Siguen
sumándose los escándalos, a los casos Penta, Soquimich y Caval se
suma
la formalización del Diputado socialista Christian Urízar
por fraude
a
la Intendencia de Valparaíso. |
Cobresal le quitó la punta de la tabla a Colo Colo, aprovechando la derrota deColo Colo y el empate de la Universidad Católica. Barnechea volvió a perderquedó a un paso de volver a los “potreros”. |
El Senador republicano Ted Cruz anunció por medio de su Twitter personal quepostulará a representar a su partido como candidato a la Presidencia de losEstados Unidos. |
Educación cívica, ciudadana, ética y filosófica,
por
Karin Ebensperger.
En
Chile nos hemos olvidado de la importancia de la formación cultural
básica, de las costumbres más allá de las leyes. Dictamos muchas
normas, pero todas serán insuficientes si no somos formados desde
la cuna en conceptos como el bien común, el buen funcionamiento de
las instituciones y el respeto que se les debe si queremos una
sociedad en paz. Además de los delitos de violencia física, los
delitos intelectuales y el irrespeto a la fe pública hacen mucho
daño.
Eso lo tenía muy claro Wilhelm von Humboldt, el gran pensador universal que en materia de educación dejó una influyente huella en la cultura occidental. Creó en Alemania el modelo de la escuela primaria y de enseñanza media o "Gymnasium". Fundó la Universidad de Berlín, en la que los profesores ya no debían enseñar según un modelo docente rígido, sino investigar junto con sus alumnos. Tan buenos fueron los resultados que se transformó en el modelo inspirador de muchas universidades norteamericanas. Decía que "la auténtica finalidad del ser humano -no aquella de inclinación cambiante, sino que de su infinita e inmutable esencia- es lograr su educación máxima según sus potencialidades y equilibrando todas sus fuerzas, para formar un ser integral; para esa educación, la libertad de enseñanza y la formación en la escuela básica son la más imprescindible de las condiciones. De ahí surge la unión en la diversidad, el bien más alto al que puede aspirar una sociedad".
En estas columnas llevo años diciendo que impartir educación cívica a los niños desde muy chicos es fundamental. No para que aprendan definiciones de memoria, sino para que entiendan los asuntos de la sociedad. En Chile tenemos muchísimas Leyes, pero hay profunda ignorancia sobre el valor de impartir una Justicia que se respete y lo complejo que es administrarla, acerca de los equilibrios que requiere la República, la esencia de las instituciones, el verdadero respeto al prójimo y a los bienes públicos. Considero que los valores imperantes en una sociedad se van forjando, y de ellos depende la calidad de las instituciones y la estabilidad política, que conduce al verdadero desarrollo, que no es solo económico, sino también cultural.
Volviendo a Von Humboldt, explicaba que en la escuela primaria se construye la base de toda la enseñanza posterior. Por eso proponía una formación tan sólida en valores culturales, como la honestidad y el respeto, que esa base "nadie la pudiera desdeñar sin despreciarse a sí mismo".
Economía e instituciones en Chile 2015,
por
Hernán Büchi.
Esta
semana se produjo la esperada reunión del Federal Reserve, que daría
luces sobre la subida de las tasas de interés, cercanas a cero desde
fines del 2008. La reacción de los mercados al comunicado del
miércoles fue positiva. Las bolsas subieron y las tasas de mercado
bajaron. La institución emisora cambió su retórica sobre tener
paciencia y preparó el terreno para subir la tasa de referencia este
año. Indicó que la economía estaba algo menos dinámica de lo
esperado, que la inflación era menor a lo previsto e insinuó por
ello que las alzas serían pausadas. Sigue indicando que espera
llegar en el largo plazo a valores de 3,5% a 4%, pero a tranco más
lento.
Así da un paso más en el desmantelamiento de una política extraordinariamente expansiva. Después de eliminar la compra de bonos, la normalización de las tasas es el paso final y todo parece indicar que se hará sin traumas ni sobresaltos. Habremos dejado atrás un largo período en que los ahorristas, entre ellos pensionados, se vieron afectados con nulos o bajos rendimientos y los sectores endeudados tuvieron el espacio para recuperarse y volver a la solvencia.
