Los mejores artículos de la coyuntura nacional....

La Presidente de Chile, Michelle Bachelet, se pasea por Europa mientras
nuestro país se destruye por la incapacidad, mala gestión, improvisación
y falta de honestidad de aquellos que la acompañan en su administración.

A un mes del cambio,

por Sergio Melnick.

Se esperaba un cambio con el cambio. Pero hasta ahora no ha ocurrido. Aún no le vemos la mano concreta a los dos Ministros estrella en los que muchos tenemos depositadas las esperanzas. Las declaraciones hasta aquí son positivas, pero hay que pasar a la acción para que cambie el escenario. Lo paradójico es que estos dos nuevos Ministros parecen tener más apoyo de la derecha que del propio Gobierno y quizás ese karma les pesará.

La situación nacional no está nada de fácil. Funcionarios de 80 hospitales y aduanas hacen una huelga ilegal afectando seriamente los servicios públicos. La planta de aduanas sube en 40%, dilapidando de a poco la reforma tributaria que era para la educación, ya desfinanciada. La salud pública claramente al debe; la construcción de hospitales casi detenida, la deuda de los existentes crece de manera desmedida (a pesar de la reforma tributaria), las listas de espera GES siguen creciendo, las atenciones de especialistas demasiado atrasadas.

Los estudiantes están nuevamente embravecidos y hacen marchas mañana, tarde y noche en un día: inédito. La Universidad de Chile tiene 14 de 16 facultades paralizadas, nadie sabe por qué. Los anuncios de gratuidad de educación superior han sido absolutamente improvisados, como lo han sido las reformas hasta aquí. De manera transversal se ha criticado la desafortunada e inaceptable discriminación que propone la reforma. El Ministro no es capaz de dar explicaciones de cómo funcionará porque recién lo están pensando, aun ya transcurridos 15 meses de Gobierno. Los profesores (dirigidos por el PC) están igual de descontentos y en paro nacional indefinido. Además, quieren sacar a los colegios de los Municipios y llevarlos al Gobierno central, pero tampoco se sabe mucho cómo. La Ley de pesca en jaque, como los derechos de agua.

La Araucanía cada día peor, la violencia es creciente y las políticas al respecto inexistentes. La delincuencia sigue escalando al tiempo que los Carabineros reciben fuertes críticas por parte de la izquierda. No hay atisbos del nombramiento del nuevo Contralor, ni del Director del SII y los días pasan. Pizarro fuertemente cuestionado y sigue igual.

A lo anterior se suma una economía languideciente, con un déficit Fiscal y desempleo crecientes. Lo curioso es que para el Gobierno el desempleo ha disminuido. Tal como ocurrió con la reforma tributaria, distintos analistas han advertido lo nocivo que será para la economía la reforma sindical como está planteada, y también lo ha insinuado el Ministro Valdés, pero aún no se ven señales claras de cambio. Equilibrar un poco la reforma traerá consigo las iras del PC. A eso se suma incertidumbre en Isapres y AFP.

A todo lo anterior debemos sumar la escandalera de las platas y la política. La situación es de no creer. Un día baja el caso Penta y sube el caso SQM. Otro día baja SQM y sube Caval. Baja Caval, sube Martelli. Baja Martelli entra Jorrat. Baja Jorrat sube el grupo Angellini. Baja Angellini y sube Peñailillo; baja Peñailillo, entra Letelier y Orpis, y así día tras día. Las filtraciones a los medios nadie sabe de dónde vienen y todos se culpan con todos. Lo que ya está claro es que la Nueva Mayoría está completamente comprometida y las declaraciones de la Senador Isabel Allende así lo confirman.

Ahora hay que echar a andar un canal de televisión cultural, cuando TVN pierde plata a raudales. Codelco anuncia que bajará sus aportes en los próximos años. La sequía y la contaminación abruman y no se ven políticas claras al respecto. Y se viene cambio de Intendentes y Subsecretarios.

Si a todo lo anterior se agrega una mal pensada Ley de financiamiento de la política, más un “proceso constituyente”, anunciado sin decir cómo, la ensalada pasa a ser demasiado compleja, y sólo podemos esperar que la incertidumbre aumente, con todas sus secuelas, de las cuales la polarización es la peor.

El nuevo Gabinete ha dejado pasar ya un mes y cada día cuenta para dar señales concretas de que habrá cambio con el cambio.

Villacura, González y Müller,

por Roberto Ampuero.

En junio pasado, a través del anterior Ministro de Hacienda, el Gobierno afirmó en el Chile Day de Londres que nuestra economía iba bien y el país no integraba "la nueva mediocridad" internacional. Este junio, en Roma, la Presidente señaló que si bien tenemos corruptos, Chile no es corrupto. Supongo que, tras la carta en que el Embajador alemán en Santiago planteó su inquietud por la seguridad de los alemanes en el sur, La Moneda subrayará que el país protege a los inversionistas extranjeros.

