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martes, 14 de julio de 2015

Temas para entender lo que pasa y lo que viene...


La Presidente volvió a darle a Chile una cátedra de populismo y demagogia al afirmar,
durante la promulgación de la ley que obliga a las Cámaras Parlamentarias a rendir
cuentas, afirmando que prioriza programa por el "bienestar de las familias".

Televisión Nacional, que claramente no anda bien, ni financiera ni institucionalmente, ha
despedido a 52 personas, de diferentes áreas en una empresa pública que pierde miles de
millones por sobre dotación de personal, malas decisiones y mala programación.

Vergonzoso y asqueante nos perece ver al Presidente de Bolivia, Evo Morales, tratando
de colgarse de la imagen y prestigio del Papa, además de tratar de manipular e
instrumentalizar las declaraciones del Pontífice.



Los agravios de Morales,
por Karin Ebensperger.




La facilidad con que -con costo cero- Bolivia se permite ofendernos con graves epítetos ante la opinión pública mundial está afectando la percepción externa de Chile. No solo nos demanda en La Haya, sino que también ha desplegado una propaganda insultante que nuestras autoridades en general -a lo largo de diversos Gobiernos- han aceptado estoicamente.


El estoicismo tiene sentido cuando ante una situación irremediable no hay más salida que la resignación y dominio de sí mismo. Pero frente al agravio gratuito, corresponde contestar, por la dignidad de Chile, con fuerza y claridad. El Canciller Heraldo Muñoz ha hecho bien al aclarar -ante un llamado del Papa Francisco para un diálogo bilateral- que Bolivia rompió relaciones; luego el diálogo, al demandarnos, y que Chile ofrece restablecerlos de inmediato.


En el caso sobre la delimitación marítima con Perú, Chile actuó -con razón- estoicamente; debía acatar el fallo de La Haya, que si bien reconoció todos los argumentos chilenos, incluyendo el paralelo y el hito 1, que Perú cuestionaba, otorgó a nuestros vecinos una enorme porción de mar. Tras ese fallo, esperábamos tranquilidad en la relación con Lima. Pero Perú inmediatamente anunció una nueva exigencia, la de un triángulo terrestre, y aún no cumple el compromiso asumido con el Tribunal de adecuar sus Leyes a la Convemar (Convención del Mar), que Chile sí ha firmado y respetado. Es difícil confiar en ese Gobierno, que además construye absurdas acusaciones de espionaje y manifiesta apoyo a la demanda boliviana, que es un asunto bilateral.


Frente a la ofensiva comunicacional de Evo Morales, no podemos olvidar que Perú es el gran obstáculo para Bolivia. El más elemental sentido común entiende que Chile no puede ser dividido en dos, dejando un Chile del norte y un Chile del sur, separados por un enclave o un paso boliviano. Ningún país aceptaría una aberración así. La única posibilidad de considerar algún arreglo en relación con la aspiración boliviana sería junto a la frontera norte de Chile, en el límite con Perú. Pero Lima no quiere dejar de ser vecino de Chile y se ha opuesto, sobre la base del Tratado de 1929, a cualquier posible entendimiento chileno-boliviano.


Chile tiene el mismo derecho a recordar que el Tratado de 1904 con Bolivia, que fijó el límite, está plenamente vigente, pero aun así ha buscado caminos en relación con la aspiración boliviana, en pro de una buena vecindad, moderna y mutuamente conveniente. Ha llegado el momento de mencionarlo y contrarrestar la política comunicacional de Bolivia: Chile ha ofrecido soluciones y Perú se ha opuesto. Bolivia, por lo tanto, tiene un problema con Perú, y tarde o temprano deberá reorientar hacia Lima sus exigencias.


Nota de la Redacción:


Es simplemente asqueante la forma en que el Presidente de Bolivia, Evo Morales, trata de colgarse del prestigio del Papa Francisco y la manera miserable con la que intenta falsear las palabras de Pontífice que solo dijo que los sueños bolivianos por una salida al mar “no son injustos”.

Bachelet, Jorratt, Peñailillo, Martelli, Rosenblut,
por Sergio Merlick.




Hemos quedad todos anonadados por las declaraciones de Jorratt en la Fiscalía. Una historia que parece una novela. Peñailillo -la mano derecha de Bachelet- contacta a Arenas para que trabaje para la precampaña. Arenas en realidad trabaja para la Universidad de Chile full time, pero acepta el trabajo igual. Es decir, la Universidad de Chile pasó a financiar en parte la precampaña de Bachelet, ya que además muchas de las reuniones se realizaban directamente en las oficinas de Arenas en la universidad.




No estaría demás una opinión institucional de esa universidad. De hecho, el Departamento de Economía casi en masa ha servido al Gobierno de Bachelet y habría que examinar qué convenios tiene con el Estado, algo que ya ocurrió en tiempos de Lagos (MOP GATE). De hecho, Eduardo Engel, otro funcionario de la universidad, Presidió la comisión de probidad, cuyo tiempo fue financiado, hasta donde sabemos, por la universidad.




Bueno, la historia sigue. Arenas, ya fichado, contacta a Jorratt para que trabaje en el programa de Bachelet en la reforma tributaria y le ofrece una compensación económica. Inicialmente le pide media jornada, pero transan en más o menos un día a la semana. Para los pagos le pide que se contacte con un señor Martelli y así arreglar los detalles de las boletas. Pero Jorrat no conoce a Martelli, y se citan en un café de Providencia. Se dan señales físicas para reconocerse. Finamente se conocen, y Martelli le hace firmar un contrato, ciertamente trucho, que Jorratt firma igual. La reunión es breve, dura 15 minutos. La trama ha sido activada.




Jorratt entonces emite boletas todos los meses para la empresa de Martelli, pero trabaja para Arenas, que a su vez trabaja para Peñailillo, que a su vez trabaja para Bachelet con los recursos que mueve Rosenblut (Presidente de una empresa que será regulada por el Gobierno para el cual él recauda los fondos). Peñailillo es quien asigna finalmente los recursos que recauda Martelli.




