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martes, 12 de mayo de 2015

Mirada Noticiosa a la Contingencia Nacional...

Creemos que la Presidente Michelle Bachelet desaprovecho el cambio de Gabinete
para sacar del Gobierno a todos los corruptos y re encausar al país por un camino
más democrático. La desprolijidad fue en sello de los nombramientos.





Divagaciones sobre el cambio de Gabinete, por Mario Montes.

Quisiéramos pensar que el cambio de Gabinete realizado ayer por la Presidente Michelle Bachelet centrará su Gobierno y que terminará con las actitudes totalitarias que lo han caracterizado en los 14 meses transcurridos desde que asumió por segunda vez la Primera Magistratura.


Nada podría gustarnos más que ver a la Mandatario, elegida por el 25% del padrón electoral, actuando en pos de acelerar el crecimiento, buscando una verdadera justicia social y democráticamente tratando de buscar acuerdo sobre sus proyectos que son muy mal evaluados por el país.


La verdad es que nos hacemos pocas ilusiones al ver los nombramientos, pues a pesar de la salida de los sujetos más odiosos del equipo Gubernamental los que llegan, con la excepción de Burgos, no ostentan precisamente un talante democrático y en algunos casos son poco transparentes.


Uno podría podría haber tenido algunas esperanzas si se hubiese sacado a los Secretarios de Estado acusados de participar u obtener financiamientos ilegales para la política y si los que llegan no estuvieran involucrados en temas obscuros o sumamente relacionados con quienes complican a la sociedad.


De los que llegan al Gabinete nos parece impresentable que haya uno que está involucrado en el saqueo de la Universidad Arcis, por el partido comunista, uno que es responsable de meterle la mano en los bolsillos a los más humildes con los cobros abusivos del Banco Estado y dos esbirros de el lobbista Enrique Correa.


El error no forzado de nombrar a José Antonio Gómez como Ministro de Defensa sin duda traerá consecuencias, aunque esperamos que usando de la lógica y poniendo los intereses del país por sobre los políticos la Presidente provocará otro cambio de Gabinete para sustituirlo rápidamente.


Creemos que una vez más nuestra Gobernante se ha farreado la oportunidad de hacer un cambio positivo para el país y que a pesar de la expectativa sembrada por su demorado cambio, si no cambia la mentalidad de quien dirige, es decir ella, los resultados serán como el miserable ratón del parto de los montes.


Consideramos que la Presidente está cometiendo demasiados errores, seguramente mal asesorada por los más extremistas y sectarios de su sector, que han provocado la paralización de su administración, una adormecimiento de la actividad económica y un significativo aumento del desempleo.


Esperamos que la Presidente eleve el ancla con que han detenido el país y come con fuerza el timón para que retornemos al camino democrático, pues el país tiene la fuerza y la necesidad de recuperar el camino correcto que termine con la farra de estos meses y se vuelva a poner en marcha.

Tres encuestas y cambio de Gabinete,
por Sergio Melnick.




En el momento en que se escribió esta columna no se conocía el nuevo Gabinete. Pero sí sabemos qué es lo que gatilló el cambio tan larga e innecesariamente postergado por la Presidente, lo que terminó poniéndola en el peor de los escenarios, forzada a un cambio, anunciado de la peor manera imaginable.




Tres encuestas seguidas en una semana, todas esencialmente coherentes entre sí, golpearon bajo la línea de flotación a un Gobierno que ya estaba mal. Las tres coinciden en que el apoyo a Bachelet es de alrededor de un 30% y su rechazo del 60%. El Gabinete estaba completamente desprestigiado, y llevado a promedio de notas, su gestión recibe un 3, es decir, no pasa (la más alta es un 3,3 en empleo, y la más baja un 2,4 en corrupción y transparencia).




El Gobierno dijo escuchar a la gente y levantó -aparentemente en su representación- la bandera de la desigualdad. Pero ese tema está décimo para la población, entre 16 temas. La Constitución aparece número 14 y es nada menos que la propuesta estrella de la última cadena nacional.




Lo prioritario para la población hoy es la delincuencia disparada, la salud pública en deterioro, la calidad de la educación hasta aquí no considerada, y la corrupción, temas en que el Gobierno ha fallado dramáticamente. La situación económica decae sistemáticamente y nada de lo que dice el Ministro de Hacienda ocurre, que además se encuentra complacido con un 1,6% de crecimiento. Un 62% del país cree que el país está estancado, y un 21% derechamente cree que retrocede. Apenas un 31% del país dice saber quién es el Ministro, después de 14 meses de Gobierno. La gran paradoja es que a pesar de que la economía no genera empleos, cae la inversión, cae el gasto y se sabe de despidos por doquier, para el Gobierno el desempleo cae porque menos gente quiere trabajar.




