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martes, 21 de abril de 2015

En horas decisivas es importante estar informados...

Evelyn Matthei se reunió con el Director del SII, Michel Jorrat, para pedirle que actúe como corresponde, asegurando a la salida que los sucesos conocidos confirman que en candidatura Bachelet hubo irregularidades y aseguró que Peñailillo no tiene credibilidad.

La popularidad y respaldo a la Presidente Michelle Bachelet parece ir en caída libre, solamente un 23% aprueba su gestión y un contundente 61% reprueba su accionar. El Gabinete es respaldado solo por un 23%. Un 76% urge por un cambio de Gabinete.

Preocupante resulta constatar en la encuesta Plaza Pública que gran parte de los ciudadanos no están dispuestos a votar en las próximas elecciones con lo que consolidaran el permanente triunfo de los peores elementos de nuestra clase política.



Las palomas ensucian la política, por Joaquín García Huidobro.


¿Quién será el próximo en ser descubierto? Los chilenos más poderosos están con úlcera. Parlamentarios, Ministros y empresarios aprietan los dientes; cruzan los dedos, y esperan, nerviosos, que las municiones no los alcancen. Algunos, como el Ministro Peñailillo, han estado tan ocupados que ni siquiera pudieron ensayar un par de respuestas coherentes para el caso de que la opinión pública los indique con un dedo acusador.


De todos modos, la estrategia de instalarse en una butaca a ver correr sangre no parece la más adecuada. Las investigaciones deben seguir su cauce, pero hay que ir pensando cómo resolver este entuerto. En estos días se han formulado algunas propuestas, entre ellas adelantar la fecha de las elecciones Parlamentarias, ya que necesitamos que el Congreso esté dotado de un mínimo de legitimidad. Esta iniciativa debería implicar una nueva discusión acerca de la obligatoriedad del sufragio, porque si votamos los mismos que en la elección pasada no hay institución que pueda legitimarse.


En las últimas semanas, los chilenos hemos dirigido nuestro dedo acusador hacia políticos y empresarios. Ciertamente su comportamiento no ha sido muy edificante, pero valdría la pena preguntarse, por un momento, qué los ha llevado a esta situación. No me parece que en esos dos gremios se concentren los malvados, y que todo el resto de los chilenos destaquemos por nuestra inocencia.


Una parte muy importante del problema está dado por el exorbitante costo de las campañas políticas. Si la sobrevivencia de un candidato depende de que sea capaz de obtener 100, 200 o más millones de pesos, ¿nos podrá extrañar que dé manotazos de ahogado para conseguir donde sea un salvavidas financiero? Los Parlamentarios están metidos en una situación realmente difícil, que les exige ser ricos o héroes para no caer en actuaciones irregulares. Esto no es una disculpa: a veces no queda más remedio que ser heroico.


La cuestión fundamental no es si acudimos a un perdonazo o decidimos ser implacables. En uno u otro escenario, el mal volverá a repetirse. Cambiarán las empresas o los organismos Estatales de los que se obtenga dinero, se inventarán procedimientos más ingeniosos, pero el problema seguirá siendo el mismo.


Tampoco se trata de recurrir al fácil expediente de pedir que el Estado pague la cuenta. Es, en efecto, muy importante que nuestros impuestos financien la sana y necesaria actividad política. Pero de ahí no se deduce que tengamos que alimentar miles de palomas que no contribuyen en nada a enriquecer la discusión sobre los destinos de la república. Las palomas, más bien, están ensuciando la buena política; su costo, como el de las gigantescas paletas de propaganda, es un incentivo a la corrupción. Para salvar la política hay que matar las palomas.


Hace más de medio siglo, Popper nos advertía que había que tomar ciertas medidas para lograr que las campañas electorales apelaran a la razón y no simplemente a las pasiones. "Los actuales métodos de propaganda", decía, "constituyen un insulto al público y también a los candidatos. Jamás debiera utilizarse una propaganda apta quizá para vender jabón, pero no para cuestiones de tal magnitud". Él proponía eliminar los carteles y establecer ciertos parámetros para los folletos. Las medidas que se tomen podrán ser esas u otras, pero es necesario hacer algo: de partida, exigir de veras el cumplimiento de la Ley, porque casi toda nuestra propaganda política es ilegal.


Ya no se trata solo de que las campañas sean estúpidas, que era lo que preocupaba a Popper. El problema actual es más grave, porque el modo y el costo de las campañas están transformando a nuestras democracias en puras y simples plutocracias, donde, a menos de que uno tenga acceso a grandes sumas de dinero, difícilmente resultará elegido.


