Sigue el derrumbe de la popularidad de la Presidente Michelle Bachelet, la encuesta ADIMARK, develada ayer muestra que tiene un modesto 27% de aprobación y un contundente 68% de desaprobación. |
Cacerolazo,
por
Eugenio
Guzmán
Las reacciones
frente a las protestas en contra de la delincuencia en algunas
Comunas del sector oriente, nuevamente dejan en evidencia cierto
desasosiego que nubla el juicio sobre el tema de fondo de la
delincuencia.
Entre las
reacciones tuiteras y mediáticas encontramos dos tipos: las que
sostienen que la delincuencia no habría aumentado, o que al menos lo
habría hecho en otras Comunas y no en las que se protestó, y que en
general el tema sería más de sensación de temor que de aumento
real, y las de quienes afirman que los que protestaban eran ricos y
en consecuencia deberían preocuparse también de otras cosas y no
sólo de lo que les ocurre: “El cacerolazo VIP nos habla… de la
indiferencia hacia lo problemas de la mayoría. Si me afecta
protesto! Da vergüenza” (sic).
En relación a
las primeras, cabe señalar que lo relevante, más que el aumento o
disminución de la delincuencia, es su nivel. El tema ha estado entre
las primeras prioridades de la población por más de 20 años, pero
sólo el 57% de los delitos son denunciados. Las cifras sólo
muestran una parte de la dimensión del fenómeno. Lo que sería
preocupante, con niveles significativamente superiores al promedio
OCDE, es que no observáramos niveles altos de temor. Así lo
muestran las encuestas de manera transversal en todos los niveles
socioeconómicos.
En relación al
segundo tipo de reacciones, sugerir que este reclamo no es aceptable
ya que sólo es una prioridad para los más acomodados, no es verdad,
puesto que afecta de manera más gravitante a los sectores de menores
ingresos. Esto revela un prejuicio de fondo: los más acomodados no
tienen problemas, y si los tienen no tienen derecho a expresarlos
públicamente, lo que prácticamente significa que carecerían de
ciudadanía. Peor aún, este prejuicio refleja el sinsentido de que,
si algo anda mal, sólo algunos tienen derecho a manifestarlo,
incluso aun cuando esa expresión de descontento beneficia a los que
menos tienen. Absurdo.
En este punto,
quien sí tuvo la intuición política para entender el problema fue
el Ministro Burgos. La razón es que con un tema como la
delincuencia, cuyos efectos y transversalidad son significativos, la
retórica de la descalificación no hace más que oscurecer y
esconder el problema aún más.
Estrategia
de Morales,
por Tamara Avetikian.
Hay
que reconocerlo: en Chile estamos preocupados de que al Papa
Francisco se le escape alguna frase de apoyo a Bolivia en su
aspiración marítima. El Vaticano asegura que es neutral, y además,
como reconoció el mismo Evo, la visita a Bolivia tiene carácter
pastoral. Pero lo que agregó Morales es lo inquietante: "Si (el
Papa) se expresa al respecto, será por iniciativa personal". O
sea, Evo no lo descarta.
¿Y quién puede estar seguro de que el Papa, tan espontáneo siempre, en su primera gira en castellano y con plena voluntad de acompañar los "procesos sociales" que se siguen en Ecuador y Bolivia, no haga un comentario que pueda ser interpretado, aun de manera equivocada o maliciosa, como un respaldo a la reclamación boliviana?
La Presidente Bachelet visitó a Francisco y habría tocado el tema en cuestión. También hablaron de pobreza, exclusión social y del aborto. ¿Habrá convencido Bachelet al Pontífice? Recién lo sabremos a mitad de semana, cuando Francisco esté por unas horas en La Paz y luego vuele a Santa Cruz.
Se sabe que el Papa argentino no se deja manipular. El Gobierno de Bolivia lo comprobó cuando no pudo impedir que en su programa incluyera una visita al penal de Palmasola, considerado uno de los más violentos de Bolivia, donde, según el portal Hoybolivia.com, están recluidos 5.200 internos e internas en precarias condiciones.
En Santa Cruz también se reunirá con líderes de movimientos sociales, cercanos al Gobierno, los que desde ya han anunciado que le pedirán que se sume a la causa de "mar con soberanía".
Aun siendo una casualidad, y no mencione el mar, la visita Papal encaja de maravilla en la estrategia comunicacional que ha desarrollado Bolivia a nivel internacional. La misma que Chile no ha tenido. El vocero Carlos Mesa, excelente comunicador y un respetadísimo ex Presidente, es una pieza fundamental en esta tarea. Estas últimas semanas visitó Panamá, Costa Rica y Cuba, y explicó las razones de la demanda radicada en La Haya.
Evo Morales ha hecho lo suyo, y más, al conseguir que Ollanta Humala firmara una declaración en la que no solo solidariza con el pedido de mar, sino que menciona el uso de la fuerza, como recordatorio de la Guerra del Pacífico. Las explicaciones de la Cancillería peruana no son satisfactorias y muy bien hizo la Presidente Bachelet en cancelar su cita bilateral durante la Cumbre de la Alianza del Pacífico.
