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Preocupante
resulta constatar en la encuesta Plaza Pública que gran parte de los
ciudadanos no están dispuestos a votar en las próximas elecciones
con lo que consolidaran el permanente triunfo de los peores elementos
de nuestra clase política.
Las
palomas ensucian la política, por Joaquín García Huidobro.
¿Quién
será el próximo en ser descubierto? Los chilenos más poderosos
están con úlcera. Parlamentarios, Ministros y empresarios aprietan
los dientes; cruzan los dedos, y esperan, nerviosos, que las
municiones no los alcancen. Algunos, como el Ministro Peñailillo,
han estado tan ocupados que ni siquiera pudieron ensayar un par de
respuestas coherentes para el caso de que la opinión pública los
indique con un dedo acusador.
De
todos modos, la estrategia de instalarse en una butaca a ver correr
sangre no parece la más adecuada. Las investigaciones deben seguir
su cauce, pero hay que ir pensando cómo resolver este entuerto. En
estos días se han formulado algunas propuestas, entre ellas
adelantar la fecha de las elecciones Parlamentarias, ya que
necesitamos que el Congreso esté dotado de un mínimo de
legitimidad. Esta iniciativa debería implicar una nueva discusión
acerca de la obligatoriedad del sufragio, porque si votamos los
mismos que en la elección pasada no hay institución que pueda
legitimarse.
En
las últimas semanas, los chilenos hemos dirigido nuestro dedo
acusador hacia políticos y empresarios. Ciertamente su
comportamiento no ha sido muy edificante, pero valdría la pena
preguntarse, por un momento, qué los ha llevado a esta situación.
No me parece que en esos dos gremios se concentren los malvados, y
que todo el resto de los chilenos destaquemos por nuestra inocencia.
Una
parte muy importante del problema está dado por el exorbitante
costo de las campañas políticas. Si la sobrevivencia de un
candidato depende de que sea capaz de obtener 100, 200 o más
millones de pesos, ¿nos podrá extrañar que dé manotazos de
ahogado para conseguir donde sea un salvavidas financiero? Los
Parlamentarios están metidos en una situación realmente difícil,
que les exige ser ricos o héroes para no caer en actuaciones
irregulares. Esto no es una disculpa: a veces no queda más remedio
que ser heroico.
La
cuestión fundamental no es si acudimos a un perdonazo o decidimos
ser implacables. En uno u otro escenario, el mal volverá a
repetirse. Cambiarán las empresas o los organismos Estatales de los
que se obtenga dinero, se inventarán procedimientos más
ingeniosos, pero el problema seguirá siendo el mismo.
Tampoco
se trata de recurrir al fácil expediente de pedir que el Estado
pague la cuenta. Es, en efecto, muy importante que nuestros
impuestos financien la sana y necesaria actividad política. Pero de
ahí no se deduce que tengamos que alimentar miles de palomas que no
contribuyen en nada a enriquecer la discusión sobre los destinos de
la república. Las palomas, más bien, están ensuciando la buena
política; su costo, como el de las gigantescas paletas de
propaganda, es un incentivo a la corrupción. Para salvar la
política hay que matar las palomas.
Hace
más de medio siglo, Popper nos advertía que había que tomar
ciertas medidas para lograr que las campañas electorales apelaran a
la razón y no simplemente a las pasiones. "Los actuales
métodos de propaganda", decía, "constituyen un insulto
al público y también a los candidatos. Jamás debiera utilizarse
una propaganda apta quizá para vender jabón, pero no para
cuestiones de tal magnitud". Él proponía eliminar los
carteles y establecer ciertos parámetros para los folletos. Las
medidas que se tomen podrán ser esas u otras, pero es necesario
hacer algo: de partida, exigir de veras el cumplimiento de la Ley,
porque casi toda nuestra propaganda política es ilegal.
Ya
no se trata solo de que las campañas sean estúpidas, que era lo
que preocupaba a Popper. El problema actual es más grave, porque el
modo y el costo de las campañas están transformando a nuestras
democracias en puras y simples plutocracias, donde, a menos de que
uno tenga acceso a grandes sumas de dinero, difícilmente resultará
elegido.
Rasgar
vestiduras por unas boletas ideológicamente falsas y hacer vista
gorda ante la danza de millones en época electoral es una actitud
miope. De poco sirve la indignación si no lleva a remediar las
causas de los males que enfrentamos. El terremoto de estos días no
se arregla poniendo unos parches en las murallas. Es hora de revisar
las bases de nuestro quehacer político, una tarea muy difícil,
pero bastante más productiva que el insulto infantil a los
Parlamentarios involucrados.
¿Las
instituciones funcionan?, por Sergio Melnick.
El Gobierno
repite, casi como un mantra, y de manera majadera, la vieja frase de
Ricardo Lagos “las instituciones funcionan”. La pregunta es si de
verdad funcionan y si podemos esperar que resuelvan los problemas.
