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martes, 26 de mayo de 2015

Ecos del mensaje Presidencial....

El encuentro “casual” de la Presidente Michelle Bachelet con Rodrigo Avilés,
padre del estudiante que se encuentra grave tras resultar herido en incidentes
del 21 de mayo en Valparaíso, demostró las eximias capacidades de actriz de
la Gobernante.
Giorgio Martelli será el personaje de esta semana cuándo deba comparecer ante
la Fiscalía por las boletas y facturas con que se supone su empresa Asesorías y
Negocios SpA habría financiado los gastos de precampaña de Michelle Bachelet.
Es de esperar que solo diga la verdad.
Una de las noticias importantes de esta semana serán las protestas estudiantiles por
los anuncios del Gobierno sobre gratuidad que dejan fuera a los estudiantes de
universidades privadas y centros de formación técnicos.



El discurso que pudo ser,

por Sergio Melnick.







Todos los actores políticos relevantes reconocen que el país atraviesa por una seria crisis política e institucional, anclada en la falta de credibilidad y confianzas de todos con todos. La agenda pública está tomada por escándalos y acusaciones cruzadas, y los temas reales y necesarios desaparecen en la oscuridad.




En ese contexto, en un país con exceso de poder en la institución del Presidente y el Gobierno, lo que haga o no haga el Mandatario es demasiado relevante. Tras la crisis de Gabinete a la que se vio forzada la Presidente, y el anuncio de un nuevo comienzo para el segundo tiempo, se esperaba un discurso contundente en los lineamientos para el país. Pero simplemente no ocurrió. Lo que escuchamos fue una Mandatario nerviosa, abstraída, queriendo terminar el trámite del discurso lo más pronto posible, incapaz de mostrar un camino que no sea más de lo mismo y que le ha dado tan malos resultados. Los comentarios de la propia Nueva Mayoría fueron tímidos por decir lo más. No hubo liderazgo alguno.




La economía está en serias dificultades por un problema claro de expectativas, frente a lo cual Bachelet sólo dijo vaguedades de buenas intenciones, como si fuera más bien una candidata antes que Gobernante. No dijo una palabra de cómo se sale de la situación actual que es su responsabilidad. Señaló su prioridad en el crecimiento y la productividad, ambos temas en los que ha fracasado rotundamente en sus primeros 15 meses de Gobierno. De hecho, la productividad en su primer año de Gobierno cayó en un 1,1%, lo que es extremadamente malo. Hay que recordar que en su Gobierno anterior la productividad cayó año tras año, de manera inédita en todos los Gobiernos de la Concertación. Habló de seriedad Fiscal, y ya presentó un presupuesto deficitario para el 2015, que no se cumplirá y el resultado final será el doble de malo. Tenemos el doble de inflación que hace un año, tal como ocurrió en su primer mandato. Paradojalmente, también festejó las cifras de desempleo en una economía que no invierte ni genera empleos y cuya cifra se mantiene baja sólo porque según el propio Gobierno menos gente quiere trabajar, lo que no es creíble.




En educación, reiteró que lo relevante para su administración es esencialmente la gratuidad. Nunca ha tocado el tema de la calidad, que es lo realmente importante. La población rechaza muy mayoritariamente sus reformas, pero no da indicios de cambiarlas. Si seguimos en esa dirección, la educación retrocederá 20 años. El Ministro se vanaglorió de que la educación volverá al control del Estado, que según él garantizará la calidad. Por cierto no dijo cómo, y será justo al revés, como es la educación pública hoy. El Gobierno será juez y parte en la educación, la burocracia será aplastante, y el dirigismo central insoportable, que es la peor de las situaciones. Un Gobierno que cree que la solución es entregar 100.000 computadores por año, significa que aún no entiende el problema.




En salud el discurso fue increíble. Las colas Auge volvieron a subir, las promesas de hospitales no se han cumplido, se han registrado 11 huelgas ilegales; en fin, parece que habló de otro país.




Bachelet perdió otra gran oportunidad de marcar la agenda, ocupando tiempo de un discurso tan relevante hablando de los perros callejeros. Yo creo que ya no le quedan muchas oportunidades. Se notó la mano del Ministro Burgos con el llamado a la unidad; pidió creer en ella, pero no dio elemento alguno para hacerlo.



Un país en marcha, pero en reversa,
por Felipe Larraín Bascuñán.






Si alguien buscaba en el discurso Presidencial del 21 de mayo elementos que permitan a la economía chilena salir del frenazo o mejorar las expectativas respecto de reformas tan importantes como la laboral, educacional o Constitucional, salió profundamente defraudado (con excepción parcial en la Constitucional).


Todos podemos equivocarnos, pero reiterar el mismo error es mucho menos entendible. Eso es lo que ocurrió con el diagnóstico económico del discurso, esencial para enmendar rumbo. Tal como en plena campaña electoral de 2013, se sigue sosteniendo que las razones de la desaceleración son externas y no se reconocen los negativos impactos de la reforma tributaria y la incertidumbre de otras reformas sobre la inversión y el crecimiento. Todo esto después del evidente frenazo económico que enfrentamos desde 2014 y que ya le ha costado muy caro al país. Solo en materia de recaudación Fiscal, el paupérrimo crecimiento de 2014 costó unos US$ 2.000 millones en relación con el promedio de crecimiento 2010-2013.