Otra pieza de la estrategia ha sido que personeros bolivianos viajen a Chile. Mesa quiso y no pudo venir. Mejor le fue al Vicepresidente, Álvaro García Linera, quien la semana pasada hizo un viaje privado, presentó un libro y, de paso, recibió el firme apoyo de sectores de izquierda para su "revolución" y para la demanda.
Tal como dijo García, los bolivianos "despertaron y no cerrarán los ojos". Chile no debe dormirse.
Gabinete
y semana política,
por
Sergio Melnick.
Otra
dificil semana para el Gobierno. Un cambio de Gabinete sorpresivo,
como escondido, sin presencia de los partidos, en un fin de semana
largo. Eyzaguirre dio un ultimátum al Colegio de Profesores y cayó
en dos días. El Gobierno simplemente ya no tiene fuerza. Pero cae en
realidad después de una muy mala gestión en educación y salta de
lleno al terreno político, que tampoco es su fuerte. Probablemente
hay una segunda agenda que aún no conocemos.
La
llegada al equipo político, conociendo el carácter “amiguista”
de Bachelet es una clara señal de alerta para Burgos, que ha tratado
de dar explicaciones públicas, lo que es aun peor, ya que acusa el
golpe. Ojalá sea Burgos el conductor que está faltando.
La
nueva Ministro de Educación tiene más antecedentes políticos que
técnicos. De Ministro de Bienes Nacionales a Ministro de Educación
es de verdad un salto cuántico muy difícil de entender, salvo que
sea un genio no descubierto.
También partió muy mal diciendo que no dialogará con los
profesores si no deponían el paro, y al día siguiente se desdice.
Ella viene ahora de Educación 2020, que ha sido el movimiento
inspirador de lo que se ha hecho en educación hasta acá, y de tan
malos resultados. Y lo que se anuncia para las universidades es aún
peor, sin hablar de una desmunicipalización improvisada. El rector
Covarrubias publica una columna con 35 preguntas sobre la reforma
universitaria que no tienen respuesta de parte del Gobierno. Sin duda
otro Transantiagazo en marcha.
Así,
junio termina con un 25% de aprobación a Bachelet, un 63% de
rechazo, un Gabinete desprestigiado y un alza significativa en el
desempleo, que afecta especialmente a las mujeres. Las cifras de la
economía no repuntan ni se ve que lo puedan hacer por la enorme
incertidumbre de las políticas del Gobierno y el inadecuado
diagnóstico del Ministro de Hacienda. Las utilidades de la banca
caen 16%. La situación de la salud pública en franco deterioro, los
profesores en huelga, universidades en paro y marchas diarias en la
capital. ¿Algo huele mal o no?
Todo
esto se corona con la intervención de Andrade en Tolerancia Cero,
que debo decir, ha sufrido una positiva metamorfosis. Ya no es
agresivo, parece razonable, acusa el fracaso del Gobierno, y anuncia
que no se puede seguir adelante con todas las reformas; habrá que
priorizar. Al parecer se terminaría la fiesta de improvisaciones, se
terminan las leseras.
Sin
embargo, lo más delicado de la intervención de Andrade es que fue
demasiado claro en traslucir que Peñailillo actuó con colores
propios en la recaudación de dineros políticos, y que estos se
usaron para financiarse personalmente con su equipo, lo que no era la
tradición política de la izquierda. Al final del día era un
empresario de la política y básicamente lucró para sí. Todos sus
amigos terminaron con empleos relevantes en el Gobierno. Se notaba en
Andrade una clara indignación, y todo ello deja en muy mal pie a la
propia Presidente, quien es la beneficiaria final de este engaño. Es
aún más delicado argumentar que no sabía nada.
Para
rematar la semana, cae Rosenblut de la Presidencia de Enersis, otro
pilar clave de Bachelet, y que queda dolido en el camino. También se
descarrila una vez más Navarro, que es otra piedra en el zapato a
las pugnas internas de la Nueva Mayoría. Se reactivan temas del caso
Caval, siguen los Fiscales procesando políticos y el cuento nunca
termina. Entretanto, seguimos sin Contralor, sin Director de
Impuestos Internos y otros cargos muy importantes.
En
otro plano, la oposición aún en el suelo y desarticulada, con
severa crisis de liderazgo, aunque aparece Piñera, largamente
esperado en la oposición, y hace fuerte crítica a la marcha del
país. El escenario también se complica para ME-O, que empieza a
parecerse al caso Peñailillo. Se abre un frente en Grecia, que
podría generar problemas no esperados.
En
suma, mala semana para el Gobierno y para el país. Es necesario un
cambio urgente de rumbo, volver a la moderación, al centro, a los
acuerdos, previo un sinceramiento total de la clase política para
recuperar la credibilidad.
Chile:
del estrellato a la enfermería,
por Roberto Ampuero.
Acabo
de participar, en Madrid, en el VIII Foro Atlántico de la liberal
Fundación Internacional para la Libertad, que abordó los desafíos
de América Latina y España, donde campean el populismo, el
estancamiento económico y las turbulencias políticas. El encuentro,
celebrado en Casa de América, giró en torno a cuatro países que
hoy despiertan particular preocupación: la Venezuela de Nicolás
Maduro, la Cuba de los hermanos Castro, la España de las vicisitudes
políticas y económicas y, aunque hiera nuestro orgullo, Chile.