Tal como lo indica la Fed, el crecimiento mundial se ve hoy menos dinámico que hace unos meses. El primer trimestre de 2015 parece estar un punto por debajo del potencial mundial. EE.UU. está algo menos dinámico de lo esperado, Europa parece encaminarse a un sólido repunte, al igual que Japón, aunque en este caso menos claro, y China se encamina a un magro -para sus estándares pasados- 5,3% desestacionalizado en el primer trimestre, y es difícil la meta del 7% para el año. Ello, en un contexto del petróleo a precios inesperadamente bajos, con un dólar que se apreció en apenas ocho meses 15% y con la moneda china que vivió algo parecido. La contracara es la fuerte depreciación del euro y de los países emergentes, incluido el peso chileno.
En su esencia, lo que hace meses describimos como el entorno externo probable para Chile no cambia. Eso nos da oportunidades de nuevos mercados y nos ayuda el petróleo. El cobre más depreciado es uno de nuestros desafíos. Pero cuando en el pasado crecimos a tasas desconocidas en nuestra historia y muy superiores al resto de Latinoamérica, los problemas eran más graves y las oportunidades menores. La diferencia estaba en nuestras políticas.
En Chile, el Banco Central entregó las cuentas nacionales del año 2014. Se confirma que la economía progresó solo 1,9%, impulsada por servicios personales y empresariales, que la industria manufacturera cayó y que la inversión se contrajo. Al mirar los trimestres se observa un leve repunte hacia final del año, pero nada que indique una sólida recuperación. Ante estas cifras, es importante recordar ciertos efectos aritméticos. Si la importación de bienes de capital cayó un 25% en el período anterior, debemos observar un alza de 33% para volver al mismo nivel del pasado y de 40% o 45%, para recuperar el tiempo perdido. Si bien nuestra solidez macro y el buen pie del sector privado proveen una base mínima de progreso, es claro que nuestro crecimiento potencial dista mucho del necesario para satisfacer las expectativas y necesidades de la población. Lejos quedaron el 7,6 o 5%. El 4% que hoy se proyecta se logra forzando la realidad de la productividad. Las medidas que todos los días se adoptan -hoy es la discusión sobre Legislación laboral- lo hace cada vez menos verosímil.
Existe otra perspectiva del crecimiento económico, la que destaca la relevancia de las instituciones, que también nos entrega una luz de alerta.
Las instituciones son formales, pero también se conforman por el comportamiento de las personas frente a dichas formas. Liberia instituyó una Constitución similar a la de EE.UU. y los resultados no pueden ser más disímiles. La Corte Suprema argentina nació buscando imitar a su par norteamericana, pero ha aumentado su número y composición a gusto del Presidente de turno. Por el contrario, cuando Roosevelt amenazó con aumentar de nueve a quince los miembros de la Corte Suprema -ante la declaración de inconstitucionalidad de una serie de Leyes del New Deal- obtiene el rechazo de la mayoría de los americanos, a pesar de la popularidad que tenía luego de la elección de 1936, y fundamentalmente son los miembros de su propio partido quienes reaccionan vehementemente en contra.
Lamentablemente, existen señales de que podemos estar sufriendo una erosión en este aspecto.
Cuando el Presidente de la Corte Suprema afirma que "tiene que haber una Justicia de mayor distribución de bienes, provechos y recursos" o "nosotros queremos construir una igualdad, una igualdad sustancial", está afectando el núcleo de la separación de poderes y el rol de la Corte en una democracia Constitucional. Las convicciones políticas o morales de los Jueces no pueden transformarse en una agenda deliberada de reforma social o económica a través de sus sentencias. Ello no es activismo judicial, sino debilitamiento de la democracia ya que si se quieren expresar preferencias políticas debe hacerse en el ámbito que corresponde. En democracia son los votantes los que eligen las respuestas sobre temas sociales, políticos o económicos, y no los Jueces quienes deben velar porque las garantías para las minorías sean respetadas incluso si fueran impopulares para los medios o los grupos de presión organizados. Por algo el Judicial es el "poder no electo".
