pregunta lleva asociada inmediatamente otra, que ha dado lugar a comprensibles suspicacias: ¿Cuán creíble es que los Parlamentarios no estuviesen al corriente de esta vistosa duplicación de sus asignaciones, como varios han querido dar a entender?
Es de hacer notar que el mecanismo de pago de los viáticos nacionales deja pocas dudas. Los días cinco de cada mes, Diputados y Senadores reciben una transferencia de $1.144.139 por concepto de viático nacional. Este monto se divide en 12 días, por lo que perciben $95.344 por cada una de las jornadas que va de lunes a jueves de las tres semanas Legislativas mensuales. De este modo, ¿no se haría palmaria la incongruencia cuando el Parlamentario percibe esta asignación en su totalidad habiendo estado en misión fuera del país, por lo cual recibe un viático internacional de 548 dólares diarios? Sin embargo, las respuestas a estas interrogantes han consistido en redireccionar la atención -y la responsabilidad- hacia el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. El propio Presidente del Senado ha dicho, de hecho, que "el Congreso ejecuta lo que dice el Consejo de Asignaciones", no obstante lo cual ha recordado que, en el tema de los viáticos nacionales, el Senado históricamente manifestó una discrepancia con el Consejo, algo que él mismo, como Presidente, le habría expuesto a esta instancia.
Dejando a un lado estos hechos, que llegan a conocimiento público solo ex post , lo cierto es que aquí tampoco se atan los cabos. Habiendo transcurrido dos semanas desde que se revelara a la opinión pública el pago de este doble viático, el susodicho Consejo aún no se ha manifestado. La declaración que al respecto cabe esperar de él reclama ser conocida a la brevedad por la ciudadanía, que no debiera tener que forcejear para obtener de sus representantes e instituciones algo tan elemental, pero tan valioso, como la probidad aquí comprometida.
Optimismo
y moderación.
En octubre de 1903, un huracán
amenazó con destruir el campamento donde los hermanos Wright armaban
su avión. En medio de vientos de sobre 120 kilómetros por hora,
durante toda una noche reforzaron con clavos el techo del taller
improvisado que habían construido para albergar su invento.
“Seguimos el consejo del entrenador del equipo de la Universidad de
Oberlin: ‘Anímense, jóvenes. ¡No tenemos ninguna esperanza!’”,
recordó Wilbur Wright. Lograron salvar la precaria estructura, y en
diciembre, tras cuatro años de esfuerzo y notable determinación,
Orville Wright piloteó el “Flyer” una distancia de 40 metros.
Así cumplieron su sueño de realizar el primer vuelo en un aparato
más pesado que el aire.
Hoy, el ánimo nacional es azotado
por diversas tormentas políticas, económicas y Judiciales, pero
pensamos que hay fundadas razones para mirar el futuro con optimismo.
Si bien las proyecciones de crecimiento han disminuido y la imagen de
los empresarios y de funcionarios públicos se ha deteriorado
gravemente, una perspectiva más amplia demuestra que en el último
medio siglo el país ha mejorado enormemente todas las mediciones que
reflejan su calidad de vida: salud, educación, vivienda, cultura,
empleo y solidaridad.
El ritmo de avance puede variar y
algunos aspectos se podrían estancar por un tiempo, pero es
razonable esperar, como lo afirma Matt Ridley en esta edición, que
en 10, 20 y 50 años nuestros hijos y nietos vivirán en condiciones
mejores que las que existen actualmente. En el diario de hoy también
publicamos “20 miradas al 2020”, que reflejan perspectivas de
esos cambios en ámbitos tan diversos como la astronomía, las
ciclovías y los inmigrantes.
Proponer una visión positiva
sobre el futuro es exponerse a acusaciones de sufrir de una ceguera
testaruda que ignora la realidad o, peor, de una inocencia infantil
ante las divisiones de opinión y los problemas del momento. Es un
costo que asumimos. Creemos que, en los años que vienen, los hechos
mostrarán que nuestro optimismo fue justificado.
Anticipar un futuro mejor también
cumple la valiosa función de moderar el pesimismo reinante. La
moderación es una virtud que toma en cuenta la pasión que generan
posiciones opuestas. Una persona moderada acepta las opiniones
antagónicas, y entiende que las sociedades contienen legítimos
intereses contrapuestos que deben ser reconciliados.
La preocupación por los genuinos
peligros del presente debe ser equilibrada por una sensata esperanza
en que se prolonguen tendencias favorables de las décadas pasadas.
Asimismo, es útil ponderar con detención las diferencias de
opinión, ya que son muy pocas las soluciones perfectas y las
verdades absolutas.
De tal forma y conscientes de
nuestras limitaciones y capacidad de errar, celebramos los avances
logrados hasta este 84.o aniversario de la fundación de “La
Segunda”, y miramos el futuro con confianza en que el país podrá
superar los desafíos económicos y sociales que enfrenta.
Orientación de la reforma laboral.
Luego
de subestimar por más de un año el impacto económico de las
propuestas oficiales de reformas, un nuevo Gabinete Ministerial está
abocado a restablecer confianzas empresariales, con un sentido de
urgencia. La primera prioridad de ese esfuerzo es la revisión
profunda y desapasionada de las reformas, para su pronta
rectificación.
En su conjunto, la Reforma Tributaria, la Educacional, los anuncios de reforma a la Constitución o al sistema de derechos de aprovechamiento de aguas, están contribuyendo al actual cuadro de desmotivación de los inversionistas, por su inspiración Estatista y por los perjuicios ya constatados en la aplicación de la primera aprobada.