Las grandes reformas que ha llevado adelante el Gobierno son ampliamente desaprobadas, con la única excepción de la unión civil. La idea de un Gobierno que escucha a la gente no pasó nunca de un mero eslogan. La clase política parece legislar para su propia agenda.




Las confianzas e instituciones están muy deterioradas. No hay confianza en los partidos políticos, en el Congreso, los Tribunales, las empresas, el Gobierno, los sindicatos, los Municipios, la TV y los diarios. La máxima confianza la tienen las FF.AA., Carabineros, la PDI, y las radios. Un 50% de la población estima que hay mucha gente del servicio público involucrada en corrupción. Un 41% de la población evalúa mal al Servicio de Impuestos Internos (sólo un 18% lo evalúa bien), un servicio que es de clase mundial y que hoy es dirigido literalmente por un operador político financiero, así declarado por el mismo funcionario.




Por primera vez, Piñera tiene mejor evaluación que Bachelet, que hoy ocupa el sexto lugar en la escala de preferencias. La supera Ossandón, Lagos Escobar, ME-O y Allende. Así, caen en aceptación positiva Bachelet con 15%, Peñailillo 14%, Tohá 14%, Ximena Rincón 13% y sigue. Entretanto, Piñera sube 4%, porque en mi opinión empiezan a echar de menos su Gobierno en términos comparativos. De 16 personas que pierden puntos, 14 son de centroizquierda y dos de la Alianza.




En otro plano, 65% de la población cree que las reformas son improvisadas, 64% estima que las reformas no cumplirán los objetivos (como hay que recordar tristemente el caso del Transantiago). Un 67% cree que Bachelet no tiene destreza ni habilidad, al 62% la Presidenta no le da confianza, y el 72% la considera débil. El 60% cree que no cuenta con liderazgo adecuado para las crisis. El 55% de la población considera que Gobierna peor que su primer mandato. Lo más sorprendente es que el 66% la considera lejana.




El epílogo es aún muy incierto. Las preguntas abiertas sobre el nuevo Gabinete son varias: qué extensión tendrá el cambio, cuántos enroques habrá, si volverán personeros de la vieja guardia, si sacará parlamentarios del Congreso, qué cargos asumirán los que salen, y si será capaz el Gobierno de recuperar la agenda o ya fue demasiado tarde.




Hoy priman la crisis, los escándalos y los Tribunales, y eso copa la atención pública. Probablemente quedan algunos meses en ese tono. Resuelto el tema (ojalá), se iniciarán de inmediato las pre campañas Presidenciales con la mira de las Municipales del próximo año. En ese punto, el Gobierno estará técnicamente terminado, y es probable que ello ocurra al segundo año de su mandato.




Caminar juntos,
Por María Isabel Vial.




Aplaudo que la verdad es un valor intransable y la mentira, un daño irreparable que tiene que ser castigado. El país, hoy, al enfrentarse ante esta disyuntiva, necesita reflexionar, buscar acuerdos y pensar en lo que nos une, más que en lo que nos divide.


La reforma laboral puede ser un campo propicio para un camino de encuentro. El país se ve ante la necesidad de construir relaciones laborales colaborativas que nos den estabilidad y nos permitan proyectarnos de manera sustentable en el largo plazo. Vemos con preocupación que la mirada y la toma de decisiones están apuntando al corto plazo y generando un ambiente que no favorece a las empresas, ni a los trabajadores, ni al país. El desarrollo de Chile depende de su capacidad exportadora, de su habilidad para crear valor, de su productividad y de su capacidad para instalar mayores niveles de justicia.


La creación de empleos de calidad tiene un impacto relevante en la disminución de la pobreza. Por lo mismo, hoy necesitamos crear trabajos productivos, que permitan a las personas desarrollarse y autosustentarse para tener una vida digna. No es verdad que el trabajador quiera destruir a la empresa, ni el empresario al trabajador. En los quince años de la Fundación Carlos Vial Espantoso, junto a la Universidad Católica, hemos sido testigos de que las empresas cuyo modelo de negocio pone a los trabajadores en su centro, donde la confianza, el diálogo y la capacitación son claves, se convierten en instituciones que logran un desarrollo sustentable en todos los ámbitos de la organización.


Claramente nos enfrentamos a duras decisiones. Las tasas de empleo continúan siendo bajas, particularmente entre mujeres y jóvenes pobres. Lo mismo que los salarios y la productividad. La reforma laboral que se discute en el Congreso avanza y es ineludible preguntarnos cómo logramos poner a todos los trabajadores y sus necesidades en el foco de la discusión para realmente velar por mayor acceso a empleo, mejores condiciones laborales, más diálogo y una mayor equidad en los beneficios derivados de la actividad empresarial.


