DIFUNDA ESTA PÁGINA.

martes, 14 de abril de 2015

Temas informativos y argumentos para la discusión…

El asesinato del Sargento Segundo de la Armada, Rodrigo Andrés Sanhueza Soto, en Haití, formaba parte del Batallón Chile en la Misión de paz de las Naciones Unidas, debe llevar a nuestras autoridades a terminar con la destinaciones y traer de inmediato a nuestros soldados de vuelta.

Bajo fuertes medidas de seguridad declaró ayer en la Fiscalía de de Rancagua, donde habría llegado en un automovil de propiedad de Carabineros a un Ministerio Público cercado a dos cuadras a la redonda, privilegios que no tienen el resto de los chilenos.

Los ex Presidentes Piñera, Lagos y Frei, además de los partidos opositores y la Democracia Cristiana, se reunieron y solidarizaron con Lilian Tintori y Mitzi Caprile, esposas de los líderes opositores venezolanos presos Leopoldo López y Antonio Ledezma, apoyando la defensa de los DDHH en ese país.

El Presidente del Senado, Patricio Walker, que en materia de Derechos Humanos y Democracia, sostuvo Chile no puede tener ´´doble estándar´´, miesntras la Presidente Michelle Bachelet anunció que no recibirá a las esposas de los presos politicos venezolanos.

La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía ayer la investigación por ataque incendiario ocurrido en la madrugada del domingo en la Comuna de Los Sauces y que terminó con la destrucción de maquinaria agrícola de la empresa forestal Tierra Chilena.

En la la VII Cumbre de las Américas de Panamá, se produjo un histórico encuentro entre los Presidentes de Estados Unidos y Cuba, Barack Obama y Raúl Castro, que esperamos contrubuya a una mayor estabilidad y desarrollo del continente.



La cumbre de la ‘fatiga ideológica’,

por Andrés Oppenheimer.




El apretón de manos entre el Presidente Obama y el Gobernante cubano General Raúl Castro no fue el único síntoma de un cambio de vientos políticos en la Cumbre de las Américas: gran parte de la región dio muestras de una creciente fatiga ideológica, y de un nuevo anhelo de pragmatismo.


La economía latinoamericana está pasando por uno de sus peores momentos de los últimos 15 años, tras el desplome de los precios de las materias primas, según datos de las Naciones Unidas. Y con China pasando por una desaceleración económica, Rusia en bancarrota y Europa estancada, muchos países latinoamericanos ven el crecimiento de la economía estadounidense como su mejor apuesta para aumentar sus exportaciones y buscar nuevas inversiones.


Venezuela no logró un consenso para una declaración final de la cumbre que condenara el reciente decreto ejecutivo de Obama negando visas de entrada a Estados Unidos y congelando los depósitos bancarios de siete figuras del Gobierno venezolano acusados de violaciones de derechos humanos y corrupción, según dijeron funcionarios panameños horas antes de finalizar el evento.


En segundo lugar, tras una declaración conjunta de 26 ex Presidentes latinoamericanos y españoles que criticaron a los Gobiernos de la región por su silencio cómplice ante el encarcelamiento de líderes de la oposición en Venezuela, varios Jefes de Estado tomaron cierta distancia de Maduro en materia de derechos humanos.


La Presidente de Brasil, Dilma Rousseff dijo en una entrevista con Patricia Janiot de CNN en Español que “Nosotros no creemos que la oposición debe ser encarcelada, a menos que haya cometido un delito”, en Venezuela.


En tercer lugar, los Presidentes del Caribe y Centroamérica, la mayoría de cuyos países dependen en gran medida de los subsidios petroleros de Venezuela, se reunieron separadamente con Obama durante el viaje del Presidente de Estados Unidos a Jamaica y Panamá, en las que solicitaron ayuda estadounidense para resolver sus problemas energéticos.


Por primera vez en los últimos años Washington está llevando a cabo una Diplomacia inteligente, que comenzó con el anuncio de una normalización de las relaciones con Cuba”, dice José Miguel Vivanco, del grupo de derechos humanos Human Rights Watch. “Eso ayudó a desarmar el clima antiestadounidense que habíamos visto en cumbres anteriores”.


Mi opinión: Hay un cambio de los vientos económicos en América Latina, que se está traduciendo — de manera lenta, pero segura — en un cambio de los vientos políticos.


Antes de la cumbre, muchos pensaban que Maduro se robaría el “show” obteniendo un respaldo masivo para una declaración final que rechazaría las sanciones de Estados Unidos a los siete funcionarios venezolanos. Pero Maduro no lo logró.


En cambio, el apretón de manos entre Obama y Castro en la noche de apertura de la cumbre — aunque signado por la frialdad y la desconfianza — fue el centro de atención de todos. Puede ser el símbolo de un nuevo pragmatismo en las relaciones interamericanas, forzado por la nueva realidad económica mundial.


La tiranía del silencio,

por Tamara Avetikian.


Nadie lo había anunciado. Su nombre no estaba en el programa y los asistentes esperaban con curiosidad al orador principal del almuerzo en la reunión de la Sociedad Mont Pelerin, en Lima. Había rumores; tenía que ser alguien comprometido con la defensa de las libertades individuales, como correspondía a una cita internacional de liberales.


Cuando Enrique Ghersi lo presentó, se entendió por qué el secretismo: Flemming Rose necesitaba discreción y seguridad especial ante las tantas amenazas de muerte recibidas desde que, en octubre de 2005, se le ocurrió encargar y publicar en el Jylland Posten de Copenhague doce caricaturas de Mahoma; una de ellas mostrando al profeta con una bomba en el turbante. El mundo musulmán ardió, incidentes violentos dejaron 200 muertos, y sedes de embajadas de Dinamarca destruidas. Lo consideraron una ofensa a su profeta. Rose fue acusado de islamofobia y, por ende, era blanco de una persecución de los fanáticos. Amenazas que después del ataque, en enero pasado, al semanario francés Charlie Hebdo, sabemos no se pueden tomar a la ligera.


