Temas calientes de la contingencia...

Discreto,  sigiloso y sin prensa   fue el allanamiento realizado el viernes en la
 casa del ex director Sociocultural de La Moneda, Sebastián Dávalos, y su  esposa
 Natalia Compagnon, por demanda por estafa en venta de terrenos en Machalí.

El campeonato nacional de fútbol sigue encabezado por Cobresal, con 21 puntos, seguido a uno por Colo Colo, a tres por Universidad Católica, a 4 por Calera y a 5 por San Marcos, Iquique y D. Concepción. Cierra la tabla Barbechea con solo 5 unidades.

 

Algo huele mal en la República de Chile,

por Sebastián Edwards.

En los últimos meses, Chile perdió su estrella. Y eso es alarmante.

Los casos Penta, SQM, Cascadas y Caval son signos de una descomposición institucional y política que no tienen parangón en nuestra historia. Claro, no todos los políticos son culpables o corruptos, pero como dice el cliché, “una manzana podrida pudre a las demás”.

Recuperar nuestra estrella y volver a brillar en el firmamento americano debiera ser un objetivo nacional. Pero no será fácil. Lo que se necesita son liderazgos firmes y visionarios, y estos son cada vez más escasos.

Lo primero es que Michelle Bachelet debe bajar a la tierra. Durante el año pasado gobernó a la distancia, desde las alturas, delegando el día a día en sus ministros claves. Pero Chile tiene un sistema presidencial, y la Jefa de Estado es también la Jefa de Gobierno. Chile necesita que la Presidenta se involucre, que hable, que se haga cargo de los problemas y que proponga soluciones. No soluciones de pacotilla, sino que grandes soluciones, como las que demanda la población. Y hablar con seriedad no es lo mismo que sonreír y posar para las cámaras.

La oposición necesita de un cambio total de liderazgos, y los partidos de la NM tienen que entender que este embrollo afecta a la República y su futuro, y que va mucho más allá de la política contingente.

Este es el momento de revivir “la política de los acuerdos”, esa práctica republicana que hace que los países sean estables y democráticos, y que les permite avanzar con decisión y en armonía.

Pero pensar que la crisis chilena tiene que ver sólo con estos escándalos es un error. El problema es mucho más profundo y afecta todos los ámbitos del quehacer nacional. Y esto me preocupa.

Desde hace un tiempo se ha producido un palpable deterioro en la convivencia nacional. Una fisura profunda en la conversación ciudadana y un quiebre del entendimiento que permitió al país transformarse en la estrella más brillante de América Latina.

También me alarma la pobreza del debate sobre el futuro del país, la falta de estudios profundos sobre los efectos de las reformas impulsadas por el gobierno, y la carencia de argumentos sólidos para respaldar algunas de estas políticas. Navegamos sin brújula en un mar poco amable, y a veces pareciera que corremos el riesgo de naufragar.

Un país estridente.

Las manifestaciones del deterioro en la convivencia nacional son varias, pero quizás lo más notorio sea un nuevo ambiente de violencia. Y no estoy hablando de la inseguridad ciudadana, ni de la seguidilla de robos y atracos, ni de la destrucción a la propiedad privada durante marchas y manifestaciones. Lo más preocupante es la estridencia verbal que desde hace un tiempo se coló en la discusión sobre política; la agresividad y la descalificación que han invadido a las redes sociales y a los debates más diversos; el ambiente de intolerancia y el bullying político y social.

Lo peor es que esta estridencia se ha ido adueñando de más y más esferas de nuestra vida.

Considérese, por ejemplo, la violencia con la que hace un tiempo fue atacado el escritor Rafael Gumucio luego de sus comentarios sobre el rescate de mascotas durante el incendio de Valparaíso. El barbado escribidor fue víctima de un linchamiento público, al punto que tuvo que suspender temporalmente su cuenta de Twitter. Otro incidente de cuasiterrorismo verbal se produjo cuando Antonio Skármeta recibió el Premio Nacional de Literatura. Diarios, blogs y tuits se llenaron de ataques y burlas contra el galardonado novelista. Una extraña mezcla de envidia y talibanismo cultural. Y hace unos meses, verdaderas jaurías se lanzaron furiosas contra Andrés Velasco, condenándolo antes de que pudiera siquiera abrir la boca para dar una explicación o esbozar una defensa. Muchos de los atacantes del ex ministro se escondieron cobardemente en el anonimato que les brindan las redes sociales.

Un cierto grado de armonía social es un requisito para el progreso. Numerosos estudios han indicado que los países exitosos y prósperos se caracterizan por altos grados de confianza entre las personas; los vecinos se hablan con amabilidad, departen amigablemente y sienten solidaridad los unos por los otros. En estos países los políticos son adversarios, pero no enemigos, sostienen conversaciones cordiales y civilizadas y viven en el mundo de las ideas y no en el de la descalificación. No hay bullying, ni burlas masivas, ni ataques anónimos. Para progresar se necesita un gran acervo de “capital social”, y en esa área, en vez de avanzar, en Chile retrocedemos.