Hoy vemos una real disonancia entre la complejidad del problema y las metodologías que se están utilizando para discutirlo. Para empezar, nos falta avanzar mucho en un conocimiento profundo en materia laboral. En seguida, necesitamos mayores y mejores espacios para que empresarios y trabajadores puedan conocerse, reducir la división y confiar uno en el otro y encontrar objetivos comunes. Los sindicatos reclaman la ausencia de todo lo anterior. Hoy dicha interacción se produce solo en la mesa de negociación, una instancia que no permite, en un entorno de tranquilidad, compartir intereses, dialogar y romper los prejuicios y las desconfianzas existentes. El foco está puesto en los resultados concretos de la negociación.


Los empresarios y ejecutivos están llamados a romper estas barreras. Ellos son los que deben dar el primer paso para conocerse en otros ámbitos, buscar intereses comunes que los acerquen y no los distancien de sus trabajadores. Por su parte, los sindicatos deben acoger este llamado, toda vez que sea sincero, y buscar una actitud colaborativa para recorrer junto a los empleadores un camino de construcción, diálogo y bienestar. Esta colaboración es la única manera de cocrear valor para ambos y diseñar una hoja de ruta a largo plazo.




Se obedece, pero no se cumple…”,
por Fernando Villegas.




La sentencia titulando esta columna no es de nuestra invención; según tratadistas e historiadores que saben de estas cosas, la pronunciaban autoridades coloniales chilenas cuando una recién llegada orden del monarca -“recién llegada”, pero no recién emitida; el viaje de los galeones con las noticias y órdenes de la corona podía durar una eternidad- no les placía. En esos casos tomaban el real legajo con el mandato, lo ponían sobre su cabeza en gesto de subordinación y luego, manifestando verbalmente su acatamiento con dicha frase, se aprestaban a no cumplirla en absoluto.




Lo que solía disgustarles a oidores, Gobernadores y Corregidores era toda instrucción capaz de herir sus intereses. Que algunos reyes, inspirados y emocionados por la obra de Bartolomé de las Casas -Brevísima relación de la destrucción de las Indias-, henchidos de piedad y conmiseración, quisiesen acomodar su codicia por el oro y la plata con la salvación del alma, para lo cual ordenaban ofrecerles mayor protección a los indígenas “encomendados”, no era cosa que concitase igual emoción y devoción entre sus oficiales. Siempre que haya gran distancia de tiempo y espacio entre un Gobernante y sus subalternos, estos últimos suelen desarrollar una encomiable vocación por la libertad y el saqueo de los nativos. De ahí que la benevolencia real fuese generalmente inconducente. Los cristianísimos hacendados, quienes solían coincidir en sus intereses inmobiliarios con dichas autoridades locales y viceversa, convenían que a los indígenas bien estaba cristianizarlos, pero no protegerlos tanto. Primero los doblones y luego veamos eso de la cruz…




Es posible que esa actitud de las elites de la Capitanía General ante las bulas del Estado Real haya sido la semilla de la cual creció paulatinamente el enorme árbol del desprecio a la Ley y las normas del posterior Estado Republicano, rasgo característico del alma nacional.




Es bajo la ahora amplia y espesa sombra del desacato y del irrespeto que, como ya lo vimos el domingo pasado, se hacen posible toda clase de diabluras y estropicios. Y por cierto muy adictos a conservar tan ilustre tradición son los actuales herederos de esas elites coloniales.




Comisiones, consejos…
De ahí las dudas o quizás hasta sospechas que no pocos alientan en lo que toca a la viabilidad de las más de 250 recomendaciones que evacuó el Consejo de Probidad, colectividad fugaz conformada por una congregación de damas y caballeros reclutados por el Excelentísimo Dedo de la República. Su flamante denominación, “consejo” en vez de comisión, no es suficiente, sin embargo, para asegurar que dicho organismo vaya a tener mejor suerte con sus recomendaciones que la tenida por las comisiones y las suyas. Hay, en esta materia, alarmantes precedentes. Pudiera incluso aventurarse que con estos organismos consultivos no se hace otra cosa que perfeccionar, elevar y darle empaque institucional a la común práctica de sustituir los actos por las sonoras palabras que los anuncian.




En Chile, una comisión o incluso un “plan piloto” es el mecanismo sustitutivo por excelencia. Por obra y gracia de la necesidad de aparentar hacer lo que no se desea, por contentar, aplacar o engañar siquiera un tiempo a la masa ciudadana (“mañana será otro día y entonces veremos qué les decimos…”), la comisión o consejo, invocado en la hora 25 del desprestigio y la crisis, surge a la luz con toda la apariencia de un objeto tangible que dará nacimiento a hechos reales. Después de todo cuenta con rostros, nombres, un sitio donde se reúnen, recomendaciones llenando legajos, solemnes actos de entrega, discursos de inauguración y cierre y en algunos casos incluso dan lugar a proyectos de Ley. Pero ahí suele terminar todo. Ahí, en la ventanilla del Congreso, se encuentra la frontera de la realidad; cruzándola, el proyecto se adentra en las vaporosas regiones del olvido y la negligencia. En efecto, si antes se “obedecía pero no se cumplía”, ahora se recomienda y hasta quizás se legisla, pero tampoco se cumple. Las urgencias, nos dicen los honorables, no son aconsejables por buenos que sean los consejos. Lo más probable que suceda entonces con el paquete de probidad es un paulatino desvanecimiento en medio de sesiones interminables celebradas en somnolientas comisiones legislativas, nuevas demoras en generosos plazos para agregar o quitar indicaciones, lapsos adicionales para negociar cada punto, postergaciones derivadas de otras urgencias, pérdida de interés del público y la prensa y por cierto el efecto demoledor del “proceso Constitucional” anunciado súbitamente por la Presidente.




