Rápida mirada a los que sucede en Chile y nuestro continente...

En este mes del mar rendimos nuestro homenaje a los héroes del Combate
Naval de Iquique y Punta Gruesa en donde dos faluchos chilenos se enfrentaron
con los acorazados más poderosos de la Armada peruana.

A pesar de las palabras de buena crianza referidas sobre su persona el hecho
es que a Don Michel Jorratt fue despedido de su cargo de Director del SII por
las dudas sobre la ética de su actuar.

Relatos salvajes,

por Joaquín García Huidobro.

La disminución de los poderes represivos no siempre trae consigo un aumento de la libertad. En ocasiones, ese vacío de poder es llenado por poderes opresivos; es decir, por el ejercicio de las diversas formas de violencia privada. Es lo que parece haber sucedido en Chile, como se ha visto esta semana.

En efecto, resulta una práctica habitual que algunos estudiantes que participan en las marchas a favor de una mejor educación se sientan con el derecho de destruir la propiedad pública y privada. No se trata, ciertamente, del peor de los delitos, pero son actos que carecen de toda justificación. Por desgracia, en la reciente protesta en Valparaíso, y luego de concluida, dos jóvenes que habían participado en ella fueron asesinados por una persona que, según parece, quiso tomarse la justicia por su propia mano pretendiendo evitar daños en un local comercial familiar. Es un episodio que recuerda a la "guerra de todos contra todos", de Hobbes.

Las consecuencias de este juego trágico son previsibles: los estudiantes ya tienen sus mártires, y este episodio, de fuerte carga simbólica por la palmaria injusticia de esas muertes, dará aún mayor protagonismo a los grupos más radicales. Además, como el cambio de gabinete les hace temer que entren aires de moderación en La Moneda, ya han anunciado que van a intensificar las medidas de presión contra el Gobierno, porque, como se sabe, los líderes estudiantiles solo conciben el diálogo cuando, en la práctica, significa que se accede a todas sus peticiones.

La lógica de la autotutela no se observa solo en episodios como el de Valparaíso. Ya nos hemos acostumbrado a los incidentes de violencia en La Araucanía, y solo nos podría llamar la atención que los agricultores no hayan respondido con la misma moneda, hasta ahora. Sería injusto atribuirle toda la responsabilidad a este gobierno, pero no hay dudas de que la cantidad y entidad de la violencia se han agudizado en el último año.

Para nadie es un misterio que las fuerzas policiales tienen las manos atadas. Los carabineros saben que nadie los va a defender: en cualquier situación medianamente confusa aparecerán ellos como victimarios. Las señales que reciben de la autoridad política son particularmente equívocas, porque las invocaciones a la seguridad ciudadana no han sido acompañadas en los últimos años por actos de respaldo cuando se toman medidas efectivas para garantizar esa seguridad. Tampoco son muy alentadoras las señales que reciben de parte de los jueces, entre quienes el garantismo se ha extendido a niveles que años atrás habrían sido impensables. Las teorías garantistas y los llamados a extirpar cualquier síntoma de represión policial suenan muy bonitos, pero en la práctica producen un grave sentimiento de indefensión en los ciudadanos corrientes.

En este contexto, no nos puede extrañar que, según la última encuesta CEP, la mayor preocupación de los chilenos sea la seguridad ciudadana (46%). La Presidenta, en cambio, pone en primerísimo lugar el proceso de cambio constitucional, que solo quita el sueño a un 5% de nuestros compatriotas. Cabe la posibilidad de que estemos ante una gran estadista, que se preocupa del bien del país y no de gobernar por las encuestas. Pero también es posible que estemos en presencia de un episodio más en la antigua historia de desconexiones entre lo que se ve desde La Moneda y lo que piensa la gente corriente (que, dicho sea de paso, poco tiene que ver con esa curiosa categoría que hoy se llama "la calle").

Por si lo anterior fuera poco, los primeros tres lugares en el ranking de las instituciones que despiertan mayor confianza están ocupados por las FF.AA. (59%), Carabineros (54%) y la PDI (48%), un dato que a más de alguno debe haber hecho rechinar los dientes de pura rabia.