La pobreza del debate.

También me preocupa la ausencia de un debate político serio. Crecientemente vivimos en un mundo de clichés, de aseveraciones inconsistentes, de verdades parciales, de falaces.

A pesar de la gravedad de las “boletas truchas” casi no hemos visto propuestas sólidas sobre cómo enfrentar el financiamiento de la política. Con la notable excepción de dos columnas -una de Eduardo Engel y otra de Alejandro Ferreiro, Cristián Larroulet, Harald Beyer y José Antonio Viera-Gallo-, sólo ha habido ideas a medio cocinar y repetición de lugares comunes. Además, los medios están repletos de personajes que atacan por atacar, que critican libros que no han leído y que repiten tonterías como si fueran revelaciones divinas.

El país está ante un momento definitorio, con un gobierno que pretende cambiar los cimientos de un sistema económico que nos ha servido bien. Pero a pesar de las aspiraciones de las autoridades, de lo ambicioso del programa de la Nueva Mayoría y del éxito legislativo del año pasado, el gobierno y sus partidarios siguen sin presentar estudios profundos sobre el impacto concreto de las reformas. Hasta ahora casi todo ha estado basado en generalidades, en manifestaciones de buena voluntad y en aseveraciones vendedoras, pero sin peso.

Los ejemplos son múltiples: la reforma tributaria fue aprobada sin que nadie en el gobierno analizara su impacto sobre la inversión y la actividad económica. Tampoco hubo estimaciones detalladas sobre los montos a recaudar -ya es evidente que recaudará menos de lo anunciado-. La reforma educacional avanzó sin que nadie estimara cuántos colegios subvencionados con copago se transformarán en particulares pagados, ni de qué modo va a mejorar la calidad -si es que mejora-, o a través de qué mecanismos se va a reducir la segregación; tampoco sabemos qué va a pasar con la educación técnica. Y el anuncio hecho hace unos días por el ministro Eyzaguirre sobre el proyecto de gratuidad de la educación superior es tristemente incompleto -sólo sabemos que empezará en el 2016 con los alumnos más vulnerables. De detalles, nada.

Otra área de preocupación es la reforma constitucional. A pocos parece interesarles la experiencia internacional. No ha habido discusiones sobre qué constituciones funcionan y cuáles no andan, cuáles logran sus objetivos y cuáles los frustran. En esta materia el único interés es sobre una cuestión formal, que ni siquiera es muy importante: ¿Se va a utilizar un mecanismo de asamblea constituyente o se recurrirá a la vía del Congreso Pleno?

Desde luego, la pobreza en el debate no es responsabilidad exclusiva del gobierno y sus partidarios. La oposición y sus seguidores son igualmente responsables. Tanto la UDI como RN han sido tímidos en denunciar las malas prácticas y los abusos; han sido incapaces de sacar la voz para defender un sistema capitalista limpio y competitivo, sin redes turbias que dispensan favores o cambian dinero por influencia política.

El show permanente de los casos Penta, Caval y otros está eclipsando este deterioro generalizado de nuestro quehacer cotidiano. Lo curioso -y alarmante a la vez- es que la mayoría de la gente no parece notar que el país ha perdido su estrella, y que estamos transitando por un camino traicionero. Vamos mal, pero no lo sabemos; aunque también es posible que sí lo sepamos y que no nos importe. Ambas cosas son graves.

Sociedad, mercado y Pentagate,

por Alfonso Andrés Swett.

Uno de los hechos que más me impresionaron después de las medidas cautelares decretadas por el juez Escobar fue ver por televisión cómo ciudadanos gritaban: "Aquí están los que roban a la nación". Después de graves delitos en contra de la fe pública, debemos hacer una reflexión profunda.

Quienes creen que hoy la sociedad chilena debate entre el individualismo (libertad ante todo) y el colectivismo (Estado ante todo) no han entendido mucho. El verdadero debate tampoco es entre empresa y Estado. El caso Penta involucra directamente a dos empresarios, ejecutivos, funcionarios del Estado (ex funcionarios del SII y un ex subsecretario) y políticos; vale decir, a miembros del poder económico, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El verdadero debate tampoco es entre empresa y consumidores, ni entre Estado y consumidores. Algunos ciudadanos de a pie también están incurriendo en conductas abusivas, tales como la alta tasa de evasión del Transantiago, licencias médicas fraudulentas, poco cuidado de los bienes y servicios públicos, etc. ¿Será culpa del mercado?

