El
discurso que pudo ser,
por
Sergio Melnick.
Todos los actores
políticos relevantes reconocen que el país atraviesa por una seria
crisis política e institucional, anclada en la falta de credibilidad
y confianzas de todos con todos. La agenda pública está tomada por
escándalos y acusaciones cruzadas, y los temas reales y necesarios
desaparecen en la oscuridad.
En ese
contexto, en un país con exceso de poder en la institución del
Presidente y el Gobierno, lo que haga o no haga el Mandatario es
demasiado relevante. Tras la crisis de Gabinete a la que se vio
forzada la Presidente, y el anuncio de un nuevo comienzo para el
segundo tiempo, se esperaba un discurso contundente en los
lineamientos para el país. Pero simplemente no ocurrió. Lo que
escuchamos fue una Mandatario nerviosa, abstraída, queriendo
terminar el trámite del discurso lo más pronto posible, incapaz de
mostrar un camino que no sea más de lo mismo y que le ha dado tan
malos resultados. Los comentarios de la propia Nueva Mayoría fueron
tímidos por decir lo más. No hubo liderazgo alguno.
La economía está
en serias dificultades por un problema claro de expectativas, frente
a lo cual Bachelet sólo dijo vaguedades de buenas intenciones, como
si fuera más bien una candidata antes que Gobernante. No dijo una
palabra de cómo se sale de la situación actual que es su
responsabilidad. Señaló su prioridad en el crecimiento y la
productividad, ambos temas en los que ha fracasado rotundamente en
sus primeros 15 meses de Gobierno. De hecho, la productividad en su
primer año de Gobierno cayó en un 1,1%, lo que es extremadamente
malo. Hay que recordar que en su Gobierno anterior la productividad
cayó año tras año, de manera inédita en todos los Gobiernos de la
Concertación. Habló
de seriedad Fiscal, y ya presentó un presupuesto deficitario para el
2015, que no se cumplirá y el resultado final será el doble de
malo. Tenemos el doble de inflación que hace un año, tal como
ocurrió en su primer mandato. Paradojalmente, también festejó las
cifras de desempleo en una economía que no invierte ni genera
empleos y cuya cifra se mantiene baja sólo porque según el propio
Gobierno menos gente quiere trabajar, lo que no es creíble.
En educación,
reiteró que lo relevante para su administración es esencialmente la
gratuidad. Nunca ha tocado el tema de la calidad, que es lo realmente
importante. La población rechaza muy mayoritariamente sus reformas,
pero no da indicios de cambiarlas. Si seguimos en esa dirección, la
educación retrocederá 20 años. El Ministro se vanaglorió de que
la educación volverá al control del Estado, que según él
garantizará la calidad. Por cierto no dijo cómo, y será justo al
revés, como es la educación pública hoy. El Gobierno será juez y
parte en la educación, la burocracia será aplastante, y el
dirigismo central insoportable, que es la peor de las situaciones. Un
Gobierno que cree que la solución es entregar 100.000 computadores
por año, significa que aún no entiende el problema.
En salud el
discurso fue increíble. Las colas Auge volvieron a subir, las
promesas de hospitales no se han cumplido, se han registrado 11
huelgas ilegales; en fin, parece que habló de otro país.
Bachelet
perdió otra gran oportunidad de marcar la agenda, ocupando tiempo de
un discurso tan relevante hablando de los perros callejeros. Yo creo
que ya no le quedan muchas oportunidades. Se notó la mano del
Ministro Burgos con el llamado a la unidad; pidió creer en ella,
pero no dio elemento alguno para hacerlo.
Un
país en marcha, pero en reversa,
por
Felipe Larraín Bascuñán.
Si
alguien buscaba en el discurso Presidencial del 21 de mayo elementos
que permitan a la economía chilena salir del frenazo o mejorar las
expectativas respecto de reformas tan importantes como la laboral,
educacional o Constitucional, salió profundamente defraudado (con
excepción parcial en la Constitucional).
Todos
podemos equivocarnos, pero reiterar el mismo error es mucho menos
entendible. Eso es lo que ocurrió con el diagnóstico económico del
discurso, esencial para enmendar rumbo. Tal como en plena campaña
electoral de 2013, se sigue sosteniendo que las razones de la
desaceleración son externas y no se reconocen los negativos impactos
de la reforma tributaria y la incertidumbre de otras reformas sobre
la inversión y el crecimiento. Todo esto después del evidente
frenazo económico que enfrentamos desde 2014 y que ya le ha costado
muy caro al país. Solo en materia de recaudación Fiscal, el
paupérrimo crecimiento de 2014 costó unos US$ 2.000 millones en
relación con el promedio de crecimiento 2010-2013.
La
respuesta del discurso al frenazo es un rol más activo de la
política Fiscal. Sin embargo, el resultado del impulso Fiscal en el
crecimiento ha sido, por decir lo menos, escuálido. Y no solo en
2014. En 2009 el gasto público creció casi 17% real y la economía
se contrajo en 1%. No olvidemos que el sector público representa
solo cerca del 20% de la economía; por tanto, para reactivar hay que
reencantar al otro 80%: el sector privado. Este punto estuvo ausente
en el discurso.
Lamentablemente,
cuando el diagnóstico es equivocado y no se reconocen los errores,
es muy difícil enmendar el rumbo. Si este es el camino elegido, nos
llevará a crecer -con suerte- al 3% y lo sufrirán los chilenos con
menos posibilidades de empleo y menor crecimiento de los salarios,
como ya está ocurriendo.
