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| Volcán Villarrica entró en erupción, que el Subsecretario del Interior hs cslificado como "debil", contradiciendo al Sernageomin que elevó la alerta a naranja y saberse que se preparan planes de evacuación en el triángulo Pucón-Villarrica-Coñaripe. |
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| Supuesta imagen del ex dictador cubano, Fidel Castro, reunido con los espías cubanos recientemente liberados por el Gobierno de los Estados Unidos. Creemos que la foto es falsa y que corresponde a publicidad de la tiranía. |
Semilla de maldad,
por Joaquín García Huidobro.
La gente suele llegar de vacaciones con cara sonriente y aspecto descansado. No será así este año, porque nunca habíamos tenido un verano con los ánimos tan crispados. ¿Por qué tanto malhumor? La causa es la corrupción o, al menos, diversas irregularidades en materia económica, que ponen en duda la calidad de nuestra política. De hecho, en estos días la Contraloría ha detectado numerosas anomalías en los Gobiernos Regionales: dietas sin justificación, gastos poco claros y desvíos de los fondos públicos que sin bien no son millonarios, constituyen una suerte de robo hormiga que va dejando anémicas las arcas Estatales.
Como los enojos y las malas caras no sirven de mucho, mejor es preguntarnos cuáles son los posibles focos de corrupción y qué podemos hacer con ellos.
¿Dónde está la corrupción en Chile? En los últimos meses se ha hablado mucho de las irregularidades de los privados, pero el mundo público no es invulnerable. ¿O tenemos que pensar que no se emiten boletas a servicios públicos y Municipalidades para financiar campañas políticas?
Años atrás, un funcionario corrupto daba una pista importante cuando decía: "No me den puestos vistosos, simplemente pónganme donde pase mucha plata, que algo quedará". La clave es, entonces, identificar esos puntos de intersección por donde transitan altas sumas de dinero, y estar atentos.
Dejemos de lado, por esta vez, al Gobierno central y veamos algunos ejemplos de zonas vulnerables a la corrupción. En primer lugar, hay mucha plata en las Intendencias. Aquí el punto débil, más que los Intendentes mismos, son los Consejeros Regionales, esos Cores que hemos elegido un tanto a ciegas. Como ellos tienen que aprobar cada proyecto individualmente, la posibilidad de que cualquiera se quede con una tajadita está al alcance de la mano. Resulta imposible fiscalizar a una multitud de ignotos Consejeros Regionales en una infinidad de pequeños proyectos.
Es más, aunque la mayoría son personas honradas, no faltan los que toman la iniciativa, van a una junta de vecinos y dicen: "¿Por qué no presentan un proyecto para pedir financiamiento con cargo a los fondos Regionales? No se preocupen, yo lo hago". Naturalmente, solo una parte llega a los vecinos: más pequeña cuanto menor sea su cultura, porque la gente que más necesita el dinero suele tener menos posibilidades de darse cuenta de que está siendo burlada.
Urge modificar la Ley, de modo que esos fondos para cultura, deporte y seguridad ciudadana pasen a depender de las Municipalidades, y las Intendencias se concentren en los proyectos de mayor envergadura económica. No tiene sentido que el Gobierno Regional de Valparaíso esté decidiendo la asignación de dos millones de pesos a un campeonato de fútbol para jubilados en Petorca. Eso es centralismo.
También pasa mucho dinero por las Municipalidades. No necesito hablar de las direcciones de obras, que son una constante fuente de tentación. Para los Alcaldes, una forma muy directa de hacer dinero fácil tiene que ver con las paletas publicitarias. A algunos Alcaldes "se les olvida" cobrar esos derechos. A cambio de su mala memoria, pueden obtener varios meses de publicidad gratuita en época de elecciones. Todos ganan, pierde Chile.
Asimismo, es frecuente que la basura huela a podrido. Si en una Comuna hay vertederos ilegales, cabe apostar que alguien está haciendo la vista gorda, y que en ese caso se cumple lo que dicen algunos desenfadados: "Lo más limpio en el negocio de la basura... es la basura".
Otra fuente de corrupción, menos escandalosa y generalmente aceptada, está dada por los regalos. La Ley del lobby ha significado un progreso en la materia, pero no basta con conocer la lista de donantes. Los regalos que no tienen justificación clara deberían devolverse. Ahora bien, ¿quién ha oído que en Chile se devuelva un regalo?