Desde que se publicaron los dibujos, la vida de Rose dio un vuelco. Viaja por el mundo -protegido por guardias oficiales daneses- defendiendo la libertad de expresión, un valor fundamental que, a su juicio, no puede ser doblegado por el miedo. "Trato de vivir lo más normalmente posible. Si no lo hiciera, les daría una victoria a quienes buscan imponerse ante nuestros valores".


En su discurso, Rose trató de demostrar por qué en un mundo globalizado, donde la información se mueve demasiado rápido y las sociedades cada vez son más diversas, en términos culturales, religiosos y étnicos, la libertad de palabra, y por lo tanto la crítica, se hace más necesaria. "Lo que se dice aquí puede tener efecto en otros países, porque cuando la información viaja, se pierde el contexto, y hay espacio para que se manipule y malinterprete. Entonces, es muy fácil decir algo que ofenda a otro, porque ante esa diversidad cualquiera puede acusarte de intolerante". A su juicio, si aceptamos los "tabúes de los musulmanes, tendríamos que aceptar los de todos, hasta los de los filatélicos". Por ese camino, el de un derecho especial para no ser ofendido, Rose cree que se llega a la "tiranía del silencio", que es el título de su libro publicado a fines de 2014, en el que relata sus experiencias desde 2005, pero también como corresponsal en la URSS, donde conoció la censura y la forma en que un régimen opresivo "criminalizaba palabras y opiniones" para acallar la disidencia.


Rose está en contra de las leyes que castigan discursos y no acciones. Reconoce que la injuria no es aceptable, pero, según él, deben ser los hechos violentos o la incitación explícita a la violencia los que debieran ser penados, y no la palabra. "Los musulmanes en Europa quieren que pongamos más leyes en contra de la libertad de expresión, pero ellos no pretenden cambiar aunque hagamos lo que quieren". Además no aplican la misma vara en sus países, donde la blasfemia y la apostasía se pagan con la muerte.


¿Controvertido? ¿Provocador? Dice que busca una discusión, el contraste de las ideas, justamente lo que hace a una sociedad libre, donde todos los individuos pueden manifestarse. Aunque algunos se ofendan. Prohibir la ofensa es prohibir la crítica.


Santiago es Chile,
por Eugenio Guzmán.




Resulta insólito constatar cómo a tres semanas de ocurrido el aluvión y temporal del norte esto no ha adquirido relevancia en la agenda pública.




Lo ocurrido en la III Región tiene una magnitud que todavía no advertimos. Por lo pronto, se trata de uno de los fenómenos de este tipo (aluviones y temporales) que más fallecidos arrojan en los últimos 20 años (hasta ahora 26) y, por lejos, el que más desaparecidos muestra (entre 110 y 126). Según cifras oficiales, los damnificados superan los 28.000. Sólo para tener un orden de lo que significa esto, pensemos en que el terremoto de 2010 en las regiones más afectadas (VII y VIII) dejó una tasa de mortalidad de 13 por 100.000 habitantes y el porcentaje estimado de damnificados llegó al 5,2%. En la Región de Atacama las cifras hasta hora muestran una tasa de fallecidos que supera los 7,5 y los damnificados alcanza el 9,1% de la población de la Región.




Pero eso no es todo, Comunas como Diego de Almagro, Tierra Amarilla, Chañaral y Copiapó presentan graves daños en el alcantarillado, lo que trae consigo problemas ambientales y sanitarios significativos, en un contexto de déficit hospitalario producto de los efectos del aluvión. En materia de educación, 2 de cada 3 estudiantes se encuentran sin clases, y no se visualiza un plan de contingencia para su reubicación en el corto plazo.




En este contexto, decir que “Santiago es Chile” aparece como una realidad. Toda la creación y recreación de realidades como asimismo de la atención pública tiene su origen aquí en Santiago. Penta, Soquimich, Caval, etc. tienen realidad en la medida en que ocurren en Santiago. Ciertamente su importancia deriva de que los son temas de “alta” política, de interés nacional, responden a la lógica de la república; sin embargo, la política se construye también como micropolítica. En concreto, son los aspectos cotidianos los que finalmente tienen efectos políticos devastadores en temas como la confianza, de la cual nuestro país carece de manera crónica. A modo de ejemplo, el 2010 después del terremoto la desconfianza en las autoridades aumentó de manera significativa.




Uno de los peligros que enfrenta a este respecto el Gobierno es que tanto los instrumentos empleados como las fórmulas de comunicación no sean capaces de abordar la sensación de desamparo. Cuando las autoridades señalan que la situación está controlada o que los problemas de abastecimiento están resueltos, se corre el riesgo de conflicto con la percepción generalizada de los afectados. De esto se trata la micropolítica; es decir, de lo que sucede cotidianamente y que no necesariamente se refleja en las visiones mediadas de las cifras, ya que éstas no revelan las emociones detrás de ellas. No se trata de efectismo o sensacionalismo, sino que de una conexión con los problemas y la eficiencia de las soluciones.


El instituto tuerto,
por Axel Buchheister.




Otra vez el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En su “Informe de Derechos Humanos para estudiantes”, se lee la siguiente joyita: “Las detenciones en las marchas han sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar la reunión libre de personas que luchan por sus derechos”.




Una afirmación falsa, carente de objetividad y temeraria. Lo primero, porque Carabineros no se manda solo. Depende de autoridades civiles, que fijan el control que se debe aplicar en las manifestaciones y los límites con que éstas se autorizan, estando el cuerpo policial obligado a hacerlos efectivos; amén de tener que cumplir el deber legal de mantener el orden público y detener en caso de delito flagrante. Carente de objetividad, porque desconoce que con frecuencia los que “luchan por sus derechos” recurren a la violencia: los daños a la propiedad, las bombas molotov y los encapuchados no existen para el INDH. Algunos opinan que los desmanes se gatillan por la presencia de la policía, pero si fuere cierto -no lo comparto-, entonces son culpa de la autoridad de Gobierno que envía a Carabineros ejercer dicho control.




