Chile va por mal camino....

Aunque desde el Gobierno tratan de bajarle el perfil a las discrepancias en la nueva

mayoría es evidente que hay fuertes tensiones y un enrarecido ambiente de crispación.

La inasistencia de la mayoría de los presidentes de partidos a acto oficial son una

prueba de las tensiones.

¿Pocos impuestos?,

por Sergio Melnick.

La reforma tributaria de Bachelet-Arenas fue un tremendo estropicio en materia de políticas públicas, al punto que deberá ser reformada antes de empezar a operar, y con certeza nuevamente luego de que empiece. Más de 60 circulares explicativas del Servicio de Impuestos Internos, con casi 1.000 páginas de texto, no pudieron arreglar los errores técnicos y la desprolijidad de la Ley.

Los expertos y analistas serios en esos temas lo advirtieron con firmeza en su momento, pero el Gobierno no escuchó, y pasó la retroexcavadora sin contemplaciones. El trabajo de la Cámara, a cargo de Lorenzini, fue francamente vergonzoso. La cocina que se hizo en el Senado terminó con dos sistemas tributarios paralelos. El resultado está hoy a la vista. No queda claro que la corrección apresurada que se empieza a hacer ahora finalmente estará o no bien hecha, y lo más probable es que termine subiendo aún más las tasas tributarias finales. Lo veremos en el camino, ya que es otra improvisación.

La izquierda reclama una y otra vez que en Chile se pagan pocos impuestos. Mi impresión es justo al revés. Los impuestos, además, deben ser analizados en referencia a las prestaciones que otorga el Estado, y especialmente cómo administra los recursos. El impuesto a la renta parte con un 27% a las empresas y termina en 44% o más con el nuevo sistema en el Global Complementario. El tramo final de este último es 35%. Del 27% que ya pagó la empresa, sólo se le reconoce el 65%, por ende es equivalente a haber pagado sólo un 17,5%. Es decir, pagará un 16,5% adicional para llegar al 35%, que más el 27% ya pagado da el final del 44%.

Pero en Chile -en forma adicional- se pagan muchos otros impuestos, y el Estado, como todos sabemos, dilapida recursos a manos llenas. Por ejemplo, en lo que va de este Gobierno se han contratado 80.000 funcionarios o más; se han dado bonos como derechos sociales, se subsidia el Transantiago de manera casi ofensiva, se aumentó el tamaño del Congreso en un 30%, y suma y sigue.

Volviendo a los otros impuestos, necesariamente hay que partir con el IVA, que agrega otro 19%, una cifra no menor, y lo peor, abiertamente regresiva, ya que los más pobres gastan todo su ingreso, y por ende este es directamente achicado en 19%. Adicionalmente hay que pagar contribuciones de bienes raíces, que es un impuesto patrimonial, y eso significa que la casa se paga al menos dos veces, lo que es un tremendo absurdo. También es un impuesto al patrimonio las patentes de vehículos, debiendo ser un impuesto a los servicios. Las patentes comerciales también son otro impuesto, y también al patrimonio. Hay que agregar las patentes especiales de expendios de alcoholes. Ahora tenemos impuestos verdes a los automóviles, y existe el impuesto a la transferencia de estos, lo que es un enorme absurdo: ¿por qué habría que pagar un impuesto por cambiar el dueño titular de un auto?

La cosa sigue. Hay impuestos especiales a las bencinas, adicionales al IVA, al tabaco, y también a los alcoholes, todos los que hoy afectan a un gran porcentaje de la población y reducen sus remuneraciones. También es necesario pagar impuestos de timbres y estampillas en los créditos, y como ello es proporcional al valor crédito, eso logra así subir las tasas reales de interés.

Falta agregar los peajes y tags, que son más impuestos a la lista. En el fondo son impuestos adicionales para financiar las obras públicas. No hay que olvidar el impuesto a la herencia que muchos deben pagar. Y hay más, como el Estado no es responsable de las pensiones, otro 10% del ingreso se va a las AFP, y un 7% a las Isapres o Fonasa, lo que allega directa o indirectamente recursos al Estado. Todavía quedan aranceles de comercio exterior, que son impuestos que van al Gobierno y que suben los precios que pagan los consumidores, y por ende quienes pagan el impuesto. Otro impuesto que recauda el Fisco es el royalty de la minería, que suma a las arcas Fiscales. Las Municipalidades también recaudan por los estacionamientos en las calles (bienes públicos), que es por ende una forma indirecta de impuesto. Además, el Fisco cobra por muchos de sus servicios, lo que es otra forma de impuesto; más allá de si corresponden o no, son recursos que llegan al Estado para prestar sus funciones, y que vienen de los contribuyentes.

Hay que sumar a los ingresos Fiscales las utilidades de las empresas de su dominio, que en nuestro país son muchas (Codelco, Enap, BancoEstado, EFE, Metro, y otras). Esas inversiones del Estado son para que las personas pudieran pagar menos impuestos, ya que son inversiones que se hicieron con los impuestos de los contribuyentes.

Es delicado comparar qué es lo que se recibe a cambio de tantos impuestos; en general, en ese sentido el Estado queda al debe.

La Constitución traicionada,

por Pablo Rodríguez Grez.

Entre las muchas reformas que entorpecen las principales actividades productivas en nuestro país se encuentra la posible sustitución de la Constitución Política de la República. Mucho se ha discutido y escrito sobre la forma de reemplazarla, al extremo de proponer violentar sus disposiciones, convocando al poder originario que se manifestaría por medio de una asamblea constituyente.

El establecimiento de una nueva Carta Fundamental obliga a analizar dos cuestiones íntimamente vinculadas: el procedimiento que corresponde aplicar para incorporar al sistema jurídico un instrumento de esta categoría, y las principales modificaciones que se pretende introducir a través de ella. Lo primero dice relación con su legitimidad (desvaída crítica política que afecta a la actual institucionalidad), lo segundo, con un verdadero pacto social que recoja aspiraciones mayoritarias presuntamente insatisfechas.

Lo cierto es que la legitimidad de una nueva Constitución solo puede fundarse en lo que prescribe la que actualmente nos rige, de suerte que toda medida encaminada a burlar sus normas, a este respecto, no será más que una treta fraguada al calor de desenfrenadas reminiscencias revolucionarias. En otros términos, traicionar la trayectoria histórica que ella ha hecho posible.

La Constitución de 1980 es el título con que se restableció la democracia en Chile, cumpliéndose estrictamente el itinerario diseñado y comprometido por el régimen militar; la que permitió avanzar en una transición nada traumática; la que fijó las normas básicas de una economía libre, que ha dado a Chile una renovada imagen tanto en el ámbito interno como externo; la que ha previsto los medios para amparar y proteger en forma efectiva los derechos fundamentales, cada día más amplios y efectivos; en fin, la que ha promovido el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la inmensa mayoría ciudadana. Si, además, contabilizamos las reformas que ha sufrido desde 1989, nadie podría seriamente seguir afirmando que la institucionalidad creada en 1980 es espuria e ilegítima. Sostener lo anterior es un vano pretexto para justificar la intención de volver a arrasar el orden establecido, invocando renovados "resquicios legales" (¿retroexcavadora?), cuyas huellas traumáticas aún perduran en la conciencia de toda una generación.

Por último, es también innegable que el sistema jurídico, reemplazado casi en su integridad por el Gobierno militar, se elaboró sobre los cimientos aportados por la Carta de 1980, lo que significó un avance ostensible que hoy reclaman para sí tanto los partidos oficialistas como los opositores.

Conviene preguntarse cuáles son las grandes modificaciones que se intenta introducir en una nueva Constitución.

Desde luego, se propone debilitar el poder Presidencial, lo cual supone aumentar, paralelamente, las potestades del Poder Legislativo. No parece ser esta una alternativa grata para la ciudadanía, como lo reconocen periódicamente los propios Congresistas al admitir las muchas falencias e inconsistencias en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los fallidos ensayos "Parlamentaristas" habidos en el pasado y de la escasa adhesión que suscita en la población el funcionamiento del Congreso.

Por otra parte, se proclama la necesidad de eliminar los quórums de algunas Leyes que por su importancia conviene proteger de la inestabilidad derivada del ejercicio de mayorías políticas circunstanciales que pueden destruir el modelo institucional (Leyes Orgánicas Constitucionales y de quórum calificado).

Entre las cuestiones más citadas, se apunta a las atribuciones y prerrogativas del Tribunal Constitucional, encargado de velar por la Constitucionalidad de las diversas expresiones formales de derecho (Leyes, reglamentos, tratados internacionales, autos acordados, etcétera). Este organismo autónomo es la garantía más eficiente de que disponen los imperados para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y un cerrojo para evitar excesos imposibles de controlar por otros medios.

Ciertamente, no faltan los que, invocando una reforma de esta magnitud, sueñan con convertir nuestra democracia en una farándula electoralista. Asimismo, proponen inflar los derechos fundamentales, dándoles el carácter de "derechos sociales", imponiendo el costo de su prestación al erario nacional. Es esta la fórmula más segura para desatar las presiones políticas y aniquilar todo avance real.

Asumir la defensa de la Constitución de 1980 es un imperativo para todos aquellos que vivimos la tentativa totalitaria que arrasó con la imperfecta democracia que nos legó la primera mitad del siglo XX y un medio eficaz para asegurar mejores días para Chile.

Werther,

por Fernando Villegas.

¿Quién ha oído hablar de Las tribulaciones del Joven Werther? Pocos, pero aun así viene a cuento recordar esta novela escrita por Goethe en el último cuarto del siglo XVIII, cuando hacía furor una onda romántica -“Sturm und Drang”- repleta de ego y afectación. Hoy dicha obra resulta indigerible, intragable, aunque en su época causó tal conmoción entre jóvenes cariacontecidos por penas de amor insolubles que sobrevino una plaga de suicidios imitando al protagonista. En esos tiempos el acceso al lecho de las niñas decentes era bastante dificultoso, lo que explica la sobreabundancia de lenocinios y de sífilis. El fervor y hervor masculinos debía evacuarse tanto en esos establecimientos comerciales como en suspiros, letanías, versos y pesares literarios a la Werther. El algo posterior Diario de un seductor, de Sören Kierkegaard, explora parecida veta.