La culpa no es del mercado, sino de la ética con que los miembros de una sociedad participan en él. El mercado es sólo un lugar de transacción donde algunos individuos pueden recurrir a transar males sociales (por ejemplo, drogas); donde pueden transar con asimetría de información (información privilegiada), con asimetría de poder (pago a pymes en 180 días); donde algunos pueden recurrir sin responsabilidad con la fe pública y la sociedad que les dejaremos a nuestros hijos. En definitiva, la culpa no es del mercado, sino que de los individuos que como parte de nuestra sociedad recurren al mercado a hacer una transacción. ¿Cuál es el verdadero debate que necesitamos?

Uno mucho más complejo y profundo (antropológico). Como sociedad, no necesitamos debatir entre el individualismo o el colectivismo; necesitamos convencernos de que la mejor alternativa es la sistemista (Mario Bunge), en la cual lo importante es el individuo y su ética (conciencia de derechos y obligaciones con la sociedad) y su responsabilidad sistémica cuando recurre al mercado por un bien o servicio.

Epopeya,

por Adolfo Ibañez.

Este término nos remite a acciones grandes y públicas, impulsadas por personas maravillosas que merecen ser recordadas épicamente. Revisando con alguna detención las noticias del año pasado comprenderemos que el Gobierno y la izquierda en general vivieron un tiempo de excepción. El haber emprendido las reformas que postularon, en el número y con la magnitud que tienen, y haberlas aprobado en medio de la polvareda que levantaron, hizo que sus protagonistas sientan haber vivido un tiempo de epopeya. Mal que mal, sentaron las bases para cambiar completamente el sistema que nos regía por décadas y que nos mantenía vinculados a aquella "maldita dictadura".

Frente a ellas quedaron diseminadas y desarticuladas las objeciones "humanistas" de sus socios democratacristianos. Y de la actitud de la derecha, solo cabe decir que llegó a ser poco más que una "no actitud". Las ligeras rectificaciones que alcanzaron no rozan siquiera la médula de aquellos proyectos, ahora leyes. En ninguno de estos grupos se alzó alguna voz que se acercara algo al espíritu de epopeya que movió a los impulsores de los nuevos-viejos planteamientos.

Es una enorme paradoja que todas las propuestas que se presentaron como grandes novedades no sean más que reformulaciones de viejísimos postulados, comprobadamente fracasados en las más diversas partes del mundo donde se las impuso siempre por la fuerza. El meollo de ellas, el Estado controlador de la vida de las personas, cayó estrepitosamente hace un cuarto de siglo con el Muro de Berlín y el régimen soviético. Sin embargo, en nuestro país, luego de decenios de una exitosa trayectoria que no se había conocido antes, este Estado total se yergue triunfal y desafiante para redimirnos de tanto ascenso.

El año que pasó fue el del espíritu epopéyico para destruir lo anterior, consolidando a sus caudillos. Sin embargo, construir requiere metas claras, conocimientos definidos y esfuerzos sostenidos. En el debate las metas brillaron por su ausencia y los conocimientos fueron desplazados por las consignas. Y en cuanto a sostener un esfuerzo, bien sabemos cuán de tiro corto somos. Por otro lado, las huestes triunfantes han demostrado no ser tan homogéneas. El fantasma de la Babel se cierne sobre el país disfrazado de Estado. Mal que mal, la base del éxito del sistema que nos rigió radicó en que permitía a cada uno aportar lo suyo, por modesto que fuera: su herencia fue una obra colectiva dentro de un marco que reconocía el valor de cada persona.

Al borde del abismo,

por Mario Vargas Llosa.

Cuando el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro autorizó a su guardia pretoriana a usar armas de fuego contra las manifestaciones callejeras de los estudiantes sabía muy bien lo que hacía: seis jóvenes han sido asesinados ya en las últimas semanas por la policía tratando de acallar las protestas de una sociedad cada vez más enfurecida contra los atropellos desenfrenados de la dictadura chavista, la corrupción generalizada del régimen, el desabastecimiento, el colapso de la legalidad y la situación creciente de caos que se va extendiendo por todo el país.

Este contexto explica la escalada represora del régimen en los últimos días: el encarcelamiento del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, uno de los más destacados líderes de la oposición, al cumplirse un año del arresto de Leopoldo López, otro de los grandes resistentes, y meses después de haber privado abusivamente de su condición de parlamentaria y tenerla sometida a un acoso judicial sistemático a María Corina Machado, figura relevante entre los adversarios del chavismo. El régimen se siente acorralado por la crítica situación económica a la que su demagogia e ineptitud han llevado al país, sabe que su impopularidad crece como la espuma y que, a menos que diezme e intimide a la oposición, su derrota en las próximas elecciones será cataclísmica (las encuestas cifran su popularidad en apenas un 20%).