Rasgar vestiduras por unas boletas ideológicamente falsas y hacer vista gorda ante la danza de millones en época electoral es una actitud miope. De poco sirve la indignación si no lleva a remediar las causas de los males que enfrentamos. El terremoto de estos días no se arregla poniendo unos parches en las murallas. Es hora de revisar las bases de nuestro quehacer político, una tarea muy difícil, pero bastante más productiva que el insulto infantil a los Parlamentarios involucrados.



¿Las instituciones funcionan?, por Sergio Melnick.






El Gobierno repite, casi como un mantra, y de manera majadera, la vieja frase de Ricardo Lagos “las instituciones funcionan”. La pregunta es si de verdad funcionan y si podemos esperar que resuelvan los problemas. Por cierto hay instituciones que funcionan, pero también hay muchas que simplemente no lo hacen como debieran. Veamos algunos ejemplos. El Servicio de Impuestos Internos, un lujo y ejemplo de institución, hoy está públicamente cuestionado por todo lo que ha ocurrido, y porque tiene a la cabeza una persona marcadamente ideológica, algo no apropiado para ese tipo de servicio. El sistema de Alta Dirección Pública, literalmente no funciona. El Gobierno se permite destituir al 50% de las autoridades así seleccionadas, y las listas se manejan como es de amplio conocimiento. Carabineros está completamente atado de manos para combatir la delincuencia e indefenso frente a los ataques violentos de los manifestantes: encapuchados y delincuentes les han perdido el respeto. La delincuencia escala de forma alarmante y no se ve a las instituciones empoderadas. El Instituto de Derechos Humanos está ideologizado y hasta se permite atacar a Carabineros al punto que su Director debe reclamar abiertamente. Una gran cantidad de funcionarios públicos no tienen contratos regulares, y además hacen huelgas ilegales que los Gobiernos toleran. Un Embajador se permite hacer declaraciones imprudentes y es mantenido en el cargo.




La política está en estado grave: 87% de la población está insatisfecha con esta actividad, y de hecho lo relevante está ocurriendo hoy en los Tribunales, lo que es muy malo para el sistema Judicial. Un Fiscal hasta se permite mandar tuits durante los procesos y éstos hacen consignas políticas en sus alegatos porque están en televisión. Las autoridades ambientales funcionan a medias, y las decisiones también se toman en los Tribunales. La iglesia está severamente dañada en su credibilidad; hasta los fieles salen a reclamar por el nombramiento de un Obispo. El Gabinete es ampliamente rechazado por la población. Un alarmante 70% de la población cree que la Presidente ha mentido en el caso Caval y a un 59% le genera desconfianza. La violencia en La Araucanía es cotidiana y no hay institución ocupada realmente del problema. Tras una fuerte campaña en su contra, los empresarios también están desprestigiados. Las grandes reformas del Gobierno tienen alta desaprobación.




En relación a los políticos, el tema es aún más grave. Menos del 20% de la población aprueba lo que ocurre en ambas Cámaras del Congreso, e igual o peor están las coaliciones políticas. El Congreso aprueba Leyes sin estudiarlas a fondo. Nos dicen que el voto será voluntario porque votarán más personas y ocurre exactamente lo contrario. En la última semana, Parlamentarios afines al Gobierno sinceran que los recursos no alcanzan para lo prometido en educación, cuando hace pocos meses se aprobó la reforma tributaria para tales efecto. ¿No estudiaron acaso el proyecto? La Democracia Cristiana instala un Presidente cuestionado éticamente, incluso por sus pares. Militantes le envían carta para que no asuma.




La corrupción ha pasado a ser la principal preocupación de la población de acuerdo a las encuestas. Es decir, una grave falla sistémica de las instituciones. El transporte público es de mala calidad, y pierde plata a raudales, la población descontenta. Santiago y otras ciudades se ahogan en contaminación y congestión y no parece haber nadie a cargo del problema. El INE es continuamente cuestionado y sus estadísticas dudadas. La sequía agobia y no se ven iniciativas claras.




Por si lo anterior fuese poco, la misma institución de la Constitución es cuestionada por un sector relevante de la población. La Presidente se hace cargo de rumores sobre su renuncia fortaleciendo el tema, y tiene al Gobierno totalmente paralizado. La Onemi nuevamente es cuestionada en la última catástrofe. El Ministerio de Educación tiene un Ministro que reconoce públicamente no entender del tema. El Ministro de Hacienda carece de credibilidad técnica y no acierta en ningún pronóstico, siendo el mismo una fuente de incertidumbre.




En la salud, las colas AUGE vuelven a crecer, igual la deuda de los hospitales, y las quejas de la atención pública son crecientes. La educación pública es altamente criticada. La comisión de acreditación en educación tuvo escándalos de corrupción. Cuando Enap perdió U$ 1.000 millones, ni siquiera hubo cambio de directorio. Codelco capturada por los sindicatos. TVN pierde plata como nunca.




Entonces, ¿funcionan de verdad las instituciones?