Reconozco que no fue del todo cómodo participar en esa sección. Si hasta hace poco el país era parte de la solución de los problemas regionales, hoy forma parte del problema. Desde el regreso a la democracia, Chile se acostumbró a figurar entre los países con un presente alentador y un futuro promisorio. Su performance despertaba respeto y envidia. Las instituciones internacionales celebraban nuestros índices, la inversión extranjera fluía generosa, y el PIB aumentaba sin cesar. Los chilenos comenzamos a viajar al exterior y a mostrar una soberbia que nos convirtió en vecinos desagradables. El Pangloss concertacionista decía además que estábamos en el mejor de los mundos posibles.
A menudo nuestros Embajadores y Ministros eran invitados a disertar sobre "los secretos de la receta" del éxito. Nuestros Presidentes -incluida la actual Mandatario en su primer período- celebraban durante sus giras los logros de Chile y su política de consensos, y agradecían con entusiasmo los aplausos. El "jaguar" se acostumbró entonces a ser visto como el primer país latinoamericano que alcanzaría el desarrollo. Ahora debemos acostumbrarnos a otra cosa: Chile ya no es el que fue, y esto es un secreto a voces. Las reformas del Gobierno de Michelle Bachelet tienen gran responsabilidad en esta involución.
Por todo ello, en Casa América me resultó doloroso ver a Chile integrando un "grupo problemático" junto a la destartalada Cuba que flirtea con Washington, la Venezuela de la inflación y la represión, y la España zarandeada por la economía y la crisis política.
Mario Vargas Llosa ha seguido con admiración el avance de Chile en los últimos decenios. En Madrid afirmó que se cuenta entre quienes observan al país con inquietud y sorpresa y tratan de entender qué ocurrió, por qué abandonó la senda que le deparó tanto éxito. Para el ex Parlamentario liberal sueco Mauricio Rojas, los cambios pueden alejar a Chile del orden liberal. A su juicio, el reto hoy para los liberales es "ser críticos del orden imperante y hacer liberal el cambio", de lo contrario otros guiarán al país hacia el populismo y la "democracia antiliberal".
Durante el foro, Lilian Tintori y Mitzi Capriles, esposas de connotados presos políticos venezolanos, denunciaron la violación de derechos humanos en su país, y el impacto de la violencia y el caos económico bajo Maduro. Expertos españoles, por su parte, hablaron del peligro de que, en el marco de la incertidumbre económica y la crisis de credibilidad política, España desemboque en un Gobierno populista.
No hay duda: La percepción sobre Chile cambió, y para mal. Por eso arrecian las críticas de Perú y Bolivia. Lima y La Paz saben que lanzar una andanada de críticas contra Chile tiene costo cero, pues nadie saldrá a darles una parada de carro a lo Merkel. En su lugar, Santiago reacciona lamiéndose las heridas y confiando en que las aguas vuelvan a aquietarse. El cambio también lo perciben los inversionistas extranjeros. Durante las giras se ve a la Presidente tratando de explicar la situación interna y de calmar las inquietudes.
La pérdida de liderazgo de Chile, la falta de conducción interna, la desaceleración económica, la crisis de credibilidad y la polarización política nos están convirtiendo en un país "más" de América Latina. Estamos perdiendo a diario la destacada posición internacional que nos costó años y sacrificios alcanzar. El Foro Atlántico puso en evidencia una realidad lamentable: Chile pasó del estrellato al banquillo de quienes aguardan pasar a la enfermería.
Thermidor (¿?),
por Fernandi Villegas.
El 28 de julio de
1794 Maximilien Robespierre, el desagradable y mezquino autócrata
-léase sobre él en Paris on terror de Stanley Loomis- que entonces
reunía en sus manos la totalidad de los órganos de poder de la
Francia revolucionaria, fue depuesto y guillotinado por la
Convención, el Congreso de su época. Lo acompañaron en tan
cortante trance los miembros de su círculo de hierro, algo más de
una docena de personas. Con eso se puso abrupto fin a la fase llamada
“El Terror” por muy buenas razones; en alrededor de un año
Robespierre mandó a la guillotina a 17 mil personas a quienes
consideró “elementos contrarrevolucionarios” conspirando o
siquiera obstaculizando la materialización de su sueño, la
“República de la Virtud”. El ánimo feroz de esos tiempos
aparece maravillosamente retratado en la novela Los dioses tienen sed
de Anatole France.
Tanta “virtud”
apoyada por violentas manifestaciones callejeras de algunos clubes
políticos extremistas de París y el incesante subir y bajar de la
cuchilla de la guillotina terminaron por hartar y luego asustar a los
miembros de la Convención. Si Robespierre era capaz de defenestrar a
sus colaboradores más íntimos, ¿cuándo les tocaría a ellos el
turno de ser motejados de contrarrevolucionarios y perder sus
cabezas? Así entonces hicieron que la de Robespierre fuese la que
cayera al ya repleto canasto y se puso fin no sólo al terror sino a
las fases delirantes y jacobinas de la revolución; las “conquistas”
del proceso, las cuales, dicho sea de paso, se habían ganado muy al
principio -todo lo que siguió a las iniciales deliberaciones de 1789
bien podría considerarse un muy largo y costoso anexo de cero
utilidad marginal- se mantuvieron, se consolidaron y santificaron,
pero ya no se agrandaron. A ese brusco frenazo de una revolución se
le ha denominado, en la literatura histórica y de ciencias
políticas, “thermidor”, por haberse producido en julio, mes que
la semántica revolucionaria había rebautizado con ese nombre.