Por eso ha desatado el terror de manera desembozada y cínica, alegando la excusa consabida: una conspiración internacional dirigida por Estados Unidos de la que los opositores democráticos al chavismo serían cómplices. ¿Conseguirá acallar las protestas mediante los crímenes, torturas y redadas masivas? Hace un año lo consiguió, cuando, encabezados por los estudiantes universitarios, millares de venezolanos se lanzaron a las calles en toda Venezuela pidiendo libertad (yo estuve allí y vi con mis propios ojos la formidable movilización libertaria de los jóvenes de toda condición social contra el régimen dictatorial). Para ello fue necesario el asesinato de 43 manifestantes, muchos centenares de heridos y de torturados en las cárceles políticas y millares de detenidos. Pero en el año transcurrido la oposición al régimen se ha multiplicado y la situación de libertinaje, desabastecimiento, oprobio y violencia sólo ha servido para encolerizar cada vez más a las masas venezolanas. Para atajar y rendir a este pueblo desesperado y heroico hará falta una represión infinitamente más sanguinaria que la del año pasado.

Maduro, el pobre hombre que ha sucedido a Chávez a la cabeza del régimen, ha demostrado que no le tiembla la mano a la hora de hacer correr la sangre de sus compatriotas que luchan por que vuelva la democracia a Venezuela. ¿Cuántos muertos más y cuántas cárceles repletas de presos políticos harán falta para que la OEA y los Gobiernos democráticos de América Latina abandonen su silencio y actúen, exigiendo que el Gobierno chavista renuncie a su política represora contra la libertad de expresión y a sus crímenes políticos y faciliten una transición pacífica de Venezuela a un régimen de legalidad democrática?

En un excelente artículo, como suelen ser los suyos, “Un estentóreo silencio”, Julio María Sanguinetti (EL PAÍS, 25 de febrero de 2015), censuraba severamente a esos Gobiernos latinoamericanos que, con la tibia excepción de Colombia —cuyo presidente se ha ofrecido a mediar entre el Gobierno de Maduro y la oposición—, observan impasibles los horrores que padece el pueblo venezolano por un Gobierno que ha perdido todo sentido de los límites y actúa como las peores dictaduras que ha padecido el continente de las oportunidades perdidas. Podemos estar seguros de que la emotiva llamada del expresidente uruguayo a la decencia a los mandatarios latinoamericanos no será escuchada. ¿Qué otra cosa se podría esperar de esa lastimosa colección entre los que abundan los demagogos, los corruptos, los ignorantes, los politicastros de tres por medio? Para no hablar de la Organización de Estados Americanos, la institución más inservible que ha producido América Latina en toda su historia; al extremo de que, se diría, cada vez que un político latinoamericano es elegido su secretario general parece reblandecerse y sucumbir a una suerte de catatonia cívica y moral.

Sanguinetti contrasta, con mucha razón, la actitud de esos Gobiernos “democráticos” que miran al otro lado cuando en Venezuela se violan los derechos humanos, se cierran canales, radioemisoras y periódicos, con la celeridad con que esos mismos Gobiernos “suspendieron” de la OEA a Paraguay cuando este país, siguiendo los más estrictos procedimientos constitucionales y legales, destituyó al presidente Fernando Lugo, una medida que la inmensa mayoría de los paraguayos aceptó como democrática y legítima. ¿A qué se debe ese doble rasero? A que el señor Maduro, que ha asistido a la transmisión de mando presidencial en Uruguay y ha sido recibido con honores por sus colegas latinoamericanos, es de “izquierda” y quienes destituyeron a Lugo eran supuestamente de “derecha”.

Aunque muchas cosas han cambiado para mejor en América Latina en las últimas décadas —hay menos dictaduras que en el pasado, una política económica más libre y moderna, una reducción importante de la extrema pobreza y un crecimiento notable de las clases medias—, su subdesarrollo cultural y cívico es todavía muy profundo y esto se hace patente en el caso de Venezuela: antes de ser acusados de reaccionarios y “fascistas” los gobernantes latinoamericanos que han llegado al poder gracias a la democracia están dispuestos a cruzarse de brazos y mirar a otro lado mientras una pandilla de demagogos asesorados por Cuba en el arte de la represión van empujando a Venezuela hacia el totalitarismo. No se dan cuenta que su traición a los ideales democráticos abre las puertas a que el día de mañana sus países sean también víctimas de ese proceso de destrucción de las instituciones y las leyes que está llevando a Venezuela al borde del abismo, es decir, a convertirse en una segunda Cuba y a padecer, como la isla del Caribe, una larga noche de más de medio siglo de ignominia.

