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Colo Colo ganó a la U y es puntero con 23 puntos, escoltado por la UC y Cobresal, con 21 unidades, O'Higgins, con 18, poco más atrás Unión Calera y Universidad de Concepción con 17 puntos. En las últimas colocaciones Barnechea, con 5, Palestino, con 9, Santiago Wanderers y la U con 11 unidades.

Suspicacias causó el retiro de computadores desde oficinas de Soquimich, para mantención. Aunque la Empresa no entregó documentación contable a la Fiscalía, la entregó, esperamos que completa, al SII y despidió a Gerente General. Por el bien de Chile debe haber una exhaustiva investigación.

Cientos de miles de personas protestaron contra la Presidente Dilma Rousseff, en el marco de una jornada de manifestaciones convocadas en decenas de ciudades de todo Brasil. Fuera Dilma (Fora Dilma), Brasil no será una nueva Cuba, eran las principales consignas de estas marchas contra la corrupción.

¿Un primer año para olvidar?

por Sergio I. Melnick.

Se ha cumplido un año del segundo Gobierno de Bachelet y prácticamente no hubo celebración. Parece más bien un año que el Gobierno quisiera olvidar, que termina con una aprobación levemente superior al 30% y un amplio rechazo cercano al 55%. Si bien es cierto que Bachelet se impuso con una notable mayoría sobre el 60%, no es menos cierto que votó inéditamente solo el 40% de la población, lo que abrió un debate de legitimidad. Veamos que pasó.

El Gobierno partió con el chascarro de algunos nombramientos, como Gobernadores y otros. Debió retroceder en varios cargos incluso antes de que asumieran. Las pugnas fueron todas internas marcando la pauta de una coalición básicamente electoral movida por cuotas de poder. Una coalición en la que se impuso la muy mala doctrina de la aplanadora, la que finalmente produjo más destrozos políticos que avances, a pesar de que la oposición prácticamente no existió, abrumada por sus propios problemas y falta de liderazgo. La gran pugna política hoy es entre la ex Concertación y la Nueva Mayoría. Moderación versus aplanadora.

La economía se desplomó llegando a un magro crecimiento del 1.8%, con una caída severa de la inversión y la productividad. Esta cifra fue la mitad de lo que prometió el Ministro, que muy tempranamente arremetió contra el empresariado en un video a raíz de la reforma tributaria, y que marcó el tenor de lo que sería la actitud del nuevo Gobierno en la economía. Una reforma tributaria de mala factura técnica que recibió cientos de indicaciones que fue finalmente aprobada en la cocina de un Senador. Finalmente quedó sólo un engendro con dos sistemas tributarios paralelos, que aún nadie entiende a cabalidad, y que efectivamente ha tenido efectos en el crecimiento, el empleo, la inversión y la clase media. La economía prácticamente dejó de crear empleos, y los creados fueron básicamente Estatales. El déficit Fiscal es enorme, y la presión de la inflación latente. En medios extranjeros se habló de la nueva mediocridad, que golpeó muy duramente al Gobierno.

En educación vimos una continua improvisación, con un Ministro que inéditamente reconoció no saber mucho de educación, lo que fue evidente al tenor de las propuestas. De la promesa de calidad, nunca se habló una sola palabra, y a un año, aún no se sabe cuál es la verdadera agenda en el tema. Se aprobaron básicamente dos reformas; la del interventor en educación superior, y la que, en palabras del propio Ministro, le quita los patines a los niños de algunos colegios, nivelando hacia abajo la educación. Toda la discusión fue de aspectos administrativos y sobre el valor de los arriendos o la propiedad de inmuebles. De educación en sí, nunca se habló una sola palabra. Al término del año, hay más rechazo que aprobación pública de esta reforma.

En seguridad y delincuencia, hemos alcanzado el nivel más alto en 14 años de acuerdo a las encuestas (un 43.5%) incluyendo bombazos en una estación del metro. Recordemos la crisis de los cajeros automáticos. La Araucanía en su peor situación en décadas.  En salud se duplicó la lista de espera Auge, y aumentó en 100.000 personas la lista de cirugías no Auge. La deuda hospitalaria se triplicó. Nos olvidamos de la huelga ilegal del Hospital del Salvador.

Para rematar el año, junto al escándalo de Penta, se abre el escándalo del caso Caval, que compromete personalmente a la Mandataria. La Presidente elude los medios y da explicaciones que el 71% de la población dice no creer, es decir, estima que ha mentido, lo que erosiona su credibilidad al mínimo de su mandato.

