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La
Presidente Michelle Bachelet y su Gobierno cada semana muestran un
gigantesco
desgaste
que se materializa con una baja, aparentemente sin que se haya
llegado al
fondo, de la popularidad y el
respaldo de la Mandatario. La aprobación a como dirige
el
Gobierno llegó a un escuálido 24%.
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En
un partido con claras deficiencias defensivas, y marcado por la
anulación
de
dos goles legítimos, la Selección chilena empató a 3 goles con el
representativo de
México. Los goles de Arturo
Vidal y Eduardo Vargas se enmarcaron en la consecución
de
los mil tantos marcados en partidos clase A desde 1910.
"Malo
será, pero es mío..."
por
Fernando Villegas.
La
última concentración convocada por Salvador Allende -septiembre de
1973- estuvo henchida de malos presagios y exudaba espesa melancolía.
De ese modo la recordó con nosotros un conocido político de
izquierda, hombre algo avanzado en años, muy avezado en copas y
abundante en nostalgias. “Había un escenario instalado frente a la
entrada de La Moneda”, evocó, “en el que Allende, Orlando Millas
y otros mandatarios de la UP estaban sentados en otros tantos
sillones, inmóviles, sin decir palabra... Nosotros dábamos la
vuelta alrededor de la cuadra y pasábamos una y otra vez frente a
esas figuras congeladas porque ya no había nada que decir, nada que
oír, nada que celebrar...”.
-...Y
otra cosa...-recordó luego de una pausa- ...vi un grupo, ahora mismo
me parece estarlo viendo, con un letrero que decía “este es un
gobierno de mierda, pero es NUESTRO Gobierno de mierda”.
Así
es. Este columnista estuvo en esa marcha y fue tal cual como el
hombre la describe. Esas vacuas peregrinaciones orbitando La Moneda,
la columna que se deshilachaba, las antorchas de papel extinguiéndose
una a una, los asistentes cada vez más silenciosos frente a esas
figuras dignas del museo de cera de Madame Tussauds, todo era, en su
desoladora mudez, la más elocuente expresión del fracaso y el
desastre que ya venía y se presentía. Fue, en más de un sentido,
un velorio anticipado para las muertes que estaban por sobrevenir. Y
estaba ese letrero...
45
años después.
Cuarenta
y cinco años después de esa noche, luego de casi medio siglo que
parece un milenio y simultáneamente sólo ayer, otra columna aunque
esta vez invisible pero además creciente desfila frente a un estrado
igual de vacío, pero menos por silencios que por ausencias fuera o
dentro del país, menos por falta de discursos que por falta de
ideas, menos por figuras inmóviles que por movedizos espectros
entrando y saliendo del escenario en cuestión de semanas o meses y
en medio de pifias y escándalos. No hay ahora amenazas terribles
sino decepciones, la sorpresa o pasmo ante lo que prometía ser una
épica y devino en sainete, de lo que pintaba como gloriosa
revolución y se despeña ya por la fácil ladera del fracaso y la
mediocridad, a los tumbos, con cabriolas de tony. Y entonces y por
eso 45 años después otro político, uno mucho más joven a quien le
preguntamos por qué se negaba sistemáticamente a aceptar una
invitación a Tolerancia Cero, nos respondió con una variante
de ese letrero de septiembre de 1973 que él jamás vio:
-Me
sentiría incómodo teniendo que defender un Gobierno que, siendo
mío, me parece ya difícil de defender…
Y
agregó, a guisa de epitafio o de responso:
-Es
mal Gobierno, pero es mi mal Gobierno….
No
es el único en esa lastimosa y estoica parada. Corre un cierto
viento fresco que augura ventarrones y mientras tanto les está
helando los huesos a los combatientes. Uno o dos columnistas de este
diario cercanos al Gobierno manifiestan a las claras, con sus
reproches, la misma incomodidad. Sucede también, quizás más
discretamente, con ensayistas “progres” e historiadores de causas
populares y callejeras, con porfiados profetas del socialismo adictos
al vino tinto y las empanadas, con revolucionarios cercanos a la
senescencia y también con jóvenes de la G-90, con socialistas
jubilados de ferrocarriles y empleados públicos y periodistas; todos
cantaron las glorias del triunfo electoral que el pueblo chileno
obtuvo en Yungay, pero un año después evaden el bulto y profesan
entre susurros o entre rezongos su más profunda decepción.
Aceleración
de los cuerpos.
Porque
rápido cae el crédito y confianza que la ciudadanía puso en el
Gobierno -o al menos la versión oficial es de que hubo tal masivo
endoso, llamado, en la semántica de la NM, “mandato ciudadano”-,
lo cual se manifiesta en cada sucesiva encuesta de opinión y no sólo
entre sus opositores y los despreciables amigos del lucro, los
pequeño-burgueses y los ciudadanos comunes y corrientes, sino
también dicho desplome de la fe agobia a muchos de quienes, hasta
hace quizás sólo medio año, celebraban el Gran Salto Adelante que
íbamos a dar de la mano de la señora Bachelet. Peor aun, la caída
sucede según la ley de aceleración de los cuerpos y la velocidad
aumenta a cada segundo que pasa y al cuadrado. Se acerca ya la
Mandataria a tan sólo el 25% de apoyo y no se vislumbra cómo,
brindando con Hollande en París o recibiendo esquinazos en Roma,
pueda remontar esa cifra. Es quizás lo que los periodistas gustan
llamar “la barrera psicológica”. Hoy es la del 25%.
