Temas importantes del momento....

Chile defendió, con fuerza y argumentos jurídicos, su posición de que la Corte

Internacional de Justicia de La Haya no tiene competencia en la demanda

boliviana utilizando el tratado de 1904 y el de Bogotá del año 1948, que excluye

la revisión de los tratados vigentes antes de esa fecha.

La ciudadanía no le cree al Ministro Peñailillo cuando afirma que las boletas

entregadas a Martelli son por servicios profesionales prestados, el 61%

cree que fueron para financiar campañas políticas de la nueva pillería.

¿Podemos creer en los anuncios?,

por Sergio Melnick.

Después de casi tres meses del estallido del caso Caval, que desplomó el apoyo a la Presidenta y al gobierno, Bachelet hace anuncios públicos. La pregunta que surge de inmediato es si le podemos creer.

Veamos algunas de las medidas más destacadas. La idea de fortalecer y modernizar la Alta Dirección Pública es difícil de creer, ya que ella misma despidió al 50% de los funcionarios así nominados. Es evidente que no cree en esa medida, porque si de verdad lo creyese la implementaría respetando la actual normativa.

La limitación de la reelección de cargos públicos es conceptualmente compleja. ¿Por qué debiera limitarse la voluntad popular? Más aún, los ajustes al cambio del sistema binominal que Bachelet está implementando son justamente para poder reelegir a los incumbentes, y para eso se violó flagrantemente la idea básica de proporcionalidad. Lo inteligente es hacer medidas reales para que hayan más candidatos y competencia y que la ciudadanía elija libremente.

La eliminación de los aportes reservados por encima de UF20 es pura ficción. Es equivalente al mismo principio tradicional de la izquierda de tratar de fijar los precios, una política que nunca es capaz de ganar a la naturaleza humana. La naturaleza humana siempre sigue su curso, pero cuando la regulación es absurda, lo hará de la peor manera, en forma oscura; es decir, se abren los mercados negros. Más aún, nunca una campaña y pre campaña presidencial costó tanto como la última de Bachelet, algo que la Presidenta se ha negado a transparentar, pero que emerge a borbotones.

La política de fortalecer el poder fiscalizador de los reguladores del mercado es una política permanente que se hace, no se anuncia. En este tema, todos estamos de acuerdo que se requieren buenas regulaciones y sobre todo autónomas del gobierno de turno. No se necesita una crisis para avanzar en esta dirección, sólo principios, que después de un gobierno entero y 13 meses de nuevo gobierno es claro que no existen. ¿No será que estamos en la crisis por no haber hecho este trabajo a tiempo? En este tema, la mantención del director de Impuestos Internos, públicamente cuestionado, y directamente involucrado, indica que Bachelet no tiene en realidad el ánimo de avanzar en ese sentido.

La propuesta de ampliar las obligaciones y alcances de las declaraciones de interés es casi de perogruyo. Lo interesante es que ella misma no permitió que su hijo lo hiciera cuando fue nombrado en un alto cargo en La Moneda, a pesar de la presión pública. Se refugió para ello en un resquicio legal más que basarse en la ética de la transparencia. Entonces, ¿realmente cree en ello? La respuesta es obvia.

Es casi para la risa la propuesta de limitar las contrataciones de familiares, que es uno de los pecados más denunciados de su propia gestión. Entonces, ¿realmente cree en ello? El reinscribir a todos los militantes de los partidos es un absurdo.

La idea de endurecer las penas y sanciones, tanto en el sector público como en el privado, es necesaria, pero se obvía lo esencial: la ética y la probidad como pilar esencial del trabajo público.

Finalmente, está la propuesta de iniciar un “proceso constitucional” en seis meses más, algo que nadie ha entendido, que es vago, suena a improvisación y anuncio para la galería. Lo más serio de este asunto es que no tiene sentido hacer todas las propuestas anteriores si se pretende cambiar la Constitución. Es una contradicción elemental, propia de todas las improvisaciones que han ocurrido hasta aquí en su gobierno y que hoy tienen amplio rechazo de la población.

En suma, los anuncios son tardíos, son meras intenciones y titulares, y sin enfrentar los problemas propios de su gestión como el director de Impuestos Internos, el caso del recaudador oficial de sus campañas, las boletas del ministro del Interior, la enorme cantidad de parientes contratados, y la transparencia de su propia campaña. El problema real se evadió, el pronóstico es malo.

Confesiones de un envidioso,

por Joaquín García Huidobro.