En todo caso, la experiencia de otros países muestra que el mayor peligro, en materia de corrupción, no son los funcionarios públicos deshonestos. Lo más grave es que haya ciudadanos que, por evitarse un mal rato, callen ante las irregularidades de que son testigos. Funcionarios corruptos habrá siempre, pero mientras existan personas que los denuncien el país estará a salvo. En cambio, si como sucedió en Argentina se difunde la cultura del "no te metás", "no te hagás problemas", de nada servirán Contralorías, Jueces o Fiscales: la semilla de maldad estará sembrada, y solo faltará el paso del tiempo para que se transforme en una hiedra agobiante que todo lo abarca.
Crisis del Ministerio Público,
por Axel Buchheister.
Las desafortunadas vueltas y revueltas del Ministerio Público sobre los Fiscales que estarán a cargo del caso Penta y las demás aristas que están surgiendo, no constituyen un error aislado sino que son parte de una crisis más amplia.
Es un secreto a voces, consignado por múltiples reportajes de prensa, que tras de todo hay una pugna soterrada de poder interno, al borde del descontrol por la carrera que se inicia por suceder al Fiscal Nacional. Si bien es legítimo que los Fiscales Regionales aspiren a ocupar el cargo, no tienen derecho a ocupar el rol persecutorio de la institución para potenciar sus postulaciones, como si fuera propia. La autarquía con que se actúa ha llegado a tanto, que hasta rebautizaron el organismo, pues en el hecho ya no se denomina como indica la Constitución -Ministerio Público-, sino que “Fiscalía de Chile”. Una reciente nota de prensa consigna que para ser designado Fiscal adjunto hay que ser abogado de adentro, porque los postulantes de afuera no tienen mayor chance: de los 257 nominados entre 2010 y 2014, sólo tres fueron externos. Esto, no obstante que la Ley prevé una carrera abierta a la postulación externa, para que haya competencia y se contrate a los profesionales con mayor potencial.
La responsabilidad de la pugna y la autarquía es del Fiscal Nacional, porque su tarea es gestionar el Ministerio Público, lo que supone controlar las fuerzas internas y aplicar la Ley. También las externas, en resguardo de la autonomía del Ministerio Público, en lo cual tampoco ha sido muy exitoso. No está demás recordar que cedió a la presión del Gobierno anterior para cambiar al Fiscal Regional a cargo del caso bombas, quien se negaba a formalizar a los sospechosos que arrojaba la investigación por no haber antecedentes contundentes. El que recibió el caso, sin ningún antecedente nuevo, los formalizó y el resultado es conocido: el caso se derrumbó en Tribunales y el autor de la formalización se fue a trabajar al Ministerio del Interior.
Más allá de los desaciertos, la causa de origen está en el diseño del régimen de nombramiento y remoción de los Fiscales Regionales. Los nombra el Fiscal Nacional, pero de una terna propuesta por la Corte de Apelaciones respectiva. Es decir, no puede nombrar a alguien cuyo perfil cree necesitar, sino a uno del grupo que la Corte piensa que llena el perfil que ella define. Pero la remoción es peor, ya que el Fiscal Nacional debe solicitarla a la Corte Suprema, basado en una causal legal. El máximo Tribunal le ha dado a las peticiones de remoción una forma de juicio y ha fallado en derecho, cuando se trata de apreciar gestión y capacidad en el ejercicio de la función. Entonces, ¿cómo puede controlar el Fiscal Nacional a sus supuestos subordinados, si no tiene la facultad de separarlos del cargo?
Al considerar el cambio de Fiscal Nacional, la Presidente, la Corte Suprema y el Senado debieran comenzar por nombrar un sucesor ajeno al Ministerio Público, para que realmente haya un cambio. Y después, los colegisladores debieran repensar la estructura interna.
Genio y figura,
por Tamara Avetikian.
El mejor regalo antes de su discurso en el Congreso recibió Cristina Fernández de parte del Juez Federal Daniel Rafecas: desestimar la denuncia del fallecido Fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la Presidente argentina y a algunos colaboradores de intentar encubrir a funcionarios iraníes vinculados con el ataque a la mutual judía, en 1994. Una excelente noticia para ella y una decepción para quienes vieron en esa eventual investigación un golpe letal a la figura política de Cristina y al legado del kirchnerismo en año electoral. Más aún cuando las reacciones de la Mandatario tras la muerte del Fiscal, en Facebook y Twitter , fueron tan destempladas, inoportunas y poco adecuadas para una Jefe de Estado.