Así al terminar el primer año de Bachelet, hay una delicada pérdida de credibilidad en la política, un amplio rechazo a la Mandataria de acuerdo a las encuestas, mayor rechazo aún a la gestión del Gabinete, desconfianza en muchas de las instituciones, una economía muy debilitada y lo peor, una polarización creciente del país. Sin duda un mal escenario con olor a populismo, que aún se puede revertir, pero requiere un severo cambio de orientación del gobierno, principal causante de esta situación.

Bachelet tiene la palabra, esperamos que esta vez no “pase”.

Gente peligrosa,

Joaquín García Huidobro.

Los empresarios ligados al grupo Penta quedaron en prisión preventiva, aunque han apelado. Esa privación de libertad era previsible: se les imputa haber llevado a cabo actos graves, el público pide sangre, y parece necesario dar una señal clara a la sociedad. Pero, ¿es una medida justa? La respuesta es menos sencilla de lo que suponen algunos Jueces y parte del público. Además, lejos de ser un asunto que interese solo a los abogados, tiene que ver con las bases mismas de nuestra vida republicana.

En efecto, todos conocemos la importancia de la presunción de inocencia. Nadie nos puede meter en la cárcel a menos que se acredite por sentencia Judicial que somos culpables de un delito que merezca privación de libertad. Hasta ahí no hay problemas. Sin embargo, nos damos cuenta de que existen excepciones, casos en que hay que tomar ciertos resguardos. Para eso existe la prisión preventiva, que es legítima, como dice la Constitución, cuando resulta necesaria para las investigaciones del juicio o "para la seguridad del ofendido o de la sociedad".

La Ley nos da algunas pistas para saber si una persona constituye un peligro para la sociedad: habrá que considerar la cantidad y gravedad de los delitos que ha cometido; si se trata de un reincidente, etc. Pero ninguna de estas indicaciones puede reemplazar al sentido común: una persona es peligrosa si nos sentimos asustados cuando nos cruzamos con ella en la calle, o si todo hace pensar que seguirá delinquiendo. Los textos internacionales de derechos humanos son claros a la hora de afirmar que la prisión preventiva es una medida extrema, y no tendría sentido aplicarla cuando podemos conseguir el mismo fin por otros medios menos brutales.

Dejemos de lado, por un momento, el proceso Penta, que suscita muchas pasiones, y pongamos otro caso reciente, del que cambiaré el nombre, porque no se trata de una figura pública. Hace unos meses, Jaime, el marido de Alicia, realizó una operación económica fraudulenta que lo llevó a la cárcel. Como parte de su estrategia delictual, había requerido la firma de Alicia, de manera que ella también cayó en una ilegalidad, una situación poco grata para una mujer joven, madre de varios hijos pequeños.

Como su delito no es particularmente grave, en el peor de los casos, Alicia podría ser condenada a un par de años. En la práctica, esto significa que cumplirá la condena en libertad, porque tiene antecedentes irreprochables. Ahora bien, pocos días antes de Navidad, el Juez decretó la prisión preventiva de Alicia por constituir un peligro para la sociedad. Sus niños pasaron la Nochebuena llorando su ausencia.

¿Por qué un Juez incurre en tamaño despropósito? A veces es simple rutina: no ponerse a pensar que quizás Alicia sea descuidada, frívola, torpe o incluso mala, pero jamás puede ser peligrosa, entre otras razones, porque no tiene la más mínima posibilidad de volver a cometer ese delito.

Otras veces, sin embargo, la conducta de esos Jueces podría tener otras motivaciones. Como el delito de Alicia no se traducirá, en los hechos, en una condena a pena efectiva de cárcel, y dado que el Juez considera necesario darle una lección a ella y enviar una señal a la sociedad, entonces la hace pasar tres meses tras las rejas: "Para que aprenda". Sin embargo, como ni la Constitución ni la Ley le dan al Juez esas atribuciones, lo que nos muestra este tipo de casos es que de haber un peligro para la sociedad, los peligrosos son esos Jueces que pretenden hacer Justicia a su manera y se constituyen en seres privilegiados, que están más allá de las reglas republicanas. Además, instrumentalizan a unas personas para dar señales a otras. Inaceptable.