En Chile…
Este breve recuento histórico tiene por objeto hacer un paralelo con Chile y el reciente cónclave palaciego en el que se acuñó la expresión “nuevo trato” para referirse a una fase en la que ya no se insistirá tanto en materializar todo el programa, sino en “priorizarlo”. Es un paralelo cuyo recorrido está a muchísima distancia de la línea original trazada por los franceses del siglo XVIII porque no hay Robespierre y una república de la virtud sino sólo doña Michelle Bachelet y su difuso programa, porque no hay feroces miembros del “Comité de Salud Pública” sino personajes de aires más livianos y acrobáticos al estilo de Alejandro Navarro, Marcos Enríquez-Ominami o Guido Girardi y tampoco ruedan las cabezas sino sólo pitutos Gubernamentales, pero por otra parte sí hay grupos extremistas al nivel de las instituciones y sobre todo de la calle tratando de imponer una política basada en algo de fuerza bruta y mucho de vociferaciones, sí hay demagogos avivando todas las cuecas, sí hay necios confundiendo la realidad con folletería de las ONG, sí hay promotores del “avanzar sin transar”, sí hay desbarajuste económico y político y sí hay desplome de los valores tradicionales y su reemplazo por una retórica en parte progresista y en parte cantinflera, paranoica y termocéfala.
La pregunta es si
este “nuevo trato” tendrá un carácter similar, aunque sea
distante y desvaído, del “thermidor” de las jornadas de julio de
1794, cuando no sólo se decidieron cursos de acción mediante
decretos, anuncios y deposiciones, sino en la calle, donde por medio
de fuerza contundente se paró en seco el accionar de los grupos más
extremos que pretendieron rescatar a Robespierre y re-ponerlo en el
poder. Fue de ese modo porque las políticas no sólo se
conceptualizan, se votan y se promulgan, sino se ejecutan. Hay, tarde
o temprano, un momento en que lo decidido en una antesala ha de
imponerse en una avenida.
Solvencia
Tal vez a eso se refería Osvaldo Andrade cuando insistió, en Tolerancia Cero, en la “solvencia” que ahora ha de mostrar el Gobierno. Lo dijo a propósito del paro de los profesores, a quienes, consideró, no debe pagárseles sus salarios si no trabajan. Lo aseveró en el contexto del “nuevo trato” y seguramente no lo habría dicho antes de eso. Lo dijo, como quizás otros también lo dirían, porque hoy impera un clima muy distinto al de un año atrás. Un año atrás dicho porfiado paro habría sido visto como manifestación de las “luchas populares” u otra encantadora generalización por el estilo, pero hoy aparece más bien como un caso de infantilismo de izquierda poniendo en jaque el entero proceso de las “transformaciones profundas”. Corren otros vientos. La realidad ha mostrado su hosco rostro, contra el cual no hay trapacería ideológica que valga. La realidad es Dios y el Ministro Valdés su profeta: sencillamente éste ha revelado, mostrando las Tablas de la Ley llenas de alarmantes cifras, que no hay plata para todo ni apoyo ciudadano para casi nada y en breve muy poca agua en ninguna piscina.
Cabe
preguntarse si los firmes enunciados de Andrade respecto del trato
que merecerían los profesores que continúen en paro aun si la Ley,
tal como hoy es, se va a trámite al Congreso, se aplicarían también
en otras áreas.
Después de todo no es sólo con los profesores que el Gobierno ha
manifestado una inanidad y ausencia de voluntad rayana en la
catalepsia; basta pensar en lo que sucede en una ENTERA Región de
Chile, La Araucanía, donde el Estado ha abdicado su autoridad en
beneficio de la Coordinadora que se dice representativa del pueblo
mapuche. Basta recordar que respecto de este fenómeno, el cual no
puede calificarse sino como una insurrección, el Gobierno no sólo
mantiene en su cargo a un caballero que lejos de representar al
Estado ha anunciado su voluntad de inmolarse a lo bonzo por el pueblo
mapuche -esto es, por la Coordinadora-, sino además su acción se
limita a pasear Carabineros por caminos rurales, anunciar “su
repudio” ante ciertos actos, celebrar CERO acción investigadora de
incendiarios y criminales y permitir por default que se desarrolle
gradualmente una situación que está a sólo pasos de un
enfrentamiento civil armado.
¿Habrá
“solvencia” también en esto? ¿Y la habrá cuando se haga
evidente por enésima vez que las tomas de colegios y universidades
son protagonizadas por grupos minoritarios que, a la pasada, proceden
a destruir todo lo que les pone por delante? ¿Seremos testigos de
actos de solvencia frente a los encapuchados? ¿Y qué hay de la que
se necesita para modificar los procedimientos Legales y policiales,
hoy en día muy del gusto de los delincuentes? ¿Se le restituirá a
la policía los atributos que les permitan efectivamente actuar como
fuerza de Ley?