Es temeraria, porque implica un ataque directo e inopinado a la institución pública más prestigiada, según todos los sondeos, que existe en Chile, en la que más confía el ciudadano común. Y este es el punto de fondo: al INDH no le importa lo que opine la gente, porque tiene su verdad revelada y una agenda propia.




Es así por su “autonomía” (no está consagrada en la Constitución, única fuente válida para eso), lo que significa que sus autoridades -tiene una sola en realidad- no le rinden cuenta a nadie ni derivan su poder del consentimiento del pueblo, como corresponde en democracia. Se generan en forma corporativa y en el hecho no hay forma de sacarlas. Capturado el INDH por intereses segados por definición, valida astutamente su actuar invocando organismos, convenciones y pronunciamientos internacionales que, como es sabido, son de izquierda (a excepción del Fondo Monetario, cuestionado por dar recetas ineludibles que no concuerdan con los “derechos humanos”). Se trata de una táctica antidemocrática, porque la democracia deja de ser el Gobierno del pueblo, sino que está supeditada a lo que organismos internacionales “recomiendan” y que nadie del pueblo eligió. La técnica es declarar todo como un derecho humano, entonces las cosas no son debatibles; es como tener en los naipes la escala real del juego, siempre se gana. Lejos de los clásicos derechos humanos básicos, ahora hay “derechos sociales” que el Estado debe garantizar: así, las políticas de mercado son contrarias a los derechos humanos y las socialistas no tienen vuelta atrás.




Como decía el ex Presidente Menem, son “los derechos humanos tuertos, que ven sólo por el ojo izquierdo”. Si quiere vivir en democracia, exija que el INDH vea por ambos ojos y, por ende, que saquen de ahí a los que predican que usted está equivocado al apoyar a Carabineros de Chile.



Con piloto automático,
por Roberto Ampuero.


Se abrió la caja de Pandora con el vínculo entre política, negocios y Estado, y lo que surge, azora. Los males nutren la curiosidad y la ira ciudadana, y consumen las energías nacionales. Esto, en un país que desde el verano parece volar con piloto automático. Críticas a la falta de liderazgo Presidencial afloran también de la Nueva Mayoría. Incluso la declaración conjunta de partidos del oficialismo y la oposición sobre probidad puede interpretarse como invitación a Bachelet a ejercer su rol como "actor central y articulador".


La reacción urgente exigida por la crisis, que de no resolverse dentro de la institucionalidad puede consumir la sustancia de la República y crear un escenario donde todo sea posible, debe llevarnos a examinar otras tareas que la Presidencia tendrá que abordar a la brevedad: la contención de la crisis, el paso a la ofensiva política y la renovación del discurso.


Sobre la contención: La Moneda recurrió en un inicio al silencio Presidencial para el control de daños, pero eso ya no rinde frutos. Emplea ahora la "política blanca": delantal y asistencia a inauguraciones de jardines infantiles y salas cuna. Emerge también el "cosismo", y desde fuera algunos alegan ya que sufre "discriminación de género". Se procura subrayar su liderazgo "blando", pero los esfuerzos no rinden frutos, pues la pérdida de confianza en la Presidente extingue las brasas del fuego de su simpatía. En "El fin del poder", Moisés Naím afirma que "la degradación del poder" se inicia con el debilitamiento de "las barreras que protegen a los poderosos", un proceso mundial que en Chile parece haber acelerado el liderazgo inclusivo y acogedor.


Con respecto a la necesaria ofensiva que debe iniciar Bachelet para recuperar terreno: ¿Lo hará buscando acuerdos con la oposición, consciente de la merma de su popularidad, la alicaída economía, el rechazo ciudadano a reformas estructurales y el desprestigio de los políticos? ¿O atará su suerte al programa, como en 2014, cuando alcanzó la categoría de dogma revelado? ¿Ofrecerá ramas de olivo o retroexcavadora? Lo primero puede conducir a la recuperación del país y del liderazgo Presidencial mientras no implique un acuerdo transversal para barrer irregularidades bajo la alfombra y eluda los nuevos desafíos. Lo segundo, empero, generará división y polarización en un Chile que atraviesa su peor etapa en decenios.


La tercera tarea comprende al Gobierno y también a la Nueva Mayoría: deben modificar su relato político. La revelación de que políticos e instituciones de izquierda y centroizquierda, que convirtieron en leit motiv de su vida la denuncia contra el dictador Pinochet, la conquista de la igualdad social y la lucha contra "los poderosos de siempre", han pasado por años el sombrero ante empresarios vinculados al régimen militar, o perseguido afanosos el enriquecimiento personal, revela un doble estándar. Esto exige sincerar el discurso. Es patético que ese sector siga desplegando las mismas banderas y proclamando su superioridad ética cuando algunos dirigentes no solo callan ante la violación de derechos humanos bajo regímenes de izquierda, sino que, al igual que Jano, exhiben dos rostros: uno cuando pronuncian apasionados discursos, otro cuando tienden con disimulo la mano.


La crisis constituye la última oportunidad de la actual constelación de políticos. Se trata de un desafío transversal. Es posible salir del marasmo sin sacrificar la verdad y la justicia. Es apenas una esperanza. Pero es la misma esperanza que, cuando Pandora abrió la caja y escaparon todos los males, quedó apresada en su fondo. También la Presidente tiene hoy una gran oportunidad: rescatar la esperanza.


Educación, otro Transantiago,
por Sergio Melnick.