Por cierto hay instituciones que funcionan, pero también hay muchas
que simplemente no lo hacen como debieran. Veamos algunos ejemplos.
El Servicio de Impuestos Internos, un lujo y ejemplo de institución,
hoy está públicamente cuestionado por todo lo que ha ocurrido, y
porque tiene a la cabeza una persona marcadamente ideológica, algo
no apropiado para ese tipo de servicio. El sistema de Alta Dirección
Pública, literalmente no funciona. El Gobierno se permite destituir
al 50% de las autoridades así seleccionadas, y las listas se manejan
como es de amplio conocimiento. Carabineros está completamente atado
de manos para combatir la delincuencia e indefenso frente a los
ataques violentos de los manifestantes: encapuchados y delincuentes
les han perdido el respeto. La delincuencia escala de forma alarmante
y no se ve a las instituciones empoderadas. El Instituto de Derechos
Humanos está ideologizado y hasta se permite atacar a Carabineros al
punto que su Director debe reclamar abiertamente. Una gran cantidad
de funcionarios públicos no tienen contratos regulares, y además
hacen huelgas ilegales que los Gobiernos toleran. Un Embajador se
permite hacer declaraciones imprudentes y es mantenido en el cargo.
La política está
en estado grave: 87% de la población está insatisfecha con esta
actividad, y de hecho lo relevante está ocurriendo hoy en los
Tribunales, lo que es muy malo para el sistema Judicial. Un Fiscal
hasta se permite mandar tuits durante los procesos y éstos hacen
consignas políticas en sus alegatos porque están en televisión.
Las autoridades ambientales funcionan a medias, y las decisiones
también se toman en los Tribunales. La iglesia está severamente
dañada en su credibilidad; hasta los fieles salen a reclamar por el
nombramiento de un Obispo. El Gabinete es ampliamente rechazado por
la población. Un alarmante 70% de la población cree que la
Presidente ha mentido en el caso Caval y a un 59% le genera
desconfianza. La violencia en La Araucanía es cotidiana y no hay
institución ocupada realmente del problema. Tras una fuerte campaña
en su contra, los empresarios también están desprestigiados. Las
grandes reformas del Gobierno tienen alta desaprobación.
En relación a
los políticos, el tema es aún más grave. Menos del 20% de la
población aprueba lo que ocurre en ambas Cámaras del Congreso, e
igual o peor están las coaliciones políticas. El Congreso aprueba
Leyes sin estudiarlas a fondo. Nos dicen que el voto será voluntario
porque votarán más personas y ocurre exactamente lo contrario. En
la última semana, Parlamentarios afines al Gobierno sinceran que los
recursos no alcanzan para lo prometido en educación, cuando hace
pocos meses se aprobó la reforma tributaria para tales efecto. ¿No
estudiaron acaso el proyecto? La Democracia Cristiana instala un
Presidente cuestionado éticamente, incluso por sus pares. Militantes
le envían carta para que no asuma.
La corrupción ha
pasado a ser la principal preocupación de la población de acuerdo a
las encuestas. Es decir, una grave falla sistémica de las
instituciones. El transporte público es de mala calidad, y pierde
plata a raudales, la población descontenta. Santiago y otras
ciudades se ahogan en contaminación y congestión y no parece haber
nadie a cargo del problema. El INE es continuamente cuestionado y sus
estadísticas dudadas. La sequía agobia y no se ven iniciativas
claras.
Por si lo
anterior fuese poco, la misma institución de la Constitución es
cuestionada por un sector relevante de la población. La Presidente
se hace cargo de rumores sobre su renuncia fortaleciendo el tema, y
tiene al Gobierno totalmente paralizado. La Onemi nuevamente es
cuestionada en la última catástrofe. El Ministerio de Educación
tiene un Ministro que reconoce públicamente no entender del tema. El
Ministro de Hacienda carece de credibilidad técnica y no acierta en
ningún pronóstico, siendo el mismo una fuente de incertidumbre.
En la salud, las
colas AUGE vuelven a crecer, igual la deuda de los hospitales, y las
quejas de la atención pública son crecientes. La educación pública
es altamente criticada. La comisión de acreditación en educación
tuvo escándalos de corrupción. Cuando Enap perdió U$ 1.000
millones, ni siquiera hubo cambio de directorio. Codelco capturada
por los sindicatos. TVN pierde plata como nunca.
Entonces,
¿funcionan de verdad las instituciones?
Próxima
vigencia de la cláusula antielusiva de tributos, por Olga Feliú
Desde octubre se aplicará la
cláusula antielusiva de tributos, incluida en la reforma
tributaria, que cuando fue propuesta mereció serios reparos
jurídicos, incluso del Colegio de Abogados, porque afectaba a sus
afiliados y a los profesionales en general. Las principales
objeciones de Constitucionalidad recayeron en: i) La transgresión a
la reserva legal. Porque los tributos sólo puedan aprobarse por
Ley, y ello constituye un derecho cuyo origen histórico es la Carta
Magna y la independencia norteamericana.