En
el ámbito laboral, la Presidente dice que los ciudadanos "nos
demandan más y mejores oportunidades de trabajo". Pero si ello
es así, ¿cómo se sigue adelante con una reforma laboral que podría
generar una pérdida de 150 mil puestos de trabajo? Y si demandan
mejores oportunidades de trabajo, ¿cómo deja ausente de una reforma
laboral la capacitación de sus trabajadores para incrementar sus
conocimientos y aspirar así a mejores oportunidades de trabajo?
¿Será por todo lo anterior que nunca pronunció las palabras
reforma laboral?
El
discurso también dejó en evidencia las dificultades de la reforma
insignia del Gobierno en el ámbito de la educación: la gratuidad.
El anuncio de que a partir de 2016 se asegurará que el 60% más
vulnerable estudiará "sin beca ni crédito" solo en
centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados
y sin fines de lucro o universidades del CRUCh generará una compleja
situación. ¿Qué ocurrirá con el importante número de alumnos
vulnerables que, con gran esfuerzo, estudian en otras instituciones?
Las declaraciones del Ministro de Educación
de que aún no se ha presentado la forma en que se financiará la
gratuidad sugiere que la discriminación responde simplemente a los
altos costos de la medida, punto que ha sido levantado desde un
comienzo por distintos técnicos, pero hasta ahora obviado por la
autoridad.
Los
anuncios Constitucionales del discurso dejan entrever alguna
definición Presidencial. Aun cuando no es el ideal tener que
recurrir a la exégesis para dilucidar el verdadero sentido de lo
expresado por la Mandatario en materias de tal trascendencia,
valoramos que haya utilizado el concepto de "acuerdo político
amplio" para referirse al contexto dentro del cual deberá
generarse nuestra nueva Carta Fundamental. Lástima que haya sido la
única vez en toda su intervención donde utilizó estas palabras que
llaman a la ponderación y al ejercicio democrático de búsqueda de
acuerdos transversales en el interés del país y no de una mayoría
política transitoria.
Este
acuerdo amplio Constitucional supone que deberá existir un
equilibrio adecuado entre la participación ciudadana y un "momento
institucional legítimo y confiable". Esto último es un
reconocimiento expreso a que no es posible realizar una modificación
de esta envergadura sin sujetarse a las normas institucionales
vigentes: es el Congreso Nacional -como depositario de la soberanía
popular- el que debe tramitar y votar el proyecto de nueva Carta
Fundamental. Parafraseando al mismo Camilo Henríquez citado en su
alocución por la Mandatario para justificar sus ansias de contar con
un incierto nuevo texto Constitucional, "una porción del pueblo
no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo
entero".
La
corrupción como gasto necesario,
por
Javier Infante.
¿Qué pasó con
el SII? Tiempo atrás, su gracia era su bajo perfil, su carácter
técnico y reservado, y el encontrarse —pese a que la Constitución
nada decía al respecto— casi en una situación de autonomía
política frente al Ejecutivo.
Todo eso
cambió. El año pasado se celebraba el cambio de criterio de técnico
a político del Ministerio de Hacienda. El ex Ministro Arenas
—primero en ser removido desde el retorno a la democracia— era
político, no un técnico. No velaba por la probidad Fiscal, sino por
el financiamiento de un programa. No cumplió ninguna de las dos: el
país se frenó y la reforma tributaria se gastó en cualquier cosa
menos educación de calidad.
No es de extrañar
que el SII, cuyo superior es Hacienda, haya desviado su actuar. Ya no
le basta con velar por la adecuada recaudación, persiguiendo la
evasión. Ahora también vela por el contenido de los actos que dan
origen a lo recaudado. Que los servicios se presten efectivamente y
el precio sea adecuado. Quizá el SII evolucione a una especie de
Magistratura celadora de la justicia de los precios. Si esto
sucede, como de hecho está ocurriendo, el SII dejará de tener la
confianza de los chilenos. Porque si ya dejamos de confiar en los
administradores públicos y altos Magistrados, ¿qué pasará si
dejamos de confiar también en el recaudador? Más corrupción,
evasión y elusión.
Ayn Rand sostenía
que la corrupción cumple un rol social paradójico. Es el aceite de
una máquina mal ajustada. La única solución frente al cáncer de
la corrupción es limitar al poder público.
Difícilmente
un político, un funcionario o un operador político se podrán
corromper si no tienen favores con los cuáles beneficiarse. Es por
ello que las políticas de probidad Fiscal no pasan por darle mayores
atribuciones al Estado. Eso es pretender apagar el fuego con bencina.
Más Estado no es sinónimo de mejor Estado.
Un Estado pequeño
pero eficiente es la solución. Una sociedad civil atenta,
preparada y basada en los valores de la libertad, la responsabilidad,
el control y restricción del poder público, es el único remedio
ante la crisis de confianza que actualmente nos ha llevado a pensar
que mientras más sometidos, seremos más libres; mientras más
iguales, seremos más diversos y mientras más subsidiados, seremos
más ciudadanos.
Tres
años más,
por
Axel Buchheister.
Los discursos
Presidenciales del 21 de mayo son una cuenta al país del estado
administrativo y político de la nación, que se hace ante el
Congreso pleno, como ordena la Constitución. Consisten, antes que
nada, en una exposición árida de detalles y cifras del pasado año,
y eso es ineludible. Pero como toda cuenta, no estaría completa si
no contuviere el señalamiento del rumbo a seguir en el futuro ante
lo acontecido. Eso es dar “cuenta política” de la nación por
parte de quien la lidera.