¿Fue un fallo ajustado a derecho o tenía componentes políticos? El largo escrito de Rafecas, desmenuza las pruebas de Nisman y las rechaza todas. No acepta ninguna, y desecha las grabaciones por irrelevantes o contradictorias. Puede estar en lo cierto, pero la opinión pública argentina (y la internacional, también) se queda con un gusto amargo. ¿Cómo será posible que un Fiscal acucioso presentara una denuncia sin fundamento, sin aportar pruebas decisivas, o al menos que permitieran abrir una investigación más concluyente?
Y más allá del caso puntual, ¿se podrá saber alguna vez qué realmente pasó en 1994, y en los años posteriores en que las investigaciones se han sucedido, involucrando cada vez a más actores no solo extranjeros, sino locales? ¿Qué papel jugaron los servicios de inteligencia argentinos en el caso? Y la pregunta más apremiante: ¿Qué provocó la muerte de Nisman? Ninguna de las interrogantes tiene respuesta fácil; si fuera así, otro estado de ánimo prevalecería en Argentina. Hoy existe incertidumbre y una sensación de impunidad.
Seguramente nada del caso AMIA sea responsabilidad de la Presidente, pero de lo que sí ella debe dar cuenta es del ambiente de confrontación política y social que ha enrarecido la convivencia. No solo es el tema económico -acuciante para muchos que ven caer sus expectativas y niveles de vida a límites insospechados-, ni judicial, o el de la inseguridad ciudadana, sino un clima que, en palabras del analista Carlos Pagni, viene de una división del mundo, desde el Gobierno, entre "ellos" y "nosotros", un lenguaje que busca desacreditar al oponente e imponerse a toda costa.
En el ocaso de su mandato, no puede esperarse un giro político radical, ni menos un cambio en el estilo de Cristina (así se vio en el discurso de ayer). Me inclino a pensar que seguirá su combate, viendo enemigos en todos los frentes, en especial en el Judicial -donde hay abiertas causas por lavado de dinero contra ella y su hijo, Máximo-, pero también en el electoral. Con una oposición fortalecida y sin un candidato ganador, la Presidente enfrenta meses de grandes desafíos si quiere salvar el kirchnerismo.
Crisis en Venezuela,
por Michael Shifter.
Tras la detención del Alcalde de Caracas y figura de oposición, Antonio Ledezma, realizada por la Policía de Inteligencia venezolana el 19 de febrero pasado, algunos medios de prensa señalaron que el Presidente Nicolás Maduro había “cruzado la línea” que separa lo que había sido un Gobierno popular y Constitucional de lo que hoy se puede considerar un régimen militar. De hecho, esa línea había sido cruzada hace algún tiempo, durante los 14 años del Gobierno de Hugo Chávez.
Aún así, no hay duda de que la crisis de Venezuela se ha agravado desde la muerte de Chávez hace casi dos años. El caso Ledezma -el Alcalde fue detenido sin orden Judicial y acusado sin pruebas de organizar un golpe de Estado- revela la desesperación del régimen y su intención de distraer la atención e infundir miedo. Por ahora, la lista de problemas agudos es familiar: inflación alta, escasez generalizada, inseguridad ciudadana y corrupción desatada. La incapacidad del Gobierno de Maduro para tomar medidas correctivas es clara.
A la luz de la situación compleja, las predicciones son riesgosas. Es tentador decir que los días de Maduro están contados, especialmente si los precios del petróleo siguen cayendo. Pero también es posible que él continúe siendo Presidente por algún tiempo, tal vez hasta que termine su mandato en 2019. La oposición a menudo ha sido criticada con demasiada dureza -no es fácil ser una oposición en esas condiciones autoritarias-, pero no ha llegado con una alternativa creíble a las políticas actuales del Gobierno.
La reacción regional a estas violaciones de derechos fundamentales en Venezuela ha sido escasa y tardía. Recientemente, sobre todo después de la detención de Ledezma, el prolongado encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López y el asesinato de un joven de 14 años el 24 de febrero pasado en una protesta, cometido por un oficial de policía, ha habido expresiones de inquietud procedentes de Chile, Colombia y Brasil.
Los Gobiernos latinoamericanos están preocupados por el deterioro de la situación de Venezuela, pero la Diplomacia multilateral ha sido decepcionante. Incluso las leves críticas de la situación de los derechos humanos han provocado una agresiva respuesta del Gobierno de Maduro.
