Las bocinas de los camioneros de Chile están
despertando a los chilenos brutalmente atacados
por la delincuencia y el terrorismo.
Cristián
Vargas saca la cara por el SII,
por
Sergio Melnick I.
Realmente
impactantes las declaraciones del ex Director Jurídico del Servicio
de Impuestos Internos. Un funcionario de 20 años en el Servicio, que
ha servido a cuatro Gobiernos diferentes, es recientemente despedido
por oponerse a las malas prácticas políticas del Gobierno. De
alguna manera da esperanzas de un servicio público profesional y
dedicado, pero el resultado concreto es que ha sido despedido
políticamente. Nuevamente son los medios de comunicación quienes
denuncian el escándalo y no son las instituciones que corresponde,
menos el Gobierno, que en este caso es el actor principal del
escándalo.
En
síntesis, Vargas ha confirmado al menos ocho cosas muy graves. La
primera es que Peñailillo y Arenas presionaron directamente a
Jorratt para que este no ejerciera las investigaciones y funciones
legales que le corresponden a Impuestos Internos. Segundo, que hubo
iguales presiones al Director del SII por parte de políticos
destacados, de todos los sectores, de quienes no quiso dar los
nombres. Tercero, que hay al menos cinco o más empresas muy
relevantes que debieron ser sujeto de demandas judiciales por delitos
tributarios en el financiamiento de la política, que no se ha hecho.
Cuarto, que Jorratt se hacía eco de dichas presiones y torcía cada
vez el funcionamiento profesional del servicio. Quinto, ratificó que
el abogado Donoso de SQM participó en una reunión en el Ministerio
de Hacienda, presentándose como abogado de confianza del Ministerio
del Interior, es decir, a nombre de Peñailillo. Sexto, que hubo
procedimientos inadecuados en el caso de Novoa, que ameritan al menos
un sumario interno. Séptimo, que efectivamente se debió demandar a
la empresa de Martelli además de él como persona, ya que es ahí
donde está la más grave evidencia. Octavo, que efectivamente
Peñailillo recibía información de la Fiscalía y de Impuestos
Internos. De hecho, se estima en diversas fuentes que lo recaudado
por Martelli y Rosenblut fueron US$ 6 millones y se investiga
actualmente por menos de uno. En los hechos, entonces, hubo demoras y
omisiones en el actuar del Servicio por manejo de La Moneda y
presiones políticas.
La
gravedad de estas declaraciones públicas es enorme y sus
implicancias pueden ser insospechadas, tanto si el Servicio actúa,
como si no lo hace. Si no pasa nada, la corrupción política del
Gobierno en este caso sería simplemente inaceptable y, además, el
nuevo Director quedaría inmediatamente cuestionado. Si lo hace como
corresponde, veremos una larga lista de políticos procesados en los
Tribunales. Y sin duda si el Servicio actúa como debe, el impacto en
La Moneda será directo e inevitable.
Las empresas que aún deben ser investigadas, incluyendo SQM
adecuadamente, son especialmente cercanas a la campaña de Bachelet y
la Nueva Mayoría, que es precisamente la razón por lo que se ha
estado tapando. 2+2=22. Aun así, es posible presumir que igualmente
han financiado a todos los sectores y los afectados serán múltiples.
Lo
que realmente sería más grave, es que Bachelet sostenga que no
sabía nada de todo esto, ya que ocurría directamente desde La
Moneda, comandado por el Ministro del Interior, su persona de mayor
confianza. Peor aún, hay que recordar que Arenas primero y ella
luego, ratificaron a Jorratt cuando algo de esto ya se sabía, al
menos de las boletas de éste. Pero si fuese efectivo que nada sabía,
entonces es imperativo, con mucho respeto, que renuncie por la
evidente negligencia o abandono de sus funciones básicas.
Estas
declaraciones han ocurrido el día jueves pasado en la noche.
Lo importante será ver la respuesta de la clase política, del
Gobierno, de los medios de comunicación, de los Tribunales, de la
Contraloría, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado, la
fiscalización de la Cámara de Diputados, las asociaciones civiles
que deben demandar, etc. Ahora veremos si efectivamente las
instituciones funcionan.
Ya no se trata de presunciones. Hay aquí un testimonio directo y
responsable de un funcionario que fue testigo personal de esas formas
de corrupción, quien por oponerse fue simplemente despedido. Es
fundamental al menos saber con nombre y apellido todos los políticos
y funcionarios de Gobierno que presionaron a Jorratt. Es imperativo
abrir la empresa de Martelli. Es necesario saber exactamente todos
los políticos que tienen boletas directas o indirectas
comprometidas. Es clave saber cómo recibía Peñailillo la
información de la Fiscalía.
Si
no hay una respuesta realmente masiva e indignada del país a esta
situación, y todo esto finalmente queda en nada, el Estado de
Derecho simplemente habrá desaparecido y detrás de ello la
democracia habrá quedado en jaque casi mate y cualquier cosa
se podría esperar. No es política del terror, es sólo evidencia.
A la hora señalada,
por
Joaquín García Huidobro.
Muchas
cosas podemos reprocharle a la Democracia Cristiana: su arrogancia
en la década de los sesenta, la falta de consistencia entre sus
principios y la conducta de algunos militantes, etc. Pero hay algo
que nadie le desconoce: la sabiduría y el valor con que defendió
la causa de los derechos humanos durante los años del Gobierno
Militar.
Su defensa del derecho a la vida y la integridad física no fue interesada, pues, en términos generales, las víctimas de los abusos más graves en la materia no pertenecían a su tienda política, sino a sus adversarios de los años precedentes.
Por otra parte, la suya no era una defensa ingenua: antes del 11 de septiembre de 1973 la Democracia Cristiana se había opuesto con claridad a un proyecto político, el de la Unidad Popular, que con el correr del tiempo fue adoptando un talante claramente antidemocrático. Tampoco ignoraba que un número importante de las víctimas de desapariciones o torturas eran personas que creían en la legitimidad de la lucha armada tanto para acceder al socialismo como, después, para oponerse al Gobierno de facto.
Pero la conciencia de esos factores no llevó a los líderes de la DC de entonces a pensar que ellos legitimaban cualquier cosa. Desde el primer momento les quedó claro que la defensa de la sociedad occidental, la seguridad nacional o cualquier otro valor jamás podrían justificar la transgresión de ciertos límites, representados aquí por el derecho de la vida. Su respeto no podía depender de culpas o inocencias, o de circunstancias externas más o menos dramáticas, sino que se asentaba en la dignidad humana, que tiene un carácter intangible; es decir, no se puede poner al servicio de consideraciones ulteriores: no podemos emplear la vida humana como simple medio para conseguir otras cosas, por muy importantes que ellas sean.
Hoy, cuando nuevamente está en juego el derecho a la vida, y no de cualquiera, sino de inocentes, la gran pregunta es: ¿seguirán las nuevas generaciones de la DC el ejemplo de quienes las antecedieron? ¿Tendrán la claridad mental como para darse cuenta de que hay conductas que no resultan justificadas ni aun a pretexto de circunstancias particularmente graves, como puede ser algo tan terrible como una violación? No se trata de unas preguntas como cualesquiera otras. Ellas apuntan a la razón misma de ser del Partido Demócrata Cristiano.
De más está decir que el rechazo al aborto es tan solo un punto de partida. Ninguna persona honesta puede quedarse tranquila por haberse opuesto al aborto si no manifiesta, con palabras y con hechos, su preocupación por la vida ya nacida, que muchas veces se desarrolla en condiciones indignas del hombre. En esta materia también constituyen un ejemplo las primeras generaciones de políticos de la DC, que no solo defendieron el derecho a la vida, sino también buscaron, con mayor o menor acierto, dar origen a un sistema económico y político donde los chilenos fueran actores de su propio desarrollo y no simples espectadores de un sistema que dispone de ellos como un recurso económico más.
Pero tal como una actitud pro vida sería falsa si se limitara solo a los no nacidos, ignorando el clamor de grandes masas desposeídas de lo necesario para llevar una vida genuinamente humana, cualquier sensibilidad social sería solo una máscara engañosa si es incapaz de incluir en su preocupación a los más débiles de los débiles, a los que aún no han nacido, particularmente cuando se los quiere transformar en seres descartables.
No faltan razones para confundirse. Algunos dicen que no se trata de legalizar, sino simplemente de "despenalizar" (¿estarían dispuestos a "despenalizar" la tortura en casos muy graves?). Otros proponen volver a la norma de 1931, que permitía el aborto terapéutico en caso de peligro para la vida de la madre. Olvidan que las palabras de la Ley podrían ser las mismas, pero no la medicina, que ha avanzado tanto que estamos en una situación completamente distinta a la de hace 84 años.
Gabriel Valdés, Bernardo Leighton, Patricio Aylwin y otros como ellos no se confundieron: para estos democratacristianos no había vidas de primera y otras de segunda. No pensaron que se podía hacer una excepción a los principios del partido cuando se trataba de un caso incómodo, sea porque la víctima era un marxista o un no nacido, o porque defenderlos no estaba de moda. Ellos supieron estar en el lugar preciso a la hora señalada, y alzaron su voz en defensa de toda vida humana.
Permítame
la palabra…,
por
Fernando Villegas.
Luego
de un extenso lapso acogiéndose a tan obstinado silencio que pudo
temerse al hombre sufriendo serios problemas fonéticos y en manos de
un otorrinolaringólogo, Eyzaguirre sacó la voz. Lo ha hecho con
énfasis, dando así claras pruebas de que su garganta se mantiene
intacta, pero además en su estilo, ofreciendo a la pasada testimonio
de que su arrogancia sigue impertérrita. Ha sido contundente,
apodíctico, elíptico y sarcástico. De ese modo fue como el lunes,
a guisa de puntapié inicial del segundo tiempo de sus talentos
orales, reestrenó la caravana del buen humor puesta de moda -para
vocerías Gubernamentales oficiales u oficiosas- en los remotos
tiempos de Vidal, rey indiscutido de la jarana
político-comunicacional. En eso don Nico falló. No hubo nada de
divertido en su comentario acerca de la eventual cesantía de
guionistas de TV desplazados por sultanes y turbantes importados de
Turquía; tampoco resulta gracioso decirnos que la crisis política
deriva sólo de las invenciones de dichos profesionales sin pega. Hay
que tener cuidado con el sentido del humor. Heinrich Böll, quien
escribió una novela protagonizada por un payaso, dice en alguna
parte que prueba irrefutable de decadencia en ese oficio es que el
tony se ría de sus propios chistes.
O
quizás haya humor después de todo en eso de metaforizar las cosas
culpando del clima político a un alarde fantasioso de escritores sin
trabajo. Humor negro en todo caso, uno en el sórdido estilo del
Guasón fastidiando a Batman en cada película. No deja de haber
retorcida comicidad en que el Ministro de un Gobierno sumido desde su
inauguración en la atmósfera de virtualidad e irrealidad de una
ideología con tufo sesentero, venga y adjudique esa cualidad
fantasmagórica a la única cosa real que manifiesta abundantemente
su mandato hasta la fecha, a saber, el fracaso y/o la confusión. No
hay tal cosa nos dice el Ministro, no hay conflicto, no hay
divisiones, no hay desaliento, no hay angustia, no hay duplas ni hay
resignación ni menos renunciación; todo eso es un guión perpetrado
por gacetilleros sin trabajo. Para refrendar tan sabias palabras, un
par de días después la Presidente Bachelet decretó que los
conflictos son de hechura artificial. Hemos sido notificados: todo
problema o conflicto es obra del locuaz fascismo internacional.
Fiat
lux…
En el principio Nuestro Señor dijo “hágase la luz” y en el comienzo la NM dijo “cúmplase el programa”, pero sólo hasta ese punto hay algún parecido entre ambas gestiones; mientras Nuestro Señor cumplió y de su Verbo nació no sólo la luz sino las aguas, el aire, los pájaros y nosotros, todas cosas tangibles, la NM se ha quedado en el “hágase el programa” sin que de dichas palabras surja nada digno de nota. La palabra es un don de doble filo de la izquierda, la cual nace y crece con la queja, que es una palabra, para luego sostenerse con discursos, que son demasiadas palabras. Nada de raro es entonces que termine creyendo que una realidad decepcionante surge de malas palabras pronunciadas o escritas por otros. Por eso la NM aun no ha logrado superar las tinieblas del Caos que antecede la Creación. Lo suyo es la confusión y estropicios que acompañan el andar a tientas en una habitación a oscuras.
Desaliento
Por eso el desaliento cunde tanto en el corazón mismo de La Moneda como en personas transitando en órbitas algo más lejanas, a saber, en ex miembros del Gobierno, dirigentes políticos, Congresales varios y comunicadores en otros tiempos sensibles al palmotazo en la espalda y la eventual agregaduría en Europa por servicios rendidos, pero hoy inclinados a ser díscolos y soltar algunos pinitos críticos. En todos ellos se detecta una impresionante decepción con la Presidente, sentimiento a veces acompañado de comentarios irrepetibles. Atroces preguntas recorren como sombras sus atribulados semblantes: ¿Qué hacer, adónde ir, qué remedio poner? El buque hace agua y no hay ninguno al rescate en la cercanía o siquiera lejos; tampoco existe el deseo, si dicha embarcación alternativa existiera, de abordarla. Algunos ya creen oír el cuarteto de cuerdas que acompañó al Titanic al fondo del Atlántico, pero la esperanza es lo último que se pierde. Tal vez, se dicen los potenciales náufragos, en unos meses más los misteriosos caminos de la dialéctica hegeliana harán que en medio del desastre y las tinieblas emerja la luz y resplandezca la Verdad, amén.
Mundos
virtuales
Es en medio de ese ánimo de derrota y fracaso -porque no hay otras palabras para describirlo- donde prolifera la hipnótica tentación de huir de la realidad. La “última tentación” del hombre superior, decía Nietzche, es la compasión; la última tentación del político en serios problemas es el autismo. En este caso significa sumergirse en una semántica y gramática autocontenida y autorreferente microfoneada desde una burbuja que flota a gran distancia del suelo, en algunos casos también a gran distancia del país gracias a las visitas de Estado. Desde allí no sólo los problemas no se ven o sólo en versión pigmea, manejable, casi banal, sino además se desarrolla la agradable ilusión -teñida con algo de paranoia- de que basta apuntar con la lengua a presuntos culpables externos y los problemas se desvanecerán. Aquí y entonces es cuando entran a escena los ex libretistas de teleserie, los comunicadores comprados por el Gran Capital, fascistas redomados del columnismo, sediciosos a tiempo completo de la TV, complotadores de la prensa, agentes del imperialismo dados a las letras y a veces, de pasada, también las tibias criaturas de la Democracia Cristiana y sus lamentables dichos.
Existen,
entonces, varios Chiles verbales. Uno de ellos responde preguntas de
encuestas y expresa tal vez a un 70% o más de desafectos con el
Gobierno; otro Chile semántico está habitado por los 90 a 100 mil
nuevos empleados Fiscales que han sido contratados para darles
un nuevo frente de lucha a los combatientes de los partidos, a lo
cual se suma el stock conformado por las militancias clásicas, los
dirigentes, los Congresales progres, izquierdistas de vieja cepa
viviendo las glorias de la tercera edad, altos funcionarios de
Gobierno, activistas de ONG políticamente correctas y comunicadores
aún llenos de fe, todos quienes siguen recitando los mantras
oficiales del régimen; un tercer Chile verbal es callejero y
rechinante y lo habitan cohortes demográficas menores de 30 años
dadas a garrapatear grafiti del tipo “40 años juntando odio” y a
leer folletería delirante de origen decimonónico.
Ninguno
de estos tres lenguajes tiene contacto con los otros. No hay áreas
comunes, puntos de encuentro, adjetivos y sustantivos
intercambiables. Tampoco vienen palabras de unidad y consuelo desde
la boca de las personalidades que, aun sin claras bases de apoyo,
visten y desvisten sus respectivos trajes de Superman sin pleno
convencimiento de si los van a usar o no. Algunos se instalan canas
artificiales para aparecer como maduros próceres de la patria y el
progresismo y otros ofrecen su amor al país, pero ninguno explica en
qué consistiría su oferta. Ni han dicho algo ni han pedido la
palabra. Así van las cosas, con todo el mundo asomándose sólo a
profundidad de periscopio. Es en el corazón de dicho escenario
donde aparecen los malvados libretistas que exorcizan Eyzaguirre y su
amiga la Presidente.
País
laico, aborto y práctica médica,
por
Fernando Chomali.
La Iglesia Católica reconoce que
hay embarazos que generan múltiples dificultades a las madres y que
algunos son verdaderos dramas de hondo contenido humano, sin embargo
difiere sustancialmente del modo como ese drama se resuelve. Algunos
plantean que la madre puede decidir si sigue adelante o no con el
embarazo, y que la Ley y el aparato Estatal se ponen al servicio de
dicha elección procurando un aborto; otros, entre los cuales la
Iglesia Católica se incluye, creen que aquello no solo no soluciona
el problema de la madre, sino que además le agrega otro, que es la
eliminación de un inocente e indefenso ser humano en desarrollo,
como lo fuimos cada uno de nosotros.
Al leer el proyecto y sus antecedentes detenidamente, está más que claro que el espíritu de la Ley no está centrado en un tema médico ni de salud pública: está centrado en el supuesto derecho que tiene la madre a decidir si sigue o no con el embarazo. Y ello cuando quiera. Ese es el debate de fondo, y desde ese punto de vista urge mayor honestidad intelectual. El debate es si el deseo de la madre de no tener un hijo prevalece por sobre el derecho que tiene ese ser de la especie humana a continuar desarrollándose en el seno materno. No me parece justo suscitar en la conciencia de las personas una posición respecto del aborto presentando casos dramáticos que apelan al sentimiento cuando lo que se pretende en la Ley, y es cosa de leerlo, es que la mujer tenga amplias facultades para decidir. ¿Se les mostraron a los encuestados los fundamentos del proyecto?
Dada la oposición de la Iglesia Católica a este proyecto de Ley que deja en la más absoluta indefensión al concebido, según consta en múltiples documentos Pontificios, Episcopales y académicos (todos ellos, en manos de la comisión de Salud de la Cámara de Diputados), y no teniendo argumentos para contrarrestar sus postulados, aparece el de que Chile es un país laico. Soy el primero en estar de acuerdo de que Chile es un país laico y que hay separación de la Iglesia y el Estado, pero ese argumento no vale cuando se trata de defender principios que surgen de la razón, como lo es el derecho primario, original y fundamental que tiene todo ser humano a que se le respete su vida. De ese derecho gozamos quienes estamos hoy en esta discusión.
El hecho de querer marginarnos de este debate que toca los cimientos mismos de la Nación, con ese argumento no dará resultado, como tampoco lo dio cuando la Iglesia se preocupó, incluso con la vida de algunos de sus propios miembros, de los que no tenían voz y eran degradados en su dignidad de manera brutal.
Llegó la hora de sincerar el debate y responder a preguntas más de fondo: ¿Podría alguien atribuirse el derecho de decidir respecto de qué vida merece ser vivida y qué vida no merece ser vivida? ¿No será un fracaso de la sociedad terminar con la vida de los más indefensos como solución a problemas reales que, por de pronto, somos los primeros en reconocer?
¿No será que el principio de la solidaridad y el acompañamiento de todo orden a la madre y al hijo son el camino donde se vive con mayor fuerza una sociedad auténticamente democrática y además respetuosa de la Constitución? ¿No será que llegó la hora de leer los libros de embriología de todo el mundo que postulan, y hoy con más fuerza que nunca, por los nuevos conocimientos alcanzados, que al producirse la fecundación se da inicio a un nuevo ser de la especie humana? ¿No será que llegó la hora de respetar las artes médicas en todo su esplendor que enseñan a sanar, cuidar, aliviar, pero nunca a dañar? Y con este nuevo proyecto de Ley, ¿habrá que incluir junto al curso de embriología uno de aborto, y, obviamente en este contexto, el día de mañana junto al curso de cuidados paliativos uno de eutanasia?
¿Será que esta Ley es el paso de una medicina centrada en el bien de los pacientes a una centrada en el deseo del que puede decidir, que suele ser el más fuerte?
Condena
injusta,
por
Axel Buchheister.
Que
Chile está en crisis, pocos lo dudan. Pero no sólo porque hay un
Gobierno que no renuncia a aplicar reformas mal hechas y que la
ciudadanía rechaza, sino porque somos una sociedad que es incapaz de
resolver con eficacia sus problemas.
Todos
claman porque los que quebrantan la Ley estén en la cárcel, pero
cuando se trata de alguien popular, todo se arregla para que no
suceda. Es el caso de la condena injusta que recibió el arquero
Johnny Herrera. Así no hay escarmiento y cunde la sensación de
impunidad, terreno fértil para que cada día más se dediquen a la
actividad delictiva y en forma crecientemente osada.
Las
andanzas de dicho personaje son tantas, que cuesta tener el panorama
exacto. La cosa es más o menos así: en 2009 atropelló a una joven,
causándole la muerte; se dijo que conducía bajo la influencia del
alcohol. Finalmente, se llegó a una suspensión condicional del
procedimiento, bajo la condición que pagara una suma a la familia de
la víctima y que no volviera a infringir la Ley dentro de un año.
Sin embargo, al poco tiempo fue sorprendido conduciendo en estado de
ebriedad, con lo que no sólo sería juzgado por el nuevo delito,
sino que se le reabrió el procedimiento anterior.
No
obstante que se trata de alguien que estaba reincidiendo en su mala
conducta e incumpliendo las condiciones de un acuerdo que lo liberó,
se le condenó apenas a 41 días de prisión remitidos (que no se
cumplen), y a dos años de suspensión de licencia, pues según el
Tribunal no se acreditó la conducción en estado de ebriedad en el
primer caso. Pero al poco tiempo fue sorprendido conduciendo su
vehículo, lo que constituye un delito de quebrantamiento de condena.
Ahora hemos conocido la sanción por esto: 41 días de reclusión
nocturna.
No
sólo una pena leve, sino que no tendrá que cumplirla en la cárcel
respectiva, sino que en su casa. No podrá salir de ella todas las
noches entre las 22:00 y las 6:00 horas, de lunes a viernes, como
sucede con la mayoría de los chilenos. Así, los
fines de semanas Johnny podrá jugar fútbol para deleite de los
aficionados y salir de juerga nocturna. ¡Vaya pena! Y el Ministerio
Público, encargado de perseguir a quienes delinquen, estuvo de
acuerdo. Se dijo que podría cumplirla en su hogar porque la Ley lo
permite como alternativa. Entonces, además de Jueces y Fiscales
permisivos, tenemos una Ley mal hecha, porque si alguien va a obtener
el beneficio de cumplir la pena en su casa y no en la cárcel, la
reclusión debiera ser más gravosa: día completo.
Pero
no sólo los Jueces, Fiscales y Legisladores están mal, usted
también, porque en democracia la gente elige a las autoridades
políticas, las que su vez nombran a Jueces y Fiscales. Si no se
queja de este absurdo Judicial con el futbolista, y además vota por
tener un Gobierno y Parlamentarios que ofrecen regalar cosas con el
dinero de quienes trabajan y pagan impuestos, en vez de cambiar lo
que está mal, no se queje si es víctima de un “portonazo”.
Es que la aplicación de la Ley se está degradando e importará cada
vez menos; y eso será culpa suya.
El
pasado también es incierto,
por
Cristina Bitar.
El espíritu
reformista Gobernante se funda en un diagnóstico extremadamente
crítico de la sociedad, lo que es curioso proviniendo de la misma
coalición que Gobernó el país veinte de los 24 años anteriores.
Más allá de lo que se podría decir de la Concertación a partir de
este dato, el citado programa no es sólo la expresión de una
voluntad de cambio hacia el futuro, sino, y principalmente, una
lectura muy negativa de la organización consolidada en ese período.
Recuerdo una
frase que gustaba mucho repetir el ex Presidente Lagos: “Porque
hemos hecho lo que hemos hecho, es que…”; vale decir, sus
propuestas se construían sobre lo anterior y intentando sustituir el
pasado por otra cosa diferente. Era una forma de cambio con
continuidad, que reconocía y aceptaba como válido un contexto
propio de la forma de organización política y económica del
Occidente desarrollado y, dentro de él, postulaba reformas
redistributivas que le dieran un contenido más inclusivo y social.
Las coordenadas más o menos clásicas que les han dado alternancia
con la opción liberal, en un marco de cohesión política, a los
países europeos.
Pero la Nueva
Mayoría, en la propuesta de Bachelet II, planteó una visión
diferente: no se reivindica “lo que hemos hecho”, sino que
—validado por mucho de lo que se hizo y dijo en el Gobierno de
Piñera— se reniega de ello sólo porque contribuyó a crear la
sociedad supuestamente desigual, abusiva e injusta en que vivimos.
Sorprende que tantos sientan que el futuro es incierto. Todos
escucharon y leyeron “el programa de la Presidente”. Salvo que se
hubiese arrepentido, esto es exactamente lo que ella vino a hacer en
estos cuatro años.
Lo que no era
esperable es la incertidumbre sobre el pasado, consecuencia bruta de
la instalación de que en ese pasado se construyó una sociedad
injusta. Bajo esa mirada, es lógico que lo que se hizo y acordó en
ese pasado se reinterprete de una forma distinta. Con una nueva
manera de interpretar y aplicar Leyes vigentes, los contratos con el
Estado, la regulación aplicable a los recursos naturales y sectores
regulados, e incluso contratos entre particulares, como en el caso de
las isapres con sus afiliados. Esto genera hoy más incertidumbre que
el futuro.
No se trata sólo
de incertidumbre económica, también Jurídica. La primera afecta la
inversión, lo que ya es bastante grave, pero la segunda afecta la
percepción de legitimidad del poder Estatal. En el imaginario
común, la democracia no es sólo una forma de organización del
poder político, sino que es también una forma de regulación
Jurídica que protege a las personas del uso arbitrario de la lLey
por parte del Gobernante. Pero el mensaje de que las normas
dictadas en los últimos 25 años han creado una sociedad injusta
abrió la puerta para reinterpretar lo Legislado y lo acordado en el
pasado. Esta es la peor incertidumbre para un país que se dice
serio.
¿Es
el cronograma o el programa?,
por
Héctor Soto.
Estamos
llenos de discusiones menores: si la dupla es dupla o cuarteto, si
Fulano sigue con buena estrella o ya se le apagó, si la
gradualidad vendrá o murió antes de nacer, si el Ministro del
Interior conversó o no con la Presidente. No es pura anécdota
quizás, porque son señales. Sin embargo, está claro que nada de lo
que se diga puede ser definitivo. Aparte de las que ya hemos visto,
vendrán otras comedias de equivocaciones, que es lo que siempre
ocurre cuando falta el liderazgo. Así las cosas, todo indica que los
empoderamientos súbitos y las consiguientes quitadas de piso, las
estrellas emergentes y las declinantes en el Gabinete, van a ser la
trama en torno a la cual se tejerán los 32 exasperados meses de
mandato que este Gobierno tiene por delante.
Convendría
no perder de vista que al margen de estos ires y venires están en
juego asuntos más sustantivos. Por de pronto, hay un programa que se
va a ejecutar hasta donde sea posible y se están fraguando tanto en
el campo de la educación superior como en las relaciones laborales
compromisos más o menos improvisados que al país le va a costar
mucho revertir en el futuro. La venganza de la realidad contra el
olímpico desprecio que la Nueva Mayoría alentó por las
tecnocracias, culpables desde su prisma de haber entendido la
política como una simple colección de políticas públicas, no se
está haciendo esperar y a estas alturas son varios los Frankenstein
que están en el horno. La historia del Transantiago vuelve a
repetirse. Si las malas reformas educacionales que se hicieron hasta
ahora sólo muy tangencialmente podrían mover las agujas de la
calidad de la educación chilena, lo que podría salir de la promesa
de gratuidad de la educación superior puede llegar a ser todavía
más distorsionado y tóxico. El riesgo es que, lejos de volverse
más inclusivo, el sistema universitario termine aún más
estratificado y desigual de lo que ya es.
La
compulsión por hacer reformas improvisadas, sólo porque alguien de
cabeza embriagada y prosa fácil las escribió en el programa de
Gobierno, además de generar las frustraciones ciudadanas que las
encuestas están reflejando, también van a terminar colocando en
entredicho los supuestos ideológicos desde los cuales Bachelet
construyó su candidatura. Si al término de su mandato el país va a
seguir siendo tanto o más desigual que el de año 2010, eso va a
significar que el carnaval de reformas fue en vano. El combate a la
desigualdad fue el primer gran desafío que el nuevo Gobierno se
planteó y en algún momento tendrá que hacerse cargo
responsablemente del riesgo de haber pedaleado en banda. En el Chile
del cual la Nueva Mayoría abjuró el empleo fue por lejos el
principal motor para sacar a las familias de la pobreza y el
principal canal de superación. Es cierto que eso no necesariamente
significaba que se acortaban las brechas entre ricos pobres. Pero
suponer que se reducirán en un contexto en que se hacen reformas
descaminadas y en que está aumentando el desempleo puede ser una
locura.
En
definitiva, el éxito o el fracaso del gobierno no está conectado a
la mayor o menor gradualidad de las reformas. Lo único que manda en
este plano es si se trata de reformas que estén bien o mal
orientadas y -establecido eso- bien o mal ejecutadas. El veneno
administrado en pequeñas dosis puede ser menos letal que ingerido de
un solo trago, pero eso desde luego no significa que haga bien para
la salud. Lo que corresponde, por lo mismo, no es tanto revisar el
cronograma cuanto el programa, evaluándolo no sólo en función de
los ideales de justicia que lo inspiran -nadie los debería poner en
duda-, sino también con los efectos benéficos o perversos que están
llamadas a generar en la práctica.
Al
final, y esto es lo que habría que revisar, el gran lastre del
programa de Gobierno es su sesgo antilucro, anticapitalista,
antisector privado. La condena al lucro tuvo contornos
teologales. La confianza oficialista en que el protagonismo del
Estado -recargado con la idea de los derechos sociales garantizados-
sería más que suficiente para reencauzar el desarrollo económico y
social es lo que tiene actualmente al país material y
espiritualmente deprimido, las tasas de inversión por el suelo, la
actividad frenada y las expectativas de los consumidores a la baja.
Mientras eso no se corrija -y se corrija de raíz-, el comportamiento
de todos los indicadores del bienestar va a seguir siendo de regular
a desastroso, ofreciendo el mismo espectáculo que hasta ahora.
Lo
que está ocurriendo en el Chile real es muy distinto y menos
divertido de lo que sucede en La Moneda, donde la coreografía
Ministerial sigue sin convencer. Todavía no termina de procesarse
una señal de sensatez cuando a renglón seguido la disipa un
disparate. Falta de liderazgo, se dirá, y es obvio que sí, que
falta, entre otras cosas. Pero el problema es más profundo. Faltan
buenas políticas públicas y, sobre todo, faltan ideas. Una lástima:
no estaban en el programa. Y no hay cronograma que lo pueda arreglar.
La elección de Fiscal Nacional,
por Luis Cordero
Vega.
En los próximos
días la Corte Suprema convocará a concurso para el nombramiento del
próximo Fiscal Nacional. A partir de la quina que ésta defina, la
Presidente de la República deberá proponer un nombre al Senado,
quien ratificará la designación.
Esto, que
pareciera ser un normal proceso institucional, en las actuales
condiciones puede terminar en un desastre si el sistema político no
actúa correctamente. Al mismo tiempo que se desarrollará esta
elección, el actual Fiscal Nacional estará tomando decisiones sobre
nuevas formalizaciones a los miembros de la clase política, los
casos pendientes estarán en etapas avanzadas de investigación, y
los candidatos serán objeto de permanente escrutinio respecto de su
posible intervención en cada uno de esos actos.
El mismo día que
Sabas Chahuán decidió, meses atrás, que las investigaciones de los
casos Penta y SQM quedarían a su cargo, la elección del próximo
Fiscal Nacional quedó politizada. Todas las decisiones que se tomen
de aquí en adelante serán observadas con sospecha. Mal que mal,
será la propia política la que deberá decidir quién seguirá a
cargo de la persecución y castigo de sus actos del pasado.
El problema es que estas condiciones no permiten apreciar las implicancias de política pública de este nombramiento, en especial de las cuestiones vinculadas a la persecución penal y seguridad pública. Cuando a finales de los noventa se aprobó la reforma procesal penal, el Congreso no sólo buscaba establecer un conjunto de derechos a los imputados –históricamente limitados–; además quería definir un arreglo institucional para que la persecución penal fuera eficiente y eficaz en el castigo de los delitos. Esto explica la autonomía que se concedió al Ministerio Público, la dependencia de las policías y las decisiones estratégicas que pueden adoptar para la investigación inteligente de la delincuencia.
Sin embargo, en
esta elección esto ha quedado de lado. Hemos puesto énfasis, en
cambio, en la persecución de la política, y estamos siendo testigos
de una creciente burocratización de esta institución, cuestión que
se ve representada, entre otras evidencias, en el tipo de candidatos
que recurrentemente suelen aparecer, casi todos miembros de la
institución.
¿Es esto bueno?
Creo que no. Es indispensable que en la selección del próximo
Fiscal Nacional no sólo nos limitemos a controlar el ámbito de
acción de la política. También debiéramos buscar un nombre que,
más que responder a las demandas burocráticas internas, sea capaz
de volver a colocar el énfasis en la relación de eficiencia y
eficacia en la persecución penal, objetivo que que justificó la
reforma. Para eso, designar un Fiscal Nacional ajeno al actual
Ministerio Público pareciera una buena decisión.
Sucesión
anticipada,
por Max Colodro.
Las
últimas semanas terminaron de confirmar que el Gobierno aún no da
con un diseño político para salir de la crisis en que se encuentra.
El cambio de Gabinete generó expectativas que se han estrellado
finalmente contra un muro de tensiones y disensos hasta ahora
irresolubles. De este modo, muerto y enterrado el ‘cambio de
rumbo’, las reformas siguen su marcha ‘sin renuncia’,
manteniendo vigente las divisiones que su implementación genera en
la Nueva Mayoría.
Así
las cosas, la incapacidad del Gobierno para recomponerse, el
deterioro persistente de la situación económica y la abultada
impopularidad de la Presidente y su agenda de reformas, están
comenzado a anticipar la instalación de las candidaturas
Presidenciales, con miras a una elección donde estará en disputa la
continuidad de los cambios, su eventual rectificación o un viraje de
fondo que termine por abortarlas. En efecto, lo que parece explicar
la irrupción de este precoz escenario electoral es, precisamente, la
paradójica certidumbre de que el actual Gobierno ya está ‘jugado’,
que no hay ni habrá posibilidad de enmendar rumbos, y que el destino
del actual ciclo político se definirá, por tanto, en la contienda
de fines de 2017.
En
los últimos días, el ex Presidente Lagos ha salido con todo a
confirmar su disponibilidad política, su ‘amor por Chile’ y la
necesidad de ‘orden’ que, según él, percibe en el país. Sus
definiciones recientes, y sobre todo el público respaldo al Ministro
Burgos en La Moneda, contribuyeron decisivamente a instalar un nuevo
cuadro, uno donde a las serias dificultades del oficialismo se agrega
ahora un posicionamiento anticipado de la próxima contienda
Presidencial. En rigor, Lagos dio el vamos a una carrera a la que sin
pausa se pliegan ya los demás potenciales contrincantes. Y el drama
para el Gobierno es que en esta carrera está, por definición,
condenado a tener un rol secundario, y eso ocurre cuando ni siquiera
llega a la mitad de su mandato.
Es
inevitable, entonces, que el inicio de la batalla Presidencial tenga
secuelas nocivas para el oficialismo. En primer lugar, porque la
discusión sobre las actuales reformas en curso, de por sí compleja,
se irá ‘contaminando’ con las lógicas de posicionamiento y
proyección futura de los diversos actores. En paralelo, porque los
Parlamentarios que quieran o deban competir el 2017, naturalmente
empezarán a alinearse en función de sus opciones Presidenciales,
contribuyendo también a grados de desorden e incertidumbre todavía
mayores. Y por último, por los sensibles efectos del contraste que
se irá generando entre los déficits de conducción de la actual
Mandatario y el despliegue público que realicen los candidatos.
Como
un corolario algo irónico, una administración que asumió llena de
pretensiones refundacionales, está siendo tempranamente dejada
atrás, incluso por no pocos de sus partidarios. Para el Gobierno y
Bachelet, sin duda que esta nueva variable hará todavía más cuesta
arriba el imperativo de encarar sus dificultades presentes, un
contexto que no amaina y en el que ahora deberán lidiar, además,
con el desgastante fantasma de un final anticipado.
Cuba, ¿mediador entre EE.UU. y Venezuela?,
por
Andrés Oppenheimer.
Si
me preguntan qué fue lo más interesante que me dijo el Secretario
de Estado, John Kerry, cuando lo entrevisté hace unos días,
probablemente no fue ninguna de sus declaraciones sobre los derechos
humanos en Cuba que generaron grandes titulares, sino su admisión
de que Estados Unidos y Cuba están hablando a puertas cerradas
sobre la crisis de Venezuela.
Durante la entrevista en Washington D.C., poco antes de su viaje del pasado 14 de agosto a La Habana, Kerry me dijo que Estados Unidos desea que Venezuela cumpla con las normas interamericanas de derechos humanos, y que las elecciones Legislativas del próximo 6 de diciembre en Venezuela cuenten con observadores internacionales creíbles.
Cuando le pregunté si se tocó el tema de la crisis de Venezuela durante las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba para normalizar sus relaciones Diplomáticas, Kerry contestó afirmativamente.
"Sí", dijo Kerry. "Hablamos muy específicamente sobre el deseo de Estados Unidos de tener una relación con el pueblo venezolano, que aumente la capacidad del pueblo de Venezuela de sentirse protegido, respetado, representado, de poder ver mejorar sus vidas".
Cuando le pregunté cuál fue la respuesta de Cuba, Kerry dijo que "ellos (los cubanos) no hicieron ninguna promesa, pero espero que transmitan (a Venezuela) que lo que estamos haciendo ahora con ellos (los cubanos) es beneficioso, así que ¿por qué Venezuela no habría de tomar también el mismo camino?".
O sea, que la administración del Presidente Barack Obama le ha pedido a Cuba, que ahora tiene relaciones Diplomáticas plenas con Estados Unidos, que le ayude a convencer a Venezuela de normalizar sus relaciones con Washington, y -lo que sigue es mi propia interpretación de las palabras de Kerry- que le pida al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, que libere a los presos políticos y permita observadores internacionales creíbles en las elecciones del 6 de diciembre.
Es cierto que, a primera vista, la idea de que Estados Unidos le pida a Cuba -una dictadura militar que no ha permitido elecciones libres en más de cinco décadas- ayuda para realizar elecciones libres en Venezuela, suena disparatada.
Pero si uno mira las cosas fríamente, tiene sentido. Tanto Estados Unidos como Cuba tienen un interés común en Venezuela, que es el de impedir que ese país se convierta en un Estado fallido, que es el término que usan los Diplomáticos internacionales para describir a los países que caen en un caos económico y político total.
"El Gobierno cubano es experto en mantener el orden público", me dijo Jorge Sanguinetty, un economista cubano-americano y autor del libro "Cuba: presente y futuro", tras escuchar la entrevista con Kerry. "Cuba puede ayudar a evitar que Venezuela se convierta en un Estado fallido".
Imaginemos por un instante las graves consecuencias que podría tener tanto para Estados Unidos como para Cuba la posibilidad de que Venezuela cayera en un caos total y se volviera ingobernable (algo que podría suceder, considerando que Venezuela ya tiene la inflación más alta del mundo, el crecimiento económico más bajo de América Latina y uno de los mayores índices de homicidios de la región).
Para Cuba, significaría el fin de los subsidios masivos de petróleo venezolano a la isla. Aunque la economía de Venezuela está cayendo en picada, y los venezolanos deben hacer largas colas en los supermercados para conseguir carne o leche, el Gobierno venezolano sigue dando a Cuba subsidios masivos de petróleo a cambio de asesoramiento político, económico y de seguridad, y de la presencia de miles de médicos y maestros cubanos en Venezuela.
Para Estados Unidos, un Estado fallido en Venezuela -o sea, la ausencia de un Gobierno central capaz de mantener el control sobre su territorio- podría convertir a Venezuela en un refugio de terroristas y narcotraficantes colombianos, que podrían adueñarse de una parte del país y desestabilizar a Colombia desde allí. Eso podría ser también una amenaza para la estabilidad democrática de Brasil y gran parte de América del Sur.
Mi opinión: John Kerry no entró en más detalles sobre las conversaciones con Cuba sobre Venezuela en nuestra entrevista, pero su admisión de que los Estados Unidos y Cuba están hablando de la crisis venezolana, me hace pensar que hay más en juego en las conversaciones de normalización entre Estados Unidos y Cuba de lo que parece a simple vista.
No hay duda de que suena raro que Cuba -entre todos los países- se convierta en un intermediario para ayudar a restaurar una semblanza de orden económico y político en Venezuela. Pero Obama ya ha mandado a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, Thomas Shannon, a conversar directamente con el Gobierno venezolano, y todo parece indicar que está recurriendo a Cuba para ayudar a lograr un aterrizaje suave de la crisis venezolana.
La demanda por liderazgo en la agenda de Gobierno.
Tal
como lo hizo cuando estaba al frente de la cartera de Educación, el
Ministro Secretario General de la Presidencia recurrió a la metáfora
de los guionistas de teleseries para calificar el tratamiento de la
información sobre política en los medios de comunicación. “Parece
que están proveyendo a la prensa de ciertas historias de ficción
que no tienen nada que ver con la realidad”, advirtió la autoridad
a propósito de los comentarios en torno al rol que cumplen los
integrantes del denominado comité político de La Moneda.
Ese mismo día, el Jefe de Gabinete había optado por suspender el tradicional comité político que reúne a representantes del Ejecutivo con los dirigentes del oficialismo, generando reclamos en el bloque de Gobierno y una sentencia del Presidente del Partido Radical que dejó en evidencia las divisiones internas: “a veces lo que decimos en privado no es lo mismo que decimos en público”.
La Presidente de la República decidió salir al paso de estos comentarios y pidió elevar el debate, dejando “de lado los conflictos pequeños y artificiales”. Un ex Ministro se encargó, asimismo, de advertir sobre la “deslealtad y pérdida de respeto” que ciertas opiniones de dirigentes oficialistas suponen sobre la figura Presidencial, añadiendo que “a los Presidentes de les apoya hasta el último día”.
Sin embargo, no resulta sorprendente que las críticas del propio conglomerado de Gobierno hacia la gestión del Ejecutivo terminen personalizadas en quien ejerce el doble rol de mandatario y líder de la coalición oficialista, no sólo por el carácter Presidencialista del sistema político chileno, sino por la evidente función aglutinadora que, junto con el programa de Gobierno, posibilitó la conformación de la Nueva Mayoría. Ello no puede ser interpretado como una forma de poner en duda la legitimidad de quien obtuvo una amplia mayoría en las urnas, sino simplemente como un llamado a revertir las reformas mal diseñadas que han contribuido a generar el complejo panorama social y político por el que atraviesa el país.
De hecho, todo indica que el Gobierno se equivoca cuando confunde estos cuestionamientos, en su mayoría originados entre sus propias filas, con supuestas acciones desestabilizadoras o invenciones de sectores contrarios a los cambios que el país requiere. Tampoco resulta razonable, ni comprobable empíricamente, acusar supuestos “bloqueos” a los proyectos Legislativos, cuando el Gobierno cuenta con una amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso y ha podido sacar adelante reformas como la tributaria incluso bajo la figura de un acuerdo político transversal.
Lo que realmente subsiste detrás de la exigencia de gradualidad y realismo que hoy se impone en los comentarios políticos es la evidente demanda por un liderazgo que sea capaz de establecer las verdaderas prioridades y que fije una senda en línea con la coyuntura económica y los intereses de la población. El gobierno tiene aún mucho camino por recorrer en su actual administración y, por lo mismo, tiempo y espacio para adecuar el rumbo hacia las necesidades del país. Para ello, el liderazgo Presidencial es fundamental.