En lo inmediato, la Reforma Laboral, que por la eliminación del reemplazo de trabajadores en huelga abre la posibilidad de paralización forzada de las empresas, representa para éstas una amenaza que sólo podrán enfrentar elevando remuneraciones por sobre la productividad de los trabajadores, expectativa que frena la inversión y que puede comprometer la viabilidad de las más pequeñas.
El ejercicio acometido por el nuevo Gabinete es técnica y políticamente muy complejo, en la medida que una parte significativa de la coalición oficialista lucha por insistir en las reformas sin modificar su impronta refundacional de la economía y la sociedad, que es precisamente lo que ha enervado la actividad y que la ciudadanía ha demostrado no compartir en todos los sondeos de opinión pública conocidos.
En este ambiente tensionado sigue llamando la atención el rol poco relevante, cuando no directamente negativo, jugado por funcionarios internacionales que emiten declaraciones en el país. Un episodio notorio al respecto fue protagonizado un año atrás por Christine Lagarde, Director del FMI, quien, de visita en Chile, expresó que apoyaba “enérgicamente” el “ambicioso programa” de reforma tributaria del Gobierno. En ese entonces no había la conciencia actual sobre sus graves deficiencias y el ex Ministro Arenas y el Gobierno buscaban imponerla sin concesiones. En una actitud comparable, en abril de este año, y a pesar de mayor evidencia sobre el deterioro de la economía, Fabio Bertranou, director de OIT para el Cono Sur y América Latina, se posicionaba en la discusión laboral doméstica y declaraba que “la propuesta actual del Gobierno cambia algunos aspectos que vienen del Código del Gobierno Militar, pero no es una modificación integral”.
En estos días la definición del carácter preciso de la reforma laboral concentra la atención Legislativa y de las autoridades económicas. Quienes buscan potenciar una reforma radical aducen que sus propuestas deben ser acogidas para corregir un supuesto desajuste de la Legislación chilena respecto a obligaciones emanadas de convenios suscritos por nuestro país en la OIT. En estas circunstancias, habría sido valioso que el experto del organismo, Alberto Odero, quien expuso la semana pasada en la Comisión de Trabajo del Senado, hubiese aclarado taxativamente que la Legislación laboral chilena se ajusta por completo a los convenios OIT suscritos por nuestro país en todo aquello que es mandatorio. El especialista en normas internacionales y relaciones laborales de la OIT, sin embargo, indicó que “conviene precisar que el derecho a huelga ha sido cuestión de debate; los trabajadores estiman que está contenido en el convenio 87 y desearían que estos principios fueran más allá en estos aspectos y los empleadores entienden que no está convenido en el convenio 87 y discrepan de sus interpretaciones y que son contrarias al convenio de Viena”.
Más que hacerse eco de declaraciones ocasionales que han probado no tener como fundamento un análisis serio y profundo de las reformas, convendría ampliar el espacio de reflexión y análisis técnico de las mismas, para sopesar adecuadamente los daños que pueden causar en un momento particularmente difícil en lo económico.
Drogas, sin definición del Ejecutivo.
Una reciente medición que
investigó a 5.582 trabajadores en 102 empresas de distintos rubros
en horario laboral muestra que uno de cada diez de ellos consume
drogas, y de entre estos, la mayoría (55,3%) fuma marihuana, seguida
por benzodiazepinas (23%) y cocaína (13%); el 8% mostró un consumo
combinado de marihuana y cocaína. Es un porcentaje alto.
Independientemente de la posición que se adopte frente a la
despenalización de la droga, parece existir consenso entre los
especialistas en cuanto a que, por definición, todas las drogas,
legales o ilegales, alteran el sistema nervioso central y, por ende,
los sentidos y capacidades de las personas. Siendo así, lo racional
es esperar que los colegisladores empleen extrema prudencia en sus
decisiones en un sentido u otro. Más aún, es exigible y urgente que
el Gobierno informe con toda claridad a la ciudadanía sobre cuál es
su política al respecto -¿permisiva, prohibitoria, indiferente?- y
cuáles son las razones en que la funda.
Obviamente, quienes están en contra advierten que la permisividad induciría a un aumento del consumo, especial y más nocivamente entre jóvenes de juicio poco maduro, recordando, entre otros, que el más reciente estudio de Senda muestra que su consumo por escolares se duplicó entre 2012 y 2014. Las sociedades médicas de Chile, el Colegio Médico y la Academia de Medicina, en inusual declaración conjunta, han expresado profunda preocupación ante esta alarmante alza de su consumo.
Resulta evidente que, mientras no se cuente con una efectiva estrategia nacional de prevención y educación en torno al consumo de drogas, es muy arriesgado aprobar una Ley que facilita el acceso a la marihuana. No caben en esto golpes de mera intuición o voluntarismo, ni indefiniciones vagas para no irritar a un grupo u otro. Un ejemplo de claridad prohibitoria se observa respecto del tabaco, a cuyo respecto la severidad se incrementa hasta extremos que pueden carecer de todo asidero, como la de proscribir su consumo en las playas, por ejemplo, aduciendo siempre motivos de cuidado de la salud.
En abierta incongruencia con esto, la Cámara de Diputados ya ha aprobado en general un proyecto de Ley que despenaliza el autocultivo y el consumo privado de marihuana con fines medicinales -materia que los científicos aún no han esclarecido- y también recreativos -algo que, sin embargo, se condena enconadamente respecto del tabaco-.
La definición por el Gobierno frente a esta política pública es indispensable, pues el proyecto referido debe ahora continuar su tramitación Legislativa, impulsado entusiastamente por un grupo de Parlamentarios. Sin embargo, dada la incontrarrestable preeminencia del Ejecutivo en ese proceso, ni partidarios ni adversarios de la referida despenalización saben a qué atenerse, y se está en espera de las indicaciones que él resuelva enviar.
Pueblos
bien informados
difícilmentente
son engañados.