Para
quienes estuvieron atentos al acto que tuvo lugar el jueves pasado,
las expectativas resultaron frustradas. Se eludieron definiciones
importantes ante una de las mayores crisis políticas de las últimas
décadas, que está teniendo impacto negativo en lo económico. Algo
que en realidad no debiera sorprender, porque una característica de
la Presidente Bachelet es eludir y no pronunciarse sobre las
cuestiones que la pueden complicar.
Aunque en este caso la demanda por claridad y definiciones provenía
de expectativas creadas por ella misma.
En efecto,
mediante cadena nacional ella bosquejó las medidas que se adoptarían
para enfrentar los casos de financiamiento irregular de las campañas
y de la política. Sin embargo, quedaron totalmente eclipsadas por el
anuncio en la misma intervención que se impulsaría un “proceso
constituyente”, propósito refundacional que poco tenía que ver
con el asunto. Además, como a nadie le quedó claro en qué
consistiría tal proceso, se tomó el debate si incluiría una
asamblea constituyente. Pura incertidumbre, en el peor momento.
Nada más oportuno, entonces, que el discurso del 21 de mayo para la
necesaria clarificación. ¿Qué dijo al respecto? Que en dicho
proceso habrá un “equilibrio adecuado entre una participación
ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y
confiable”. Explicación que linda en lo ininteligible. Camila
Vallejo la comentó así: “nuevamente se chutea la pelota sin tener
claridad de cómo se van a zanjar las diferencias Constitucionales”.
El forcejeo sobre la asamblea constituyente seguirá, en
consecuencia, por meses.
Hace muy poco
hubo cirugía mayor en el Gabinete, que incluyó por primera vez en
25 años al Ministro de Hacienda, lo cual no puede sino deberse al
ambiente económico deteriorado que se percibe, fruto precisamente de
las reformas aprobadas y otras en marcha. El
nuevo Ministro ha hablado de poner énfasis en el crecimiento
económico, lo que ha sido resistido por sectores de izquierda de la
Nueva Mayoría. El discurso era el momento para que la Presidente
diera un espaldarazo a esa prioridad, pero simplemente no se
mencionó, ni tampoco medidas reactivadoras.
Es que se quiso dar un “énfasis social” al discurso, dicen en
Palacio.
Si en la
instancia institucional más importante del año para comunicar
definiciones y fijar un rumbo la Presidente Bachelet simplemente
“pasó” otra vez, aunque estemos ante la situación más compleja
de sus dos Gobiernos, quiere decir que las cosas no van a cambiar.
Que la indefinición y el forcejeo serán la tónica. Y como aún
quedan tres años más, calcule el costo que eso tendrá para el
país.
La
narcoinvestigación a Venezuela,
por
Andrés Oppenheimer.
El
extenso informe de The Wall Street Journal confirmando que Fiscales
Federales de Estados Unidos están investigando al número 2 del
Gobierno venezolano por presuntos lazos con el narcotráfico ha
generado grandes expectativas entre los críticos del régimen
populista autoritario de Venezuela, pero -lamentablemente- tendrá
muy poco impacto político.
El
artículo del 18 de mayo del Wall Street Journal se basa en más de
una docena de fuentes y confirma los artículos anteriores del
diario español ABC y el Nuevo Herald, diciendo que Fiscales
Federales de Estados Unidos están preparando un caso por
narcotráfico contra el Presidente de la Asamblea Nacional de
Venezuela y número 2 del Gobierno, Diosdado Cabello
Pero
aunque la noticia viene de uno de los periódicos más influyentes
del mundo, no afectará mayormente al Presidente Nicolás Maduro ni
a Cabello, según coinciden algunos de los más conocidos
encuestadores venezolanos.
"Esto,
ya sea cierto o no, ya se ha dicho muchas veces en Venezuela",
me dijo Luis Vicente León, Presidente de la encuestadora
Datanálisis.
"Puede
tener un impacto a nivel de élites, pero para una persona común y
corriente en Venezuela no hace mucha diferencia entre lo que dice el
Wall Street Journal y lo que dice una página web cualquiera que ya
ha dicho lo mismo", agregó. "No va a tener un impacto
político a nivel de masas".
Tampoco
va a ayudar al Gobierno de Maduro, como
ocurrió en marzo, cuando el decreto ejecutivo del Presidente Barack
Obama contra siete figuras prominentes del Gobierno venezolano
sospechosos de corrupción y abusos contra los derechos humanos,
ayudó a revertir la caída de la popularidad de Maduro.
En
ese momento, Maduro apeló al sentimiento nacionalista de su país
alegando que las sanciones eran contra todos los venezolanos, y su
popularidad subió del 22% al 28%, según cifras de Datanálisis.
Pero
esta vez será mucho más difícil que pase algo parecido. Cabello
es uno de los líderes de la élite militar que se ha enriquecido
enormemente en los últimos años, tiene una relación difícil con
Maduro y es una de las figuras políticas más desacreditadas de
Venezuela.
Alfredo
Croes, otro encuestador venezolano muy conocido, coincide en que la
investigación de drogas de Estados Unidos tendrá un impacto muy
limitado en Venezuela.
Hoy
día, la gran mayoría de los venezolanos "no están
preocupados por cuestiones moralmente rechazables, sino por
conseguir comida, porque van a 10 supermercados y no pueden
encontrar carne en ninguno, y con suerte pueden encontrar pollo en
dos", me dijo Croes.
Mientras
hace pocos meses las encuestas mostraban que la primera preocupación
de los venezolanos eran las altas tasas de criminalidad, actualmente
el 46% de los venezolanos dice que su primera preocupación es la
escasez de alimentos, el 20% cita la inflación, y el 14%, la
inseguridad, dijo Croes.