Llama tremendamente la atención las recientes declaraciones de varios Parlamentarios señalando que los recursos de la reforma tributaria no alcanzan para cumplir las promesas en educación. Incluso el Diputado Jackson dijo que si era necesario una nueva reforma tributaria no lo descartaba. Y es verdad: los números no dan, es otro Transantiago.


¿Acaso los Parlamentarios no estudiaron y aprobaron el proyecto? ¿Y cómo lo aprobaron si los recursos no alcanzaban? Sólo pasaron ideológicamente la aplanadora sin cumplir con su función de revisar los méritos del proyecto. Es que no había proyecto, era pura improvisación. Pepe Auth dijo hace poco, “haremos lo que podamos con los recursos que tengamos”. Pidieron más recursos sin saber cómo se usarían. Realmente insólito. Esto deja en muy mal pie al Ministro de Hacienda, que no exigió los números en educación y sacó una cifra del sombrero (3% PIB).


Es que lo responsable es justo al revés: primero se plantea y discute el proyecto educacional, luego la forma de financiarlo. Más aun, hasta la fecha no se ha hablado de la calidad, y ya está desfinanciado. En suma, la misma historia del Transantiago.


¿Y qué busca el Gobierno en educación? La evidencia es elocuente. El control total por parte del Estado. Lo primero fue controlar los colegios subvencionados a través del financiamiento, cuando lo inteligente era partir mejorando la educación Fiscal. Hasta Bachelet creía que ese era el camino, y es curioso que no lo haya seguido, ya que es quien Gobierna, ¿o no? En base a ese financiamiento, y una nueva burocracia, los colegios serán simples mandantes del Estado: directores delegados. El paso siguiente es sacar a los colegios de los Municipios y a través de 70 entidades manejadas por el Ministerio controlar definitivamente la educación pública, en base a directivas Estatales únicas.


Finalmente viene el embate contra las universidades privadas, de la misma forma que los colegios subvencionados. El Estado financiará sólo la docencia, fijará los aranceles, y en base a ello pondrá sus condiciones de modo que en la práctica tendremos una nueva categoría de rectores delegados siguiendo órdenes del Estado central. ¿Cómo se pueden fijar aranceles en un servicio que no es un commoditty? Muy simple, definiendo sólo un modelo por carrera, el modelo que le gusta a algunos iluminados Estatales. Se acabó la innovación y la diversidad, que es un componente clave de la calidad en este siglo. Esto va unido a otra alarmante burocracia Estatal, estructurada en un “marco nacional de cualificación” (un nuevo slogan misterioso) que definirá contenidos mínimos; un absurdo en la edad del conocimiento. A eso se suma una Superintendencia de educación superior, una agencia de calidad, y una Subsecretaría de educación superior. Miles de miles de funcionarios públicos que entrabarán la educación para justificar sus pegas y que cuestan enormes recursos que jamás llegarán a la calidad de la sala de clases.


A todo esto, le agregarán las viejas consignas del cogobierno y la intervención de los Gobiernos corporativos, de nuevo con un modelo diseñado por funcionarios Estatales iluminados. Se definen tamaños mínimos de universidades, mínimos de carreras y otros absurdos educacionales sin parangón. También controlarán por la vía del financiamiento las vacantes, ya que las universidades no pueden cobrar nada si tienen financiamiento Estatal. Desaparecen los IP y los CFT para los nuevos politécnicos. Nuevamente la iluminación Estatal, la estandarización, la igualación hacia abajo.


El ataque que prepara el Gobierno para controlar las universidades privadas no resuelve el tema del desarrollo, el eje de toda universidad, y es de una complejidad regulatoria que anuncia un verdadero desastre.


En suma, un nuevo Transantiago sin fondo, y control total de la educación por el Estado, con nuevos rectores delegados de hecho. La izquierda aprendió que es más inteligente no Estatizar el capital sino los flujos.



Sobre la violencia en la zona mapuche.





En una sesión especial del Senado, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, afirmó que la violencia en la zona mapuche "no puede resolverse mágicamente" ni "tampoco en un corto plazo". Se refería a la serie de graves hechos de violencia ocurridos en las Regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Biobío, como atentados, incendios, destrucción de vehículos y maquinaria.


Sin perjuicio de que, muy probablemente, no resultará sencillo erradicar dicha violencia, los ejes conceptuales sobre los que se ha conducido su combate contienen supuestos que tienden más bien a agudizar que a colaborar con la solución de ese fenómeno.


Desde 1990 en adelante, el Estado chileno ha actuado bajo el supuesto, en ocasiones implícito, pero muchas veces explícito, de que existiría una deuda pendiente con el pueblo mapuche, originada en la ocupación y entrega de títulos de dominio a connacionales, en zonas que ancestralmente eran ocupadas por ese pueblo, la que, al no estar adecuadamente compensada, daría una justificación a su reclamación. Esa forma de mirar el problema se ha ido profundizando en el tiempo, y se ha traducido en un tratamiento privilegiado para quienes, al amparo de esa reclamación, vulneran la Ley y actúan de manera violenta. Así, por ejemplo, se ha permitido calificar el combate a la violencia como una "militarización" de la zona, se afirma que no se deben utilizar testigos protegidos en los juicios contra personeros mapuches acusados por hechos violentos o terroristas, y, finalmente, que lo que hay detrás de este problema es un "conflicto social", el que no podrá resolverse mediante las instituciones policiales y de justicia.


Ese análisis contiene elementos que tienen cierta correspondencia con los hechos generadores del conflicto, pero también contiene otros con cuya interpretación resulta muy difícil comulgar. En efecto, hay una reclamación que proviene de una imperfectamente implementada asignación de tierras desde el siglo XIX que sostiene al conflicto. Sin embargo, no resulta aceptable que mientras ese problema no se resuelva -y, a comienzos del siglo XXI, no parece posible que la política de compra de tierras sea su solución, pues las tierras no son bienes sobre los que una población censada de un millón de personas pueda encontrar sustento digno- se permita la actuación violenta de algunos miembros de esa etnia, que se atenúe la actuación de la policía y de la justicia, y que el resto de los chilenos que ahí habitan sufran las consecuencias de todo ello. Es cierto, como dice el Ministro del Interior, que no hay soluciones mágicas para este problema, pero las hasta ahora emprendidas han demostrado su inutilidad.


