Medio
paso atrás, ninguno adelante…
por
Fernando Villegas.
Dijo
Lenin: “A veces hay que dar un paso atrás para dar dos adelante”.
Seguro lo hizo cuando, como resultado del desastre de las políticas
económicas “de guerra” seguidas por los bolcheviques a partir de
1917, cuatro años después debieron inaugurar la “Nueva Política
Económica”, NEP, soltando algunas trabas al emprendimiento
individual para mantener a flote su gran experimento social, ya
haciendo agua por todas partes. Necesario es, camaradas, explicó
Vladimir, ganar tiempo para construir el socialismo, pero en ningún
caso se trata de volver al capitalismo. Cuando llegara el momento
-esto no lo dijo, pero se hizo- se vería modo de estirarles el
pescuezo a los capitalistas que hubieran prestado el servicio de
impedir el naufragio de la URSS mientras navegaba hacia el Paraíso
Comunista.
Casi
un siglo después -el progresismo siempre se adelanta a la historia
con cien años de atraso- revolucionarios chilenos reciclados o
recientes se devanan los sesos a propósito del significado de cierto
probable paso atrás que pudiera terminar en ninguno hacia adelante.
La resucitación de esta vieja escena fue protagonizada por la
Presidente en un cónclave masivo celebrado con los auspicios del
conmovedor lema “Todos por Chile”, invención genial que le costó
20 millones de pesos al erario. Dicho evento fue sincero en reconocer
oficialmente lo que ya todo el mundo sabe, pero también exhaló
cierta fragancia floral a misa de difuntos del “infantilismo de
izquierda”. Por eso el “todos” del lema suena a grito algo
desesperado convocando ojalá ¡por favor! a los inversionistas y
hasta quizás a los sediciosos. Siguiendo la táctica de Lenin, debe
achicarse agua con los baldes de quien sea. En breve, la Presidente
advirtió que ni había dinero ni capacidad del Estado para hacerlo
todo al mismo tiempo y/o en el grado y premura con que se avivó la
cueca durante la campaña. Reinventando la rueda, aseveró que sin
crecimiento no hay reforma que valga.
“Tirar
la toalla”.
Queda por dilucidar el alcance del paso hacia atrás y los que se esperan dar para adelante. Optimistas y pesimistas por igual han interpretado las frases de la Presidente como un “tirar la toalla”. Los optimistas oyeron un “reconocimiento de errores” que debiera significar el regreso aunque sea parcial a los cauces que mantenían al país creciendo; los pesimistas sospechan que se trata de una renuncia a “echarle “pa’ elante” como lo quieren los Quintana y el PC, estremecidos de horror con la sola idea de regresar a los tiempos de la Concertación. Quintana, incluso, insiste en los méritos demoledores de la retroexcavadora. Como dijo en una entrevista, “se necesita maquinaria pesada para derribar los muros de la desigualdad”.
Pero
posiblemente no ocurrirá ni una cosa ni la otra. No hubo tal tirada
de toalla. Ni se desea ni se puede. ¿Quién, convencido de la
certeza absoluta de su Verdad Revelada, confesaría que no era tan
verdad ni tan revelada? El programa, otrora brioso y galopante
caballo de batalla de la campaña, ahora, aunque desfalleciendo, es
el único elemento legitimador del actual Gobierno. De él depende la
justificación existencial de la NM y es el grito de guerra con que
todavía se llama a estrechar filas a los dudosos, los vacilantes,
los arrepentidos y los tránsfugas en potencia. Menos aún se le
puede dar carpetazo de cara a los vociferantes “movimientos
sociales” que en la calle y otros espacios públicos apoyan aunque
sea a regañadientes al Gobierno. Aun si se quisiera, no se podría.
No es llegar y cerrar la caja de Pandora que se descerrajó con tanto
entusiasmo. No hay un botón de “reset” para estos movimientos
una vez que han sido convocados, avivados y alentados. No es posible
invocar al Diablo y después decirle “lo he pensado mejor, no haré
trato con usted, regrese al Infierno, gracias por venir, siga
participando…”.
Medio
paso atrás….
El reconocimiento de no haber recursos ni financieros ni organizacionales para implementar al mismo tiempo cuatro o cinco reformas, todas de gran magnitud, todas necesitadas de mucho dinero, todas requiriendo masivo apoyo ciudadano, todas desprolijamente pensadas, todas apenas detalladas y ninguna jamás operacionalizada, llega con un año de tardanza o al menos eso podría reprocharse si -en un rapto de ingenuidad- se sostiene que el programa y sus requisitos debieron haber sido examinados en detalle y de antemano por la coalición que lo propuso. No fue el caso y posiblemente nunca lo sea. La historia humana no conoce de ningún plan de acción Gubernamental debida y enteramente pensado, pero tampoco conoce muchos que vayan más allá de una o dos promesas convencionales -en Chile suele ser eso de “crear un millón de empleos”- que pueden o no cumplirse sin alterar mucho el curso de la nación; cuando en cambio se pretende una revolución institucional entonces esa falencia se revela en toda su desnudez y pasa la factura por intermedio de una “hubris” que es siempre la misma: desastre económico y su séquito de consecuencias políticas.