Debo confesar que envidio a la izquierda. Al menos cuenta con un partido, el Socialista, capaz de presentar políticos de primera categoría en la disputa por su presidencia. Envidio su capacidad de resolver los problemas apretando el acelerador. Ayer, todos hablábamos de la crisis del Gobierno, de las falencias de la Presidenta y de la necesidad de cambiar el gabinete. Hoy, aunque no ha resuelto ninguno de los graves problemas que aquejan al país, ha conseguido, por arte de magia, desviar nuestra atención. Ya no hablamos de otra cosa que del "proceso constituyente". Esta estrategia (salir de un problema provocando otro) seguramente la aprendió Bachelet de la Sra. K.

Admiro el cariño con que la izquierda trata a sus bases más duras. Ellas son, en definitiva, las únicas con las que uno puede contar a la hora de revertir una situación adversa como la que ha vivido la coalición gobernante en el último tiempo. En la elección socialista, Escalona perdió porque parecía menos de izquierda, porque se sospechaba que no estaba tan de acuerdo como su rival con todas las políticas del Gobierno. Cualquiera pensaría que eso es una ventaja, en un momento en que las encuestas dicen que ni la reforma laboral ni la educacional gozan de especial popularidad. Pero ni siquiera Escalona lo ve así, y hoy dice que fue malentendido.

En el fondo, la izquierda les habla a sus bases con el lenguaje que ellas quieren oír, no se disfraza con otro color político. El régimen anterior, en cambio, maltrató sistemáticamente a su propia gente. Por ganar el corazón de los neutrales, descuidó el tratar con afecto a los propios. Por eso, aunque los números hablen a su favor, hoy no tiene a nadie que defienda a muerte su legado, ni hay una base bien organizada a partir de la cual sea posible armar una buena campaña electoral.

Envidio la disciplina de la izquierda. La Presidenta dice que, de haber un cambio de gabinete, no entrará nadie que no esté firmemente convencido de las reformas que está llevando a cabo. Acto seguido, José Miguel Insulza declara que está de acuerdo con el programa, con las reformas y con todo lo que se ha hecho. Ni Peñailillo haría una declaración tan complaciente. Uno podría pensar que su estancia en Washington lo desconectó de la realidad nacional, impidiéndole percibir falencias que son realmente graves. Pero no es eso, sino simplemente disciplina, que es lo primero que cabe esperar de un eventual ministro del Interior.

Celebro la persistencia de la izquierda, que le permite ir más allá de lo que dicen las matemáticas. Los números no calzan para financiar la reforma de la educación escolar, la gratuidad universal universitaria y todo el resto de sus promesas, pero eso no es un problema para ella, que continúa su marcha, inexorable. Ya se verá más adelante cómo se arregla la carga y a quién se responsabiliza de los males futuros. Siempre les podrá echar la culpa a los empresarios, a Piñera o a los poderes fácticos para salir indemne de los males que provoca.

Me asombra su facilidad para presentar lo viejo como nuevo. El 26 de noviembre de 2006, el titular de los diarios decía: "Bachelet lanza ambicioso plan de medidas contra la corrupción". Han pasado nueve años, y vuelve a levantar una idea que no había aplicado.

Me sorprende la habilidad de la izquierda para mantener controlados a sus aliados. Meses atrás la DC se mostraba díscola y reivindicaba un camino propio. Las encuestas ciudadanas confirmaban ese talante crítico de su directiva, mostrando que la gente no gusta de posiciones extremas. Hoy, la Democracia Cristiana parece haber sido domesticada, y figura en la prensa más por ciertos escándalos que por el hecho de tener vuelo propio.

Me impresiona su capacidad de reordenar las propias filas. Hace un mes, la Nueva Mayoría era un caos. Bastó un golpe de timón para que hoy aparezca como un ejército en orden de batalla.

Envidio a la izquierda, pero solo hasta cierto punto. Se puede aprender mucho de ella, pero confieso que me descorazona su modo de gobernar, donde el manejo de la imagen y el gusto por el poder ocupan el lugar de la verdadera política. Prefiero un poco menos de disciplina, pero más espontaneidad; quizá menos relato, pero un poco más de trabajo.

Envidio la capacidad de la izquierda de resolver los problemas apretando el acelerador. Ayer, todos hablábamos de la crisis del Gobierno. Hoy ha conseguido, por arte de magia, desviar nuestra atención. La estrategia de salir de un problema provocando otro seguramente la aprendió Bachelet de la Sra. K.

Distraer y aprovechar,

Axel Buchheister.

LUEGO DE recibir el informe de la Comisión Engel, la Presidenta se encerró a estudiarlo y luego, por cadena nacional, hizo su gran anuncio: habrá un “proceso constituyente”, medida que la comisión no propuso.