Todos estos recursos provienen de empresas que financian la precampaña de Bachelet, de las cuales por ahora sólo conocemos algunas.




Lo sorprendente es que todos ellos van a iniciar una noble gesta para modificar el sistema tributario, donde -según dicen- las grandes empresas eluden impuestos. Notable, ya que la máquina montada era con esas mismas empresas que según ellos pagaban pocos impuestos y además los eludían. Se transforman así en los adalides de la Justicia tributaria en el país. En esa cruzada santa encuentran boletas de sus adversarios políticos en una empresa, y usando todo el poder de Impuestos Internos (manejado por Jorratt y dirigido por Arenas en el Gobierno de Bachelet) se lanzan en picada contra la empresa y los políticos asociados. Asestan así un golpe mortal a sus adversarios, que quedan reducidos a cenizas; algunos incluso en la cárcel.




Pero como en todo thriller, la trama da un vuelco que resulta insospechado. En ese mismo caso en que eran los grandes justicieros aparece una “arista” que lleva a otra empresa, que era justamente una de las que financiaba a los justicieros. Los buenos eran los malos. Así, no sólo aparecen políticos del sector de Gobierno implicados en las boletas, sino que los mismos justicieros aparecen con las boletas, de esas que ellos mismos denostaban. Se inicia el descontrol. Peñailillo, usando las atribuciones del poder, hace saber a Jorratt que los datos de esa empresa no deben llegar a los Fiscales. Hacen una extraña jugada en que el directorio de esa empresa se rehúsa a dar antecedentes que les da un par de semanas de trabajo. Entonces Peñailillo (según versión de Jorratt) le indica vía Arenas, que en esa ventana de tiempo hay que sacar todos los antecedentes de la empresa, aunque sea utilizando camiones. Es decir, Bachelet estaba usando el poder del Gobierno para obstruir la Justicia, y usando al Servicio de Impuestos Internos para atacar a sus adversarios políticos, escondiendo sus propias faltas, al mismo tiempo que reclamaba autoridad moral en política.




El desenlace ya es conocido. La reforma tributaria es un verdadero mamarracho. Peñailillo y Arenas son despedidos del Gobierno, y Jorratt también a poco camino. Rosenblut es despedido de Enersis. Jorratt es llamado a declarar (de ahí sabemos esta historia) como imputado, y Peñailillo también deberá declarar. Los grandes justicieros que denostaban a los empresarios, eran finalmente parte de la misma trama.




Y de toda esta increíble historia, Bachelet sostiene no saber absolutamente nada. ¿Alguien lo puede creer? De ser así, ¿está Gobernando realmente?




No es la política, es la economía,
por Felipe Larraín.


Las paupérrimas cifras de crecimiento de la economía chilena en los últimos meses han puesto de vuelta en el debate la necesidad de recuperar el crecimiento. La importancia de este tema no debería haberse extraviado nunca, pero ello lamentablemente ocurrió en los primeros 14 meses del actual gobierno.


El Gobierno creyó que a pesar de impulsar un conjunto de reformas improvisadas, y peor implementadas, el crecimiento se seguiría dando -como dice la Biblia- "por añadidura". Pero ello no fue así. El frenazo económico ha sido de proporciones. Después de haber crecido 5,3% promedio en 2010-2013, Chile apenas se expandió al 1,9% en 2014. Y las noticias más recientes han sido un balde de agua fría.


El Imacec de 0,8% en mayo fue un poderosos llamado de atención; las cifras de empleo del último mes revelan que apenas estamos creando 93 mil empleos en 12 meses (cifras cercanas a 250 mil empleos por año son hoy un buen, pero lejano recuerdo). Y las importaciones de bienes de capital de junio volvieron a caer. Nos acercamos así a los ocho trimestres consecutivos de caída de la inversión, el ciclo negativo de inversión más largo de los últimos 30 años, a pesar de que en este episodio no ha mediado ninguna recesión externa (y sí en los anteriores).


Adiós a la estrategia de la negación y del engaño, la que pretendía hacer creer a los chilenos que las políticas que se estaban implementando no tendrían efecto alguno en el desempeño económico, contra toda la evidencia internacional y la que se iba acumulando en nuestro país. Bienvenido al sinceramiento de las cifras en el discurso público; las proyecciones oficial redujeron el crecimiento 2015 desde 3,6% a 2,5%. Pero aún 2,5% es optimista, como reconocen las propias autoridades. Muy probablemente creceremos menos este año.


Hablar más de la importancia del crecimiento en el discurso oficial es bueno, pero no basta con repetir el vocablo. La inversión y el empleo no se van a recuperar por ingeniería verbal, sino por hechos concretos. Tampoco ayuda darle gradualidad a malas reformas, en primer lugar porque la inversión (y la contratación) reacciona a lo que se espera vaya a ocurrir; segundo, porque aunque se apliquen gradualmente siguen siendo malas y hacen daño. Juzgue usted la gradualidad de la reforma tributaria.


Hoy existe una oportunidad con la reforma laboral. Tal como está, el proyecto puede costarle al país unos 150 mil empleos. En vez de darle en el gusto a una cúpula de dirigentes sindicales, el Senado debería pensar en todos los chilenos: no impedir el reemplazo durante la huelga y permitir la extensión de los beneficios de la negociación colectiva a los trabajadores no afiliados sin veto sindical (como sugieren la OIT y la OCDE)entre otros temas.


A su vez, la reforma tributaria significó un retroceso enorme para la calidad de nuestro sistematributario. Lo hemos dicho, es posible recaudar lo mismo sin hacerle tanto daño a la economía. Donde antes había claridad y certeza, hoy reina un mar de complejidad y confusión no solo entre los contribuyentes, sino también entre los expertos tributarios. En Clapes UC hemos hecho propuestas en este sentido, tanto en el tema tributario como en el laboral.


Al final, no nos engañemos. El problema del frenazo económico no está en la política, está en la economía. Y en la local, no afuera.


Mise en scène,
por Ascanio Cavallo.