La respuesta del discurso al frenazo es un rol más activo de la política Fiscal. Sin embargo, el resultado del impulso Fiscal en el crecimiento ha sido, por decir lo menos, escuálido. Y no solo en 2014. En 2009 el gasto público creció casi 17% real y la economía se contrajo en 1%. No olvidemos que el sector público representa solo cerca del 20% de la economía; por tanto, para reactivar hay que reencantar al otro 80%: el sector privado. Este punto estuvo ausente en el discurso.


Lamentablemente, cuando el diagnóstico es equivocado y no se reconocen los errores, es muy difícil enmendar el rumbo. Si este es el camino elegido, nos llevará a crecer -con suerte- al 3% y lo sufrirán los chilenos con menos posibilidades de empleo y menor crecimiento de los salarios, como ya está ocurriendo.


En el ámbito laboral, la Presidente dice que los ciudadanos "nos demandan más y mejores oportunidades de trabajo". Pero si ello es así, ¿cómo se sigue adelante con una reforma laboral que podría generar una pérdida de 150 mil puestos de trabajo? Y si demandan mejores oportunidades de trabajo, ¿cómo deja ausente de una reforma laboral la capacitación de sus trabajadores para incrementar sus conocimientos y aspirar así a mejores oportunidades de trabajo? ¿Será por todo lo anterior que nunca pronunció las palabras reforma laboral?


El discurso también dejó en evidencia las dificultades de la reforma insignia del Gobierno en el ámbito de la educación: la gratuidad.
El anuncio de que a partir de 2016 se asegurará que el 60% más vulnerable estudiará "sin beca ni crédito" solo en centros de formación técnica, institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro o universidades del CRUCh generará una compleja situación. ¿Qué ocurrirá con el importante número de alumnos vulnerables que, con gran esfuerzo, estudian en otras instituciones? Las declaraciones del Ministro de Educación de que aún no se ha presentado la forma en que se financiará la gratuidad sugiere que la discriminación responde simplemente a los altos costos de la medida, punto que ha sido levantado desde un comienzo por distintos técnicos, pero hasta ahora obviado por la autoridad.


Los anuncios Constitucionales del discurso dejan entrever alguna definición Presidencial. Aun cuando no es el ideal tener que recurrir a la exégesis para dilucidar el verdadero sentido de lo expresado por la Mandatario en materias de tal trascendencia, valoramos que haya utilizado el concepto de "acuerdo político amplio" para referirse al contexto dentro del cual deberá generarse nuestra nueva Carta Fundamental. Lástima que haya sido la única vez en toda su intervención donde utilizó estas palabras que llaman a la ponderación y al ejercicio democrático de búsqueda de acuerdos transversales en el interés del país y no de una mayoría política transitoria.


Este acuerdo amplio Constitucional supone que deberá existir un equilibrio adecuado entre la participación ciudadana y un "momento institucional legítimo y confiable". Esto último es un reconocimiento expreso a que no es posible realizar una modificación de esta envergadura sin sujetarse a las normas institucionales vigentes: es el Congreso Nacional -como depositario de la soberanía popular- el que debe tramitar y votar el proyecto de nueva Carta Fundamental. Parafraseando al mismo Camilo Henríquez citado en su alocución por la Mandatario para justificar sus ansias de contar con un incierto nuevo texto Constitucional, "una porción del pueblo no es la soberanía, ni puede ejercer la potencia soberana del pueblo entero".


La corrupción como gasto necesario,

por Javier Infante.



¿Qué pasó con el SII? Tiempo atrás, su gracia era su bajo perfil, su carácter técnico y reservado, y el encontrarse —pese a que la Constitución nada decía al respecto— casi en una situación de autonomía política frente al Ejecutivo.




Todo eso cambió. El año pasado se celebraba el cambio de criterio de técnico a político del Ministerio de Hacienda. El ex Ministro Arenas —primero en ser removido desde el retorno a la democracia— era político, no un técnico. No velaba por la probidad Fiscal, sino por el financiamiento de un programa. No cumplió ninguna de las dos: el país se frenó y la reforma tributaria se gastó en cualquier cosa menos educación de calidad.




No es de extrañar que el SII, cuyo superior es Hacienda, haya desviado su actuar. Ya no le basta con velar por la adecuada recaudación, persiguiendo la evasión. Ahora también vela por el contenido de los actos que dan origen a lo recaudado. Que los servicios se presten efectivamente y el precio sea adecuado. Quizá el SII evolucione a una especie de Magistratura celadora de la justicia de los precios. Si esto sucede, como de hecho está ocurriendo, el SII dejará de tener la confianza de los chilenos. Porque si ya dejamos de confiar en los administradores públicos y altos Magistrados, ¿qué pasará si dejamos de confiar también en el recaudador? Más corrupción, evasión y elusión.




Ayn Rand sostenía que la corrupción cumple un rol social paradójico. Es el aceite de una máquina mal ajustada. La única solución frente al cáncer de la corrupción es limitar al poder público.


Difícilmente un político, un funcionario o un operador político se podrán corromper si no tienen favores con los cuáles beneficiarse. Es por ello que las políticas de probidad Fiscal no pasan por darle mayores atribuciones al Estado. Eso es pretender apagar el fuego con bencina. Más Estado no es sinónimo de mejor Estado.