Los
tributos son siempre específicos. Ellos son los que el Legislador
ha descrito, y no otros. No cabe crear tributos por analogía. Por
ello, cuando se trata de un acto o hecho no gravado, y el Servicio
considera que es otro acto que sí está afecto a tributo, esta
resolución importa -al menos en lo formal- el establecimiento de un
tributo por la vía administrativa, y no Legislativa.
La
infracción al debido proceso por las amplias facultades atribuidas
al SII, incluyendo la falta de revisión Judicial de lo resuelto,
lo que significaba, además, un importante retroceso a los avances
derivados de la creación de los Tribunales Tributarios y
Aduaneros, como asimismo por no existir en lo propuesto las debidas
normas que garantizaran la investigación y proceso, iii) El
otorgamiento al SII de facultades discrecionales para declarar un
acto como abusivo o simulado se denunció por vulnerar igualmente
las garantías del debido proceso.
Luego
del acuerdo político entre las autoridades de Hacienda y los
Parlamentarios sobre las normas relativas a esta materia, se
aprobaron las normas con modificaciones. Ahora, ante la inminente
vigencia de ellas, cabe analizar si la superación de algunos de
los cuestionamientos fue suficiente y si su aplicación no generará
problemas a los contribuyentes.
Son
importantes en la Ley vigente los nuevos preceptos que presumen la
buena fe del contribuyente y obligan al Servicio a probar la
existencia del abuso o de la simulación, como, asimismo, que la
existencia de ellos será declarada a requerimiento del Director
del Servicio, por un TTA, y que la resolución de éste quedará
sometida a revisión Judicial superior, de acuerdo con las reglas
generales.
Sin
embargo, si bien el Legislador procuró definir claramente el
abuso, es lo cierto que su configuración presentará serios
problemas en su aplicación, atendido el principio universal de la
legalidad tributaria, que no admite la aplicación analógica de
impuestos, entendiendo que las zonas no gravadas no corresponden a
un error del Legislador. Así, para el SII resultará altamente
difícil configurar la realización de actos o negocios Jurídicos
que no produzcan resultados o efectos Jurídicos o económicos
relevantes que sean distintos de los meramente tributarios.
Esta
descripción normativa se enfrenta con la infinidad de
posibilidades de las personas que tienen el derecho a desarrollar
actividades económicas lícitas y, al hacerlo, un inmenso conjunto
de opciones Jurídicas para diseñar sus negocios y convenir con
terceros. Ello se vincula con su derecho de asociación y con el
amparo y reconocimiento de los grupos intermedios de la sociedad
que ellos forman o constituyen con terceros.
Tampoco
puede preterirse que la carga impositiva es un costo y que los
costos influyen en la competitividad. En consecuencia, cuando se
presenta una causa lícita de negocio no debiera existir reproche
tributario en los términos de elusión, que sanciona la Ley.
Por
lo expuesto, en esta materia hay un amplio campo por delante, para
la doctrina y la jurisprudencia, y, con certeza, será en
definitiva el Tribunal Constitucional al que corresponderá
resolver caso a caso, si la norma infringe la libertad económica y
el derecho de asociación de quien recurra.
Boletas
y eufemismos, por Axel Buchheister
La
caja de pandora de las boletas no cesa de entregar nuevas “aristas”.
Originalmente esos comprobantes de servicios fueron solamente
asociados a personeros de la UDI, pero han comenzado a salir de la
Concertación, y durante la semana entraron al ruedo el Ministro del
Interior y el Director de Impuestos Internos, involucrando al
Gobierno mismo.
Lo primero es que
las sesudas opiniones que se vertieron hace unos meses, en orden a
que esta era la crisis final de la UDI, ya que su relativo éxito
electoral se había basado en el maridaje con el empresariado, no
quedándole otra alternativa para salvarse que cortar el cordón
umbilical con éste, carecían completamente de base. Eran análisis
segados y oportunistas, que se negaban a ver lo que nadie ignoraba:
todos hacían lo mismo. Y con la evidencia que ha salido a la luz
-que presumiblemente no será la última-, todos van a quedar
igualmente salpicados. Y que en el oficialismo se equivocaron al
inflar el tema Penta/UDI, creyendo, con el aire de superioridad moral
que lo caracteriza, que los cuestionamientos no llegarían hasta
ellos.
Lo segundo, y en
conexión con lo anterior, ya es hora que se depongan los eufemismos
y se enfrente la verdad. Peñailillo y Jorratt han asegurado que las
asesorías se hicieron, que los respaldos existen y que -por lo
demás- las boletas se dieron en épocas que no eran de campaña.
Veamos: las boletas fueron a una sociedad que pertenece a una persona
que sin ningún pudor -dicho así por él-, ha precisado que no es un
empresario, sino un operador relacionado con la recaudación de
fondos para la política. Entonces, ¿de qué se trata una sociedad
de un operador no empresario, sino de una operación de recaudación?