Condena pública a inculpados en procesos de investigación judicial.



La opinión pública ha sido testigo de los complejos momentos que han debido enfrentar algunas personas en sus procesos de declaración ante la Fiscalía, ya sea en calidad de testigos o de imputados, en el marco de las investigaciones de los casos que hoy remecen al ambiente político y judicial. A la evidente presión mediática, consecuencia del alto interés público que generan estos procesos, se han sumado manifestaciones y agresiones de terceros, físicas y verbales, que vulneran los derechos que la Ley asigna, tanto para víctimas, como para testigos e inculpados.




En este sentido, es fundamental recordar que el Código Procesal Penal otorga al Ministerio Público la responsabilidad de garantizar los derechos de testigos e imputados, para lo cual debe adoptar medidas oportunas e impartir instrucciones a Gendarmería y Carabineros, según el caso. Casos recientes de agresiones a imputados, al inicio o al término de su declaración en dependencias de la Fiscalía, dejan en evidencia una deficiente observancia de esta obligación, en particular cuandose ha tratado de situaciones absolutamenteprevisibles.




En el caso específico de los incidentes que rodearon la salida de Natalia Compagnon desde la Fiscalía de Rancagua, tras prestar declaración durante nueve horas en el marco de la investigación del denominado caso Caval, el persecutor a cargo del proceso habría enviado un oficio a Carabineros de Chile para hacer ver a esta institución su preocupación por los hechos ocurridos. No parece claro, en todo caso, que esa inquietud haya sido manifestada previamente, como tampoco que las recomendaciones de las propias fuerzas de orden fuesen acogidas por el Ministerio Público en su debido momento. La responsabilidad final, en cualquier caso, tal como el Código Procesal Penal lo establece, se encuentra en manos de la propia Fiscalía y de los Jueces de garantía.




Lo anterior no implica eludir un análisis más profundo sobre la reacción de algunos ciudadanos a los procesos de investigación que desarrollan los Fiscales y que en determinados casos, como el mismo Caval, se encuentran en una etapa todavía inicial sin que ni siquiera se haya efectuado la debida formalización de los acusados. El riesgo de prolongar esta etapa de investigación previa, sin el pleno resguardo de los derechos de los involucrados, ya ha sido advertido por los Jueces de garantía en situaciones similares y deberían llamar a la reflexión del Ministerio Público.




No obstante, nada de ello justifica la reacción de personas que prefieren desconocer los procesos judiciales y anticipar condenas públicas a los inculpados. Esa actitud agresiva y vociferante, escondida en el anonimato de la masa, ni siquiera ha demostrado consideración con familiares y amigos de inculpados sometidos a prisión preventiva, tal como se demostró con las reacciones y ataques a quienes visitaron a los involucrados al caso Penta que se encuentran detenidos en el anexo penitenciario Capitán Yáber.




Una sociedad que ignora los más mínimos derechos de las personas procesadas, como la posibilidad de recibir visitas, y que hace caso omiso de la presunción de inocencia que corresponde a todo imputado, demuestra una deficiente cultura cívica y una comprensión muy subjetiva de los derechos y deberes de cada ciudadano. Sería interesante que entidades que promueven el conocimiento y respeto de los derechos humanos en la sociedad, se hicieran cargo de esta problemática en lugar de involucrarse en improcedentes polémicas con las instituciones que velan por la seguridad interior.




Este aporte a la cultura cívica debe estar acompañado por un estricto cumplimiento de las responsabilidades que competen a las instituciones involucradas en las distintas etapas judiciales. Un rol fundamental, en este contexto, es el que corresponde al Juez de garantía, a quien la normativa vigente otorga la obligación de adoptar, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir que el imputado esté “en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las Leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, como señala el Código Procesal Penal.




A mayor abundamiento, la legislación establece que “si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el Juez ordenará la suspensión del procedimiento y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan”. Bajo estas condiciones, el Juez de garantía tiene incluso la posibilidad de decretar el sobreseimiento temporal del procedimiento que lleve a cabo la Fiscalía.




El pleno respeto de los derechos y obligaciones que la legislación establece para los distintos actores que intervienen en los procedimientos judiciales es una condición indispensable para la paz social y para que las investigaciones sean un paso adelante en la recuperación de la debilitada confianza que existe en las instituciones.



Una reforma inconveniente.





La Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que elimina las disposiciones que excluyen la participación con derecho a voto de estudiantes y funcionarios administrativos en los organismos superiores de las instituciones de educación superior y en la elección de las autoridades unipersonales o colegiadas. Esta era una antigua aspiración de las organizaciones estudiantiles universitarias, pero no por ello es una reforma positiva. Aunque no obliga a las instituciones a incorporar estas disposiciones en sus estatutos, seguramente más temprano que tarde veremos a las federaciones estudiantiles presionar para que eso ocurra.


La experiencia comparada muestra que es menos habitual de lo que se cree la participación de los estudiantes y funcionarios administrativos en la elección de rectores o en los órganos decisores de las instituciones Estatales. Por ejemplo, en España, La Ley Orgánica de Universidades contempla una votación ponderada de los estudiantes en la elección de rectores de las universidades Estatales; pero en el resto de los países europeos es más habitual que los rectores sean elegidos a través de comités de búsqueda, la que es sancionada por las juntas directivas. En estas es cada vez más frecuente que una parte importante de sus miembros, si no la mayoría, sean externos a la universidad y que los estudiantes y funcionarios ocupen posiciones minoritarias en estas organizaciones, e incluso en varios casos que ellas no sean con derecho a voto. En las universidades Estatales estadounidenses y en casi todas las asiáticas no hay elección democrática de los rectores, y menos con participación de los estudiantes y funcionarios.