Se ve que los chilenos están pidiendo a gritos un mayor ejercicio de autoridad, una autoridad ordenada, enmarcada en los márgenes legales, pero real. Ahora bien, por más que haya hecho algunos cambios, no parece fácil que este gobierno pueda satisfacer esa legítima demanda. La Presidenta Bachelet se halla en un dilema del que no podrá salir fácilmente: si hace primar la cordura, corre el riesgo de que se le incendie "la calle", pero si continúa con su frenesí reformista, desanimará a los ciudadanos normales y, de paso, pondrá en peligro la continuidad de su gobierno. En ese contexto, su única esperanza podría radicar en que la oposición no perciba que tiene delante una gran oportunidad.

La falta de autoridad no origina mayor libertad, sino la instauración de poderes opresivos. La lógica de la autotutela está presente en el asesinato de dos estudiantes en Valparaíso, pero también en la constante violencia en La Araucanía.

Lo positivo de la encuesta CEP,

por Rodrigo Montt Swett.

La última encuesta CEP marca un punto de inflexión entre aquella mayoría que pensaba que estábamos progresando y esa nueva mayoría de ciudadanos que piensa que estamos en decadencia. A primera vista, se ve cómo se están haciendo las cosas, pero si se lee detenidamente, se desprende qué es lo que esperan los ciudadanos.

Lo primero es desalentador: tener una Presidente con sólo 29% de aprobación, con todos sus atributos, especialmente cercanía y confiabilidad, bordeando el 30%, sólo 14% piensa que la situación económica es buena o muy buena, o el bajo valor del Gobierno, Congreso y Partidos, genera un pesimismo en aquellos que Chile nos importa.

Pero lo segundo, lo positivo de la encuesta, es esperanzador. Los ciudadanos chilenos todavía tienen un respeto al orden y un grado de sensatez que nos permite mirar el futuro con optimismo.
Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son las instituciones mejor evaluadas, no sólo porque son las garantes de nuestra seguridad, sino porque además son vistas como las protectores del orden. Es el orden lo que los chilenos claman a gritos, frente al caos que piden las minorías vociferantes, aquellas que a rostro cubierto salen, cada vez que pueden, a destruir todo los que al Estado y a los privados les ha costado tanto construir.

La sensatez al evaluar las reformas nos muestra, primero, que a los chilenos no les gustan las transformaciones por sí y ante sí, sino que prefieren los cambios sólo de aquello que está mal; segundo, que las principales reformas del Gobierno (electoral, educacional e incluso la tributaria) tienen una opinión mayoritariamente negativa. Podría sorprender la mala opinión sobre la reforma tributaria, pero hay que considerar que los efectos de la misma ya son sentidos por la ciudadanía.

La Presidente Bachelet, al anunciar un cambio de gabinete, dio a entender que había que dar un golpe de timón y modificar el rumbo. Por eso se valoran los cambios en los ministerios de Interior y Hacienda, pero el “juego de las sillitas musicales” pone un manto de dudas si efectivamente va a haber un cambio de rumbo o sólo se va a seguir haciendo uso de las mayorías transitorias al servicio de ideas extremas, sin importar lo que quieren y esperan los chilenos.

Cambiar las prioridades,

por Juan Andrés Fontaine.

El estilo más amigable y dialogante que exhiben los nuevos ministros sin duda ayudará a mejorar el clima económico y político, tan convulsionado en días recientes. Pero lo que el país requiere con urgencia es que la Presidenta Bachelet imprima nuevas prioridades a la acción del Gobierno. El próximo 21 de mayo puede ser la ocasión propicia.

La misión de las nuevas autoridades es reconstruir la confianza. El frenesí reformista desatado el año pasado hundió las expectativas de empresarios y consumidores, frenó la marcha de la economía y echó por tierra la popularidad del Gobierno y su programa. Luego, las revelaciones sobre negociados y financiamiento irregular de actividades políticas desataron una ola de desconfianza. Si el país no recobra la fe en sus instituciones, sus líderes y su futuro económico, las consecuencias las pagaremos todos.

En el terreno político, la preocupación inmediata del nuevo equipo habrá de ser dar garantías que las investigaciones sobre las malas prácticas políticas -aunque involucren a sus partidarios- siguen adelante con rigurosidad e imparcialidad. Las dudas que han dejado las actuaciones del Servicio de Impuestos Internos -vacilantes y sesgadas- deberán ser despejadas con prontitud. Pero lo más determinante para el restablecimiento de la confianza será, en mi opinión, precisar y asegurar que el "proceso constituyente" anunciado por la Presidenta se encauzará por la vía institucional vigente y no dará lugar a un aluvión populista.