Podrán existir informes escritos, pero para qué esa sociedad
requería de un informe respecto de las “enseñanzas sobre la
crisis financiera internacional, las políticas económicas y
sociales aplicadas y, en especial, su impacto en el mundo juvenil y
el mercado del trabajo” o bien de uno tributario de carácter
general. ¿Esos fueron los informes que se le vendió a SQM Salar, la
empresa minera a la cual se le facturó?; ¿que acaso ésta no tiene
asesores tributarios permanentes del grupo SQM, el cual tiene una
administración centralizada? Muy extraño que los asesores
subcontratados no sepan siquiera quién utilizará los informes que
emiten, cuando lo normal es que interactúen con los mandantes
principales, para que la asesoría les sirva en términos concretos.
La realidad es
otra. Las campañas no se inician unos meses antes de las elecciones,
sino que a veces con años de anticipación. La candidatura de
Michelle Bachelet fue así. Hubo que darle forma y eso necesitó de
personas que trabajaran en ello, quienes tenían que vivir de algo.
Como en Chile no hay una forma real de financiamiento de la política,
que no sea durante la campaña formal, se han creado figuras para
procurarlo que están al límite. Lo mejor sería que así se
reconociere; de lo contrario va a costar mucho que la gente vuelva a
confiar, porque las explicaciones que se han dado no son creíbles.
Jueves
23, por Carlos Peña.
Esta
semana, y a propósito de los casos Caval, Penta y Soquimich -el
primero involucra a la familia de la Presidente y los otros a
políticos de todos los sectores- se han esgrimido dos falacias. Y
la Presidente debiera estar alerta para evitarlas en el discurso que
pronuncie este jueves 23, cuando reciba el que será -sin pizca de
duda- un espléndido y bien pensado informe de la comisión sobre la
probidad.
¿Cuáles
son esas falacias?
La
primera es jurídica.
Quien
la formuló de manera más clara fue Hernán Larraín, Presidente de
la UDI; aunque más tarde, y por error, la endosó también la
propia Presidente. Enterada que el Ministro Peñailillo emitió
boletas a una empresa que recaudaba fondos de Ponce Lerou, dijo
solemne:
"No
hay nadie que esté invalidado porque no hay nadie que esté
condenado -dijo. (...) No convirtamos una información en un juicio
definitivo. Creemos -concluyó- en la presunción de inocencia".
La
segunda alude a la estructura.
Esta
consiste en sostener que el problema es sistémico. Habría una
estructura institucional defectuosa, un entorno de incentivos mal
diseñado, que indujo a quienes hicieron de la política su
profesión a pagar sus gastos recurriendo, con argucias diversas, a
un puñado de empresas.
Ambas
tienen por objeto eludir la toma de posición frente al problema.
Desde
luego, la presunción de inocencia no es una regla que obligue a los
ciudadanos, a la prensa, a la Presidente o al resto de los
políticos, a suspender el juicio crítico. Y ello porque la
presunción de inocencia es un mandato dirigido a los Jueces, que
tiene por objeto limitar el poder coactivo del Estado y distribuir
la prueba en el litigio Judicial, pero no una regla que tenga por
objeto limitar el escrutinio o el debate público frente a este tipo
de temas. Se trata de una regla dirigida al poder del Estado y
atingente a la responsabilidad Jurídica, no de una regla dirigida a
todos y relativa a cualquier tipo de responsabilidad. Jovino Novoa,
Wagner, Dávalos y el Ministro Peñailillo tienen derecho a que se
presuma en los Tribunales su inocencia en la comisión de delitos;
pero no tienen ninguno para exigir que, en la esfera pública, los
ciudadanos o la prensa callen u omitan emitir juicios respecto de su
comportamiento político o ético.
La
presunción de inocencia esgrimida por el Senador Larraín y por la
Presidente Bachelet para no emitir juicios respecto de todos quienes
se han visto involucrados en la relación promiscua entre el dinero
y la política es simplemente una falacia. Tanto el Senador como la
Presidente pueden guardar silencio acerca de la responsabilidad
legal de Sebastián Dávalos o de Jovino Novoa, respectivamente,
pero tienen el deber -sí, eso, el deber- de emitir un juicio
evaluativo o crítico acerca de la conducta de uno y de otro. ¿O
acaso no tienen ninguno?
La
segunda falacia -todos están involucrados porque atendida la
estructura no existía otra forma de financiar la política- es una
versión vulgar de la parábola evangélica. En ella, como todos son
pecadores, nadie puede lanzar la primera piedra. Aquí, como todos
infringieron la Ley o usaron formas torcidas para pagar sus gastos,
ninguno podría reprochar nada a nadie. En la noche del
financiamiento de la política, todos los políticos serían pardos.
La coartada es demasiado obvia y tiene por objeto exculparlos a
todos por la vía paradójica y sorprendente de decir que todos son
culpables. Como escribió alguna vez Simone de Beauvoir: nadie es un
monstruo si lo somos todos.