Incluso en América Latina, que tiene universidades Estatales relevantes con participación de estudiantes en la elección de rectores, hay varias que están lejos de seguir este modelo. Por ejemplo, tanto en la UNAM como en la Universidad de São Paulo hay instancias de participación y opinión de distintos estamentos en la generación de la autoridad superior, pero en la primera es la Junta de Gobierno de la Universidad la que nombra al rector, y en la segunda, el Gobernador del Estado. La resistencia en estos diversos casos a incorporar la participación de estudiantes y funcionarios en estas instancias no parece ser casualidad. En efecto, ello se promueve para asegurar una proyección de largo plazo a las instituciones de educación superior. Estas requieren cada vez más dicha mirada, la que muchas veces choca con intereses de corto plazo y muy específicos, como los que representan habitualmente los estudiantes y funcionarios.


La decisión de avanzar, entonces, relajando esta prohibición puede ser un error. El Estado, más ahora que va a incrementar los recursos públicos a estas universidades, no puede ser indiferente a las formas de Gobierno que se adopten. Hay que cautelar el buen uso de los recursos no solo desde un punto de vista legal, como hace la Contraloría General de la República, sino también respecto de su destino práctico, promoviendo soluciones organizacionales que eleven la calidad de las instituciones de educación superior. Tomando distintos factores en consideración, las mejores universidades suelen tener Gobiernos superiores y selección de rectores que no involucran el derecho de voto de los estudiantes. Por eso, con esta disposición se puede estar sugiriendo un camino especialmente negativo.


Cobro por uso de estacionamientos.



La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley que regula el cobro por estacionar en establecimientos comerciales y el servicio de parquímetros en las calles. En lo fundamental, se establece que en lugares que por norma deben tener un número de estacionamientos y que constituyan un servicio accesorio al giro principal, como centros comerciales, supermercados, aeropuertos y otros similares, no podrán cobrar la primera media hora de uso, como tampoco las dos siguientes si el usuario presenta una boleta de los proveedores de bienes o servicios existentes en ellos. Respecto del tiempo susceptible de cobro, el cargo deberá efectuarse por minuto efectivo de permanencia. En caso de pérdida del comprobante de ingreso, estará prohibido cobrar una tarifa prefijada, debiendo el proveedor del estacionamiento acreditar el tiempo efectivo.




El anuncio de esta iniciativa en su momento provocó controversia, dadas las distorsiones económicas que puede provocar y los efectos en los derechos de quienes han invertido en centros comerciales o establecimientos análogos. Si bien se introdujeron algunas mejoras durante la tramitación -originalmente se pretendía dos horas de gratuidad a todo evento-, recogiendo en algo las inquietudes que se plantearon, ellas no resuelven el problema de fondo. Insistir en tal regulación revela una falta de comprensión sobre lo inconveniente que resulta que el Congreso afecte mediante decisiones discrecionales las actividades económicas.




Hay en la propuesta Legislativa una regulación expropiatoria inconstitucional, pues los dueños de los activos verán impactado su patrimonio sin la correspondiente indemnización, con el supuesto fundamento que en el cobro hay un abuso. Se sienta así un precedente preocupante de que la Legislación puede regular discrecionalmente una relación económica, sin una razón técnica, sino por el mero afán de distribuir rentas entre las partes, lo que envuelve una forma de populismo. Se ha dicho que al ser obligatoria la existencia de los estacionamientos, según las normas de construcción, y complementaria del giro comercial, no se debiera cobrar. Pero la exigencia de disponer de estacionamientos para evitar externalidades para la comunidad no es sinónimo de dar un servicio gratuito.




Lo que justifica que se cobre por los estacionamientos, aunque su construcción sea obligatoria, es que hace más eficiente las decisiones de los usuarios y evita que cometan abusos. En la medida que se paga por un activo, su uso se racionaliza y con ello mejora la disponibilidad del mismo en beneficio de los restantes consumidores. Por otra parte, el mercado lleva a que se cobre en aquellos lugares que hay mayor demanda por aparcar, lo que incentiva a los consumidores a trasladarse a centros alternativos donde no se cobra o las tarifas son más convenientes. Al establecer rangos de gratuidad y determinados sistemas de cobro, que muchas veces exigen mecanismos de control más sofisticados, los costos aumentan y serán traspasados a la larga a los clientes de los establecimientos comerciales -incluidos los que concurren en automóvil e incluso quienes no lo utilicen-, lo que implica una distorsión y una inequidad para éstos.




El Senado deberá cumplir ahora su rol como Cámara revisora y cabe esperar que primen criterios más técnicos, como ha sido su costumbre, y se tome en consideración los efectos negativos que tendrá aprobar la Legislación que la Cámara de Diputados persigue.





Mea culpa.







En el marco del caso SQM, el acuerdo logrado entre los partidos de Gobierno y oposición conforma un intento esperanzador de recuperar credibilidad y confianza perdidas. Con este mea culpa, la clase política se compromete a sincerarse y a superar el grave momento bajo el marco de legitimidad y a construir una nueva institucionalidad en materia de probidad, apoyando el liderazgo que debe asumir la Presidente para impulsar iniciativas, como las que proponga el Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y Corrupción. El gesto es, de todas maneras, una forma de transferir a la Presidente la responsabilidad principal, dado que los partidos le han otorgado facultades para proceder.