A
pesar de haberse beneficiado de una bonanza petrolera en los últimos
años, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, y
la tasa de crecimiento más baja de América Latina.
Algunos
expertos estadounidenses dicen que la investigación de Estados
Unidos contra Cabello aislará aún más a Venezuela ante la
comunidad internacional, pero no logrará debilitar a Maduro
internamente, ni exacerbar las divisiones dentro del Gobierno
venezolano.
"Maduro
y Cabello se necesitan mutuamente", dice el especialista en
narcotráfico Bruce Bagley, de la Universidad de Miami. "La
estabilidad del Gobierno depende del continuo apoyo del Ejército, y
hay tanta corrupción en las fuerzas armadas de Venezuela, que saben
que si no se apoyan mutuamente, terminarán siendo juzgados por un
nuevo Gobierno o extraditados".
Mi
opinión: La investigación estadounidense
no tendrá muchas consecuencias políticas internas, ni tampoco
impulsará -por lo menos en lo que resta del Gobierno de Obama-
acciones dramáticas por parte de Estados Unidos. En el pasado, las
investigaciones por narcotráfico de Estados Unidos contra altos
funcionarios extranjeros han tenido resultados mixtos.
Las
acusaciones estadounidenses llevaron a la caída del Presidente
boliviano Luis García Meza en 1981, y a la invasión estadounidense
que derrocó al Gobernante panameño Manuel Antonio Noriega en 1989.
Sin embargo, no obligaron a la renuncia del ex Mandatario colombiano
Ernesto Samper, a finales de la década de 1990. De hecho, Samper es
el actual líder del grupo regional Unasur.
Es
improbable que Washington adopte sanciones
contra Venezuela, porque se trata de una de sus principales fuentes
de petróleo importado, y Estados Unidos no quiere hacer nada que
pueda provocar un rebote de los precios mundiales del petróleo.
El
Gobierno de Venezuela no colapsará por esta investigación. Si se
cae, será por la hiperinflación, la escasez de alimentos y por la
masiva oposición interna, que podría ganar las elecciones
Legislativas de este año si Washington y Latinoamérica finalmente
se ponen serios y exigen elecciones con supervisión internacional
en Venezuela.
Adicto
al poder,
por
Marcelo Simonetti.
El poder seduce
y es adictivo. Da estatus, beneficios y prerrogativas. El poderoso
sobrevive mejor las adversidades de la vida y su concepción del
mundo suele no distar demasiado de aquello que le toca vivir en el
mundo real (cuando no la impone). El poder ha sido el motor de la
historia, por él se han originado las guerras y las revoluciones;
han
desaparecido países y han surgido otros. Quien se hace del poder,
en buena medida, se convierte en un pequeño Dios.
Aún así,
Rabindranath Tagore -el poeta y filósofo bengalí- apuntó esta
frase que pasó a la historia: “Agradezco no ser una de las ruedas
del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ella”.
A la que podríamos sumar esta otra, también de un poeta, el alemán
Goethe: “Todo
aquel que aspira al poder ya ha vendido su alma al diablo”.
Es que el poder
suele ofrecer dos caras. La peor de ellas sobreviene cuando los
seres humanos dejan de detentar el poder para convertirse ellos
mismos en el poder. Ejemplos sobran, desde Nerón hasta Stalin,
desde Il Duce hasta Berlusconi. En estos casos, cualquier idea
diferente es vista como una amenaza que es preciso aplastar -como
las criaturas a las que alude Tagore- y, en ese plan, el libre
florecer del pensamiento está condenado al fracaso.
Por lo mismo,
ahora que la FIFA se apresta a vivir una nueva elección no evito
mirar con pesadumbre la persistencia del suizo Joseph Blatter para
seguir en el poder por un quinto mandato consecutivo. Es un hecho
que bajo su influencia -desde que asumió como Secretario General de
la FIFA a principios de los ochenta- el fútbol ha crecido de manera
impensada. Lo digo no solo por los ingresos que se han multiplicado
más allá de cualquier estimación, también por el desarrollo de
los torneos mundiales juveniles o el crecimiento del fútbol en
áreas como África y Asia. Pero después de 17 años a la cabeza de
la FIFA -desde junio de 1998- la prudencia y el sentido común
aconsejan un paso al costado, sobre todo considerando que no son
pocos los candidatos a sucederlo -o no eran pocos antes de la
renuncia de Van Praag y Figo-.
En rigor, el
fútbol ha venido siendo Gobernado bajo un mismo discurso desde
1974, cuando Joao Havelange llegó al poder. En ese discurso la
mercantilización del deporte ha sido la máxima que ha orientado el
devenir del fútbol desde entonces a la fecha. Una máxima que se ha
impuesto a como de lugar, sin importar las denuncias de corrupción
que ya hablaban de soborno la primera vez que Blatter fue elegido
Presidente (un dirigente somalí aseguró recibir una oferta de 100
mil dólares para votara por Blatter).
De cara a esta
elección, las sospechas reaparecen. Figo, que acaba de retirarse de
la contienda, denunció que ha sido testigo de incidentes que
atentan contra un fútbol libre, limpio y democrático. ”He
visto con mis propios ojos a Presidentes de federaciones que después
de comparar a los líderes de la FIFA con el diablo, luego comparan
a esa misma gente con Jesús”.