Un Estado pequeño pero eficiente es la solución. Una sociedad civil atenta, preparada y basada en los valores de la libertad, la responsabilidad, el control y restricción del poder público, es el único remedio ante la crisis de confianza que actualmente nos ha llevado a pensar que mientras más sometidos, seremos más libres; mientras más iguales, seremos más diversos y mientras más subsidiados, seremos más ciudadanos.


Tres años más,
por Axel Buchheister.




Los discursos Presidenciales del 21 de mayo son una cuenta al país del estado administrativo y político de la nación, que se hace ante el Congreso pleno, como ordena la Constitución. Consisten, antes que nada, en una exposición árida de detalles y cifras del pasado año, y eso es ineludible. Pero como toda cuenta, no estaría completa si no contuviere el señalamiento del rumbo a seguir en el futuro ante lo acontecido. Eso es dar “cuenta política” de la nación por parte de quien la lidera.




Para quienes estuvieron atentos al acto que tuvo lugar el jueves pasado, las expectativas resultaron frustradas. Se eludieron definiciones importantes ante una de las mayores crisis políticas de las últimas décadas, que está teniendo impacto negativo en lo económico. Algo que en realidad no debiera sorprender, porque una característica de la Presidente Bachelet es eludir y no pronunciarse sobre las cuestiones que la pueden complicar. Aunque en este caso la demanda por claridad y definiciones provenía de expectativas creadas por ella misma.




En efecto, mediante cadena nacional ella bosquejó las medidas que se adoptarían para enfrentar los casos de financiamiento irregular de las campañas y de la política. Sin embargo, quedaron totalmente eclipsadas por el anuncio en la misma intervención que se impulsaría un “proceso constituyente”, propósito refundacional que poco tenía que ver con el asunto. Además, como a nadie le quedó claro en qué consistiría tal proceso, se tomó el debate si incluiría una asamblea constituyente. Pura incertidumbre, en el peor momento. Nada más oportuno, entonces, que el discurso del 21 de mayo para la necesaria clarificación. ¿Qué dijo al respecto? Que en dicho proceso habrá un “equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”. Explicación que linda en lo ininteligible. Camila Vallejo la comentó así: “nuevamente se chutea la pelota sin tener claridad de cómo se van a zanjar las diferencias Constitucionales”. El forcejeo sobre la asamblea constituyente seguirá, en consecuencia, por meses.




Hace muy poco hubo cirugía mayor en el Gabinete, que incluyó por primera vez en 25 años al Ministro de Hacienda, lo cual no puede sino deberse al ambiente económico deteriorado que se percibe, fruto precisamente de las reformas aprobadas y otras en marcha. El nuevo Ministro ha hablado de poner énfasis en el crecimiento económico, lo que ha sido resistido por sectores de izquierda de la Nueva Mayoría. El discurso era el momento para que la Presidente diera un espaldarazo a esa prioridad, pero simplemente no se mencionó, ni tampoco medidas reactivadoras. Es que se quiso dar un “énfasis social” al discurso, dicen en Palacio.




Si en la instancia institucional más importante del año para comunicar definiciones y fijar un rumbo la Presidente Bachelet simplemente “pasó” otra vez, aunque estemos ante la situación más compleja de sus dos Gobiernos, quiere decir que las cosas no van a cambiar. Que la indefinición y el forcejeo serán la tónica. Y como aún quedan tres años más, calcule el costo que eso tendrá para el país.


La narcoinvestigación a Venezuela,
por Andrés Oppenheimer.


El extenso informe de The Wall Street Journal confirmando que Fiscales Federales de Estados Unidos están investigando al número 2 del Gobierno venezolano por presuntos lazos con el narcotráfico ha generado grandes expectativas entre los críticos del régimen populista autoritario de Venezuela, pero -lamentablemente- tendrá muy poco impacto político.


El artículo del 18 de mayo del Wall Street Journal se basa en más de una docena de fuentes y confirma los artículos anteriores del diario español ABC y el Nuevo Herald, diciendo que Fiscales Federales de Estados Unidos están preparando un caso por narcotráfico contra el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y número 2 del Gobierno, Diosdado Cabello


Pero aunque la noticia viene de uno de los periódicos más influyentes del mundo, no afectará mayormente al Presidente Nicolás Maduro ni a Cabello, según coinciden algunos de los más conocidos encuestadores venezolanos.


"Esto, ya sea cierto o no, ya se ha dicho muchas veces en Venezuela", me dijo Luis Vicente León, Presidente de la encuestadora Datanálisis.


"Puede tener un impacto a nivel de élites, pero para una persona común y corriente en Venezuela no hace mucha diferencia entre lo que dice el Wall Street Journal y lo que dice una página web cualquiera que ya ha dicho lo mismo", agregó. "No va a tener un impacto político a nivel de masas".

Tampoco va a ayudar al Gobierno de Maduro, como ocurrió en marzo, cuando el decreto ejecutivo del Presidente Barack Obama contra siete figuras prominentes del Gobierno venezolano sospechosos de corrupción y abusos contra los derechos humanos, ayudó a revertir la caída de la popularidad de Maduro.


En ese momento, Maduro apeló al sentimiento nacionalista de su país alegando que las sanciones eran contra todos los venezolanos, y su popularidad subió del 22% al 28%, según cifras de Datanálisis.


Pero esta vez será mucho más difícil que pase algo parecido. Cabello es uno de los líderes de la élite militar que se ha enriquecido enormemente en los últimos años, tiene una relación difícil con Maduro y es una de las figuras políticas más desacreditadas de Venezuela.