Próxima vigencia de la cláusula antielusiva de tributos, por Olga Feliú



Desde octubre se aplicará la cláusula antielusiva de tributos, incluida en la reforma tributaria, que cuando fue propuesta mereció serios reparos jurídicos, incluso del Colegio de Abogados, porque afectaba a sus afiliados y a los profesionales en general. Las principales objeciones de Constitucionalidad recayeron en: i) La transgresión a la reserva legal. Porque los tributos sólo puedan aprobarse por Ley, y ello constituye un derecho cuyo origen histórico es la Carta Magna y la independencia norteamericana.


Los tributos son siempre específicos. Ellos son los que el Legislador ha descrito, y no otros. No cabe crear tributos por analogía. Por ello, cuando se trata de un acto o hecho no gravado, y el Servicio considera que es otro acto que sí está afecto a tributo, esta resolución importa -al menos en lo formal- el establecimiento de un tributo por la vía administrativa, y no Legislativa.
  1. La infracción al debido proceso por las amplias facultades atribuidas al SII, incluyendo la falta de revisión Judicial de lo resuelto, lo que significaba, además, un importante retroceso a los avances derivados de la creación de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, como asimismo por no existir en lo propuesto las debidas normas que garantizaran la investigación y proceso, iii) El otorgamiento al SII de facultades discrecionales para declarar un acto como abusivo o simulado se denunció por vulnerar igualmente las garantías del debido proceso.


    Luego del acuerdo político entre las autoridades de Hacienda y los Parlamentarios sobre las normas relativas a esta materia, se aprobaron las normas con modificaciones. Ahora, ante la inminente vigencia de ellas, cabe analizar si la superación de algunos de los cuestionamientos fue suficiente y si su aplicación no generará problemas a los contribuyentes.


    Son importantes en la Ley vigente los nuevos preceptos que presumen la buena fe del contribuyente y obligan al Servicio a probar la existencia del abuso o de la simulación, como, asimismo, que la existencia de ellos será declarada a requerimiento del Director del Servicio, por un TTA, y que la resolución de éste quedará sometida a revisión Judicial superior, de acuerdo con las reglas generales.


    Sin embargo, si bien el Legislador procuró definir claramente el abuso, es lo cierto que su configuración presentará serios problemas en su aplicación, atendido el principio universal de la legalidad tributaria, que no admite la aplicación analógica de impuestos, entendiendo que las zonas no gravadas no corresponden a un error del Legislador. Así, para el SII resultará altamente difícil configurar la realización de actos o negocios Jurídicos que no produzcan resultados o efectos Jurídicos o económicos relevantes que sean distintos de los meramente tributarios.


    Esta descripción normativa se enfrenta con la infinidad de posibilidades de las personas que tienen el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas y, al hacerlo, un inmenso conjunto de opciones Jurídicas para diseñar sus negocios y convenir con terceros. Ello se vincula con su derecho de asociación y con el amparo y reconocimiento de los grupos intermedios de la sociedad que ellos forman o constituyen con terceros.


    Tampoco puede preterirse que la carga impositiva es un costo y que los costos influyen en la competitividad. En consecuencia, cuando se presenta una causa lícita de negocio no debiera existir reproche tributario en los términos de elusión, que sanciona la Ley.


    Por lo expuesto, en esta materia hay un amplio campo por delante, para la doctrina y la jurisprudencia, y, con certeza, será en definitiva el Tribunal Constitucional al que corresponderá resolver caso a caso, si la norma infringe la libertad económica y el derecho de asociación de quien recurra.


    Boletas y eufemismos, por Axel Buchheister



La caja de pandora de las boletas no cesa de entregar nuevas “aristas”. Originalmente esos comprobantes de servicios fueron solamente asociados a personeros de la UDI, pero han comenzado a salir de la Concertación, y durante la semana entraron al ruedo el Ministro del Interior y el Director de Impuestos Internos, involucrando al Gobierno mismo.




Lo primero es que las sesudas opiniones que se vertieron hace unos meses, en orden a que esta era la crisis final de la UDI, ya que su relativo éxito electoral se había basado en el maridaje con el empresariado, no quedándole otra alternativa para salvarse que cortar el cordón umbilical con éste, carecían completamente de base. Eran análisis segados y oportunistas, que se negaban a ver lo que nadie ignoraba: todos hacían lo mismo. Y con la evidencia que ha salido a la luz -que presumiblemente no será la última-, todos van a quedar igualmente salpicados. Y que en el oficialismo se equivocaron al inflar el tema Penta/UDI, creyendo, con el aire de superioridad moral que lo caracteriza, que los cuestionamientos no llegarían hasta ellos.