¿Cuál es la capacidad de predicción del gobierno? Sólo este mes se ha visto sorprendido por un bajo índice de actividad mensual, una inflación superior a la prevista, un alza brusca de la UF y el dólar, un temblor inquietante en el índice de desempleo y un precio del cobre que ya pasa de la gripe a la neumonía. Bueno: ninguno de estos datos es realmente nuevo. Casi todos habían sido anunciados -en algún caso, desde el año pasado-, sólo que por especialistas que el gobierno considera opositores o malintencionados. Este tipo de expertos interesados existe siempre, lo mismo que los que son simplemente malos, sea por capacidad intrínseca, sea porque se dejan llevar por el voluntarismo.




Entonces, ¿a qué grupo pertenecen los especialistas del gobierno, que guardan silencio o muestran sorpresa con el ambiente depresivo de la economía? En sus 20 años de gestión, la Concertación dispuso siempre de una batería de economistas que, matices más o menos, tenían competencias y calidades parecidas. Esa troupe de selección, sin embargo, perdió abruptamente pie con la creación de la Nueva Mayoría, cuyo eje hegemónico sostuvo que todas las políticas económicas anteriores, incluidas las de la Concertación, fueron mezquinas, timoratas y, si apuran un poco, filoderechistas. Así como la Concertación política hizo una transición política que merece ser retroexcavada, su conducción económica tendría que correr igual destino.




El caso es que a la Nueva Mayoría llegó, como es natural, personal procedente de esas mismas vertientes. Por ejemplo, Nicolás Eyzaguirre, aunque este ex ministro de Hacienda fue el que impuso la regla del superávit fiscal, uno de los anatemas para los promotores del máximo gasto del nuevo gobierno, lo que quizás fuese una buena razón para que ahora se hiciese cargo de Educación, el principal proyecto de reformas del programa de Bachelet 2. Y también Alberto Arenas. Claro que recién se conoce -con las declaraciones judiciales del ex director de Impuestos Internos Michel Jorratt- el grado de subordinación que tenía el titular de Hacienda con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, una dependencia totalmente inédita en los gabinetes del último cuarto de siglo, que también permite entender por qué es el primer ministro de esa cartera que pierde su cargo junto con el equipo político.




Tuvo que producirse ese cambio dramático para que un nuevo ministro, Rodrigo Valdés, dijera lo que ya era una evidencia clamorosa, esto es, que la performance de la economía no permitiría cumplir todos los compromisos que el gobierno estaba adquiriendo, para que La Moneda, primero, y luego la dirigencia de la Nueva Mayoría, aceptaran que es preciso modificar el rumbo de la administración. Como si se tratase de no herir oídos demasiado sensibles, esta decisión ha sido fraseada como “priorizar”, un término emergido de un campo semántico tal, que puede caber en él la expectativa de que el gobierno complete su programa cuando pasen las estrecheces, si es que eso llegase a ocurrir dentro del cuatrienio.




Una vez que se acepta que el gobierno tiene los expertos suficientes como para haber interpretado las señales que estaba acumulando la economía, incluso aunque ellas sólo proviniesen del panorama externo y no tuviesen nada que ver con las reformas, todo esto adquiere un cierto aire de sainete, una mise en scène donde los protagonistas representan un papel sólo para la satisfacción de una audiencia mientras se prepara el giro dramático de la obra principal. La insinuación, difundida sotto voce por algunos, de que el paro de los profesores habría puesto la evidencia de que el presupuesto fiscal no soportará más presiones de gasto no hace más que incrementar esta sensación de ficción concertada. Lo mismo que ha hecho la instalación de una comisión especial -la séptima de este gobierno- para mejorar la productividad. De esto, se suponía, estaba encargado el Ministerio de Economía, al menos desde que perdió el protagonismo de la política económica en tiempos de Hernán Büchi. Sin contar, desde luego, con que la caída de la productividad está archidiagnosticada desde hace ya varios años.




Ahora que las malas noticias son públicas, la pregunta es cuál era esa audiencia a la que se quería complacer. ¿El conjunto de una sociedad infectada por las desigualdades, como sostenían los diagnósticos originales? ¿Los que fueron convencidos de que la paz social se compraría presionando el presupuesto del Estado? ¿Los votantes ilusionados con los proyectos de la Nueva Mayoría? ¿Los dirigentes del oficialismo entusiasmados con los cambios estructurales? ¿O la Presidenta?




Pero ¿la Presidenta? ¿Otra sorpresa para sus proyectos? ¿Otra cosa que no se le había dicho? ¿Otra novedad que se le ha comunicado después de que lo sabían todos?




A la espera de las respuestas a estos misterios, el ministro Valdés ha recibido la inesperada posibilidad de establecer su autoridad sobre la base de recuperar, no ya esa confianza personalizada que ha sido la clave de las frustraciones de este gobierno, sino simplemente la capacidad de predicción.


Arresto inconstitucional,
por Axel Buchheister.




Fue la semana de las medidas cautelares, que como se sabe sólo afectan a la oposición. Brillan por su ausencia las acciones concretas contra miembros de la Nueva Mayoría, cuando el asunto de las platas políticas afecta a todos por igual. Se rebajaron algunas penas en el caso Penta, pero se dispuso el arresto domiciliario total en contra del ex senador Jovino Novoa.




Conforme al debido proceso, todo imputado se presume inocente hasta que un fallo definitivo tenga por probado lo contario. Por eso, la Constitución expresa que la libertad provisional en general procede, salvo que entre otras causales el juez considere que el imputado es un peligro para sociedad. Ello en la práctica se da cuando hay peligro de fuga o que se continúe la acción delictiva. Así, las medidas cautelares privativas de la libertad -como el arresto domiciliario, que es el “hermano menor” de la prisión preventiva- son excepcionales y sólo se pueden decretar para evitar dichas eventualidades. Pero en la práctica las medidas cautelares se aplican como una pena anticipada en contra de quienes se debieran presumir como inocentes. Tanto, que suele suceder que luego se aminoran, como ocurrió en el caso Penta. ¿Será que permanecer en la cárcel unas semanas disminuye la peligrosidad?