Sin embargo, no hay excusas para no tomar una posición pública más fuerte en la constante erosión de las garantías democráticas en Venezuela. En este caso, la Carta Democrática Interamericana de la OEA no logró su prueba más fundamental. Prácticamente no hay voluntad política de los Estados miembros para actuar juntos y presionar al Gobierno de Maduro para cumplir con sus obligaciones básicas. Unasur tampoco ha respondido eficazmente al desafío de Venezuela. Habrá que ver si la anunciada visita de los Cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil a ese país será capaz de lograr algo.
En América Latina, Brasil y Chile parecen ser los países con mejor posición para aplicar una mayor presión Diplomática y desempeñar un papel eficaz en asegurarse de que la crisis de Venezuela no se salga de control. Incluso en un escenario optimista, se necesitarán muchos años para que el país se recupere de su decadencia. Pero al menos es posible evitar que ocurra lo peor.
Hermetismo del Gobierno ante proyecto de desmunicipalización.
A pocos días de que se inicie un nuevo año Legislativo en el Congreso, el Gobierno parece encaminarse a repetir los mismos errores que cometió el año pasado con la tramitación de los proyectos de Ley que buscaban terminar con el lucro, el copago y la selección en la educación escolar. Estas iniciativas finalmente terminaron aprobándose en enero pasado, pero con diversas modificaciones a su contenido original, debido a los cuestionamientos que surgieron desde distintos sectores -incluso de la Nueva Mayoría- a las propuestas diseñadas por el Ejecutivo y a la forma en que éste condujo el debate de las mismas. En esa oportunidad, el Ministerio de Educación se mostró reacio a entregar detalles de las medidas y propiciar un debate prelegislativo; al contrario, sólo se limitó a defender dichas reformas mediante eslóganes y consignas, pero que no apuntaban a mejorar la calidad de la educación.
Ahora que el Gobierno tiene como prioridad impulsar cambios a la institucionalidad de la educación pública con un paquete de iniciativas Legales que incluyen la desmunicipalización de los establecimientos administrados por los Gobiernos locales, la actitud del Ejecutivo se estaría reiterando. Así lo manifestó hace unos días el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades -entidad que reúne a Municipios encabezados por Alcaldes de la Nueva Mayoría-, al acusar al Mineduc de actuar con “hermetismo” y “secretismo” en este tema y en el referido a carrera docente. Independiente de estas críticas, que deben ser recogidas por la autoridad, haría bien el Mineduc en acoger los planteamientos de los Municipios en materia de desmunicipalización, porque se trata de instituciones que cuentan con una vasta experiencia en la administración de la enseñanza pública, acumulada en más de tres décadas de gestión, cuando el manejo de la docencia fue traspasada desde el Estado a los Municipios con el objetivo de descentralizar la provisión de enseñanza y acercar los servicios educacionales al ámbito donde mejor se pueden percibir los requerimientos de la ciudadanía, como son los Gobiernos locales. Pero el Ejecutivo debe hacer esto dejando de lado las consignas y extendiendo también la discusión al resto de los actores involucrados, entre ellos, profesores y apoderados.
Hasta ahora el Gobierno no ha entregado evidencia empírica que demuestre que la desmunicipalización es el único o mejor camino para elevar la calidad de la educación pública. Tampoco ha explicado con argumentos técnicos y pedagógicos por qué los Municipios que obtienen buenos resultados académicos y de gestión deben dejar de ser sostenedores. Lo razonable sería que éstos pudiesen continuar ejerciendo esa labor y buscar los mecanismos y las herramientas adecuadas para que aquellos que tienen deficiencias, puedan superarlas. Y esto no es sólo un problema de recursos financieros. Es cierto que los Municipios acumulan una millonaria deuda en materia educacional, pero existe un evidente problema de gestión, como ocurre, por ejemplo, con la Subvención Escolar Preferencial, que le ha permitido a muchos colegios públicos mejorar el rendimiento de alumnos de escasos recursos, pero que diversos Municipios han terminado utilizando para cubrir otro tipo de gastos. Es de esperar que el Gobierno cambie su actitud en esta oportunidad y se abra a discutir abiertamente las reformas a la educación pública antes de ingresar los proyectos al Congreso.
¿Señales de reactivación de la economía chilena?