Dudas
Demasiadas preguntas y -por ahora- ninguna respuesta. Tal vez la postura tan decidida de Andrade no sea compartida en absoluto por una masa crítica de la NM. “Masa crítica” es la clave; las políticas no se ejecutan si no hay un amplio y profundo respaldo. Si en este caso no lo hay, entonces no estamos en presencia de un “thermidor”, sino sólo de uno de esos intentos precoces y fallidos a la Mirabeau, personaje que Cavallo citó en una columna pasada a propósito de algo parecido. Los auténticos y efectivos thermidor no se quedan en el territorio de las declaraciones; los thermidor ponen policía en la calle, neutralizan a los adversarios porfiados, hacen funcionar la justicia e incluso en casos extremos, como el de Stalin, Gran Thermidoriano, llevan a cabo purgas masivas.
Aunque nada se puede descartar y posible es, aunque no tan probable, que seamos testigos de un cambio de rumbo siquiera relativo y de un endurecimiento no ya hacia la derecha sino hacia la izquierda, hacia los “infantilistas”, posible es también y quizás mucho más probable que la pérdida de autoridad del Gobierno no pueda ya detenerse y su cuerpo político termine víctima de una hemorragia masiva y letal de su credibilidad. De qué vaya a ser tendremos -parcialmente- un test con su conducta frente al profesorado y su propia Ley de reforma.
Nuevo proceso penal y aumento de la delincuencia,
por
José Joaquín Ugarte Godoy.
Frente al aumento exponencial de
la delincuencia, hay en este momento una preocupación grande entre
quienes podrían tomar medidas, un auténtico clamor popular por una
solución y un temor grave y generalizado en la población. El
suscrito, abogado con cuarenta y cinco años de ejercicio, que llevó
bastantes juicios criminales con el Código de Procedimiento Penal
antiguo y ha llevado más de alguno con la Ley nueva, se propone
demostrar que la causa del aumento de la delincuencia es la reforma
procesal penal.
No es obligatorio perseguir todos los delitos. Antes, a una señora le robaban la cartera en la Vega y ese delito se perseguía. La nueva Ley autoriza a no perseguir delitos que no se consideren importantes, llamados de bagatela: el Ministerio Público le negó a la Corte Suprema la persecución del robo de unos computadores al Poder Judicial en Arica, hace algunos años. Esto es un error: alienta a los delincuentes y además resulta inmoral.
Se ha quitado a los Tribunales la función de investigar. Con la Ley antigua, antes de la supresión de los Fiscales de primera instancia, que investigaban y accionaban, el Juez del crimen podía decretar diligencias de investigación, lo que ahora pertenece solo a los Fiscales.
Se
ha anulado en la práctica la función del querellante particular.
El Legislador del Código antiguo, sabiendo que el único que tiene
un interés real en la persecución y castigo del delito es la
víctima, reconocía a esta, como querellante particular, el derecho
de exigir las diligencias de prueba para que las decretase el Juez;
de recurrir, si este se las denegaba, a la Corte de Apelaciones, y
de seguir con un recurso de queja a la Corte Suprema, que podía
ordenarlas también; y con los mismos recursos, llegando si era
necesario hasta la Corte Suprema, podía el querellante particular
exigir que el Juez -porque de él dependía- sometiese a proceso
-encargase reo- al inculpado. La Ley nueva solo permite al
querellante pedir diligencias de prueba al Fiscal, quien a su solo
arbitrio decide si llevarlas a cabo o no. Y ya no es el Juez quien
somete a proceso al inculpado: el equivalente actual es la llamada
"formalización", que el querellante particular no puede
exigir y que el Fiscal hace solo si lo estima procedente. Este puede
incluso decidir no perseverar en la investigación, y me ha tocado
verlo hacer por razones baladíes, sin que quepa recurso alguno.
El papel del querellante particular se ve en el hecho más debilitado aún por la increíble circunstancia de que la Corporación de Asistencia Judicial, que defiende a los pobres gratuitamente, desde hace años ya no asiste a querellantes particulares con el argumento de que la acción penal la sostiene el Ministerio Público. Si se piensa que el 95% de las víctimas de delitos son pobres, puede concluirse que en la práctica el querellante particular ha desaparecido.
Excarcelación
generosa. Para denegar la excarcelación por peligro para la
sociedad se exigen requisitos mucho mayores que los que establecía
la Ley antigua, los que en la práctica se dan rara vez.
Se
ha eliminado la detención por sospecha. A todo lo anterior hay que
agregar que en realidad son muy pocas las penas que se cumplen, por
los beneficios de la remisión condicional, la libertad vigilada, la
reclusión nocturna, etcétera; y que a menudo hay sanciones contra
Carabineros por absurdos cargos de exceso de rigor en el
cumplimiento de sus deberes.
Puedo ilustrar la inspiración ideológica y poco realista del nuevo sistema con una anécdota: cuando el profesor Jorge Vial explicó la reforma a sus colegas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, en especial sesión de actualización de conocimientos, en 2005, se nos dijo que todos estaban de acuerdo en que los delitos aumentaban con el nuevo sistema y que sabían que los delincuentes profesionales estaban emigrando a las Regiones en que ya se aplicaba la reforma; además, que se estaba pensando en postergar su entrada en vigor en Santiago para después de las elecciones que venían, a fin de que el mal resultado no fuera a influir en ellas. Y añadió que se pensaba, por los autores y partidarios del nuevo sistema, que no es función de la Ley penal hacer disminuir los delitos, pues según las concepciones modernas, ello sería de incumbencia de otras "instancias", como la educación.