El presidente Rómulo Betancourt, de Venezuela, que era de otro calibre de los actuales, pretendió, en los años sesenta, convencer a los Gobiernos democráticos de la América Latina de entonces (eran pocos), de acordar una política común contra los Gobiernos que —como el de Nicolás Maduro— violentaran la legalidad y se convirtieran en dictaduras: romper relaciones diplomáticas y comerciales con ellos y denunciarlos en el plano internacional, a fin de que la comunidad democrática ayudara de este modo a quienes, en el propio país, defendían la libertad. No hace falta decir que Betancourt no obtuvo el apoyo ni siquiera de un solo país latinoamericano.

La lucha contra el subdesarrollo siempre estará amenazada de fracaso y retroceso mientras las dirigencias políticas de América Latina no superen ese estúpido complejo de inferioridad que alientan contra una izquierda a la que, pese a las catastróficas credenciales que puede lucir en temas económicos, políticos y de derechos humanos (¿no bastan los ejemplos de los Castro, Maduro, Morales, los Kirchner, Dilma Rousseff, el comandante Ortega y compañía?) conceden todavía una especie de superioridad moral en temas de justicia y solidaridad social.

El candidato único a la OEA,

por Andrés Hoppenheimer.

Salvo que aparezca otro candidato de última hora, es probable que Luis Almagro, ex canciller de Uruguay, sea elegido como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en una votación secreta el 18 de marzo.

Recientemente entrevisté a Almagro, actualmente el único candidato para el cargo, para el cual afirma tener el respaldo de unos 20 países miembros de la OEA. Y me quedé con varios interrogantes sobre si es un candidato que podría sacar a la organización regional de su irrelevancia actual.

Para ser justos, la OEA sigue siendo una institución más grande y potencialmente más importante que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), un grupo de países sudamericanos que fue creado para excluir a Estados Unidos y México de las decisiones regionales, y que, a juzgar por su actuación en Venezuela, se ha convertido en una sociedad de protección mutua para gobiernos represivos.

La OEA tiene una Carta Democrática y una respetada Comisión de Derechos Humanos. Además, cuenta con más de una decena de agencias especializadas en drogas, seguridad ciudadana y educación.

Pero en los últimos años, la OEA ha sido eclipsada por la Unasur en las principales crisis regionales.

Cuando el gobierno venezolano ordenó recientemente la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la oposición llamó a protestas masivas, los países de América del Sur -a petición de Venezuela- invitaron a Unasur, y no a la OEA, a enviar una misión de mediación a ese país.

Igualmente, cuando las protestas estudiantiles en Venezuela dejaron un total de 43 muertos el año pasado, y el gobierno venezolano detuvo al líder opositor Leopoldo López, los países sudamericanos amigos de Venezuela también pidieron a Unasur enviar una misión de mediación.

Como era de esperar, esa misión no logró prácticamente nada. Los críticos de Unasur dicen que, por el contrario, la misión de mediación solo ayudó al gobierno de Venezuela a ganar tiempo y debilitar las protestas callejeras.

Cuando le pregunté a Almagro qué haría de ser electo secretario general de la OEA, respondió que trabajará para fortalecer la democracia y los derechos humanos -no hay gran sorpresa en eso, ya que hasta las peores dictaduras dicen apoyar la democracia y los derechos humanos- y que propondrá varias iniciativas nuevas, incluyendo una "Escuela de Gobierno de las Américas" y una "Organización Panamericana de la Educación".

En cuanto a cómo financiarían estos proyectos, teniendo en cuenta que la OEA está teniendo problemas financieros, Almagro dijo que restauraría la salud financiera de la OEA mediante la reducción de costos y asociándose con el Banco Mundial e instituciones financieras regionales para proyectos específicos conjuntos.

Pasando a temas políticos, le pregunté a Almagro si -de ser electo en la OEA- pedirá la liberación de López y otros presos políticos venezolanos, tal como lo han hecho el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y las Naciones Unidas.

"Nosotros hemos trabajado este tema en el marco de Unasur", respondió Almagro, y agregó que "en el marco de Unasur vamos a ajustar las variables" en la medida en que sea necesario.

Cuando le comenté que no estaba respondiendo a mi pregunta, Almagro dio una respuesta alambicada, pero sin decir mucho. Básicamente, dijo que no podía responderla hasta ser elegido como jefe de la OEA. Señaló que, como canciller de Uruguay, había solicitado a Venezuela las "máximas garantías judiciales" para López y otros detenidos, pero agregó que "no nos podemos meter en una decisión del Poder Judicial de otro país".

Días más tarde, tras el arresto del alcalde opositor Ledezma, le pedí a Almagro su reacción ante ese hecho. En un email enviado por un portavoz, Almagro repitió que no puede hablar "ni siquiera en forma hipotética" antes de ser electo en la OEA. Agregó que hay un proceso de mediación en marcha "liderado por la Unasur, y que confiamos en que rinda frutos".