Desde mediados de 2011 vienen ocurriendo ajustes negativos en precios externos y en las condiciones financieras globales, que afectaron la inversión y el consumo en nuestro país. Durante 2014, el impacto de esos factores fue agravado por un deterioro de las expectativas de inversionistas y consumidores, a partir del profundo cambio en las reglas del juego que impulsa el Gobierno: más impuestos, revisión de regulaciones para potenciar a los sindicatos, sustitución de incentivos económicos y empresa privada por gestión burocrática y más Estado en sectores claves. Todo ello agudizó la desaceleración durante 2014, al punto de lograrse caídas récord de demanda agregada, que redujeron la tasa de crecimiento anual del PIB al 1,8%, mientras se asentaba a lo largo del año la expectativa de una recuperación lenta y de un deterioro permanente en la tasa de crecimiento potencial del país.
Un cambio importante de percepción ocurrió a partir de la cifra de Imacec de diciembre 2014, que mostró crecimiento en doce meses de 2,9%, un repunte significativo respecto del crecimiento promedio de 1,1% (en doce meses) en los seis meses previos. Desde entonces surgió la expectativa de que estos fueran “brotes verdes” indicativos de un repunte de la economía, lo que presumiblemente sería confirmado por cifras posteriores.
Las recientes cifras del INE dan importantes luces a este respecto. Nuevamente hay cifras positivas que apuntan a un Imacec de enero posiblemente cercano al de diciembre, gracias, básicamente, a un incremento muy relevante de 5,8% en doce meses, en el Índice de Producción Industrial. Sin embargo, de este incremento, casi todo (5,08%) es explicado por un componente: el Indice de Producción Minera, que creció 10,1% en doce meses, y que refleja un fuerte crecimiento en la producción de cobre (13,2% en doce meses) mientras el resto de la minería se contrajo en 6,7% en doce meses. Más allá del cobre, las cifras del INE no indican que en otros sectores (Manufactura, Electricidad Gas y Agua, Comercio Minorista, Construcción) las cifras de diciembre y enero representen un quiebre significativo de las tendencias que marcaron 2014.
Era predecible que luego de un período de fuerte inversión en la minería del cobre, tras la maduración que requieren los proyectos, iba a repuntar la producción, y que ello seguirá ocurriendo mientras los proyectos entran en producción. Pero es obvio que este fenómeno resulta de decisiones anteriores y que no altera el diagnóstico de una economía sin energías. Así, a partir de las cifras de enero, el mismo INE consigna: “El crecimiento en el consumo privado se mantiene bajo y la inversión ha continuado su tendencia negativa”. “Por el lado de los bienes durables, se observó una caída en las ventas nominales (-9,8%) y reales (-7,9%), siendo la mayor contracción presentada por este tipo de bienes en el índice base 2009. En el mismo contexto, las importaciones de bienes durables han vuelto a decrecer interanualmente, luego del repunte que habían presentado en diciembre de 2014”.
El enervamiento de la economía persiste, y sigue siendo prioritario corregir la estrategia estatista que afecta las posibilidades de bienestar en el país.
El impacto de la crisis de confianza en el sistema político.
La Presidente de la República ha instruido a los integrantes de su comité político para que elaboren una propuesta de marco institucional “que regule de manera eficaz y estricta la relación entre la política y los negocios”, según detalló el vocero de Gobierno. La convocatoria surge en el marco de las diversas investigaciones que desarrolla el Ministerio Público y que involucran denuncias sobre financiamiento ilegal de campañas políticas, tráfico de influencias y eventuales sobornos, entre otras.
No resulta, por cierto, el contexto más adecuado para encauzar un debate como el sugerido por el Gobierno, e incluso puede generar una señal confusa respecto de las instancias que están llevando a cabo las investigaciones de los casos que se han conocido, todos ellos de diferente origen y alcances. Es ilustrativo que los representantes del propio oficialismo hayan advertido esta semana sobre la dificultad de alcanzar un acuerdo en esta materia que sea tolerado por la opinión pública.
Si bien el Congreso ya se encuentra tramitando nuevas propuestas sobre regulación de financiamiento político, el Ejecutivo busca ganar respaldo ciudadano con regulaciones aún más estrictas que, como dijo su vocero, “garanticen que siempre prime la voz de los ciudadanos por sobre la voz del dinero”. Las expresiones del Ministro aportan poco en la tarea de recuperar las confianzas. En primer lugar, porque siembran una duda sobre la representatividad de las autoridades elegidas y, en segundo término, porque tienden a desconocer o ignorar la Legislación sobre financiamiento que rige en el país y que surgió, precisamente, por un acuerdo transversal. De hecho, las denuncias que hoy investiga el Ministerio Público se originan en el eventual incumplimiento de esta normativa.