Lo segundo, y en conexión con lo anterior, ya es hora que se depongan los eufemismos y se enfrente la verdad. Peñailillo y Jorratt han asegurado que las asesorías se hicieron, que los respaldos existen y que -por lo demás- las boletas se dieron en épocas que no eran de campaña. Veamos: las boletas fueron a una sociedad que pertenece a una persona que sin ningún pudor -dicho así por él-, ha precisado que no es un empresario, sino un operador relacionado con la recaudación de fondos para la política. Entonces, ¿de qué se trata una sociedad de un operador no empresario, sino de una operación de recaudación? Podrán existir informes escritos, pero para qué esa sociedad requería de un informe respecto de las “enseñanzas sobre la crisis financiera internacional, las políticas económicas y sociales aplicadas y, en especial, su impacto en el mundo juvenil y el mercado del trabajo” o bien de uno tributario de carácter general. ¿Esos fueron los informes que se le vendió a SQM Salar, la empresa minera a la cual se le facturó?; ¿que acaso ésta no tiene asesores tributarios permanentes del grupo SQM, el cual tiene una administración centralizada? Muy extraño que los asesores subcontratados no sepan siquiera quién utilizará los informes que emiten, cuando lo normal es que interactúen con los mandantes principales, para que la asesoría les sirva en términos concretos.




La realidad es otra. Las campañas no se inician unos meses antes de las elecciones, sino que a veces con años de anticipación. La candidatura de Michelle Bachelet fue así. Hubo que darle forma y eso necesitó de personas que trabajaran en ello, quienes tenían que vivir de algo. Como en Chile no hay una forma real de financiamiento de la política, que no sea durante la campaña formal, se han creado figuras para procurarlo que están al límite. Lo mejor sería que así se reconociere; de lo contrario va a costar mucho que la gente vuelva a confiar, porque las explicaciones que se han dado no son creíbles.





Jueves 23, por Carlos Peña.


Esta semana, y a propósito de los casos Caval, Penta y Soquimich -el primero involucra a la familia de la Presidente y los otros a políticos de todos los sectores- se han esgrimido dos falacias. Y la Presidente debiera estar alerta para evitarlas en el discurso que pronuncie este jueves 23, cuando reciba el que será -sin pizca de duda- un espléndido y bien pensado informe de la comisión sobre la probidad.

¿Cuáles son esas falacias?


La primera es jurídica.


Quien la formuló de manera más clara fue Hernán Larraín, Presidente de la UDI; aunque más tarde, y por error, la endosó también la propia Presidente. Enterada que el Ministro Peñailillo emitió boletas a una empresa que recaudaba fondos de Ponce Lerou, dijo solemne:


"No hay nadie que esté invalidado porque no hay nadie que esté condenado -dijo. (...) No convirtamos una información en un juicio definitivo. Creemos -concluyó- en la presunción de inocencia".


La segunda alude a la estructura.


Esta consiste en sostener que el problema es sistémico. Habría una estructura institucional defectuosa, un entorno de incentivos mal diseñado, que indujo a quienes hicieron de la política su profesión a pagar sus gastos recurriendo, con argucias diversas, a un puñado de empresas.


Ambas tienen por objeto eludir la toma de posición frente al problema.


Desde luego, la presunción de inocencia no es una regla que obligue a los ciudadanos, a la prensa, a la Presidente o al resto de los políticos, a suspender el juicio crítico. Y ello porque la presunción de inocencia es un mandato dirigido a los Jueces, que tiene por objeto limitar el poder coactivo del Estado y distribuir la prueba en el litigio Judicial, pero no una regla que tenga por objeto limitar el escrutinio o el debate público frente a este tipo de temas. Se trata de una regla dirigida al poder del Estado y atingente a la responsabilidad Jurídica, no de una regla dirigida a todos y relativa a cualquier tipo de responsabilidad. Jovino Novoa, Wagner, Dávalos y el Ministro Peñailillo tienen derecho a que se presuma en los Tribunales su inocencia en la comisión de delitos; pero no tienen ninguno para exigir que, en la esfera pública, los ciudadanos o la prensa callen u omitan emitir juicios respecto de su comportamiento político o ético.


La presunción de inocencia esgrimida por el Senador Larraín y por la Presidente Bachelet para no emitir juicios respecto de todos quienes se han visto involucrados en la relación promiscua entre el dinero y la política es simplemente una falacia. Tanto el Senador como la Presidente pueden guardar silencio acerca de la responsabilidad legal de Sebastián Dávalos o de Jovino Novoa, respectivamente, pero tienen el deber -sí, eso, el deber- de emitir un juicio evaluativo o crítico acerca de la conducta de uno y de otro. ¿O acaso no tienen ninguno?