El caso de Alicia, por desgracia, no constituye una excepción. No son pocos los Jueces chilenos que no entienden que la prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional y que solo procede cuando no hay otros medios disponibles (como el arresto domiciliario) para conseguir el efecto buscado.

La situación de los empresarios Délano y Lavín es más compleja que la de Alicia, pero los principios que deben guiar a los Tribunales son básicamente los mismos. No son los controladores de Penta quienes tienen que probar que gozan del derecho a la libertad provisional mientras no se dicte sentencia condenatoria; más bien, lo que hay que acreditar es que resulta absolutamente imprescindible mantenerlos privados de libertad en este momento del juicio. Aunque sean ricos y privilegiados. Aunque el público pida sangre.

Nueva receta,

por Eugenio Guzmán.

Una de las recetas que suenan como remedio mágico para abordar y resolver la crisis actual de credibilidad de la política es el cambio de la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente. Y claro, entre los argumentos que se mencionan es que el Congreso no podría tener independencia para hacerlo, puesto que las materias sobre las que se debiera legislar afectarían sus propios intereses corporativos.

Este argumento posee algunas debilidades. Siempre existen intereses amenazados de los propios Legisladores, puesto que ellos no son sólo eso, son también ciudadanos, creyentes, consumidores, etc. ¿Por qué cuando se trata de algunas reformas decimos que ellas están teñidas de intereses y otras no? Por ejemplo, si el argumento anterior fuera correcto, la reforma electoral, que constituye el corazón de la política democrática pues determina la forma como se distribuye el poder, no tendría legitimidad. Sin embargo, hasta ahora nadie la cuestiona en esos términos.

Segundo, ¿quién asegura que una asamblea pueda expresar los intereses universales de la sociedad y que esté exenta de intereses particulares y corporativos? Sería ingenuo suponer que su diseño y mecanismo de selección de sus miembros, per se, permitiría salvar los obstáculos mencionados. Por otra parte, si se cree que una fórmula corporativa puede resolver esto, por la vía de convocar a las "fuerzas vivas", a la "sociedad civil" (gremios, políticos, empresarios, trabajadores, ONGs, juntas de vecinos, etc.), ello sería un retroceso enorme del modelo de sociedad democrática, ya que no sería mas que una forma de intermediación más fragmentada de los intereses de la sociedad.

La experiencia en reformas y cambios de este tipo son elocuentes en términos de los efectos devastadores sobre el poder. En concreto, las asambleas han sido las fórmulas para concentrar el poder en facciones que manejan de mejor manera los "humores" de los constituyentes, particularmente en democracias Presidenciales acostumbradas al modelo de la arbitrariedad del líder. Dicho de otro modo, son la fuente y cimiento del populismo. Al estar exentas de control político y, más aún, de sentido político, son el canal de expresión de la antipolítica, e incluso de la utopía.

La lógica de asamblea requiere como medio de legitimación la descalificación de la política y los políticos, lo que socava aún más la desconfianza, que en un contexto de alta desconfianza institucional (medios, Jueces, ONGs, sindicatos, etc.) genera un juego permanente de búsqueda de "chivos expiatorios". Es decir, instituciones y actores con el propósito de recuperar reputación culpan a otros de los males sociales, lo que ahonda aún más la desconfianza social. Ciertamente, el escudo ideológico-emocional de algunos ve estos argumentos como conservadores, neoliberales, burgueses, capitalistas, frente a lo cual no hay mucho que responder.

Parlamentarios pascueros,

por Axel Buchheister.

Uno de los riesgos de la democracia es que los Parlamentarios no Legislen en función del bien común, sino que para agradar a los votantes. Las siguientes elecciones generan el incentivo de aprobar Leyes que concedan cosas con cargo a los fondos públicos o a colocar gravámenes a ciertas personas en beneficio de otras.

Como los Parlamentarios quieren reelegirse, se transforman en “viejitos pascueros” que hacen regalos, cosechando así los votos de la gente. Por supuesto, no reconocen que sea así, sino que tienen una batería de argumentos para justificar sus acciones, como que están combatiendo los abusos de los poderosos.

Es el caso del proyecto de Ley que establece dos horas de estacionamiento gratis en los malls y clínicas, porque es un servicio accesorio al “retail”. Una iniciativa popular, pero que se está retrasando ya que algunos plantean que no es suficiente: faltan los aeropuertos (¿y los rodoviarios?) y además está la pregunta de qué pasará después de las dos horas. Hay que regular esto también, porque los abusadores tratarán de reponerse en la tarifa de la tercera hora de la gratuidad de las dos primeras.