El oficialismo, acosado por los casos Caval y boletas SQM, tenía que hacer algo: tomar medidas de fondo o distraer. Fiel a su trayectoria, distrajo. Que el anuncio del proceso constituyente es una distracción, no puede caber duda. De partida no está claro en qué consiste, pero logró el objetivo de reabrir el debate si habrá asamblea constituyente o no; hay quienes interpretan que dicho proceso remata en ella y otros que significa que es darla por muerta. En qué consiste se definiría en septiembre, por lo que tendremos un edificante debate hasta esa época sobre la situación vital de la “AC”. Pura distracción.

Pero tampoco se hará la luz en septiembre, pues se trata sólo un debate previo. Un precalentamiento, porque entonces se iniciará un proceso abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la nueva carta fundamental. Otra distracción, porque los ideólogos de la nueva Constitución y la asamblea constituyente saben muy bien que no existe ninguna en el mundo que haya sido discutida y redactada por el pueblo. Siempre ha sido un grupo de élite, que se pone de acuerdo y luego se arma alguna forma de ratificación para ganar la adhesión del pueblo. En suma, esos ideólogos convocan a la asamblea como un pretexto para que la Constitución diga lo que ellos quieren.

¿Y la compra de terrenos poco clara y las boletas ideológicamente falsas? Bueno, por cierto que la nueva Constitución las tendría que prohibir, pero ciertamente que algún provecho se le puede sacar al informe. Así, hay que prohibir que las empresas aporten dinero a la política, ya que aunque les daban a todos y son afectadas por las decisiones políticas que se toman, lo que les otorga derecho a influir, en el oficialismo sospechan que le dan más a la derecha. Aprensión que es razonable, porque en ésta creen en las empresas y ellos en el Estado. Entonces hay que privilegiar el financiamiento estatal y darle un carácter monopólico.

Y también disminuir el gasto de las campañas, aunque los distritos ahora serán más grandes y en teoría se requerirá más plata. Si incluso con los actuales no alcanza, tanto que hubo que recurrir a las mentadas boletas. Cierto, pero es que así se asegura a los que ya están, porque con menos posibilidad de gastar plata los desafiantes no tienen ninguna oportunidad, frente a parlamentarios que con fondos públicos tienen asignaciones para gastos de oficinas distritales y asesorías comunicacionales, y se la pasan el período completo teniendo presencia pública y figuración “gratis”.

Si los chilenos (o sea, usted, yo, todos) enganchan y se dedican a discutir sobre la nueva Constitución, antes que exigir que se aclaren las boletas y compras de terrenos, entonces es que tendrán el gobierno, los parlamentarios y la Constitución que se merecen.

Cortinas de humo,

Juan Andrés Fontaine.

Se esperaba que, con el Informe Engel en la mano, la Presidenta diera a conocer medidas convincentes para superar la crisis de confianza que nos ha azotado. En lugar de ello, y como si el Calbuco no hubiese emitido ya bastante humo y cenizas, su discurso más bien ha tendido cortinas de humo sobre los escándalos políticos. Habrá quienes celebren la audacia de la jugada política, pero en mi opinión ella pondría a Chile en una situación de alerta roja.

"No podemos tolerar" -ha sentenciado la Presidenta- que la democracia y la política "sean capturadas por el poder del dinero", dando a entender así -convenientemente- que las faltas denunciadas no habrían sido responsabilidad de los políticos involucrados, sino de los empresarios que financiaron sus campañas. Aunque la sospecha pueda ser explicable, hasta ahora no hay mayores evidencias que los receptores de los cuestionados aportes hayan servido los intereses particulares de sus donantes. Al avalar esa hipótesis, la Presidenta se suma a una campaña orquestada desde la izquierda que cuestiona la legitimidad del sistema económico y político imperante.

Coherente con ello es el distractor anuncio de un "proceso constituyente" para una nueva Carta Fundamental, "plenamente democrática y ciudadana". Propiciar un debate constructivo sobre cómo mejorar nuestro ordenamiento constitucional puede ser muy positivo. Pero, promoverlo desde el Gobierno puede servir para avivar toda suerte de presiones sobre el Congreso, el que hoy detenta el poder constituyente. Las consecuencias políticas son difíciles de prever pero no así las económicas: dejar en compás de espera las nuevas inversiones y los nuevos puestos de trabajo que Chile necesita.