Lo anterior no implica desistir de ajustes en el modelo. Siempre es posible y conveniente perfeccionar las regulaciones aplicables en estas materias, por ejemplo por la vía de ampliar los plazos de campaña o limitar los gastos que los incumbentes pueden cargar a asignaciones, para así incorporar mayor competencia en el sistema.
Además, sería dañino que se genere la idea que los casos conocidos se han producido por vacíos en la Legislación, porque hasta ahora el Ministerio Público y los Tribunales han avanzado normalmente en las investigaciones que se están llevando a cabo. Todo indica que un debate como el que se está convocando, en medio de las denuncias y cuestionamientos, no hará más que avanzar en medidas que pueden terminar por otorgar al Estado un riesgoso monopolio del financiamiento político.
Es oportuno también llamar la atención sobre la confusión que existe en el discurso oficialista, donde se han tendido a tratar como un solo tema todos los casos -Penta, SQM, Caval-, en circunstancias que cada uno de ellos es de índole diferente y no pueden ser reducidos sólo a un problema de relación entre la política y los negocios; no al menos si el objetivo es generar una discusión seria y fructífera al respecto.
El problema institucional que se ha generado ya no es puramente normativo, sino que se trata de un deterioro generalizado de la confianza de la población en los distintos actores políticos que -como lo vienen advirtiendo las encuestas- se arrastra por largos años y ha ido sumando ingredientes que van desde pequeños privilegios hasta irregularidades investigadas por la Fiscalía. Frente a este retroceso en la imagen de la política, buena parte de sus protagonistas respondió con indiferencia o con la contratación de asesorías comunicacionales que apenas vislumbraron la profundidad de esta pérdida de respaldo entre la opinión pública.
La tarea, por lo mismo, consiste en recuperar la confianza de una ciudadanía que hoy cuenta con mayor acceso a la información, que exige transparencia y que tiene a la mano diferentes vías para expresar su malestar. El peso de esta tarea radica en los diferentes protagonistas de la actividad pública, incluyendo al propio Ministerio Público que, tras los sucesivos cambios de dependencia en las investigaciones de los casos Penta y SQM, debe ahora ofrecer las más amplias garantías de independencia y responsabilidad en su accionar.
No basta con “pedir humildemente perdón” por “el perjuicio que ha provocado esta situación a la Presidente”, como dijo el renunciado director sociocultural de La Moneda. Más coherente sería, por ejemplo, que la cuestionada sociedad en la cual trabajó dejara voluntariamente en suspenso la percepción de los beneficios que le significó el negocio investigado, mientras no se aclaren las serias dudas en torno a su legitimidad.
Se requiere mucho más que reuniones de último minuto, declaraciones altisonantes y negociaciones con todos los sectores políticos, para conseguir respaldo ciudadano a un nuevo marco institucional.
La profundidad del daño que se ha causado hace muy difícil que se logre respaldo a cualquier reforma que se pretenda impulsar, sin que surja la sospecha en la ciudadanía de que se trata de un nuevo privilegio o excepción a favor de quienes desempeñan cargos o funciones políticas. Por eso, convendría una mayor reflexión y profundidad en el diagnóstico de las causas de lo que ha ocurrido, para -a partir de dicho análisis- iniciar un proceso de revisión institucional, no sólo de las normas sino también del modo de proceder de quienes participan en la política.
La amenaza de Boko Haram.
En abril del año pasado, el secuestro de 219 niñas puso en el centro de la atención mundial al grupo yihadista nigeriano Boko Haram. Diversas personalidades a nivel mundial se movilizaron para exigir la liberación de las estudiantes. Incluso la Primera Dama de Estados Unidos, Michelle Obama, apareció exhibiendo un cartel con la leyenda “BringBackOurGirls” y Washington envió a 80 efectivos militares a Chad para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, a casi un año de ese lamentable episodio, la comunidad internacional parece haber perdido interés en Boko Haram, pese a los peligros de desestabilización que supone para el oeste de Africa y a que aún se desconoce el paradero de las jóvenes secuestradas.