Alfredo Croes, otro encuestador venezolano muy conocido, coincide en que la investigación de drogas de Estados Unidos tendrá un impacto muy limitado en Venezuela.


Hoy día, la gran mayoría de los venezolanos "no están preocupados por cuestiones moralmente rechazables, sino por conseguir comida, porque van a 10 supermercados y no pueden encontrar carne en ninguno, y con suerte pueden encontrar pollo en dos", me dijo Croes.


Mientras hace pocos meses las encuestas mostraban que la primera preocupación de los venezolanos eran las altas tasas de criminalidad, actualmente el 46% de los venezolanos dice que su primera preocupación es la escasez de alimentos, el 20% cita la inflación, y el 14%, la inseguridad, dijo Croes.


A pesar de haberse beneficiado de una bonanza petrolera en los últimos años, Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo, y la tasa de crecimiento más baja de América Latina.


Algunos expertos estadounidenses dicen que la investigación de Estados Unidos contra Cabello aislará aún más a Venezuela ante la comunidad internacional, pero no logrará debilitar a Maduro internamente, ni exacerbar las divisiones dentro del Gobierno venezolano.


"Maduro y Cabello se necesitan mutuamente", dice el especialista en narcotráfico Bruce Bagley, de la Universidad de Miami. "La estabilidad del Gobierno depende del continuo apoyo del Ejército, y hay tanta corrupción en las fuerzas armadas de Venezuela, que saben que si no se apoyan mutuamente, terminarán siendo juzgados por un nuevo Gobierno o extraditados".

Mi opinión: La investigación estadounidense no tendrá muchas consecuencias políticas internas, ni tampoco impulsará -por lo menos en lo que resta del Gobierno de Obama- acciones dramáticas por parte de Estados Unidos. En el pasado, las investigaciones por narcotráfico de Estados Unidos contra altos funcionarios extranjeros han tenido resultados mixtos.


Las acusaciones estadounidenses llevaron a la caída del Presidente boliviano Luis García Meza en 1981, y a la invasión estadounidense que derrocó al Gobernante panameño Manuel Antonio Noriega en 1989. Sin embargo, no obligaron a la renuncia del ex Mandatario colombiano Ernesto Samper, a finales de la década de 1990. De hecho, Samper es el actual líder del grupo regional Unasur.

Es improbable que Washington adopte sanciones contra Venezuela, porque se trata de una de sus principales fuentes de petróleo importado, y Estados Unidos no quiere hacer nada que pueda provocar un rebote de los precios mundiales del petróleo.


El Gobierno de Venezuela no colapsará por esta investigación. Si se cae, será por la hiperinflación, la escasez de alimentos y por la masiva oposición interna, que podría ganar las elecciones Legislativas de este año si Washington y Latinoamérica finalmente se ponen serios y exigen elecciones con supervisión internacional en Venezuela.


Adicto al poder,
por Marcelo Simonetti.




El poder seduce y es adictivo. Da estatus, beneficios y prerrogativas. El poderoso sobrevive mejor las adversidades de la vida y su concepción del mundo suele no distar demasiado de aquello que le toca vivir en el mundo real (cuando no la impone). El poder ha sido el motor de la historia, por él se han originado las guerras y las revoluciones; han desaparecido países y han surgido otros. Quien se hace del poder, en buena medida, se convierte en un pequeño Dios.




Aún así, Rabindranath Tagore -el poeta y filósofo bengalí- apuntó esta frase que pasó a la historia: “Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ella”. A la que podríamos sumar esta otra, también de un poeta, el alemán Goethe: “Todo aquel que aspira al poder ya ha vendido su alma al diablo”.




Es que el poder suele ofrecer dos caras. La peor de ellas sobreviene cuando los seres humanos dejan de detentar el poder para convertirse ellos mismos en el poder. Ejemplos sobran, desde Nerón hasta Stalin, desde Il Duce hasta Berlusconi. En estos casos, cualquier idea diferente es vista como una amenaza que es preciso aplastar -como las criaturas a las que alude Tagore- y, en ese plan, el libre florecer del pensamiento está condenado al fracaso.




Por lo mismo, ahora que la FIFA se apresta a vivir una nueva elección no evito mirar con pesadumbre la persistencia del suizo Joseph Blatter para seguir en el poder por un quinto mandato consecutivo. Es un hecho que bajo su influencia -desde que asumió como Secretario General de la FIFA a principios de los ochenta- el fútbol ha crecido de manera impensada. Lo digo no solo por los ingresos que se han multiplicado más allá de cualquier estimación, también por el desarrollo de los torneos mundiales juveniles o el crecimiento del fútbol en áreas como África y Asia. Pero después de 17 años a la cabeza de la FIFA -desde junio de 1998- la prudencia y el sentido común aconsejan un paso al costado, sobre todo considerando que no son pocos los candidatos a sucederlo -o no eran pocos antes de la renuncia de Van Praag y Figo-.




En rigor, el fútbol ha venido siendo Gobernado bajo un mismo discurso desde 1974, cuando Joao Havelange llegó al poder. En ese discurso la mercantilización del deporte ha sido la máxima que ha orientado el devenir del fútbol desde entonces a la fecha. Una máxima que se ha impuesto a como de lugar, sin importar las denuncias de corrupción que ya hablaban de soborno la primera vez que Blatter fue elegido Presidente (un dirigente somalí aseguró recibir una oferta de 100 mil dólares para votara por Blatter).