Viendo
venir tal hubris en la forma de ese pájaro de mal agüero que
resultó ser el Ministro Valdés y sus dichos, doña Michelle y su
Gran Elenco han decidido retroceder medio paso, pero eso no significa
que desechen o siquiera relativicen sus creencias, menos aun que
posean un plan de acción alternativo; están simplemente manoteando
en medio de pánicos políticos y nieblas conceptuales, aunque
animados en esta oportunidad -la esperanza es lo último que se
pierde- por la idea de que tal vez demorando un poco el Advenimiento
del nuevo Chile alguna eventualidad milagrosa podrá mantener con
vida el proyecto. Pero, ¿cuál proyecto? ¿Cuál de todos los que
pueden predicarse en medio de tanta ambigüedad palabrera? Porque el
problema sigue siendo el mismo, la difícil cuestión de la
cuadratura del círculo: hacer la revolución sin espantar y hasta en
compañía de los que la detestan, mantener la inversión mientras se
sataniza el lucro y aumentan los impuestos, fortalecer la educación
pública mientras se incentiva una huida masiva hacia el sector
privado, cautelar la seguridad mientras se deja “manos libres” a
los delincuentes, preservar el territorio nacional mientras se
abandona La Araucanía. Cada una y varias más de estas
contradicciones reaparecen porfiadamente en todo avatar de este
gobierno. No puede ser de otro modo porque el meollo mismo del
pensamiento que anima al régimen es un tejido de imposibles
antinomias. Sin ser -aun- populista, el régimen participa de varias
de sus imposibilidades lógicas y empíricas.
¿Entonces?
¿Entonces qué? ¿Habrá uno o dos pasos hacia adelante luego del retroceso, si acaso hay retroceso? Los pronósticos, como los futurismos, son una proposición arriesgada porque suelen fallar estrepitosamente. Por eso los economistas se lo pasan “sincerando” cifras. Pero aun sabiendo eso arriesgaremos un pronóstico: no habrá pasos hacia atrás ni tampoco hacia adelante. No se querrá desandar del todo la reforma tributaria, aunque hay allí espacio para modificarla sensiblemente y algo pueden hacer; tampoco habrá retroceso en la reforma educacional porque nunca la hubo, a menos que consideremos como tal el arrojar miles de millones de dólares al pozo insondable e insaciable de las demandas por gratuidad, becas, aportes basales, etc. Y hacia adelante no habrá pasos reales -otra cosa son los discursos- ni ahora ni al final de este Gobierno porque se carece de recursos e ideas acerca de cómo hacerlo; por eso ni las AFP ni las isapres serán tocadas y quizás ni aun la cacareada reforma Constitucional avance más allá de las expectoraciones teóricas de los “intelectuales” del régimen. Seguirá siendo un profundo enigma en su contenido, procesos y métodos.
Habrá,
entonces, un estado de semiparálisis disfrazado de moderación, un
parchar las averías mientras se habla de reformas, un achicar agua
para mantener el barco a flote mientras se nos dice que navega raudo.
Se le endosará la pega de las Grandes Transformaciones a un futuro e
hipotético nuevo Gobierno de la NM y se culpará de todo a griegos y
chinos.
¿Murió el pacto programático?,
por
Roberto Ampuero.
¿Seguirá
existiendo la Nueva Mayoría o, mejor dicho, tendrá sentido la
existencia de un pacto programático llamado Nueva Mayoría cuando,
debido a modificaciones sustantivas hechas al programa que se
propuso respaldar, este pierde su configuración original? No cabe
duda que el reciente "sinceramiento sin renuncia" de la
Presidente Michelle Bachelet modifica tanto el contenido del
programa como su implementación. Esto lo demuestran la alarma y
sorpresa con que reaccionaron líderes oficialistas: mientras unos
plantean que readecuar el programa es ineludible para financiarlo y
recuperar la sintonía con la población, otros ponen en perspectiva
protestas callejeras en contra del cambio de rumbo, y la reflexión
sobre la pertinencia de continuar dentro del acuerdo político.
Lo dramático de esta nueva tensión es que tienen una cuota de razón, aunque por causas distintas, tanto los sectores de la Nueva Mayoría que consideran imposible hacer las reformas según el ritmo y profundidad acordados inicialmente, como quienes sostienen que la renuncia a la modalidad original acarrearía la muerte de la Nueva Mayoría. Los realistas tienen en parte razón, pues saben que a estas alturas la Mandatario cuenta con apenas 25% de apoyo, y no los acompañan las cifras económicas ni las encuestas sobre las reformas. Tienen en parte razón igualmente los jacobinos de la Nueva Mayoría, que sienten la renuncia parcial al programa como una traición al pacto y la defunción del conglomerado, al cual sus adherentes jamás perdonarían esa supuesta deslealtad. De no mediar una palabra pública esclarecedora de Bachelet, el desgastante tira y afloja entre realistas y jacobinos irá para largo, y el país continuará atascado en el inmovilismo actual.
Mirando la historia reciente, vemos que desde un inicio los líderes de la Nueva Mayoría tuvieron especial cuidado en aclarar que no constituyen una coalición con proyección histórica, como lo fue la Concertación por la Democracia, que se basaba en el eje privilegiado entre PDC y PS. Debido a profundas diferencias en materia de historia y valores, particularmente entre democratacristianos y comunistas, reeditar una coalición de ese calado resultaba imposible. Surgió así la necesidad de armonizar culturas políticas diferentes mediante la detallada coincidencia en un programa ambicioso y utópico.