No todos los partidos con representación Parlamentaria han suscrito el acuerdo, y algunos han excusado su apoyo por considerar que éste se asemeja al suscrito, en su momento, por el ex Presidente Ricardo Lagos y Pablo Longueira, líder de la UDI, en el año 2003, cuando el caso conocido como MOP Gate derivó en una crisis institucional que afectó a La Moneda. La investigación que tuvo a su cargo la Ministro Chevesich concluyó condenando a funcionarios públicos y empresarios que, coludidos en el abultamiento de presupuestos para el MOP, mediante boletas y facturas falsas, lograron defraudar al Fisco en más de mil millones de pesos, generando dineros para pagar sobresueldos a funcionarios públicos.




Desde La Moneda, el Presidente Lagos y el Ministro Insulza desplegaron toda su fuerza de negociación para constituir una comisión transversal que permitiera dar salida a la crisis. Así, asumieron un liderazgo necesario para construir un consenso que permitiese avanzar en la modernidad, mediante la elaboración de un cronograma de acuerdo político y Legislativo, que se comprometió a impulsar las agendas de modernización del Estado y de la transparencia y de la promoción del crecimiento. En ellas se involucraban todos los aspectos que debían poner freno a la corrupción y el tráfico de influencias entre otras manifestaciones del deterioro social.




El Presidente Lagos señaló, en esa oportunidad, que con el acuerdo ganó Chile, y no el Gobierno ni la oposición, asegurando que fue posible porque se escucharon las campanadas de alerta advirtiendo que los cimientos básicos de la patria estaban siendo amenazados. Fue la luz al final del túnel que permitió, esa vez, la salida de la crisis.



Negociación colectiva por ramas de actividad.



Tras muchas iniciativas que se presentan como en favor del medio ambiente, la equidad en las relaciones laborales, un desarrollo equilibrado, etc., hay la simple presión de grupos de interés por lograr un trato privilegiado que les reporte ingresos; hay afán de lucro impulsando una legislación que elimine competencia u otorgue subsidios. Esto es evidente, por ejemplo, tras la nueva legislación que obliga a las radioemisoras a preservar un espacio a la transmisión de música nacional; tras la iniciativa oficial para sujetar la autorización de nuevos colegios a que exista falta de matrículas en los ya existentes; o tras la noción que postula que los grandes proyectos productivos - más allá de compensar eventuales daños específicos- deben subsidiar a las comunidades locales.




Cuando el sistema político es permeable a este afán “extractivo” -según la denominación utilizada por estudiosos modernos del desarrollo- la legislación resultante detiene el crecimiento pues inhibe la inversión en recursos físicos y humanos, y limita el esfuerzo productivo. Las políticas “inclusivas”, en cambio, abren los sectores a la competencia, remuneran según productividad, y, por esa vía, estimulan educación, investigación, inversión y esfuerzo.




Un caso paradigmático de política “extractiva” es la propuesta oficial de eliminación del derecho de las empresas a reemplazar trabajadores en huelga. Con derecho a huelga los trabajadores pueden enfrentar al empleador a que reconozca su mayor productividad, y pague según ella, o pierda esa productividad al tener que recurrir a trabajadores menos productivos de fuera de la empresa. Si se suprime el derecho a reemplazo la huelga deja de ser un mecanismo para ajustar remuneraciones a productividad y lo transforma en un hecho puro de fuerza, que permite a los trabajadores de una determinada empresa ganar más que su productividad en el mercado, gracias a la protección de la competencia que representan otros trabajadores, otorgada por la ley.


Como toda “extracción”, además de injusta, conduce a menor inversión, lo que castiga el empleo y las remuneraciones. El privilegio de unos resulta en costos mayores para el país.




El daño por ceder a presiones “extractivas” se potenciaría a grado extremo si se consagra la negociación colectiva por ramas de actividad, cuestión que algunos sectores presionan para incluir en el actual proyecto de reforma laboral del Gobierno. Si la legislación legitima que empleadores y trabajadores actúen como bloques va a surgir prontamente un acuerdo, beneficioso para quienes pesan más en esa industria y perjudicial para el país: presión por protección a empresas y trabajadores incumbentes de la competencia que representan empresas y trabajadores entrantes a la industria, protección de otras industrias nacionales y protección de la competencia del exterior. Es predecible que las negociaciones “por rama” saquen de la industria a las empresas menos productivas y sus trabajadores, encarezcan los productos y frenen el crecimiento.




El Gobierno, que entre otras propuestas laborales negativas ha apoyado la supresión del reemplazo de trabajadores en huelga, se opone a la negociación por rama de actividad. Si bien es una señal importante, resulta insuficiente para evitar el deterioro de nuestra economía que resultará del reparto de privilegios laborales que se gesta.




Crisis en la Universidad Arcis.





La investigación que realizó el Ministerio de Educación sobre la Universidad Arcis -entre cuyos controladores figuraba el Partido Comunista- no hizo más que ratificar la crisis aparentemente terminal por la que atraviesa el plantel, reflejada en la abrupta caída de su matrícula, con menos de 700 alumnos matriculados. El Mineduc formuló dos cargos: incumplimiento reiterado de sus compromisos financieros, administrativos y laborales, como asimismo incumplimiento de los compromisos académicos asumidos con sus estudiantes.







A diferencia de lo que ocurrió con la crisis que vivió la Universidad del Mar, esta vez los movimientos estudiantiles y el Partido Comunista -también el propio Ministerio- han preferido guardar un ominoso silencio, no obstante las circunstancias que llevaron a este desenlace, entre las cuales figuraron acusaciones de lucro por parte del PC y cuantiosos dineros provenientes del Gobierno de Venezuela, los que sin embargo no lograron evitar la crisis. Si bien sus controladores han negado estas irregularidades, cuando menos hay una grave incoherencia entre los principios que dicen enarbolar con la escandalosa forma en que se desentendieron de la suerte de la universidad y sus alumnos.