Urge entonces, para salir de esta situación, ser más realistas y volver, al menos en lo sustancial, al sistema antiguo, y además hacer que las penas se cumplan efectivamente.
Oídos
sordos,
por
Axel Buchheister
La
gente siente que la delincuencia violenta está desbocada, que opera
con total desfachatez y que de hecho goza de impunidad. Quien sufre
un delito sabe que poco o nada obtiene denunciando, y quizás por
ello las encuestas muestran que el fenómeno está estabilizado.
Pero la realidad es que existe temor generalizado de ser asaltado en
la casa o la calle, con creciente e inusitada violencia. Los casos y
testimonios abundan.
Por
eso en las Comunas del sector oriente de Santiago, que hasta hace
poco sentían mayor seguridad -en las “poblaciones” hace años
que la gente vive enjaulada y sitiados por los delincuentes- se
organizó un “cacerolazo” para protestar y demandar que las
autoridades cumplan con su tarea esencial de protegerlos.
Pero
las autoridades no parecen querer entender que tienen responsabilidad
en la ola de delincuencia, que incluso niegan. Ya hace unos 25 años,
el Ministro del Interior de la época, argumentaba que la
delincuencia no estaba aumentando, sino que únicamente había más
espectacularidad en los delitos.
Desde entonces, la cosa va cada día más espectacular. Tanto, que
unos días atrás un espectador en el estadio demandó a viva voz a
la Presidente que hiciera algo al respecto. Ella, sonriente, retrucó
que sabe del problema, porque a su hija le robaron el celular al
bajarse de una micro. Imbuida del espíritu de igualdad, nos dijo que
todos somos víctimas por igual y que ella tampoco se salva; ahí
tenemos un consuelo. Como si ella no fuera la Presidente de la
República y responsable última de adoptar medidas para revertir el
fenómeno.
El
Ministro del Interior y Seguridad Pública (así se llama ahora el
cargo), refiriéndose al caceroleo, se preguntó “no sé si todos
los que van a cacerolear, por una cuestión de edad, se la jugaron
tanto por la democracia”. Agregó que “si alguien quiere meter
bulla caceroleando y si cree que ayuda a mejorar la seguridad
pública, allá ellos”. Para no ser menos, el Subsecretario del
Interior también se mofó de quienes participaron en la protesta,
señalando que ojalá se unan cuando haya un caceroleo para aumentar
los bajos sueldos. Comentarios inauditos, porque estos señores se
dignan descalificar a los ciudadanos, que con sus impuestos les pagan
el sueldo. Pensarán que no tienen que cumplir sus funciones con
ellos, ni rendirles cuenta. Para ellos hay una parte de los
habitantes que no tienen derechos.
A
los Gobiernos de izquierda no les importa el orden público, ni son
capaces de cautelarlo. Cuando el tema los golpea en la cara,
descalifican, empatan o culpan a terceros.
Que las violaciones a los derechos humanos impiden hoy ponerse
firmes; que no hay que olvidar los delitos de cuello y corbata; o que
la policía pida el carné es detención por sospecha. Contemplaban
los saqueos por TV después del terremoto y no hacían nada. Es que
para ellos era muy duro entregar el Gobierno con militares en las
calles.
Habrá
que seguir protestando, pero difícil que algo se arregle con los
mismos que hace 25 años no enfrentan el problema. La próxima vez
piénselo dos veces antes votar por una sonrisa acogedora.
Economía
y política a los seis años,
por
Sergio Urzua.
Agustín
(6 años): Papá, ¿desde cuándo eres comunista?
Papá: ¿Quién te dijo que yo era comunista?
Agustín: Mi mamá dijo que habías estudiado para ser comunista.
Papá: E-C-O-N-O-M-I-S-T-A, Agustín. ¡No comunista!
Agustín: Ah, es que suenan parecido.
Papá: Sí, pero son cosas distintas. Muchos comunistas no son economistas y más economistas no somos comunistas.
Agustín: ¿Y qué hace un economista?
Papá: Estudiamos cómo utilizar de mejor manera los recursos escasos para hacer a la gente lo más felices posible. ¿Te acuerdas cuando el otro día me pedías ayuda para hacer un dibujo? Bueno, eso implicó resolver un problema económico. Tuvimos que utilizar nuestro tiempo, que es un recurso escaso, conseguir papel y lápices, también recursos, para "producir" lo que tú querías. Y aun cuando no te diste cuenta, esto significó gastar dinero. Pero lo utilizamos de forma correcta, pues para ambos la felicidad de la actividad superó el costo de conseguir esa plata.
Agustín: ¿Y la gente se equivoca cuando resuelve problemas económicos?
Papá: A veces. Lo peor es cuando los errores afectan a otras personas. En Grecia, por ejemplo, por muchos años quienes han dirigido el país han sido muy irresponsables en el manejo de la economía, afectando a millones de personas.
Agustín: ¿Qué hicieron?