¿Qué cautela tener arrestado todo el día en su casa a Jovino Novoa? Estaba desde muchos meses siendo investigado y nunca nadie supuso que se fugaría. El Ministerio Público se tomó todo el tiempo que quiso para formalizarlo y pedir esa cautelar. Esta tiene mucho de condena anticipada, pero resulta más grave cuando se ha invocado un argumento antidemocrático e inconstitucional para decretarla. Cito al juez: “no deja de impresionar que (…) a propósito de sus intervenciones en la Cámara Alta al discutirse un proyecto de ley contra la evasión tributaria, él mismo haya estimado que -según ha reproducido en esta audiencia el Ministerio Público- ‘tal moción ha de ser rechazada en general’, que ‘las líneas centrales del proyecto son absurdas y que ‘aumentarle atribuciones al Servicio de Impuestos Internos no es el instrumento idóneo para evitar y terminar con la evasión tributaria (…), el proyecto de ley debe ser rechazado en su totalidad’”. En buen romance, el juez arrestó al ex senador Novoa por sus opiniones.




Ello niega la libertad de expresión y el derecho a propugnar que Impuestos Internos debe tener atribuciones acotadas. Tener esa visión constituiría un peligro para la sociedad, ya que habría una sola política pública correcta, lo que es ajeno al debate democrático y excede las facultades de los jueces. Pero más aún, el argumento es inconstitucional, al tratarse del predicamento de un senador que estaba en el ejercicio de sus funciones: la Constitución señala que ellos “son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión” (art. 61).




¿Acaso no es violar el fuero de un senador, invocar años después una opinión suya en el Senado como fundamento para aplicarle una medida restrictiva de libertad, que en el hecho es una sanción?






El Papa en campaña,
por Álvaro Vargas Llosa.





Hay alarma entre los liberales, los conservadores, los democristianos e incluso los socialdemócratas latinoamericanos por la visita del Papa a esta zona del mundo, en especial a Ecuador y Bolivia (dos de los tres destinos elegidos esta vez, el último de los cuales ha sido Paraguay). Digámoslo sin meandros retóricos: piensan que nos ha tocado un Papa demasiado “rojo”, o al menos dispuesto a hacer concesiones excesivas al populismo autoritario.




Después de su rol en el deshielo entre Washington y La Habana, estas familias ideológicas esperaban un cierto equilibrio ideológico por una de tres vías posibles: escoger las visitas a América Latina privilegiando a gobiernos de estirpe inequívocamente democrática y vocación de primer mundo; mantener las ya programadas pero ser un huésped locuazmente incómodo de Rafael Correa y Evo Morales; en su defecto, practicar una diplomacia florentina que, entremezclada con su formación jesuita, lo convirtiese en una anguila inasible que sus anfitriones populistas no pudieran atrapar en sus manos, como pretendían (es decir, convertirse en algo así como una síntesis de Brunetto Latini y San Ignacio de Loyola).




Pero nada de eso ocurrió: Jorge Mario Bergoglio, Francisco I, multiplicó los gestos de simpatía hacia los gobiernos populistas, hizo escasos esfuerzos por impedir que ellos politizaran su presencia y dio un fuerte énfasis a conceptos que no diferían en exceso de la retórica que el “socialismo del siglo XXI” latinoamericano emplea para justificarse.




Creo, hechas sumas y restas, que nada de esto debe alarmarnos excesivamente y que los suspicaces están haciendo una lectura demasiado dramática del periplo pontificio. El asunto es bastante más sencillo y menos grave de lo que se piensa. Para entenderlo, hay que preguntarse: ¿Qué quiere el Papa? Quiere muchas cosas, pero en esencia tres, de las cuales dos son institucionales y una es muy personal.




La primera tiene que ver con el rescate de una Iglesia (ya sabemos que en estas tierras no hace falta el adjetivo calificador para saber de cuál hablamos) que viene sufriendo una lenta pero muy perceptible disminución en porcentaje de la población e influencia, y cuyos obispos están bajo asedio político directo o indirecto en varios países latinoamericanos.




La segunda se relaciona con la Doctrina Social de la Iglesia, que el Papa cree que no fue lo suficientemente apuntalada por sus dos antecesores, a los que admira y respeta pero quienes, a pesar de abogar por ese conjunto de principios o “ideario”, la matizaron en exceso por su conservadurismo.




El tercer interés del Papa, mucho más personal, es el de sus creencias y pulsaciones. Esto guarda relación con la Doctrina Social de la Iglesia pero la desborda porque tiene que ver con su visión del Tercer Mundo y de América Latina. Decir que el Papa apunta a rescatar la llamada Teología de la Liberación sería demasiado truculento; negar que quiere rescatar algunos de sus aspectos y que aspira a que la doctrina oficial de la institución que lidera sea capaz de subsumir varios elementos de esa “teología latinoamericana” sería no atender las señales que envía desde hace años este importante personaje.




No, Bergoglio no es un teólogo liberacionista. Al contrario: ha polemizado con esa visión. Pero lo ha hecho siempre pretendiendo disminuir y hasta eliminar sus elementos marxistas para quedarse con otros y apropiarse de su retórica y su mensaje revolucionario por los pobres.




Si se entiende esto, se entiende lo principal: para Francisco I la comunicación con los pobres es una forma de hacer las tres cosas antes mencionadas. El escenario “periférico” -para usar una expresión que al Vaticano bajo su mando le es cada vez más cara- le resulta ideal. No sólo el latinoamericano: también el asiático (donde ha estado dos veces) o el de la Europa ex comunista, como Albania y Bosnia, países que también ha visitado. El Papa cree que esta es la vía para que la Iglesia sea más popular en el futuro, para que tenga una mayor relevancia social y para que se acerque más a su visión de la Doctrina Social de la Iglesia.