En poco más de un año pasamos de ser un país celebrado en la región a uno que da explicaciones. Quien explica, se complica. Arenas estaba equivocado, como lo sugirieron entonces especialistas y lo ratifican las recientes estimaciones del Banco Central. En Roma, la Mandatario sufrió, pues la crisis política enloda también a Palacio. Es de esperar que la reacción ante la carta restablezca la seguridad pública en La Araucanía, meta difícil de alcanzar si el Gobierno no empodera a Carabineros. En todo caso, si en un comienzo algunos opositores pudieran haberse alegrado por los déficits Gubernamentales, el desolador cuadro del país preocupa hoy a todos por igual.

En el sur, las amenazas y la violencia agobian no solo a alemanes. El incendio y las amenazas son los delitos más denunciados por los habitantes del Biobío y La Araucanía en el llamado conflicto mapuche. En su primer informe del año, la Multigremial de La Araucanía registra 112 hechos violentos. La situación, que muchas víctimas asocian con la de un Estado fallido, por la impunidad con que actúan terroristas que alegan representar a los mapuches, pone allá en riesgo la vida y la propiedad de agricultores y trabajadores. Imagino que Chile brindará a los alemanes en el sur protección adicional, y confío en que no hará distingos entre alemanes (muchos de los cuales son también chilenos y llevan generaciones en Chile) y chilenos, y proteja a quienes viven en un clima de creciente incertidumbre.

Pero, más allá de la forma en que el Gobierno aborde el tema mapuche, hay una definición esencial que debe transparentar y no dejar solo en manos de autoridades Regionales. La Moneda debe manifestar qué concepción abriga con respecto a quienes conforman nuestra identidad (o identidades) en términos étnicos y culturales. ¿Considera que los pueblos originarios gozan de derechos que los colocan en una condición privilegiada frente a quienes no son o no se consideran parte de esos pueblos, o estima que ante la Ley todos son iguales, sin importar su origen? En concreto: ¿existe para la autoridad diferencia entre los derechos de los mapuches y quienes se consideran "simplemente" chilenos o son chilenos descendientes de migraciones históricas, como la alemana, croata, francesa o inglesa, por nombrar algunas?

En el territorio nacional no solo viven los pueblos originarios (concepto disputado por algunos, por cierto), sino también afrodescendientes, que habitan en su mayoría en el norte, y los chilenos "no originarios", así como los descendientes de migraciones históricas y recientes, como de China, Corea, países vecinos, Colombia o el Caribe. Somos un país mestizo y con un grado relativo de diversidad y, junto con reconocer, cultivar y celebrar nuestra sangre indígena, debemos reconocer, cultivar y celebrar el aporte de las migraciones históricas, conformadas por personas que vinieron a Chile en busca de mejores horizontes, lo enriquecieron y transformaron, y contribuyeron a su identidad.

Corresponde observar sin reduccionismos la historia y honrar también el aporte de las migraciones, que algunos tienden a minimizar y a caricaturizar como colonialista, abusivo y expoliador. Conviene preguntarse, por ejemplo, qué país seríamos hoy sin la valiosa contribución de migrantes españoles, alemanes, croatas, italianos, franceses, ingleses, judíos o palestinos. No seríamos, desde luego, quienes somos, y probablemente tampoco ocuparíamos el sitial -esto, sin chovinismo- que tenemos en la región. Me temo que mientras el Gobierno no reconozca en su mérito el aporte hecho a Chile por sus inmigrantes, actuará de modo discriminatorio y se complicará a la hora de querer garantizar a Villacura, González y Müller iguales derechos.

La Débâcle,

por Fernando Villegas.

El título de esta columna no es una gratuita y afrancesada pirueta verbal para asombrar o molestar a los lectores. Tiene razón de ser, como muy pronto se verá. Es el mismo que el célebre autor Emile Zola dio a una de sus más contundentes novelas, publicada en 1892 a 22 años del evento del que trata y a 10 años de su muerte. “Debacle”, su obvia traducción al español, no sería útil porque el término apenas se usa o, en verdad, nunca. “Débâcle” es la poderosa, correcta y quizás única manera para caracterizar en francés, con una sola palabra, el meollo de lo que Zola describió en las más de 500 páginas del libro. Es un juicio con el cual de seguro estarán de acuerdo todos quienes lo han leído, pero quizás también los que no lo han hecho; aun en este caso ese extraño acento montado en mitad de palabra, ese signo cabalgando sobre una vocal como funesto jinete del Apocalipsis convierte la entera expresión en algo ominoso, amenazante, siquiera inquietante; es, “débâcle”, el término con que se alude a lo más desastroso que pueda ocurrirle a una sociedad: un brutal, súbito y completo derrumbe.