Es
urgente rechazar ambas falacias.
La
Presidente tiene la última oportunidad de hacerlo este jueves 23,
cuando reciba el informe de la comisión asesora en estos temas.
Allí
la Presidente deberá reprochar a su propia familia por el caso
Caval. Cuando lo haga, nadie pensará que la creación de esa
comisión tuvo por objeto camuflar el caso en que se vio envuelto su
hijo, y nadie tendrá, nunca más, pretextos Jurídicos o de otra
índole para eludir un juicio crítico respecto de los actos propios
o los ajenos.
La
Presidente mostrará así, con el ejemplo de su palabra, que la
esfera pública no es un litigio en el que haya que suspender el
juicio en espera de la sentencia Judicial; ni una comunidad
evangélica en la que la mancha del pecado original paraliza, ni una
familia en la que el cariño obligue a enmudecer.
Lapidario,
por José Ramón Valente.
“Un
ferreo respaldo a las reformas impulsadas por Michelle Bachelet
entregó hoy la Director del Fondo Monetario Internacional, Christine
Lagarde”. Así titulaban los principales diarios del país el 1 de
julio del año pasado.
La Presidente y
una nutrida comitiva del Gobierno se habían trasladado a fines de
junio del 2014 a Washington para, entre otras actividades, buscar
apoyo del Gobierno de Barack Obama y de instituciones de reconocido
prestigio internacional, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional a un programa de reformas que ya enfrentaba serias
críticas en casa.
El lunes pasado,
a menos de un año del espaldarazo de Lagarde al programa de Gobierno
de Michelle Bachelet, el FMI, en su informe periódico sobre el
estado de la economía mundial, emitió un lapidario diagnóstico
sobre el presente y futuro de la economía chilena. Más importante
aún, sindicó como posible responsable del mal desempeño de la
economía chilena al programa de reformas del actual Gobierno. El
mismo que Lagarde había respaldado en julio pasado.
Los juicios más
duros del informe -en lo que a Chile respecta- son los siguiente: 1)
Chile crecerá menos de 3% (2,7%) este año, 2) en los próximos
cinco años Chile crecerá, en promedio, menos que la economía
mundial, 3) el actual período de la Presidente Bachelet será el de
menor crecimiento de los últimos 30 años; 4) el Gobierno no
cumplirá su promesa de retornar a un equilibrio estructural de las
cuentas Fiscales, y 5) el mal desempeño de la economía chilena se
debe -en parte- al negativo efecto que las reformas del actual
Gobierno está teniendo sobre la inversión y las expectativas.
Consultado el
Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sobre el informe en cuestión,
éste señaló que las instituciones como el FMI a veces van un poco
atrasadas en sus proyecciones. No queda claro si el Ministro se
refería a que su propia estimación de crecimiento para Chile es
mejor que la del FMI, o a que mientras diversos analistas en Chile
anticiparon hace ya más de un año los efectos negativos de las
reformas que está impulsando el Gobierno, el FMI recién ahora vino
a caer en cuenta.
El mal desempeño
de la economía chilena, pronosticado por el FMI, se da en un
contexto internacional relativamente benévolo para el país: la
economía mundial crece más de un 3% al año; las tasas de interés
internacionales están en niveles históricamente bajos y los
mercados financieros permanecen abiertos y con amplia liquidez para
países como Chile; el precio del petróleo se ubica un 50% por
debajo de los niveles observados hace un año; el precio del cobre
cae, pero menos que otros commodities; y China crece menos que antes,
pero igualmente lo hace a un ritmo vigoroso de 7% al año.
Dios nos libre de
los efectos que un eventual empeoramiento de las condiciones
internacionales pudiera tener sobre una ya debilitada economía
chilena.
Tropas
chilenas en Haití.
La muerte del
Sargento de la Armada Rodrigo Sanhueza, en acto de servicio en Haití,
plantea el debate acerca de la conveniencia de seguir manteniendo el
contingente chileno en ese país.
Más de 400
hombres de las instituciones de la Defensa Nacional, además de
Carabineros y de la PDI, han conformado las Fuerzas de Paz de las
Naciones Unidas que hace más de 10 años han contribuido a
normalizar la vida de los haitianos.
Durante el
Gobierno de Lagos se adoptó la decisión de integrar a Chile a las
fuerzas de la ONU con diversos propósitos. Entre ellos, quizás el
argumento más potente consistió en su momento en demostrar la
extraordinaria capacidad de movilización de nuestras fuerzas, acción
que no pasó inadvertida para nuestros vecinos Bolivia y Perú.
Pero también el
Gobierno de entonces consideró, luego del segundo derrocamiento de
Aristide, que se podía compensar la postura de EE.UU. después de
que Chile se negó a aprobar la invasión a Irak en el Consejo de
Seguridad de la ONU. Desde luego, EE.UU. ya sabía lo que era
involucrarse con Haití, pues mantuvo ese país intervenido durante
muchos años en el siglo pasado.