Mi opinión: Hmmm. Lo más preocupante de Almagro no es que sea un cultor del "cantinfleo" -como llaman en México al arte de usar palabras difíciles para eludir respuestas claras-, sino que algunas de las cosas que dice.

Por ejemplo, no estoy seguro de que la OEA podrá recuperar un rol de liderazgo bajo un secretario general según el cual la crisis de Venezuela deberá resolverse "en el marco de la Unasur".

Por otra parte, para ser justos con Almagro, no tendría sentido que en su calidad de candidato critique duramente a Venezuela, y corra el riesgo de perder varios votos en las elecciones de la OEA, incluyendo los de una decena de países del Caribe y Centroamérica que aún dependen de los subsidios petroleros de Venezuela.

Si no hay sorpresas, deberemos esperar hasta después del 18 de marzo para saber si Almagro en verdad tiene colmillo, y un compromiso real con la defensa de la democracia.

Aportes reservados.

El caso Penta abrió la polémica en torno a los aportes reservados por parte de empresas hacia los candidatos. Diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron a favor de la eliminación de esta figura, e incluso en la Cámara de Diputados se aprobaron ya dos indicaciones de reforma a la legislación pertinente.

Parece perderse de vista que lo que se juzga hoy en tribunales es el fraude fiscal perpetrado por Penta y no los aportes reservados a la política. Estos no constituyen un delito, sino que, por el contrario, están regimentados por la Ley N° 19.884, sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. El fundamento detrás del mantenimiento del anonimato en estos aportes es que éste está teóricamente destinado a evitar la "compra" de favores políticos a cambio de fondos para campaña electorales.

Los cuestionamientos a los aportes reservados provienen, por tanto, del terreno ético. Esta misma falta de transparencia es cuestionada, puesto que se supone que los candidatos sí saben de dónde provienen los fondos, mientras que la ciudadanía lo ignora. Asimismo, se pone en tela de juicio el hecho de que sea el dinero el recurso más importante para dirimir una contienda electoral, al punto de que se incurre en delito, como al emitir boletas ideológicamente falsas, a cambio de obtener este tipo de donativos. La capacidad clave de un candidato parece ser, entonces, su habilidad para acaudillar en torno suyo a empresarios generosos.

Una investigación reciente del CEP demostró que los aportes reservados han sido una pieza clave del funcionamiento del sistema democrático chileno en las últimas tres elecciones parlamentarias. El estudio concluye, con base en datos de 2005, 2009 y 2013, que es posible establecer una correlación entre el financiamiento que un candidato desafiante recibe a través de esta vía y sus probabilidades de éxito en la contienda. Además, los aportes reservados parecen ser de relevancia a la hora de dirimir disputas políticas al interior de cada una de las dos alianzas que rigen en la política nacional, siendo posible determinar que mientras más álgida es la contienda interna, más fondos se logran movilizar.

En un contexto general de desprestigio de la política y baja participación ciudadana, cabe preguntarse si en el sistema democrático chileno no se han devaluado los proyectos políticos para dar prioridad a los recursos. Quisiéramos creer que las buenas ideas deberían ser capaces de trascender el balance neto de pancartas y volantes de un candidato.

Negociación colectiva y derecho a huelga en el sector público.

La negociación colectiva atractiva para los trabajadores es la que reconoce su derecho a declararse en huelga. Lo que da legitimidad al derecho a huelga es el derecho paralelo del empleador a sustituir a sus trabajadores si considera que sus exigencias llevan a un diferencial de remuneraciones respecto de las que se observan en el mercado, que excede la mayor productividad de los trabajadores de la empresa respecto de la que tendrían nuevos contratados. La existencia de ambos derechos -a la huelga y al reemplazo- lleva a remuneraciones equitativas, en cuanto se paga según productividad; y eficientes, pues no se afecta arbitrariamente a las empresas, lo que preserva sus incentivos para invertir. El solo derecho a huelga, sin derecho a reemplazo, afecta la rentabilidad de las empresas y frena la inversión, pues mejora las remuneraciones aun si ello no tiene respaldo en productividad y esfuerzo.

La  propuesta de supresión del reemplazo de trabajadores en huelga que impulsa el gobierno va a desequilibrar la negociación al interior de las empresas y afectará las posibilidades de empleo en el país. A su vez, la nueva propuesta del Ejecutivo, de “institucionalizar” la negociación colectiva en el sector público, más allá de su objetivo declarado de modernizar la gestión estatal, amenaza con facilitar el surgimiento de un nuevo derecho a extraer recursos sin referencia a productividad y esfuerzo, esta vez en favor de los trabajadores públicos y a costa de los recursos del Estado.