Papá: Entre otras cosas, beneficiaron injustificadamente a algunos, generando grandes costos a otros. Fue como si yo te diese muchos dulces ahora, haciéndote engordar, y luego les pidiese a tus hijos que hagan ejercicio para compensar tu gordura. No parece justo sacrificarlos por mi irresponsabilidad, ¿no? ¿Confiarían tus hijos en su abuelo? Cuando futuras generaciones pagan los caprichos de terceros, es una señal de que se resolvió mal un problema económico.
Agustín: Pero los griegos tienen a Zeus.
Papá: Buen punto. Tal como van, solo Zeus podrá ayudarlos.
Agustín: Qué pena por ellos, por suerte Chile está mejor.
Papá: Sí, pero Chile no está libre de problemas. El crecimiento es muy bajito. Esto afecta a mucha gente, incluso a ti.
Agustín: ¿Por qué?
Papá: Crecer poquito implica sacrificar el bienestar de muchas personas. Un país que crece a un 5%, dobla lo que produce cada 15 años. Millones de chilenos, incluyendo tu mamá y yo, se beneficiaron de un crecimiento así. Pero de haber crecido la mitad, con suerte nuestros nietos, tus hijos, hubiesen visto el Chile que tú conoces. Por eso preocupa la posibilidad de que Chile crezca poco por mucho tiempo.
Agustín: ¿Y qué pasó?
Papá: A veces buenas intenciones llevan a malos resultados. El problema es que la economía no es para chacotas ni leseras. La impaciencia no es buena consejera, genera improvisaciones y fomenta desconfianzas.
Agustín: ¡Como Grecia!
Papá: No, no es para tanto. Pero si las cosas no cambian pronto, seguro muchos comenzarán a invocar a Zeus.
Desactivar los riesgos de corporativismo.
Como muchos países en vías de
desarrollo, Chile tiene una larga historia de lento progreso y
elevados niveles de desigualdad. Si bien no hay registros
históricos con datos confiables sobre la desigualdad en nuestra
sociedad, todo indica que, con fluctuaciones, se habría mantenido
en niveles elevados en los últimos cien años. En el mismo
período, el desempeño en ingreso per cápita de la población
también ha sido más bien modesto. Solo en las últimas tres
décadas se habría comenzado a revertir la tendencia divergente
que teníamos en esta materia con respecto a las naciones más
desarrolladas, acortando la brecha con esos países.
Son diversas las causas detrás de esta realidad, pero una importante es la captura de la política pública por distintos grupos de presión. Los ejemplos son numerosos; desde los elevados niveles de protección efectiva del que gozaban algunas industrias hasta un sistema de pensiones que beneficiaba a grupos específicos en desmedro de amplios sectores poblacionales, pasando por un sistema de educación superior que acogía en los 60 a poco más de 50 mil jóvenes con un gasto público que llegaba a 1,5 por ciento del PIB, mientras la cobertura en educación secundaria apenas llegaba al 20 por ciento de la población.
En casi todos estos casos era posible establecer un nexo entre sectores políticos y grupos de interés particular. Por eso son tan complejas las vinculaciones que en su momento estableció la actual coalición oficialista con los movimientos sociales que, en su inmensa mayoría, están formados por grupos con motivaciones muy específicas que no necesariamente están alineadas con el interés general. Hemos visto la consecuencia de este trato privilegiado en la negociación con el Colegio de Profesores. Ello también se ha hecho presente en el proyecto de reforma laboral a propósito de la preponderancia que se le dio a la CUT en la preparación del mismo. Ahora los gremios de la salud comienzan a exigir su parte en esta asociación.
Estos grados de connivencia son particularmente injustos para la población que termina pagando directa o indirectamente los costos que significan las concesiones que se les otorgan a estos grupos.
El mayor riesgo para el buen funcionamiento de la economía y la democracia no es el debate en torno a distintas visiones de sociedad, sino que disfrazado en este se cuele el corporativismo en el diseño de las instituciones y políticas públicas que el país va Legislando. Este riesgo está mucho más presente de lo que el Gobierno parece dispuesto a reconocer. Sin embargo, ha llegado el momento de ponderar debidamente este compromiso erróneo para la población.
Gobierno y
grupos de presión.
La acción de
grupos de presión ha conseguido ganar espacio e influencia en la
agenda pública. Se trata, como la opinión pública ha podido
comprobar, de un proceso paulatino que tuvo momentos de máxima
expresión, como en el caso de las manifestaciones estudiantiles
durante la administración Piñera, y que llevó al actual Gobierno a
promover incluso un programa de reformas estructurales que pretende
recoger este amplio abanico de supuestas demandas ciudadanas.
Estos grupos de interés han encontrado en la movilización social -nombre que muchas veces esconde medidas de presión que nada tienen que ver con la manifestación pacífica- su vehículo más eficiente de expresión y de presión, independiente de las molestias y trastornos que sus acciones puedan generar al resto de la población. La radicalización de sus posiciones constituye, en este marco, una herramienta básica para mantener su unidad interna y contrarrestar cualquier intento de negociación o transacción que pretendan impulsar las autoridades. A la luz de la evidencia, ni siquiera la renuncia o la condena frente a los hechos de violencia forman parte de sus postulados.