La idea de que vivimos bajo el Gobierno de las Leyes y no de los hombres es parte del respeto al Estado de Derecho que busca la igual aplicación de la Ley a Gobernantes y Gobernados y que los primeros no hagan uso arbitrario de los poderes delegados por los ciudadanos. Así, resultan fundamentales garantías como la presunción de inocencia, el debido proceso, la legalidad tributaria o la tipicidad penal, especialmente porque los ciudadanos enfrentan el poder coercitivo del Gobierno. Que ante trascendidos de prensa o investigaciones administrativas en curso se condene como culpables a individuos sin que medie sentencia o ni siquiera formalización del delito que se les imputa, prende una luz de alarma. Bajo este contexto se instala una peligrosa dinámica de caza de brujas que clama públicamente por sentencias penales -aun en ausencia de delitos concretos- o reinterpretación de figuras penales para hacer calzar algún hecho no considerado delito.
Cada día que pasa la tarea para asegurarnos el progreso es más ardua y ello, como consecuencia de nuestras propias acciones.
Y cómo se viene el 2015,
por Sergio Melnick.
El
primer año del Gobierno no fue bueno, al revés. Todos los
indicadores de resultados fueron a la baja. El apoyo a la Mandataria
cayó al mínimo del 3O%, el rechazo a su gestión subió al 60%
(Cadem) y la evaluación del Gabinete es aún peor, con un magro 24%
de apoyo y 62% de rechazo. Las reformas refundacionales tienen más
rechazo que aprobación, la crisis institucional es feroz, la clase
política totalmente desprestigiada, los empresarios vapuleados, el
Congreso sin credibilidad alguna, y los escándalos ocupan la
prioridad de los medios. En ese escenario, qué podemos esperar para
el 2015 en curso.
En
lo económico, las expectativas son magras, a pesar de un ambiente
internacional positivo. Los principales problemas son internos y será
difícil seguir culpando al ex gobierno por lo que está ocurriendo.
El Ministro Arenas hizo un presupuesto con crecimiento del 3.6%, y
esta semana ya bajó al 3%. El mercado está en torno al 2.5%, pero
podría ser bastante menor, con desempleo llegando al
7%
o más, con una presión inflacionaria no menor derivada del gasto
público poco prudente. El déficit Fiscal podría llegar al 3% o
más, el dólar sobre $660 (que si beneficia al sector exportador),
con la productividad cayendo un 0.5% y muy poca inversión, con un
precio del cobre bajo los US$3. Ello ocurre en un ambiente de fuerte
incertidumbre social que baja severamente las expectativas.
En
lo político, el escenario es muy delicado. La alianza está
destruida, con una severa crisis de liderazgos que la vuelve muy poco
operativa y no se ve una salida fácil. Es muy probable que a partir
de mediados de año empiece a crecer la figura de Sebastián Piñera.
El escándalo Caval ha golpeado al Gobierno bajo la línea de
flotación y ya no hay tanto respeto por la Mandataria, que no ejerce
liderazgo alguno y no enfrenta a los medios.
El
manejo del tema SQM ha crispado a la opinión pública. La Presidente
y el Ministro del Interior están como ausentes. La Nueva Mayoría
muestra pugnas internas quizás insalvables. De hecho, la reciente
comisión de transparencia ha sido ampliamente critica da desde la
misma Nueva Mayoría, y simplemente se armó una comisión paralela.
Lo más probable es que se neutralicen. El desprestigio del Gabinete
es enorme y necesariamente deberá haber un cambio, quizás antes del
21 de Mayo. Para que ese cambio pueda mejorar la posición del
Gobierno, debe reemplazar al Ministro del Interior, al de Educación,
y al de Hacienda. De otro modo, no será creíble. Lo que está claro
es que Bachelet ha perdido poder de manera significativa y eso es muy
delicado.
En
lo social, probablemente tendremos un año muy agitado. La ex
Concertación ha criticado severamente al Gobierno por tener
demasiados frentes abiertos de manera simultánea. Un infantilismo
progresista como le llamó Ignacio Walker. Por ejemplo, las nuevas y
malas reformas en educación, la crisis en salud y destino de las
isapres, la economía a la baja, la congestión creciente, la energía
que no avanza, la corrupción que se destapa, el transporte público
deficiente, la descentralización en marcha, la delincuencia e
inseguridad crecientes, la Araucanía en crisis severa, la minería
en problemas y otras.
A
esos frentes el Gobierno quiere agregar otros como la nueva
Constitución, la reforma laboral, el aborto, y en 2016 ya vienen las
elecciones. Todo esto en forma simultánea muestra una mala manera de
Gobernar y tiene mal pronóstico.
Ya
partió la primera manifestación estudiantil, que probablemente se
irá agudizando dada la mala reforma. Para abril el Colegio de
Profesores anuncia paro nacional. Es probable que la CUT no quede
satisfecha con su reforma sindical. Los problemas de la economía
generarán más descontento y la caza de brujas por escándalos
seguirá al alza.
Grandes
crisis requieren grandes soluciones. Grandes soluciones son obra de
grandes líderes, y esa es la falla central de nuestro querido país.
Defensa del lucro,
Por Pablo Rodríguez Grez.
Mucho
esfuerzo se ha invertido con el propósito de corregir o eliminar
algunos caracteres naturales del ser humano. En cierta medida,
ideólogos y doctrinadores han planteado la necesidad de sustituir
nuestra progresiva evolución, más allá de los frutos de la
educación, imponiendo la adopción de rasgos positivos (solidaridad,
caridad, humildad), y erradicando otros negativos (egoísmo,
avaricia, codicia). Todo ha sido en vano o de muy pobre o
insignificante resultado.
Señalo lo anterior a propósito del "lucro", concepto que ha servido para proclamar atractivas consignas que satanizan la mayor parte de las actividades productivas. El "lucro" es consustancial a nuestra especie, y un incentivo insustituible para trabajar, producir y empeñarse en ascender. Si bien eliminar el "lucro" es imposible, limitarlo y orientarlo, en ciertos casos, contribuye al progreso y el enriquecimiento de la comunidad toda. Dígase lo que se quiera, pero la empresa privada -basada en el lucro- es y seguirá siendo infinitamente más eficiente que la empresa Estatal, y los países capitalistas, más ricos, libres y progresistas que las naciones subyugadas por un poder central.
La reglamentación del lucro es, sin duda, función del Estado. Llevar a cabo esta política demanda un tratamiento equilibrado por parte de los Gobernantes. Lo anterior, atendiendo al hecho de que una sobrerregulación puede debilitarlo mucho, al extremo de paralizar todo influjo positivo; a la inversa, admitir sus efectos sin restricciones implicaría hacerlo operar en detrimento del interés mayoritario. El principio rector en esta materia es la prevención y corrección de los abusos a que el lucro da lugar, entendiendo como tales aquellas conductas en que injustificadamente unos -los más fuertes- solo en razón de su poder y situación privilegiada someten a otros -los más débiles.
Es aquí donde surge el conflicto, ya que corresponde a la autoridad medir la tolerancia del lucro (controles, reglamentos, tasas tributarias, sanciones corporales y pecuniarias, etcétera), y precisar los factores que justifican su exclusión (servicios de salud pública, resguardo del medio ambiente, subsidios a los sectores marginales, y otros). Por lo mismo, el lucro es un arma de doble filo, que debe manejarse con extremo cuidado.
Para evitar la discrecionalidad del Estado y el arbitrio de los Gobiernos con proyectos a veces delirantes, existe un mecanismo cuyo buen funcionamiento permite el adecuado tratamiento del "lucro": el mercado. Es allí donde confluyen los intereses en juego y en donde se articulan las expectativas de unos y otros. La gran ventaja que ofrece este instrumento es su impersonalidad y su objetividad. El "lucro" que se satisface corresponde a la actividad más eficiente, y aprovecha al que actúa respetando las normas que imperan, no a aquel que trabaja con el apoyo de las instituciones del Estado o se vale de influencias indebidas.
Surgen a este respecto dos cuestiones esenciales: en primer lugar, el mal funcionamiento del mercado, expuesto, como es obvio, a vicios y fuerzas negativas (acuerdos monopólicos, carteles, barreras de entrada, defraudaciones, engaños, etcétera), todo lo cual causa un daño irreparable a la población; y, en segundo lugar, la determinación de aquellas fuentes productivas excluidas de la competencia mediante la prohibición del "lucro".
En relación con lo primero, una economía libre debe ser inflexible para sancionar las lacras del mercado e imponer el cumplimiento de las reglas del juego por encima de toda otra consideración. De aquí la importancia de una legislación moderna, que sancione aquellas desviaciones, y un cuerpo profesionalizado de supervisión y control, que impida la impunidad y el quebrantamiento de los deberes asumidos. Respecto de lo segundo, solo debe eliminarse el "lucro" tratándose de actividades en que los beneficios obtenidos sean un incentivo perverso y moralmente condenable. Eliminar el lucro en áreas como la educación, la investigación, la tecnología, el arte o la ciencia importa frenar los mejores ímpetus de la comunidad y condenarnos a la mediocridad y el subdesarrollo.
Todos los experimentos realizados hasta la fecha para formar un "hombre nuevo" no han sido más que el sueño de ilusos y demagogos. Si no, que lo digan los socialismos reales y su estruendoso fracaso histórico.
Crujen las instituciones,
por Axel Buchheister.
Hablar
de instituciones era referirse a aquello que es garantía del
cumplimiento de la Ley y preservar la certeza. Ya no es así, porque
están dedicadas al protagonismo justiciero, no importando lo que
diga la Ley y que campee la incertidumbre.
Los
Tribunales llevan la voz cantante. Un ejemplo reciente es el fallo de
la Corte Suprema que ordenó la demolición del muro de contención
del tranque de relaves El Mauro. Acogió una “denuncia de obra
nueva” (en construcción) por un muro de un tranque que ya estaba
en operación (o sea, la obra ya no era “nueva”), fundada en una
servidumbre que Legalmente obliga a los predios aguas abajo a recibir
el escurrimiento natural de las aguas provenientes de los que están
arriba, pero convirtiéndola en un derecho a recibirlas; es decir, lo
contrario de lo que dice la Ley. Fallo que se dictó en contra de una
empresa minera que tenía todos los permisos vigentes, creando una
total incertidumbre en las inversiones. Como si fuera poco, la simple
demolición del muro podría provocar un desastre ambiental. En suma,
una sentencia incumplible que en nada prestigia a la Justicia.
Pero
lo último es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional (TC)
en las interminables vicisitudes del “caso Penta”, en la arista
“Soquimich”. Se presentó el gerente de esta última, pero a
título personal, sin representarla, lo cual no procede si no se
cumplen las reglas de la “agencia oficiosa” -que no se exigió-,
y que fue removido por el directorio de la compañía justamente por
la acción emprendida, interponiendo un requerimiento de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de diversas normas Legales,
para impedir la entrega de ciertos documentos al Ministerio Público.
Un
requerimiento de ese tipo persigue que en cualquier gestión
pendiente ante un Tribunal se declare inaplicable un precepto Legal
por inconstitucional. No obstante, la presentación del gerente se
puede resumir así: que se declaren aplicables los preceptos Legales
impugnados, ya que inconstitucionalmente no se están aplicando; otra
vez lo inverso de lo que dice la norma. En otras palabras, que el TC
entre a calificar las acciones del Ministerio Público, para lo cual
carece por completo de atribuciones. No obstante ser el requerimiento
manifiestamente inadmisible, el TC ordenó la paralización de las
gestiones en el caso. Mientras, el Servicio de Impuestos Internos,
cuyas atribuciones estarían pasando a llevar los Fiscales, decidió
cumplir y entregar los antecedentes solicitados, quedando el TC en
una impostura.
Ahora
esa Magistratura debe pronunciarse sobre la admisibilidad del
requerimiento y la opción es una sola: rechazarla. Acogerlo a
tramitación implicaría atribuirse el rol de Juez de Garantía,
dando pie a las más variadas especulaciones de los motivos para
hacerlo. Y las instituciones quedarían sobrepasadas y
desprestigiadas.
Los
que se están sobando las manos son los que quieren precisamente
demoler la institucionalidad y reemplazarla por otra, en la cual los
controles y contrapesos no existirán. Y lo habrán logrado con la
ayuda de los que se supone son sus guardianes.
Un
llamado de atención para Venezuela.
Diputados
de partidos oficialistas y de oposición presentaron un proyecto de
acuerdo para solicitar a la Presidente de la República el retiro del
Embajador de Chile en Venezuela, como manifestación de la molestia
del Gobierno con los reiterados abusos de la administración del
Presidente Nicolás Maduro, que incluyen el encarcelamiento de
destacados líderes políticos.
En
el texto, los Parlamentarios solicitan a la Presidente Michelle
Bachelet que “tenga a bien evaluar el retiro del Embajador de Chile
en Venezuela, hasta que se resuelva la situación del Alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma, el líder opositor Leopoldo López, y en
general todo preso por razones políticas”. El proyecto de acuerdo,
que aún debe ser debatido en la Cámara de Diputados, no es la única
acción realizada por este grupo transversal de Diputados para
alertar sobre la situación política y social de Venezuela. Como
señala uno de los patrocinadores del proyecto, “hemos acudido en
innumerables ocasiones a la Cancillería para proponer acciones
directas con el Gobierno de Venezuela, y hemos visto una inacción
que francamente la encontramos incomprensible”.
Efectivamente,
los planteamientos de Chile frente al problema venezolano no guardan
relación con el deterioro del clima político en Venezuela ni con
los evidentes actos reñidos con la democracia y el respeto de los
derechos individuales que ha cometido el Gobierno de Maduro. Así lo
advierten estos Parlamentarios, en especial aquellos que representan
a partidos de centro izquierda y que fueron testigos del apoyo que el
Gobierno venezolano otorgó a los sectores que se opusieron al
Gobierno Militar en Chile.
“Ahora
no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a la gravedad de la
situación de derechos humanos por la que atraviesa ese país”,
señalan. Precisamente, es en la transversalidad del grupo de
Diputados que patrocina este acuerdo donde radica su relevancia.
Porque no se trata de un cuestionamiento ideológico ni de
aprovechamiento político, la situación por la que atraviesan
autoridades democráticamente elegidas, como el Alcalde de Caracas,
resulta inexplicable y abusiva.
La
cautela del Gobierno frente a este problema se podría fundamentar en
la necesidad de mantener un nivel de aproximación que permita a
nuestro país asumir un rol de moderador frente a las
partes
en conflicto. En dicha estrategia se inscribiría una acción
coordinada a nivel de Unasur para efectuar visitas a Venezuela,
conocer la problemática de primera fuente y avanzar en soluciones
consensuadas. No obstante, dicha fórmula se enfrenta con las
acciones que a diario ejecuta la administración de Maduro y que
deterioran aún más la crisis interna.
En
lo inmediato, basta con mencionar como ejemplo la aprobación de los
denominados “poderes especiales”, por parte del Congreso de
mayoría oficialista, que permiten a Maduro Legislar por decreto. La
excusa para esta determinación fueron las sanciones aplicadas por
Estados Unidos a funcionarios del Gobierno venezolano, las mismas que
–por sus características- no constituyen sanciones a la nación
latinoamericana ni afectan a su población.
Por
lo mismo, independiente de si el llamado de los Diputados constituye
o no la señal más propicia hacia el Gobierno de Maduro, es
relevante que el Gobierno considere el llamado de este grupo
transversal y analice la mejor forma de manifestar el rechazo de
nuestro país a acciones antidemocráticas que terminan por afectar a
la región en su conjunto.
Difícil momento empresarial.
El
empresariado chileno vive un momento complejo, y no se trata de un
desafío en el orden comercial o productivo. Los múltiples casos de
irregularidades conocidos en los últimos años o colusiones han
dañado la reputación de la actividad empresarial.
Si bien el efecto en los primeros episodios de malas prácticas quedó encapsulado en las empresas en las que se denunciaron o sancionaron anomalías, el conjunto de cerca de 10 casos de gran connotación pública de los últimos años desbordaron la realidad de cada empresa y dañaron la legitimidad del sector. Prueba de ello es que diversas encuestas muestran que, junto con la sostenida baja en la confianza en el sector político, el mundo empresarial ha tenido una caída equivalente entre los chilenos.
Hay que recordar que el propio "padre del capitalismo", Adam Smith, junto con considerar a la actividad empresarial clave para el desarrollo, siempre desconfió de las actitudes en que podían incurrir los empresarios, dada su propensión a atentar contra los consumidores. Paradójicamente, propició que la solución para las malas conductas era tener más empresarios, de forma tal que la acción de la competencia minimizara el poder de cada uno de ellos. Transcurridos 250 años desde que fue escrita "La riqueza de las naciones", es evidente que el rol del empresario (y de la empresa) en la sociedad moderna ha ido adquiriendo una importancia significativamente mayor. En el mundo desarrollado, este ha trascendido el mero rol productor de bienes y servicios, para transformarse en un actor relevante de la convivencia y del espacio público.
Lo que hemos visto en los últimos años en nuestro país, sin embargo, es una tendencia inversa. A la par de la sostenida expansión del ámbito empresarial y la actividad económica, el liderazgo social e influencia pública del empresariado parece haber decrecido. Quizás ese mismo repliegue y desentendimiento de los problemas públicos, con valiosas excepciones, puede haber influido en la falta de adecuación que han mostrado algunos sectores empresariales frente a los nuevos estándares de comportamiento que espera la sociedad de ellos. Por eso, junto con el impacto que han causado las irregularidades conocidas en diversas industrias, han llamado la atención la pasividad de sus gremios y las justificaciones que de buena fe han hecho algunos de sus protagonistas.
Los intereses corporativos de las empresas no necesariamente están alineados con el bien común. De hecho, muchas veces pueden ser antagónicos. Pero ello no es razón para no participar del debate nacional de manera activa. Un ejemplo de los costos de esa omisión es Argentina, donde el divorcio del mundo empresarial con la política y la sociedad terminó por dañar al país. Incuso, el empresariado ha tenido que someterse a una intromisión irregular del mundo político en sus actividades.
En Chile, estamos ad portas de elecciones en los principales gremios empresariales. En el caso de la Sofofa, se han contrastado posturas y visiones diversas representadas por dos actores de relevancia. No es el caso de la Confederación de la Producción y del Comercio, donde sus directivos han estimado que la búsqueda de consenso era el mejor camino para enfrentar los enormes desafíos que se tienen por delante.
Influencia
de China en el sistema financiero.
La
decisión de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia de incorporarse
al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras que impulsa
China, revela la creciente influencia que ha estado adquiriendo este
país en el sistema financiero mundial y el mayor rol que está
dispuesto a ejercer a nivel global. La determinación provocó
incomodidad en Estados Unidos, ya que Washington interpreta este
hecho como un respaldo de sus aliados occidentales al intento de
China por disputarle su liderazgo en el ámbito de los organismos
financieros multilaterales.
A
partir de las reformas económicas impulsadas en 1978, China pasó de
una economía centralizada y totalmente cerrada, a una abierta a los
mercados del mundo. Así, en casi cuatro décadas logró instalarse
como la segunda economía más grande a nivel mundial y se espera que
de aquí al 2022 alcance la condición de país desarrollado. A
medida que su relevancia económica se ha acrecentado, el gigante
asiático viene asumiendo un papel cada vez más destacado en las
instituciones financieras globales.
Pero
la apuesta de China es más ambiciosa: crear un sistema financiero
global alternativo al que existe actualmente. Para ello, además de
crear esta entidad bancaria de inversiones, definió junto al resto
de los países BRICS, un capital inicial para formar nuevo banco de
desarrollo y un acuerdo de reservas de contingencia.
Estas
iniciativas, más que entenderse como un desafío a las actuales
instituciones financieras globales, suponen un reconocimiento de
China a la importancia que tienen éstas para el desarrollo económico
mundial.
Considerando
las dimensiones de su economía, el gigante asiático está llamado a
asumir un liderazgo cada vez más relevante en este ámbito, lo cual
debiese con tribuir a fortalecer el actual modelo de libre mercado.
No obstante, ello necesariamente tiene que ir acompañado de reformas
que pongan término a las restricciones políticas y a libertades
individuales en ese país.
Brasil desafiado.
Rousseff
ha dicho que ella es fuerte, capaz de enfrentar desafíos duros, como
los tres años de cárcel y las torturas que ahí sufrió cuando fue
capturada como guerrillera en los años de la dictadura militar.
Probablemente esa experiencia moldeó su carácter y la ha vuelto
capaz de luchar por lo que cree y enfrentar las adversidades. Con
todo, la actual coyuntura no solo la amenaza a ella y paraliza su
Gobierno, sino que también podría remecer las estructuras de la
institucionalidad brasileña.
Tres décadas de Gobiernos civiles han demostrado que la democracia brasileña tiene la capacidad de consolidarse, pese a las dificultades. El camino ha estado plagado de inconvenientes, como acusaciones de corrupción, la renuncia de un Presidente enjuiciado, crisis económicas recurrentes, problemas sociales que no se han superado -como la pobreza y la discriminación racial-, que aumentan el mérito de los gobernantes que pudieron equilibrar intereses personales y partidarios, priorizando los del país.