El
desánimo y decepción ofrecen otro problema: su falta de
homogeneidad. Si el desencanto fuera uniforme podríamos esperar una
demanda coherente para que La Moneda hiciera otra cosa, pero no lo
es. Se agrega a la confusión y parálisis el hecho de que la
frustración es de posturas situadas en las antípodas: la de los
moderados que quisieran retornar al dialogo y el desencanto de los
comandantes -por ahora vestidos de civil-, quienes consideran toda
idea de acuerdos como “monsergas”. Aun asumiendo, entonces, que
la señora Bachelet saliera de su búnker y decidiera hacer algo, ¿a
quién debiera oír?
Impotencia.
No
serán los moderados quienes se adueñen de una hipotética audición
Presidencial. Esa es la encantadora ilusión de Ignacio Walker.
Incluso dice creer que la moderación aportada por su partido logró
mejorar algunas de las iniciativas legales del Gobierno. Se equivoca.
En lo tributario sólo hizo retroceder -sólo un poco- al Gobierno la
presión de los empresarios. En dicho enfrentamiento Walker y la DC a
lo más reestrenaron el servicial papel del Cardenal Samoré. Aun
Lenin cedió algo -la NEP- ante las fuerzas reales de la economía,
¿cómo no lo iba a hacer la Presidente? Los moderados son, por
serlo, impotentes. Temperamental y políticamente débiles, son
siempre arrinconados, vejados y neutralizados por los radicales de
espíritu. En algunos casos hasta son guillotinados. No se conoce
casi de ningún proceso como el actual detenido a medio camino sólo
porque el Walker de turno ponga la luz roja.
"No
hay espacio..."
Mientras
tanto, dijo Quintana, “no hay espacio para más errores”.
Quintana, quien representa a los que desean ir más lejos, tal vez se
haya dado cuenta de que su frase implica, por definición, que ya se
han cometido MUCHOS errores; no de otro modo se llena el generoso
espacio para ellos que ofrece la mala memoria nacional. No explicó,
sin embargo, qué sucede si se cometen aun más, desbordándolo.
Quintana
se refería desde luego no a “La Moneda” sino a la señora
Presidente y a su secretismo ya intolerable, a sus errores
comunicacionales, sus indefiniciones y simultáneamente decisiones
inconsultas, a sus evasivas y quizás también a la facilidad con que
desecha a quienes ya no le sirven. El ex Ministro Insunza, el último
en desplomarse, hizo ese reproche. Pero quien crea que el problema
radica en esa insuficiencia Presidencial se equivoca medio a medio.
Es, ese, un error tan absoluto como el de quienes limitan las
falencias a “problemas comunicacionales”. Es más: ya NI SIQUIERA
se trata de la mala calidad del sacralizado programa, de ese catálogo
de ideas obsoletas, de esa indigesta enciclopedia de lugares comunes
y Tratado Magistral de desprolijidades, improvisaciones y eslóganes
vacíos. Importa poco porque el mismo reproche podría hacérsele a
CUALQUIER programa político ideado por expertos en marketing para
vender una candidatura. Un programa mediocre o malo es apenas
tentativo. Todo, al final, depende de cómo se interprete y luego se
ejecute. Y, ejecutándose, aun si es malo se convierte en objeto real
capaz de ser reparado. Pero, ¿cómo reparar lo que no cobra
verdadera y definida vida por falta de ejecución? ¿Y cómo habría
de ejecutarse algo si dos bandos opuestos no acuerdan cómo hacerlo?
La indefinición, confusión y vacilación ya notorias en el plano
anecdótico, los bandazos y las inercias catatónicas, la renuncia a
ejercer autoridad, la abdicación de la función de gobernar y los
ultimátum ridículos y sin efecto son, ahora, el problema central y
derivan del mismo cáncer incurable.
“Malo,
pero además no funciona”, diría un letrero, hoy.
Son
las expectativas,
por
Juan Andrés Fontaine.
A
"la desobediente sicología de los hombres de negocios"
atribuía Lord Keynes el devenir de los ciclos económicos. En su
último informe monetario, el Banco Central identifica el derrumbe
de las expectativas empresariales como causa del frenazo de la
inversión y la consiguiente desaceleración del crecimiento.
Expresa con inusual claridad su preocupación por que estas "sigan
claramente en el terreno pesimista".
El mensaje del Banco Central -guardián de la estabilidad económica por mandato Legal- es importante y debe ser oído. A diferencia del famoso y controvertido economista inglés, no culpa a los inversionistas de un temperamento caprichoso. En una interesante investigación econométrica intenta desentrañar el origen de la desconfianza empresarial y concluye que no sería consecuencia de la adversa evolución de la economía mundial o nacional, sino de otros factores, los que -sin detallar- denomina "shocks autónomos". Entonces, la tradicional receta keynesiana del incremento del gasto Fiscal, o la expansión monetaria, no servirían como instrumento reactivador. Más bien podrían provocar una perniciosa aceleración de la inflación. Cabe conjeturar que entre los aludidos "shocks autónomos" están las reformas "de fondo" que promueve el Gobierno, las que parecen haber puesto en duda el real compromiso del país con la ardua carrera del desarrollo. Es buena noticia que en Icare el nuevo Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, también se haya mostrado preocupado por la lentitud de la economía e intentado levantar las expectativas. Pero no parece hacerse cargo de la raíz del mal. Un botón de muestra: un proyecto de Ley de Gobiernos Regionales, que hoy se tramita, instituiría planes de "ordenamiento territorial", diseñados a nivel Regional, de carácter vinculante y con directa injerencia en la ubicación de las inversiones energéticas y otras actividades industriales a lo largo de todo el territorio nacional y borde costero. Su propósito sería proteger los recursos naturales y cautelar nuestro "patrimonio paisajístico, histórico y cultural". Se superpondría al ya engorroso procedimiento de evaluación ambiental y al actual enjambre de áreas silvestres protegidas, monumentos nacionales, zonas de interés turístico y territorios indígenas. Desde luego, es importante preservar nuestra riqueza cultural y natural, pero fácil es imaginar que el instrumento propuesto -la planificación territorial imperativa- durante su prolongada tramitación y futuras modificaciones paralizaría las inversiones, sería presa fácil de los activistas de diverso signo y abriría amplio espacio a los abusos y la corrupción. Si el Gobierno no se decide a desahuciar ideas tan contraproducentes, ni siquiera un triunfo en la Copa América será capaz de infundir nuevos bríos a nuestra apesadumbrada economía.
¿Somos
un país corrupto?,
por
Sergio I. Melnick.
Es
una pregunta difícil que admite varias interpretaciones. Corrupción
es una acción y se utiliza para nombrar al vicio o abuso, y también
puede tratarse de una depravación moral o simbólica. Ocurre por
igual en la esfera pública y privada. La corrupción consiste en
hacer abuso de poder, de funciones, o de medios para sacar un
provecho económico o de otra índole. En política es el mal uso del
poder público para obtener ventajas ilegítimas. El tráfico de
influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las
prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como
entregar dinero a un funcionario público o privado para ganar una
licitación o evitar una clausura, lograr una venta, o la aprobación
de una Ley.
En
general, detrás de cualquier forma de corrupción social hay una
corrupción valórica, de principios, de malas Leyes, y es por ahí
donde creo se debe enfocar el tema de nuestro país. El tema es la
ética personal y social.
Si
no es corrupción, cómo podemos llamar a: (1) la tremenda evasión
del Transantiago, (2) a la delincuencia creciente en nuestro país,
(3) el hacer huelgas ilegales en el sector público y servicios
colectivos, (4) las boletas ideológicamente falsas, (5) el tratar
siempre de saltarse la cola, (6) el botar basura desde los autos, el
escupir y orinar en la calle o (7) los concursos arreglados para la
Alta Dirección Pública. Y qué decir de (8) los estudiantes que no
quieren ir a clases y organizan tomas de sus colegios y los
destruyen, o (9) sacar la vuelta en el trabajo, (10) la cultura de
impuntualidad, (11) la degradación creciente del idioma y el
excesivo uso de garabatos en forma cotidiana, (12) el tráfico de
influencias, (13) el copiar en colegios y universidades, (14) la
colusión de empresas para evitar la competencia, (15) el bullying de
diversos tipos, o el acoso sexual, (16) las distintas formas de
discriminación de minorías y etnias, (17) el mentir en forma
pública y privada, (18) las coimas públicas y privadas, (19) los
cobros de comisiones encubiertas o intereses de usura, (20) dar
vuelta el medidor del agua y llenar las piscinas, (21) no pagar las
imposiciones a las nanas, (22) etiquetar deficientemente los
alimentos, (23) generar falsas expectativas sabiendo que no son
viables, (24) el nepotismo en el sector público, (25) el robo
permanente de materiales de oficinas, (26) la violencia
intrafamiliar, (27) el populismo, (28) la discrecionalidad de
empleados públicos. Y qué pasa con (29) el enriquecimiento ilícito,
(30) los abusos de poder, (31) la falta de respeto al prójimo, (32)
el enfrentamiento violento a la fuerza pública, (33) la manipulación
estadística pública o privada, (34) el pago de favores políticos
con dineros públicos, (35) la infidelidad, (36) la flojera crónica,
(37) la improvisación continua (no hacer las tareas en todos los
ámbitos), (38) aprobar una Ley sabiendo que tiene errores y deberá
ser corregida, (39) lavado de dinero, (40) hacer trampas de todo
tipo, (41) la pedofilia, (42) el doble estándar, (43) la envidia y
el chaqueteo, (44) el pelambre.
Todas
las sociedades, sin excepción, tienen algo de todos los temas
anteriores, y también otros, porque finalmente somos humanos, por
ende imperfectos, y en parte animales instintivos.
La
pregunta es si estos temas son aislados, persistentes, o demasiado
recurrentes. Si revisamos la situación de nuestro país no sé si
podríamos calificarnos realmente de corruptos, pero podríamos estar
muy cerca de ello. Los temas anteriores no son patrimonio de la
política o lo privado, de un color político u otro, de una clase
social u otra, de una etnia u otra. Ocurre en todos ellos con
distintas intensidades. Ya escuchamos la sentencia “el que esté
libre de pecado que lance la primera piedra”.
Mirando
la lista anterior, al menos podemos decir dos grandes cosas: lo
primero es que tenemos un enorme problema valórico-cultural y que
ese es un gran desafío del sistema educativo y familiar, así como
del Ministerio del ramo que nunca ha entendido la diferencia entre
cultura y arte; lo segundo es que aparecen de inmediato una larga
agenda de temas concretos que debemos trabajar si queremos algún día
ser un país desarrollado y no sólo el nuevo rico del barrio.
Basta
de echarse la culpa los unos a los otros: somos todos. Es mejor
construir sobre la base de grandes acuerdos que destruir siempre lo
que hace el otro. No hay sociedades perfectas. No podemos comparar
realidades con utopías porque siempre pierden las realidades. Lo que
debemos hacer es comparar realidades con otras realidades
alternativas, todas con problemas y falencias. Es hora de sanar las
heridas y empezar a mirar hacia adelante.
Propiedad y regalos públicos,
por
Luis Cordero Vega.
La
última semana estuvo marcada por la preocupación del empresariado
por el derecho de propiedad en la nueva Constitución. A esa
inquietud tuvieron que responder los Ministros de Interior y Hacienda
en Icare, afirmando algo que resulta obvio, y es que no habrá cambio
Constitucional sin un procedimiento consensuado en el Congreso, y que
el derecho de propiedad es una garantía esencial en cualquier
sistema Constitucional.
Esta
discusión encierra un explícito desacuerdo: la manera en como
justificamos la propiedad y sus obligaciones. Algunos defienden su
supremacía por sobre las decisiones democráticas en base a que este
sería un derecho natural y prepolítico; otros, consideran que es
necesario protegerla por consideraciones de tipo utilitaristas
(p.ejm. inversión extranjera). En el otro lado, se crítica esta
forma de ver la propiedad frente a las reglas democráticas, porque
este derecho es sustancialmente distinto a otros, como la libertad de
expresión o el no sufrir tratos inhumanos o degradantes. Por eso
algunos sostienen que en vez de constituir un derecho prepolítico,
el derecho de propiedad se debería considerar como un mecanismo
convencional creado para el avance y progreso social, sujeto a
ciertas limitaciones y obligaciones públicas.
Sin
embargo, pareciera que el real problema que algunos tratan de
plantear, pero que no explicitan abiertamente, no es si en el
contexto de la nueva Constitución se protegerá la propiedad, lo
cual resulta evidente, sino cómo garantizar esta en el caso de
bienes públicos. Ese es precisamente el debate en el caso de acceso
a recursos naturales o bienes comunes, cuestión que se encuentra en
la disputa sobre la caducidad de los derechos de aprovechamiento de
aguas, el uso del espacio radioeléctrico o el acceso a los recursos
pesqueros. Confundir esto con la discusión sobre el derecho de
propiedad resulta inadecuado.
En
el caso de bienes comunes, lo relevante es establecer reglas
adecuadas de acceso a bienes escasos respecto de los cuales, al ser
socialmente valorados, debemos garantizar normas de competencia
genuinas para su adjudicación. Cuando no lo hacemos bien, damos
origen a verdaderos regalos regulatorios, al margen de criterios de
competencia legítimos, que al final del día terminan entregando
inadecuados títulos de propiedad, con toda la distorsión que eso
genera en los mercados. La última regulación pesquera es un buen
ejemplo de esto.
Esa
pareciera es la verdadera discusión que se esconde detrás del
debate público de propiedad y si es así, es mejor sincerarlo, de lo
contrario estaremos confundiendo un derecho legítimo como la
propiedad con la promoción de garantías para regalos públicos.
El
dilema Fiscal,
por
Max Colodro.
La
inversión privada vive su peor caída de los últimos 35 años y no
muestra señales de recuperación; el gasto público se encuentra con
el acelerador al máximo y aún así el crecimiento económico del
país no alcanza un 2%; el precio del cobre no se recupera y el PIB
tendencial converge ahora consistentemente a la baja… En paralelo,
la aprobación del Gobierno y de la Presidente Bachelet se han
desplomado, en un contexto de descrédito y desconfianza general.
Como si todo ello no fuera suficiente, el próximo año se reinicia
el ciclo electoral, un período donde esta administración se jugará
la vida junto a la continuidad de sus emblemáticas reformas.
Así,
silenciosamente, el gasto Fiscal va instalándose como un dilema
político de primer orden, una variable que irá ocupando un lugar
cada vez más central entre las preocupaciones del oficialismo pero
que, en contraste, estará forzado a márgenes de acción cada vez
más acotados. Las señales del Ministro Valdés a este respecto han
sido claras: según las actuales proyecciones de crecimiento
tendencial, precio del cobre y productividad total de factores, el
actual nivel de gasto público es simplemente insostenible, amenaza
la actual posición Fiscal y el compromiso del Gobierno de converger
hacia el término de su período a una situación de balance
estructural.
Mientras
tanto, profesores y estudiantes, gremios de la salud, del transporte
y otros actores comienzan a reactivar las movilizaciones, teniendo
como telón de fondo una creciente frustración respecto a las
expectativas que esta administración sembró durante la campaña y
en su primer año de gestión. De este modo, la delicada ecuación
entre la responsabilidad Fiscal y los imperativos políticos de la
coalición Gobernante se hace cada día más difícil, poniendo al
Ministerio de Hacienda ante una encrucijada que irá copando el
debate público y reforzando las ansiedades del oficialismo. En
rigor, la próxima discusión presupuestaria será una de las más
decisivas de los últimos años, y en ella el Ministro Valdés se
jugará una buena cuota de su prestigio profesional y de su
responsabilidad política.
Los
escenarios para este debate central del segundo semestre no son
fáciles: la debilidad y la pérdida de confianza en el Gobierno no
ayudan al orden y a la disciplina en la Nueva Mayoría; el
estancamiento económico y sus consecuencias sociales serán más
bien un incentivo para posiciones que apuesten al rendimiento
político a costa de la seriedad Fiscal; el nueva sistema electoral
será también un estímulo a la dispersión y al ‘sálvese quien
pueda’, lo que restará espacios al espíritu de compromiso con el
proyecto colectivo.
Todas
y cada una de las reformas planteadas por la actual coalición
Gobernante se sustenta en un aumento decisivo del gasto Fiscal. Y
resulta que las condiciones económicas hoy imperantes anticipan que
el aumento de dicho gasto tendrá que reducirse prácticamente a la
mitad el próximo año. Un verdadero dilema, que en los meses que
vienen empezará a permear cada vez con fuerza un ambiente político
al borde del estado de coma y, por tanto, con márgenes bien escasos
para la racionalidad.
Una promesa comprometedora,
por
Justo
Pastor Suarez.
De
las entrevistas privadas suelen rescatarse sólo las versiones que
las partes quieren revelar. El resto queda en la intimidad y en la
reserva expresa de los participantes.
De
ahí que ni el Papa Francisco I ni la Presidente Michelle Bachelet
hayan dado muchas luces respecto de su encuentro en el Vaticano,
excepto que el Pontífice se encargó de poner énfasis en la “la
salvaguarda del derecho a la vida”
y ella, a su vez, se comprometió a que “la
Iglesia Católica será considerada para la nueva Constitución”.
Por
lo escueto de los comunicados de una diplomacia de tan alto nivel, no
fue mucho más lo que se pudo rescatar del encuentro, pero este par
de conceptos “oficiales” van a tener implicancias gravitantes en
la dinámica del contaminado y crispado escenario político nacional,
básicamente por la no convergencia del Gobierno socialista y las
posturas extremistas de la izquierda dura en los dos puntos centrales
que los dialogantes estimaron pertinente dar a conocer.
Hoy,
la posición de la ultra izquierda, plasmada en algunos focos al
interior del Parlamento y en la seguidilla de manifestaciones
sociales, es absolutamente radical en cuanto a despenalizar el aborto
y no quiere por ningún motivo ver a la Iglesia Católica cerca de
las tomas de decisiones del Gobierno.
Los
“estudiantes”, el PC y los Parlamentarios intransigentes como
Boric, Jackson y Aguiló, atribuyen los tropiezos de la Reforma
Escolar y Universitaria a la “intromisión” —según ellos— de
la Iglesia Católica, un poder fáctico que impidió el fin de la
libertad de enseñanza, como era el objetivo original del programa de
Gobierno, y ahora, en el debate sobre “los porcentajes de
gratuidad” en la educación superior, fue un sacerdote, Fernando
Montes, quien les salió al camino y se les transformó en una piedra
dentro del zapato.
Mal,
muy mal, cayó en la ultra izquierda la promesa de la Presidente al
Pontífice en cuanto a que “la
Iglesia será considerada para la nueva Constitución”,
con lo cual sepultó la rabiosa aspiración de aquélla de que “debe
ser la calle y sólo la calle” la que proclame los contenidos de
una nueva Carta Magna.
Su
fanatismo ideológico los lleva, incluso, a desentenderse de los
anuncios Presidenciales: Michelle Bachelet comunicó que “a
partir de septiembre se iniciará un proceso constituyente”
destinado
a debatir los cambios que requiere la Constitución y, sin
especificar en qué consiste, dijo que habrá cabildos para escuchar
a todos los sectores de la ciudadanía.
En
el Congreso, aunque deslegitimado, hay consenso de que todo cambio
Constitucional debe pasar sí o sí por el Legislativo, de tal modo
que el panorama se acerca cada vez a una vía institucional y no
populista para materializar las modificaciones a la Carta Magna,
precisamente lo que “la calle” rechaza de plano.
La
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) resolvió
radicalizar su accionar de movilizaciones “hasta
que la Presidente no cumpla su compromiso de convocar a una Asamblea
Constituyente”
en septiembre.
Ello,
nunca lo ha anunciado ni prometido nadie de modo formal y, al revés,
al asumir su cargo, el Ministro del Interior reveló no ser
partidario de esa vía, de tal modo que el clima político se
encrespará todavía más de lo que ya está.
Es
fácil imaginar cuál va a ser la postura de la Iglesia Católica al
ser consultada para la nueva Constitución: sí a la plena libertad
de enseñanza, sí a la total libertad de culto, no a la
despenalización del aborto y no al matrimonio homosexual, todas,
absolutamente todas, banderas de lucha de la izquierda ultra.
Es
la misma izquierda multifacética y transversal a la que convocó
Bachelet para asegurarse su elección Presidencial y que dispuso del
lápiz con punta más gruesa en la redacción de su programa de
Gobierno, y que ahora –parece definitivamente– le da vuelta la
espalda. Los hechos lo demuestran, y lo seguirán demostrando, y la
confrontación con La Moneda será cada vez más áspera.
Todas
las autoridades financieras del país, en diferentes tonos,
coincidieron en que el último IMACEC, de un paupérrimo 1.7 de
crecimiento, decididamente ya no es consecuencia sólo de los
vaivenes económicos, sino es el efecto del crispado clima político,
con conflictos y divisiones profundas que nos recuerdan el odio que
sembró en la sociedad chilena la Unidad Popular.
Tran*#?%@!?,
por
Pablo Allard.
El
título no es un error de imprenta,
más bien rememora la campaña comunicacional lanzada por el Ministro
de Transportes
René Cortazar el 2009 para reconocer los problemas de Transantiago
y anunciar una serie de mejoras al fallido plan bajo el lema: “Hasta
aquí hemos transportado puras críticas, ahora estamos transportando
soluciones”. A ocho años de su puesta en marcha, y luego de
comprometer cerca de US$ 12 mil millones entre subsidios y fondos
espejo Regionales para tratar de arreglarlo, estamos lejos de
transportar soluciones, y
parece más un paciente con muerte cerebral, conectado
artificialmente a costosas máquinas con diagnóstico incierto.
La
reciente huelga legal de los choferes de uno de los servicios
troncales, demandando legítimamente condiciones mínimas para
ejercer su función, derivó no sólo en la disrupción del servicio.
Lamentablemente escaló hasta la inaceptable quema de buses e
invasión de las líneas de Metro
por parte de activistas que hoy enfrentan la ley de Seguridad del
Estado.
Esta
situación da cuenta de la vulnerabilidad del sistema más allá de
los conocidos problemas de frecuencia, evasión y financiamiento.
Pese a que se discute en el Congreso un proyecto de Ley para aumentar
el subsidio y evitar el aumento de tarifas, de nada servirá ante la
eventual quiebra de alguno de los operadores, lo que ya es un rumor a
viva voz en la industria. La quiebra de un troncal convertirá al
Transantiago en un enfermo terminal, ya que si bien el Estado puede
hacerse cargo de los buses o entregar el servicio a otro operador, no
le será fácil hacerse de los terminales y
otras infraestructuras críticas que son propiedad de la empresa que
falló o de inmobiliarias asociadas a sus dueños.
La
solución requiere cirugía mayor y varios trasplantes. El
primero, es incorporar nuevamente en el proyecto de Ley la
posibilidad de expropiar los terminales, de manera de romper con la
captura de los operadores y fomentar la competencia en nuevas
licitaciones.
Lo
segundo
es dejar de pensar que tenemos que llenar Santiago de mega
corredorres segregados para orugas como los de Bogotá, que no caben
en nuestras avenidas, y mirar el excelente corredor Paicaví en
Concepción, donde buses medianos garantizan velocidades sin destruir
la ciudad. Finalmente, presentar un plan integral a mediano plazo,
siguiendo lo planteado por la Cámara de la Construcción o el ex
Presidente Lagos, que propone construir 10 kilómetros de Metro
anuales durante los próximos 20 años, que reemplace gradualmente
todos los ejes troncales y se complemente con buses alimentadores y
corredores menores más amigables con el entorno. El financiamiento
de este plan podría hacerse vía concesiones, dada la demanda
garantizada que tiene Metro; la evasión se reduciría, ya que el
control en él es mayor, y
la mejora del entorno sería evidente, al reducir el impacto urbano
de los corredores segregados. Incluso de ser necesario, Metro podría
hacerse cargo de la operación de los troncales durante la
transición.
A
estas alturas en lugar de seguir manteniendo a Tran*#π%@!Ω
conectado a costosas máquinas, mejor correr el riesgo de estos
trasplantes y darle nueva vida.
La Constitución y el derecho de propiedad.
Dirigentes
empresariales han manifestado su preocupación por un debilitamiento
del derecho de propiedad, a propósito del proceso Constitucional que
ha anunciado el Gobierno. Hasta ahora el eje de la discusión ha
estado en aspectos adjetivos, sobre cómo se aprobaría una nueva
Carta Fundamental en lo cual no se ha descartado claramente ninguna
opción, obviándose por completo los sustantivos. Estos son
relevantes, porque la ciudadanía tiene que comprender no sólo cómo
se harían los eventuales cambios, sino en qué consistirán y qué
efectos pueden tener. Al respecto, la alerta sobre la desprotección
de la propiedad apunta sobre las consecuencias que tendría sobre la
inversión y el crecimiento económico.
El programa de Gobierno es ambiguo, pues expresa que la “propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común”, lo que resulta vago y puede fundamentar cualquier planteamiento. Más preciso es respecto de los derechos sobre las aguas y yacimientos mineros, que sin duda quedarían en un régimen más precario. Para los países no es indiferente el nivel de protección y reconocimiento que tenga el derecho de propiedad. Chile tiene una experiencia al respecto y constituye el mejor ejemplo de ello. Hacia fines de la década de los 60’, la propiedad privada fue crecientemente desconocida de hecho y mediante reformas Constitucionales, que la subordinaron al supuesto interés colectivo. Las consecuencias en términos de deterioro en la inversión y crecimiento condujeron a la inestabilidad económica y social, llegando a ser uno de los países con mayor retraso en Latinoamérica. Una situación que culminó en una grave crisis social y política, y el quebrantamiento de la democracia, lo que distó de ser concordante con el interés colectivo. Por el contrario, bajo la protección y reconocimiento que le brinda la Constitución vigente a la propiedad, el país ha experimentado un período de tres décadas de crecimiento y estabilidad sin precedentes en el siglo pasado, y que lo transformaron en la nación latinoamericana con mayor ingreso per cápita, lo cual no puede considerarse como contradictorio con el interés colectivo. La expresión de inquietud empresarial generó un sinceramiento en voces ligadas a la Nueva Mayoría, que han planteado que es necesario cambiar el régimen Constitucional del derecho de propiedad, señalando que la norma vigente es “conservadora” y que llega a poner la propiedad por encima del derecho básico a la vida; asimismo, que ha llegado la hora que se reconozca su función social, y que debe ceder ante el bien común y los derechos sociales. Estas aseveraciones envuelven una caricatura del régimen vigente y no se ajustan a la realidad. En efecto, no existe la antinomia entre los derechos a la vida y a la propiedad, porque operan en dimensiones distintas. Se los pretende poner en contradicción, por ejemplo, mencionando la propiedad de los derechos de aguas, recurso que es básico para sostener la vida. Hay ahí un simplismo, que desconoce que el régimen de Constitución de derechos de agua obliga a reservar agua para la bebida de las poblaciones, como asimismo, que ante una aguda escasez, la normativa Constitucional permitiría incluso expropiar los derechos para destinarla a un uso más básico, lo que exige pagar su valor. Es decir, facultades para preservar la vida existen y el punto es si el costo debe sufrirlo el titular del derecho de agua o toda la comunidad. Lo correcto es que sea esta última, pues lo contrario es implantar una incertidumbre que puede tener enormes costos económicos y sociales, y se preste para medidas arbitrarias. Por otra parte, no es efectivo que la protección de la propiedad sea absoluta. La Constitución autoriza expresamente a la Ley para imponerle “las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social”. Conforme a ello, existe un margen importante para establecer regulaciones en miras al bien común, mientras no haya una privación del bien sobre el que recae el dominio o sus atributos o facultades esenciales, lo que recién ahí obliga a expropiar. La expropiación, a su turno, requiere de una Ley que la disponga por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el Legislador, y que el valor del bien sea pagado en dinero efectivo y al contado, monto que puede ser impugnado ante los Tribunales de Justicia. Esto constituye la verdadera garantía de la propiedad y dice relación con que el costo de cambiar el destino del bien debe ser asumido por la colectividad y no por el afectado. Limitar la duración de las concesiones de explotación minera, sector en el que las inversiones maduran en el largo plazo y se asumen riesgos significativos sobre la dimensión de las reservas, puede tener un efecto particularmente nocivo para ellas. De hecho, Chile es un país reconocidamente minero, pero a través de los años la exploración fue menguando y la explotación fue quedando restringida a los yacimientos tradicionales, precisamente por el desconocimiento de que fue objeto la propiedad en el ámbito minero durante el siglo pasado. Una vez que se garantizaron debidamente los derechos mediante las normas Constitucionales y Legales vigentes, hubo un nuevo ímpetu en la inversión, que ha generado una actividad nunca antes conocida en el ámbito de la minería. Ellas han hecho un aporte inmenso al crecimiento y riqueza del país, y consiguientemente al bienestar de la población, incluyendo niveles antes desconocidos en la salud general y expectativa de vida. Ello demuestra que no existe contradicción entre la protección de la propiedad y la vida, o los derechos sociales. Debilitar el derecho de propiedad, cuya protección Constitucional ha sido el motor del crecimiento económico y base de la estabilidad, puede llevar al país a recorrer sin razón un camino probadamente equivocado, con grave perjuicio para el bienestar y esperanzas de una vida mejor de los chilenos. ¿Nuevo corporativismo?
Resulta
democráticamente agresiva la decisión de la Comisión de Educación
de la Cámara de Diputados de suspender la tramitación del proyecto
de Ley de carrera docente —en medio de la paralización ilegal de
actividades de los profesores— para que se conforme una mesa de
diálogo entre el Ejecutivo y el Colegio de Profesores, auspiciada y
con participación de los Parlamentarios de la comisión. Es
indudable que esta organización gremial está interesada en
resguardar sus intereses, pero por más legítimos que estos sean su
protección no necesariamente coincide con lo que más beneficia al
país.
Entre las tareas fundamentales de los partidos políticos se encuentra la deliberación de los asuntos públicos. Las personas y las distintas organizaciones que ellas conforman suelen tener visiones incompletas, preferencias muy intensas o sencillamente intereses particulares o muy específicos que deben equilibrarse apropiadamente al momento de desarrollar políticas públicas e instituciones. Por cierto, no se trata solo de agregar estas visiones, preferencias o intereses, sino de deliberar en torno a ellos y contrastarlos con el interés público. En las democracias, este ejercicio es realizado por los partidos políticos en el Congreso. Si este limita sus atribuciones o renuncia al proceso de deliberación, debilita las formas representativas de Gobierno y la defensa de la población como un todo. En general, esta tiene una baja capacidad de organizarse. De hecho, de acuerdo a diversos estudios de opinión pública, no más del 15 por ciento de las personas mayores de 18 años está afiliado a una organización de la sociedad civil (incluidos sindicatos, partidos políticos y organizaciones no Gubernamentales). Así, si en un proceso deliberativo se privilegia a un grupo en particular, en la práctica se está dejando de representar a la ciudadanía. En la situación que se ha generado con el Colegio de Profesores, resolver qué aspectos de sus demandas son atendibles y cuáles chocan con los intereses de la comunidad es la tarea del proceso de deliberación que deben llevar a cabo los Parlamentarios. En cambio, la comisión ha resuelto que el proyecto no se puede seguir analizando mientras no se produzca un acuerdo con ese gremio. Pero ¿qué garantías existen de que un acuerdo de esa naturaleza represente una buena solución para los estudiantes, sus familias y la calidad de la educación en Chile? Este privilegio que se le concede a una organización gremial es una forma de corporativismo inconveniente para el desarrollo de las instituciones y políticas que necesita el país. La tarea de los Legisladores es representar los intereses de la ciudadanía y no de grupos específicos. En la medida en que renuncien a esta labor estarán infligiendo un daño al proceso democrático e incentivando la captura de la política y de su función deliberativa. Reforma laboral y teletrabajo.
Hoy
se ve a los profesores marchando por las calles. Se ve también a los
estudiantes e incluso a enfermos y trabajadores del área de la
salud. Pero hace décadas que no se ve en Chile a los trabajadores
marchando, a excepción del 1 de mayo. Esto no quiere decir en
absoluto que las necesidades de los trabajadores estén cubiertas a
cabalidad, pero significa que las relaciones laborales se han
mantenido relativamente estables.
Ad
portas de la reforma laboral, sin embargo, son las voces de los
empresarios las que resuenan en contra de las medidas anunciadas por
el Gobierno. A todas luces, ésta es una reforma que ha recordado una
diferencia antagónica entre empleado y empleador, y una visión
caduca hace varias décadas. La razón: ha centrado el problema
actual de las relaciones laborales en la debilidad de los sindicatos.
La
tasa de sindicalización en Chile llega al 16,7% de los trabajadores
asalariados, que corresponde a unas 820 mil personas. Resulta
bastante sesgado centrar una reforma laboral en un problema que
afecta a tan pocos trabajadores. Parece ser una legislación para una
minoría, y no para la mayoría de los trabajadores, que enfrentan
necesidades tan diversas.
Es
imposible negar la importancia de los sindicatos como la unión de la
fuerza negociadora de los trabajadores. No obstante, el problema de
la sindicalización no es nuevo, ni tampoco es el único problema que
aqueja hoy a los trabajadores.
Una
de las grandes promesas del Gobierno de la Presidente Bachelet fue la
protección laboral de la mujer y de los jóvenes. En Chile, el 40%
del total de desempleados tiene entre 20 y 29 años, y sólo 5 de
cada 10 mujeres tienen empleo. Hoy las necesidades laborales pasan
también por flexibilizar las jornadas, para compatibilizar trabajo y
estudios, trabajo y familia o trabajo y maternidad. En ese sentido,
la reforma podría incluir incentivos al teletrabajo, que ha
demostrado resultados exitosos en países como Argentina, España y
México.
El
uso de internet y redes sociales hace hoy necesario repensar la forma
en que se trabaja. Es absurdo pensar una reforma que esté orientada
a los sindicatos de forma única, y que no contemple las nuevas
plataformas con las que hoy se cuenta, que no sólo aumentan la
productividad; potencialmente, podrían disminuir costos y dar
soluciones laborales a mujeres y jóvenes capacitados para trabajar,
pero que tienen trabas de desplazamiento y horario. Estas trabas hoy
son perfectamente franqueables por la tecnología y, por lo tanto, no
deben seguir siendo un problema.
Pueblos
bien informados
dificilmente
son engañados.
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