La mano del nuevo ministro de Hacienda se probará en la tramitación de la reforma laboral. El desafío será resistir las presiones interesadas de la CUT, encontrar en el Senado cómo moderar los aspectos más críticos del proyecto -que concede a los sindicatos el monopolio de las negociaciones colectivas y endurece mucho las huelgas- y avanzar con más convicción en la adaptabilidad negociada de jornadas y descansos. En seguida habrá de levantar las expectativas de crecimiento con una batería convincente de medidas que destraben las inversiones y estimulen la productividad.

Pero los obstáculos que enfrenta el nuevo equipo son formidables. La retórica de la retroexcavadora caló hondo y sus adherentes están activos. Es fácil confundir el bullicio de las protestas callejeras con las demandas de la mayoría. Es tentador creer que la economía puede volver a crecer tan solo insuflándole más gasto público o expansión monetaria, como si el alza de la inflación no fuese ya una amenaza real. No habrá receta fiscal que funcione si el país no vuelve a creer que sus autoridades son honestas y que su primera prioridad económica es crear más y mejores oportunidades de progreso para todos. Más allá de las diferencias políticas que nos separan, mi deseo es que el nuevo equipo tenga éxito.

Minorías impunes,

por Axel Buchheister.

El cambio de gabinete al fin se produjo y ha sido recibido con generalizado beneplácito. Gustaron los músicos nominados y lo mismo los primeros acordes de la tonada, que suenan a moderación y diálogo. Pero la gran pregunta es si el público permitirá que se ejecute debidamente el concierto.

¿Por qué la duda? No tendría cabida en una democracia seria, en que las mayorías son las que señalan el rumbo. Pero sabemos que en nuestro país no es así, porque se han ido adueñando de la realidad minorías que imponen como sea su partitura. Descalifican, intimidan y usan la violencia, la que siempre constituye un quebrantamiento de la ley, pero eso no les importa porque se saben impunes. Y entonces llevan las de ganar.

Es un mal que afecta a nuestra sociedad y que se ha ido imponiendo por negligencia de nosotros mismos, pues en democracia sucede lo que la gente quiere o deja que pase. Cuando una causa se toma la cartelera, goza de manga ancha y nadie puede siquiera pedir que se castigue a quienes quebrantan la ley al promoverla. Y ahí es donde todos perdemos, no sólo porque la minoría es la que termina decidiendo, sino porque se deteriora la base misma de la convivencia, que es el acatamiento de la ley.

Así, en Valparaíso un sujeto descontrolado dio muerte -aunque alega inocencia- a dos jóvenes que protestaban. Pero lo cierto es que fue un acto de reacción furiosa frente al hecho que alguien de ese grupo estaba dañando la propiedad de su familia, a vista y paciencia de la policía, pero que de haber actuado para detener a los autores del ilícito habría sido acusada de criminalizar la protesta. El resultado trágico está ahí. En un estado de derecho no sólo se castiga al que mata injustificadamente, sino también al que le haya causado daño indebido. La provocación ilícita no puede terminar justificada por la reacción irracional y condenable del afectado.

Para qué agotar repitiendo lo que sucede en La Araucanía, donde apenas albergan la esperanza que el nuevo ministro del Interior los vaya a visitar, porque el saliente ni siquiera se apareció. Pero no están solos: un reciente reportaje de un portal electrónico relata la situación dramática de la Isla de Pascua, que está tomada -hecho no reconocido por el gobierno- por una minoría extrema de la etnia Rapa Nui que reclama la independencia. Las principales víctimas no son “continentales”, sino que aquellos de su propia etnia que trabajan para organismos públicos o que son “mestizos”, ¡por no tener la suficiente pureza étnica! Ambos grupos -la mayoría- tienen peticiones aterrizadas y entienden que necesitan del resto de Chile. Todo eso sucede -de nuevo- a vista y paciencia de quienes gobiernan, que en forma muy chilena (continental) se hacen los “suecos”.

Vincular el nuevo gabinete con la impunidad que campea en todas partes, no es artificioso. Si una minoría impide ahora el diálogo y los consensos que la mayoría ha pedido -y se supone que vienen-, las cosas se pondrán muy mal en todas partes y para todos. Ese es el verdadero desafío que las nuevas autoridades enfrentan.

Irregular financiamiento de la política.