En enero de 2014, los siete Presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría definieron a esta como una construcción instrumental que adquiría sentido gracias al programa en el que todos convergían y que implementaría Bachelet. "La Nueva Mayoría -afirmaban- es un acuerdo político programático para apoyar las tareas del Gobierno de Michelle Bachelet y del programa que le sirve de fundamento, ese es nuestro compromiso". Ante la inquietud expresada por algunos sobre el curso que impondría a Chile una agrupación tan variopinta, la entonces Presidente electa afirmó que "el acuerdo político programático es muy buena idea", y se mostró optimista: "No creo que solo dure cuatro años de Gobierno, sino que evolucionará de acuerdo también a la evolución que el país tiene, y espero que sumando y sumando a más personas". Hoy, el programa original está en cuestión, lo que legitima desde luego la pregunta sobre la existencia de la Nueva Mayoría.
Junto a esa interrogante, surge una adicional: si no es el programa original lo que la une, ¿qué mantiene unida a la Nueva Mayoría? ¿El áspero manejo de un Gobierno que no cumplirá lo que prometió? ¿El enrevesado debate interno para diseñar una hoja de ruta adaptada a las nuevas circunstancias? ¿La lealtad a Bachelet? ¿El temor al retorno de la centroderecha? ¿O el poder? Urge, por lo mismo, que la Presidente indique con máxima claridad y detalle los hitos que seguirá. Solo de este modo acabará la incertidumbre, y los partidos identificados con ella podrán dedicar todas sus energías a la tarea de que Chile recupere su senda de crecimiento y consensos, e implemente reformas necesarias, viables y financiables. Mantener el clima de definiciones parciales, sujetas a una incesante lucha de interpretaciones dentro del oficialismo y la oposición, nos está costando extremadamente caro en términos económicos, sociales, políticos y de imagen país.
Tercer
tiempo y 4-6 abajo,
por Sergio Melnick.
El
Gobierno no lo ha hecho bien hasta aquí, ni en la opinión de la
población ni en los resultados medibles. En términos prácticos ha
empezado ya su tercer tiempo, y va 4-6 abajo, con seis autogoles.
El
primer tiempo fue la entrada gloriosa al poder, con control del
Congreso, y montando la odiosa ideología de la retroexcavadora. En
ese proceso logró meter cuatro goles de media cancha: una inédita
mala reforma tributaria en su factura técnica, una reforma en
educación para sacarle los patines a los que estaban mejor, una
reforma al binominal hecha a imagen y semejanza de la Nueva Mayoría,
con los mismos vicios -o peores- que el binominal, y con un
innecesario aumento de un tercio de los Parlamentarios. Finalmente,
como ya se entiende hoy, y usando toda la fuerza del aparato
Estatal, lograron una estocada mortal al principal partido de la
oposición. Ocho meses de Gobierno y la goleada era elocuente.
La
algarabía era una fiesta de magnitudes y la borrachera del gasto
inundaba las políticas públicas. Los bonos pasaron a ser
“derechos” sociales, se contrataron decenas de miles de
funcionarios públicos, el Transantiago recibió miles de millones
de pesos, los pases escolares se prolongaron al verano, se acabaron
las concesiones, grandes recursos a empresas públicas, en fin, la
farra total.
En
esa ola triunfalista, en aras de la igualdad, se anunció un turbo
para la retroexcavadora: la pulverización de las isapres, de las
AFP, la desmunicipalización de los liceos, el fin de la selección
en los colegios emblemáticos, el ataque frontal a las universidades
privadas, y un cambio de la Constitución para coronar el proceso.
El paraíso quedaba corto.
Pero
poco
a poco las promesas resultaron ser meros populismos. La
retroexcavadora hizo estragos. La reforma tributaria y los ataques
del oficialismo al empresariado asestaron un golpe frontal a la
economía: los dichos del Ministro Arenas eran todos irreales. La
incertidumbre en la educación descolocó a todos los actores del
sector. Los que eran los buenos en contra de los corruptos, eran en
realidad más corruptos, y los escándalos alcanzaron incluso a la
familia de la Mandatario.
Las huelgas en la salud y los problemas de gestión generaron una
crisis del sector. Los Ministros no lograban siquiera ser conocidos
por la población. El transporte público de mal en peor. La
delincuencia se escapó, el desempleo empezó a aumentar, y la
inflación no lograba bajar. Las pugnas entre los partidos de la
coalición de Gobierno empezaron a llegar a los medios, y quedó en
evidencia la falta de liderazgo del Ejecutivo.
La
situación se hizo insostenible y ello forzó a un cambio de
Gabinete inéditamente anunciado en una entrevista de televisión
para sorpresa de los propios Ministros. Fueron cinco autogoles; el
desastre de la economía, los errores en educación, los problemas
familiares, los problemas del uso político de Impuestos Internos, y
los problemas en el sector salud. Los principales Ministros fueron
removidos reconociendo así todos los errores del primer tiempo, y
de esa manera se inicia el segundo tiempo 4-5 abajo.
La
desazón era tremenda; del triunfalismo al fracaso. Las encuestas
resultan demoledoras, llegando a un 25% de apoyo y casi 70% de
rechazo a las políticas del Gobierno. Por si fuera poco, se meten
otro autogol: uno de los Ministros recién nombrados vergonzosamente
debió ser sacado en pocas semanas. La situación económica sigue
deteriorándose, el nuevo Ministro sincera los datos y la conclusión
es fatal: no alcanza la plata para las reformas. Todo estaba mal
hecho. Es el sexto autogol, y la cuenta ya es 4-6 abajo.