De cara a esta elección, las sospechas reaparecen. Figo, que acaba de retirarse de la contienda, denunció que ha sido testigo de incidentes que atentan contra un fútbol libre, limpio y democrático. ”He visto con mis propios ojos a Presidentes de federaciones que después de comparar a los líderes de la FIFA con el diablo, luego comparan a esa misma gente con Jesús”.




El poder, a veces, deforma, deshumaniza, ciega. Quizá ha llegado el momento que Blatter abra los ojos y entienda que el fútbol no le pertenece; que el fútbol necesita de nuevas ideas, de aire fresco; que Al-Hussein puede ser el comienzo de una era tan diferente como necesaria.


Evo por siempre,
por Tamara Avetikian.


Ya todos saben en Bolivia que el objetivo político de Evo Morales es ir por un nuevo mandato en 2020, y que este, ojalá, sea para siempre. Él mismo lo anunció: "Si nos unimos de verdad, compañeros, compañeras, nuestro proceso puede ser como en China. Gobernar para toda la vida, pero sirviendo al pueblo boliviano".


Que la Constitución de 2009 permita solo una reelección no parece obstáculo para el anhelo de Evo; ya logró una interpretación de la Carta que le permitió volver a ser candidato el año pasado. Y ahora sería aclamado: "El pueblo lo pide". Por eso en el MAS, el movimiento oficialista, comenzaron a hacer llamados para que se quede. Los primeros fueron el líder cochabambino Leonardo Loza, quien pidió "trabajar unidos" por otro mandato "del hermano Evo", y el sindicalista campesino Rodolfo Machaca, que planteó "Constitucionalizar la reelección de Evo".


El Gobierno prepara así el aterrizaje mediático para una nueva reforma Constitucional que permita a Evo seguir en el poder. El hombre clave de este proyecto es Héctor Arce, el Procurador General, muy cercano a Evo, y uno de los artífices de la Constitución, "quien hace y deshace las Leyes", como me dijo un amigo boliviano. Quienes estuvimos en La Haya, durante los alegatos por la demanda marítima de Bolivia, comprobamos que era el pilar político de la delegación paceña, como representante de Evo, coordinador del equipo y vocero de hecho, desplazando a Carlos Mesa, quien debió cederle el micrófono en más de una ocasión.


Hace unos días, Arce dio la pauta de que ya inició el trabajo legal para hacer los cambios necesarios. Dijo que es partidario de que el "pueblo boliviano tenga la palabra" y que si este ratificó con su voto la permanencia de Evo el año pasado, tiene derecho a confirmar su continuidad (indefinida) en el Gobierno. En una entrevista con la revista Cosas de Bolivia, en abril, fue más explícito: "El último día de mandato de Evo sería el 22 de enero de 2020, siempre y cuando no se reforme la Constitución que, en última instancia, es la expresión de la voluntad soberana del pueblo". No hace falta decir mucho más.


Y en esta estrategia de "Gobernar para toda la vida" el tema marítimo es crucial, es el aglutinador de Bolivia, es la bandera del interés nacional encarnada en Evo. Y lo dijo muy claro el Vicepresidente, Álvaro García Lineras -el hombre clave para trazar la línea ideológica, "puntal del Gobierno", como lo definió Arce-: "Vamos a tener mar", para lo cual uno de los requisitos que estableció es "que nuestro Presidente Evo siempre nos acompañe, siempre nos conduzca, siempre nos lleve por una buena ruta", porque la demanda, según García, ha podido avanzar en La Haya gracias "al liderazgo y la visión de Estadista del Presidente Morales".


En este contexto, se comprende la destemplada reacción, incluso del moderado Mesa, a las palabras de Heraldo Muñoz sobre la evasiva respuesta boliviana al juez Owada, porque cayeron como balde de agua fría sobre el triunfalismo con que el Gobierno presenta todo lo que ocurre en la Corte de La Haya.


Mensaje Presidencial: prioridades que no cambian.





El Ministro de Economía ha salido al paso de las críticas que aluden a la limitada referencia a la necesidad de reactivar la economía, sin mención alguna a acciones concretas, en el discurso Presidencial del 21 de mayo. Dice, en defensa del discurso, que “se priorizarán todas aquellas medidas que permitan retomar un ritmo de recuperación, acorde con lo que es la capacidad potencial de crecimiento de nuestra economía” y añade que, en el marco de la “tarea de enfocar y profundizar en aquellas áreas que son importantes”, el Gobierno no dejará fuera las propuestas con impacto “para el crecimiento en el corto plazo”.


Su par de Hacienda añade que realizan “un trabajo serio” y que “no se trata de sacar un conejo del sombrero mágico”. Es cierto, pero el hecho concreto es que la Presidente de la República ya expuso ante el Congreso Pleno -y ante el país en general- las prioridades de su agenda administrativa, no sólo excluyendo anuncios concretos en materia económica, sino insistiendo además en proyectos que definitivamente reman en contra de la reactivación


La fuerte caída en las cifras de inversión y el deterioro en el clima de confianza del sector privado no se enfrentan con “medidas efectistas de corto plazo” y, en ese sentido, el Ministro de Hacienda tiene razón. Tampoco con las mismas que han contribuido decisivamente a causar el problema. Porque la anunciada priorización de la meta de crecimiento, generada a partir del cambio de Gabinete, pasaba necesariamente por disminuir la incertidumbre que generan proyectos que fueron ratificados por la propia Mandatario el pasado 21 de mayo, como son la reforma Constitucional y la reforma laboral.