El poder, a
veces, deforma, deshumaniza, ciega. Quizá ha llegado el momento que
Blatter abra los ojos y entienda que el fútbol no le pertenece; que
el fútbol necesita de nuevas ideas, de aire fresco; que Al-Hussein
puede ser el comienzo de una era tan diferente como necesaria.
Evo
por siempre,
por
Tamara Avetikian.
Ya
todos saben en Bolivia que el objetivo político de Evo Morales
es ir por un nuevo mandato en 2020, y que este, ojalá, sea para
siempre. Él mismo lo anunció: "Si nos unimos de verdad,
compañeros, compañeras, nuestro proceso puede ser como en China.
Gobernar para toda la vida, pero sirviendo al pueblo boliviano".
Que
la Constitución de 2009 permita solo una reelección no parece
obstáculo para el anhelo de Evo; ya logró una interpretación de
la Carta que le permitió volver a ser candidato el año pasado. Y
ahora sería aclamado: "El pueblo lo pide". Por eso en el
MAS, el movimiento oficialista, comenzaron a hacer llamados para
que se quede. Los primeros fueron el líder cochabambino Leonardo
Loza, quien pidió "trabajar unidos" por otro mandato
"del hermano Evo", y el sindicalista campesino Rodolfo
Machaca, que planteó "Constitucionalizar la reelección de
Evo".
El
Gobierno prepara así el aterrizaje mediático para una nueva
reforma Constitucional que permita a Evo seguir en el poder. El
hombre clave de este proyecto es Héctor Arce, el Procurador
General, muy cercano a Evo, y uno de los artífices de la
Constitución, "quien hace y deshace las Leyes", como me
dijo un amigo boliviano. Quienes estuvimos en La Haya, durante
los alegatos por la demanda marítima de Bolivia, comprobamos que
era el pilar político de la delegación paceña, como
representante de Evo, coordinador del equipo y vocero de hecho,
desplazando a Carlos Mesa, quien debió cederle el micrófono en
más de una ocasión.
Hace
unos días, Arce dio la pauta de que ya inició el trabajo legal
para hacer los cambios necesarios. Dijo que es partidario de que el
"pueblo boliviano tenga la palabra" y que si este
ratificó con su voto la permanencia de Evo el año pasado, tiene
derecho a confirmar su continuidad (indefinida) en el Gobierno. En
una entrevista con la revista Cosas de Bolivia, en abril, fue más
explícito: "El último día de mandato de Evo sería el 22 de
enero de 2020, siempre y cuando no se reforme la Constitución que,
en última instancia, es la expresión de la voluntad soberana del
pueblo". No hace falta decir mucho más.
Y
en esta estrategia de "Gobernar para toda la vida" el
tema marítimo es crucial, es el aglutinador de Bolivia, es la
bandera del interés nacional encarnada en Evo. Y lo dijo muy claro
el Vicepresidente, Álvaro García Lineras -el hombre clave para
trazar la línea ideológica, "puntal del Gobierno", como
lo definió Arce-: "Vamos a tener mar", para lo cual uno
de los requisitos que estableció es "que nuestro Presidente
Evo siempre nos acompañe, siempre nos conduzca, siempre nos lleve
por una buena ruta", porque la demanda, según García, ha
podido avanzar en La Haya gracias "al liderazgo y la visión
de Estadista del Presidente Morales".
En
este contexto, se comprende la destemplada reacción, incluso del
moderado Mesa, a las palabras de Heraldo Muñoz sobre la evasiva
respuesta boliviana al juez Owada, porque cayeron como balde de
agua fría sobre el triunfalismo con que el Gobierno presenta todo
lo que ocurre en la Corte de La Haya.
Mensaje Presidencial: prioridades
que no cambian.
El Ministro de
Economía ha salido al paso de las críticas que aluden a la
limitada referencia a la necesidad de reactivar la economía, sin
mención alguna a acciones concretas, en el discurso Presidencial
del 21 de mayo. Dice, en defensa del discurso, que “se priorizarán
todas aquellas medidas que permitan retomar un ritmo de
recuperación, acorde con lo que es la capacidad potencial de
crecimiento de nuestra economía” y añade que, en el marco de la
“tarea de enfocar y profundizar en aquellas áreas que son
importantes”, el Gobierno no dejará fuera las propuestas con
impacto “para el crecimiento en el corto plazo”.
Su par
de Hacienda añade que realizan “un trabajo serio” y que “no
se trata de sacar un conejo del sombrero mágico”. Es cierto, pero
el hecho concreto es que la Presidente de la República ya expuso
ante el Congreso Pleno -y ante el país en general- las prioridades
de su agenda administrativa, no sólo excluyendo anuncios concretos
en materia económica, sino insistiendo además en proyectos que
definitivamente reman en contra de la reactivación
La
fuerte caída en las cifras de inversión y el deterioro en el clima
de confianza del sector privado no se enfrentan con “medidas
efectistas de corto plazo” y, en ese sentido, el Ministro de
Hacienda tiene razón. Tampoco con las mismas que han contribuido
decisivamente a causar el problema. Porque la anunciada priorización
de la meta de crecimiento, generada a partir del cambio de Gabinete,
pasaba necesariamente por disminuir la incertidumbre que generan
proyectos que fueron ratificados por la propia Mandatario el pasado
21 de mayo, como son la reforma Constitucional y la reforma laboral.
El
Gobierno no sólo dejó pasar una valiosa oportunidad para aclarar
ante el país su vaga propuesta en torno al llamado “proceso
constituyente”, sino que incorporó el concepto de “participación
ciudadana realmente incidente”, lo que no hace más que
aumentar el desconcierto entre la opinión pública, en especial si
se tiene en consideración que la Legislación vigente deja en manos
del Congreso tanto la representación popular como los mecanismos
para reformar la Constitución.
En
definitiva, las prioridades Presidenciales, como demostró la cuenta
anual, no han cambiado mayormente respecto al programa de Gobierno.
Se insiste en la educación superior gratuita, sin que ni siquiera
exista certeza sobre su fórmula de financiamiento, pero
especificando ahora un criterio arbitrario de exclusividad para un
grupo de universidades, que de seguro se transformará en fuente de
conflicto con los miles de estudiantes de escasos recursos que
asisten a entidades privadas y que quedarán fuera del beneficio.
La preferencia por la educación Estatal, con la consecuente
postergación para alumnos de los establecimientos subvencionados,
queda de manifiesto con el anuncio de entrega de tablets y
computadores sólo para estudiantes de escuelas de dependencia
Municipal.
Pero eso
no es todo. La Presidente efectúa una extensa exposición de
proyectos, la mayoría de los cuales ya han sido presentados a la
opinión pública, pero omite o apenas esboza soluciones para
algunos de los problemas de mayor relevancia para la ciudadanía,
como son la delincuencia a nivel nacional y los hechos de violencia
que afectan a La Araucanía y alrededores.
Bajo
estas condiciones, la invitación al diálogo que han efectuado las
nuevas autoridades del Gabinete Ministerial termina condicionada a
la aceptación pasiva de un programa en su versión más radical
que, porfiadamente, se impone por sobre los intereses ciudadanos.
Jorratt
e investigación del SII.
Las revelaciones
de Michel Jorratt —respecto de que, en su condición de Director
del Servicio de Impuestos Internos, debió soportar presiones y
advertencias del Gobierno para determinar los cursos judiciales y
denuncias por el empleo de boletas falsas— abren nuevos horizontes
a la investigación. Especialmente en el caso de las boletas
originadas por la sociedad de Giorgio Martelli.
Es complejo
interpretar el interés detrás de la decisión del Ministerio del
Interior de no referirse a los antecedentes vinculados con los pagos
de SQM sin vincularlo a la hipótesis de aristas que aún no han
sido descubiertas, que se ha conjeturado en la prensa.
Se conocerán
nuevos antecedentes, dependiendo de cómo sigan las investigaciones
en el SII respecto de otras empresas que han seguido apareciendo y
que, al parecer, no fueron tan generosas en sus aportes como SQM.
En lo que
Jorratt no transa es en preservar su lealtad con el ex Ministro
Alberto Arenas. A él reconoce su trato ecuánime para abordar el
momento difícil que comenzó a vivirse, pero sin manifestarle jamás
algún tipo de presiones. En cambio, Jorratt luego de sus primeras
revelaciones ha procurado equilibrar, diciendo que también
representantes de la oposición le formulaban advertencias para
defender a sus afectados, situación que se presentaba, según dice,
en las reuniones del Congreso, donde algunos le recriminaron con
dureza el accionar de denuncias de sus partidarios por vinculaciones
con el empleo de boletas ideológicamente falsas.
Sin embargo,
la andanada principal proviene de la Nueva Mayoría, que reclama y
advierte que si las declaraciones de Jorratt no son aclaradas por el
Gobierno seguirán las insinuaciones de irregularidades, que
terminarán imputando a autoridades en ejercicio, además de ex
Ministros. Por esta razón, es fundamental que se realicen las
investigaciones y sumarios correspondientes, como lo solicitan
voceros desde dentro de la Nueva Mayoría.
Coincidentemente
y como es de esperarse, la dirigencia de la oposición también pide
que se esclarezcan y se comprueben los dichos del ex Director del
SII, por considerar que su gravedad se ha intentado mitigar
políticamente, en las circunstancias de un caso que debiera
radicarse en tribunales y ser investigado por el Ministerio Público.
La oposición tampoco descarta la opción de una comisión
investigadora, instancia en la que ya trabajan algunos
Parlamentarios adherentes.
Indefiniciones
en el Ministerio de Hacienda.
Las criticas
efectuadas desde la Nueva Mayoría ante dichos del Ministro de
Hacienda relativos a la reforma laboral, y las posteriores
declaraciones de éste asegurando su compromiso con “las
reformas”, pueden haber dejado la idea de que el Ministro intentó
apartarse radicalmente de las políticas impulsadas por el anterior
Gabinete, para recuperar el crecimiento. La realidad es que,
desde el punto de vista de reactivar la economía, sus definiciones
son muy insuficientes. Efectivamente, el titular de Hacienda
descartó la negociación ramal y un reajuste obligatorio por
inflación en la definición de un piso mínimo en las negociaciones
colectivas -temas que no estaban considerados en esa forma en el
programa del Gobierno-, pero no se refirió a la propuesta grave, y
que sí está en el programa, cual es la prohibición de reemplazo
de trabajadores en huelga.
Otorgar a
los trabajadores de una empresa el derecho a imponer el cese de las
faenas para potenciar su capacidad negociadora, es enteramente
contradictorio con lo requerido para el buen funcionamiento de una
economía. Es una enorme concesión a grupos de interés que logran
que la Legislación les otorgue un derecho a extraer rentas, sin
vinculación a esfuerzo o productividad, sino como el pago necesario
para evitar daños mayores a la empresa en que se desempeñan. Más
allá de consideraciones éticas, debe ser claro que esto va a
resultar en mayores remuneraciones y menor empleo en las empresas
que vean afectada su operación y en más trabajadores y peor
remunerados en el resto de la economía.
Se ha
argumentado que la prohibición del reemplazo de trabajadores en
huelga reduciría la conflictividad laboral, bajaría la frecuencia
de las huelgas y acortaría su duración. La realidad es diferente,
y la investigación seria sobre el tema encuentra que la prohibición
de reemplazo genera más huelgas y huelgas de mayor duración.
También
se aduce que la prohibición de reemplazo no impide el desempeño
normal de otras economías donde ésta se aplica. Esto ignora que en
la medida que la prohibición tiene los efectos económicos de un
impuesto, su introducción en Chile -al igual como ocurrió en
aquellos países- va a poner en marcha un ajuste en el stock de
capital, vía menor inversión, hasta llegar a un nuevo equilibrio
donde, gracias al menor stock de capital, van a subir los márgenes
en los negocios hasta restablecer utilidades normales, luego de
absorber el costo de las nuevas reglas. Ese ajuste, que el nuevo
Ministro no se propone desactivar, sumado al que desató la reforma
tributaria, va a marcar la economía por años.
El
Ministro inaugura su gestión sin descartar la mayor amenaza a la
recuperación económica entre las propuestas laborales, como es la
de prohibición de reemplazar trabajadores en huelga. Es
previsible entonces que el bajo desempeño económico continúe y
que se siga recurriendo a gasto público para evitar mayor desempleo
-que de todas formas apunta a ser creciente-, lo que deteriora
financieramente al Estado de Chile. No es obvio entonces, por
ahora, que la nueva gestión en Hacienda represente tendencias
significativamente diferentes a las ya conocidas, ni que se esté
despejando el horizonte económico.
Riesgos
del voluntarismo.
Durante una conferencia
reciente, el ex Presidente Lagos se refirió a la importancia de
volver a impulsar proyectos de infraestructura similares a los que
se desarrollaron durante su Gobierno. En particular, se refirió a
extender el Metro y la red de autopistas urbanas en concesión. En
el caso del Metro, plantea que se debe extender 10 km anualmente, y
que es preciso construir las nuevas autopistas que han sido
planeadas.
El
ex Mandatario omitió mencionar el desarrollo del transporte
público de superficie. El Transantiago fue una política de su
Gobierno. Si ese transporte hubiera recibido más apoyo, tal vez el
inicio del nuevo sistema no habría sido tan desastroso, incluyendo
su negativo aporte a la congestión al haber estimulado un masivo
traslado a los automóviles. Se debe reconocer que en este
error fue avalado por conocidos economistas del transporte.
Un
aspecto que sobresale en las reflexiones del ex Presidente es su
resistencia a la evaluación social de proyectos. Lagos no ha
ocultado en el pasado su visión sobre las restricciones que impone
a las decisiones del Ejecutivo. Su posición aparenta ser que un
Presidente debe tener la capacidad para decidir por sobre lo que
indican las cifras de tecnócratas. En ocasiones tuvo razón,
como en el caso del terminal de gas natural de Quintero, pero en
otras, el voluntarismo lo llevó a cometer inoportunidades, como en
el caso del puente sobre el Chacao. Incluso hoy, esa obra se está
construyendo en forma temprana comparada con el momento óptimo,
pero hace diez años habría sido un enorme elefante blanco.
La
evaluación social de proyectos existe para evitar que se cometan
errores en inversiones públicas. Tiene la desventaja de limitar
proyectos demasiado osados, que si bien pueden parecer -e incluso
ser- buenas ideas del Ejecutivo, son muy arriesgadas para la
sociedad, que debe pagar sus costos. Con todo, podría
considerarse que los Mandatarios tengan garantizado un espacio
claramente delimitado para proyectos de alto riesgo, que no serían
aprobados por los mecanismos de evaluación social, pero que el
Presidente los lleva adelante bajo su responsabilidad explícita.
Este espacio debería ser limitado a solo unas pocas propuestas: es
difícil creer que los Presidentes tengan una gran capacidad para
reconocer proyectos que el sistema convencional no logra evaluar
correctamente.
En
cuanto al transporte público, la mayoría de los actuales
especialistas en transporte creen que no es una buena solución
desarrollar más autopistas en la ciudad, menos aún si requieren
subsidios. Los recursos deberían dedicarse a fortalecer el
transporte público, invirtiendo en más corredores, junto a
preferencias para los buses en los semáforos, así como medidas
para moderar el uso del automóvil. Solo así podrá mejorar el
servicio público, reduciendo su dependencia de crecientes
subsidios.
Una discriminación
incomprensible.
Sorprende el anuncio hecho en la
cuenta Presidencial de que a partir de 2016 se asegurará
gratuidad total a los estudiantes pertenecientes al 60 por ciento
más vulnerable que asisten a instituciones acreditadas, pero
excluyendo a aquellos que asisten a institutos profesionales y
centros de formación técnica con fines de lucro y universidades
privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores. La razón para
excluir a todas estas instituciones no se sostiene. Desde
luego, los institutos profesionales y centros de formación técnica
con fines de lucro cumplen con la Legislación chilena y mientras
estén acreditados no se entiende la lógica Gubernamental.
La
Mandatario había iniciado su discurso del 21 de mayo recordando su
compromiso con la reducción de las desigualdades en el país. Un
elemento central de toda agenda contra la desigualdad es acabar con
la discriminación arbitraria y promover políticas públicas que
apoyen la inclusión. El anuncio sobre gratuidad, uno de los de
mayor impacto y costo económico, es completamente discriminatorio.
Es
cierto que el Gobierno aspira a cambiar la Legislación en esta
materia, pero mientras ello no ocurra, no parece razonable
excluir a los estudiantes que han elegido estas instituciones, en
la medida en que estén acreditadas, de estos beneficios. Es
castigarlos por una definición institucional que ha estado
legalmente permitida en Chile por mucho tiempo (los institutos
profesionales, por ejemplo, existían incluso desde antes de 1981,
sin una exigencia de organización específica).
Más
discutible todavía es que se haya excluido a las universidades
privadas creadas después de 1981. El número de estudiantes que
pertenecen al 60 por ciento de menores ingresos y que asisten a
estas instituciones es superior al que asiste a las universidades
del CRUCh (180 mil versus 163 mil, respectivamente, de acuerdo con
la encuesta Casen 2013). Además, por ejemplo, siete de las ocho
universidades privadas que participan en el proceso único de
admisiones tienen cinco o más años de acreditación. Una
tiene cuatro años. Dentro de las universidades del Consejo de
Rectores 10 de las 25 tienen cuatro o menos años de acreditación.
Hay
otras universidades creadas con posterioridad a 1981 que tienen
también cuatro o más años de acreditación. Más allá del
debate que ha caracterizado a la educación superior, ninguna de
estas universidades privadas con cuatro o más años de
acreditación ha dejado de cumplir con la Legislación. Por el
contrario, han ayudado a aumentar las posibilidades de estudio de
miles de jóvenes y también a la diversidad del sistema. Incluso,
muchas de ellas han desarrollado valiosas áreas de investigación.
Por tanto, es incomprensible la falta de inclusión y la
discriminación que afectará a los estudiantes que asisten a estas
universidades.
Una
carta para meditar:
Poder Constituyente:
El poder de la incertidumbre.
Se ha anunciado un proceso
Constitucional que puede convertirse fácilmente en un camino de
incertidumbre. Sobre todo si se olvida que el Poder Constituyente,
fundamento de este proceso, conlleva, junto a lo grandioso,
oscuros peligros sobre los que hay que reflexionar.
El
Poder Constituyente es una categoría diseñada por el abate
Sieyes en 1789, al calor de la Asamblea Constitucional francesa.
En su época condensó la más alta aspiración política del
racionalismo dieciochesco: rehacer una nación desde cero por
medio de normas ideales reputadas "perfectas",
elaboradas por expertos intérpretes de la razón universal y de
la voluntad popular. Tan expertos, que desde sus despachos
formulaban recetas de Gobierno y declaraciones de derechos como
quien escribe recetas de cocina.
El
resultado fue desastroso. Ninguna Constitución ideal se avino con
el país real. Solo incertidumbre. En tan solo diez años,
Francia conoció cuatro Constituciones "perfectas" en el
papel: la de 1791, del año I (1793), del año III (1795) y del
año VIII (1799). Mientras tanto, la milenaria estabilidad
política y jurídica del antiguo reino cayó por los suelos hasta
el advenimiento de Napoleón, quien a su vez también estableció
una Constitución tras otra: la del año X (1802) y del año XII
(1804), abrogadas asimismo a los pocos años. Es el precio de
no respetar la Constitución histórica, como ha recordado en
nuestro medio Bernardino Bravo.
Sacar
a colación el proceso Constitucional francés, un auténtico
paradigma, no deja de ser oportuno. Hoy como ayer, el mito del
Poder Constituyente tiene mucho de ilusorio. Permite iniciar el
proceso de dar y quitar Constituciones de papel como si la
realidad pudiera contenerse dentro del léxico jurídico. Basta
con imaginar el mejor de los mundos posibles, que ya cabe en la
Constitución. Es lo que Gaxotte denomina la "buena
república", o Derrida "la democracia para otro día".
Garantizar constitucionalmente a las generaciones presentes
fórmulas de buen Gobierno o derechos realizables a cuenta de un
futuro que nunca llega.
La
Constitución puede asegurar la representación política, pero si
no hay prestancia y pulcritud en los representantes, el texto
queda en nada. La salud puede consagrarse como derecho
justiciable, pero si el país no es capaz de producir
infraestructura adecuada o recursos humanos, tecnológicos y
materiales suficientes, solo tendremos un bonito enunciado
lingüístico. Podemos incluso hablar de educación de calidad,
pero a ella no llegaremos mientras la cultura, incluso la
urbanidad, vayan en retroceso.
También
el Poder Constituyente se asocia a un peligro de sabor
totalitario. En su tiempo, los jacobinos lo transformaron en un
poder demiúrgico, un poder total, que no reconocía ni libertad
ni propiedad previa. Un poder además permanente y estable
destinado a poner en jaque a los poderes constituidos.
Pocos
son los que hoy en día evocan esta faceta totalitaria del Poder
Constituyente. Muchos la cubren evocando el consenso o la
participación popular. Pero lo cierto es que no es un problema
de número, sino de alcance: si realmente se cree que el Poder
Constituyente es refundacional, que puede hacer tabla rasa de
nuestro actual régimen de derechos y de Gobierno, aún de
aquellas bases que nos han llevado al desarrollo y a la posesión
pacífica de libertades concretas, entonces lo único cierto,
constitucionalmente hablando, es la incertidumbre. Cabría
preguntarse si el país le ha dado al Poder Constituyente
competencia tan desmedida.
Julio
Alvear Téllez, Centro de Justicia Constitucional, Universidad del
Desarrollo.
MORALIZAR,
DIGNIFICAR Y LIMPIAR LA POLÍTICA
ES
UNA NECESIDAD NACIONAL IMPOSTERGABLE.
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