La actividad de los partidos políticos se origina en el interés de personas privadas de asociarse libremente para perseguir sus ideales y llevarlos a la práctica siguiendo procedimientos democráticos. Tradicionalmente, los recursos para hacerlo han provenido de donaciones. La importancia que la política tiene para el buen funcionamiento social la transforma en un bien público, lo que justifica que haya recursos de los contribuyentes que le den un sustento básico e impulsen su desarrollo en pos del bien común. Sin embargo, es la coexistencia de ambos fenómenos -la libre entrada y salida de proyectos políticos constituidos por asociaciones de individuos tras un ideal común, apoyados con recursos de personas afines a sus ideas, y la necesidad de dotar a la política de una institucionalidad que fomente las mejores prácticas desde el Estado- lo que le confiere riqueza e incentiva su prestigio.

Sin embargo, el financiamiento de la política, ya sea por parte de privados o a través de recursos públicos, como toda actividad humana, puede prestarse para que quienes entregan dichos recursos intenten capturar las decisiones de quienes los reciben. Ello hace necesario diseñar las instituciones que regulan el financiamiento de la política haciéndose cargo de esa debilidad propia de la naturaleza humana.

En estos meses hemos conocido la relativa regularidad con que operadores políticos recaudaban fondos, acercándose a empresas privadas para financiar actividades políticas, durante las campañas pero también entre períodos de campaña, pues sus cuadros dirigentes y pensantes necesitan una fuente de sustento para mantener su actividad en ese lapso. Las empresas, vistas ante ese requerimiento, utilizaron el expediente de hacerlo como si se tratara de gastos corrientes, para lo cual los operadores les presentaban boletas o facturas por bienes o servicios que, la mayoría de las veces, no se habían realizado o no se requerían. Ese escenario, que tiene visos de haber sido bastante generalizado, ha dado lugar a irregularidades administrativas o tributarias, según el tratamiento tradicional, o a delitos, en una mirada más audaz. La opinión pública ha sido crítica de todo este fenómeno. En consecuencia, la autoridad se enfrenta al dilema de referirse a lo anterior como delitos, en cuyo caso incluso figuras del Ejecutivo podrían enfrentar dichos cargos, o seguir el camino administrativo y hacer frente a la opinión ciudadana. Serán los tribunales de justicia los que sentarán una doctrina al respecto.

En cualquier caso, resulta positivo que el país corrija sus malas prácticas, y que, como resultado de ello, se eleven los estándares del financiamiento de la política.

Definiciones argentinas.

Cuando faltan tres meses para las elecciones primarias obligatorias, y cinco para las generales y presidenciales, el oficialista Daniel Scioli, el alcalde bonaerense Mauricio Macri y el ex kirchnerista Sergio Massa todavía no han acordado participar en ningún debate presidencial, pero no tuvieron pudor para bailar y reír en el espacio de Marcelo Tinelli, una especie de don Francisco argentino. Los analistas han dicho que dado el ambiente polarizado y crispado de la política trasandina es necesario más que nunca que los aspirantes a suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada tengan un buen intercambio de ideas y confronten sus planes, con profundidad y altura de miras. En cambio, "farandulizaron" sus campañas para llegar a más gente, especialmente a los indiferentes con la política.

Los estrategas pueden tener razón, en el sentido de que es imprescindible que los candidatos se den a conocer al público, y que, en ese ambiente, al menos aprecien sus cualidades comunicacionales. Pero no es suficiente. Cuando el populismo campea en Argentina, la política necesita buenas ideas y seriedad para plantearlas, lo que no es incompatible con buscar más cercanía con el electorado.

Más de 30 por ciento de rating tuvieron en el peak de la emisión, algo inimaginable en un programa político de formato tradicional. Aun así, el otro precandidato oficialista, Florencio Randazzo (ministro de Interior y Transporte), prefirió hacer su propio paseo electoral a bordo de un tren, para diferenciarse de su rival. Randazzo cuenta con Cristina, quien por cadena nacional le dio un insólito espaldarazo y consiguió que los demás presidenciables del sector bajaran sus candidaturas. La Mandataria, desde el comienzo, mostró reticencia y algo de molestia con el gobernador Scioli, por haber lanzado prematuramente su candidatura. Cristina espera lealtad total, y Scioli ha exhibido bastante independencia. Aun así, promete proteger "el modelo" y representar el continuismo.

Un candidato con lealtad a toda prueba.

Como Cristina quiere seguir siendo un referente después de las elecciones, necesita un sucesor que le sea completamente leal. Por eso, prefiere a Randazzo por sobre Scioli, a pesar de que el gobernador lleva la delantera, y hasta, según algunos, podría ganar en primera vuelta. Ese resultado no está para nada definido; muchas cosas pueden pasar de aquí a las primarias, y luego a los comicios de octubre. Pero la Presidenta busca definir su futuro, para lo cual debe decidir si se presenta a diputada nacional o al Parlasur. Cualquiera de las dos opciones le otorga inmunidad, muy útil en momentos en que hay causas abiertas por negocios familiares en sus hoteles del sur.

Si Scioli gana, lo probable es que él afiance su liderazgo. A partir de diciembre, cuando asuma el nuevo Presidente, las decisiones ya no necesitarían el visto bueno de Cristina, y Scioli dominaría el peronismo oficialista. Tendría eso sí que lidiar con personeros leales al kirchnerismo, enquistados en el aparato burocrático.

Si la oposición, con Macri, gana la Presidencia, derrotando al candidato oficialista, Cristina, con su indiscutible popularidad, mantendría su liderazgo en el peronismo. Ese escenario la dejaría posicionada para influir en las próximas movidas políticas de su sector y de la política argentina.

Cansancio y frustración de la sociedad.

Cualquiera que quiera ganar las elecciones, y tener éxito en un próximo gobierno, deberá tomar en cuenta la dura realidad de Argentina, consecuencia de diez años de políticas kirchneristas. Las cifras en general son poco creíbles, pero reflejan el deterioro de la economía y el cansancio y frustración de la sociedad.

Un reciente informe de la Fundación Libertad y Progreso dio cuenta de la caída que ha tenido Argentina en el Índice de Calidad Institucional elaborado por ese centro de estudios, situándose en el lugar 137 de una lista de 193 países. Desde 2005, es el país donde más se han deteriorado instituciones como libertad de prensa, libertad económica y vigencia del Estado de Derecho. El índice está confeccionado sobre la base de los indicadores mencionados, y otros como rendición de cuentas de los gobiernos, percepción de corrupción, competitividad global, y formas de hacer negocios. Un dato destacado tiene que ver con la inversión extranjera directa, considerada una muestra de la confianza de los agentes económicos en los países que tienen seguridad jurídica, respeto a la propiedad, libertad de precios y libertad contractual, y es demostrativo de las oportunidades de progreso. En esto Argentina también está mal evaluada.

Para recuperar la confianza, el próximo presidente deberá hacer reformas -desde terminar con el cepo cambiario, hasta decidir sobre las retenciones agrícolas-, y la pregunta es si conviene aplicar una estrategia gradualista o una de shock . Tomando en cuenta que parte de la población está satisfecha con "el modelo", y que cambios drásticos podrían provocar rechazo e inestabilidad, esa decisión será clave para el éxito del próximo gobierno.

Según el analista Eduardo Fidanza, la mayoría no quiere grandes cambios, sino mejorar lo que tiene. Así el gobierno podría hacer una "campaña del terror" contra Macri, señalando que va a cortar beneficios sociales. Paradójicamente, dice Fidanza, "para ganarle al populismo, Macri tendría que usar una estrategia populista".

Atropello a las libertades en Venezuela.

El regimen venezolano ha continuado con su campaña de hostigamiento e intimidación hacia los escasos medios de comunicación independientes que han logrado sobrevivir en Venezuela, cuya resistencia a estas alturas puede calificarse de heroica. La última de las asonadas fue una inédita resolución judicial, que impuso orden de arraigo a 22 directivos y representantes de El Nacional, Tal Cual y el medio digital La Patilla, bajo el cargo de haber reproducido información -publicada por el ABC de España- que vincula a actividades de narcotráfico al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Este último presentó una demanda judicial en contra de dichos periódicos, la que fue prontamente acogida por el poder judicial, dictaminando esta medida cautelar, sin siquiera notificar de ella formalmente a los afectados. No hay claridad de cómo pueda evolucionar el juicio, pero en un país donde los tribunales están completamente capturados por el gobierno, parece improbable que se den las mínimas condiciones para un juicio imparcial.

Este nuevo ataque del gobierno constituye una flagrante violación a la libertad de expresión y a las garantías ciudadanas esenciales, lo que no hace más que confirmar el peligroso camino hacia el que está transitando el régimen chavista, que en los hechos está actuando con métodos dictatoriales no obstante que en las formas se presente como una democracia. La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) ha formulado una dura condena por la situación acontencida con los 22 personeros.  “Muestra una vez más cómo el sistema judicial venezolano es utilizado como un instrumento de poder político”, señaló el presidente de la SIP. También ha explicado que el proceso judicial es un abierto desafío a lo que ha dictaminado la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha señalado que los medios no pueden ser responsables por publicar en forma fiel informaciones que fueron originalmente difundidas por otros medios y que no han sido legalmente cuestionadas.

Sorprende el silencio que la comunidad de países de la región y sus respectivos organismos internacionales han mantenido respecto de este caso. La falta de condena decisiva ante la violación manifiesta de la carta democrática de la OEA no hace más que alimentar la escalada de sistemáticos atropellos en que ha incurrido el gobierno venezolano, tanto hacia los medios de comunicación como hacia las fuerzas de oposición. No podría ignorarse que sus principales líderes -el alcalde de caracas, Antonio Ledezma, y Leopoldo López- se encuentran ilegalmente detenidos en una prisión militar, cuya formalización de cargos ha sido inexplicablemente dilatada. Tal circunstancia ha motivado que el propio ex premier español, Felipe González -quien declaró a este medio que Venezuela “está en una situación crítica en cuanto a libertades”-, haya asumido la defensa internacional de ambos prisioneros, a lo cual se han sumado otros ex mandatarios de la región, quienes han levantado una enérgica voz de protesta.

La SIP ha dado cuenta en diversos informes sobre el progresivo deterioro de la libertad de expresión en América Latina, ya sea por la dictación de leyes que favorecen la censura, o por acción directa de los gobiernos mediante el amedrentamiento de periodistas, estatizando medios o privando a estos últimos de insumos básicos para su normal funcionamiento. Venezuela es el caso más ominoso, pero ciertamente no el único. Al coartarse la libertad de informar e impedir el rol de fiscalización del poder que ejerce la prensa libre, inevitablemente se resienten las bases mismas de la democracia.

Algunas cartas a Directores de diarios

que llaman a meditar:

Señor Director:

Jóvenes muertos.

Lamento profundamente la muerte de los dos estudiantes en Valparaíso. Para juzgar esta desproporcionada acción, servía dilucidar si concurrían los presupuestos de la legítima defensa. En vez de aclarar mis dudas, al poco andar, vi a unos hacer gala de su anticomunismo para justificar a priori la acción; un senador sacar provecho culpando a la Constitución y un vicepresidente de partido oficialista aprovechando para asestar un golpe a los jóvenes pro-vida, entre muchas otras tristes actitudes. Mis condolencias a las familias involucradas, espero se haga justicia.

Eugenio González Armstrong.

Señor Director:

Seguros para La Araucanía.

¿No sería más lógico que el Gobierno en lugar de preocuparse de que los habitantes de La Araucanía puedan contratar seguros para reparar los daños causados por idealistas que siembran el terror en la región, pueda asegurar y garantizar el imperio del la ley y del derecho, y la protección de la vida y bienes de sus habitantes?

Patricio Velasco Baraona.

Señor Director:

Seguridad ciudadana.

Mientras medios, parlamentarios y el propio gobierno centran su atención en el cambio de gabinete y en las reformas constitucional, laboral y electoral, se dejan de lado temas que preocupan a la ciudadanía como la seguridad y la delincuencia.

El peor ejemplo de este olvido quedó de manifiesto con las últimas pesquisas del caso del “Robo del Siglo”. ¿Cómo es posible que parte del grupo que cometió este asalto haya podido salir del país sin que la policía se percatara?

Chile necesita, antes que todos los anuncios emitidos, una reforma a la seguridad. Una reforma que permita que las municipalidades aporten al financiamiento de sus comisarías y una policía municipal que al menos pueda dirigir el tránsito, para así liberar a Carabineros de esa función y otras de orden administrativo.

Como siempre, la escala de prioridades está invertida en la agenda social y falta sintonía entre la política y la gente.

Carlos Ward Edwards.

Señor Director:

Las propuestas de Ricardo Lagos.

En la filosofía se conoce como "argumento por autoridad" al que a fin de demostrar algo, recurre a una personalidad que ha demostrado -por palabra y obra- una indiscutible eficiencia y veracidad en alguna materia.

Resulta por ello insólito observar cómo el señor Lagos se autoperfila como un sabio en la materia proponiendo nuevas formas de transportar a las innumerables víctimas de su Transantiago. La autoestima -como todo- se convierte en un riesgo cuando pierde de vista el sentido de las proporciones.

Prof. Dr. Víctor Farías.

Señor Director:

Bachelet.

La Presidenta Michelle Bachelet no debe olvidar que los electores votaron por ella, y no por su programa de gobierno.

Juan Eduardo Morales Veas.

Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.