El Gobierno no sólo dejó pasar una valiosa oportunidad para aclarar ante el país su vaga propuesta en torno al llamado “proceso constituyente”, sino que incorporó el concepto de “participación ciudadana realmente incidente”, lo que no hace más que aumentar el desconcierto entre la opinión pública, en especial si se tiene en consideración que la Legislación vigente deja en manos del Congreso tanto la representación popular como los mecanismos para reformar la Constitución.


En definitiva, las prioridades Presidenciales, como demostró la cuenta anual, no han cambiado mayormente respecto al programa de Gobierno. Se insiste en la educación superior gratuita, sin que ni siquiera exista certeza sobre su fórmula de financiamiento, pero especificando ahora un criterio arbitrario de exclusividad para un grupo de universidades, que de seguro se transformará en fuente de conflicto con los miles de estudiantes de escasos recursos que asisten a entidades privadas y que quedarán fuera del beneficio. La preferencia por la educación Estatal, con la consecuente postergación para alumnos de los establecimientos subvencionados, queda de manifiesto con el anuncio de entrega de tablets y computadores sólo para estudiantes de escuelas de dependencia Municipal.


Pero eso no es todo. La Presidente efectúa una extensa exposición de proyectos, la mayoría de los cuales ya han sido presentados a la opinión pública, pero omite o apenas esboza soluciones para algunos de los problemas de mayor relevancia para la ciudadanía, como son la delincuencia a nivel nacional y los hechos de violencia que afectan a La Araucanía y alrededores.


Bajo estas condiciones, la invitación al diálogo que han efectuado las nuevas autoridades del Gabinete Ministerial termina condicionada a la aceptación pasiva de un programa en su versión más radical que, porfiadamente, se impone por sobre los intereses ciudadanos.




Jorratt e investigación del SII.





Las revelaciones de Michel Jorratt —respecto de que, en su condición de Director del Servicio de Impuestos Internos, debió soportar presiones y advertencias del Gobierno para determinar los cursos judiciales y denuncias por el empleo de boletas falsas— abren nuevos horizontes a la investigación. Especialmente en el caso de las boletas originadas por la sociedad de Giorgio Martelli.




Es complejo interpretar el interés detrás de la decisión del Ministerio del Interior de no referirse a los antecedentes vinculados con los pagos de SQM sin vincularlo a la hipótesis de aristas que aún no han sido descubiertas, que se ha conjeturado en la prensa.




Se conocerán nuevos antecedentes, dependiendo de cómo sigan las investigaciones en el SII respecto de otras empresas que han seguido apareciendo y que, al parecer, no fueron tan generosas en sus aportes como SQM.




En lo que Jorratt no transa es en preservar su lealtad con el ex Ministro Alberto Arenas. A él reconoce su trato ecuánime para abordar el momento difícil que comenzó a vivirse, pero sin manifestarle jamás algún tipo de presiones. En cambio, Jorratt luego de sus primeras revelaciones ha procurado equilibrar, diciendo que también representantes de la oposición le formulaban advertencias para defender a sus afectados, situación que se presentaba, según dice, en las reuniones del Congreso, donde algunos le recriminaron con dureza el accionar de denuncias de sus partidarios por vinculaciones con el empleo de boletas ideológicamente falsas.




Sin embargo, la andanada principal proviene de la Nueva Mayoría, que reclama y advierte que si las declaraciones de Jorratt no son aclaradas por el Gobierno seguirán las insinuaciones de irregularidades, que terminarán imputando a autoridades en ejercicio, además de ex Ministros. Por esta razón, es fundamental que se realicen las investigaciones y sumarios correspondientes, como lo solicitan voceros desde dentro de la Nueva Mayoría.




Coincidentemente y como es de esperarse, la dirigencia de la oposición también pide que se esclarezcan y se comprueben los dichos del ex Director del SII, por considerar que su gravedad se ha intentado mitigar políticamente, en las circunstancias de un caso que debiera radicarse en tribunales y ser investigado por el Ministerio Público. La oposición tampoco descarta la opción de una comisión investigadora, instancia en la que ya trabajan algunos Parlamentarios adherentes.




Indefiniciones en el Ministerio de Hacienda.






Las criticas efectuadas desde la Nueva Mayoría ante dichos del Ministro de Hacienda relativos a la reforma laboral, y las posteriores declaraciones de éste asegurando su compromiso con “las reformas”, pueden haber dejado la idea de que el Ministro intentó apartarse radicalmente de las políticas impulsadas por el anterior Gabinete, para recuperar el crecimiento. La realidad es que, desde el punto de vista de reactivar la economía, sus definiciones son muy insuficientes. Efectivamente, el titular de Hacienda descartó la negociación ramal y un reajuste obligatorio por inflación en la definición de un piso mínimo en las negociaciones colectivas -temas que no estaban considerados en esa forma en el programa del Gobierno-, pero no se refirió a la propuesta grave, y que sí está en el programa, cual es la prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga.