En el caso del aún joven Walker y otros camaradas de la Flecha Roja no se ha llegado, Dios mediante, a esos extremos literarios, pero no porque carezcan de amores fallidos: lo es el no encabezar Gobierno, no tener poder para intentarlo y ahora último ni siquiera ser capaces de influir en quienes lo tienen. En vez de tan trágica determinación han optado por pataletas periódicas y súbitas asambleas precedidas, acompañadas y seguidas por el estado anímico de quien sabe estar en una posición falsa y con no poco de farsa, pero, a la vez, la única posible.

Son tribulaciones de larga data. Cuando en 1964 el partido llegó a La Moneda con el alto auspicio de Eduardo Frei (senior), discurseador de gran calibre capaz de sacarle galope a un caballo muerto, la DC pretendió habitarla en perenne matrimonio pero el país se divorció muy rápido y la “revolución en libertad” duró mucho menos que el vuelo descendente iniciado por la colectividad en 1970, primero en suave planeo y más tarde casi en caída libre. En medio de tan accidentada trayectoria de ya 45 años al partido le ha tocado semblantear al mundo con diversas máscaras; ha sido revolucionario en libertad, luego paladín republicano, después promotor del Golpe Militar, en seguida y por un tiempo esperó las llaves del Reino, más tarde fue opositor en cámara lenta y en recámara oscura, rescatador de la democracia, perpetrador de entuertos, autor de transacciones y ahora último es enfadado carro de cola del proyecto revolucionario de la NM.

A este último o quizás penúltimo avatar nos referiremos.

Agonías.

Este episodio último o penúltimo es posiblemente tan pesaroso o más que el de Werther, quien al menos tuvo la escapatoria del oportuno pistoletazo.  Fácil es morir, pero molesto agonizar. Y agonías son las que abruman  y finalmente descomponen a todo cuerpo político pretendiendo cuadrar el círculo. De eso hay abundante literatura y de seguro la actual experiencia de la Democracia Cristiana inspirará aun mucha más. Como desgajada ala del Partido Conservador, desde su inicio experimentó, como los nenes de orfelinato, una enfermiza inclinación por las nostalgias paternas y los fantaseos del hijo pródigo; de ahí que creyera posible unir el respeto por la tradición de los duros patrones de fundo con el amor por los desposeídos, la derecha con la izquierda, el cambio con la estabilidad, el “todo tiene que cambiar” con el “ojalá no cambie nada”. Por eso y aun antes que Frei (senior) se sentara en el sillón Presidencial, Orlando Millas, intelectual del PC de la época, escribió un ensayo llamado Teoría de la ambigüedad para referirse a lo que él consideraba los vacíos doctrinarios de la decé. Y recientemente el historiador Víctor Farías, especialista en hurgar recónditas fuentes para asestar feroces revelaciones, ha publicado La muerte del camaleón, que trata, según indica su subtítulo, de “la Democracia Cristiana chilena y su descomposición”.

Penoso es el siguiente destino predeterminado para la decé y todas las agrupaciones similares que jamás hayan existido: sufrir lapidarios juicios no por sus defectos, sino por sus virtudes. La principal de ellas es su designio de transitar por esa “aurea mediocritas” igualmente distante de los tóxicos extremos, ruta siempre difícil, pero casi imposible de seguir en una época de multitudinaria democracia y empoderamientos al borde de la histeria. El camino del medio es el más cercano a lo razonable y por lo mismo se topa con el hecho brutal que la política de masas está lejos de serlo. No es con ambigüedades y matices que se entusiasma a los electorados, menos aun a los jóvenes. Estos, especialmente los últimos, aspiran a un menú repleto de “épicas”, siquiera de promesas, asaltos al Cielo o al menos a la tienda La Polar. ¡Nada de reparaciones al modelo, sino su demolición! La sensatez se convierte en objeto de sospecha, luego de acusación y al final sus portadores son vistos como criaturas vendidas a los poderes fácticos. Le sucedió a la decé al Gobernar, le ha sucedido siendo oposición, le sucede ahora como acompañante del guiso de la señora Bachelet…

Walker, Pizarro, los otros…

De ahí las tribulaciones del joven Walker y también las de Pizarro, a veces cercano a Walker, a veces más bien próximo a Bachelet, a menudo en ambas partes o ninguna. Las confusiones, vaivenes y agonías de dichos caballeros de aparentemente distinta postura y catadura son menos una derivada de sus personalidades que de sus posiciones y, a la vez, distintas refracciones de la misma sustancia vital. Uno es más delicado, el otro más recio, pero dieron muestras de igual candor con vetas de oportunismo o de oportunismo envuelto en candor creyendo lo que querían creer y/o haciendo creer que creían ser parte de un Gobierno de necesarias reformas, no de uno apuntando a una revolución institucional; a ese primer error, confusión o disimulo sumaron después la esperanza que con Burgos y Valdés se pondría coto al exceso; no siendo eso suficiente, más tarde imaginaron o hicieron como que imaginaban que en el cónclave la Presidente inauguraría, finalmente, la Era de la Razón, Gradualidad y Sensatez.

Ya han sido sobradamente desilusionados, pero es de seguro que volverán a ilusionarse. Una vez más, no se trata de psicología sino de política. En esta algo sórdida actividad a menudo es necesario ser o parecer iluso para no ser sacado del juego. Si no se puede engañar, hay que aparecer como el engañado, pero siempre dentro de la familia; la alternativa es ser invitado a un “paseo”. La decé desea seguir en el juego y no tiene otro tablero a la mano. Y quiere jugar preservando su identidad no por lealtad a sus ideas, sino para preservarse como la útil coartada de salvadora oficial de la clase media, camelo que la NM necesita. Hacer ese papel está grabado a fuego en su ADN fundacional. Es lo que le demanda una y otra vez probar que su ideario es posible y experimentar todas las veces que es imposible.

¿Lo peor está aún por verse?,

por Roberto Ampuero.

Si alguien piensa que alcanzamos la cúspide en materia de delincuencia, se equivoca. De no adoptarse medidas drásticas y urgentes, la inseguridad alcanzará en Chile niveles insospechados. Basta lanzar una mirada al continente. No soy experto en seguridad, pero en los últimos decenios me ha tocado ser testigo del desarrollo de la delincuencia en México y Centroamérica. Confío en que en su gira por esa región la Presidente, junto con impulsar la relación bilateral, disertar sobre educación y expresar admiración por Salvador Allende y la extinta RDA, se informó sobre la guerra allí contra el narco y la delincuencia común.

Al examinar el agobiante panorama regional, uno advierte una constante: Chile marcha algunos años retrasado con respecto a países vecinos. Pero es una brecha que disminuye con celeridad. El chileno que hace un decenio visitaba México o Centroamérica escuchaba con escalofríos los relatos sobre delincuencia, y estimaba imposible que algo semejante ocurriera aquí. Mexicanos y centroamericanos nos miraban a su vez con sana envidia y celebraban que pudiésemos disfrutar con tranquilidad la vivienda y los espacios públicos.

Hace veinte años era difícil para un chileno imaginar que estaría obligado a instalar alarmas y coronar con alambrado eléctrico los muros de su casa. Se preguntaba cómo podían vivir así nuestros vecinos latinoamericanos. Éramos ajenos a fenómenos en otros sitios frecuentes: balaceras y ajustes de cuentas entre narcos; despojo del auto en la calle a punta de pistola; asaltos a casas con moradores dentro, amenazas a autoridades o secuestros para vaciar la cuenta bancaria de la víctima. Aquello nos parecía inconcebible en Chile. Pues bien, esto ya lo han experimentado muchos chilenos y millones temen sufrirlo. Por eso aumenta la frustración ciudadana cuando el Gobierno no impulsa con celeridad y decisión Leyes severas y sectores oficialistas miran con reticencia a las policías.

Mientras siga tardando la tramitación de la "agenda corta" y no exista una política de Estado en esta materia, la delincuencia seguirá actuando impunemente. Urge permitir la verificación preventiva de identidad por parte de Carabineros, por ejemplo. La delincuencia muestra nuevos rasgos alarmantes: crecen la penetración del narcotráfico y la facilidad con que grupos organizados como comandos obtienen millones de dólares en asaltos a transportes de valores. ¿Se está incorporando a la escena algún actor con motivaciones políticas, o las fortunas se gastan en adquirir zapatillas, iPads y motos? En la izquierda muchos atribuyen la delincuencia a la desigualdad social y estiman que solo disminuirá con mayor igualdad. No mencionan, sin embargo, que los Estados comunistas, apóstoles del igualitarismo, imponían penas draconianas, lo que sugiere la complejidad del asunto.

Sería injusto responsabilizar de la delincuencia solo al actual Gobierno. En rigor, la democracia no ha logrado controlarla. Pero no hay duda que ella se volvió extremadamente crítica bajo esta administración, y que el 90% de los chilenos desaprueba al Gobierno al respecto. El temor y la angustia se apoderaron de la ciudadanía, que ve con impotencia cómo se merma a diario su calidad de vida. Muchos tenemos hoy la impresión de que en Chile la vida vale cada vez menos.

Las perspectivas son inquietantes: todos los países vecinos con delincuencia extrema pasan posteriormente a una etapa en que aparecen la extorsión y el secuestro, sicarios, guardaespaldas y vigilantes armados para viviendas, tiendas y restaurantes, y la infiltración de las instituciones. Tarde o temprano las personas deciden armarse para defenderse por su cuenta. Ante una situación desbordada, varios Gobiernos latinoamericanos se han visto obligados a recurrir a las fuerzas armadas para enfrentar a los malhechores.

Cuando se alcanza una etapa en que tanto las personas como el Estado de derecho están en riesgo, el país es otro país, y el retorno a la paz y la seguridad deviene una meta difícil de alcanzar. Dada la gravedad de las circunstancias, no hay espacio para más dilaciones ni ambigüedades. Urge un liderazgo que promueva una política de Estado para enfrentar la delincuencia de forma inmediata y efectiva. De lo contrario, lo peor está aún por verse.

Guerrilla sorda,

por Axel Buchheister.

La entrevista a la Presidente que este medio públicó el domingo pasado, provocó un tremendo y entendible revuelo: nada menos que le quitó el piso a sus Ministros de Interior y Hacienda, que todos pensaron -no sólo el Presidente de la DC- que habían sido nombrados para enmendar el rumbo.

Eso sucedió porque como dijimos en la columna que se publicó el mismo día de la entrevista, ella en su fuero íntimo está con la retroexcavadora y ahora no se resignará a abandonar sus objetivos, como de alguna manera tuvo que hacer en su primer período. Cómo es y cómo se plantea la Presidente, permite entenderlo un aspecto de la entrevista que ha pasado algo desapercibido: la reforma a la Constitución, que va sí o sí. Relató ahí que ya han iniciado el “proceso constituyente” con reuniones con 300 o 400 personas en las Comunas y lo que se ha visto es que muchos no saben qué es una Constitución, pero más aún, que no le otorgan ninguna importancia. Esto hace indispensable que haya un proceso de educación cívica-constitucional para que la gente entienda. Ante la pregunta obvia de los entrevistadores de por qué hay que reformar la Constitución si la gente no le asigna importancia, contesta “que nosotros tenemos claro que se requiere una nueva Constitución”. Vale decir, si la gente no está de acuerdo con el diagnóstico, hay que “educarla” para que entienda que requiere una nueva Carta Fundamental. No pretende convencer, sino adoctrinar. En cualquier caso, queda ratificado lo que dijimos en otra columna anterior: la reforma Constitucional es una necesidad inventada.

En otras partes, con una quitada de piso así, los Ministros habrían renunciado. No lo hicieron quizás porque se habría visto raro tras el poco tiempo en sus cargos y precipitado una crisis mayor, y probablemente también por la convicción interna de lo peligroso que es dejar la retroexcavadora suelta. De ser cierta la versión que corre de una reunión de sinceramiento -durante la semana- entre la Presidente y el Ministro de Interior, en que ella habría ratificado su confianza y autoridad a éste, no resolvería nada, pues no sería más que la expresión de las vueltas y revueltas del liderazgo Presidencial.

¿Qué sucederá, entonces? Que cambie la Presidente se ve difícil (basta mencionar su invocación días atrás al modelo de Alemania Oriental). Y que los Ministros se sometan a la maquinaria pesada, también. Cabe esperar, entonces, una suerte de guerrilla sorda, en que los últimos seguirán haciendo lo que tenían previsto -control de daños- y que se traducirá en declaraciones al límite, algo de lo cual ya hemos visto, y preparar proyectos de Ley “moderados”, poniendo a la Presidente en el dilema de apoyar y firmarlos. Pueden terminar saliéndose con la suya o simplemente saliendo, pero con un aire de heroísmo para algunos sectores; y quizás tendríamos en el Ministro Burgos a un flamante candidato Presidencial.

Pero todo ello a costa del país dando tumbos y realizando un experimento institucional hasta ahora inédito: que los principales operadores en contra de un Presidente sean sus dos más importantes Ministros.

De aquí a la eternidad,

por Héctor Soto.

Conocidos los altibajos que ha tenido el Gobierno y la curiosa relación que la Presidente ha establecido con sus Ministros, que un día les da y al otro les quita, es razonable pensar que las cartas ya están echadas, como diría un tarotista. Y echadas de aquí a la eternidad: el programa se cumplirá, hasta donde sea posible; no se vislumbran nuevos ajustes de Gabinete; los equipos y las bancadas oficialistas están y es lo que hay… En lo básico, están todos los que son y son todos los que están. Así las cosas, es improbable que entren nuevas variables a la ecuación. Lo único que queda, entonces, es que el Gobierno emprenda su larga marcha al que será su desenlace. No es que la hoja de ruta esté clara. Al revés: lo único claro es que ya no habrá claridad alguna a este respecto y ésta será precisamente la trama de los 32 meses que le restan al Gobierno. Bienvenidos al campeonato del tira y afloja.

Si vendrán más reformas o si se detendrán, si las cosas se seguirán haciendo mal o se comenzarán a hacer algo mejor, a estas alturas son pelos de la cola. El test al que el Gobierno se verá sometido no pasa por ahí. Pasa, más bien, en lo básico, por la necesidad de ordenar y mantener unida a la coalición que lo respalda en un contexto de fortalecimiento político y por el desafío de remontar el ciclo de la desconfianza que ha llenado de nubarrones y sombras los horizontes de la economía.

La Presidente siente que la Nueva Mayoría es creación suya y todo hace pensar que no la abandonará a su suerte así como así. Cree ser la madre y maestra del bloque. Y seguramente lo es, porque, en realidad, sin ella estos partidos todavía estarían tratando de encontrar una explicación del porqué la centroizquierda fue expulsada del poder el año 2010.

Cuando Michelle Bachelet reapareció en el horizonte político (la verdad es que nunca se fue del todo), la Nueva Mayoría se anardeció no sólo porque olió la sangre del poder, sino también la oportunidad de una suerte de desquite. Los factores articuladores de la nueva coalición fueron dos. El primero, ella, la persona de Michelle Bachelet, que era quien tenía los votos y se había alzado en el imaginario nacional como una figura de contornos mesiánicos. El segundo fue el programa, que redactado entre gallos y medianoche se la jugaba por saldar de una vez por todas las cuentas pendientes en materia de igualdad que el país había acumulado no sólo en los últimos 30 años, sino también en los 200 anteriores.

Ambos factores están hoy contra las cuerdas. La popularidad de la Presidente comenzó a desgastarse desde mediados del año pasado, en un ambiente de inexcusable indolencia por parte del equipo político de entonces, y el carisma se desvaneció el verano, a raíz del caso Caval. La suma de ambos efectos fue devastadora para la Presidente, al extremo de descompensarla en el plano personal y de volverla desde entonces confusa en sus intervenciones públicas y errática en las decisiones. Bachelet ya dejó de ser la tabla de salvación que había sido para la Nueva Mayoría y hoy por hoy puede ser descarnado -aunque no descaminado- afirmar que la Presidenta es más parte del problema del oficialismo que de su solución.

El nexo que resta entonces es el programa y a sus vaguedades apostaron el cónclave de hace dos semanas y la propia Presidente en la entrevista a Reportajes del domingo pasado. Todos saben que no se podrá cumplir. Sin embargo, nadie se atreve todavía a trazar el corte entre lo que se podría ejecutar y lo que quedará como letra muerta. Una mínima desviación del cuchillo al hacer el corte podría pasar a llevar arterias importantes del aparato circulatorio de este colectivo. Eso explica el caudal de indefiniciones. El realismo sin renuncia da para todo, y mientras todos mantengan la fe en su propia animita, el conjunto puede proyectar la imagen de un credo compartido. La verdad es que lo que se comparte ya es poco y a nadie en el oficialismo le conviene mucho explicitarlo. A la Presidente -que le tiene horror a asumir costos políticos y entiende el liderazgo como un maratón de popularidad- menos que a nadie.

Sin duda que la variable económica va a ser importante. Para un Gobierno de marcado sesgo antiempresarial y para una coalición política forjada a partir del desprecio al crecimiento, que daba por hecho que Chile crecía al 4% anual incluso si las cosas iban mal, toparse cara a cara con los fantasmas de la escasez presupuestaria, el frenazo del consumo o el aumento del desempleo es aterrador. Son datos que no estaban en el libreto del oficialismo. Tampoco lo estaba el descrédito de la clase política, el aumento de la inseguridad ciudadana a raíz de la delincuencia y la violenta conflictividad que se advierte en distintos ámbitos de la sociedad chilena, cosa que la propia Nueva Mayoría alimentó con entusiasmo e irresponsabilidad en el Gobierno anterior. Es una perogrullada decirlo así, pero vaya que se les ha complicado el panorama a La Moneda y al país.

Una cosa, eso sí, es segura: si de aquí a mediados del año próximo, cuando comience la campaña Municipal, el Gobierno no logra remontar en las encuestas y si la economía no vuelve a dar señales de vitalidad, al Gobierno le será difícil mantener ordenadas sus filas. No existe candidato en el mundo que quiera asociarse a una Presidente impopular o a un Gobierno incompetente y perdedor.

Como en el dicho popular, por donde pecas pagas. Querías hacer reformas y las hiciste pésimo. Quieres hacer otras más y, teniendo todo para llevarlas a cabo, estás con miedo. Quieres seguir y no sabes cómo. Sabes que el horno no está para bollos y ya no tienes a quién culpar. ¿No te convendría hacerte ver? ¿No será que estás con problemas serios de liderazgo?

Lecciones de una reforma innecesaria y mal ejecutada.

El Ministerio de Hacienda anuncia ajustes por la vía Legislativa a la reforma tributaria. Se trata de modificaciones de alcance limitado, muy distantes de los verdaderos cambios que requeriría el proyecto para transformarse en una reforma pro inversión. Pero este alcance limitado no sorprende, porque han sido muchos los expertos que de manera previa, durante y posterior a la discusión en el Congreso hicieron públicos sus reparos ante una iniciativa tributaria mal orientada y, además, de casi imposible implementación. Corregir sólo lo segundo es consolidar un daño, no rectificarlo.

La responsabilidad recae en el Gobierno, que impulsó esta reforma sin atender a las advertencias de los expertos tributarios y que, peor aún, prefirió caricaturizarlos bajo el rótulo de “los poderosos de siempre”, a través de una campaña comunicacional. No obstante, su aprobación no hubiese sido posible sin la concurrencia de todos los sectores del oficialismo, incluso aquellos que pretendieron comulgar con las visiones críticas a la reforma, como asimismo de la propia oposición, que se apresuró a aparecer en la ceremonia de firma del acuerdo transversal que permitió al Gobierno no sólo sacar adelante este cambio, sino también presentarlo como una reforma con apoyo de todo el espectro político.

Ahora que la reforma tributaria es objeto de cambios, como consecuencia de sus complicaciones prácticas y de su negativo impacto entre los inversionistas, corresponde que todos los actores de este debate revisen esta experiencia y eviten la repetición de errores frente a las trascendentales reformas que el Ejecutivo mantiene en carpeta.

Porque la reforma tributaria no sólo se sustentó en un diagnóstico errado de la coyuntura económica y del impacto del alza de la carga impositiva en las decisiones de los inversionistas; también demostró una preocupante incapacidad técnica del aparato de Gobierno para elaborar proyectos Legales con estándares de calidad a lo menos aceptables. La reforma tributaria contiene errores e indefiniciones que las numerosas circulares emitidas por el Servicio de Impuestos Internos no han podido aclarar.

La evidencia es clara: se optó por apresurar el envío del proyecto, sin un suficiente diálogo ni análisis por parte de expertos en la materia, se privilegiaron las convicciones ideológicas y se negociaron acuerdos políticos sustentados en una mayoría electoral que hoy apenas se sostiene.

Preocupa, por lo mismo, que la autoridad insista en estrategias similares para sacar adelante reformas de la envergadura de la educacional y la laboral, cuando incluso economistas de su propio sector advierten las inconveniencias de sus postulados. Los representantes de universidades públicas, tradicionales y privadas han advertido, por ejemplo, los errores y las inconsistencias del proyecto de gratuidad universal para la educación superior y para nadie es un misterio el impacto negativo  que dicha normativa, bajo los parámetros actuales, tendrá sobre la oferta de vacantes para estudiantes.

El llamado, como consecuencia, es a no repetir los mismos errores e incorporar instancias de efectivo diálogo con todos los sectores involucrados en estas reformas, atendiendo a las verdaderas necesidades de la población y dejando atrás los eslóganes de un programa que ya no cuenta con el respaldo de la ciudadanía.

Malas noticias para la Carrera Docente.

Con las indicaciones introducidas por el Gobierno al proyecto de Carrera Docente, negociadas con el Colegio de Profesores y una gran parte de la Comisión de Educación de la Cámara, se diluyen las expectativas de que esa iniciativa impacte efectivamente en la calidad y equidad de nuestro sistema educativo.

Las indicaciones debilitan el vínculo entre el desarrollo profesional docente y los aprendizajes de los estudiantes. En primer lugar, se acordó la eliminación de la certificación para el ingreso de la carrera sin que esta sea reemplazada por un mecanismo alternativo como pudiese ser una evaluación del director. La paradoja es que esa evaluación sí podría hacerla el sostenedor o director de un plantel particular subvencionado. Algo que es tan clave en el mejoramiento de la educación Estatal se deja de lado para favorecer el interés del Colegio de Profesores. Además, no se sostiene que la falta de exigencias al ingreso a la profesión pueda ser sustituida por las mayores exigencias que se contemplan para los programas de Pedagogía.

Luego se debilitan también las evaluaciones para pasar a otros tramos. A la que incluye el portafolio, que intenta capturar la práctica docente, se le agregan otras dimensiones como el trabajo colaborativo con alumnos y padres y los cursos de perfeccionamiento, cuya correlación con los aprendizajes de los estudiantes es inexistente o desconocida. La prueba de conocimientos disciplinarios se reemplaza por una más blanda de conocimientos específicos y pedagógicos atinentes a la disciplina y nivel que imparte. La posibilidad de que los docentes puedan avanzar más rápido en la carrera que lo establecido en el proyecto original, en principio positivo, queda distorsionada al permitir que un docente que, por ejemplo, no tenga ninguna respuesta correcta en la prueba de conocimientos pueda alcanzar el nivel avanzado (llamado III ahora) si en el portafolio sale evaluado en la categoría más alta.

Las indicaciones tampoco contemplan mecanismos que permitan garantizar que el mayor número de horas no lectivas acordadas se pongan efectivamente al servicio de los aprendizajes de los estudiantes y si bien aumentan los incentivos, respecto del proyecto original, para que los buenos profesores laboren en un establecimiento vulnerable, estos son todavía insuficientes. Hay algunas indicaciones valiosas, como la ampliación de las mentorías y la mayor participación de los colegios en este proceso, pero ellas son insuficientes para equilibrar el proyecto desde el punto de vista del interés de los estudiantes y sus familias.

En suma, ha aumentado el riesgo de que la enorme inversión de 2 mil 300 millones de dólares contemplada para este proyecto no produzca mayores efectos en los aprendizajes de los escolares. Esto es una manifestación de la corporativización de la política que ha alentado la Nueva Mayoría, confundiendo el interés ciudadano con el de grupos de presión como el Colegio de Profesores.

Nuevo director del SII.

La Presidente de la República designó al ingeniero civil Fernando Barraza como nuevo Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), cargo que se encontraba vacante hace casi tres meses y luego que su antecesor cumpliera a su vez un largo interinato. Su nombre fue escogido de una nómina de cuatro postulantes formada, como establece la Ley, por el Consejo de la Alta Dirección Pública. Con ello, es la primera ocasión que tiene lugar un concurso realmente abierto, sin que el nominado ya esté sirviendo el cargo, lo que permite una mayor objetividad en la nominación.

El SII enfrenta severos desafíos, derivados del deterioro de su independencia y credibilidad, que le otorgaron un histórico y bien reconocido prestigio tanto nacional como internacional. Pesa sobre el nuevo director la importante tarea de revertir esa situación. Uno de los primeros problemas que deberá resolver, será definir las bases objetivas para el ejercicio de la acción penal, puesto que en diversos sectores hay dudas sobre su utilización con fines políticos. Esto porque en los casos de financiamientos irregulares de la política, en la práctica sólo se ha ejercido hasta ahora contra personeros políticos de oposición, aunque haya evidencias de que tales irregularidades cruzan a todos los sectores. El rol del SII no es perseguir a quienes hayan incumplido la Legislación electoral, sino que velar por el estricto cumplimento de la Ley tributaria e incrementar la recaudación, ejerciendo acciones administrativas y penales y, eventualmente desistirse de la que haya entablado-si así conviene al objetivo recaudador, conforme con los criterios técnicos que siempre ha aplicado.

Otra prioridad de su gestión será despejar cualquier duda de intervención política, luego de las graves acusaciones que han surgido sobre presiones desde el anterior Ministro del Interior hacia para que no fiscalizara en determinados casos ligados al oficialismo. Para ello deberá esclarecer estos hechos y prevenir que se reiteren, en caso de que se acredite que hayan ocurrido.

Burgos-Valdés en punto de inflexión.

La evaluación que amplios sectores han realizado del desempeño de la llamada dupla Burgos-Valdés se sustenta en las sucesivas señales de moderación dadas por ambos Ministros. Con todo, las expectativas de corrección de rumbos que suscitó su llegada al Gabinete distan de ser satisfechas. Esto, no solo por la abundancia de desacuerdos en el oficialismo, sino también porque esas señales aún no se traducen en la adopción de decisiones que contribuyan a despejar el escenario de incertidumbre y virtual paralización económica que dejó el primer año de Gobierno.

Desde luego, si bien ha sido positivo el reconocimiento de las debilidades de la reforma tributaria, el proyecto de Ley para modificarla es modesto en sus alcances y solo se limita a mejorar aspectos que tornaban derechamente inviable su aplicación. En cambio, será el destino de otra de las reformas impulsadas por la administración el que verdaderamente mostrará la capacidad del equipo Ministerial para marcar un punto de inflexión: la Legislación laboral.

Como se ha dicho, lejos de impulsar una necesaria modernización en el esquema de relaciones laborales, el texto despachado por la Cámara incrementa de modo desproporcionado el poder de las cúpulas sindicales, introduce disposiciones que alterarían gravemente el funcionamiento del aparato productivo y hasta renuncia a cuestiones de sentido común, como sancionar la violencia en las paralizaciones de faenas. Además de una diversidad de gremios, técnicos de todo el espectro político -incluyendo destacados economistas de la Nueva Mayoría- y ex autoridades de Gobiernos concertacionistas han manifestado sus reparos frente a la iniciativa, enumerando sus eventuales consecuencias en áreas que van desde el transporte público hasta los hogares de ancianos y las pymes. Precisamente la experiencia de la reforma tributaria -cuando observaciones similares respecto de sus efectos en la inversión fueron desoídas, llevando a un resultado de desaceleración que hoy el país sufre- debiere constituir una severa advertencia para las decisiones que corresponde ahora tomar. Ciertamente, la simple apuesta por ubicarse en un hipotético "punto intermedio" entre las demandas de las organizaciones sindicales y los reparos de los empresarios no sería respuesta suficiente respecto de un proyecto que exige correcciones profundas.

Apoyos de ex Presidentes y coherencia.

Para acometer desafíos como ese, los Ministros Burgos y Valdés han recibido importantes respaldos. Entre ellos, los de los ex Presidentes Frei y Lagos. Los dichos de este último ayer reivindican la tradición gradualista que caracterizó a la Concertación en su mejor momento y rescatan la importancia de los acuerdos para el impulso de reformas, haciendo notar que los cambios que aspiren a proyectarse en el tiempo no pueden sostenerse solo en mayorías transitorias. Es efectivo que, como ha hecho notar el ex Ministro Belisario Velasco, el sistema político chileno es Presidencialista y no considera la figura de un Primer Ministro. Sin embargo, tanto por tradición histórica como por el cuadro de crisis de liderazgos que enfrenta el país, el papel a cumplir por el titular de Interior puede ser determinante para encauzar la compleja situación actual.

Es positivo también que sectores políticos que hasta ahora aparecían identificados con tesis refundacionales hayan expresado su apoyo al Ministro de Hacienda, como lo hizo la directiva de su partido, el PPD. Ello, sin embargo, no debiere dar pie a equívocos respecto de la voluntad rectificadora que motivó la llegada de Burgos y Valdés al Gabinete. Cualquier señal contradictoria -como lo fue el discurso Presidencial elaborado por asesores del segundo piso para el cónclave oficialista- solo acrecentará incertidumbres y dificultará el cometido de los Secretarios de Estado.

Frente a Bolivia, serena difusión de la verdad.

Se ha conocido una nueva ofensiva comunicacional boliviana, consistente en la distribución en su aduana de un folleto para quienes viajan a Chile. Recurriendo a consabidas falsedades, el documento, de cuidadosa edición, vuelve a cuestionar la postura defendida por nuestro país frente a la demanda en La Haya.

Ciertamente, Chile no puede admitir que su posición siga siendo tergiversada ante la opinión pública internacional. La experiencia del juicio con Perú ya demostró que los Jueces de La Haya no fallan ateniéndose solo a razones de derecho, sino que sus posiciones son influidas por otros factores, incluidos los comunicacionales. Por lo mismo, urge que la ciudadanía y los Gobiernos de países amigos tengan claridad respecto de la solidez jurídica de nuestros argumentos, pero también de los diversos beneficios que se le otorgan a Bolivia y que distan con mucho de la imagen falsa de nación agresora y abusiva que la propaganda altiplánica intenta proyectar respecto de Chile.

Es importante que nuestro país pueda acreditar una línea de serena difusión de la verdad en esta materia. Con ese objetivo se ha contratado a una agencia internacional de comunicaciones. Cabe esperar conocer los frutos de su trabajo.

Pueblos bien informados

difícilmente son engañados.