Si al Gobierno de José Sarney se le reconoce haber elaborado una moderna Constitución -que funciona-, a Fernando Henrique Cardoso, con el "plan real", se le atribuye el haber instaurado un sistema económico viable, que permitió el despegue del país. Sin esa institucionalidad económica, Lula da Silva no habría podido lanzar sus planes sociales, que sacaron a 30 millones de brasileños de la pobreza, durante sus dos mandatos.
Dilma en la encrucijada.
Detrás del juego político, en Brasil se ha dado una distribución del poder entre los dos principales partidos, el socialdemócrata PSDB, de Cardoso, y el de los Trabajadores, de Lula, pero además hay una infinidad de colectividades menores que hacen posible alianzas en un sistema Presidencialista con muchas atribuciones Parlamentarias. Un rol de equilibrio ha jugado el Movimiento Democrático Brasileño, el PMDB, aliado de uno y otro en distintas situaciones, inmerso hoy en acusaciones de corrupción que surgieron a finales del Gobierno de Lula.
El ex líder sindical y su partido han tenido legitimidad desde el régimen militar (1964-1985) para representar los intereses de los trabajadores. Lula se enfrentó a los militares promoviendo huelgas que sacaron a la calle a 500 mil trabajadores en 1978 y a tres millones en 1980. Los movimientos sociales fueron en aumento, hasta las elecciones de 1985 y el fin del régimen militar. Lula, a pesar de haber pasado un mes en la cárcel, junto con su partido y los sindicatos afines fueron tolerados por los militares, de manera que el PT, fundado en 1980, llegó en buen pie a la democracia, aunque recién en 2002 ganó la Presidencia. Dejó a un lado las ideas de izquierda radical, se movió al centro y continuó con las políticas promercado de Cardoso. Pero en paralelo, el PT creó una maquinaria de financiamiento ilegal, que tiene hoy al partido en medio del escándalo de corrupción que involucra a la Estatal Petrobras y a numerosos empresarios y políticos que se enriquecieron a costa de la petrolera.
Durante las protestas del pasado domingo 15 llamó la atención que algunos manifestantes enarbolaran carteles pidiendo una intervención militar, dado que desde 1985 las Fuerzas Armadas asumieron un papel profesional que han cumplido con rigor. Una amnistía y luego una comisión de la verdad han mantenido los casos de violaciones de derechos humanos fuera de la contingencia. Casi 400 fueron los muertos por la represión durante los 19 años de dictadura brasileña.
En la actualidad, los militares han tenido un papel importante pero polémico en el control del crimen, dado que las policías son sobrepasadas por los delincuentes y narcotraficantes. Analistas consideran que es inconveniente asignarles a las FF.AA. ese rol, porque podría traspasarse el delicado límite con las decisiones políticas. Sin embargo, mientras no se logre un avance real en la seguridad, probablemente seguirán acudiendo a los militares para esa tarea.
Equilibrio entre los partidos y el poder.
La "calle" en Sao Paulo, Río de Janeiro y en otras ciudades fue dura con Dilma, pues pidió su salida del cargo. La Presidente, rodeada solo de su equipo más leal, no parece permeable a las críticas. Las voces más moderadas en Brasil consideran que la remoción, vía juicio político o renuncia, no es el camino para salir de la crisis. Desde ya, Dilma no está acusada de ningún ilícito, y blindada como está, será difícil comprobar algún delito durante su gestión.
Es paradójico que Rousseff esté en la mira por la corrupción habiendo sido ella quien llegó al poder empeñada en limpiar la imagen del Gobierno tras el caso mensalao . Destituyó Ministros y no permitió que nadie impugnado estuviera en su Gabinete. Quizás esa buena práctica le ganó enemigos que ahora se toman revancha.
Quien resumió bien la coyuntura fue la ex candidata Presidencial Marina Silva, cuando dijo que hoy Dilma debe asumir un "compromiso ético de recuperar la credibilidad, porque eso es fundamental para el diálogo con la gente y para que las medidas (necesarias de ajuste fiscal) puedan tener efecto".
La Presidente Rousseff pidió "tolerancia y diálogo"; las expectativas no son muy altas, pero el esfuerzo es imprescindible.