La segunda falacia -todos están involucrados porque atendida la estructura no existía otra forma de financiar la política- es una versión vulgar de la parábola evangélica. En ella, como todos son pecadores, nadie puede lanzar la primera piedra. Aquí, como todos infringieron la Ley o usaron formas torcidas para pagar sus gastos, ninguno podría reprochar nada a nadie. En la noche del financiamiento de la política, todos los políticos serían pardos. La coartada es demasiado obvia y tiene por objeto exculparlos a todos por la vía paradójica y sorprendente de decir que todos son culpables. Como escribió alguna vez Simone de Beauvoir: nadie es un monstruo si lo somos todos.


Es urgente rechazar ambas falacias.


La Presidente tiene la última oportunidad de hacerlo este jueves 23, cuando reciba el informe de la comisión asesora en estos temas.


Allí la Presidente deberá reprochar a su propia familia por el caso Caval. Cuando lo haga, nadie pensará que la creación de esa comisión tuvo por objeto camuflar el caso en que se vio envuelto su hijo, y nadie tendrá, nunca más, pretextos Jurídicos o de otra índole para eludir un juicio crítico respecto de los actos propios o los ajenos.


La Presidente mostrará así, con el ejemplo de su palabra, que la esfera pública no es un litigio en el que haya que suspender el juicio en espera de la sentencia Judicial; ni una comunidad evangélica en la que la mancha del pecado original paraliza, ni una familia en la que el cariño obligue a enmudecer.



Lapidario, por José Ramón Valente.



Un ferreo respaldo a las reformas impulsadas por Michelle Bachelet entregó hoy la Director del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde”. Así titulaban los principales diarios del país el 1 de julio del año pasado.




La Presidente y una nutrida comitiva del Gobierno se habían trasladado a fines de junio del 2014 a Washington para, entre otras actividades, buscar apoyo del Gobierno de Barack Obama y de instituciones de reconocido prestigio internacional, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a un programa de reformas que ya enfrentaba serias críticas en casa.




El lunes pasado, a menos de un año del espaldarazo de Lagarde al programa de Gobierno de Michelle Bachelet, el FMI, en su informe periódico sobre el estado de la economía mundial, emitió un lapidario diagnóstico sobre el presente y futuro de la economía chilena. Más importante aún, sindicó como posible responsable del mal desempeño de la economía chilena al programa de reformas del actual Gobierno. El mismo que Lagarde había respaldado en julio pasado.




Los juicios más duros del informe -en lo que a Chile respecta- son los siguiente: 1) Chile crecerá menos de 3% (2,7%) este año, 2) en los próximos cinco años Chile crecerá, en promedio, menos que la economía mundial, 3) el actual período de la Presidente Bachelet será el de menor crecimiento de los últimos 30 años; 4) el Gobierno no cumplirá su promesa de retornar a un equilibrio estructural de las cuentas Fiscales, y 5) el mal desempeño de la economía chilena se debe -en parte- al negativo efecto que las reformas del actual Gobierno está teniendo sobre la inversión y las expectativas.




Consultado el Ministro de Hacienda, Alberto Arenas, sobre el informe en cuestión, éste señaló que las instituciones como el FMI a veces van un poco atrasadas en sus proyecciones. No queda claro si el Ministro se refería a que su propia estimación de crecimiento para Chile es mejor que la del FMI, o a que mientras diversos analistas en Chile anticiparon hace ya más de un año los efectos negativos de las reformas que está impulsando el Gobierno, el FMI recién ahora vino a caer en cuenta.




El mal desempeño de la economía chilena, pronosticado por el FMI, se da en un contexto internacional relativamente benévolo para el país: la economía mundial crece más de un 3% al año; las tasas de interés internacionales están en niveles históricamente bajos y los mercados financieros permanecen abiertos y con amplia liquidez para países como Chile; el precio del petróleo se ubica un 50% por debajo de los niveles observados hace un año; el precio del cobre cae, pero menos que otros commodities; y China crece menos que antes, pero igualmente lo hace a un ritmo vigoroso de 7% al año.




Dios nos libre de los efectos que un eventual empeoramiento de las condiciones internacionales pudiera tener sobre una ya debilitada economía chilena.




Tropas chilenas en Haití.







La muerte del Sargento de la Armada Rodrigo Sanhueza, en acto de servicio en Haití, plantea el debate acerca de la conveniencia de seguir manteniendo el contingente chileno en ese país.




Más de 400 hombres de las instituciones de la Defensa Nacional, además de Carabineros y de la PDI, han conformado las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas que hace más de 10 años han contribuido a normalizar la vida de los haitianos.




Durante el Gobierno de Lagos se adoptó la decisión de integrar a Chile a las fuerzas de la ONU con diversos propósitos. Entre ellos, quizás el argumento más potente consistió en su momento en demostrar la extraordinaria capacidad de movilización de nuestras fuerzas, acción que no pasó inadvertida para nuestros vecinos Bolivia y Perú.