En cristiano: Francisco I no está interesado en perpetuar a Correa o a Morales, en santificar a Fidel y Raúl Castro, en propagar el “socialismo del siglo XXI”. El no trabaja para esos gobiernos, esas corrientes o esos líderes: trabaja para él, para su institución y para su grey. No son tanto Correa o Morales (y antes los Castro, a quienes probablemente visitará en septiembre, en escala hacia Estados Unidos) quienes utilizan a Bergoglio: es más bien el Pontífice argentino el que los utiliza a ellos para lograr sus propósitos, que trascienden largamente a estos políticos transeúntes.




Basta echar un vistazo a los dos documentos pastorales clave que se han difundido bajo su pontificado -la exhortación apostólica titulada “La alegría del Evangelio” y la encíclica “Alabado seas”- para darse cuenta de esto. El primer documento es más institucional que personal, pero la encíclica reciente sí es un texto donde el Pontífice ha volcado personalmente su visión ideológica sobre la ecología y el mundo moderno. Un simple cotejo de estos documentos, y en especial del segundo, con todo lo que dijo en Ecuador, Bolivia y Paraguay revela a las claras la misión del Papa (en Paraguay, dicho sea de paso, gobierna un mandatario, Horacio Cartes, de orientación ideológica muy distinta a la de los populistas, pero que para evitar el aislamiento mantiene buenas relaciones con ellos).




La encíclica, por ejemplo, asegura que “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada”. En Quito, el Papa no estaba pensando en Correa sino en su propia visión cuando dijo algo no muy distinto: “…Los bienes están destinados a todos y, aunque uno ostente su propiedad, pesa sobre ellos una hipoteca social”.




Existe, por supuesto, un antiguo y rico debate intelectual sobre cuál es la gran tradición cristiana; en él, hay quienes sostienen algo muy distinto de lo que piensa Francisco I. Por ejemplo, los libros de Rodney Stark, especialmente el último, How The West Was Won, trazan el papel clave que jugaron muchas figuras del pensamiento y la práctica eclesiástica en el triunfo del liberalismo occidental (al que se refieren, simplista y equívocamente, como capitalismo.) Para no ir muy lejos, unos meses antes de la encíclica papal sobre el asunto ecológico un grupo grande de teólogos y científicos de inclinación luterana escribió una “Carta abierta al Papa Francisco sobre el cambio climático”. Allí sostenían una visión muy distinta a la del Pontífice acerca del papel de los combustibles fósiles y de instituciones como la propiedad privada en el desarrollo económico y el abandono de la pobreza por parte de millones de personas. No se trata, en este caso, de católicos, pero sí de miembros del cristianismo y no sostienen tesis muy distintas de las que ciertos católicos prominentes han sostenido.




Persiste una discusión legítima en el catolicismo y el cristianismo en general sobre estos asuntos. No es el propósito de este texto zanjar dicha discusión y ni siquiera entrar en ella a fondo. Apunto apenas a que el Papa es un fiel seguidor de una cierta visión posconciliar en aspectos económicos y sociales. Una parte de esa visión puede ser llamada modernizante sin llegar a ser moderna del todo. Tiene que ver con aspectos valóricos. Otra, la que tiene que ver con la economía, está más bien anclada en un pasado que podríamos llamar en parte latinoamericano y que mezcla el desarrollismo de los años 50 y 60 con todos los otros “ismos” que desembocaron en la Teología de la Liberación.




A lo que voy: el Papa no está en campaña por los populistas autoritarios o la dictadura cubana. La pregunta inmediata es si, a pesar de no estarlo, los beneficia con lo que hace y lo que dice. Es posible, pero no demasiado: todos esos gobiernos viven horas amargas. Basta recordar lo que estaba sucediendo en Ecuador hasta horas antes de aterrizar allí el Papa: las movilizaciones y protestas contra el gobierno habían alcanzado tal amplitud y acústica en las principales ciudades del país, que se hablaba a voz en cuello de su renuncia o destitución. Lo acosaban desde su izquierda y desde su derecha, cuestionándole todo. El detonante habían sido unas iniciativas legislativas, en especial el Proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, con las cuales de pretendía dar varios zarpazos contra la propiedad y la generación de prosperidad. Correa, incapaz de hacer frente a la avalancha, tuvo que retirar las iniciativas temporalmente porque de otro modo la visita papal hubiera sido imposible: su propia permanencia en el cargo corría peligro.




El problema de Correa no es distinto del de otros populistas: ha incurrido en unos compromisos de gasto para sostener el modelo que son incompatibles con el actual precio del petróleo. Todos los intentos para atacar los síntomas (por ejemplo las salvaguardas que afectan a las importaciones y las diversas restricciones) han sido inútiles para restablecer un cierto orden en los frentes cambiario y fiscal. Parecía que Ecuador hacía las cosas mucho mejor que Venezuela o Argentina, pero aunque es cierto que las hacía de una forma menos delirante, no las hacía nada bien. El resultado es lo que pasaba antes de la visita del Papa y sigue pasando hoy, sin el Papa.




Algo mejor anda Bolivia porque los precios del gas están pactados a un nivel alto desde hace años, pero poco a poco a Morales se le va acabando el crédito social. El sabe que, a menos que el ciclo de los “commodities” ingrese en su fase alcista otra vez pronto, su economía está condenada, pues esos contratos tienen vencimiento; los interlocutores comerciales, léase Brasil y Argentina, no están en condiciones de renovarlos en términos parecidos. Es lógico que Morales haya gozado de popularidad: multiplicó por 10 el presupuesto del Estado, elevándolo a casi 30 mil millones de dólares y gastó ingentes cantidades de dinero en subvenciones y obra pública. Pero ese modelo hoy está en peligro y las pretensiones abiertas del mandatario boliviano para perpetuarse en el poder entrarán en conflicto con una realidad que el cautivante relato indigenista no podrá por sí solo contravenir.




Nada de esto cambia por el hecho de que Bergoglio haya tenido frases amables para con Morales, como cuando dijo que su anfitrión “está dando pasos importantes para incluir a amplios sectores en la vida económica, social y política del país” o cuando alabó “una Constitución que reconoce los derechos de los individuos, de las minorías, del medioambiente”.




Tampoco parece que la utilización de la ilustre visita por parte de Morales en relación con la reivindicación marítima vaya a tener repercusiones más allá del momento. Ese partido se juega en otro escenario.




En suma: no hay que alarmarse más de la cuenta.




La prioridad es la economía.





En breves dos meses en el cargo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ha operado un importante cambio en el "discurso oficial". Aunque desde el Gobierno se siguen defendiendo sus "reformas de fondo" para hacer de Chile un país menos desigual, se advierte que su programa es de un costo fiscal que -pese a haber alzado los impuestos- resultaría inabordable si la economía no retorna pronto al 4% o 5% de crecimiento originalmente previsto. Las condiciones externas y la incertidumbre ocasionada por las propias reformas han frenado el dinamismo de la economía. El mensaje del ministro es que lo prioritario hoy es restablecer un clima de confianza, apropiado para el crecimiento económico, y que ello exigirá jerarquizar y graduar la aplicación del programa.


Aunque el giro del Gobierno hacia un mayor realismo proporciona una señal tranquilizadora, su contenido es aún demasiado difuso como para restablecer la confianza y reactivar la economía. El desánimo que exhiben los empresarios y los consumidores es peligroso porque puede precipitar una dañina caída en la demanda. La economía mundial -que crecía a buen ritmo- ha sido últimamente golpeada por el derrumbe bursátil chino y la crisis griega. Los precios de nuestras exportaciones -especialmente el del cobre- han caído. A ello se suma la pesada carga de impuestos, exigencias burocráticas, presiones sindicales e incerteza jurídica que parece alentar el programa de gobierno. La proyección oficial de crecimiento para el presente año ha sido rebajada a 2,5%. El problema es que, en las actuales condiciones internas y externas, no parece haber razones para esperar un desempeño económico mucho mejor en los años venideros.


Hace bien el ministro Valdés en subrayar la importancia de contener la expansión del gasto público y priorizar medidas para impulsar la productividad. Pero en el presente año el gasto público aumentará un 9% real y llevará a un déficit fiscal de un insostenible 3% del PIB. Ha dado a conocer el ministro que hay la friolera de US$ 1.200 millones de gastos comprometidos por sobre lo presupuestado. Bien podría el Gobierno efectuar los recortes necesarios en los restantes gastos a fin de atenerse a la Ley de Presupuestos vigente. En lugar de ello, el ministro ha planteado que habrá que contener el gasto fiscal en los próximos años, pero es dudoso que ello sea creíble dada la sobreejecución señalada. A su vez, el ministro desliza que probablemente ya no será posible converger al equilibrio presupuestario durante este gobierno, según había sido programado, lo cual en parte justificó la reforma tributaria. Faltar a dicho compromiso tampoco contribuye a crear credibilidad en la política fiscal.


Priorizar el crecimiento exige probablemente revisar las reformas que promueve el Gobierno, ya sea por su alto costo fiscal o por desalentar la inversión. En consejo extraordinario de gabinete, la Presidenta Bachelet ha reconocido no contar con los recursos previstos, expresado que hay que jerarquizar y sintetizado la nueva actitud de su gobierno como "realismo sin renuncia". Probablemente, recomponer la confianza exigirá definiciones más precisas.


Tabaco y marihuana.



La semana pasada se dio una coincidencia no buscada. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó el cultivo de marihuana, mientras el Senado autorizó nuevas restricciones al tabaco.




En efecto, en los últimos años, la legislación chilena ha insistido en medidas restrictivas para evitar el consumo de tabaco, con normativas para las cajetilla y cortapisas al consumo en lugares públicos. Chile está, además, entre los once países que más impuestos cobran a esa actividad, según la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada, el Senado aprobó nuevas limitaciones que avanzan en el Congreso.




A pesar de esto, seguimos apareciendo entre los cinco países del mundo con mayor prevalencia en consumo de tabaco en mayores de 15 años, con un 37,7%, después de Grecia, Bosnia, Rusia y Bulgaria, según la misma OMS. El documento 2015 nos sitúa como uno de los países con mayor prevalencia de consumo de tabaco entre los adultos de América con un 28% entre los mayores de 20 años, superando con creces a Argentina (18%), Estados Unidos (14%), Brasil (13%) y México (8%). El último Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile del Senda, muestra que el consumo diario de tabaco entre las personas de 12 a 65 años, aumentó entre 20012 y 2014, rompiendo así la tendencia a la baja que se mantenía desde 2006.




A pesar de las estrictas medidas preventivas, por lo tanto, hay signos de derrota en la guerra contra el tabaco. Por eso, parece paradójico que se esté discutiendo, al mismo tiempo, aprobar medidas liberalizadoras para la marihuana, especialmente si no hay estudios concluyentes respecto de lo que pueda ocurrir con los consumidores. El director del Senda, Mariano Montenegro, ha explicado, en la Comisión de Salud de la Cámara, que los proyectos han evitado incorporar como elemento de discusión el efecto dañino de la marihuana y la complejidad que provoca el impacto en la alta vulnerabilidad social, en niños y adolescentes. Esto, porque el autocultivo aumentará el acceso, disminuyendo la percepción del riesgo que genera el uso de la marihuana.




El nuevo estudio nacional de drogas, de Senda, conocido horas después de haberse aprobado la idea de legislar sobre el autocultivo, muestra que se ha duplicado el consumo entre los escolares entre 12 y 18 años, subiendo de 6,7% a 13,5%. Es el propio director del Senda quien advierte que el aumento de la disponibilidad, se traduce, normalmente, en más consumo.


Definiciones para la segunda etapa del gobierno.



Las palabras pronunciadas por la Presidenta Michelle Bachelet al inicio de la reunión de gabinete del viernes último, constituyen un hito significativo en su administración y deberían ser el punto de partida de un proceso de profunda reorganización de la agenda gubernativa y la gestión que ha desarrollado hasta ahora. Este discurso contiene las definiciones que habían quedado pendientes luego del último cambio de gabinete, donde no obstante haberse reemplazado a todos los integrantes del comité político, se dejó subsistir la duda sobre si se introducirían las rectificaciones que se anuncian.


Un primer aspecto que cabe destacar es la pertinencia del diagnóstico efectuado por la Mandataria, porque entre las causas de la crisis por la que atraviesa el país identifica el declinante apoyo ciudadano a las reformas, la desaceleración económica, los problemas de gestión de la Administración y las dificultades políticas surgidas a partir de las denuncias de irregularidades en el financiamiento de la política. No cabe duda que frente al fondo de las reformas subsistirán las discrepancias sobre su pertinencia -como ocurre con la reforma tributaria, educacional o laboral-, pero eso no obsta a la contribución que significa concordar en una visión común sobre la magnitud de los problemas y el cambio de situación objetiva del país desde que se inició este gobierno.


A partir de ese diagnóstico, la Presidenta Bachelet planteó a sus ministros la necesidad de acercar el gobierno a las personas, reenfocando su quehacer hacia una agenda de protección social análoga a que aplicó el 2008 y de asumir también la gravedad que ha adquirido el problema de la delincuencia. Probablemente una de las definiciones que generarán más repercusiones es la importancia que se asigna a preservar la responsabilidad fiscal como criterio que debe llevar a “jerarquizar y darle mayor gradualidad a algunos aspectos de nuestros compromisos”, no sólo por las restricciones presupuestarias existentes sino por los problemas exhibidos hasta ahora en la gestión de las reformas.


Los criterios señalados y el claro mandato dado a los ministros para abordar una segunda etapa, abren una oportunidad inmejorable para que el nuevo gabinete y, en especial, su comité político, emprendan una revisión profunda de las reformas que se han aprobado y de las que están en discusión en el Congreso. Para esto parece oportuna una cierta pausa en algunos de estos temas, a fin que se realicen estudios técnicos que permitan corregir deficiencias evidentes y que son motivo de la caída de las expectativas económicas. El realismo empleado en el discurso presidencial debería ser ejemplo para que las carteras sectoriales llevaran a cabo esta tarea.


El cambio que representa este discurso frente al que mantuvo el gobierno hasta ahora -la confianza en que la aprobación de las reformas devolvería el apoyo ciudadano perdido- es evidente, y seguramente despertará la resistencia de los sectores que buscaban la aplicación de la versión más radical del programa de gobierno. El capital político que el gobierno necesita en la coyuntura actual provendrá de la capacidad que tenga para enfrentar esas resistencias y mantener consistencia en un camino de realismo y moderación que, a estas alturas, es la única posibilidad de enfrentar la difícil situación política y económica que se avizora para el futuro cercano.

Dolorosa y necesaria transparencia.





Finalmente ha quedado claro que la salida del gabinete Peñailillo-Arenas hace dos meses no obedeció solo a su debilidad política, sino que también a los resultados objetivamente negativos de su gestión, evidenciados en el sinceramiento de las cifras económicas efectuado esta semana. El Gobierno ha realizado así un ejercicio de transparencia tan doloroso como necesario. Las restricciones admitidas han de imponerse ahora al voluntarismo programático, en un esfuerzo de priorización que la propia Presidenta explicitó al abrir el consejo de gabinete del viernes, pero cuya concreción se presenta compleja a la luz de conductas y actitudes del propio oficialismo. Muestra evidente es la insistencia del timonel PPD en su tesis de la retroexcavadora, pese a todos los costos que le ha traído al país.


Pero las dificultades no se limitan a las resistencias ideológicas. La opción por el crecimiento definida por la Mandataria y su ministro de Hacienda exige también un grado de coordinación que dista de lograrse.


Queda ello en evidencia, por ejemplo, cuando avanzan en el Senado nuevas normas antitabaco que ponen en riesgo la operación de esa industria y su aporte a la recaudación fiscal, sin que tales consideraciones parezcan tener relevancia para la autoridad sectorial. Paradójicamente, la misma preocupación sanitaria con que se justifica tal iniciativa no animó al Gobierno a manifestar opinión durante el debate en la Cámara sobre la despenalización del cultivo de marihuana, pese a la evidencia acerca de los efectos nocivos de esta. Solo el director del Servicio Nacional de Drogas expresó aisladamente sus cuestionamientos, pero sin recibir el aval de la administración, la que optó por no concurrir a la sesión respectiva.


De este modo -y contrariamente a lo esperable de un gobierno encabezado por una doctora-, no hubo refutación oficial a la frívola discusión sostenida por los diputados. Muestra gráfica de esa banalidad fue la vestimenta usada por una congresista para manifestar su apoyo a una iniciativa cuyos alcances ameritan al menos ser discutidos de modo profundo y no cual si se tratara de una cuestión festiva. Así, a la casi duplicación del consumo de esta droga, la mayoría de los diputados ha respondido aprobando una legislación que facilitará su disponibilidad, bajo la única limitación de imponer un número máximo de plantas por domicilio... como si el control de cuatro millones de hogares pudiere ser asumido por el mismo Estado que ha asignado a tres fiscalizadores la vigilancia de la contaminación santiaguina.

Platas políticas, un balance desequilibrado.


El paso del tiempo y el declive de su poder han ido arrojando luces sobre el papel y dimensiones que llegó a tener la llamada G 90 durante la campaña presidencial y en el primer año de gobierno. Descrita por un ex presidente del PS como una suerte de "protopartido" ordenado en torno al liderazgo del ex ministro Peñailillo, sus miembros ocuparon posiciones en las distintas reparticiones del Ejecutivo, operando bajo lógicas grupales. La revelación de la declaración ante la fiscalía del ex director de Impuestos Internos respecto de supuestas presiones para que ese servicio no se involucrara en la investigación de SQM abre nuevas y más graves interrogantes. De comprobarse, se trataría de una situación inédita en Chile de presión por parte de dos ministerios (al de Interior se sumaría Hacienda) sobre un organismo clave en el ordenamiento económico. Evidentemente, al margen de la investigación judicial, el caso exige una indagatoria en el propio Ejecutivo.