El anuncio de la ministra del Trabajo de que se enviará al Congreso -entre otras propuestas- una fórmula para “institucionalizar la negociación colectiva” en el sector público, responde a lo enunciado en el  programa de gobierno de la Presidenta Bachelet. Cabe suponer que cuando el programa indicaba que dicha institucionalización se definiría “estudiando mecanismos que se hagan cargo de sus especiales particularidades”, estaba evitando comprometer el otorgar derecho a huelga a los trabajadores estatales, algo expresamente prohibido por la Constitución. Consistente con esto, la ministra no anticipó esfuerzos específicos en ese sentido. La reacción de la dirigencia de la ANEF fue declarar que los anuncios son ambiguos y que esperan la derogación de la prohibición constitucional de huelga en el sector público.

Cuesta pensar que el gobierno vaya siquiera a insinuar que la contrapartida a mayores poderes negociadores en el sector público debe ser menor inamovilidad laboral y mayor exposición a competencia para los trabajadores involucrados. Así, en algún plazo, porque potencia su demanda por derecho a huelga, la propuesta de dar legitimidad a la negociación colectiva en el sector público puede conducir a reformas para que los empleados públicos, con respaldo legal, hagan uso de la fuerza para mejorar sus remuneraciones, más allá de cualquier consideración de eficiencia, a costa de la capacidad del Estado para hacer valer el interés general. En el corto plazo, como mínimo, la propuesta de institucionalizar la negociación colectiva en el Estado puede acentuar el problema de “paros ilegales”, en desmedro de la eficiencia estatal.

Educación superior técnica estatal.

La creación de centros de formación técnica (CFT) al alero de universidades estatales es un proyecto de ley difícil de justificar técnicamente más allá de consideraciones políticas de corto plazo que poco tienen que ver con los desafíos de la educación superior chilena, y en particular de la técnica. Hasta ahora no se ha ofrecido una buena explicación de su necesidad. Por un lado, el proyecto sugiere que existiría una oferta de carreras técnicas insuficientes, pero los antecedentes disponibles, parte de los cuales son incorporados en el propio mensaje que acompaña este proyecto, desmienten esta creencia. Por otro, se podría argumentar, aunque aquí la evidencia es inexistente, que la oferta de estos centros no es apropiada a las realidades regionales. Pero si así fuese, no queda claro por qué los centros estatales tendrían ventajas para ofrecer carreras más pertinentes. Además, es muy posible que este objetivo se pudiese lograr con las instituciones existentes a través de un trabajo coordinado con los distintos actores regionales relevantes a costos bastante más reducidos que los que significa sostener estos centros.

Tampoco puede comprenderse por qué el hecho de que se creen al alero de las universidades estatales los exime del proceso de aseguramiento de la calidad que existe en la actualidad para todas las instituciones de educación superior. Cabe recordar que estas son supervisadas por el Consejo Nacional de Educación, y solo una vez que han alcanzado los estándares apropiados reciben la autonomía. Si bien los CFT estatales deben crearse por ley, a diferencia de las instituciones privadas, no parece que se desprenda de ahí que deban estar eximidos del proceso de licenciamiento. En ese sentido, el riesgo de una oferta mal diseñada está latente. Su carácter estatal no asegura, como creen algunos, un certificado de calidad. En momentos en que se habla de la necesidad de una agenda de cooperación público-privada, es extraño que no se haya elegido este camino para avanzar en ese ámbito. Sobre todo, porque no parece un buen argumento para justificar su creación que exista una previsión mixta en educación escolar y universitaria.

Los riesgos de este modelo son evidentes. Desde luego, las propias universidades estatales podrían considerar a estas instituciones como fuentes de recursos más que de real aporte a la educación superior regional. La falta de capacidades y la necesidad de satisfacer las demandas por pertinencia pueden llevar a un importante gasto de fondos públicos sin mayores impactos. Esas instituciones, una vez creadas, son difíciles de desarticular por los grupos de presión que surgen a su alero. Hay otras prioridades mucho más razonables que esta. Desde luego, lograr una articulación mucho mayor en el sistema de educación superior, de modo que, por ejemplo, una persona con méritos que inicie sus estudios en un CFT pueda, superando las exigencias establecidas, finalizar sus estudios en una universidad, todo ello independientemente de la naturaleza pública o privada de las instituciones.

España, más que desafíos electorales.

La candidata andaluza del PSOE y actual presidenta regional, Susana Díaz, lleva la delantera en las encuestas, pero tendrá que luchar para que sus ex socios de Izquierda Unida y el desafiante Podemos, liderado por Pablo Iglesias, no le quiten demasiados votos del sector. Según los sondeos, no obtendrá mayoría absoluta, por lo que deberá hacer alianzas que por ahora se ven difíciles. Con IU acaba de romper para convocar a las elecciones anticipadas, y con Podemos las divergencias son de fondo. Un triunfo arrasador de Díaz, de 40 años, podría llevarla a competir por el liderazgo del partido y, con suerte, ser la candidata para disputar el premio mayor con Mariano Rajoy.