Pero también el Gobierno de entonces consideró, luego del segundo derrocamiento de Aristide, que se podía compensar la postura de EE.UU. después de que Chile se negó a aprobar la invasión a Irak en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde luego, EE.UU. ya sabía lo que era involucrarse con Haití, pues mantuvo ese país intervenido durante muchos años en el siglo pasado.




Para las tropas chilenas —que en algún momento han superado las 600 personas— hay, por supuesto, aspectos que resultan favorables, como es el beneficio económico que reciben por su estadía en ese país. La ONU remesa al Estado chileno y éste paga a los que han sido enviados en comisión de servicio, además de mantener su sueldo en Haití. De esta forma, se han adoptado turnos de seis meses, que resultan para ellos bastante atractivos.




En cifras redondas, el presupuesto chileno en este rubro sobrepasa los cinco millones de dólares anuales en los gastos esenciales, sin considerar vuelos y otros ítems.




Es innegable que las tropas chilenas han contribuido a la estabilidad haitiana, aunque este país aún se encuentra lejos de consolidarse democráticamente. Así por lo menos lo ha señalado nuestro Ministro de Defensa, Jorge Burgos. Son muchos los aspectos que deberá considerar el Senado, cuando el próximo mes le corresponda analizar sobre la continuidad de las tropas chilenas en Haití.




Financiamiento de la política.





Aunque la opinión pública sigue siendo impactada por las sucesivas revelaciones de financiamiento irregular o ilegal de actividades políticas que involucran a un amplio espectro de dirigentes y autoridades, los contornos del problema empiezan a perfilarse con mayor claridad. Hay buenas razones para exigir de todos los involucrados la clarificación total de los hechos porque ellos se prestan para graves sospechas de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho. Sin embargo, hasta ahora no hay antecedentes que avalen las peores sospechas, sino más bien un generalizado uso por parte de los actores políticos de resquicios -con infracciones tributarias de por medio- para reunir recursos.


Las prácticas cuestionadas incluyen los aportes a campañas u otras actividades políticas por parte de empresas, efectuados mediante contratos simulados de prestación de servicios. La contraparte de tales contratos habrían sido los políticos mismos, sus parientes u otras personas cercanas, o bien sociedades montadas por "operadores políticos", quienes a su vez contratarían a los primeros. Los receptores de los fondos -esto es, los políticos- en la mayoría de los casos no cabría que fuesen objeto de persecución penal, según ha adelantado el Director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt.


Sin embargo, es evidente que dicha fórmula para el financiamiento de la política no se aviene con los estándares de transparencia y probidad que el país hoy exige. Su origen está en los vacíos que dejó la Legislación de 2003, la cual, si bien constituyó en su momento un gran avance, estableció límites de gasto de campaña estrechos y sin mayor fiscalización, permitió aportes privados con beneficio tributario solo durante los 30 días previos a una elección y no reguló el financiamiento de las restantes actividades políticas. El que las denuncias que hoy conocemos involucren a tan amplia y variada gama de políticos es señal de que su comportamiento -más allá de las responsabilidades personales- proviene también de una "falla sistémica".


En los próximos días se darán a conocer las conclusiones del consejo asesor Presidido por el conocido académico Eduardo Engel, al que le ha sido encomendado por la Presidente Bachelet proponer cambios Legislativos que promuevan la transparencia y la probidad. De seguro ellas abordarán el tema del financiamiento a la política. Es de esperar que contengan propuestas que resuelvan los vacíos señalados, estableciendo límites realistas para los gastos de campaña, ampliando el período de recepción de aportes y regulando -con los debidos resguardos de transparencia y responsabilidad- las contribuciones tanto particulares como Estatales a los partidos y otras entidades dedicadas a la actividad política.


Tarea pendiente para los partidos políticos.






Partidos políticos de oficialismo y oposición han buscado hacer frente al complejo clima político derivado de las denuncias por prácticas irregulares de financiamiento, mediante la suscripción de un documento donde asumen “la indignación que existe en la ciudadanía frente a conductas reñidas con la ética” y su “propia responsabilidad en estos hechos”.




La intervención de los partidos políticos en el debate resulta urgente y necesaria. Aunque el deterioro de su imagen pública no es reciente ni tampoco exclusivo de la realidad chilena, lo cierto es que las denuncias e investigaciones que involucran a representantes de sus propias filas han incrementado la desconfianza ciudadana en estas instituciones.




No obstante, el documento presentado ante la opinión pública parece insuficiente y los partidos corren el riesgo de perder la oportunidad de mostrar una reacción más contundente frente al electorado si esta publicación no es secundada por acciones concretas y reformas en su administración interna.




Aunque el “mea culpa transversal” que realizaron los partidos es bienvenido, sus dirigentes no avanzaron en el documento en medidas concretas que permitan “superar esta situación en un marco de legitimidad y en la perspectiva de construir una nueva institucionalidad en materia de probidad y transparencia”, como ellos mismos señalan.




Por cierto que la Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés ya cuenta con el respaldo de estas organizaciones a sus conclusiones y propuestas, pero eso no resta que los partidos políticos puedan anticipar sus propios compromisos en materias de administración de los recursos financieros. Bien podrían, por ejemplo, haber propuesto la publicación periódica y más detallada de sus estados de resultados o la información permanente de las agendas de sus principales dirigentes a través de una estrategia de transparencia activa en sus respectivas plataformas digitales.




De hecho, en el documento se extraña un compromiso explícito con la tramitación de proyectos Legislativos relacionados con la actividad política. En lugar de ello, los redactores del documento han preferido asegurar la tramitación de los eventuales proyectos de Ley que deriven de las propuestas de la comisión Presidencial “en el más breve plazo”, depositando el rol “central y articulador” en la figura de la Presidente de la República. Lo hacen no sin antes advertir que la “indignación” también tiene su origen en las conductas del sector privado y que existe un “campo de acción” para medios, organizaciones sociales e iglesias, entre otras instituciones que, por cierto, son autónomas y no guardan necesaria relación con el ámbito de injerencia de los mismos partidos políticos.




En otras palabras, sería más recomendable que los dirigentes de los partidos privilegiaran sus propias acciones para enfrentar proactivamente la crisis de confianza, antes de dedicar espacio en su documento a recomendaciones para otros sectores u organismos. Los tiempos que corren exigen mucho más que buenas intenciones al momento de recuperar la credibilidad y plantear un camino a seguir frente a la opinión pública.





Inconsistencias del FMI.






El panorama Económico Mundial que dio a conocer recientemente el FMI confirma el fuerte debilitamiento que experimenta la economía chilena. Las perspectivas de crecimiento para este año volvieron a ser recortadas a un magro 2,7%, desde el 4,1% que se proyectaba hace un año. Si bien el crecimiento de Chile sería superior al que en promedio registrará la región -que posiblemente se ubique bajo el 1%-, está muy por debajo del promedio mundial, que se situaría en 3,5%. Peor aún, Chile se mantendría bajo el promedio global hasta por lo menos 2020, lo que es una inquietante señal del estancamiento de nuestra capacidad productiva.




En el caso puntual de Chile, el FMI plantea que “la incertidumbre sobre el impacto de las reformas parece estar pesando sobre la inversión”, aunque agrega que “existen señales de que el crecimiento se ha empezado a recuperar”. Es ilustrativo que el FMI reconozca ahora que las radicales reformas en las que el país ha sido sumido no son inocuas y, por el contrario, han resentido fuertemente al país. Tal diagnóstico contrasta con el entusiasta respaldo que la Director ejecutiva del Fondo expresó anteriormente -durante una visita al país- hacia el proceso de reformas que inició el actual Gobierno. Si bien dicho diagnóstico al parecer fue formulado sin mayor análisis, movió a equívoco, pues el FMI apareció avalando reformas que ahora reconoce tienen un impacto.




Eso es ilustrativo sobre la necesidad de que los organismos internacionales tengan un análisis más profundo de las reformas impulsadas en cada país y procuren ser consistentes con los principios que pretenden promover. En su reciente informe el FMI hace una fuerte recomendación a los Gobiernos de la región a abocarse a medidas que promuevan la inversión y la productividad. Ello resulta particularmente cierto en el caso de Chile, donde algunas de las reformas ya aprobadas, como la tributaria -que elevó drásticamente la carga tributaria-, y otras que se discuten, como la reforma laboral -que busca hacer aún más inflexible el mercado del trabajo- y un énfasis general por aumentar fuertemente la presencia del Estado en actividades productivas, van en la dirección opuesta de lo que recomienda el Fondo, y sería saludable que alertara de ello en sus informes sobre Chile.




Inicio de primarias en EE.UU.



Mientras en el Partido Demócrata todavía nadie ha salido a hacerle frente a Hillary Clinton, en el Republicano tres postulantes con buenas perspectivas buscan posicionarse política y financieramente, para poder llevar adelante una competencia que les permita ganar la nominación de su sector. Entre los demócratas, la Senador Elizabeth Warren, mucho más izquierdista que Hillary, podría salir a la cancha.


Con un video que apela a la gente común, con pocas tomas de la precandidata y mucha participación de personas de clase media, Hillary busca acercarse a los norteamericanos corrientes, esos a los que no consiguió encantar en 2008, evitando mostrarse como la política hábil, que sabe moverse en los pasillos de Washington, sino como una persona normal, preocupada de temas cotidianos. En sus primeros contactos con el norteamericano de a pie -en Iowa, Estado que junto a New Hampshire abren la temporada de primarias-, la ex Primera Dama, Senadora y Secretaria de Estado dejó de lado sus pergaminos y conversó directamente con los electores, en especial jóvenes, a quienes quiso llevar sus mensajes de que la educación es una prioridad, de que "quiere construir la economía del futuro", y cambiar "un sistema que favorece a los que ya están arriba".