Zola narra la “débâcle” de Francia en su guerra contra Prusia, conflicto librado en 1870 y que sacó a Francia de la normalidad -por ajada que ésta ya estuviese- destruyendo en menos de dos meses el ejército y al régimen de Napoleón III y luego, en menos de un año, destruyendo las milicias ciudadanas y la Comuna de París. Con esa guerra se precipitó el derrumbe de la Francia del Tercer Imperio, su carnaval y oropel al parecer interminables, los 20 años que vieron el crecimiento acelerado del país pero también hicieron surgir, incubarse y madurar todas las corrupciones, todas las debilidades, todos los conflictos, todas las divisiones, todas las rabias, todas las frivolidades e inequidades.

Derrumbes.
Cuando la guerra llegó -y en gran medida los franceses se arrojaron a ella en una inconsciente búsqueda de una salida o alivio a las tensiones de la nación-, Francia, superada en número y organización, en unidad y determinación, fue derrotada en todas las batallas. Las tropas francesas, provistas de un rifle inmensamente superior al prusiano, les infligieron a estos últimos terribles pérdidas, pero mientras los prusianos estaban dispuestos a aceptar que la furia del mortífero “Chassepot” los diezmara salvajemente en el curso de sus asaltos de infantería, aun así seguían adelante mientras en cambio los soldados franceses, desmoralizados, hijos de una nación partida en dos, desconfiados de sus oficiales, rabiosos, maltratados, mal dirigidos, sintiéndose mucho más enemigos de sus superiores que del enemigo, no estaban tan dispuestos a inmolarse enfrentando mano a mano a un adversario capaz de soportar colosales bajas. Y entonces cedían.

No es de extrañar que sucediera. En los dos o tres años que precedieron la catástrofe -la débâcle- ya no había autoridad creíble en Francia. El Gobierno se mostraba incapaz de controlar las calles de París, apaciguar a la prensa que lo hostigaba, calmar a los intelectuales que lo zaherían, satisfacer al proletariado urbano y aplacar a los campesinos. Como resultado el emperador, su corte y su personal del Estado estaban completamente desacreditados. La economía se había detenido luego de 15 años de crecimiento y los escándalos de corrupción eran cosa de todos los días. Para capear las olas se anunciaban y celebraban plebiscitos. Más aun, un poco antes de la guerra Napoleón III llevó a cabo cambios Constitucionales con los cuales quiso relegitimar el régimen, democratizándolo, aunque sin otros resultados que enardecer a la oposición más extrema. En el fondo, en la esencia del asunto, tras esas perturbaciones particulares una parte importante de la población francesa sentía que el “modelo” instaurado por Napoleón III era sencillamente ilegítimo.

Autoridad.
Lo primero extraviado por Napoleón III en el curso de los últimos años de su régimen fue un elemento esencial de todo sistema político que pretenda preservarse: el sentimiento de estar ejerciendo legítimamente su autoridad. Este sentimiento no consiste sólo en sentir y saber -o al menos creer- que se posee el derecho legal a impartir órdenes y tomar decisiones, sino principalmente se substancia en la voluntad de hacerlo, la cual a su vez sólo puede nacer y conservarse si tras ella, como fundamento, hay una firme convicción de que el orden social del que esa autoridad emana y para el cual opera es, a su vez, enteramente legítimo.

El deterioro en la convicción de la validez de la autoridad que se ejerce, primer paso en el resquebrajamiento de todo orden social, no es cosa añeja que sólo aparezca en libros de historia y se relate en una novela del siglo XIX. Ocurre en cualquier época y lugar. Es suceso y proceso de ocurrencia siempre posible. Y si acaso Napoleón III, ese crepuscular remedo de su tío, por añadidura enfermo y políticamente paralizado, perdió esa convicción en los últimos años de su régimen, hoy observamos cómo en Chile, en muy distintas circunstancias, ha bastado sólo un año para que la autoridad y el sentimiento de ser cosa legítima esté en graves dificultades.

Como es usual en estos procesos de desgaste, el deterioro viene de muy lejos. Comenzó y se manifestó en el plano cultural -de eso harán unos 10 años- con un rechazo del orden tradicional en lo que tocaba a un par de temas puntuales, la sexualidad y el matrimonio; luego fueron puestos en la picota la totalidad de los valores y principios de ese orden; hoy el proceso de deslegitimación, en la plenitud de su madurez, ha llegado ya al decisivo nivel de las instituciones políticas, jurídicas y económicas. Todavía más, se alcanzó esta fase con un personal -gran parte del actual Gobierno- no muy distante en sus ideas y estados anímicos de los grupos políticos que niegan estridentemente, desde la calle, todo valor al sistema vigente; por lo tanto, aun siendo titulares del poder no creen sinceramente en la validez de su posición y los domina cierta ambigüedad e incomodidad al ocuparla; de hecho la entera institucionalidad es el mismo adversario contra el cual ya en su juventud blandieron el puño. Por eso, cuando la lengua se desata y las precauciones se olvidan, hablan sin tapujos de reconstruir en su totalidad la mentalidad y cultura personal y colectiva de Chile.

Abdicación.
Este no creer en lo que hacen o debieran hacer si creyeran, esta desconfianza en la validez del mandato institucional que han recibido mientras hablan profusamente, en compensación, del “mandato ciudadano”, esta falta de convicción para ejercer autoridad conforme a la Ley, es asunto muy serio que tendrá consecuencias. Una autoridad que no cree realmente en lo que hace y al contrario, como el Intendente Huenchumilla, se pone en el lugar de quienes debieran sentir el imperio de la Ley que él maneja, automáticamente la convierte en entidad vacía, en mero nombre o título, en una farsa. El mismo caso degenerativo opera en la desfalleciente concepción que tiene de su cargo el Intendente Orrego, quien notoriamente sufre de debilidad doctrinaria y sentimental hacia los nenes; de ahí su abandono de deberes respecto del más simple y casi anecdótico aspecto en que existe y se presenta la Ley y el orden, esto es, en el uso del espacio público; Orrego, como Huenchumilla, han abdicado de su deber. Peor aun, ellos no son sino parte muy menor de una máquina enteramente conformada por engranajes igualmente sueltos y laxos. Siendo ya notoria tan extraordinaria renuencia a controlar la continuidad de la vida cotidiana en ese, el más elemental sentido de todos, ¿qué otro control se puede ejercer? ¿Qué otra clase de actos de Gobierno gestionar? Cuando toda disposición legal y acción policial parece excesiva, abusiva, criminal e injusta, ¿cómo se pondrá coto a los niveles de violencia creciente que inevitablemente llegarán? ¿Con qué recursos se pondrá límite a la presión de los grupos de interés? Y si tal barrera no puede erigirse, ¿cómo se frenará a quienes desean derribarlo todo para instaurar su propia versión del paraíso?

Las "cantinelas" de Atria,

por Andrés Benítez.

El profesor de la UAI Fernando Atria se refiere, en el Mercurio del sábado, a expresiones mías en torno al proyecto de gratuidad universitaria del actual Gobierno y a sus consecuencias sobre la autonomía de las instituciones. En el camino, emite ciertos juicios y conceptos que son discutibles y contradictorios.

En primer lugar, señala que las objeciones a la gratuidad universal que he planteado, junto a muchas otras, por tratarse de una política regresiva, serían una "cantinela" para ocultar el verdadero motivo del rechazo, que no es otro que el temor a que los aportes Estatales, en sí mismo, implican perder el control de la universidad. En esto se equivoca. La gratuidad universal, que Atria apoya, es regresiva toda vez que beneficia mayoritariamente a los sectores más ricos de la población, que representan a la mayor parte de los estudiantes de las universidades chilenas. Las cifras son claras al respecto. Mientras solo el 19% de los jóvenes más pobres del país asiste a la educación superior, en el caso de los jóvenes de los estratos de mayores ingresos, lo hace el 93%. Entonces, no se entiende que un Gobierno que promueve la igualdad y la inclusión esté detrás de una política que busca justo lo contrario. Sobre esta "cantinela", el profesor Atria guarda un conveniente silencio. Como tampoco se pronuncia sobre el actual proyecto que deja fuera de la gratuidad a los alumnos más pobres de la universidad donde trabaja.

Pero vamos al punto de fondo de su argumento: la autonomía universitaria. Como digo, esta no tiene relación con el recibir aportes Estatales, sino con las condiciones que se exigen para aceptarla. Incluso cuando esta se refiera a beneficiar a los sectores más pobres. En el borrador del proyecto que tiene hoy el Gobierno, porque proyecto no hay, se señala que entre ellos estaría el control de aranceles, de los cupos de matrículas, el establecimiento de nuevas carreras y el Gobierno universitario. Cualquier persona entiende que aquello va más allá de la mera discusión sobre gratuidad. Se trata de entregar el control de la gestión de la universidad al Estado.

El profesor Atria señala que no es así y que prueba de ello son las universidades Estatales, que hoy no son controladas por el Estado. Bueno, eso es al menos discutible, toda vez que esas instituciones tienen como permanente queja que el Estado ha abandonado "sus universidades", impidiendo su normal desarrollo. Entonces, puede ser que el Estado no nombre sus autoridades, pero es evidente que controla su buen desarrollo, que es la esencia de un proyecto libre. Es este control Estatal el que explica que muchas de ellas sean de baja calidad, y que algunas ni siquiera puedan llenar sus vacantes.

Pero eso no es todo. Adicionalmente, Atria agrega que una universidad no debiera ser controlada por una familia, un grupo privado o incluso la Iglesia. Y para ello cita una declaración de 1915 de los profesores norteamericanos. Pues bien, con ese argumento el profesor revela su principal ideología. Para él, solo serían universidades independientes las de carácter Estatal. Lo anterior contradice la evidencia nacional e internacional. Tanto en Chile como en el mundo, en especial en Estados Unidos, las universidades de mayor prestigio no son Estatales. La mayor parte son privadas, incluso muchas católicas. En Chile sucede lo mismo, como lo demuestra la propia Universidad Católica de Chile, que hoy figura como la mejor de América Latina. El punto de fondo en todo esto es que la independencia no la asegura la propiedad de una institución, sino el respeto que tienen quienes la dirigen hacia la libertad de sus académicos.

Y es aquí donde el argumento de profesor Atria se cae por su propio peso, porque su caso personal contradice todo lo que plantea. Él llegó a la Universidad Adolfo Ibáñez hace más de diez años desde la Universidad de Talca. Es decir, optó libremente por dejar de trabajar en una universidad Estatal para hacerlo en una privada, lo que parece incomprensible a la luz de sus críticas actuales. Pero eso no es todo. Durante todos estos años ha podido ejercer libremente su docencia e investigación, como todos los docentes de la UAI. La misma columna que publica ayer es una prueba concreta de ello.

En suma, sus ideas se caen por su propio peso. La evidencia internacional, la nacional y la suya personal nos hablan de que el modelo de universidad Estatal no es la receta. Lo único cierto es que la independencia universitaria tiene directa relación solo con la vocación de sus controladores, sean estos quienes sean.

Poder paralelo,

por Axel Buchheister.

El debate de si hubo o no precampaña de Michelle Bachelet, o sólo fue un esfuerzo para convencerla que se lanzara, no ha dejado ver el fondo de lo que hay tras el financiamiento irregular de ese proceso. Una entrevista otorgada el fin de semana pasado por Camilo Escalona a este diario (La Tercera) permite adentrarse en ese punto.

En ella, el personero socialista acusa a Rodrigo Peñailillo de haberlo excluido a él y también a los partidos de una tarea que de haber sido requerida, eran los que naturalmente debían asumirla. Que para esto montó una estructura para obtener financiamiento de forma anónima, el cual ni siquiera era necesario. Y no es el único que opina así. El Diputado Pepe Auth, del mismo partido que el ex Ministro, ha puesto en duda la necesidad de una precampaña millonaria: dijo que éstas se hacen con poco dinero, ya que los gastos comienzan después con la propaganda y actividades de terreno, y que los programas se redactan por personas afines que nunca cobran. Y sobre todo, cuando la candidatura de Bachelet era segura. Entonces, que no se entiende para qué se hizo todo el asunto de las boletas de Martelli.

Ahí está el fondo. Y la respuesta parece ser que lo que hizo Peñailillo fue fundar su propio “partido”, conocido como “G90”, y conseguirle financiamiento, que era una estructura paralela y excluyente al sistema formal. Tenía por objeto hacerse del poder y excluir del mismo a los partidos de la Nueva Mayoría. Para ello gozaba de un activo, que lo explotó ampliamente: Michelle Bachelet lo designó único interlocutor y vocero suyo. Quizá ello lo hizo sólo porque es un esquema funcional a su lógica: ya en su primera candidatura se alejó de los partidos y quiso hacer un Gobierno “ciudadano”. Nada extraño que de nuevo quisiera a los partidos lejos. Pero, al menos, dejó hacer.

Fue un grupo exitoso, porque una vez reelegida la candidata, cosa que es muy dudoso que haya sido mérito de ellos, ya que iba a suceder de todos modos, se instalaron a través de todo el Gobierno en puestos clave, dejando el sobrante para los partidos formales. Esto último es lo que los dejó molestos y ahora algunos pasan la cuenta. Pero tienen una culpa: no denunciaron la situación en su momento, porque en el afán de retornar al poder como fuera, vieron en la hoy Presidente la única alternativa, con lo que aceptaron las reglas del juego. Que era la única alternativa lo decían ellos mismos, un mito que alguien instaló en la Nueva Mayoría y que tempranamente anuló la posibilidad de explorar cualquier otra opción. Que ella fuera carta segura, no era sinónimo que otro no pudiera.

En democracia los partidos juegan un rol insustituible para canalizar las ideas y generar candidatos para que las representen y ejerzan el poder. Con todos los defectos que puedan tener, son “lo que hay” y lo que debe haber. Habrá que reformar su funcionamiento y mejorarlos, pero no es alternativa válida que surjan grupos que operen en la oscuridad para hacerse del poder. Así es como surgen caudillismos y populismos que terminan sepultando la democracia. La moraleja es que las elecciones no se pueden ganar como sea.

Confianza e inversión,

por Guillermo Larraín.

El Banco Central resaltó la importancia de la confianza para sostener la inversión. Por su naturaleza extraeconómica, no ahondó en qué entendía por shock “autónomo” a la confianza, lo que dio pie a lecturas superficiales.

El debate en la prensa se refiere a las reformas y su impacto en la inversión.

Esto lo analicé en Revista Mensaje de diciembre. Algunos empresarios y parte de la Nueva Mayoría no entienden bien hacia adónde transita el país. Los primeros creen que no tienen cabida; los segundos, que es cuestión de hacer exigibles derechos para que estos existan. El Gobierno no pretende excluir a nadie ni generar riqueza donde no la hay, pero hay confusión: es necesario darle al acto de Gobernar sentido pedagógico. Hacer bien las reformas y explicarlas claramente es crucial.

La crítica es que hay reformas mal hechas y su explicación deficiente. Esto resulta cómodo a muchos, porque permite esquivar responsabilidades, culpar al Gobierno y poner la presión en los Ministros Burgos y Valdés. Pero hay al menos dos otras fuentes de desconfianza que afectan el crecimiento.

La primera, en la perspectiva empresarial, es la carencia de ideas en la derecha. Frente a las reformas, los inversionistas podrían ver una oposición con alternativas que morigeren las oficiales o auguren la posibilidad de alternancia en el poder. Dichas propuestas no existen. La derecha está sumida en un vacío de contenidos, sólo matizado por un debate entre intelectuales jóvenes que no se sabe si convencerán a sus líderes políticos. Con una derecha sin ideas y escasa capacidad de constituirse en oposición efectiva, el empresariado se siente, erradamente, al descampado. Es errado, porque su actividad es importante socialmente hablando.

La segunda, es la crisis de financiamiento de la política y la influencia indebida de intereses económicos. Tanto la Alianza como la Nueva Mayoría tienen bajo apoyo ciudadano. La acusada es la clase política que dio Gobernabilidad al país y son las instituciones políticas las desacreditadas. Dada la naturaleza del caso, el empresariado no puede desentenderse del problema que, al menos algunos de sus miembros, han contribuido a crear porque de paso también los afecta a ellos.

En un debate honesto, la conclusión debe ser que el país pasa por un momento que requiere que los actores colaboren bajo un principio orientador común, pero que haga sentido al ciudadano. La derecha no lo tiene, el Gobierno sí: el fortalecimiento de lo público que, bien entendido, da espacios a todos para que desarrollen sus proyectos de vida.

Según el Central, la menor inversión se explica fundamentalmente por dos elementos: el ajuste minero y el entorno externo. El tercero —confianza— tiene al menos tres causas, no una —las reformas— como algunos dicen. Lo peor que podrían hacer los empresarios es restarse de hacer lo que saben: invertir.

La Constitución y las confianzas.

La recuperación de la confianza salta a la vista como un desafío ineludible para las autoridades en el actual clima de incertidumbre y desaprobación a la gestión Gubernamental. Ese pareció ser el principal objetivo implícito en el discurso de la Mandatario del 21 de mayo pasado, cargado de promesas con beneficios tangibles y de corto plazo para la población, lo que produjo un efecto positivo, neutralizado posteriormente por la discusión acerca de la llamada precampaña.

Desde esta lógica puede entenderse también el anuncio acerca del comienzo del proceso constituyente, que fue inicialmente hecho en conjunto con la agenda de probidad y transparencia -relegándola a un lamentable segundo plano- y en el que se ha seguido insistiendo en diversas instancias. Y es que el Gobierno parece operar bajo el supuesto de que el reemplazo de la actual Constitución es un anhelo de una parte importante de la población y que el llevar adelante esta promesa de campaña servirá para recuperar parte de la confianza perdida.

Muchos no opinan lo mismo, entre ellos los empresarios, y así lo hicieron saber algunos miembros del Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio luego de una distendida conversación que sostuvieron con los Ministros del Interior y de Hacienda, quienes reafirmaron la agenda Constitucional. Para ellos, esta señal tiende a profundizar la desconfianza, en especial porque, a su juicio, un proceso de este tipo puede desembocar en un debilitamiento del derecho de propiedad, piedra angular para el funcionamiento del libre mercado.

¿Tiene razón el Gobierno al pensar que una nueva Constitución puede ayudar a reconstruir confianzas, pese a la oposición de los empresarios y de otros sectores? Tal vez las encuestas le muestran que sí. Pero una cosa es evaluar la opinión de la gente frente a una aspiración abstracta de cuyos detalles concretos poco se sabe, y otra es evaluar la opinión que podrá irse formando esa misma gente una vez que la discusión vaya haciéndose cargo de las definiciones más precisas. Es esperable, como ha ocurrido con las reformas tributaria, educacional y laboral, que la opinión se vuelva en contra, reforzando el clima de desconfianza, lo contrario de lo que el Gobierno busca.

En este caso, además, la situación puede resultar especialmente grave, porque es muy difícil que el Gobierno, con su bajo nivel de aprobación, tenga la fuerza para contener la demanda que cada grupo de presión ejercerá para incorporar en el texto constitucional todo tipo de derechos sociales, que la realidad hará imposible satisfacer.

La otra Copa América.

En tan sólo 3 días llegarán 70 mil extranjeros a presenciar los partidos de la Copa América. Es por esto que Chile estará durante estas próximas 3 semanas en la mira de todo el mundo. Los escándalos de corrupción que últimamente ha sufrido la FIFA han recordado que, a pesar de la famosa frase de Vujadin Boskov, el fútbol no es sólo fútbol. Más allá del deporte, se juega en la cancha mucho poder económico y político.

En este sentido, el país ha tomado algunas precauciones bastante severas. Es el caso de la prohibición de ingreso de miembros peligrosos de barras bravas de otros países, siendo el más perjudicado Argentina. Más allá del debate que pueda surgir por la vulneración de derechos individuales respecto de esta medida, el severo control de admisión es una clara señal de prevención contra la delincuencia y los desórdenes, como una medida de fortaleza institucional, para el resto de Latinoamérica.

Quizás lo más visible es el estado de los estadios que participarán de la Copa. Todos están listos para recibir a los jugadores, pero hay incertidumbre de cómo responderá el Monumental. Este estadio no formaba parte de la planificación original de la Copa América. Sin embargo, por el atraso de la entrega del Ester Roa de Concepción, se incluyó dentro de la nómina. Es preciso poner especial atención a las políticas de prevención y seguridad en el Monumental, pues, recordemos, es un estadio privado (pertenece a Colo Colo) y en el pasado ha sido escenario de grandes incidentes.

En un trabajo conjunto, la PDI, la Subsecretaría de Prevención del Delito y Estadio Seguro han desarrollado campañas preventivas dirigidas a los turistas que asistan a los partidos de la Copa América, con el fin de informar acerca del funcionamiento de protocolos y autoridades de seguridad, con el fin de evitar incidentes y disturbios.

La Copa América llega a Chile en un momento difícil para nuestra política. Los casos de financiamiento que han afectado a nuestras autoridades podrán ser exportados fácilmente a la opinión pública de los países que tendrán a Chile en la mira, por otros motivos. El país debe tomar esta vitrina como una oportunidad para demostrar la fortaleza de nuestras instituciones, sobre todo de Carabineros, para demostrar transparencia y solvencia al extranjero. Es tiempo de evaluar, por ejemplo, cómo se ve en el exterior que un Ministro renuncie a pocas semanas de haber asumido, por haber salido a la luz un caso de conflicto de intereses que lo involucra. Para otros países de Latinoamérica, donde la corrupción está instalada, quizás sea un acto consecuente. Pero hay que poner la vara más alta. Todos queremos que Chile gane en el fútbol, pero también preocupémonos por ganar este otro partido, que se juega detrás de la Copa América.

Tomas y daños en liceos públicos.

En los últimos días se ha observado, en el contexto del rechazo del Colegio de Profesores al proyecto de carrera docente, un recrudecimiento de las tomas en liceos. Ellas no exhiben la masividad de otras ocasiones, lo que sugiere que la movilización del gremio docente no parece tener el respaldo alcanzado en otras ocasiones. Hay indudablemente un distanciamiento de la población de estos sucesos y, al mismo tiempo, un creciente rechazo a la idea de que los proyectos deben discutirse fuera del Congreso, como sugieren algunos gremios y movimientos sociales.

A pesar de la menor intensidad de estos hechos, en algunos planteles, particularmente en el Liceo Darío Salas, se han observado conductas inaceptables que deben ser perseguidas con el rigor que permitan las normas escolares y legales. En dicho liceo se causaron daños que en una primera estimación sumaron 65 millones de pesos. Una parte relevante de estos se concentra en el robo de 32 computadores que habían sido financiados con la subvención escolar preferencial, un aporte adicional a la subvención general que reciben los estudiantes más vulnerables.

No es primera vez que se observan estos comportamientos en liceos en toma, y siempre se anuncian querellas e investigaciones que no parecen llegar a término o perseguirse con el ahínco requerido. Así, las conductas se reiteran y las consecuencias son finalmente pagadas por todos los chilenos. Las direcciones de educación Municipal y los propios liceos no han mostrado capacidad para trabajar con sus comunidades educativas para minimizar la ocurrencia de estos hechos y perseguirlos en la justicia, de ser necesario, aun cuando deberían ser los primeros interesados en lograrlo.

Aquí también hay un papel para el Ministerio de Educación. A través de las acciones orientadas a la comunidad escolar, deberían promoverse espacios de reflexión que reduzcan los riesgos de destrozos en los liceos públicos e incluso eviten con más regularidad las tomas. Estas disminuyen el atractivo de la educación pública y atentan contra el derecho de educación. Este no puede quedar sujeto a objetivos de otra naturaleza, por más loables que sean.

En las democracias modernas estos fenómenos no ocurren, salvo esporádicamente y por tiempos muy precisos, porque no se confunden las libertades de expresión y de manifestación con actos que violentan el espacio en el que se desenvuelve el proceso educativo. La acción colectiva, por muy legítima que sea, no puede despojar a los docentes, estudiantes y a sus familias del lugar en que ocurre la formación ciudadana. Que estos daños e incluso las propias tomas pasen a percibirse como parte de la normalidad en toda acción de protesta y que el mundo político no los rechace con más vehemencia es una situación muy lamentable.

Rumbo equivocado para reactivar la economía.

El país se dio una institucionalidad económica para lograr el crecimiento, con gran éxito, descansando en la propiedad privada para movilizar recursos y capacidades en base a incentivos. Este Gobierno, sin embargo, está revisando profundamente tales fundamentos, con propósitos diferentes al crecimiento económico, con efectos devastadores sobre el ánimo de los inversionistas.

Primero fue la reforma tributaria, que eleva los impuestos hasta el 27% de las utilidades empresariales. Esto, por sí solo, detiene la inversión en muchos sectores donde las empresas tienen alternativas de proyectos a desarrollar en otros países. Esta sola reforma determinará una caída muy significativa en el crecimiento durante los años que restan a este Gobierno.

Luego, comenzó la discusión de una reforma laboral que permite a los trabajadores la paralización de las empresas, al eliminar la posibilidad de reemplazar trabajadores en huelga. Para las empresas más intensivas en el uso de mano de obra -las grandes empleadoras en el país- el impacto de esta reforma va a ser varias veces superior al de la reforma tributaria, por lo que se ha activado un nuevo freno a la inversión y al crecimiento.

Con estas dos reformas el país queda encaminado a un pobre desempeño económico durante un largo período de ajuste del stock de capital hacia la menor intensidad requerida para volver a atraer inversiones. Pero el escenario se ha agravado, sin embargo, como consecuencia de que las autoridades económicas del país estén ahora sosteniendo, derechamente, su interés en impulsar una reforma Constitucional que subordine la protección y el respeto que hoy se otorga a la propiedad privada a objetivos que, supuestamente, en el futuro serán definidos por la Legislación en la medida que estos surjan. Esto debilita gravemente los incentivos para invertir. Y a diferencia de las otras dos reformas, lo hará en forma permanente, con un gran costo en términos de bienestar para los chilenos.

Es en este agravado ambiente de profundos desincentivos a la inversión privada que las autoridades declaran estar trabajando para restablecer la confianza empresarial. Es un reconocimiento frente a la evidencia de una grave caída de la inversión durante 2014 -y que según las proyecciones recientes del Banco Central sólo se recuperaría en 0,7% durante este año- y de que el problema deriva de los impedimentos a la inversión creados por la conducción económica del Gobierno. Pero tales declaraciones no van a tener efecto si, en vez de ser acompañadas por una intención creíble de corrección de las verdaderas causas del problema, ocurren junto a la difusión del ánimo oficial de debilitar la protección Constitucional a la propiedad privada, y a la desproporcionada presentación de un largo listado de iniciativas -algunas tan menores como una bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas y otras que no incentivan la inversión- como el camino a la reactivación que demanda el país.

Las expectativas eran de un crecimiento de Imacec muy bajo en abril (centradas en sólo 2% en doce meses, según el Banco Central). La realidad fue inferior -sólo 1,7%- influida por los aluviones en el norte, según el Ministro de Hacienda.

La Constitución y ¿la calle?

Un grupo de Parlamentarios, encabezados por Rodrigo González (PPD), presentaron el proyecto de reforma Constitucional llamado “el derecho a manifestarse libremente en los espacios de uso público” y establece que “la regulación de su ejercicio debe ser materia de Ley”. Según sus patrocinantes, la Legislación que se dicte fruto de esta reforma debería consagrar como principio esencial su superioridad respecto a otros derechos de supuesta menor jerarquía, como los derechos a la libre circulación por los bienes nacionales de uso público y donde se excluya la autorización previa por parte de la autoridad administrativa.

Una reforma de esta naturaleza resulta un completo despropósito, y su finalidad parece ser conseguir un mero efecto propagandístico, lo que no prestigia la labor del Congreso. Como resulta obvio para cualquier observador, el derecho a la manifestación ha sido profusamente ejercido por la ciudadanía, especialmente en los últimos años. Tanto es así que muchos dirigentes se ufanan de haberse “tomado la calle”, por lo que difícilmente podría sostenerse que el actual ordenamiento ha impedido la manifestación social, y por lo mismo una Ley que la consagre es innecesaria.

Pretender que una Legislación de este tipo prevalezca sobre otros derechos sería desconocer la esencia del propio ordenamiento Constitucional, que impide la superioridad de unos derechos por sobre otros, pues se entiende que estos deben ser ejercidos en armonía. La potestad de las autoridades no debería debilitarse más de lo que ya está. El propio Intendente reconoció que autorizó la marcha nocturna, porque, de no hacerlo, los manifestantes se habrían movilizado igual. Ello deja de manifiesto que la autorización previa tiene poco valor, y la ciudadanía debe ser consciente de que la falta de control derivaría en situaciones caóticas.

Cabría esperar que una propuesta tan desafortunada no sea el anticipo del tipo de reformas que pretende introducir el proceso constituyente anunciado por el Gobierno.

Pueblos bien informados
 difícilmente son engañados.