Dicha radicalización ha llegado, incluso, a jugar en contra de las estrategias de sus propios dirigentes, como bien lo pudo comprobar el pasado viernes el Presidente del Colegio de Profesores tras ser agredido por uno de sus pares en plena movilización. “El retiro del proyecto (de carrera docente) y mantener el paro indefinido, han cumplido una etapa”, había dicho el día anterior, desatando la molestia de aquellos sectores que, sencillamente, no están dispuestos a transar en nada. El vano intento de Diputados comunistas por generar una instancia de diálogo con el gremio en el marco de la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados, constituyó una clara señal de los derroteros que seguiría la paralización y hasta dónde la legitimación de la ilegalidad ha llegado a afectar a sus impulsores.
Bajo este panorama, la opción de Gobernar con un pie en el oficialismo y otro en la calle queda evidentemente descartada. El nuevo equipo político de La Moneda ha asumido la necesidad de priorizar los objetivos del programa y hacerlos compatibles con la realidad política y económica del país. Para ello, necesitan contar con una coalición sólida y unida detrás de esta fórmula e, inevitablemente, asumir el desencanto que ello provocará en determinados grupos de interés.
Pero no puede ser de otra manera. La sociedad chilena tiene prioridades que deben ser atendidas, independiente de que no se manifiesten a través de grupos y movimientos en las calles, como es el caso del necesario combate de la delincuencia. La caída en el respaldo al accionar del Gobierno, cuyo comienzo es anterior a las investigaciones sobre financiamiento político, constituyen un buen reflejo de que su programa confundió los intereses de algunos sectores tan específicos como bulliciosos, con las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía y, lo que es más importante, con la forma consensuada y equilibrada con que debían ser abordados los eventuales cambios.
Como toda sociedad que avanza hacia el desarrollo, la opinión pública chilena incuba pretensiones y malestares que merecen ser atendidos, pero un error de diagnóstico, como el cometido por algunos informes de organismos internacionales que sirvieron de base para el diseño programático de esta administración, puede llevar a serias confusiones sobre la forma como deben ser abordados estos requerimientos.
El problema se vuelve aún más complejo si las autoridades terminan otorgando plena representatividad a estos movimientos sin contar con un previo plan de acción frente a sus actitudes extremas e imposiciones. Como contrapartida, como se observó esta semana, los sectores tradicionalmente pasivos no ven más opción que salir también a la calle a reclamar sus intereses, impactando en la convivencia y el clima social. Llamativo es, que puedan hacerlo sin perturbar las actividades de otros y sin dañar la propiedad pública o privada.
Autorregulación en Codelco.
El Directorio de Codelco -liderado
por el economista Óscar Landerretche- aprobó recientemente un
paquete de medidas destinadas a elevar los estándares de Gobierno
corporativo en todos aquellos aspectos relacionados con la
transparencia y la probidad.
En términos generales, las principales iniciativas anunciadas contemplan un aumento del número de personas que realizarán declaraciones de intereses y patrimonio, una mayor regulación y control en contratos con personas relacionadas y conflicto de intereses, restricción y regulación de regalos y atenciones, regulación del lobby y una normativa más exigente para la contratación de personas políticamente expuestas.
El anuncio se hace un mes después de la renuncia del Ministro Insunza, tras conocerse las millonarias asesorías realizadas a la empresa y diversos antecedentes que dan cuenta de otros importantes pagos a personas de figuración política, sin que parezca evidente la necesidad de la empresa de contar con esos informes.
En este sentido, el conjunto de medidas anunciadas -que intervienen sobre las relaciones comerciales, el lobby y los procesos de administración de personas- son oportunas y dan confianza en que se están tomando medidas para evitar que situaciones como las denunciadas ocurran en el futuro. Al mismo tiempo, fijan un estándar para el resto de las entidades públicas que debe ser emulado en el corto plazo. Y así se advierte en la controversia abierta por dirigentes sindicales en contra de similares normas adoptadas en otra relevante empresa pública como es Enap.
Sin embargo, si bien las medidas son correctas y pese a que se establece que la empresa contará con un mecanismo para monitorear su cumplimiento, es clave que exista una real garantía de que ello sea así. Hay que recordar que la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco aprobada en 2009 ya contemplaba "elevados estándares de transparencia y probidad", y los hechos están demostrando que o no fueron suficientes o no fueron acatados.
Codelco actualmente es regulado y fiscalizado por diversas instancias que revisan el cumplimiento de los compromisos de la empresa y su apego a la normativa vigente. Sin embargo, su nivel de autonomía respecto a su dueño (el Estado) y de accountability por parte de la ciudadanía sigue siendo bajo. Parte de ello responde a un problema de Gobierno corporativo -cuyas medidas anunciadas, si se cumplen, ayudarán a paliarlo-, pero otra parte a algo más estructural, que es propio de las empresas públicas y que dice relación con la falta de presencia efectiva de dueño. Con el objeto de sanear ese aspecto, algunas empresas públicas de primer orden mundial incorporan -aunque sea con carácter minoritario- al sector privado en un porcentaje de su propiedad, lo que no se plantea en el caso chileno.
NUESTRO HOMENJE A LOS 77 VALIENTES DE LA CONCEPCIÓN: