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martes, 16 de junio de 2015

Temas "calientes de la contingencia nacional"...

La Presidente Michelle Bachelet y su Gobierno cada semana muestran un gigantesco
desgaste que se materializa con una baja, aparentemente sin que se haya llegado al
fondo, de la popularidad y el respaldo de la Mandatario. La aprobación a como dirige
el Gobierno llegó a un escuálido 24%.

En un partido con claras deficiencias defensivas, y marcado por la anulación
de dos goles legítimos, la Selección chilena empató a 3 goles con el representativo de
México. Los goles de Arturo Vidal y Eduardo Vargas se enmarcaron en la consecución
de los mil tantos marcados en partidos clase A desde 1910.




"Malo será, pero es mío..."
por Fernando Villegas.




La última concentración convocada por Salvador Allende -septiembre de 1973- estuvo henchida de malos presagios y exudaba espesa melancolía. De ese modo la recordó con nosotros un conocido político de izquierda, hombre algo avanzado en años, muy avezado en copas y abundante en nostalgias. “Había un escenario instalado frente a la entrada de La Moneda”, evocó, “en el que Allende, Orlando Millas y otros mandatarios de la UP estaban sentados en otros tantos sillones, inmóviles, sin decir palabra... Nosotros dábamos la vuelta alrededor de la cuadra y pasábamos una y otra vez frente a esas figuras congeladas porque ya no había nada que decir, nada que oír, nada que celebrar...”.




-...Y otra cosa...-recordó luego de una pausa- ...vi un grupo, ahora mismo me parece estarlo viendo, con un letrero que decía “este es un gobierno de mierda, pero es NUESTRO Gobierno de mierda”.




Así es. Este columnista estuvo en esa marcha y fue tal cual como el hombre la describe. Esas vacuas peregrinaciones orbitando La Moneda, la columna que se deshilachaba, las antorchas de papel extinguiéndose una a una, los asistentes cada vez más silenciosos frente a esas figuras dignas del museo de cera de Madame Tussauds, todo era, en su desoladora mudez, la más elocuente expresión del fracaso y el desastre que ya venía y se presentía. Fue, en más de un sentido, un velorio anticipado para las muertes que estaban por sobrevenir. Y estaba ese letrero...




45 años después.




Cuarenta y cinco años después de esa noche, luego de casi medio siglo que parece un milenio y simultáneamente sólo ayer, otra columna aunque esta vez invisible pero además creciente desfila frente a un estrado igual de vacío, pero menos por silencios que por ausencias fuera o dentro del país, menos por falta de discursos que por falta de ideas, menos por figuras inmóviles que por movedizos espectros entrando y saliendo del escenario en cuestión de semanas o meses y en medio de pifias y escándalos. No hay ahora amenazas terribles sino decepciones, la sorpresa o pasmo ante lo que prometía ser una épica y devino en sainete, de lo que pintaba como gloriosa revolución y se despeña ya por la fácil ladera del fracaso y la mediocridad, a los tumbos, con cabriolas de tony. Y entonces y por eso 45 años después otro político, uno mucho más joven a quien le preguntamos por qué se negaba sistemáticamente a aceptar una invitación a Tolerancia Cero, nos respondió con una variante de ese letrero de septiembre de 1973 que él jamás vio:
-Me sentiría incómodo teniendo que defender un Gobierno que, siendo mío, me parece ya difícil de defender…
Y agregó, a guisa de epitafio o de responso:
-Es mal Gobierno, pero es mi mal Gobierno….




No es el único en esa lastimosa y estoica parada. Corre un cierto viento fresco que augura ventarrones y mientras tanto les está helando los huesos a los combatientes. Uno o dos columnistas de este diario cercanos al Gobierno manifiestan a las claras, con sus reproches, la misma incomodidad. Sucede también, quizás más discretamente, con ensayistas “progres” e historiadores de causas populares y callejeras, con porfiados profetas del socialismo adictos al vino tinto y las empanadas, con revolucionarios cercanos a la senescencia y también con jóvenes de la G-90, con socialistas jubilados de ferrocarriles y empleados públicos y periodistas; todos cantaron las glorias del triunfo electoral que el pueblo chileno obtuvo en Yungay, pero un año después evaden el bulto y profesan entre susurros o entre rezongos su más profunda decepción.




Aceleración de los cuerpos.
Porque rápido cae el crédito y confianza que la ciudadanía puso en el Gobierno -o al menos la versión oficial es de que hubo tal masivo endoso, llamado, en la semántica de la NM, “mandato ciudadano”-, lo cual se manifiesta en cada sucesiva encuesta de opinión y no sólo entre sus opositores y los despreciables amigos del lucro, los pequeño-burgueses y los ciudadanos comunes y corrientes, sino también dicho desplome de la fe agobia a muchos de quienes, hasta hace quizás sólo medio año, celebraban el Gran Salto Adelante que íbamos a dar de la mano de la señora Bachelet. Peor aun, la caída sucede según la ley de aceleración de los cuerpos y la velocidad aumenta a cada segundo que pasa y al cuadrado. Se acerca ya la Mandataria a tan sólo el 25% de apoyo y no se vislumbra cómo, brindando con Hollande en París o recibiendo esquinazos en Roma, pueda remontar esa cifra. Es quizás lo que los periodistas gustan llamar “la barrera psicológica”. Hoy es la del 25%.




El desánimo y decepción ofrecen otro problema: su falta de homogeneidad. Si el desencanto fuera uniforme podríamos esperar una demanda coherente para que La Moneda hiciera otra cosa, pero no lo es. Se agrega a la confusión y parálisis el hecho de que la frustración es de posturas situadas en las antípodas: la de los moderados que quisieran retornar al dialogo y el desencanto de los comandantes -por ahora vestidos de civil-, quienes consideran toda idea de acuerdos como “monsergas”. Aun asumiendo, entonces, que la señora Bachelet saliera de su búnker y decidiera hacer algo, ¿a quién debiera oír?




Impotencia.
No serán los moderados quienes se adueñen de una hipotética audición Presidencial. Esa es la encantadora ilusión de Ignacio Walker. Incluso dice creer que la moderación aportada por su partido logró mejorar algunas de las iniciativas legales del Gobierno. Se equivoca. En lo tributario sólo hizo retroceder -sólo un poco- al Gobierno la presión de los empresarios. En dicho enfrentamiento Walker y la DC a lo más reestrenaron el servicial papel del Cardenal Samoré. Aun Lenin cedió algo -la NEP- ante las fuerzas reales de la economía, ¿cómo no lo iba a hacer la Presidente? Los moderados son, por serlo, impotentes. Temperamental y políticamente débiles, son siempre arrinconados, vejados y neutralizados por los radicales de espíritu. En algunos casos hasta son guillotinados. No se conoce casi de ningún proceso como el actual detenido a medio camino sólo porque el Walker de turno ponga la luz roja.




"No hay espacio..."
Mientras tanto, dijo Quintana, “no hay espacio para más errores”. Quintana, quien representa a los que desean ir más lejos, tal vez se haya dado cuenta de que su frase implica, por definición, que ya se han cometido MUCHOS errores; no de otro modo se llena el generoso espacio para ellos que ofrece la mala memoria nacional. No explicó, sin embargo, qué sucede si se cometen aun más, desbordándolo.




Quintana se refería desde luego no a “La Moneda” sino a la señora Presidente y a su secretismo ya intolerable, a sus errores comunicacionales, sus indefiniciones y simultáneamente decisiones inconsultas, a sus evasivas y quizás también a la facilidad con que desecha a quienes ya no le sirven. El ex Ministro Insunza, el último en desplomarse, hizo ese reproche. Pero quien crea que el problema radica en esa insuficiencia Presidencial se equivoca medio a medio. Es, ese, un error tan absoluto como el de quienes limitan las falencias a “problemas comunicacionales”. Es más: ya NI SIQUIERA se trata de la mala calidad del sacralizado programa, de ese catálogo de ideas obsoletas, de esa indigesta enciclopedia de lugares comunes y Tratado Magistral de desprolijidades, improvisaciones y eslóganes vacíos. Importa poco porque el mismo reproche podría hacérsele a CUALQUIER programa político ideado por expertos en marketing para vender una candidatura. Un programa mediocre o malo es apenas tentativo. Todo, al final, depende de cómo se interprete y luego se ejecute. Y, ejecutándose, aun si es malo se convierte en objeto real capaz de ser reparado. Pero, ¿cómo reparar lo que no cobra verdadera y definida vida por falta de ejecución? ¿Y cómo habría de ejecutarse algo si dos bandos opuestos no acuerdan cómo hacerlo? La indefinición, confusión y vacilación ya notorias en el plano anecdótico, los bandazos y las inercias catatónicas, la renuncia a ejercer autoridad, la abdicación de la función de gobernar y los ultimátum ridículos y sin efecto son, ahora, el problema central y derivan del mismo cáncer incurable.




Malo, pero además no funciona”, diría un letrero, hoy.




Son las expectativas,
por Juan Andrés Fontaine.


A "la desobediente sicología de los hombres de negocios" atribuía Lord Keynes el devenir de los ciclos económicos. En su último informe monetario, el Banco Central identifica el derrumbe de las expectativas empresariales como causa del frenazo de la inversión y la consiguiente desaceleración del crecimiento. Expresa con inusual claridad su preocupación por que estas "sigan claramente en el terreno pesimista".


El mensaje del Banco Central -guardián de la estabilidad económica por mandato Legal- es importante y debe ser oído. A diferencia del famoso y controvertido economista inglés, no culpa a los inversionistas de un temperamento caprichoso. En una interesante investigación econométrica intenta desentrañar el origen de la desconfianza empresarial y concluye que no sería consecuencia de la adversa evolución de la economía mundial o nacional, sino de otros factores, los que -sin detallar- denomina "shocks autónomos". Entonces, la tradicional receta keynesiana del incremento del gasto Fiscal, o la expansión monetaria, no servirían como instrumento reactivador. Más bien podrían provocar una perniciosa aceleración de la inflación.


Cabe conjeturar que entre los aludidos "shocks autónomos" están las reformas "de fondo" que promueve el Gobierno, las que parecen haber puesto en duda el real compromiso del país con la ardua carrera del desarrollo. Es buena noticia que en Icare el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también se haya mostrado preocupado por la lentitud de la economía e intentado levantar las expectativas. Pero no parece hacerse cargo de la raíz del mal.


Un botón de muestra: un proyecto de Ley de Gobiernos Regionales, que hoy se tramita, instituiría planes de "ordenamiento territorial", diseñados a nivel Regional, de carácter vinculante y con directa injerencia en la ubicación de las inversiones energéticas y otras actividades industriales a lo largo de todo el territorio nacional y borde costero. Su propósito sería proteger los recursos naturales y cautelar nuestro "patrimonio paisajístico, histórico y cultural". Se superpondría al ya engorroso procedimiento de evaluación ambiental y al actual enjambre de áreas silvestres protegidas, monumentos nacionales, zonas de interés turístico y territorios indígenas. Desde luego, es importante preservar nuestra riqueza cultural y natural, pero fácil es imaginar que el instrumento propuesto -la planificación territorial imperativa- durante su prolongada tramitación y futuras modificaciones paralizaría las inversiones, sería presa fácil de los activistas de diverso signo y abriría amplio espacio a los abusos y la corrupción.


Si el Gobierno no se decide a desahuciar ideas tan contraproducentes, ni siquiera un triunfo en la Copa América será capaz de infundir nuevos bríos a nuestra apesadumbrada economía.




¿Somos un país corrupto?,
por Sergio I. Melnick.




Es una pregunta difícil que admite varias interpretaciones. Corrupción es una acción y se utiliza para nombrar al vicio o abuso, y también puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Ocurre por igual en la esfera pública y privada. La corrupción consiste en hacer abuso de poder, de funciones, o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. En política es el mal uso del poder público para obtener ventajas ilegítimas. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público o privado para ganar una licitación o evitar una clausura, lograr una venta, o la aprobación de una Ley.




En general, detrás de cualquier forma de corrupción social hay una corrupción valórica, de principios, de malas Leyes, y es por ahí donde creo se debe enfocar el tema de nuestro país. El tema es la ética personal y social.




Si no es corrupción, cómo podemos llamar a: (1) la tremenda evasión del Transantiago, (2) a la delincuencia creciente en nuestro país, (3) el hacer huelgas ilegales en el sector público y servicios colectivos, (4) las boletas ideológicamente falsas, (5) el tratar siempre de saltarse la cola, (6) el botar basura desde los autos, el escupir y orinar en la calle o (7) los concursos arreglados para la Alta Dirección Pública. Y qué decir de (8) los estudiantes que no quieren ir a clases y organizan tomas de sus colegios y los destruyen, o (9) sacar la vuelta en el trabajo, (10) la cultura de impuntualidad, (11) la degradación creciente del idioma y el excesivo uso de garabatos en forma cotidiana, (12) el tráfico de influencias, (13) el copiar en colegios y universidades, (14) la colusión de empresas para evitar la competencia, (15) el bullying de diversos tipos, o el acoso sexual, (16) las distintas formas de discriminación de minorías y etnias, (17) el mentir en forma pública y privada, (18) las coimas públicas y privadas, (19) los cobros de comisiones encubiertas o intereses de usura, (20) dar vuelta el medidor del agua y llenar las piscinas, (21) no pagar las imposiciones a las nanas, (22) etiquetar deficientemente los alimentos, (23) generar falsas expectativas sabiendo que no son viables, (24) el nepotismo en el sector público, (25) el robo permanente de materiales de oficinas, (26) la violencia intrafamiliar, (27) el populismo, (28) la discrecionalidad de empleados públicos. Y qué pasa con (29) el enriquecimiento ilícito, (30) los abusos de poder, (31) la falta de respeto al prójimo, (32) el enfrentamiento violento a la fuerza pública, (33) la manipulación estadística pública o privada, (34) el pago de favores políticos con dineros públicos, (35) la infidelidad, (36) la flojera crónica, (37) la improvisación continua (no hacer las tareas en todos los ámbitos), (38) aprobar una Ley sabiendo que tiene errores y deberá ser corregida, (39) lavado de dinero, (40) hacer trampas de todo tipo, (41) la pedofilia, (42) el doble estándar, (43) la envidia y el chaqueteo, (44) el pelambre.




Todas las sociedades, sin excepción, tienen algo de todos los temas anteriores, y también otros, porque finalmente somos humanos, por ende imperfectos, y en parte animales instintivos.




La pregunta es si estos temas son aislados, persistentes, o demasiado recurrentes. Si revisamos la situación de nuestro país no sé si podríamos calificarnos realmente de corruptos, pero podríamos estar muy cerca de ello. Los temas anteriores no son patrimonio de la política o lo privado, de un color político u otro, de una clase social u otra, de una etnia u otra. Ocurre en todos ellos con distintas intensidades. Ya escuchamos la sentencia “el que esté libre de pecado que lance la primera piedra”.




Mirando la lista anterior, al menos podemos decir dos grandes cosas: lo primero es que tenemos un enorme problema valórico-cultural y que ese es un gran desafío del sistema educativo y familiar, así como del Ministerio del ramo que nunca ha entendido la diferencia entre cultura y arte; lo segundo es que aparecen de inmediato una larga agenda de temas concretos que debemos trabajar si queremos algún día ser un país desarrollado y no sólo el nuevo rico del barrio.




Basta de echarse la culpa los unos a los otros: somos todos. Es mejor construir sobre la base de grandes acuerdos que destruir siempre lo que hace el otro. No hay sociedades perfectas. No podemos comparar realidades con utopías porque siempre pierden las realidades. Lo que debemos hacer es comparar realidades con otras realidades alternativas, todas con problemas y falencias. Es hora de sanar las heridas y empezar a mirar hacia adelante.




Propiedad y regalos públicos,

por Luis Cordero Vega.




La última semana estuvo marcada por la preocupación del empresariado por el derecho de propiedad en la nueva Constitución. A esa inquietud tuvieron que responder los Ministros de Interior y Hacienda en Icare, afirmando algo que resulta obvio, y es que no habrá cambio Constitucional sin un procedimiento consensuado en el Congreso, y que el derecho de propiedad es una garantía esencial en cualquier sistema Constitucional.




Esta discusión encierra un explícito desacuerdo: la manera en como justificamos la propiedad y sus obligaciones. Algunos defienden su supremacía por sobre las decisiones democráticas en base a que este sería un derecho natural y prepolítico; otros, consideran que es necesario protegerla por consideraciones de tipo utilitaristas (p.ejm. inversión extranjera). En el otro lado, se crítica esta forma de ver la propiedad frente a las reglas democráticas, porque este derecho es sustancialmente distinto a otros, como la libertad de expresión o el no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Por eso algunos sostienen que en vez de constituir un derecho prepolítico, el derecho de propiedad se debería considerar como un mecanismo convencional creado para el avance y progreso social, sujeto a ciertas limitaciones y obligaciones públicas.




Sin embargo, pareciera que el real problema que algunos tratan de plantear, pero que no explicitan abiertamente, no es si en el contexto de la nueva Constitución se protegerá la propiedad, lo cual resulta evidente, sino cómo garantizar esta en el caso de bienes públicos. Ese es precisamente el debate en el caso de acceso a recursos naturales o bienes comunes, cuestión que se encuentra en la disputa sobre la caducidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, el uso del espacio radioeléctrico o el acceso a los recursos pesqueros. Confundir esto con la discusión sobre el derecho de propiedad resulta inadecuado.




En el caso de bienes comunes, lo relevante es establecer reglas adecuadas de acceso a bienes escasos respecto de los cuales, al ser socialmente valorados, debemos garantizar normas de competencia genuinas para su adjudicación. Cuando no lo hacemos bien, damos origen a verdaderos regalos regulatorios, al margen de criterios de competencia legítimos, que al final del día terminan entregando inadecuados títulos de propiedad, con toda la distorsión que eso genera en los mercados. La última regulación pesquera es un buen ejemplo de esto.




Esa pareciera es la verdadera discusión que se esconde detrás del debate público de propiedad y si es así, es mejor sincerarlo, de lo contrario estaremos confundiendo un derecho legítimo como la propiedad con la promoción de garantías para regalos públicos.




El dilema Fiscal,
por Max Colodro.


La inversión privada vive su peor caída de los últimos 35 años y no muestra señales de recuperación; el gasto público se encuentra con el acelerador al máximo y aún así el crecimiento económico del país no alcanza un 2%; el precio del cobre no se recupera y el PIB tendencial converge ahora consistentemente a la baja… En paralelo, la aprobación del Gobierno y de la Presidente Bachelet se han desplomado, en un contexto de descrédito y desconfianza general. Como si todo ello no fuera suficiente, el próximo año se reinicia el ciclo electoral, un período donde esta administración se jugará la vida junto a la continuidad de sus emblemáticas reformas.




Así, silenciosamente, el gasto Fiscal va instalándose como un dilema político de primer orden, una variable que irá ocupando un lugar cada vez más central entre las preocupaciones del oficialismo pero que, en contraste, estará forzado a márgenes de acción cada vez más acotados. Las señales del Ministro Valdés a este respecto han sido claras: según las actuales proyecciones de crecimiento tendencial, precio del cobre y productividad total de factores, el actual nivel de gasto público es simplemente insostenible, amenaza la actual posición Fiscal y el compromiso del Gobierno de converger hacia el término de su período a una situación de balance estructural.




Mientras tanto, profesores y estudiantes, gremios de la salud, del transporte y otros actores comienzan a reactivar las movilizaciones, teniendo como telón de fondo una creciente frustración respecto a las expectativas que esta administración sembró durante la campaña y en su primer año de gestión. De este modo, la delicada ecuación entre la responsabilidad Fiscal y los imperativos políticos de la coalición Gobernante se hace cada día más difícil, poniendo al Ministerio de Hacienda ante una encrucijada que irá copando el debate público y reforzando las ansiedades del oficialismo. En rigor, la próxima discusión presupuestaria será una de las más decisivas de los últimos años, y en ella el Ministro Valdés se jugará una buena cuota de su prestigio profesional y de su responsabilidad política.




Los escenarios para este debate central del segundo semestre no son fáciles: la debilidad y la pérdida de confianza en el Gobierno no ayudan al orden y a la disciplina en la Nueva Mayoría; el estancamiento económico y sus consecuencias sociales serán más bien un incentivo para posiciones que apuesten al rendimiento político a costa de la seriedad Fiscal; el nueva sistema electoral será también un estímulo a la dispersión y al ‘sálvese quien pueda’, lo que restará espacios al espíritu de compromiso con el proyecto colectivo.




Todas y cada una de las reformas planteadas por la actual coalición Gobernante se sustenta en un aumento decisivo del gasto Fiscal. Y resulta que las condiciones económicas hoy imperantes anticipan que el aumento de dicho gasto tendrá que reducirse prácticamente a la mitad el próximo año. Un verdadero dilema, que en los meses que vienen empezará a permear cada vez con fuerza un ambiente político al borde del estado de coma y, por tanto, con márgenes bien escasos para la racionalidad.




Una promesa comprometedora,

por Justo Pastor Suarez.




De las entrevistas privadas suelen rescatarse sólo las versiones que las partes quieren revelar. El resto queda en la intimidad y en la reserva expresa de los participantes.




De ahí que ni el Papa Francisco I ni la Presidente Michelle Bachelet hayan dado muchas luces respecto de su encuentro en el Vaticano, excepto que el Pontífice se encargó de poner énfasis en la “la salvaguarda del derecho a la vida” y ella, a su vez, se comprometió a que “la Iglesia Católica será considerada para la nueva Constitución”.




Por lo escueto de los comunicados de una diplomacia de tan alto nivel, no fue mucho más lo que se pudo rescatar del encuentro, pero este par de conceptos “oficiales” van a tener implicancias gravitantes en la dinámica del contaminado y crispado escenario político nacional, básicamente por la no convergencia del Gobierno socialista y las posturas extremistas de la izquierda dura en los dos puntos centrales que los dialogantes estimaron pertinente dar a conocer.




Hoy, la posición de la ultra izquierda, plasmada en algunos focos al interior del Parlamento y en la seguidilla de manifestaciones sociales, es absolutamente radical en cuanto a despenalizar el aborto y no quiere por ningún motivo ver a la Iglesia Católica cerca de las tomas de decisiones del Gobierno.




Los “estudiantes”, el PC y los Parlamentarios intransigentes como Boric, Jackson y Aguiló, atribuyen los tropiezos de la Reforma Escolar y Universitaria a la “intromisión” —según ellos— de la Iglesia Católica, un poder fáctico que impidió el fin de la libertad de enseñanza, como era el objetivo original del programa de Gobierno, y ahora, en el debate sobre “los porcentajes de gratuidad” en la educación superior, fue un sacerdote, Fernando Montes, quien les salió al camino y se les transformó en una piedra dentro del zapato.




Mal, muy mal, cayó en la ultra izquierda la promesa de la Presidente al Pontífice en cuanto a que “la Iglesia será considerada para la nueva Constitución”, con lo cual sepultó la rabiosa aspiración de aquélla de que “debe ser la calle y sólo la calle” la que proclame los contenidos de una nueva Carta Magna.




Su fanatismo ideológico los lleva, incluso, a desentenderse de los anuncios Presidenciales: Michelle Bachelet comunicó que “a partir de septiembre se iniciará un proceso constituyente” destinado a debatir los cambios que requiere la Constitución y, sin especificar en qué consiste, dijo que habrá cabildos para escuchar a todos los sectores de la ciudadanía.




En el Congreso, aunque deslegitimado, hay consenso de que todo cambio Constitucional debe pasar sí o sí por el Legislativo, de tal modo que el panorama se acerca cada vez a una vía institucional y no populista para materializar las modificaciones a la Carta Magna, precisamente lo que “la calle” rechaza de plano.




La Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) resolvió radicalizar su accionar de movilizaciones “hasta que la Presidente no cumpla su compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente” en septiembre.




Ello, nunca lo ha anunciado ni prometido nadie de modo formal y, al revés, al asumir su cargo, el Ministro del Interior reveló no ser partidario de esa vía, de tal modo que el clima político se encrespará todavía más de lo que ya está.




Es fácil imaginar cuál va a ser la postura de la Iglesia Católica al ser consultada para la nueva Constitución: sí a la plena libertad de enseñanza, sí a la total libertad de culto, no a la despenalización del aborto y no al matrimonio homosexual, todas, absolutamente todas, banderas de lucha de la izquierda ultra.




Es la misma izquierda multifacética y transversal a la que convocó Bachelet para asegurarse su elección Presidencial y que dispuso del lápiz con punta más gruesa en la redacción de su programa de Gobierno, y que ahora –parece definitivamente– le da vuelta la espalda. Los hechos lo demuestran, y lo seguirán demostrando, y la confrontación con La Moneda será cada vez más áspera.




Todas las autoridades financieras del país, en diferentes tonos, coincidieron en que el último IMACEC, de un paupérrimo 1.7 de crecimiento, decididamente ya no es consecuencia sólo de los vaivenes económicos, sino es el efecto del crispado clima político, con conflictos y divisiones profundas que nos recuerdan el odio que sembró en la sociedad chilena la Unidad Popular.




Tran*#?%@!?,
por Pablo Allard.




El título no es un error de imprenta, más bien rememora la campaña comunicacional lanzada por el Ministro de Transportes René Cortazar el 2009 para reconocer los problemas de Transantiago y anunciar una serie de mejoras al fallido plan bajo el lema: “Hasta aquí hemos transportado puras críticas, ahora estamos transportando soluciones”. A ocho años de su puesta en marcha, y luego de comprometer cerca de US$ 12 mil millones entre subsidios y fondos espejo Regionales para tratar de arreglarlo, estamos lejos de transportar soluciones, y parece más un paciente con muerte cerebral, conectado artificialmente a costosas máquinas con diagnóstico incierto.




La reciente huelga legal de los choferes de uno de los servicios troncales, demandando legítimamente condiciones mínimas para ejercer su función, derivó no sólo en la disrupción del servicio. Lamentablemente escaló hasta la inaceptable quema de buses e invasión de las líneas de Metro por parte de activistas que hoy enfrentan la ley de Seguridad del Estado.




Esta situación da cuenta de la vulnerabilidad del sistema más allá de los conocidos problemas de frecuencia, evasión y financiamiento. Pese a que se discute en el Congreso un proyecto de Ley para aumentar el subsidio y evitar el aumento de tarifas, de nada servirá ante la eventual quiebra de alguno de los operadores, lo que ya es un rumor a viva voz en la industria. La quiebra de un troncal convertirá al Transantiago en un enfermo terminal, ya que si bien el Estado puede hacerse cargo de los buses o entregar el servicio a otro operador, no le será fácil hacerse de los terminales y otras infraestructuras críticas que son propiedad de la empresa que falló o de inmobiliarias asociadas a sus dueños.




La solución requiere cirugía mayor y varios trasplantes. El primero, es incorporar nuevamente en el proyecto de Ley la posibilidad de expropiar los terminales, de manera de romper con la captura de los operadores y fomentar la competencia en nuevas licitaciones. Lo segundo es dejar de pensar que tenemos que llenar Santiago de mega corredorres segregados para orugas como los de Bogotá, que no caben en nuestras avenidas, y mirar el excelente corredor Paicaví en Concepción, donde buses medianos garantizan velocidades sin destruir la ciudad. Finalmente, presentar un plan integral a mediano plazo, siguiendo lo planteado por la Cámara de la Construcción o el ex Presidente Lagos, que propone construir 10 kilómetros de Metro anuales durante los próximos 20 años, que reemplace gradualmente todos los ejes troncales y se complemente con buses alimentadores y corredores menores más amigables con el entorno. El financiamiento de este plan podría hacerse vía concesiones, dada la demanda garantizada que tiene Metro; la evasión se reduciría, ya que el control en él es mayor, y la mejora del entorno sería evidente, al reducir el impacto urbano de los corredores segregados. Incluso de ser necesario, Metro podría hacerse cargo de la operación de los troncales durante la transición.


A estas alturas en lugar de seguir manteniendo a Tran*#π%@!Ω conectado a costosas máquinas, mejor correr el riesgo de estos trasplantes y darle nueva vida.




La Constitución y el derecho de propiedad.





Dirigentes empresariales han manifestado su preocupación por un debilitamiento del derecho de propiedad, a propósito del proceso Constitucional que ha anunciado el Gobierno. Hasta ahora el eje de la discusión ha estado en aspectos adjetivos, sobre cómo se aprobaría una nueva Carta Fundamental en lo cual no se ha descartado claramente ninguna opción, obviándose por completo los sustantivos. Estos son relevantes, porque la ciudadanía tiene que comprender no sólo cómo se harían los eventuales cambios, sino en qué consistirán y qué efectos pueden tener. Al respecto, la alerta sobre la desprotección de la propiedad apunta sobre las consecuencias que tendría sobre la inversión y el crecimiento económico.


El programa de Gobierno es ambiguo, pues expresa que la “propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”, lo que resulta vago y puede fundamentar cualquier planteamiento. Más preciso es respecto de los derechos sobre las aguas y yacimientos mineros, que sin duda quedarían en un régimen más precario.


Para los países no es indiferente el nivel de protección y reconocimiento que tenga el derecho de propiedad. Chile tiene una experiencia al respecto y constituye el mejor ejemplo de ello. Hacia fines de la década de los 60’, la propiedad privada fue crecientemente desconocida de hecho y mediante reformas Constitucionales, que la subordinaron al supuesto interés colectivo. Las consecuencias en términos de deterioro en la inversión y crecimiento condujeron a la inestabilidad económica y social, llegando a ser uno de los países con mayor retraso en Latinoamérica. Una situación que culminó en una grave crisis social y política, y el quebrantamiento de la democracia, lo que distó de ser concordante con el interés colectivo. Por el contrario, bajo la protección y reconocimiento que le brinda la Constitución vigente a la propiedad, el país ha experimentado un período de tres décadas de crecimiento y estabilidad sin precedentes en el siglo pasado, y que lo transformaron en la nación latinoamericana con mayor ingreso per cápita, lo cual no puede considerarse como contradictorio con el interés colectivo.


La expresión de inquietud empresarial generó un sinceramiento en voces ligadas a la Nueva Mayoría, que han planteado que es necesario cambiar el régimen Constitucional del derecho de propiedad, señalando que la norma vigente es “conservadora” y que llega a poner la propiedad por encima del derecho básico a la vida; asimismo, que ha llegado la hora que se reconozca su función social, y que debe ceder ante el bien común y los derechos sociales. Estas aseveraciones envuelven una caricatura del régimen vigente y no se ajustan a la realidad.


En efecto, no existe la antinomia entre los derechos a la vida y a la propiedad, porque operan en dimensiones distintas. Se los pretende poner en contradicción, por ejemplo, mencionando la propiedad de los derechos de aguas, recurso que es básico para sostener la vida. Hay ahí un simplismo, que desconoce que el régimen de Constitución de derechos de agua obliga a reservar agua para la bebida de las poblaciones, como asimismo, que ante una aguda escasez, la normativa Constitucional permitiría incluso expropiar los derechos para destinarla a un uso más básico, lo que exige pagar su valor. Es decir, facultades para preservar la vida existen y el punto es si el costo debe sufrirlo el titular del derecho de agua o toda la comunidad. Lo correcto es que sea esta última, pues lo contrario es implantar una incertidumbre que puede tener enormes costos económicos y sociales, y se preste para medidas arbitrarias.


Por otra parte, no es efectivo que la protección de la propiedad sea absoluta. La Constitución autoriza expresamente a la Ley para imponerle “las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. Conforme a ello, existe un margen importante para establecer regulaciones en miras al bien común, mientras no haya una privación del bien sobre el que recae el dominio o sus atributos o facultades esenciales, lo que recién ahí obliga a expropiar. La expropiación, a su turno, requiere de una Ley que la disponga por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el Legislador, y que el valor del bien sea pagado en dinero efectivo y al contado, monto que puede ser impugnado ante los Tribunales de Justicia. Esto constituye la verdadera garantía de la propiedad y dice relación con que el costo de cambiar el destino del bien debe ser asumido por la colectividad y no por el afectado.


Limitar la duración de las concesiones de explotación minera, sector en el que las inversiones maduran en el largo plazo y se asumen riesgos significativos sobre la dimensión de las reservas, puede tener un efecto particularmente nocivo para ellas. De hecho, Chile es un país reconocidamente minero, pero a través de los años la exploración fue menguando y la explotación fue quedando restringida a los yacimientos tradicionales, precisamente por el desconocimiento de que fue objeto la propiedad en el ámbito minero durante el siglo pasado.


Una vez que se garantizaron debidamente los derechos mediante las normas Constitucionales y Legales vigentes, hubo un nuevo ímpetu en la inversión, que ha generado una actividad nunca antes conocida en el ámbito de la minería. Ellas han hecho un aporte inmenso al crecimiento y riqueza del país, y consiguientemente al bienestar de la población, incluyendo niveles antes desconocidos en la salud general y expectativa de vida. Ello demuestra que no existe contradicción entre la protección de la propiedad y la vida, o los derechos sociales.


Debilitar el derecho de propiedad, cuya protección Constitucional ha sido el motor del crecimiento económico y base de la estabilidad, puede llevar al país a recorrer sin razón un camino probadamente equivocado, con grave perjuicio para el bienestar y esperanzas de una vida mejor de los chilenos.




¿Nuevo corporativismo?





Resulta democráticamente agresiva la decisión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de suspender la tramitación del proyecto de Ley de carrera docente —en medio de la paralización ilegal de actividades de los profesores— para que se conforme una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Colegio de Profesores, auspiciada y con participación de los Parlamentarios de la comisión. Es indudable que esta organización gremial está interesada en resguardar sus intereses, pero por más legítimos que estos sean su protección no necesariamente coincide con lo que más beneficia al país.


Entre las tareas fundamentales de los partidos políticos se encuentra la deliberación de los asuntos públicos. Las personas y las distintas organizaciones que ellas conforman suelen tener visiones incompletas, preferencias muy intensas o sencillamente intereses particulares o muy específicos que deben equilibrarse apropiadamente al momento de desarrollar políticas públicas e instituciones. Por cierto, no se trata solo de agregar estas visiones, preferencias o intereses, sino de deliberar en torno a ellos y contrastarlos con el interés público.


En las democracias, este ejercicio es realizado por los partidos políticos en el Congreso. Si este limita sus atribuciones o renuncia al proceso de deliberación, debilita las formas representativas de Gobierno y la defensa de la población como un todo. En general, esta tiene una baja capacidad de organizarse. De hecho, de acuerdo a diversos estudios de opinión pública, no más del 15 por ciento de las personas mayores de 18 años está afiliado a una organización de la sociedad civil (incluidos sindicatos, partidos políticos y organizaciones no Gubernamentales). Así, si en un proceso deliberativo se privilegia a un grupo en particular, en la práctica se está dejando de representar a la ciudadanía.


En la situación que se ha generado con el Colegio de Profesores, resolver qué aspectos de sus demandas son atendibles y cuáles chocan con los intereses de la comunidad es la tarea del proceso de deliberación que deben llevar a cabo los Parlamentarios. En cambio, la comisión ha resuelto que el proyecto no se puede seguir analizando mientras no se produzca un acuerdo con ese gremio.


Pero ¿qué garantías existen de que un acuerdo de esa naturaleza represente una buena solución para los estudiantes, sus familias y la calidad de la educación en Chile? Este privilegio que se le concede a una organización gremial es una forma de corporativismo inconveniente para el desarrollo de las instituciones y políticas que necesita el país. La tarea de los Legisladores es representar los intereses de la ciudadanía y no de grupos específicos. En la medida en que renuncien a esta labor estarán infligiendo un daño al proceso democrático e incentivando la captura de la política y de su función deliberativa.


Reforma laboral y teletrabajo.





Hoy se ve a los profesores marchando por las calles. Se ve también a los estudiantes e incluso a enfermos y trabajadores del área de la salud. Pero hace décadas que no se ve en Chile a los trabajadores marchando, a excepción del 1 de mayo. Esto no quiere decir en absoluto que las necesidades de los trabajadores estén cubiertas a cabalidad, pero significa que las relaciones laborales se han mantenido relativamente estables.




Ad portas de la reforma laboral, sin embargo, son las voces de los empresarios las que resuenan en contra de las medidas anunciadas por el Gobierno. A todas luces, ésta es una reforma que ha recordado una diferencia antagónica entre empleado y empleador, y una visión caduca hace varias décadas. La razón: ha centrado el problema actual de las relaciones laborales en la debilidad de los sindicatos.




La tasa de sindicalización en Chile llega al 16,7% de los trabajadores asalariados, que corresponde a unas 820 mil personas. Resulta bastante sesgado centrar una reforma laboral en un problema que afecta a tan pocos trabajadores. Parece ser una legislación para una minoría, y no para la mayoría de los trabajadores, que enfrentan necesidades tan diversas.




Es imposible negar la importancia de los sindicatos como la unión de la fuerza negociadora de los trabajadores. No obstante, el problema de la sindicalización no es nuevo, ni tampoco es el único problema que aqueja hoy a los trabajadores.




Una de las grandes promesas del Gobierno de la Presidente Bachelet fue la protección laboral de la mujer y de los jóvenes. En Chile, el 40% del total de desempleados tiene entre 20 y 29 años, y sólo 5 de cada 10 mujeres tienen empleo. Hoy las necesidades laborales pasan también por flexibilizar las jornadas, para compatibilizar trabajo y estudios, trabajo y familia o trabajo y maternidad. En ese sentido, la reforma podría incluir incentivos al teletrabajo, que ha demostrado resultados exitosos en países como Argentina, España y México.




El uso de internet y redes sociales hace hoy necesario repensar la forma en que se trabaja. Es absurdo pensar una reforma que esté orientada a los sindicatos de forma única, y que no contemple las nuevas plataformas con las que hoy se cuenta, que no sólo aumentan la productividad; potencialmente, podrían disminuir costos y dar soluciones laborales a mujeres y jóvenes capacitados para trabajar, pero que tienen trabas de desplazamiento y horario. Estas trabas hoy son perfectamente franqueables por la tecnología y, por lo tanto, no deben seguir siendo un problema.




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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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