La Comisión Engel ha propuesto sensatas ideas para fortalecer la probidad del servicio público, que la Presidenta hace suyas. Pero, en lo que creo un retroceso, la Mandataria se ha inclinado por abolir los aportes reservados a las campañas, prohibir las contribuciones de las empresas y hacer que sea "el Estado el que financie el trabajo de los partidos", materias que no reunieron consenso en la comisión. Extinguir las donaciones de los particulares y estatizar el financiamiento de la política limitará seriamente la competencia y la renovación de sus líderes.

Estimo que el camino para reconstruir la confianza ciudadana es otro. Exige por parte de todos los actores políticos una voluntad real de dejar trabajar a la justicia y su decisión personal de transparentar la verdad. Gestos como asumir las faltas cometidas, divulgar la contabilidad de los partidos y dar a conocer las rentas declaradas ante Impuestos Internos por los involucrados, ayudarían mucho más que los cambios legales o constitucionales propuestos. Cuando es la honestidad de diversos políticos la que está cuestionada, las maniobras distractoras y las cortinas de humo no pueden hacer ningún bien.

El huracán del acuerdo Transpacífico,

por Andrés Oppenheimer.

Cuando el Presidente Barack Obama y el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, se reunieron la semana pasada en Washington para negociar la creación de un megabloque comercial de la Cuenca del Pacífico, la mayoría de los países latinoamericanos no le prestaron ninguna atención a la noticia. Sin embargo, deberían estar siguiendo esto muy de cerca, porque podría ser un huracán comercial que sacudirá a todas las economías de la región.

El planeado Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) comenzaría con 12 países, incluyendo algunas de las mayores economías del mundo, y trataría de contrabalancear el creciente poderío económico de China. Si se materializa, será el acuerdo comercial, regulatorio y de inversiones más grande del mundo.

Además de los Estados Unidos y Japón, las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico incluyen a Taiwán, Singapur, Australia, Canadá, México, Perú y Chile. El acuerdo podría ayudar a algunos países de América Latina -en particular a México- , pero podría dejar a Brasil, Argentina y Venezuela aún más aislados de la economía global.

La reunión entre Obama y Abe en la Casa Blanca fue descrita por funcionarios estadounidenses como fundamental para desbloquear las disputas entre los dos países sobre automóviles y cuestiones agrícolas que habían estancado las negociaciones para el TPP, iniciadas hace tres años. Japón, la tercera economía más grande del mundo, es una pieza clave del acuerdo.

Una declaración conjunta al final de la reunión señaló que los dos presidentes hicieron "progresos significativos" en las negociaciones. Obama está tratando de obtener la autorización del Congreso de Estados Unidos para firmar el acuerdo de comercio por la "vía rápida", sin enmiendas legislativas posteriores.

Los economistas tienden a coincidir en que en América Latina, México estaría entre los más beneficiados por este acuerdo. México está muy integrado a la economía de Estados Unidos, y las fábricas mexicanas que producen piezas automotrices y otros componentes para multinacionales estadounidenses se beneficiarían de mayores exportaciones de Estados Unidos a Asia.

Pero Chile y Perú, los otros dos países latinoamericanos que participan en las negociaciones, no se verían tan beneficiados. Chile ya tiene acuerdos comerciales con todos los países miembros del propuesto acuerdo transpacífico, y se enfrentaría a la nueva competencia de Vietnam y otros países asiáticos para sus exportaciones de alimentos y verduras al mercado estadounidense.

Pero los mayores perdedores serían Brasil, Argentina, Venezuela y otros países que han vivido principalmente de sus exportaciones de materias primas, y que necesitan diversificar sus exportaciones y abrir nuevos mercados para crecer a largo plazo. Si no se integran a alguno de los grandes megabloques comerciales que se están gestionando en Europa y Asia, se quedarán fuera de juego.

"Los países de América Latina que queden fuera de estos megabloques comerciales tendrán más dificultades para acceder a los mercados más grandes del mundo", dice Osvaldo Rosales, jefe del departamento de Comercio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL) de las Naciones Unidas. "Van a tener desventajas arancelarias y regulatorias".

Los países de América Central, que ya tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, están preocupados de que el proyectado acuerdo transpacífico los ponga en desventaja con Vietnam, que podría exportar productos textiles, café, plátanos y piñas a precios más baratos al mercado estadounidense.

El Presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, me dijo en una entrevista que los presidentes centroamericanos ya han estado hablando entre sí acerca de la necesidad de obtener más información sobre el acuerdo transpacífico. Las negociaciones se están llevando a cabo con un "rígido secretismo", se quejó.

"Hay que preparase, porque somos países pequeños, con economías débiles, con poblaciones escasas, y frente a estos grandes procesos de cambio internacional, tenemos que estar permanentemente dispuestos a asumir esos retos con mucha rapidez", me dijo Solís.