Por cierto, los Legisladores no le cuentan a la gente que los regalos los paga alguien, que suelen ser los beneficiarios. Así, los bonos hay que financiarlos con impuestos, que también pagan los pobres (como el IVA). Y tampoco le dicen que tienen efectos negativos poco visibles pero reales, como el desincentivo a la inversión y la asignación ineficiente de los recursos, que no son gratis.

Pero la principal falsedad es que la gente crea que hay abuso, ya que de lo contrario no asistirían masivamente a los mall que les cobran por estacionar (alternativas existen). Van porque, a pesar del cobro, sienten que les conviene, ya sea por los precios, ubicación, comodidad, o la variedad o calidad de los productos ofrecidos. Pero el ciudadano astuto quiere comprar a sus anchas y, además, no pagar estacionamiento. Entonces se hace la víctima, sabe de los “Parlamentarios pascueros” y presiona mediante denuncias, que no hay noticiero de televisión que no acoja. Y el astuto rara vez es el más desposeído, sino el que tiene más (por algo lo tiene); por ejemplo, los que tienen auto y pretenden estacionarlo gratis. Que paguen los que no lo tienen, ¿qué más da?; ¿y el desincentivo a la inversión?: “tan largo me lo fiais”, decía don Juan Tenorio.

No es tan largo: es cosa de ver cómo la economía se está “ralentizando” y cunde la desconfianza en los negocios, lo que tarde o temprano tendrá efectos en el empleo y las remuneraciones. Pero lo asombroso es que suceda en un país que durante medio siglo aplicó políticas “pascueras” y terminó siendo un desastre económico y sumido en la pobreza. Y que luego de la aplicación consistente de las políticas inversas durante 40 años, se transformó en el país con mayor ingreso per cápita en Latinoamérica.

No se aprendió la lección. Es que el votante astuto nunca la aprende, siempre maximiza. Así es que cuando escuche que se critica a los parlamentarios, pregunte por los votantes.

Un primer año para el olvido,

por Sergio Urzua.

Se dice que toda escoba nueva barre bien. En lo económico, sin embargo, el primer año del Gobierno de la Presidente Bachelet demostró que hay excepciones a la regla. Por donde se mire, la cosa anduvo mal, muy mal.

Por cierto, factores externos explicaron parte del mediocre crecimiento (1,8%) -el menor en períodos de no recesión desde los 60-, pero las responsabilidades internas fueron indiscutibles. El mejor ejemplo fue la reforma tributaria, la génesis de las desconfianzas entre el sector privado y la administración. Mientras se discutía la deficiente iniciativa, la demanda interna se contraía, la formación bruta de capital se desplomaba y varios sectores económicos veían afectada su actividad. Simultáneamente, las autoridades económicas desconocían los negativos efectos de sus malas ideas, de las políticas públicas a puertas cerradas, y de las amenazas a los "poderosos de siempre". Tuvieron que pasar meses para que finalmente se rindieran ante las malas cifras económicas. Si bien todo sugiere que la lección fue asimilada, la experiencia fue perturbadora.

Desde luego, los voluntaristas aun consideran que el crítico diagnóstico es exagerado, incluso injusto. Para ellos, por ejemplo, las bajas tasas de desempleo representan un claro logro ante el complejo escenario externo: 6,1% a comienzos del 2014 vs. 6,2% doce meses después. El problema con la optimista visión es que la tasa de desempleo se puede mantener acotada ya sea generando empleos o reduciendo el número de personas que los buscan. Pues bien, adivine qué fue lo que ocurrió el 2014: Mientras el número de ocupados aumentó en 87 mil, el de inactivos lo hizo en 125 mil. Por el contrario, durante el 2013 se generaron 173 mil empleos y el número de inactivos creció solo en 18 mil. Linda forma de mantener el desempleo bajo: desalentando a los cesantes a conseguir empleo. Me cuesta ver el optimismo.

¿Se terminarán las improvisaciones? Ojalá que así sea, pero la continua proliferación de malas ideas preocupa (gratuidad de estacionamientos, impuestos a graduados de la educación superior, reminiscencias sesenteras en la reforma laboral, y la lista sigue).

¿Será la ausencia de una oposición organizada lo que explique este fenómeno? Probablemente. Siempre son buenos los contrapesos, pues fuerzan a la reflexión, contribuyen al debate y previenen la tiranía de la mayoría.