Según la autoridad, los cargos formulados por el Mineduc reúnen los requisitos para nombrar un interventor designado por el Estado, conforme lo establece la Ley recientemente aprobada. De prosperar esta intervención, será la primera experiencia a la luz de esta nueva Legislación. Y si bien en su momento esta Ley fue celebrada por numerosas voces, pues evitaría repetir situaciones como la ocurrida con la Universidad del Mar, su aplicación ya está generando resistencias. La rector y los sindicatos de la Arcis hacen ver que el Ministerio no tomó en cuenta una serie de antecedentes y reprochan la excesiva velocidad con que se llevó a cabo esta investigación, lo que es ilustrativo sobre las complejidades que representa este tipo de intervenciones del Estado.




Perú: Gabinete para el último año.






Apenas asumió el cargo, el Primer Ministro comenzó una ronda de reuniones con los principales líderes políticos. Primero con quienes han estado más cerca del Gobierno, como el ex Presidente Alejandro Toledo y el ex Ministro de Economía y ex candidato Presidencial Pedro Pablo Kuszynski (quien no oculta sus intenciones de presentarse nuevamente), y más tarde, sorprendió a todos invitando a conversar a Keiko Fujimori, hija del hoy encarcelado ex Presidente, y al ex Mandatario Alan García; reconocidos "enemigos", y blancos de feroces ataques de parte del ministro por presuntas actividades de corrupción.

Cateriano hace lo correcto. Necesita lograr el apoyo de los Legisladores opositores, quienes antes de un mes deben aprobar el nuevo Gabinete, nombrado por Humala después de la crisis que se produjo cuando el Congreso censuró a Ana Jara, la antecesora de Cateriano, a causa del escándalo por espionaje a políticos, incluido Cateriano, desde la agencia de inteligencia. Si los Legisladores no dan el pase a los Ministros, Humala tiene la atribución de disolver el Parlamento antes del 28 de junio y convocar a elecciones Parlamentarias, una jugada peligrosa, a un año de terminar su período. Al parecer, nadie en Perú quiere que eso ocurra, y por eso la buena voluntad para hacer las reuniones que limen las asperezas y permitan al Gobierno una transición tranquila hasta que el próximo Presidente sea elegido en 2016.


En una entrevista con el diario El Comercio, reproducida por "El Mercurio", Cateriano señala que el Gobierno debiera tener dos metas. La primera, "garantizar elecciones limpias y neutrales", y la otra, "lograr un ambiente de estabilidad política que agilice la economía, destrabe las inversiones, que haya un diálogo con los Gobiernos Regionales, con el gremio empresarial, con los trabajadores" y entregar un país estable al sucesor. El tema económico es fundamental, puesto que Perú ha sido golpeado por una desaceleración producto de la ralentización de la economía china, pero también por problemas internos de conflictividad social.

Si después de su ronda de conversaciones con la oposición, Cateriano consigue aumentar los apoyos, el Congreso podría darle el voto de confianza antes del 2 de mayo.


Un Ministro que modernizó el material militar.

Como Ministro de Defensa, Pedro Cateriano ha impulsado la mayor modernización de los equipos de las Fuerzas Armadas desde la época de Morales Bermúdez, en la década del 70. Compró helicópteros y blindados ligeros rusos, aviones de transporte militar de la empresa italiana Alenia Aermacchi, y un satélite de observación francés, Asrosat-300, que será el más moderno de Sudamérica. En cuanto a la fuerza naval, se está construyendo un buque-escuela, otros de desembarco, patrulleras de costa y oceánicas, según la prensa peruana. Durante estos dos últimos años, ha sido frecuente ver en redes sociales fotos de él en diversas partes del mundo "vitrineando" material bélico. En algunos casos, ha sido criticado por comprar armamento que no se necesitaría para la lucha contra la narcoguerrilla en la zona del VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), sino más bien para ser usado en un conflicto internacional.

Cateriano, a quien muchos en Perú definen como un nacionalista que comparte ese sentimiento con Humala, y muy cercano a la primera dama Nadine Heredia, ha participado en negociaciones bilaterales con Chile para implementar el fallo de La Haya. Sobre el supuesto espionaje chileno, ha dicho que eso lo maneja el Jefe de Estado.

Menor crecimiento en cinco años.


Si Ollanta Humala logra calmar el escenario político con su nuevo Primer Ministro, no puede descuidar, a un año de las elecciones, la delicada situación económica y social. El PIB de Perú creció 2,35% en 2014, el menor en cinco años, por una baja en la actividad minera y pesquera.


Varios proyectos mineros suscitan una férrea oposición de las comunidades locales, que denuncian que la agricultura y el medio ambiente se verán deteriorados, paralizando varios de ellos, como Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa. Humala tendrá que desarticular esa oposición para obtener mejores resultados económicos.

De nuestro Twitter

EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

#GolpeAlaPyme.

Hágase seguidor de Reacción Chilena

Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
Enter a long URL to make tiny:

Mantenemos este video como un homenaje a Felipe Cubillos .

De nuestras páginas

Estamos en Twitter

Follow reacchi on Twitter

Canción Nacional de Chile completa con todas sus estrofas....

Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

PARA VER COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL VÍDEO.

Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

Archivo del Blog

acount

Nuevo Contador de Visitas

Se produjo un error en este gadget.

A Nuestros Hombres de Armas y nuestros caídos

MARCHA SOLDADOS DEL 73 PARA VER VÍDEO COMPLETO HAGA DOBLE CLIC SOBRE EL.

Libre, Nino Bravo

Ir Mario Montes Papers

Ir Mario Montes Papers
pinchar imagen

Ir comentario Político Semanal

Ir comentario Político Semanal
Pinchar imagen

Si encuentra este libro..léalo

Si encuentra este libro..léalo
vale la pena.....

Pega presidencial pendiente:Justicia

Pega presidencial pendiente:Justicia

Producto Chileno, Producto Bueno

Producto Chileno, Producto Bueno
Además da trabajo a los nuestros.

Usted es el visitante Número