Esto
obliga a plantear un tercer tiempo y se hace un semi mea culpa
(“pudimos haber cometido errores”, “el problema de las
reformas es que no se han comunicado bien”, “las instituciones
no eran capaces”), terminando con frases grandilocuentes pero sin
significado: realismo sin renuncia (una contradicción elocuente), y
todos por Chile, como si aún siguiera la Copa América o si alguien
estuviese por Dinamarca. Lamentablemente los discursos no resuelven
los problemas. Más comisiones al ruedo, ahora para la productividad
y el levantamiento de la economía. No está claro, sin embargo, que
haya real intención de cambio de rumbo. Para agosto se anuncia
desmunicipalización, que es una gran improvisación; para
septiembre se anuncia la gratuidad discriminatoria sin estudios de
respaldo, que es otra improvisación; una decena de Leyes de
probidad esperan en el Congreso; y el inicio del proceso
constituyente partirá igual en septiembre, que es otra
improvisación. La Presidente ofrece un Pinto Durán nuevo, y es
contradicha por sus propios funcionarios y su coalición, y un nuevo
Intendente dura 24 horas.
Por
el bien del país, ojalá haya cambio de rumbo, pero todo indica que
no va a poder ocurrir en la práctica.
Política
y sinceridad,
por
Carlos Peña.
Esta
semana hubo un repentino arranque de sinceridad de los funcionarios
Gubernamentales. Mientras el Subsecretario Aleuy pidió excusas por
aseverar falsedades ("un 30% de quienes participan en las
marchas son delincuentes", dijo en la Cámara de Diputados), el
Ministro del Interior se mostró dispuesto a asumir la
responsabilidad por el enésimo tropiezo Gubernamental (designó
Intendente a una persona que tuvo un proceso de violencia
intrafamiliar).
¿Es valioso el reconocimiento de Burgos y Aleuy?
No.
Lo que hicieron Aleuy y Burgos fue ser sinceros en el sentido evangélico de esa palabra (un resabio, sin duda, del sacramento de la confesión en cuya práctica debieron ser educados cotidianamente mientras cursaban en el Colegio San Ignacio). Ser sincero, les enseñaron sus profesores, consiste en reconocerse ante los demás como se es, mostrando especialmente los errores, los pecados (1 Juan 1:8-10) que revelan la parte sombría de cada uno. Es un acto de humildad, les subrayaron.
Pero si ser sincero es valioso en el confesionario, no lo es siempre en la política.
En la política vale más ser eficiente (es decir, capaz de alcanzar a bajo costo los objetivos declarados) y ser veraz (o sea, no ocultar los hechos, maquillar la realidad o emborrachar la perdiz). Un funcionario ineficiente o mentiroso, que reconoce su ineficiencia o mendacidad, es decir, que junto con ser ineficiente o mendaz es sincero, no vale la pena. Salvará su alma, pero condenará al Gobierno. En cambio, un funcionario insincero y presuntuoso, pero eficaz y fiel a los hechos, es sin duda mejor. Se condenará a sí mismo, pero salvará al Gobierno (y hará bien a la ciudadanía).
Esa falta de valor político de la sinceridad se prueba fácilmente examinando las palabras de Burgos y Aleuy.
Aleuy, al sincerar su mentira, dijo textual:
"Si alguna persona o grupo de personas se ha sentido lesionada en su dignidad con mis expresiones, pido (...) excusas sin reserva alguna".
Esa declaración del Subsecretario -cuando habla, masculla las palabras, las desliza como si las mascara con ligero desdén- muestra que él es sincero para eludir la verdadera índole de sus actos. Trata de pasar un error de graves proporciones (consistente en aseverar que la delincuencia es una categoría social que él es capaz de detectar incluso en el número de sus integrantes) como si fuera un discurso meramente ofensivo (cuyo efecto pudiera remediarse ofreciendo disculpas a todos y a nadie). Pero el Subsecretario no ofendió (por definición, un discurso indeterminado no es ofensivo de nadie en particular), sino que mostró incompetencia (en las cifras y en los conceptos).
Y la incompetencia no se remedia con sinceridad.
Por su parte, el Ministro Burgos (quien cada día acentúa más su habitual tono compungido, como si hacer declaraciones consistiera en confesar debilidades y defectos propios) declaró a propósito del fallido nombramiento del Intendente:
"No voy a discutir que hay una falla de chequeo (de antecedentes) y eso es responsabilidad del Ministerio que yo lidero, y asumo la parte de la responsabilidad".
Suena bien. De nuevo un acto de sinceridad (no hubo chequeo y su omisión debe imputarse al Ministro, quien asume la responsabilidad, etcétera), pero ¿de qué sirve una responsabilidad carente de cualquier consecuencia y que, más todavía, se la invoca para acabar con el tema y que así no exista ninguna?
Al igual que en el caso de Aleuy, habría que recordarle al Ministro Burgos que la torpeza y la omisión no se remedian con sinceridad.
Uno de los defectos del Gobierno -que, de persistir, acabará dañando el prestigio de la izquierda- es haber cifrado todas sus esperanzas en una personalidad: la de la Presidente Bachelet. El efecto que ello produjo fue una disminución de las ideas y del peso de los partidos. Bastó entonces que la personalidad se trizara en el caso Caval para que el Gobierno padeciera.
Ahora se está cometiendo otro error que parece ser una extensión de ese.
Este nuevo error consiste en confundir la transparencia de los actos públicos y la eficiencia Gubernativa con el valor evangélico de la sinceridad. Algo así rendirá beneficios a las almas de los sinceros, pero perjudicará severamente a la política.
Lo
que está en juego,
por Jorge Navarrete.
Uun
escenario económico complejo parece ser la causa para sincerar que
no podrá cumplirse con todo el programa de Gobierno. Aunque se
trata de un argumento robusto, me parece poco honesto el atribuir
sólo a esta razón el innegable hecho de que se defraudarán muchas
de las expectativas que alimentó esta administración.
El
Estado no estaba preparado para un cambio de esta naturaleza, afirmó
la Presidente; aunque nada se dijo respecto de los propios errores y
excesos en que incurrió este Gobierno, lo que ahora innegablemente
nos está pasando la cuenta. Parafraseando a un vieja polémica
sobre otra política pública, esta vez sí hubo fallas, tanto en
diseño como en implementación.
Recordarlo,
más que una mezquindad o majadería, me parece un imperativo de
todos aquellos que abrazan la causa progresista. A ratos pareciera
que lo único que está en juego es la reputación de este Gobierno
y sus principales protagonistas. Algunos, incluso, ya tienen puestos
los ojos en la próxima contienda electoral, como si una sucesión
exitosa borrara todo lo que aquí ha ocurrido. El afán crítico que
muchos tenemos con esta administración, que con tanta molestia se
nos enrostra a veces, tiene su origen en algo mucho más profundo y
que se vincula al daño que se le pudo haber infringido a una causa
que costó mucho sacrificio asentar.
En
efecto,
el
fracaso en la instalación de las reformas que ha impulsado este
Gobierno o la decepción por las que ni siguiera se van a iniciar,
indudablemente conllevará también un cuestionamiento a los
principios que las informaban, poniendo en duda un diagnóstico
sobre la realidad chilena que tomó mucho tiempo consensuar, y más
todavía, diluyendo para el futuro la urgente necesidad de llevar
adelante varias transformaciones que contribuyan a una sociedad más
libertaria, menos desigual y que corrija un sinnúmero de síntomas
que reflejan a una sociedad enferma en varias dimensiones.
No
se trataba de una cuestión de velocidad o profundidad; tampoco de
ganar un concurso de popularidad, ni menos de persistentemente
querer complacer a ciertos sectores donde parecíamos rendir examen
de nuestra vocación progresista, o de siempre denostar y ningunear
a los adversarios. Por el contrario, se trataba de más pericia
política, de sabiduría en el ejercicio del poder, de entender que
la responsabilidad con la causa que nos convoca estaba por encina de
los pequeños gustitos y caprichos, que voluntad y voluntarismo son
cosas diferentes, como también lo son persistencia y porfía.
Si
a este Gobierno le va mal, las consecuencias no sólo serán para
los que circunstancialmente ejercieron el poder o para los que
sustentamos políticamente a esta administración. Si así sólo
fuera, no habría razones para escribir esta columna. Mi mayor
desvelo y preocupación es que como inevitablemente suele ocurrir en
política, se confundirá el mensaje con el mensajero, lo que será
un retroceso para una bella causa, la que aún espero siga inscrita
en el corazón de la mayoría de los chilenos.
Evitar la huelga.
por María Isabel Vial.
La huelga es una ruptura que no
nos puede dejar indiferentes. Nos enfrenta al fracaso de todo lo
que no somos capaces de abordar en conjunto en una empresa. Es una
frustración o desilusión, ya que no concluye de la manera
esperada, y más bien triunfa la intransigencia, la incapacidad de
las partes de ponerse de acuerdo, a pesar de convivir muchas horas
al día. Es una instancia límite y predecible que debilita a la
empresa, a las relaciones humanas y constata la existencia de
conflictos no resueltos que se han acumulado en el tiempo.
Pero, también, no es el principio ni el fin de los problemas en la forma en que se relacionan las personas en una empresa. La huelga no es solo un elemento de presión o un juego de poder, no es otro paso más en el proceso de negociación para mejorar algunos beneficios, ni un tipo distinto de gallito entre trabajadores y empresa. Es la paralización de las actividades, la mayoría de las veces violenta, que se sabe cuándo parte, pero no hay claridad sobre cómo ni cuándo termina. Son demasiadas las personas, las familias, los esfuerzos y las historias de trabajo que se ven afectadas.
En Chile, las huelgas efectivas representan el 30% de las huelgas votadas. Sin desmerecer los buenos oficios de la Dirección del Trabajo, que hace que de cada 10 huelgas acordadas, solo tres se realicen, este número entrega luces sobre la estrategia que guía gran parte de las negociaciones en las empresas: estirar el elástico. Los grupos negociadores saben que se puede pedir algo más. Incluso hay dirigencias que son mal evaluadas por las bases cuando llegan a un acuerdo con la empresa antes de la votación de la huelga, porque es ahí donde realmente se revelaría quién tiene más poder. Este tema no es trivial, porque tiende a convertir la huelga en un fin en sí mismo, cuando en realidad debería ser una medida extrema ante una realidad que indigna. Es que establecer diálogos y consensos requiere práctica y recursos porque las relaciones laborales necesitan de un desarrollo profesional y serio.
La huelga es un riesgo que se puede evitar si se centran los esfuerzos en establecer canales permanentes para conversar y generar cercanía. Las probabilidades se reducen con ejecutivos capaces de escuchar y cumplir con los compromisos, con dirigentes que están en constante capacitación, con una agenda de reuniones periódicas para informar del devenir de la empresa e ir solucionando en conjunto los conflictos no resueltos. Se trata de una verdadera disposición al diálogo, que implica trabajo y práctica, procedimientos formales y recursos.
Hoy enfrentamos una sociedad demandante con una demografía laboral en constante cambio.
Nadie quiere trabajar en malas condiciones, nadie quiere dejar de recibir el sueldo, nadie quiere perder el valor y la productividad que tanto esfuerzo ha significado. En el fondo, nadie quiere trabajar en una empresa a la que le va mal, y todos aspiran a tener seguridad y tranquilidad en su trabajo.
La invitación es a ser respetuosos con el otro, quitarles rigidez a nuestros prejuicios y concentrarnos en cómo conversamos y los términos en que discutimos para avanzar en lo que se quiere.
El
giro de Bachelet,
por Max Colodro.
La
persistente impopularidad de las reformas terminó por pasar la
cuenta al programa de Gobierno; una cuenta de deterioro político que
se agrega a la actual dificultad para financiar dichas reformas, y a
los negativos efectos que ellas han tenido sobre el crecimiento
económico y los niveles de inversión. En rigor, la decisión de
supeditar a partir de ahora el cumplimiento del programa a su
viabilidad financiera implica una renuncia cargada de algo bastante
más profundo que un mero realismo coyuntural; es, en los hechos, la
aceptación implícita de un grueso error de diagnóstico respecto a
las condiciones que hacían posible los cambios planteados y, sobre
todo, de las consecuencias que ellos tendrían en el ciclo económico.
Basado
en eso, la nueva apuesta del Ejecutivo es simple: instalar un
escenario político lo más parecido posible al de 2009, un año
estelar en términos de respaldo a Bachelet y en que la clave fue el
haber asumido con mucho énfasis la necesidad de entregar seguridad y
‘protección social’ en respuesta a un momento de estrechez
económica. El resultado de ese esfuerzo: la popularidad de la
Mandatario se fue a los cielos, convirtiéndola a partir de esa
coyuntura en una figura política de connotaciones casi míticas. En
las actuales circunstancias, la reedición que La Moneda intenta
hacer de esa estrategia cumpliría simultáneamente con dos
objetivos: disminuir la incertidumbre empresarial en base a una
‘priorización’ o abierta postergación de algunas reformas
emblemáticas; y en paralelo, ayudar a Bachelet a desplegarse en un
rol más cómodo, es decir, acogedora y protectora frente a las
dificultades económicas que cada vez con más fuerza tensionan al
actual ciclo político.
Este
giro táctico posee no obstante alcances complejos, riesgos obvios
que tempranamente han comenzado a hacerse visibles. Por de pronto, la
insólita relativización de un programa que hasta hace poco tenía
connotaciones casi religiosas, ha agregado un elemento adicional de
incredulidad y desconfianza al cuadro político.
Asimismo,
la decisión de desfigurar las reformas ha tendido lógicamente a
reforzar los disensos al interior de la Nueva Mayoría y las
tensiones con el mundo social, generando una situación que será
cada vez más difícil de administrar para un Gobierno con su capital
político en niveles mínimos.
Con
todo,
la
opción de llevar el programa al altar de sacrificios parece tener un
costo que La Moneda ya decidió pagar.
La ilusión de que los logros de popularidad obtenidos en 2009 puedan
replicarse en las actuales circunstancias es riesgosa, pero no está
necesariamente destinada al fracaso. Lanzar hoy día por la borda las
expectativas de cambio, transar reformas por popularidad apostando a
que el deterioro económico termine por reinstalar el imperativo de
la estabilidad y de la protección social, puede no ser algo del todo
descabellado.
De
lo que parece sin embargo distante es de las expectativas puestas por
la Nueva Mayoría y por un sector del país en el actual ciclo de
transformaciones, un entramado de esperanzas y convicciones que
comenzó a debilitarse cuando los cambios fueron perdiendo
popularidad, y que terminó de desplomarse cuando el caso Caval y la
‘precampaña’ dejaron a Bachelet en un limbo político. Condición
que esta nueva estrategia busca como primera y casi única prioridad,
empezar a resarcir.
Los
derechos de López,
por
Eugenio Guzmán.
Uno
de los temas permanentes de los últimos 15 años ha sido la
impermeabilidad del Gobierno venezolano (hoy con Maduro y antes con
Chávez) a las condenas en materia de derechos humanos. Basta
recordar las críticas de José Miguel Vivanco al sistema de control
político de los opositores, que limita libertades básicas de los
venezolanos.
Aquí no se trata sólo de percepciones. La detención de la Juez María Lourdes Afiuni tras otorgar libertad condicional a un opositor de Chávez, es un hecho elocuente. Después de ser torturada, recibió la libertad condicional en 2013, con múltiples restricciones.
Recientemente los Tribunales de justicia chilenos dieron lugar a estudiar un recurso de protección interpuesto a favor de la vida del dirigente venezolano Leopoldo López sea estudiado o, al menos, a recabar antecedentes en las instancias Gubernamentales que corresponda. Un recurso de este tipo no busca indagar culpables. Sin embargo, el hecho de que las Cortes estén dispuestas a indagar la información sobre sucesos ocurridos en otro país abre un espacio para que podamos debatir sobre el tema y abiertamente tener opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela.
En efecto, más allá de que López y Ceballos hayan suspendido la huelga de hambre, aún siguen presos y, en consecuencia, lo que importa destacar es el debate respecto del tema. En este caso, como en otros, no se trata de consignas políticas, de ser de izquierda o de derecha, sino que de condenar acontecimientos que, ciertamente, afectan derechos básicos invocando razones políticas o de Estado, bajo un régimen democrático. Es esto lo que lo hace más grave que ocurran en democracia.
En este contexto, una reflexión de fondo que se puede extraer es cuán feble se vuelve la democracia cuando no se cuenta con instituciones que velen para que, a pesar de los giros políticos electorales, existan límites para contener a las autoridades para organizar el aparato del Estado a favor de sí mismas. Los ya 15 años del experimento chavista han dejado en evidencia la destrucción de un sistema de garantías que fueron desvaneciéndose a través de la cooptación y el control sistemático de todos los poderes del Estado.
“Le
salieron malos”,
por Héctor Soto.
Es
notable la capacidad de la Presidente para surfear sobre los
problemas que el país enfrenta en la actualidad como si ella no
tuviera ninguna responsabilidad en haberlos generado. Escuchándola,
parecería que su Gobierno se está abriendo a un segundo tiempo sólo
porque los astros se ensañaron de manera tal que terminaron
malogrando el primero. Qué mala suerte, piensa el observador
sensible a los caprichos de la astrología. La realidad, sin embargo,
es distinta. Quien estuvo a cargo de la batuta en el primer tiempo de
esta administración fue directamente la Mandatario y un equipo que
ella, más que convocar, inventó de la nada. Hay que decir las cosas
como son: ahí no intervino ni se apeló a ningún astro. Los
Ministros Peñailillo y Arenas no venían ni de la orgánica de los
partidos oficialistas ni tampoco de los estamentos de la academia o
del saber. Lo único que los salvaba de la irrelevancia pública
absoluta era haber calificado por alguna misteriosa razón en el
hermético círculo de confianza de Michelle Bachelet. Fue ella quien
los invistió de una autoridad que nunca habían tenido y juntos, en
cargos que abiertamente les quedaron grandes, en cosa de 13 o 14
meses convirtieron lo que era un país enervado, pero pujante, en un
país también enervado, pero ahora declinante.
“Le
salieron malos” los Ministros, se dirá, de modo no muy diferente a
como nos pueden salir malas las manzanas que compramos en la
frutería. Se veían bien por fuera y estaban podridas por dentro.
Será, poh. Cero autocrítica y cero responsabilidad política. Ahora
estamos en otra y por supuesto el problema es mayor al que existía
al inicio del Gobierno.
Siendo
ecuánimes, sin embargo, la verdad es que no fue sólo la Mandatario
quien se equivocó. En sus errores también fue acompañada con
entusiasmo por su coalición, la Nueva Mayoría, básicamente porque
era ella quien tenía los votos, quien mejor encarnaba como mujer
sufrida las aspiraciones del Chile profundo y quien podía reponer
por paliza a la centroizquierda en las cumbres del poder.
Ahora
hemos venido a saber, por las declaraciones de Gutenberg Martínez,
que ahí en la coalición había gente que sabía que el programa no
se iba a poder cumplir. No lo dijeron en su momento, por desgracia, y
más bien se les vio ingresar encantados a la fiesta.
Si
algo había en los partidos de la antigua Concertación eran
capacidades técnicas para evaluar los efectos adversos que la
reforma tributaria iba a tener en la economía; no cualquier reforma
tributaria, que pudo haber funcionado y haber sido necesaria,
incluso, sino la que se hizo, que es nefasta. Iguales o mayores
prevenciones existieron en el conglomerado respecto de la idea de
inyectar en la reforma educacional del Ministro Eyzaguirre una
cantidad gigantesca de recursos que dejaron al sistema público y
subvencionado donde mismo y que no moverá un ápice las agujas de la
calidad. A la hora de votar, sin embargo, desaparecieron las
aprensiones y reservas. Ningún reparo, ninguna deserción. Todo lo
contrario. Bien, señor Ministro: mándese otra.
No
es tan extraño que en política rara vez se asuman las
responsabilidades. Reconocer los errores está entre lo más duro que
puede hacer un Gobierno. Por eso mismo, es un trago que se sirve poco
en esas esferas. Lo que sí es más frecuente es sean los electorados
los que cobren las responsabilidades impagas. Lo hacen cada cuatro
años en las elecciones y lo hacen a cada rato en las encuestas. Se
sabe, además, que pueden cobrarlas con severidad, especialmente
cuando el ajuste de cuentas está libre de diversas distorsiones que
suelen estar asociadas al liderazgo carismático, como el que tuvo
Bachelet en su primera administración; al populismo nacionalista,
como
el que explotó Chávez y trata de explotar Maduro ahora en
Venezuela, o a paranoias colectivas de otra índole (lo que hizo Bush
en Estados Unidos con su guerra contra el terror). Estos factores
-que difieren o perdonan los cobros- ensucian la correlación. Pero
cuando se desvanecen, como se desvaneció este año el liderazgo de
Bachelet, la lógica de la política vuelve a funcionar: el que lo
hace mal se va para su casa o a la huesera.
El
gran problema, siendo dos años y medio los que este Gobierno todavía
tiene por delante, es que, mucho antes de que Bachelet se pueda ir,
el que puede terminar en la huesera es el país. Hay que reconocer
que la Presidente hizo un cambio profundo de Gabinete. Sacó no sólo
al Ministro del Interior (cosa que ella hizo dos veces en su primer
Gobierno, cuando removió a Andrés Zaldívar y luego a Belisario
Velasco), sino también al de Hacienda (cosa que los Gobiernos desde
el 90 hasta acá jamás habían hecho). Es obvio que dio un golpe de
timón. Y hay diversas señales de cambio de rumbo. Débiles unas,
más confiables otras. Pero hasta ahora no se trata más que de humo
y está claro que con humo las cosas no se van a enmendar. El gran
desafío de los Ministros Burgos y Valdés es reencontrarse con la
racionalidad y la moderación, y esto, que parece fácil, no lo es.
Hay sectores de la Nueva Mayoría que están muy suspicaces y con
síntomas de pánico a que sus fetiches puedan ser aplastados por el
pragmatismo. Hay confusiones, también, y es explicable que las haya,
porque el Gobierno todavía no presenta una hoja de ruta y mucho
menos un simple punteo para la discusión respecto de lo que se ha
llamado “proceso Constituyente”, el último consuelo de la
retórica refundacional de esa administración. Y hay eslóganes como
el que aportó el fin de semana pasado la Presidente, “realismo sin
renuncia”, que lejos de clarificar las cosas las remiten a una
cancha de disputas semiológicas donde los partidos -lo sabemos
todos- pueden ser muy largos: meses, años, décadas…
Es
dudoso que Chile pueda esperar tanto.
Miedo
a salir a las calles,
por Mario Montes.
Hasta
hace poco a muchos chilenos les parecía una exageración que muchos
compatriotas tuvieran miedo a salir a las calles o que se vieran
obligados a vivir tras rejas y bajo siete llaves para tener alguna
seguridad para ellos y sus familias.
Los
porfiados hechos les han dado la razón a aquellos que han recurrido
a extremas medidas para asegurar sus hogares para protegerse y para
cuidar se sus familias, los asaltos en lugares habitados son cada vez
más cotidianos y violentos.
Los
atracos en las calles, en las bencineras o a la entrada de las
viviendas ya son pan de cada día y los temores de la sociedad son
cada vez más razonables, la delincuencia parece campear en el país
y la imagen de la impunidad parece ser la tónica.
A
los inseguridad de los hogares y de las calles se sumó el fin de
semana los robos a restaurantes o bares en donde los parroquianos son
asaltados, quitándoles sus pertenencias, tarjetas de crédito y
dinero a punta de pistola.
Sectores
rojos ilegales, establecidos en zonas tan centrales, uno a unas pocas
cuadras de La Moneda, y a pasos de una Comisaria, y otro en un
populoso sector comercial dan cuenta de un país en el que la Ley
está dejando de tener vigencia y se practica la Ley de la selva.
Los
esfuerzos de Carabineros y de la policía de Investigaciones por
combatir el ataque de la delincuencia se ven frustrados por la falta
de herramientas, Leyes garantistas que protegen a los delincuentes y
Jueces que no están cumpliendo la función encomendada.
Ya
no es solo en la Región de La Araucanía donde el Estado de Derecho
parece no estar vigente, ya se ha extendido a Los Lagos, y esta
amenazando a todo el país, esperamos no llegar a los extremos de un
Estado fallido que vemos en centro américa.
Paro docente sin límites.
Los
profesores de la enseñanza pública completarán dos meses de paro,
con los graves perjuicios que ello acarreará en los estudiantes que
se están formando. Como una derivada atentatoria para sus propios
objetivos, la división entre los dirigentes del Colegio del
Profesores hace más difícil cualquier entendimiento.
Si el Partido Comunista pierde el control de la conducción se puede generar una situación similar a la de los estudiantes en el 2011 y, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Presidente, Jaime Gajardo, para apoyar la tendencia Gobernante, le está resultando imposible contener a quienes son partidarios de posturas más ultras, para decidir el comportamiento del gremio frente a las iniciativas legales que, esta semana, debieran ser tratadas en la Comisión de Educación de la Cámara.
Si el Partido Comunista pierde el control de la conducción se puede generar una situación similar a la de los estudiantes en el 2011 y, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Presidente, Jaime Gajardo, para apoyar la tendencia Gobernante, le está resultando imposible contener a quienes son partidarios de posturas más ultras, para decidir el comportamiento del gremio frente a las iniciativas legales que, esta semana, debieran ser tratadas en la Comisión de Educación de la Cámara.
La decisión de adelantar las vacaciones de invierno, ha reducido en parte los daños a los estudiantes y ahora corresponderá ver los efectos, si acaso se logra retomar el diálogo.
La carta de la Ministro Adriana Delpiano es bastante demostrativa de hasta dónde ha cedido en sus posiciones el Gobierno, aunque advierte, claramente, que el proyecto no será retirado y centra en el Congreso la instancia que debiera producir el posible acuerdo. Les concede a los profesores facilidades importantes en el ingreso a la Carrera Docente, con el título profesional y el concurso respectivo, sin la exigencia de los dos años a contrata. La extensión de la permanencia en el actual Estatuto Docente de hasta 10 años y eliminación de la exigencia de renunciar al cumplir la edad de jubilar.
La nueva Ministro también les ha ofrecido acercar posturas en el Sistema de Desarrollo Profesional Docente y el de Evaluación de Desempeño Docente, temas de los más sensibles para el gremio. Además de mejorar las condiciones de alumnos por sala y la formación inicial de docentes, mediante una Comisión Asesora integrada por las universidades, el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores.
Respecto de los recursos, la Ministro ha sido muy clara en que si bien todo puede conversarse, hay que atenerse a las disponibilidades existentes, es decir la llave final la seguirá teniendo Hacienda. Pero de que se ha tendido la mano, no cabe duda. Ahora les corresponde evaluar el que, más allá de su legítimo derecho a plantear sus demandas, los profesores deben asumir sus propias responsabilidades para lograr una mayor calidad en la educación y evitar la fuga masiva de alumnos desde el sistema público y frenar el daño ya hecho.