¿Corresponde a la Nueva Mayoría un mea culpa por su primer año? Por cierto, pero las responsabilidades son compartidas. De otro modo no se entiende cómo, luego de los éxitos económicos de las últimas décadas, y en particular del período 2010-2013, terminamos sumidos en mediocres cifras, plagados de malas ideas y enterándonos de impresentables abusos. Un mea culpa generalizado es esencial para recobrar las confianzas. Esto nos debe quitar el sueño hoy, para así evitar pesadillas mañana.

Huelgas en el sector público .

"Los trabajadores Fiscales sí disponen de organizaciones de representación sindical, aunque denominadas de otra manera".

La Ministro de Trabajo, Javiera Blanco, anunció el plan del Gobierno de definir un "nuevo trato" para los trabajadores del sector público, que partiría por reconocer su derecho a sindicalización y a efectuar huelga, al tiempo de que institucionalizaría la negociación colectiva entre los trabajadores y el Estado.

En Chile, los funcionarios del servicio público son considerados servidores públicos y, como tales, tienen vedados los derechos básicos de los que disfruta el resto de los trabajadores. Esto está normado en el artículo N° 19 de la Constitución de 1980, así como también en el Estatuto Administrativo y en el artículo N° 11 de la Ley sobre Seguridad Interior del Estado. Estas disposiciones, sin embargo, contravienen una serie de convenios internacionales que el país ha suscrito, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por Naciones Unidades y vigente desde 1976.

En la práctica, los trabajadores Fiscales sí disponen de organizaciones que cumplen funciones de representación sindical, aunque sean denominadas de otra manera, como es el caso de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), que agrupa a más de 250 entidades locales de igual naturaleza. Los trabajadores que forman parte de estos organismos participan en negociaciones colectivas de hecho y paralizan sus funciones cuando lo estiman conveniente para obtener sus reivindicaciones. En particular, con ocasión de la discusión Legislativa que se lleva a cabo cada año para definir el presupuesto nacional.

Parece razonable Legislar sobre lo que hasta ahora viene constituyendo un vacío Legal, para regimentar las relaciones entre el mayor empleador del país, el Estado, y sus trabajadores. Los especialistas señalan que la tarea de modernización de la Legislación chilena relativa al estatus del empleado Fiscal es ardua, en tanto requeriría no sólo reformar la Constitución, sino que también introducir modificaciones en el Código del Trabajo —que sólo habla de "empresas"— y establecer mecanismos eficientes para mensurar el desempeño y rendimiento de un sector de trabajadores que no se puede calificar desde el punto de vista de la productividad.

Cuesta comprender por qué esta profunda tarea de modernización de la Legislación vigente no se encaró en el marco de la reforma laboral global, para evitar todo tipo de apresuramientos y pasos en falso que no redundarán en una solución efectiva al problema.

Desafíos para reducir el déficit de infraestructura.

El Gobierno anunció hace algunos días un plan de concesiones por US$12 mil millones a implementarse de aquí al 2018, con una inversión de US$1.500 millones para este año. Se trata de un programa que contempla el desarrollo de una serie de obras principalmente de infraestructura vial y portuaria, con el cual el Ejecutivo pretende dar un impulso a la alicaída actividad económica del país. Salvo tres proyectos -por US$2 mil millones- que se incorporaron adicionalmente a la propuesta original, parte importante de las iniciativas ya se conocían, e incluso varias formaban parte del plan de concesiones que se había fijado la anterior administración para el período 2010-2014 por US$8 mil millones, pero que finalmente no se lograron ejecutar.

Esto da cuenta del significativo retraso que presenta Chile en materia de infraestructura debido a la postergación de muchas obras que el país requiere para seguir avanzando hacia el desarrollo, pero que por distintos factores no se han materializado. Uno de ellos fue el terremoto y posterior maremoto del 2010, catástrofe natural que provocó un ingente daño a la infraestructura pública y privada en cinco Regiones del país, lo que obligó al Gobierno de entonces a concentrar los recursos y esfuerzos en reconstruir esas obras afectadas. De acuerdo a un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, de aquí al 2018 se requerirán inversiones por US$58 mil millones para enfrentar el déficit nacional en esta materia y para mantener la competitividad de la economía, cifra que se eleva a US$112 mil millones al 2023. Estos indicadores dan cuenta de la importancia de acelerar el paso, para lo cual será fundamental que se cumplan los plazos que las autoridades se han impuesto en la implementación del plan de concesiones anunciado.