Pasos siguientes.






Pero aun si se legisla y hasta se promulga el paquete o parte de él -y en lapsos decentes- para que las recomendaciones adquieran, al menos en el Diario Oficial, “fuerza de Ley”, incluso en ese caso estarán lejos de cobrar verdadera existencia. La Ley existe si se cumple y se cumple si se sanciona su incumplimiento. Esto último supone órganos administrativos, jurídicos y quizás policiales, Fiscalías, inspectorías, presupuestos para aquellas y sobre todo la voluntad política para crearlos y permitirles funcionar a pleno régimen. Chile es escaso si no paupérrimo en dicho recurso ejecutivo. Lo es o ha sido a menudo hasta para UNA Ley o paquete legal. ¿Cuántos buenos propósitos anunciados con algazara no duermen por años precisamente porque se carece de dicha voluntad y de los medios? ¿Tienen la clase política chilena y el Estado recursos motivacionales, organizacionales y financieros para implementar más allá del papel nada menos que 250 medidas o siquiera sólo 25?




El abismo entre las resoluciones y la logística que requieren para materializarse es tema que suele olvidarse. Los grupos, los aparatos burocráticos y finalmente los ciudadanos no son como pasivas piezas de ajedrez que el jugador saca de la caja y pone en las casillas que le place de acuerdo a sus planes y sin mediar resistencia ninguna de su parte. A veces los ciudadanos no están en la caja, a veces no quieren quedarse en la casilla donde se les pretende poner, a veces se mueven a otra, a veces hacen jugadas distintas por su cuenta. Y dicho sea de paso, olvidar esta simple diferencia entre piezas en un tablero y ciudadanos en una nación es lo que abona el idealismo no poco de necio de quienes una y otra vez, en repetitivo y cansador ciclo histórico, pretenden imponer agendas, programas y planes majestuosos para luego asombrarse de que no sea posible porque surgen resistencias y carencias por todas partes. Peor aun, no pocos de estos idealistas frustrados terminan en esa actitud beligerante y rabiosa que se expresa tan macabramente en la frase “hay que liquidar a los enemigos objetivos del proceso”.




Qué veremos
Considerando todo eso no es difícil deducir que el solemne paquete de probidad se va a desarmar y abrir en el camino perdiendo, ya en su viaje al Congreso, la mitad de su contenido; de lo restante un monto será desahuciado en el quirófano legal, algo será aceptado, mucho diluido y lo que finalmente veremos será una sombra fugitiva y no necesariamente capaz de materializarse por mucho que lo intenten los espiritistas políticos de la plaza.




Es de temerse que a esta parcial o casi total desintegración de “las medidas” no le pondrá remedio esa ficción semántica que jóvenes recién llegados al mundo y al Congreso llaman “presión ciudadana”. ¿Dónde es, fuera de los tuits delirantes, que supuestamente aparece y se manifiesta dicha presión ciudadana? ¿En las marchas de colegiales vociferando “que se vayan todos”? ¿En las encuestas de opinión en las que dos mil ciudadanos, echados cansinamente en un sillón, contestan el teléfono? Eso de la “presión ciudadana”, así como expresiones afines tales como “empoderamiento” son de uso corriente y casi obligatorio, sobre todo un “must” de la izquierda y muy útiles para estar al día, pero sus referentes empíricos carecen de fuerza institucional para mover absolutamente nada.




El limitado poder de la Ley,
por Pablo Rodríguez Grez.




Uno de los errores más frecuentes en nuestro medio es creer que la Ley puede resolverlo todo por el solo hecho de entrar en vigencia. No reparan los que así piensan en que tan importante como el texto de la norma es su aplicación (interpretación), y la realidad social que regula. Ocuparía muchas líneas citar las Leyes que quedan sin aplicación por falta de recursos, por las maniobras de que se valen los imperados para eludirlas, por la negligencia y desidia de las autoridades, etcétera. De aquí deriva el desprestigio de la tarea legislativa, generalmente ejecutada en un marco de confusos intereses y compromisos ideológicos.