En tanto, el curso de las investigaciones sobre irregularidades en el financiamiento político sigue arrojando un balance desequilibrado: mientras líderes históricos del principal partido opositor han sido formalizados y enfrentan duras medidas cautelares, Impuestos Internos dilata la decisión de perseguir penalmente la arista SQM-Salar, cuyos alcances complican de modo particular al oficialismo y su última campaña presidencial.


La decepción de las redes sociales.

Mientras líderes históricos del principal partido opositor enfrentan duras medidas cautelares, Impuestos Internos dilata la decisión de perseguir penalmente la arista SQM-Salar, cuyos alcances complican al oficialismo.


Siendo un episodio anecdótico, la jornada de histeria vivida el miércoles en la capital a propósito del extendido rumor sobre un inminente desabastecimiento de combustible amerita análisis. En una sociedad en la que la desconfianza se multiplica y en la cual se ha querido poner en cuestión a las instituciones, no es sorprendente que la ciudadanía asigne credibilidad a instancias como las redes sociales, que se presentan cual "alternativas" frente a los canales tradicionales de información. El caso de los combustibles ha mostrado lo feble de tal apuesta.


Pero si lo ocurrido confirma el papel insustituible de los medios de comunicación sustentados en un trabajo profesional, también debiere llamar a la reflexión a una parte de la clase política. Esta, según muestran casos como el del referido debate sobre la marihuana y muchas de las discusiones de estos días, parece no solo confundir las tendencias que se expresan en las redes sociales con el sentir de la opinión pública, sino que hasta se ve tentada a abdicar de sus funciones de representación ciudadana, entregándose al dictamen de lo que esas redes determinen como correcto.


Enmienda a proyecto sobre reciclaje.





El Presidente del Senado ha manifestado su disposición para introducir una indicación al proyecto de ley sobre reciclaje productivo, de modo que se deje sin efecto la facultad que autorizaría al Estado a imponer como sanción el cierre de un medio de prensa en caso de que este incumpla con la normativa. La Asociación Nacional de la Prensa, y la Sociedad Interamericana de la Prensa, manifestaron fuertes cuestionamientos a esta disposición, y por consiguiente es una positiva señal que la autoridad legislativa haya recogido estas aprensiones.


La ANP ha declarado que comparte la finalidad de profundizar los esfuerzos en materia de reciclaje, y ha hecho ver que las empresas periodísticas del país han dado importantes pasos en esa dirección. Sin embargo, también ha advertido que al permitir que el Estado pueda  sancionar a un medio con la prohibición de circular, o incluso se pudiese impedir la fundación de un medio escrito en caso de no cumplir con estos requisitos, constituye una forma de censura previa y una potencial amenaza a la libertad de expresión.


No se trata de suposiciones infundadas, pues en la región lamentablemente proliferan los ejemplos de gobiernos que han dictado leyes de comunicaciones que se han convertido en instrumentos de censura, o que han logrado estatizar o cerrar medios mediante restricciones a insumos básicos. Las disposiciones sancionatorias contenidas en la ley de reciclaje tienen un alcance tal que incluso exceden las facultades más discrecionales con que cuentan los gobiernos de la región más hostiles hacia la libertad de expresión.


Por ello cabe valorar la disposición del presidente del Senado para corregir esta parte del proyecto de ley, y sería muy positivo que el resto de los legisladores consienta prontamente en la necesidad de esta enmienda. Ello abre espacio para un debate técnico en profundidad que permita aquilatar bien la forma en que se hará efectiva la responsabilidad sobre los productores, de modo que un loable objetivo de protección al medio ambiente no termine convirtiéndose en una carga injusta y desproporcionada.




Aplicación de la carrera docente.





Es difícil de entender por qué el proyecto de carrera docente quiere abarcar tanto al sector municipal como al particular subvencionado.


En octubre de 1990, al enviarse el proyecto de ley que dio origen al Estatuto Docente, el Mensaje presidencial estableció que la labor docente debía tener una regulación jurídica acorde con la racionalidad institucional de los dos subsectores educativos: el municipal o público, por un lado, y el particular subvencionado, por otro. Así, en palabras del Mensaje, correspondía establecer una carrera docente para el primer sector y un contrato docente para el segundo. Se armonizaba así, según el Ejecutivo, "el ejercicio de la libertad de enseñanza con el ejercicio de un rol activo del Estado en el quehacer educacional".


Ese planteamiento sigue siendo tan válido hoy como en ese entonces. Por eso no se entiende el sentido de que el proyecto de carrera docente abarque ahora también al sector particular subvencionado. Por cierto, este último conserva la libertad para contratar y desvincular docentes de acuerdo con sus propias evaluaciones, pero el desarrollo profesional de sus docentes pasa a estar guiado por un marco centralizado y único para todos los planteles del país. Eso puede tener repercusiones en el ejercicio de la libertad de enseñanza.


La gestión pedagógica queda supeditada a este marco nacional, y sin libertad en este ámbito es virtualmente imposible que los colegios puedan entregar en toda circunstancia a través de sus proyectos el sello formativo que quieren desarrollar en su comunidad educativa. En efecto, las competencias y destrezas que permiten acceder a cada tramo profesional en la carrera nacional no necesariamente son las que aspira a privilegiar un colegio específico, o bien pueden ser otras las que su experiencia le sugiere que elevan los aprendizajes de sus estudiantes.


De hecho, en la actualidad hay un número importante de organizaciones particulares subvencionadas que han ido desarrollando sus propias carreras docentes y ellas pueden ser muy superiores a la que define el Estado en el proyecto de ley de carrera docente. Es cierto que en establecimientos más pequeños esta realidad no es habitual, pero tampoco se puede concluir que una estructura definida centralmente sea la más conveniente para ellos.


Además, la aplicación de la carrera nacional tiene una dinámica impredecible. No sería extraño que emergiera un gran sindicato nacional que negociara los tramos de esta carrera en su beneficio, sin poner atención a las realidades de cada comunidad educativa. La experiencia comparada no parece recomendar una situación de esta naturaleza. Ello puede significar más temprano que tarde un gran perjuicio para la calidad de la educación. El camino más bien es perfeccionar el contrato docente en la educación particular subvencionada antes que obligarla a adoptar la carrera.

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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