La amenaza de esta organización terrorista dejó de estar circunscrita sólo a Nigeria y ha comenzado a extenderse a varios países vecinos como Camerún, Chad y Níger, lo que obligó a movilizar a una fuerza conjunta para intentar contener su avance. Diversas organizaciones no Gubernamentales han revelado la brutalidad y la violencia del grupo, que según Human Rights Watch, ha ido avanzando y ya controla más de 17 pueblos en Nigeria. Incluso las elecciones Presidenciales en ese país, previstas para principios de febrero, fueron suspendidas por la comisión electoral porque no era posible garantizar la seguridad de los votantes en el noreste del país.
La experiencia reciente de lo que está ocurriendo con el grupo radical Estado Islámico en Medio Oriente es el ejemplo más claro de los peligros de reaccionar tarde ante el avance de los yihadistas. La comunidad internacional debe asumir que la amenaza de Boko Haram está lejos de ser un problema exclusivo de Nigeria y obliga a una reacción más decidida y coordinada para evitar que el grupo siga progresando y ponga en riesgo la estabilidad de toda la región. Sobre todo considerando los vínculos que existen actualmente en el yihadismo internacional.
El gas ruso como arma.
La crisis de Ucrania ha llevado finalmente a que la Unión Europea busque una solución para los problemas de su mercado energético, dependiente de las importaciones y con costos cada vez más altos. Como bloque, la UE es el principal importador de energía del mundo y el 40% lo obtiene desde Rusia. Pero la creciente tensión entre ambas potencias ha obligado a buscar nuevos proveedores.
El Presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con cortar el suministro de gas hacia Ucrania, por donde pasa el 40% del combustible hacia la región. De concretarse, sería la cuarta vez en la última década que Rusia utiliza los envíos de gas como un arma en su conflicto con el Occidente. Esta vez, Putin se escuda en la necesidad de asegurar el pago del Gobierno ucraniano a Gazprom, pero el anuncio coincide con la decisión de la UE y Estados Unidos de evaluar nuevas sanciones ante la insistencia de Rusia de apoyar militarmente a los separatistas en Ucrania.
La Comisión Europea ha decidido responder con una propuesta de largo plazo y esta semana presentó su plan para crear un mercado único de energía. El plan es ambicioso. No solo aborda la transformación de la matriz energética, fijando metas para el cambio hacia fuentes renovables (27% a 2030); también apuesta por reducir el consumo en un tercio, impulsando la eficiencia, y elimina las barreras para la distribución del suministro entre los 28 países. El plan genera rechazo en naciones como Alemania, pues supone entregar aún más soberanía a Bruselas, que tomaría el control de la negociación de los contratos.
El eje central del programa, sin embargo, está en la ampliación de las fuentes de energía. En su declaración, la Comisión deja en claro la necesidad de coordinar, o incluso subordinar, la política exterior a la energética. Esto incluye replantear la relación con Rusia y con Ucrania, pero además abrir el mercado a otros proveedores, creando alianzas con actores cada vez más relevantes en el comercio del gas natural.
El que este sea un tema más geopolítico que económico queda claro al revisar la lista de los potenciales nuevos socios estratégicos. En la lista aparecen en segundo lugar Noruega, Canadá y Estados Unidos, para dar prioridad a alianzas con Turquía, Azerbaiyán, Argelia y Turkmenistán. Estos cuatro países están entre los menos democráticos del mundo, con Gobiernos acusados de autoritarismo y violaciones recurrentes a los derechos humanos y políticos, pero al mismo tiempo con posiciones geopolíticas estratégicas.
Acercar a Azerbaiyán a la UE supondría limitar el avance de la influencia de Rusia sobre el Cáucaso, precisamente cuando se especula de la intención de Putin de volver a configurar la extinta Unión Soviética. Turquía, Turkmenistán y Argelia podrían jugar un rol clave en la guerra contra agrupaciones terroristas islamistas como Estado Islámico o Al Qaeda. Estos cuatro países también tienen en común la creciente cercanía con Rusia.
En lo económico, el plan de la UE confirma la necesidad de las naciones de apostar por una apertura del mercado para lograr precios y servicios más eficientes. En lo político, revela el rol cada vez más primordial de los commodities energéticos, llevando a que una región completa, que se dice defensora de la democracia, profundice alianzas con Gobiernos con prácticas cuestionables a cambio de frenar a su rival más fuerte.
Esta página solidariza con la lucha del pueblo
venezolano por recuperar sus libertades...