Para las tropas
chilenas —que en algún momento han superado las 600 personas—
hay, por supuesto, aspectos que resultan favorables, como es el
beneficio económico que reciben por su estadía en ese país. La ONU
remesa al Estado chileno y éste paga a los que han sido enviados en
comisión de servicio, además de mantener su sueldo en Haití. De
esta forma, se han adoptado turnos de seis meses, que resultan para
ellos bastante atractivos.
En cifras
redondas, el presupuesto chileno en este rubro sobrepasa los cinco
millones de dólares anuales en los gastos esenciales, sin considerar
vuelos y otros ítems.
Es innegable que
las tropas chilenas han contribuido a la estabilidad haitiana, aunque
este país aún se encuentra lejos de consolidarse democráticamente.
Así por lo menos lo ha señalado nuestro Ministro de Defensa, Jorge
Burgos. Son muchos los aspectos que deberá considerar el Senado,
cuando el próximo mes le corresponda analizar sobre la continuidad
de las tropas chilenas en Haití.
Financiamiento
de la política.
Aunque la opinión pública sigue
siendo impactada por las sucesivas revelaciones de financiamiento
irregular o ilegal de actividades políticas que involucran a un
amplio espectro de dirigentes y autoridades, los contornos del
problema empiezan a perfilarse con mayor claridad. Hay buenas
razones para exigir de todos los involucrados la clarificación
total de los hechos porque ellos se prestan para graves sospechas de
enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho. Sin
embargo, hasta ahora no hay antecedentes que avalen las peores
sospechas, sino más bien un generalizado uso por parte de los
actores políticos de resquicios -con infracciones tributarias de
por medio- para reunir recursos.
Las
prácticas cuestionadas incluyen los aportes a campañas u otras
actividades políticas por parte de empresas, efectuados mediante
contratos simulados de prestación de servicios. La contraparte de
tales contratos habrían sido los políticos mismos, sus parientes u
otras personas cercanas, o bien sociedades montadas por "operadores
políticos", quienes a su vez contratarían a los primeros. Los
receptores de los fondos -esto es, los políticos- en la mayoría de
los casos no cabría que fuesen objeto de persecución penal, según
ha adelantado el Director del Servicio de Impuestos Internos, Michel
Jorratt.
Sin
embargo, es evidente que dicha fórmula para el financiamiento de la
política no se aviene con los estándares de transparencia y
probidad que el país hoy exige. Su origen está en los vacíos que
dejó la Legislación de 2003, la cual, si bien constituyó en su
momento un gran avance, estableció límites de gasto de campaña
estrechos y sin mayor fiscalización, permitió aportes privados con
beneficio tributario solo durante los 30 días previos a una
elección y no reguló el financiamiento de las restantes
actividades políticas. El que las denuncias que hoy conocemos
involucren a tan amplia y variada gama de políticos es señal de
que su comportamiento -más allá de las responsabilidades
personales- proviene también de una "falla sistémica".
En
los próximos días se darán a conocer las conclusiones del consejo
asesor Presidido por el conocido académico Eduardo Engel, al que le
ha sido encomendado por la Presidente Bachelet proponer cambios
Legislativos que promuevan la transparencia y la probidad. De seguro
ellas abordarán el tema del financiamiento a la política. Es de
esperar que contengan propuestas que resuelvan los vacíos
señalados, estableciendo límites realistas para los gastos de
campaña, ampliando el período de recepción de aportes y regulando
-con los debidos resguardos de transparencia y responsabilidad- las
contribuciones tanto particulares como Estatales a los partidos y
otras entidades dedicadas a la actividad política.
Tarea
pendiente para los partidos políticos.
Partidos
políticos de oficialismo y oposición han buscado hacer frente al
complejo clima político derivado de las denuncias por prácticas
irregulares de financiamiento, mediante la suscripción de un
documento donde asumen “la indignación que existe en la ciudadanía
frente a conductas reñidas con la ética” y su “propia
responsabilidad en estos hechos”.
La intervención
de los partidos políticos en el debate resulta urgente y necesaria.
Aunque el deterioro de su imagen pública no es reciente ni tampoco
exclusivo de la realidad chilena, lo cierto es que las denuncias e
investigaciones que involucran a representantes de sus propias filas
han incrementado la desconfianza ciudadana en estas instituciones.
No obstante, el
documento presentado ante la opinión pública parece insuficiente y
los partidos corren el riesgo de perder la oportunidad de mostrar una
reacción más contundente frente al electorado si esta publicación
no es secundada por acciones concretas y reformas en su
administración interna.
Aunque el “mea
culpa transversal” que realizaron los partidos es bienvenido, sus
dirigentes no avanzaron en el documento en medidas concretas que
permitan “superar esta situación en un marco de legitimidad y en
la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de
probidad y transparencia”, como ellos mismos señalan.
Por cierto que la
Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés ya
cuenta con el respaldo de estas organizaciones a sus conclusiones y
propuestas, pero eso no resta que los partidos políticos puedan
anticipar sus propios compromisos en materias de administración de
los recursos financieros. Bien podrían, por ejemplo, haber propuesto
la publicación periódica y más detallada de sus estados de
resultados o la información permanente de las agendas de sus
principales dirigentes a través de una estrategia de transparencia
activa en sus respectivas plataformas digitales.
De hecho, en el
documento se extraña un compromiso explícito con la tramitación de
proyectos Legislativos relacionados con la actividad política. En
lugar de ello, los redactores del documento han preferido asegurar la
tramitación de los eventuales proyectos de Ley que deriven de las
propuestas de la comisión Presidencial “en el más breve plazo”,
depositando el rol “central y articulador” en la figura de la
Presidente de la República. Lo hacen no sin antes advertir que la
“indignación” también tiene su origen en las conductas del
sector privado y que existe un “campo de acción” para medios,
organizaciones sociales e iglesias, entre otras instituciones que,
por cierto, son autónomas y no guardan necesaria relación con el
ámbito de injerencia de los mismos partidos políticos.
En otras
palabras, sería más recomendable que los dirigentes de los partidos
privilegiaran sus propias acciones para enfrentar proactivamente la
crisis de confianza, antes de dedicar espacio en su documento a
recomendaciones para otros sectores u organismos. Los tiempos que
corren exigen mucho más que buenas intenciones al momento de
recuperar la credibilidad y plantear un camino a seguir frente a la
opinión pública.
Inconsistencias
del FMI.
El panorama
Económico Mundial que dio a conocer recientemente el FMI confirma el
fuerte debilitamiento que experimenta la economía chilena. Las
perspectivas de crecimiento para este año volvieron a ser recortadas
a un magro 2,7%, desde el 4,1% que se proyectaba hace un año. Si
bien el crecimiento de Chile sería superior al que en promedio
registrará la región -que posiblemente se ubique bajo el 1%-, está
muy por debajo del promedio mundial, que se situaría en 3,5%. Peor
aún, Chile se mantendría bajo el promedio global hasta por lo menos
2020, lo que es una inquietante señal del estancamiento de nuestra
capacidad productiva.
En el caso
puntual de Chile, el FMI plantea que “la incertidumbre sobre el
impacto de las reformas parece estar pesando sobre la inversión”,
aunque agrega que “existen señales de que el crecimiento se ha
empezado a recuperar”. Es ilustrativo que el FMI reconozca ahora
que las radicales reformas en las que el país ha sido sumido no son
inocuas y, por el contrario, han resentido fuertemente al país. Tal
diagnóstico contrasta con el entusiasta respaldo que la Director
ejecutiva del Fondo expresó anteriormente -durante una visita al
país- hacia el proceso de reformas que inició el actual Gobierno.
Si bien dicho diagnóstico al parecer fue formulado sin mayor
análisis, movió a equívoco, pues el FMI apareció avalando
reformas que ahora reconoce tienen un impacto.
Eso es
ilustrativo sobre la necesidad de que los organismos internacionales
tengan un análisis más profundo de las reformas impulsadas en cada
país y procuren ser consistentes con los principios que pretenden
promover. En su reciente informe el FMI hace una fuerte recomendación
a los Gobiernos de la región a abocarse a medidas que promuevan la
inversión y la productividad. Ello resulta particularmente cierto en
el caso de Chile, donde algunas de las reformas ya aprobadas, como la
tributaria -que elevó drásticamente la carga tributaria-, y otras
que se discuten, como la reforma laboral -que busca hacer aún más
inflexible el mercado del trabajo- y un énfasis general por aumentar
fuertemente la presencia del Estado en actividades productivas, van
en la dirección opuesta de lo que recomienda el Fondo, y sería
saludable que alertara de ello en sus informes sobre Chile.
Inicio
de primarias en EE.UU.
Mientras en el Partido Demócrata
todavía nadie ha salido a hacerle frente a Hillary Clinton, en el
Republicano tres postulantes con buenas perspectivas buscan
posicionarse política y financieramente, para poder llevar adelante
una competencia que les permita ganar la nominación de su sector.
Entre los demócratas, la Senador Elizabeth Warren, mucho más
izquierdista que Hillary, podría salir a la cancha.
Con
un video que apela a la gente común, con pocas tomas de la
precandidata y mucha participación de personas de clase media,
Hillary busca acercarse a los norteamericanos corrientes, esos a los
que no consiguió encantar en 2008, evitando mostrarse como la
política hábil, que sabe moverse en los pasillos de Washington,
sino como una persona normal, preocupada de temas cotidianos. En sus
primeros contactos con el norteamericano de a pie -en Iowa, Estado
que junto a New Hampshire abren la temporada de primarias-, la ex
Primera Dama, Senadora y Secretaria de Estado dejó de lado sus
pergaminos y conversó directamente con los electores, en especial
jóvenes, a quienes quiso llevar sus mensajes de que la educación es
una prioridad, de que "quiere construir la economía del
futuro", y cambiar "un sistema que favorece a los que ya
están arriba".