Mi opinión: Estoy de acuerdo. Los países latinoamericanos, que juntos representan apenas el 8 por ciento del comercio mundial, corren el riesgo de convertirse en una porción aún menor del pastel del comercio mundial si no se integran a uno o más de los bloques mayores.

Muy pronto, el mundo podría estar dividido en tres megabloques comerciales: el acuerdo transpacífico, el acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y la Unión Europea (conocido como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversiones), y el acuerdo transasiático entre China, India y Japón para crear una Asociación Económica Regional Integral en Asia.

Algunos países de América Latina -México, Chile y Perú- ya participan en el acuerdo transpacífico. En cuanto a Brasil, Argentina, Venezuela y otros, podrían terminar aún más aislados de los mercados más grandes del mundo si se siguen quedando dormidos.

La Araucanía a la espera.

La multigremial de La Araucanía ha entregado las cifras de las acciones de violencia ocurridas durante el primer trimestre de este año, advirtiendo un crecimiento importante de ellas en comparación con el año anterior.

La entidad que agrupa a ocho organizaciones productivas de Cautín informa sobre 83 hechos violentos acaecidos en el marco del conflicto mapuche en varias oportunidades, incluidos enfrentamientos entre grupos violentistas y agricultores.

Así lo ha denunciado el Presidente de la SOFO, Marcelo Zirotti, señalando que el 57% de los episodios violentos han afectado a agricultores y sus propiedades, que han sido víctimas de incendios, tomas y usurpaciones.

Respecto de estas últimas, los dirigentes señalan que observan con preocupación el lento reaccionar de carabineros frente a hechos que son en sí violentos y delitos flagrantes, como es la ocupación y usurpación.

Ante ello, responde el mando policial que para actuar debe ser solicitado el desalojo y contar con la autorización correspondiente de la fiscalía, para poder organizar los operativos con la seguridad indispensable para ellos mismos y los autores de estos ilícitos.

Para otros, el ambiente de amedrentamiento a la propia fuerza policial les hace permanecer de manos atadas. Esa pasividad debiera ser enmendada prontamente por la propia autoridad de la Región.

El Barómetro que entrega la multigremial señala que los incendios conforman la mayor cantidad de denuncias, con 46 hechos de los 83 del trimestre. Afectan especialmente a bosques, plantaciones agrícolas, maquinaria y camiones. Es posible que esta cifra sea mucho mayor por la ocurrencia diaria de estos desmanes, que los afectados ni siquiera se motivan a denunciar.

Las comunas más afectadas son Ercilla, Collipulli, Freire, Angol, Padre las Casas y Temuco, aunque en los delitos de usurpación hay que considerar también a Loncoche y Corbea. En cuanto a los cortes de carreteras y manifestaciones de comunidades que reclaman compensaciones por el nuevo aeropuerto, Freire resulta ser la comuna más violentada.

Los dirigentes de los camioneros reclaman con dureza que hasta ahora todo es palabrería y que ellos pagan las consecuencias de un problema que hace tiempo debiera tener soluciones claras y concisas por parte del Gobierno.

Debate sobre educación cívica.

La transversal desconfianza, la baja valoración de las instituciones públicas y el desconocimiento de nuestra organización política, por parte de la ciudadanía, han levantado voces de alarma respecto de la necesidad de reforzar la formación escolar de los jóvenes en aspectos relativos a la convivencia social. Respondiendo a esta inquietud, la Presidenta incluyó, entre las medidas de reforzamiento de la probidad y la transparencia, iniciativas para fortalecer la formación cívica, tanto en la etapa escolar como en la educación superior, lo que parece de compleja aplicabilidad.

Si bien la preocupación no es nueva, pues ya en 2009 el entonces ministro de Educación Sergio Bitar formó una comisión de expertos para evaluar las carencias existentes en esta materia, proponiendo un nuevo diseño de los contenidos hasta ahora incorporados en las asignaturas de Historia y Ciencias Sociales, se recomendaba agregar al currículo un curso de educación cívica similar al que figuraba en los programas escolares de la década del noventa, pero con una mirada actualizada y que respondiera a los requerimientos actuales. El anuncio de la autoridad podría ir en esta dirección.

El diseño curricular vigente establece que dichas materias deben estar presentes en diversas etapas e instancias de la formación educativa y, para tales efectos, se revisaron y modificaron los contenidos curriculares de básica y media. Actualmente se realiza la revisión de los programas de los dos últimos cursos de la etapa escolar. Asimismo, el Ministerio de Educación ha anunciado un plan de formación ciudadana que involucre a docentes y directivos con el objetivo de que el estudiante se forme transversalmente en los aspectos relativos a la sociedad civil y su organización.