Otorgar a los trabajadores de una empresa el derecho a imponer el cese de las faenas para potenciar su capacidad negociadora, es enteramente contradictorio con lo requerido para el buen funcionamiento de una economía. Es una enorme concesión a grupos de interés que logran que la Legislación les otorgue un derecho a extraer rentas, sin vinculación a esfuerzo o productividad, sino como el pago necesario para evitar daños mayores a la empresa en que se desempeñan. Más allá de consideraciones éticas, debe ser claro que esto va a resultar en mayores remuneraciones y menor empleo en las empresas que vean afectada su operación y en más trabajadores y peor remunerados en el resto de la economía.



Se ha argumentado que la prohibición del reemplazo de trabajadores en huelga reduciría la conflictividad laboral, bajaría la frecuencia de las huelgas y acortaría su duración. La realidad es diferente, y la investigación seria sobre el tema encuentra que la prohibición de reemplazo genera más huelgas y huelgas de mayor duración.


También se aduce que la prohibición de reemplazo no impide el desempeño normal de otras economías donde ésta se aplica. Esto ignora que en la medida que la prohibición tiene los efectos económicos de un impuesto, su introducción en Chile -al igual como ocurrió en aquellos países- va a poner en marcha un ajuste en el stock de capital, vía menor inversión, hasta llegar a un nuevo equilibrio donde, gracias al menor stock de capital, van a subir los márgenes en los negocios hasta restablecer utilidades normales, luego de absorber el costo de las nuevas reglas. Ese ajuste, que el nuevo Ministro no se propone desactivar, sumado al que desató la reforma tributaria, va a marcar la economía por años.


El Ministro inaugura su gestión sin descartar la mayor amenaza a la recuperación económica entre las propuestas laborales, como es la de prohibición de reemplazar trabajadores en huelga. Es previsible entonces que el bajo desempeño económico continúe y que se siga recurriendo a gasto público para evitar mayor desempleo -que de todas formas apunta a ser creciente-, lo que deteriora financieramente al Estado de Chile. No es obvio entonces, por ahora, que la nueva gestión en Hacienda represente tendencias significativamente diferentes a las ya conocidas, ni que se esté despejando el horizonte económico.




Riesgos del voluntarismo.






Durante una conferencia reciente, el ex Presidente Lagos se refirió a la importancia de volver a impulsar proyectos de infraestructura similares a los que se desarrollaron durante su Gobierno. En particular, se refirió a extender el Metro y la red de autopistas urbanas en concesión. En el caso del Metro, plantea que se debe extender 10 km anualmente, y que es preciso construir las nuevas autopistas que han sido planeadas.


El ex Mandatario omitió mencionar el desarrollo del transporte público de superficie. El Transantiago fue una política de su Gobierno. Si ese transporte hubiera recibido más apoyo, tal vez el inicio del nuevo sistema no habría sido tan desastroso, incluyendo su negativo aporte a la congestión al haber estimulado un masivo traslado a los automóviles. Se debe reconocer que en este error fue avalado por conocidos economistas del transporte.


Un aspecto que sobresale en las reflexiones del ex Presidente es su resistencia a la evaluación social de proyectos. Lagos no ha ocultado en el pasado su visión sobre las restricciones que impone a las decisiones del Ejecutivo. Su posición aparenta ser que un Presidente debe tener la capacidad para decidir por sobre lo que indican las cifras de tecnócratas. En ocasiones tuvo razón, como en el caso del terminal de gas natural de Quintero, pero en otras, el voluntarismo lo llevó a cometer inoportunidades, como en el caso del puente sobre el Chacao. Incluso hoy, esa obra se está construyendo en forma temprana comparada con el momento óptimo, pero hace diez años habría sido un enorme elefante blanco.


La evaluación social de proyectos existe para evitar que se cometan errores en inversiones públicas. Tiene la desventaja de limitar proyectos demasiado osados, que si bien pueden parecer -e incluso ser- buenas ideas del Ejecutivo, son muy arriesgadas para la sociedad, que debe pagar sus costos. Con todo, podría considerarse que los Mandatarios tengan garantizado un espacio claramente delimitado para proyectos de alto riesgo, que no serían aprobados por los mecanismos de evaluación social, pero que el Presidente los lleva adelante bajo su responsabilidad explícita. Este espacio debería ser limitado a solo unas pocas propuestas: es difícil creer que los Presidentes tengan una gran capacidad para reconocer proyectos que el sistema convencional no logra evaluar correctamente.


En cuanto al transporte público, la mayoría de los actuales especialistas en transporte creen que no es una buena solución desarrollar más autopistas en la ciudad, menos aún si requieren subsidios. Los recursos deberían dedicarse a fortalecer el transporte público, invirtiendo en más corredores, junto a preferencias para los buses en los semáforos, así como medidas para moderar el uso del automóvil. Solo así podrá mejorar el servicio público, reduciendo su dependencia de crecientes subsidios.

Una discriminación incomprensible.






Sorprende el anuncio hecho en la cuenta Presidencial de que a partir de 2016 se asegurará gratuidad total a los estudiantes pertenecientes al 60 por ciento más vulnerable que asisten a instituciones acreditadas, pero excluyendo a aquellos que asisten a institutos profesionales y centros de formación técnica con fines de lucro y universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores. La razón para excluir a todas estas instituciones no se sostiene. Desde luego, los institutos profesionales y centros de formación técnica con fines de lucro cumplen con la Legislación chilena y mientras estén acreditados no se entiende la lógica Gubernamental.


La Mandatario había iniciado su discurso del 21 de mayo recordando su compromiso con la reducción de las desigualdades en el país. Un elemento central de toda agenda contra la desigualdad es acabar con la discriminación arbitraria y promover políticas públicas que apoyen la inclusión. El anuncio sobre gratuidad, uno de los de mayor impacto y costo económico, es completamente discriminatorio.


Es cierto que el Gobierno aspira a cambiar la Legislación en esta materia, pero mientras ello no ocurra, no parece razonable excluir a los estudiantes que han elegido estas instituciones, en la medida en que estén acreditadas, de estos beneficios. Es castigarlos por una definición institucional que ha estado legalmente permitida en Chile por mucho tiempo (los institutos profesionales, por ejemplo, existían incluso desde antes de 1981, sin una exigencia de organización específica).


Más discutible todavía es que se haya excluido a las universidades privadas creadas después de 1981. El número de estudiantes que pertenecen al 60 por ciento de menores ingresos y que asisten a estas instituciones es superior al que asiste a las universidades del CRUCh (180 mil versus 163 mil, respectivamente, de acuerdo con la encuesta Casen 2013). Además, por ejemplo, siete de las ocho universidades privadas que participan en el proceso único de admisiones tienen cinco o más años de acreditación. Una tiene cuatro años. Dentro de las universidades del Consejo de Rectores 10 de las 25 tienen cuatro o menos años de acreditación.


Hay otras universidades creadas con posterioridad a 1981 que tienen también cuatro o más años de acreditación. Más allá del debate que ha caracterizado a la educación superior, ninguna de estas universidades privadas con cuatro o más años de acreditación ha dejado de cumplir con la Legislación. Por el contrario, han ayudado a aumentar las posibilidades de estudio de miles de jóvenes y también a la diversidad del sistema. Incluso, muchas de ellas han desarrollado valiosas áreas de investigación. Por tanto, es incomprensible la falta de inclusión y la discriminación que afectará a los estudiantes que asisten a estas universidades.


Una carta para meditar:


Poder Constituyente:

El poder de la incertidumbre.



Se ha anunciado un proceso Constitucional que puede convertirse fácilmente en un camino de incertidumbre. Sobre todo si se olvida que el Poder Constituyente, fundamento de este proceso, conlleva, junto a lo grandioso, oscuros peligros sobre los que hay que reflexionar.

El Poder Constituyente es una categoría diseñada por el abate Sieyes en 1789, al calor de la Asamblea Constitucional francesa. En su época condensó la más alta aspiración política del racionalismo dieciochesco: rehacer una nación desde cero por medio de normas ideales reputadas "perfectas", elaboradas por expertos intérpretes de la razón universal y de la voluntad popular. Tan expertos, que desde sus despachos formulaban recetas de Gobierno y declaraciones de derechos como quien escribe recetas de cocina.


El resultado fue desastroso. Ninguna Constitución ideal se avino con el país real. Solo incertidumbre. En tan solo diez años, Francia conoció cuatro Constituciones "perfectas" en el papel: la de 1791, del año I (1793), del año III (1795) y del año VIII (1799). Mientras tanto, la milenaria estabilidad política y jurídica del antiguo reino cayó por los suelos hasta el advenimiento de Napoleón, quien a su vez también estableció una Constitución tras otra: la del año X (1802) y del año XII (1804), abrogadas asimismo a los pocos años. Es el precio de no respetar la Constitución histórica, como ha recordado en nuestro medio Bernardino Bravo.


Sacar a colación el proceso Constitucional francés, un auténtico paradigma, no deja de ser oportuno. Hoy como ayer, el mito del Poder Constituyente tiene mucho de ilusorio. Permite iniciar el proceso de dar y quitar Constituciones de papel como si la realidad pudiera contenerse dentro del léxico jurídico. Basta con imaginar el mejor de los mundos posibles, que ya cabe en la Constitución. Es lo que Gaxotte denomina la "buena república", o Derrida "la democracia para otro día". Garantizar constitucionalmente a las generaciones presentes fórmulas de buen Gobierno o derechos realizables a cuenta de un futuro que nunca llega.


La Constitución puede asegurar la representación política, pero si no hay prestancia y pulcritud en los representantes, el texto queda en nada. La salud puede consagrarse como derecho justiciable, pero si el país no es capaz de producir infraestructura adecuada o recursos humanos, tecnológicos y materiales suficientes, solo tendremos un bonito enunciado lingüístico. Podemos incluso hablar de educación de calidad, pero a ella no llegaremos mientras la cultura, incluso la urbanidad, vayan en retroceso.


También el Poder Constituyente se asocia a un peligro de sabor totalitario. En su tiempo, los jacobinos lo transformaron en un poder demiúrgico, un poder total, que no reconocía ni libertad ni propiedad previa. Un poder además permanente y estable destinado a poner en jaque a los poderes constituidos.


Pocos son los que hoy en día evocan esta faceta totalitaria del Poder Constituyente. Muchos la cubren evocando el consenso o la participación popular. Pero lo cierto es que no es un problema de número, sino de alcance: si realmente se cree que el Poder Constituyente es refundacional, que puede hacer tabla rasa de nuestro actual régimen de derechos y de Gobierno, aún de aquellas bases que nos han llevado al desarrollo y a la posesión pacífica de libertades concretas, entonces lo único cierto, constitucionalmente hablando, es la incertidumbre. Cabría preguntarse si el país le ha dado al Poder Constituyente competencia tan desmedida.


Julio Alvear Téllez, Centro de Justicia Constitucional, Universidad del Desarrollo.



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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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