Andalucía es un tradicional bastión de la izquierda, por eso, si bien el PP -partido que obtuvo más escaños en 2012- debe asegurar las bancas que tiene actualmente, una pérdida de ellas no sería el presagio de una derrota en el resto de los comicios. En todo caso, los comicios autonómicos y municipales de mayo serán un desafío para los populares, porque los sondeos a la fecha indican que muchas de las plazas que ejercen se encuentran amenazadas. Aún no se sabe cuándo se medirán las fuerzas, pues las elecciones deben hacerse entre 30 y 60 días después del fin de la legislatura, que termina el 20 de noviembre; es decir, podrían realizarse incluso en enero de 2016.

Con un claro panorama de recuperación económica, con los indicadores al alza, Rajoy tiene opciones de ganar el favor de la opinión pública, si bien para cambiar el ánimo actual debe tener mayor éxito en el combate contra el desempleo, que persiste en torno al 23 por ciento. Según el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 80 por ciento de los españoles no siente que la situación económica mejora, y el 51 por ciento cree que está igual que el año pasado, a pesar de que la economía creció 1,4 por ciento en 2014 y se espera 2,4 por ciento para 2015.

Por otra parte, para tener éxito en frenar el avance de grupos como Podemos y el centroderechista Ciudadanos, que tienen entre sus principales objetivos la lucha contra la corrupción (aunque Podemos no ha podido desmentir el apoyo financiero que habría recibido de Hugo Chávez), el PP debe mostrar una postura clara en contra de actos reñidos con la ley. En momentos en que la justicia española abre un juicio contra 40 imputados por un caso de negocios corruptos y financiación ilegal del partido gobernante, Rajoy tiene que ser categórico en mostrar distancia con quienes están en la mira de los tribunales. En la actual situación coyuntural, no bastan las cifras macroeconómicas para ganar las elecciones.

La pesadilla del narcotráfico en Latinoamérica.

Es inquietante el panorama de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Mientras en México el gobierno de Enrique Peña Nieto ha obtenido grandes logros con las capturas de importantes capos de la droga, en Bolivia, país gobernado por el líder de los cultivadores de coca, detuvieron a un ex comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y ex jefe de la Policía Nacional, hasta 2011, acusado de "ganancia ilícita" presuntamente procedente del narcotráfico. También fue apresado su hijo, teniente policial, quien habría amenazado con represalias a quienes lo investigaran.

La captura de Omar Treviño Morales, jefe del cartel mexicano de "Los Zetas", es otro éxito de la estrategia mexicana, pues en corto tiempo se ha conseguido atrapar a seis capos importantes. Días antes de esa aprehensión, la policía mexicana logró atrapar a otro "más buscado", Servando Gómez, alias "La Tuta", sindicado como jefe de los "Caballeros Templarios" de Michoacán. Los carteles mexicanos no solo trafican drogas, sino también personas y armas, cometen extorsiones, secuestros y robos.

Nadie espera que con estas capturas se logre terminar con la mafia de la droga ni con la violencia que provoca en México, puesto que los dirigentes son reemplazados por lugartenientes en forma más o menos rápida, dependiendo de la intensidad de la lucha por la sucesión, que ineludiblemente se produce tras la desaparición de un capo. Incluso, la violencia puede aumentar por la guerra al interior del cartel, la que muchas veces termina con la división de grupo en nuevos carteles menores. Y el dinero sucio sigue circulando, porque las rutas de lavado no terminan con la captura de un líder.

Lo ocurrido en Bolivia es preocupante, pues desenmascara vínculos entre autoridades y narcotraficantes, los que, en todo caso, no son nuevos. En 2011, unos días antes que Óscar Nina, el general detenido la semana pasada, dejara su cargo, fue arrestado otro general, René Sanabria, en Panamá, luego de que se descubrieran sus lazos con embarques de coca que salían por Arica. En el caso de Nina, se ha dicho que se le seguían sus pasos hace años, desde que el hijo del conocido narco mexicano "El Chapo Guzmán" estuviera en Bolivia haciendo negocios con los traficantes locales.

Es lamentable el hecho de que el gobierno de Morales se niegue a restablecer programas de cooperación con la agencia antidrogas de EE.UU., los que fueron cortados en 2008 bajo acusaciones de espionaje y conspiración. La lucha contra el tráfico de cocaína en manos de la policía local, proclive a hacer negocios con quienes deben ser sus perseguidos, pone a la región en peligro de la expansión del flagelo.

Pueblos bien informados dificilmente son engañados.