Independientemente de dónde incluir estos contenidos -si de manera visible a través de un curso específico o mediante unidades incluidas en diversas asignaturas-, parece haber coincidencia sobre la necesidad de reforzar la enseñanza de aquellos valores republicanos que contribuyen a la cohesión social.

La revisión del sistema educativo brinda la oportunidad de redoblar los esfuerzos hacia una formación cívica ética orientada a la sana convivencia social, pero también requiere de un involucramiento de los propios padres y profesores, de manera de formar, desde la infancia, en lo que se denomina "buenos modales", como el respeto al otro, al adulto mayor, a la autoridad y a las instituciones y normas que la propia sociedad se ha dado. Solo la sanción social impedirá que un automovilista se estacione en un lugar reservado para discapacitados sin serlo o que no se respete la fila, entre muchas otras acciones que, si bien no son delito, debilitan y tensionan el entramado social.

Inesperado e innecesario debate constitucional.

LA PRESIDENTA de la República ha aprovechado lo que el mismo gobierno calificó como un conjunto de “medidas para prevenir la corrupción, regular los conflictos de interés, el financiamiento de la política y restablecer la confianza en los mercados”, para insistir sobre una de sus más repetidas consignas de campaña: la elaboración de una nueva Constitución.

El anuncio sorprende, no sólo porque no formó parte del informe de propuestas de la comisión sobre la cual se basan las medidas de probidad, sino porque tampoco se encontraba entre las prioridades del propio Ejecutivo. Prueba de lo anterior es que recién el fin de semana pasado se había efectuado un cónclave entre gobierno y partidos oficialistas para concordar la agenda legislativa, sin incluir la reforma constitucional en el paquete de prioridades.

No obstante, aunque no menos preocupante, dicha omisión resulta coherente con los caminos escogidos por la Presidencia para desarrollar el debate constitucional: “diálogos, consultas y cabildos” ciudadanos, según anunció la Mandataria. El Congreso, a la luz de sus palabras, ha quedado fuera de esta convocatoria, lo que contradice el propio ordenamiento nacional. Porque la representación ciudadana recae, precisamente, en las autoridades electas, tal como ocurre con la propia figura presidencial, y la Constitución determina con claridad los órganos competentes para el debate de eventuales reformas a la carta fundamental.

El privilegio que el discurso insinúa para los “diálogos, consultas y cabildos” ciudadanos representa también un duro golpe para los partidos políticos, porque -como establece la ley- constituyen el vehículo de organización ciudadana para influir en las decisiones políticas. Todo el resto de las agrupaciones que abogan por intereses específicos son bienvenidas, pero no cuentan con las atribuciones ni el perfil para arrogarse la representación popular.

La incorporación del debate constitucional en el marco de las medidas de probidad terminó, de paso, diluyendo la relevancia de las propuestas del consejo asesor presidencial y parece evidente que ni siquiera fue un asunto que se discutiera previamente con sus integrantes. No obstante, el anuncio aprovecha el hito de la entrega del informe de esta comisión para volver sobre este afán reformador, añadiendo incluso que las medidas planteadas por los consejeros adquieren “sentido de conjunto y contribuyen a delinear la idea de Estado, de la democracia y de los negocios que queremos construir” en la medida que se completan con “la redacción y aprobación de una nueva Constitución”.

Lo cierto es que en el actual escenario, marcado por la desconfianza ciudadana y un respaldo presidencial debilitado en las encuestas de opinión, este debate constitucional resulta tan forzado como riesgoso. Intentar recuperar el apoyo ciudadano mediante la modificación del pilar que ha sustentado el período democrático más significativo de la historia chilena, parece tan inadecuado como pretender imponer esta preocupación por encima de los verdaderos problemas que hoy afectan al país, comenzando por el debilitado crecimiento de la economía y del empleo.

No sirve, por lo mismo, recurrir al gastado argumento de las prioridades establecidas en el programa presidencial. La propia ciudadanía demostró el año pasado que el respaldo otorgado al gobierno en las urnas no constituye carta blanca ni tampoco un apego irrestricto a las consignas incluidas en su programa, como quedó demostrado con la movilización de muchos padres y apoderados que derivó en modificaciones sustanciales a la propuesta inicial de reforma educacional.

Las irregularidades en materia de financiamiento de campañas políticas y conflicto de intereses que han conmovido en los últimos meses a la opinión pública y que motivaron la creación de esta comisión, no guardan ninguna relación con el debate constitucional. Por el contrario, es precisamente el funcionamiento de las instituciones que la Carta Magna consigna lo que ha permitido que estos hechos sean conocidos y que hoy se encuentren en proceso de investigación, ya sea por parte del Ministerio Público o del Servicio de Impuestos Internos, según corresponda. De hecho, no son pocos los que han advertido en este debate un vehículo para desviar la atención ciudadana del resultado de estas investigaciones.

La Constitución vigente ha asegurado años de bonanza y estabilidad política y económica. Muchos de sus principios reflejaron demandas históricas de varios presidentes elegidos democráticamente en el pasado y, en su conjunto, constituye un esfuerzo de expertos constitucionales que difícilmente puede ser delegado a estos cabildos y debates ciudadanos. Asimismo, tras una serie de reformas que obligaron a la promulgación de una nueva carta refundida bajo la administración del ex Presidente Ricardo Lagos, su supuesta debilidad de origen quedó superada por los hechos.

Como consecuencia, frente al inesperado anuncio presidencial, corresponderá ahora al Congreso tomar nota de esta situación y evaluar los caminos que tomará una vez que otro poder del Estado, como es el Ejecutivo, organice y convoque a cabildos que minan su propia autoridad y que bien podrían alterar los cimientos de nuestra actual democracia.

Polémica sobre la pobreza en Argentina.

Un informe argentino, elaborado por técnicos que fueron apartados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), da cuenta de que un cuarto de los argentinos vive en la pobreza. Algunos informes de consultoras privadas son incluso más pesimistas: un trabajo de la consultora Ecolatina indicó que 2014 terminó con 27% de pobreza y otro de la Universidad Católica Argentina la sitúa entre 25,6 y 27,5%.

Los organismos oficiales trasandinos dejaron de publicar las estadísticas sobre pobreza a fines de 2013 por "problemas de empalme", según advirtió el entonces jefe de gabinete, Jorge Capitanich. En estos días el ocultamiento de la información ha sido refrendado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien afirmó que difundir esa información implicaría la "estigmatización" de esos ciudadanos y por el actual ministro coordinador, Aníbal Fernández, quien señaló que "el Estado no está para contar pobres".

Más allá de la controversia en torno a las cifras, lo que ellas reflejan es el fracaso del "modelo argentino" que ha significado décadas de decadencia. Así, mientras a principios del siglo XX esa nación era una de las más ricas del mundo -con un PBI per cápita superior al de Alemania, Francia o Italia-, la realidad actual es muy distinta.

En la década de los 40, el Presidente Juan Domingo Perón cerró la economía argentina al comercio con el resto del mundo e instauró el populismo como forma de acción política. En los años 60, el país sufrió un estancamiento económico e inflación. Más tarde vinieron los golpes militares y el incremento de la corrupción. El denominador común de la historia argentina de los últimos 100 años son los malos gobiernos y el equivocado modelo de desarrollo.

La comparación con Chile no deja de ser sintomática. Y si en 1980 el producto interno bruto per cápita argentino (de 6.330 dólares de la época) casi duplicaba al chileno, hoy nuestra nación supera al ingreso argentino.

Tristemente, Argentina a lo largo del siglo XX, acompañada por Venezuela en el siglo XXI, se ha transformado en ícono de un modelo fracasado de desarrollo social. Un país que, en término de recursos naturales, clima y capital humano, es rico ha terminado completamente empobrecido producto de su accionar político.

En momentos que en Chile se pretenden discutir las bases de su organización social desde un punto de vista refundacional, es clave mirar al otro lado de la cordillera para darse cuenta de que el desarrollo en el largo plazo no está asegurado y, sobre todo, que la combinación de proteccionismo, populismo y estatismo terminan indefectiblemente dañando a los más pobres del país.

Chile necesita en la política gente transparente, que no este estirando la mano a quienes tienen poder y dinero, que rindan cuentas a la ciudadanía periódicamente.

Necesitamos “servidores públicos” capaces y preparados que reconociendo los errores de nuestra historia tengan el valor de destacar los éxitos obtenidos.

Requerimos representantes que tengan la entereza domeñar sus intereses personales y subyugarlos a las necesidades del país y de la ciudadanía que les ha votado.

Reclamamos por dirigentes que sean capaces de decir en público lo mismo que hablan en privado y que tengan la valía de responder por sus dichos y pensamientos.

Violencia racial en Estados Unidos.

Distante apenas 65 kilómetros de Washington D.C., el 23% de la población de Baltimore está bajo la línea de pobreza, al tiempo que el 66% de sus habitantes es afroamericano; dos factores que sumados al cada vez más cuestionado desempeño de las fuerzas de la policía -acusadas de violencia excesiva en contra de la población negra- se están transformando en una explosiva mezcla social.

El Presidente Barack Obama, que carga con el peso de ser el primer Mandatario afroamericano en la historia de Estados Unidos, no tardó en hablar sobre el caso. Y sus palabras recogieron las inquietudes de todo el país, al afirmar que "hemos visto demasiados ejemplos de lo que parecen ser agentes de policía interactuando con individuos, principalmente afroestadounidenses, a menudo pobres, en modos que generan preguntas inquietantes".

Es probable que gran parte de esa población sienta que la llegada de Obama a la Casa Blanca no se tradujo en ningún cambio directo en sus vidas. Y por eso, parte de esa frustración se transforma en violencia cada vez que ocurre un incidente que involucra policías y afroamericanos. Un reto que colocaría a cualquier Mandatario -independiente de su raza o credo- en la misma difícil situación en la que hoy se encuentra Obama. Y de la cual tendrán que hacerse cargo todos los precandidatos que en las últimas semanas iniciaron la carrera por ganar las presidenciales de 2016. La solución todavía se ve muy lejana.

Evitar otro Ferguson.

En agosto del año pasado, la muerte del adolescente Michael Brown convirtió a Ferguson (Missouri) en un escenario en que la violencia racial estalló de manera casi incontrolable frente a las cámaras de televisión. Fue un precedente de Baltimore, pero no el único a lo largo de estos meses, en que la lista de incidentes, lejos de estancarse, sigue creciendo. Y que con cada nuevo episodio, como la muerte de Terrance Kellom la semana pasada -un afroamericano de 20 años- a manos de la policía de Detroit, profundiza la crisis social y el cuestionamiento a las autoridades.

Por su parte, en un país en que conseguir un arma de fuego -muchas veces de alto poder- es fácil, el temor de la policía es que cada sospechoso sea una amenaza potencial ante la cual es imprescindible reaccionar de manera rápida y precisa. Eso explica, muchas veces, el uso de fuerza letal ante una potencial -o incluso inexistente- amenaza.

En un mundo marcado por el temor al terrorismo, los cuerpos de policía -y no solo en EE.UU.- se han visto obligados a una militarización que los ha distanciado de los ciudadanos. Sobre todo cuando persiste la impresión de que los policías son "intocables" frente a la justicia, aunque no sea así. Es por eso que las autoridades enfrentan hoy el gran desafío de recomponer las confianzas al interior de estas comunidades. Porque si bien la violencia racial en los últimos años ha estado enfocada en la población afroamericana, también ha habido casos que han afectado a latinos, musulmanes o asiáticos. Lo peor sería que otros grupos ciudadanos abrieran nuevos flancos de violencia.

Competencia China-India.

El terremoto que afectó a Nepal, y cuya cifra de muertos podría superar los 10.000, ha movilizado a la comunidad internacional para ir en ayuda de los heridos y sobrevivientes. China e India, en su condición de países vecinos, no se han restado de este enorme esfuerzo mundial contrarreloj. Beijing, por ejemplo, ya envió brigadas de rescate con perros entrenados, mientras que Nueva Delhi -además de rescatistas- desplegó más de una decena de aviones y helicópteros. Pero para estos dos gigantes, esta tragedia también representa la oportunidad de mostrar su capacidad de acción frente a una crisis de esta envergadura y de aumentar su influencia en Nepal; un país pequeño, pero estratégico.

Potencias demográficas, dueños de arsenales nucleares y actores ineludibles en la economía internacional, China e India llevan años compitiendo a nivel regional y mundial. Han invertido millones de dólares en ampliar y modernizar sus Fuerzas Armadas, así como en reforzar su presencia en África, América Latina y Medio Oriente; además de buscar protagonismo en la toma de decisiones en los foros internacionales.

La visita del Presidente Xi Jinping a Pakistán -rival histórico de India-, el mes pasado, es otro ejemplo de esta competencia. Sobre todo al ofrecer US$ 46.000 millones para infraestructura con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales que le permitan una salida más expedita al Mar Arábigo. Asimismo, India ha buscado acercamientos con otros actores regionales y mundiales con el objetivo de consolidar su proyección económica y estratégica hacia la zona del Pacífico. Y todo indica que la competencia entre ambos actores continuará escalando.

Chile defendió, con fuerza y argumentos jurídicos, su posición planteando que la Corte Internacional de Justicia de La Haya no tiene competencia en la demanda boliviana utilizando el tratado de 1904 y el de Bogotá del año 1948, que excluye la revisión de los tratados vigentes antes de esa fecha.