Cualquier problema de actualidad, por limitado u ocasional que sea (accidentes, desórdenes en espacios deportivos, incidentes en espectáculos artísticos, delitos graves o hechos similares), da lugar de inmediato a una nueva legislación, elaborada, mucha veces, en medio de la indignación pública o el afán publicitario de sus autores. De esta manera, va reduciéndose cada día más la libertad, sometida a estatutos confusos y engorrosos.


A propósito del financiamiento de los partidos políticos y las candidaturas, se ha hecho público lo que no era un misterio para nadie: el quebrantamiento de la Ley N° 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. Dichas infracciones -que no son constitutivas de delito- tienen una sola causa: la excesiva restricción y complejidad de sus disposiciones, especialmente tratándose de una actividad que se caracteriza por su informalidad e improvisación.


La contienda política no puede amordazarse ni moralizarse por el imperio de una Ley, ella se da irremediablemente en el ámbito de la cultura cívica del pueblo. Las limitaciones que se imponen a los partidos y los candidatos deberían ser mínimas y apuntar en lo esencial al origen de los recursos para evitar desviaciones que afecten a toda la comunidad (como sucede con el narcotráfico).


No corresponde al Estado financiar las campañas políticas, por importantes que estas sean, ya que el erario nacional debe destinarse a otros fines prioritarios, muchos de ellos abandonados o descuidados por carencia de fondos. ¿Pueden asignarse miles de millones de pesos del Presupuesto Nacional a los partidos y a los candidatos cuando faltan hospitales, escuelas, viviendas, vigilancia y un mejoramiento efectivo al sector pasivo? Por otro lado, la movilización y el activismo político son cada día menos importantes gracias a los canales de expresión directa de los actores sociales, a los cuales convendría darles participación en la estructura del Estado.


Todavía más, es evidente que la intención de encuadrar la acción política en un esquema rígido (especialmente en el plano de los recursos financieros) tiene por objeto perpetuar en el poder a las fuerzas que actualmente lo ejercen, eliminando la aparición de corrientes emergentes que interpreten con mayor fidelidad las aspiraciones generales, aunque se proclame demagógicamente el propósito de abrirles espacio. Cuanto más restrictiva sea la normativa relacionada con el financiamiento de la política, mayor será la presión que se ejercerá sobre el sistema y más sofisticadas las maniobras para incumplirla. La realidad es siempre más poderosa que la ficción.


Las reformas que se proyectan sobre el gasto electoral, a mi juicio, son equivocadas. No se fortalece la cultura política con el simple expediente de incorporar nuevos delitos al ya amplio catálogo existente. La propaganda política en el futuro será sustituida por otros instrumentos en la medida que siga extendiéndose el avance tecnológico. Lo propio ocurrirá con los partidos políticos de esquelética militancia y enorme poder institucional.


Respecto del enjuiciamiento de que son objeto varios dirigentes políticos por presuntos delitos tributarios, cabe señalar que tienen razón los que piensan que la contingencia actual es fruto de vacíos legales. Lo anterior queda de manifiesto al constatarse que el ilícito por el cual se los persigue (artículo 97 N°4 inciso 1° del Código Tributario) no es aplicable en la especie, puesto que la conducta sancionada supone la intención directa de burlar tributos, y en el presente caso la intención, unánimemente reconocida, fue transferir recursos al margen de la ley sobre gasto electoral, lo que no conlleva una sanción penal.


La crisis que vivimos no se solucionará con normas legales más severas, ni se impondrá la moral pública mediante un mandato legislativo, ni se resolverán nuestros muchos problemas con un "proceso constituyente". La Ley actual debe corregirse, pero para simplificarla y hacerla aterrizar en lo que efectivamente sucede entre nosotros.


¿Y ahora qué?,

por Axel Buchheister.





La opinión unánime ha sido que la defensa chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue sólida, precisa y coherente, mientras que la posición boliviana estuvo llena de generalidades, maquillando su verdadera pretensión. No podía ser de otro modo, ya que tenemos la razón: un tratado celebrado en 1904 zanjó la soberanía territorial entre ambos países, y la CIJ carece de atribuciones para revisar tratados y su competencia temporal parte recién en 1948, con el pacto de Bogotá, por hechos futuros.




Siendo así, el alegato de incompetencia está ganado. Pero, ¿por qué los chilenos sentimos aprensión respecto de lo que se pueda resolver? La respuesta es simple: por el Tribunal. Sabemos que estos Tribunales internacionales en teoría fallan en derecho, pero en los hechos no es así. Son Cortes justicieras que regalan lo que no les pertenece y que se dan el lujo de construir el derecho a su amaño. Los chilenos lo aprendimos cuando hace poco la CIJ, luego de darnos la razón en nuestros argumentos de derecho, le dio un pedazo no despreciable de nuestro mar al Perú, leyendo en los documentos ochenta millas donde dice doscientas. Con Bolivia también puede pasar cualquier cosa.