Uno de los temas fijos para la contienda de 2016 será el de la desigualdad, y Hillary está empeñada en convencerlos de que ella es la persona indicada para ayudar a disminuir la brecha existente. Su programa aún no es muy específico, pero ya habla de elevar el salario mínimo federal (US$ 7,25 la hora) y de eliminar algunas exenciones de impuestos. Quizás su mayor fortaleza es ser, por ahora, la única candidata mujer, y muchas norteamericanas, incluidas republicanas, les gustaría ver a una de ellas en la Casa Blanca.


La preocupación por lo social no le impide a Clinton ser quien más opciones tiene de recaudar cientos de millones de dólares para la campaña. Enfocada a los donantes chicos y con mucho énfasis en internet (tal como lo enseñó Obama), la campaña de Hillary está pidiendo aportes de entre cinco y 2.700 dólares para financiar la primera etapa. Si gana la primaria, los cálculos señalan que podría juntar unos 2.500 millones de dólares para llegar a noviembre de 2016. Se cree que estas elecciones serán las más caras de la historia de EE.UU., con los aportes de los Super Pacs , esas organizaciones que apoyan indirectamente a un candidato y que pueden recaudar sin límites entre individuos y empresas.


Le será difícil a Hillary Clinton convencer a los electores de que ella es el cambio, cuando, en general, sus propuestas parecen la continuidad de Obama. Despegarse de la Casa Blanca, a pesar de que el Presidente no le dará el apoyo automático, será un desafío para quien se la identifica con la actual administración por su cargo de Secretaria de Estado. Y ese será un flanco de ataque de los
republicanos.

Carrera entre republicanos.


Marco Rubio, la estrella ascendente del Partido Republicano, está dispuesto a embestir por el lado de la renovación de la política. Al anunciar su candidatura ya se refirió a Clinton, sin nombrarla, como una "líder del pasado", alguien que "comenzó su campaña prometiendo que nos llevará de vuelta al pasado", apuntando a que él (de 43 años) y su generación son los llamados a "abrir una vía hacia un nuevo siglo estadounidense".


Más que con la candidata demócrata, en los próximos meses, Rubio tendrá que enfrentar a los postulantes de su propio partido (varios de ellos no oficializan aún sus candidaturas), porque, si bien él espera ganar apoyos entre los votantes hispanos y afroamericanos, tendrá que hacer un gran esfuerzo para dejar atrás a su antiguo mentor Jeb Bush, quien hasta ahora lidera el sector republicano. Bush tiene a favor y en contra el ser hijo y hermano de Presidente. A favor, porque es conocido; en contra, porque el legado de la dinastía, en particular el de su hermano, no es apreciado por todos.


Pero también están otros pesos pesados republicanos, como Scott Walker, Gobernador de Wisconsin que por estos días viajó a España en gira comercial, con la intención de adquirir estatura Presidencial; el Senador Rand Paul que quiere achicar el Gobierno y bajar impuestos, o Ted Cruz, muy cercano al Tea Party. Rubio y Cruz por su origen latino podrían tener mucha llegada a esa comunidad que ha sido díscola con los candidatos republicanos. En 2012, el 75 por ciento del voto latino fue para Obama, pero votaron apenas 11,2 millones de los 23 millones de electores de esa comunidad. Fernan Amandi, de la encuestadora Bendixen y Amandi, ha dicho que, "antes que el apellido, los hispanos mirarán el programa y las propuestas que los beneficien".


Es muy temprano para hacer cualquier apronte; son muchos todavía los que pueden aparecer y dar un golpe de efecto o de timón a la contienda. Lo que sí está claro son los temas que podrían monopolizar la discusión: la reforma migratoria; los cambios al sistema de financiamiento político, que es una preocupación de todos por las altas cifras que se manejan; la salud, un asunto que especialmente a los republicanos les preocupa por la implementación de las reformas de Obama; los impuestos, y la seguridad.


La política exterior no siempre es un tema que aparezca temprano en la campaña, pero la inquietud por el terrorismo islámico y la posibilidad de otro 11-S estará presente. Más atrás, quedarán los acuerdos comerciales (el Congreso acaba de darle el pase a Obama para la negociación rápida de los TLC, incluido el TransPacific Partner-ship), las negociaciones nucleares con Irán o las relaciones con los aliados y adversarios, como Rusia.


Por Chile hay que cortar de raiz la corrupción,
de no hacerlo se generalizará esta vil infección.


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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

Padre nuestro que estás.....

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