Uno
de los temas fijos para la contienda de 2016 será el de la
desigualdad, y Hillary está empeñada en convencerlos de que ella es
la persona indicada para ayudar a disminuir la brecha existente. Su
programa aún no es muy específico, pero ya habla de elevar el
salario mínimo federal (US$ 7,25 la hora) y de eliminar algunas
exenciones de impuestos. Quizás su mayor fortaleza es ser, por
ahora, la única candidata mujer, y muchas norteamericanas, incluidas
republicanas, les gustaría ver a una de ellas en la Casa Blanca.
La
preocupación por lo social no le impide a Clinton ser quien más
opciones tiene de recaudar cientos de millones de dólares para la
campaña. Enfocada a los donantes chicos y con mucho énfasis en
internet (tal como lo enseñó Obama), la campaña de Hillary está
pidiendo aportes de entre cinco y 2.700 dólares para financiar la
primera etapa. Si gana la primaria, los cálculos señalan que podría
juntar unos 2.500 millones de dólares para llegar a noviembre de
2016. Se cree que estas elecciones serán las más caras de la
historia de EE.UU., con los aportes de los Super Pacs , esas
organizaciones que apoyan indirectamente a un candidato y que pueden
recaudar sin límites entre individuos y empresas.
Le
será difícil a Hillary Clinton convencer a los electores de que
ella es el cambio, cuando, en general, sus propuestas parecen la
continuidad de Obama. Despegarse de la Casa Blanca, a pesar de que el
Presidente no le dará el apoyo automático, será un desafío para
quien se la identifica con la actual administración por su cargo de
Secretaria de Estado. Y ese será un flanco de ataque de los
republicanos.
Carrera
entre republicanos.
Marco
Rubio, la estrella ascendente del Partido Republicano, está
dispuesto a embestir por el lado de la renovación de la política.
Al anunciar su candidatura ya se refirió a Clinton, sin nombrarla,
como una "líder del pasado", alguien que "comenzó su
campaña prometiendo que nos llevará de vuelta al pasado",
apuntando a que él (de 43 años) y su generación son los llamados a
"abrir una vía hacia un nuevo siglo estadounidense".
Más
que con la candidata demócrata, en los próximos meses, Rubio tendrá
que enfrentar a los postulantes de su propio partido (varios de ellos
no oficializan aún sus candidaturas), porque, si bien él espera
ganar apoyos entre los votantes hispanos y afroamericanos, tendrá
que hacer un gran esfuerzo para dejar atrás a su antiguo mentor Jeb
Bush, quien hasta ahora lidera el sector republicano. Bush tiene a
favor y en contra el ser hijo y hermano de Presidente. A favor,
porque es conocido; en contra, porque el legado de la dinastía, en
particular el de su hermano, no es apreciado por todos.
Pero
también están otros pesos pesados republicanos, como Scott Walker,
Gobernador de Wisconsin que por estos días viajó a España en gira
comercial, con la intención de adquirir estatura Presidencial; el
Senador Rand Paul que quiere achicar el Gobierno y bajar impuestos, o
Ted Cruz, muy cercano al Tea Party. Rubio y Cruz por su origen latino
podrían tener mucha llegada a esa comunidad que ha sido díscola con
los candidatos republicanos. En 2012, el 75 por ciento del voto
latino fue para Obama, pero votaron apenas 11,2 millones de los 23
millones de electores de esa comunidad. Fernan Amandi, de la
encuestadora Bendixen y Amandi, ha dicho que, "antes que el
apellido, los hispanos mirarán el programa y las propuestas que los
beneficien".
Es
muy temprano para hacer cualquier apronte; son muchos todavía los
que pueden aparecer y dar un golpe de efecto o de timón a la
contienda. Lo que sí está claro son los temas que podrían
monopolizar la discusión: la reforma migratoria; los cambios al
sistema de financiamiento político, que es una preocupación de
todos por las altas cifras que se manejan; la salud, un asunto que
especialmente a los republicanos les preocupa por la implementación
de las reformas de Obama; los impuestos, y la seguridad.
La
política exterior no siempre es un tema que aparezca temprano en la
campaña, pero la inquietud por el terrorismo islámico y la
posibilidad de otro 11-S estará presente. Más atrás, quedarán los
acuerdos comerciales (el Congreso acaba de darle el pase a Obama para
la negociación rápida de los TLC, incluido el TransPacific
Partner-ship), las negociaciones nucleares con Irán o las relaciones
con los aliados y adversarios, como Rusia.
Por
Chile hay
que cortar
de raiz
la corrupción,
de
no hacerlo
se generalizará
esta vil infección.
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