¿Qué viene ahora? Las alternativas son tres: que la CIJ acoja la incompetencia, que afirme su jurisdicción, o que no se pronuncie y deje la cuestión para la sentencia definitiva. La más probable, y que por ende interesa analizar, es la última. En tal caso, Chile debiera declarar que no hará nada más y que esperará dicha sentencia, porque no hay un fondo que discutir. La competencia es indistinguible del debate de fondo, si acaso Chile está obligado a negociar algo con Bolivia.




Para algunos eso es arriesgado, pero no lo es menos aceptar -por la vía de seguir actuando en el juicio- que hay un tema de fondo. Junto a eso, nuestro país debiera desarrollar una acción política fuerte destinada a convencer a otros países relevantes de la gravedad que la Corte se atribuya competencia o le dé la razón a Bolivia. No sólo porque se crearía una situación de incertidumbre jurídica internacional al aceptarse pretextos para revisar tratados, sino que una situación peligrosa en las relaciones internacionales. En efecto, si en adelante los países que tengan roces entre ellos se sientan a conversar, haciendo o intercambiando propuestas, corren el riesgo que después éstas sean utilizadas como fuente de obligaciones, se deteriorará la disposición a negociar y la amenaza de la fuerza podría tomar su lugar.




Además, es un dato que Bolivia no acatará el fallo si le es desfavorable, tanto si se declara la incompetencia, como si se rechaza su pretensión de fondo. Porque en ese evento no dirá “bueno, perdimos y nos quedamos sin mar”, sino que igual seguirá yendo a cuanto organismo y evento internacional exista a reclamar una salida al océano. Si Bolivia no va a cumplir, ¿por qué nosotros tenemos que hacerlo?




Basta de nuestra candorosa creencia en el derecho internacional. Es hora de ponerse firmes, lo que no es sinónimo de agredir a nadie y ponerse al margen de las normas de convivencia. Es decir que no y punto.




Vuelta a la moderación.





El suspenso con que la Presidenta Michelle Bachelet manejó el cambio de gabinete —sobrepasando incluso su autoimpuesto plazo de 72 horas — por fin terminó esta mañana.




Encerrada durante tres días en su casa y, aparentemente, sin intervención de los partidos de la Nueva Mayoría, Bachelet logró configurar un gabinete que a primera vista parece compatibilizar los intereses de las distintas almas del oficialismo. Un aspecto relevante, en momentos cuando su administración pasa por una seria crisis de confianza y de diálogo político.




El nombramiento de Jorge Burgos (DC) en el Ministerio del Interior puede ser interpretado como un giro de la Presidenta hacia un sector más moderado de la Nueva Mayoría/Concertación, pero no por ello menos comprometido con el desarrollo de sus reformas. Su vasta experiencia en estas lides —ha sido asesor en ministerios, subsecretario, embajador y parlamentario— es un gesto de reconocimiento a la importancia de la forma clásica de hacer política para concretar los proyectos.




Por otra parte —y aun cuidando los equilibrios dentro del equipo político de La Moneda—, nombrar a Jorge Insunza (PPD) como nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia y a Marcelo Díaz (PS) como nuevo vocero de Gobierno aparece como una señal política conciliadora, pues se trata de dos figuras comprometidas con el proyecto Bachelet —el primero es diputado y el segundo, embajador en Argentina—, cuyos anclajes están cimentados en la Concertación.




El nombramiento de Rodrigo Valdés (PPD)en Hacienda responde a un gesto similar. En su experiencia como economista destaca su paso por el FMI, la división de estudios del Banco Central y, hasta hoy, la presidencia Ejecutiva de BancoEstado. Su designación es un gesto de la Presidenta hacia el sector del mundo empresarial que está a favor de las reformas.




Con este nuevo equipo, es de esperar que la Presidenta pueda recuperar la confianza de la ciudadanía y poner en práctica las reformas estructurales del programa, tendientes a una institucionalidad sólida y moderna.




Constitución: llamado de atención al Congreso.





De no mediar un cambio de prioridades, asociado a la instalación de un nuevo equipo de Gobierno en La Moneda, todo indica que la convocatoria Presidencial a un “proceso constituyente” a partir de septiembre irá cobrando paulatinamente mayor relevancia en el debate nacional.




Porque si bien no figura entre las mayores preocupaciones de la ciudadanía, ha sido la insistencia de algunos sectores del oficialismo en orden a anteponer el programa a los intereses de la opinión pública, la que ha terminado por colocar a la reforma Constitucional incluso por encima de las propuestas de regulación en materia de probidad que sirvieron de marco para el anuncio Presidencial. La consecuencia salta a la vista: en lugar de debatir sobre proyectos que vayan en respuesta de las necesidades, la agenda termina concentrada en una improductiva y riesgosa discusión sobre mecanismos y formatos.




A pesar de la evidente trascendencia que implica la elaboración de una nueva Constitución, el Gobierno no ha entregado mayores detalles sobre el sentido y profundidad de su proyecto. La Moneda ha limitado sus mensajes a un escueto “los ciudadanos van a ser protagonistas de la elaboración de la nueva Constitución”, dejando más dudas que certezas.




Porque un elemento clave tras la convocatoria a “diálogos, debates, consultas y cabildos”, como efectuó la Presidenta de la República, dice relación con el nivel vinculante que tendrán estos encuentros ciudadanos para la eventual elaboración de una nueva carta fundamental. Cabe recordar que la propia Constitución establece las vías y mecanismos de reforma, no contemplando en ningún caso una participación ciudadana distinta a la representación que ejercen los Parlamentarios en el Congreso.




El llamado de atención, por lo mismo, recae en los Diputados y Senadores, quienes no pueden permanecer indiferentes ante las acciones de un poder del Estado que plantea, arbitrariamente, la renovación del texto base de la institucionalidad por vías distintas a las contempladas en la misma Constitución. Lamentablemente, la reacción de algunos Parlamentarios resulta poco reflexiva. Para efectos de la independencia de un poder como el Legislativo, cuya atribución es la discusión, aprobación o rechazo de los proyectos de Ley, como representantes del electorado, constituye un precedente poco auspicioso el que varios de sus miembros aseguraran su respaldo a las propuestas de la comisión de probidad, incluso antes de conocerlas.




El Gobierno, con el respaldo de la coalición Gobernante, tiene la oportunidad de enmendar el rumbo que le ha llevado a perder respaldo popular, al punto de ubicarse en los peores registros históricos en las encuestas de opinión. Como reconoció el ratificado Ministro de Relaciones Exteriores, “viene una etapa de enmendar las cosas que no hemos hecho bien”. En ese marco, resulta fundamental adecuar las prioridades a los requerimientos del país, comenzando por la recuperación económica, y desechar aquellas iniciativas que, además de improductivas, perjudican severamente la confianza de los inversionistas, como es el caso de la reforma Constitucional.




De insistir en este proceso, además de contravenir los intereses de la ciudadanía, el Gobierno corre el riesgo de vulnerar principios claves de nuestra institucionalidad, pasando a llevar la responsabilidad que la Constitución asigna al Congreso y a sus representantes.




Reconstrucción con identidad.





Un reciente estudio sobre calidad de vida urbana realizado por la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción mostró a varias de las ciudades afectadas por el terremoto y maremoto de 2010 con importantes avances en los distintos aspectos evaluados (condición laboral, vivienda y entorno, salud y medio ambiente, conectividad y movilidad, condiciones socioculturales y ambiente de negocios). En efecto, el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) dio cuenta de avances significativos en ciudades como Concepción, Talca, Tomé, Penco y Dichato.


Transcurridos ya más de cinco años desde la catástrofe del 27-F, el balance de la gestión realizada por el anterior Gobierno es muy positivo. Hay que recordar que el daño fue sustancial, con más de 200 mil viviendas destruidas, además de múltiples hospitales y carreteras severamente estropeados. En un plazo muy corto se abordó la emergencia y en un plazo más largo -pero breve para los estándares internacionales- se logró la total normalización.


En perspectiva, no solo es destacable la eficiencia de la reconstrucción, sino también la decisión de construir en los mismos lugares donde se encontraban las antiguas casas, mejorando el entorno y la calidad de las viviendas. Ello impidió, dadas las premuras del tiempo, que se construyeran verdaderos guetos, que habrían provocado un severo deterioro en la convivencia social. A tales aciertos deben sumarse importantes esfuerzos en áreas como la recuperación patrimonial y la elaboración de planes maestros de desarrollo urbano, que han dotado a las ciudades con carteras de nuevos proyectos, muchos de los cuales todavía no se han iniciado.


Dejada atrás la emergencia -salvo los daños surgidos en algunas ciudades del Norte-, nuestro país debe poner en valor la importancia de mejorar sus ciudades, en aspectos urbanos que tienen una alta incidencia para la calidad de vida de sus habitantes. Hoy es posible abocarse a corregir soluciones habitacionales y urbanas que ya no parecen aceptables, como es el hacinamiento de muchas viviendas sociales o la baja calidad de estas. Al mismo tiempo, se requiere invertir en urbanismo, de modo de recuperar gran cantidad de espacios públicos abandonados, soterrar cables de las avenidas principales, arborizar y combatir una serie de elementos -como la proliferación de paletas publicitarias o de grafitis- que día a día atentan contra el entorno y deterioran la calidad de vida de sus habitantes.


Debilidad del sistema eléctrico.





El reciente incendio de una subestación, que dejó a decenas de miles de clientes residenciales y comerciales de Santiago sin suministro eléctrico por varias horas, es tal vez un episodio aislado, pero nos hace recordar que el sistema eléctrico nacional aún tiene problemas sin resolver.


La situación es mejor que la de hace un año, pero el costo de la electricidad sigue siendo relativamente alto en comparación con varios países de la región. Esto se debe a que es cada vez más difícil instalar proyectos eléctricos, por la oposición de las comunidades aledañas, sea que se vean o no realmente afectadas por esas obras.


Un ejemplo de esta oposición son los problemas que enfrenta la línea de transmisión de 500 kV entre Cardones (cerca de Copiapó) y Polpaico, que es vital para traer la energía que se genera en el Norte a la zona central de país. Sin esta línea de 1.000 millones de dólares, la interconexión entre los sistemas del Norte y Centro no tendría sentido. En el Norte habría exceso de generación que no podría hacerse llegar a los grandes centros de consumo de la zona central y sur debido a limitaciones de transmisión. La línea Cardones-Polpaico permite además que las energías renovables no convencionales (ERNC) del Norte tengan acceso a los embalses del Centro y Sur del país. Esto reduciría la inestabilidad que crean las ERNC en los sistemas eléctricos al no proveer generación continua. Es esta línea, vital para el desarrollo nacional, la que se ha visto amenazada por la oposición de los alcaldes de las Comunas que atraviesa.


Aparentemente será necesario reformular la manera en la que se desarrollan los proyectos de líneas de transmisión. Hoy, el trazado de las líneas se basa en consideraciones técnicas, económicas y ambientales, pero hay poco diálogo con las comunidades. En el trazado de la línea Cardones-Polpaico se procuró tanto evitar zonas pobladas como usar vías públicas, pero pese a ello ha provocado oposición en las comunidades locales. Todo indica que las etapas de diálogo resultan escasas, y son apropiadas para lobbies opuestos a los proyectos. Uno de los cambios que se proponen para el futuro es que el trazado de líneas del troncal no sea definido por las empresas adjudicatarias del proyecto, sino que sea resuelto sobre la base de un ordenamiento territorial que establezca áreas -aceptadas por las Regiones y las comunidades- por las que puede pasar la línea de transmisión. Con todo, por consideraciones de interés nacional, el Estado debe reservarse la facultad para vetar decisiones de Regiones y comunidades locales que hagan imposible un trazado. Otro aspecto en que hay cierto consenso es que en el caso de proyectos de generación se deberían establecer prácticas de asociatividad con las comunidades, de manera que estas no perciban los proyectos como una imposición para beneficiar exclusivamente a otras zonas del país, sino como una fuente de beneficios locales permanentes. Esto puede reducir la rentabilidad de los proyectos de generación, pero es mejor que la situación actual, en que prácticamente no se pueden llevar a cabo, afectando el costo de la energía.


El progreso y la robustez del sector eléctrico requieren cambios en la forma en que se desarrollan los proyectos, pero siempre dentro del marco actual de señales económicas para el sector.


Reformas y crecimiento.





Una de las tareas que deberá emprender el Gobierno en esta nueva etapa -tras el cambio de Gabinete- será recuperar el crecimiento económico, el que se ha visto debilitado en el último año.




El Imacec de marzo (1,6%) reveló el menguado estado de la actividad económica. Por lo mismo, la semana pasada llamó la atención que el Ministro de Hacienda señalara que “lo importante es el promedio de la actividad económica del primer trimestre” más que los datos puntuales de actividad mensual. Añade a su planteamiento una proyección que a su juicio sería esperanzadora: “Nuestra expectativa es que el promedio del primer trimestre de este año esté en dos coma algo”.




¿Será este “dos coma algo” el reflejo de los “brotes verdes” a que aludió el Gobierno en febrero pasado? El propio Ministro reconoció que este año la proyección oficial está en torno al 3%, una cifra que dista de ser satisfactoria y que se ubica por sobre las expectativas del mercado.




Contrasta con su optimismo el llamado de atención del Subsecretario de Hacienda, quien alertó en entrevista con El Mercurio sobre el potencial efecto en la inversión de una “discusión desordenada” en materia Constitucional. Sus palabras dejaron en evidencia una división al interior del Ministerio respecto del verdadero impacto que el proceso de reformas está teniendo sobre la actividad económica.




En reiteradas ocasiones Hacienda ha desestimado su efecto, pero la evidencia muestra precisamente lo contrario. Es ilustrativo que de acuerdo con la última encuesta CEP, el 62% considere que el país está estancado, y la mayoría piense que la situación no cambiará en los próximos doce meses.




En esta nueva etapa el Gobierno debe asumir con realismo el daño que significa insistir en reformas que generan alta incertidumbre y debilitan la acción del sector privado. En tal sentido, no resulta conveniente que el país relativice sus propios estándares y se dé por satisfecho con crecimientos insatisfactorios o los justifique recurriendo a “promedios”.


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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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