En este propósito, será relevante también el rol que el Estado le asigne al sector privado, tanto en el aporte de financiamiento como en su conocimiento y eficiencia para desarrollar infraestructura de primer nivel. En este sentido, es una señal positiva que a través de este programa de obras el Gobierno profundice la alianza público privada que se inició en Chile hace dos décadas con el sistema de concesiones y que tan buenos resultados le ha dado al país. Este modelo ha sido clave para lograr -mediante financiamiento privado- la construcción de obras que son centrales para el crecimiento, a la vez que le ha permitido al Estado -de recursos limitados- destinar esa inversión a programas sociales.

Pero para reducir este déficit de infraestructura será necesario, además, eliminar las trabas administrativas que existen y que muchas veces impiden avanzar con la rapidez que se requiere. Por ello, es positivo que el Ejecutivo, junto con informar los proyectos y los montos involucrados, anunciara una serie de medidas para poder agilizar los procesos de adjudicación de las concesiones y promover las mismas. Algunas se implementarán vía reglamento y otras requerirán proyectos de Ley, como la creación de la Dirección General de Concesiones, propuesta con la que se pretende modernizar la institucionalidad en este ámbito. Es de esperar que estas iniciativas contribuyan a cumplir los desafíos pendientes, ya que según estudios internacionales, Chile debiese estar invirtiendo del orden del 3,5% del PIB en infraestructura, mientras que en la actualidad esa cifra sólo llega al 2,3%.

Obstáculos para la carrera docente.

El avance del proyecto que diseña una nueva carrera docente no está resultando fácil. El Gobierno cometió un error inicial al comprometer para su confección un trabajo conjunto con el Colegio de Profesores. Esta manera corporativa de llevar adelante la elaboración del proyecto de Ley resalta los intereses particulares de esa organización que no coinciden necesariamente con los de nuestros estudiantes. Es cierto que el Ejecutivo cree representar a los alumnos y sus familias, pero la capacidad de presión del Colegio de Profesores debilita esa postura. De hecho, los dirigentes de este gremio crecientemente sostienen que el proyecto no puede enviarse sin su consentimiento.

El principal déficit de la educación chilena es la disponibilidad de un cuerpo docente altamente preparado y motivado. Sin este es difícil pensar que se pueda dar un salto relevante en calidad en los próximos años. Hay acuerdo en todo el mundo en que los sistemas educativos tienen como techo la calidad de sus docentes. Diversos indicadores sugieren que en Chile esta no es satisfactoria. Elevarla requiere de una agenda amplia y permanente en el tiempo. Un elemento central es la carrera docente, entendida esta como un instrumento que permite atraer personas competentes a esta profesión, mantenerlos motivados durante su vida laboral y orientados a la tarea de promover los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Es evidente que el estatuto actual no satisface ninguna de estas propiedades.

Hasta ahora no es manifiesto que el Gobierno haya cedido a las presiones del Colegio de Profesores, aun así parecen estar debilitándose las exigencias de entrada a la profesión que compartía un amplio grupo de especialistas. Tampoco está claro si se van a flexibilizar las condiciones para desvincular a profesores de mal desempeño y se van a contener los intentos por premiar la antigüedad más que la calidad de la labor realizada.

En todos estos asuntos no parece haber muchas dudas respecto de cuáles son las alternativas que favorecen más el interés de nuestros alumnos. Sin embargo, como consecuencia de esta negociación con un solo actor, esas opciones parecen estar debilitándose en el diseño del proyecto. Hay muchas experiencias de renovación de estatutos de los profesores que se han traducido en una inyección importante de recursos y que no han tenido ningún impacto en los aprendizajes. Es importante apoyar al Ministerio de Educación para que pueda levantar fuerte la voz de los estudiantes y no quede atrapado en los intereses gremiales, algo que en momentos en que el Gobierno aparece debilitado tiene mayores posibilidades de ocurrir.

Prolongada guerra civil en Siria.

La guerra civil en Siria cumple cuatro años y su balance es desolador. Más de 220 mil personas han muerto, cerca de cuatro millones viven como refugiados en los países vecinos y casi el 40% de los poco más de 20 millones de habitantes han debido abandonar sus hogares. La esperanza de vida en el país ha caído 20 años desde 2011 y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados calificó la situación como “la peor crisis humanitaria de nuestra era”. A ello se suma, como una lamentable metáfora, que el 83% de las luminarias en el país se han apagado.

Las graves consecuencias de este conflicto se observan en el retroceso que registra el país en su nivel de desarrollo humano y económico. Y esto, a su vez, es un recordatorio de la incapacidad que ha tenido la comunidad internacional para frenar esta crisis. La indecisión de los países occidentales, el bloqueo de Rusia -que ha impedido actuar al Consejo de Seguridad de la ONU- y la falta de un liderazgo nítido provocó que el conflicto se extendiera más allá de las fronteras sirias. Además, el crecimiento del Estado Islámico ha desplazado esta guerra civil a un segundo plano.

Aquel escenario ha terminado favoreciendo al Presidente Bashar Al Assad, quien aún se mantiene en el poder y su salida parece cada vez más lejana. La escasa voluntad de la comunidad internacional por intervenir le cedió terreno al régimen de Damasco y paralelamente terminó desestabilizado a toda la región, la que hoy esté sumida en una de sus peores crisis de los últimos 50 años.

La magnitud y extensión de la guerra civil en Siria debe motivar una actuación más decidida de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución no traumática del conflicto; de manera que se pueda poner término al enfrentamiento armado y se generen las condiciones para restablecer la paz en esa convulsionada región del planeta.

Sombrío escenario en Siria e Irak.

Para comprender por qué nace el EI hay que ver el contexto de la posguerra en Irak y de la rebelión en Siria. Con el retiro de las tropas de EE.UU. de Irak, en diciembre de 2011, se esperaba que el país quedara en manos de un Gobierno de unidad, que incluyera a todas las facciones. La mayoría chiita, y los grupos sunitas y kurdos debían evitar la fractura del país. Saddam Hussein, sunita, había mantenido una mano de hierro sobre las demás facciones. Pero el Gobierno liderado por el chiita Nouri al Maliki favoreció a los suyos, exacerbando las tensiones sectarias y religiosas.

Los sunitas, y en especial los miembros del partido de Saddam, fueron marginados de los cargos políticos, públicos y de las Fuerzas Armadas. Las provincias con mayoría sunita se rebelaron contra Al Maliki, quien no permitió que hicieran un referéndum para establecer un Gobierno semi autónomo, como el de los kurdos. Hubo represión y muertos. En abril de 2013, se produjo una matanza de sunitas en la ciudad de Hawija. Exaltados sunitas extremaron sus posiciones uniéndose a grupos fundamentalistas que combatían a los chiitas y en los que había ex miembros del régimen de Saddam. Más tarde llegarían jóvenes combatientes extranjeros.

En tanto en Siria, milicias vinculadas a Al Qaeda tenían bases de operaciones para combatir las fuerzas iraquíes y norteamericanas en Irak. Cuando estallaron las protestas que se transformaron en guerra civil, con varios grupos armados combatiendo contra Bashar al Assad, en 2011, el Gobierno sirio pidió ayuda a sus hermanos iraníes. Según análistas en terreno, Al Maliki, que ya contaba con el apoyo iraní, permitía que Teherán mandara a través de su territorio pertrechos y armas a Siria, para fortalecer a Assad. Además, el Gobierno respaldaba larvadamente la participación de combatientes chiitas iraquíes a favor de Assad. Los opositores han sido ayudados por países árabes, y con reticencia por algunos Gobiernos occidentales, incluido EE.UU.

Uno de los grupos rebeldes vinculado a Al Qaeda era Jabhat al Nusra, del que en 2013 se escindiría el ISIS (Estado Islámico en Irak y Siria, por su sigla en inglés, abreviado luego a Estado Islámico), liderado por quien se nombraría califa, Abu Bakr al-Baghdadi. El EI mantenía diferencias con Al Qaeda, con respecto al uso del terror como método de lucha. EI es más radical y violento. Su ideología es fundamentalista islámica, y usa métodos de lucha basados en los textos musulmanes.

"Dividir para reinar".

¿Por qué el EI tuvo éxito tan rápido? Tanto en Siria como en la zonas de Irak ocupadas por el EI, las rivalidades entre tribus sunitas facilitaron que los combatientes del EI se impusieran, al crear alianzas con algunas de ellas en contra de otras. Todas, en todo caso, estaban hastiadas del dominio chiita de Bagdad, por lo que estar bajo la égida del EI no hacía mucha diferencia. Los que se resistieron huyeron o fueron muertos. El caso más significativo fue la caída de Mosul; con apenas mil combatientes tomaron la ciudad resguardada por 30 mil efectivos de las fuerzas iraquíes, que ante el ataque huyeron dejando abandonadas sus armas y vehículos. Ya en dominio de un territorio, los miembros del EI dejan el Gobierno diario a un consejo o líder sunita local que debe probar su lealtad.

¿Por qué el uso extremado de la violencia? Según estudiosos del tema, los líderes del grupo creen que la violencia debe ser constante y creciente, para crear un impacto en la opinión pública. Los actos de violencia esporádicos no sirven; la brutalidad debe ser creativa y chocante (como la muerte del piloto quemado vivo dentro de una jaula). Así, cada día se verá más salvajismo en los asesinatos, porque la crueldad está en el meollo de su ideología, apoyada en textos de la tradición islámica.

Los miembros del EI no siguen las enseñanzas del islam teórico, moderado, sino que se apoyan en hechos, en historias reales, documentadas en textos, que narran acciones realizadas por figuras musulmanas del inicio del islam. La inmolación, el asesinato brutal de cautivos, o el lanzamiento de individuos desde un edificio son castigos aprobados por algún antiguo califa, que hoy se reivindican como procedimiento válido.

Intervención iraní es arma de doble filo.

¿Qué pasará ahora? El escenario en la región es sombrío. La guerra civil siria está estancada, con Assad fortalecido por el respaldo iraní, pero sin capacidad de derrotar a los rebeldes. Estos han debido luchar en paralelo contra las fuerzas de Assad y las de EI (para lo último tienen apoyo aéreo norteamericano). Pero la intervención iraní, a favor de Bagdad y en contra de los terroristas sunitas del EI -que paradójicamente no ha sido objetada por EE.UU.-, cambia la balanza a favor de los chiitas. La ofensiva para recuperar Tikrit, la cuna de Saddam, puede ser exitosa militarmente, pero hace surgir interrogantes sobre la estabilización de la zona. Los sunitas locales (la mayoría) ven la llegada de las tropas del Gobierno iraquí y de las milicias chiitas (con apoyo iraní) con recelo. Liberarse de los terroristas del EI podría significar caer bajo la égida de Irán.

La UE, Grecia y el efecto en España.

A fines de febrero Grecia y la Unión Europea alcanzaron un primer acuerdo para extender el paquete de ayuda que vencía el 28 de ese mes. La firme posición de la UE, y en especial de Alemania, permitió que en esa oportunidad Syriza tuviera finalmente que ceder en sus promesas de campaña y comprometerse a cumplir con las exigencias de Bruselas, como la mayor eficiencia de la administración, la limitación del gasto público y el alza de la recaudación Fiscal.

Desde entonces las conversaciones por un acuerdo más profundo se han mantenido, considerando que las arcas Fiscales griegas están prácticamente vacías y a fin de mes se haría complejo incluso pagarle a los empleados públicos. Pese a ello el Eurogrupo ha mantenido su postura, sin ceder a las exigencias de Atenas, que busca desconocer sus compromisos. Una posición acertada principalmente por los efectos que una eventual concesión a Grecia podría tener en otros Estados de la unión y especialmente en España.

Este último país enfrenta a fin de año unas elecciones generales que anticipan el fin del bipartidismo y han encendido las luces de alerta por el avance de Podemos, que hoy lidera los sondeos. Por ello, para la UE es importante dar señales claras de que no hay espacio para las concesiones. Cualquier eventual “triunfo” de Syriza en las negociaciones puede terminar reforzando a Pablo Iglesias en España, cuyo triunfo podría agravar el panorama europeo.

Una eventual salida de Grecia del euro puede ser resistida por el Eurogrupo, en especial por las reformas impulsadas tras el inicio de la crisis, como lo han reconocido altos funcionarios de la UE. Y más importante aún, Grecia representa hoy sólo el 2% de la economía europea. Muy distinto es el caso de España, que es actualmente la quinta economía del bloque y un eventual agravamiento de la crisis podría tener serias consecuencias para la lenta recuperación del continente, más aún cuando las reformas impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy han comenzado a dar frutos.

Pueblos bien informados

dificilmente son engañados.

 PARA MEDITAR: LO QUE GANAN LOS DIPUTADOS DE SISTINTOS PAISES DE LA OCDE: