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| Leyendo, como siempre, la Presidente Bachelet nos habló de los momentos dolorosos que ha pasado como madre, asegurando que se enteró por la prensa de la reunión de su hijo con el dueño del Banco Chile. Poco créible nos pareció. |
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| La encuesta Cadem Plaza Pública de esta semana muestra una caída de 9 puntos en la aprobación del Gobierno de Bachelet, que alcanzó un magro 31% y un aumento de 8 unidades en la desabrobación que se elevó a 54%. |
Desigualdad,abuso y Dávalos.por Alfonso Andrés Swett.
Si usted le pregunta a una persona en la calle sobre cual es el índice Gini (desigualdad) de Chile, casi nadie estará cerca del número verdadero. Si pregunta si el Banco de Chile (en el préstamo a Dávalos y su señora) transgredió el artículo 84 Nº 1 y lo que dicen al respecto las normas de la Superintendencia de Bancos, le aseguro que casi nadie se interesará. Lo que muchos no han entendido en Chile es que la gente no necesita sólo de números (mediciones de bienestar) o leyes (instituciones funcionando correctamente) para formarse una opinión. Mucho más importante para juzgar el presente es el sentimiento de moral ciudadana de hoy.
El viernes, la Jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público anunció que Dávalos y su señora serán citados a declarar. El próximo miércoles, el ex Presidente del PS (Gonzalo Martner) solicitará al partido investigar sobre un posible atentado de los militantes Dávalos y Compagnon contra la ética y la transparencia pública. Sin embargo, el sentimiento moral que ya se han formado los ciudadanos no necesita del pronunciamiento del Ministerio Público ni del fallo del PS para aflorar.
El sentimiento moral ciudadano es mucho más lógico y simple. Los ciudadanos saben que la peor manifestación de desigualdad es el abuso. Ningún ciudadano cree que a un taxista de esfuerzo y trabajo (dueño de un taxi de $10 millones), el dueño del banco chileno más grande le dará una reunión. A pesar de que ese taxista haya formado un capital mayor que el que tenía la empresa de Dávalos y su señora ($6 millones). El sentimiento moral ciudadano sabe que ahí hay abuso de poder de Dávalos, al pedir una reunión en calidad de hijo de la Presidente. Ningún ciudadano cree que, en dicha reunión, el dueño del banco le prestará a este taxista $6.500 millones para comprar un terreno el cual, sin agregarle ningún valor empresarial (mejoras o transformaciones), le permitiría en unos meses pasar a formar parte del 1% más rico de Chile, al ganar $2.500 millones. Acá es donde el abuso de poder de Dávalos genera la desigualdad de oportunidad e ingresos a favor de él y su señora. Este sentimiento moral ciudadano también es lógico y simple al mirar a la Presidente Bachelet. Los padres y las madres no tienen por qué pagar los pecados de sus hijos, siempre y cuando no sean parte del pecado.
Los amos del silencio,por Joaquín García Huidobro.
Entre las estrategias políticas más ingeniosas, hay una que nuestra izquierda maneja casi a la perfección: la de responder con el silencio a ciertas acusaciones. No es un método infalible: en el caso Dávalos quiso emplearla y no le funcionó. Pero, generalmente, le resulta muy eficaz. Un buen exponente de este procedimiento es el senador Girardi, que cuanto mayor sea la acusación que se le hace, más profundo el mutismo en que se sume. Así, con pocas explicaciones y mucho silencio ha sorteado tsunamis que a cualquier otro lo habrían aplastado (boletas falsas en el caso Publicam; 24.648 cartas a los PPD, mandadas con fondos del Congreso, etc.). Pero no es el único: también son famosos los silencios de Bachelet, que revelan su extraordinaria capacidad de controlar los tiempos de la política (recordemos su famoso "¡paso!" ante un emplazamiento del Presidente Piñera).
Veamos dos casos de los últimos meses que nos muestran cómo nuestra izquierda maneja los silencios. El primero tuvo lugar en la misma época del caso Penta. Se trataba de cinco facturas por 174 millones de pesos, emitidas por Aguser Ltda. a favor del comando presidencial de Michelle Bachelet, que presentaban una apariencia particularmente sospechosa. ¿Qué hizo este comando? Simplemente dijo: "¡La derecha está tratando de empatar con el caso Penta!", no dio muchas explicaciones y guardó silencio. Ante una acusación de tamaña profundidad intelectual, la oposición quedó paralizada y no siguió adelante con sus acusaciones.
Por su parte, la fiscalía, que tan celosa se había mostrado a la hora de investigar hasta la última conexión del caso Penta, ni siquiera se tomó la molestia de pedir explicaciones a Sergio Díaz, el dueño de Aguser. Quizá este asunto de las facturas sea de lo más inocente, pero no cabe duda de que la estrategia de la izquierda ha sido muy exitosa, aunque de paso revela que, más allá de empates o desempates, en materias de financiamiento de la política hay que hacer cirugía mayor.
El segundo caso afecta al reemplazante del ministro Hernán Vodanovic en el Tribunal Constitucional, el socialista Nelson Pozo. Como los miembros de este organismo han terminado por ser objeto de cuoteo partidista, y el cupo le correspondía a un militante de esa tienda, el Senado despachó el asunto en pocos minutos. La elección parecía fácil, porque, aunque en la izquierda hay muchos juristas destacados, el candidato en cuestión poseía grandes méritos académicos y sus libros son ampliamente reconocidos.
Lamentablemente, esta hermosa ceremonia republicana fue empañada por una investigación periodística de El Líbero, que mostró que la principal publicación del profesor Pozo recogía textualmente (sin hacer las correspondientes citas) numerosos pasajes de una obra argentina. Ni corto ni perezoso, Pozo empleó el arma del silencio: se limitó a decir que ese texto era de hacía treinta años y que en todo ese tiempo nadie había dicho nada (notable argumento). Después guardó silencio, un silencio tan eficaz que el Senado no tuvo problemas en elegirlo.
Lo notable es que no solo unos juristas argentinos han sido objeto de plagio por parte de nuestro académico y ahora ministro. En estos días se ha descubierto que en otra publicación copia un capítulo entero de la obra de un estudioso español, Perfecto Andrés Ibáñez. Su tendencia a plagiar pareciera obedecer a un trastorno compulsivo.
Las obsesiones son útiles en la judicatura, pues hacen que la gente trabaje mucho y de manera concentrada, pero en este caso no sucede así. Si la razón para elegirlo fueron sus méritos académicos, y resulta que parte significativa de esos merecimientos son de cartón, entonces no hay razón para que ocupe un puesto nada menos que en nuestro TC, una institución que exige un nivel moral muy superior al promedio de los chilenos.
¿Y cuál ha sido su respuesta a la denuncia de esta semana? Nuevamente el silencio.
Dos esperanzas nos quedan a los chilenos ante los casos vistos. En el primero, que la fiscalía tenga el tiempo y la energía suficientes para investigar también el asunto de las facturas al comando de Bachelet de un modo que nos deje tranquilos. En el segundo, que el ministro Nelson Pozo recapacite (por un plagio semejante terminó en 2011 la carrera de Karl Th. zu Guttenberg, la estrella de la política alemana). En suma, ya que hizo algo que no se condice con su actual dignidad, corresponde que nos muestre lo que hacen las personas correctas cuando resultan moralmente inhabilitadas para ocupar un cargo público: renunciar. Perderá un cargo, pero recuperará algo más valioso y duradero: su honra.
Escándalo,por Juan Andrés Fontaine.
Así se llama una popular serie televisiva que, con harta exageración pero también con acierto, ilustra cómo los escándalos de políticos y empresarios se han tornado cotidianos en las democracias. La difusión de sus caídas no solo es manjar mediático, sino que ayuda a contener los abusos de poder porque provoca la repulsión de la ciudadanía. Pero, en el calor de la refriega política, las acusaciones suelen ser poderosísima arma contra los rivales y ser empleadas sin ningún ánimo por desentrañar la verdad.
Son, por cierto, repudiables los casos conocidos de evasión tributaria, financiamiento ilegal de campañas y negociaciones impropias de familiares de autoridades que han salpicado a todos los sectores políticos este verano. Corresponderá a los tribunales determinar culpas y sanciones. Aunque a escala internacional no son especialmente graves, que los trapos sucios se laven a la luz del día es sano para prevenir la peligrosa pendiente de la corrupción.
Por otra parte, es lamentable el descrédito de personas e instituciones que han prestado valiosos servicios al país. Excepciones aparte, la política chilena está muy lejos de ser el negocio turbio que hoy muchos denuncian. Inevitablemente, las campañas electorales cuestan plata. Limitar excesivamente sus gastos o fuentes de financiamiento implicaría favorecer a los actuales titulares de los cargos, en desmedro de la saludable competencia de nuevas ideas y candidatos. La subvención Estatal ayuda a emparejar la cancha, pero debe ser proporcional a la votación obtenida y ello premia más a quien ya es popular. Nuestra Legislación sujeta las contribuciones particulares a límites y condiciones. Aunque mejorable, al mantener en reserva la identidad del donante, procura evitar el tráfico de influencias, así como desalentar aportes políticos subrepticios -sobres con billetes, facturas "ideológicamente falsas"- como los que se han conocido.
Más allá del financiamiento electoral, la mejor defensa contra la corrupción es la dispersión del poder. En una economía libre, abierta, transparente y competitiva no hay mayor espacio para el tráfico de influencias. Cuando impera la Ley pareja es poco lo que el empresario inescrupuloso puede conseguir del político amigo. La defensa de la propiedad privada, la libre competencia, la independencia y calidad de los reguladores, las políticas no discrecionales ni selectivas, son eficaces antídotos contra la corrupción.
A causa de las denuncias que la afectan, paradójicamente, se ha culpado a la centroderecha de estar al servicio de oscuros intereses. Su apoyo al sistema de economía libre y su rechazo al activismo estatal son precisamente antagónicos al otorgamiento o preservación de granjerías y privilegios sectoriales o individuales.
Estimo que, junto con exigir elevados estándares éticos a políticos y empresarios, sus partidos deberían hoy mostrar más convicción y coherencia en la defensa de una economía más libre, abierta, transparente y competitiva.
El silencio regional ante la situación de Venezuela,por Andrés Oppenheimer.
A juzgar por la débil reacción de las instituciones regionales como la OEA y la Unasur ante el arresto arbitrario del Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, y otros líderes de la oposición en Venezuela, es difícil no llegar a la conclusión de que estas organizaciones se han convertido en sociedades de protección mutua para regímenes represivos.
En lugar de exigir la liberación inmediata de Ledezma, al igual que la del líder opositor Leopoldo López y otros prisioneros políticos a los que las Naciones Unidas consideran fueron objeto de "arrestos arbitrarios", las principales organizaciones regionales y casi todos los Presidentes latinoamericanos brillaron por su ausencia.
Hace algunas décadas, cuando un país latinoamericano violaba las libertades democráticas, como Venezuela lo está haciendo ahora, los principales líderes democráticos de la región solicitaban reuniones urgentes a la Organización de Estados Americanos (OEA), que le exigía al país infractor comportarse de acuerdo a las normas democráticas de la región.
Cuando el ex Presidente peruano Alberto Fujimori cerró el Congreso de su país en 1992, toda la región respondió airadamente. Venezuela rompió relaciones Diplomáticas con Perú, Argentina retiró a su Embajador, y Chile y varios países más solicitaron oficialmente que se suspendiera a Perú de la OEA.
Y la OEA, después de varias reuniones urgentes, colectivamente protestó por las acciones de Fujimori, y lo obligó a convocar a elecciones anticipadas para elegir un nuevo Congreso meses más tarde.
Nada siquiera parecido a esto pasó la semana pasada cuando el Gobierno del Presidente venezolano Nicolás Maduro arrestó a Ledezma, uno de los principales funcionarios elegidos del país y alto dirigente de la oposición.
Maduro, que hace pocas semanas celebraba oficialmente la intentona de golpe militar del fallecido Presidente Hugo Chávez en 1992, acusa a Ledezma y a otros líderes de la oposición de "conspirar y organizar" acciones violentas contra su Gobierno. Anteriormente, Maduro había encarcelado a López con cargos similares, sin aportar pruebas serias en ninguno de estos casos.
El viernes , el Secretario General saliente de la OEA, José Miguel Insulza, expresó su "alarma" por los hechos en Venezuela. Pero en la ausencia de algún país miembro que pidiera formalmente una reunión de Cancilleres de la OEA, sus declaraciones cayeron en el vacío.
La Unión de Naciones de América del Sur (Unasur) anunció que enviará una delegación de Cancilleres -los Ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Ecuador y Colombia- a Venezuela en una fecha por determinarse, para observar la situación y luego convocar a una reunión regional.
Pero la Unasur es un foro conveniente para Maduro, porque ha sido la organización regional más amiga de su Gobierno.
El año pasado , cuando las protestas estudiantiles en Venezuela dejaron al menos 43 muertos y la oposición pidió una mediación internacional para detener lo que calificó como una masacre por matones paramilitares, los Gobiernos latinoamericanos convocaron a una reunión urgente de Unasur y enviaron como mediadores a los Cancilleres de los mismos tres países.
Pero la misión de Cancilleres de Unasur terminó ayudando a Maduro a ganar tiempo y diluir las protestas. Los Cancilleres de Unasur no solo no lograron la liberación de todos los estudiantes presos, sino que ni siquiera obtuvieron las más mínimas concesiones que pedían los estudiantes, como era el nombramiento de autoridades electorales independientes para las elecciones Legislativas de este año.
Anteriormente, en 2013, Unasur se había apresurado a bendecir la dudosa victoria electoral de Maduro, después de que un Tribunal Electoral pro Gubernamental lo había proclamado ganador por un mínimo margen, a pesar de acusaciones de fraude por parte de la oposición.
El Presidente de Unasur, Ernesto Samper, pidió el viernes un "diálogo" en Venezuela, y criticó las sanciones estadounidenses contra cinco docenas de funcionarios venezolanos sospechosos de corrupción y abusos contra los derechos humanos.
La reacción de Samper fue "absolutamente lamentable", dice el Director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. "No hay absolutamente ninguna conexión entre la cancelación legítima por parte de Estados Unidos de visas y cuentas bancarias de funcionarios venezolanos implicados en abusos a los derechos humanos y corrupción, y las detenciones arbitrarias en Venezuela".
Vivanco añadió que "estamos viendo un deterioro diario de las libertades fundamentales en Venezuela. Lo único que queda para detener esta escalada de abusos es la comunidad regional".
Mi opinión: Estoy de acuerdo. El problema es que no hay líderes regionales.
Es muy difícil entender por qué México y Brasil, que quieren ser vistos en el mundo como democracias modernas, se dejan intimidar por Venezuela y no exigen que las organizaciones regionales cumplan con su obligación de exigir el respeto a las instituciones democráticas en todos los países miembros.
Por eso, la OEA, la Unasur y otras organizaciones regionales se parecen cada vez más a grupos protectores de los abusos Gubernamentales, en lugar de serlo de los derechos democráticos.
Insistencia en política de gratuidad.
El Ministro Eyzaguirre ha anunciado que espera enviar el segundo semestre de este año el proyecto que dará inicio a la gratuidad en la educación superior a partir de 2016. Aún no hay una buena razón para promover esta política, que es costosa, de dudosa eficacia desde el punto de vista del acceso y muy regresiva. El argumento de que el acceso a esta educación es un derecho social y que ello exige su "desmercantilización" o ausencia de precio es teórica y empíricamente débil. Desde luego, aun si este servicio fuese gratuito, su acceso no está garantizado y tampoco la graduación. En los 60 en Chile esta educación era gratuita y la tasa de cobertura bruta no llegaba al siete por ciento y estaba reservada para los grupos de más altos ingresos.
Tienen que ocurrir muchas otras cosas antes para que la gratuidad en educación superior signifique mayor acceso. Y esas pueden verse afectadas negativamente por insistir en una política de gratuidad. El acceso de los grupos de bajos ingresos en Chile a la educación superior, por ejemplo, parece ser más elevado que en Argentina y Uruguay, a pesar de que en estos países las universidades Estatales son gratuitas. Ello en gran medida se explica porque las tasas de graduación de la educación secundaria son apenas poco más de la mitad de las chilenas (en torno al 40% versus el 79% en Chile). Esas bajas tasas de graduación afectan desmedidamente a los grupos de bajos ingresos y, por tanto, les impide a todo evento el ingreso a la educación superior.
La política de gratuidad en Chile podría costar entre 2 mil 200 y 3 mil millones de dólares. Una parte desproporcionada de estos recursos -la mitad o un poco más- beneficiaría a los estudiantes y familias que provienen del 20% de mayores ingresos. Esos recursos sustituyen dineros privados y significa dejar de invertirlos, por ejemplo, en apoyar una mejor educación secundaria o una tasa más alta de graduación en este nivel. No es evidente, entonces, cómo mejoraría el acceso a educación superior de los menos afortunados. No es raro, por tanto, que muchos países estén crecientemente privilegiando políticas de ayuda estudiantil bien diseñadas con cobro de aranceles. Por cierto, siempre es posible encontrar países con sistemas de educación superior gratuitos, pero que no son particularmente amplios en cobertura o tienen una carga tributaria que es difícil imaginar para Chile.
Se puede estar incurriendo, entonces, en importantes retrocesos en equidad en el país como consecuencia de la insistencia en esta política, demorando inversiones en otros ámbitos de la educación o de la política social que pueden ser mucho más provechosos desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades.
Caída de transacciones en bolsa chilena.
Desde niveles muy deprimidos a fines de 2013 (luego de una caída de 25% respecto de fines de 2010) los precios en pesos de las acciones de sociedades anónimas chilenas, medidos a través del IPSA, repuntaron levemente (4%) durante 2014. Esto se compara positivamente con casos como Perú y Colombia, donde las acciones experimentaron fuertes caídas en 2014; con Brasil, que mostró caídas marginales, e incluso con México, cuyos precios de acciones apenas subieron. Sin embargo, al mirar el volumen transado en estos mercados accionarios el panorama es enteramente distinto. Mientras en Chile dicho volumen cayó 21% entre 2013 y 2014, este creció en las otras plazas accionarias mencionadas, salvo en México, donde también cayó, aunque sólo la mitad que en Chile.
Estas cifras explican la preocupación surgida en torno al bajo nivel de transacciones accionarias en las bolsas chilenas. No se trata de un mero reflejo de menores precios de acciones, sino de un grado importante de enervamiento en los mercados financieros del país. Desde luego, la explicación basada en que no hubo apertura de nuevas empresas en 2014 es circular, en la medida que ello es consecuencia de los mismos factores más profundos en operación y que es urgente detectar, analizar y corregir.
Parte de la reticencia a transar acciones chilenas puede derivar del deterioro en la imagen del mercado financiero chileno, a partir de episodios puntuales -pero de fuerte impacto- que afectaron intereses de inversionistas. Al respecto -sin perjuicio de precisar los verdaderos alcances de las actuaciones irregulares, para evitar percepciones exageradas- no cabe sino mantener una actitud vigilante y sancionadora por parte de las autoridades reguladoras y las bolsas de comercio. En una perspectiva de largo plazo, sin los esfuerzos de estas entidades por generar un ambiente más confiable no habrá un desarrollo vigoroso del mercado de capitales chileno.
Pero la mayor explicación al marasmo bursátil deriva de la cautela que impone una aparente evolución del país, sin restricciones efectivas, hacia el Estatismo. La provisión de servicios educacionales con participación de entidades con fines de lucro, que generó un mejoramiento educacional y proyectos probadamente más atractivos para la población, dará paso a una educación en manos de empleados públicos -que por cierto también tienen fines de lucro- sin que se conozca de regulaciones o incentivos eficaces para evitar la falta de calidad y control propia de las soluciones puramente Estatales.
Se promueve, sin contrapeso efectivo, un fortalecimiento sindical que va a dañar el mercado laboral. Se aspira a revisar los derechos de aprovechamiento de aguas que dan su valor a las tierras agrícolas. Los mayores impuestos aplicados ya comienzan a parecer insuficientes en la nueva realidad del país. Así, no es posible descartar que el colapso de las transacciones accionarias sea una manifestación más de la credibilidad lograda por hipótesis de alteración profunda del régimen económico chileno. La coalición de gobierno tiene la responsabilidad de ajustar esa expectativa si sus propósitos son más acotados que lo que fluye de la discusión actual.
Extensión de la delación compensada.
La delación compensada es una herramienta que se encuentra en los límites del Estado de Derecho y ha sido considerada -muchas veces incluso solo temporalmente- para desbaratar organizaciones terroristas o hacer frente a peligros semejantes para la sociedad en su conjunto.
Este carácter limítrofe no se debe a que con la delación se crean incentivos para la traición, pues así como nadie estaría obligado a cumplir una promesa abiertamente inmoral, tampoco una organización criminal sería acreedora, en cuanto tal, de un auténtico deber de lealtad. La razón principal radica en que al aplicar la delación compensada, el Estado negocia con quienes reconocen haber cometido un delito de alta gravedad y les ofrece inmunidad a cambio de información. En lugar de perseguir y sancionar el hecho ilícito, se hace una excepción a favor del delator. Por eso es un asunto delicado que el Ministro (s) de Hacienda afirme, en línea con un planteamiento previo del Superintendente de Valores y Seguros, que se está estudiando introducir la delación compensada como herramienta para el combate de los delitos contra el mercado de valores.
Hay fundamentalmente dos formas de justificar o incorporar al "contrato social" una institución como la delación compensada. Se puede argumentar que es un mal necesario, tolerado por razones de utilidad social, ya que sin ella sería imposible desbaratar organizaciones criminales, caso en el que lo único relevante será que la información entregada sea suficiente para compensar y eventualmente superar el mal que implica la negociación e inmunidad. Si se argumenta, en cambio, que la inmunidad es una gracia o perdón que se concede al criminal una vez establecida su responsabilidad, entonces pasan a ser relevantes también otras consideraciones. Por ejemplo, ese perdón no puede estar en manos de una agencia administrativa, sino que debe ser prerrogativa Judicial, y la inmunidad solo puede beneficiar a alguien cuya responsabilidad ya ha sido constatada, es decir, la persona debe soportar igualmente los costos del proceso penal. Un debate serio sobre el tema debe hacerse cargo del fundamento de la institución para definir sus alcances y la forma en que se conjuga con el Estado de Derecho.
Por otra parte, la delación en delitos contra el mercado de valores presenta desafíos institucionales importantes. Si se siguiera un modelo utilitarista como el que existe en materia de colusión -que, sin embargo, conforme al DL 211 no es delito-, la agencia encargada de administrar el beneficio sería únicamente la Fiscalía, pues la SVS, aunque tiene la obligación de denunciar, no es parte en el proceso penal.
La necesidad de compatibilizar las facultades Constitucionales exclusivas del Ministerio Público con las competencias de una agencia administrativa como la SVS podría hacer ineficaz la delación que se encuentra en estudio, pues no resulta posible garantizar total inmunidad al delator sin dotar a la decisión adoptada en un ámbito de efectos obligatorios en el otro. Y esto es lo que resulta Constitucional e institucionalmente dudoso.
Injerencia indebida.
Más de 50 Diputados enviaron una carta al Papa Francisco en la cual solicitan la revisión del nombramiento de Juan Barros como Obispo de Osorno. La petición se sustenta, de acuerdo a sus patrocinantes, en antecedentes que vincularían al mencionado sacerdote católico con el llamado caso Karadima, específicamente en calidad de encubridor.
Como es sabido, sobre el Obispo Barros no pesan investigaciones pendientes ni delitos probados, tanto en la Justicia civil como en la canónica. Pero no es allí donde radica el principal problema de la intervención de los Diputados. Según uno de los firmantes, “estamos convencidos de que el Papa no tuvo a la mano la suficiente información al momento de nominar a Barros como Obispo de Osorno”, por lo que sería función de los Congresistas chilenos hacerle llegar esos supuestos antecedentes.
No es así. La carta constituye una intromisión indebida en los asuntos propios de una institución autónoma e independiente, como es la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia constituida en el país. Más allá de los requerimientos que la Ley impone a estas instituciones y del marco Jurídico general al que están sometidos todos los ciudadanos, no existe ningún otro aspecto de su orden interno que requiera intervención de poder alguno del Estado.
De la misma forma como, ante los más diversos temas de interés social, muchos Parlamentarios reclaman una indebida injerencia de la iglesia, un mínimo de coherencia exige que tampoco exista intervención de representantes del Estado en las decisiones propias de esta institución. Por lo mismo, no parece prudente que la Embajada chilena ante el Vaticano, como han solicitado estos Diputados, curse la carta ante las autoridades de dicho Estado, no al menos si se respeta la autonomía de su Gobierno en la toma de sus decisiones internas.
Espionaje.
El Canciller Heraldo Muñoz ha sido contundente en señalar que Chile no ampara que se realicen actividades de espionaje en otros países, como tampoco las admite en nuestro territorio. De esa forma abordó la seguidilla de declaraciones de las autoridades peruanas frente a la denuncia de la existencia de una supuesta red de espionaje chileno en el país vecino.
Hemos visto en otras ocasiones que cuando los sondeos de opinión delatan el bajo apoyo con que cuentan las autoridades Gobernantes de nuestros vecinos, se recurre a intentos patrioteros de denunciar actividades de espionaje. Bien saben los expertos que, con la tecnología satelital de la que hoy se dispone, los agentes en terreno no serían necesarios en términos de espionaje y sólo satisfacen las añoranzas de quienes son partidarios de un antiguo oficio que hoy se realiza por internet, como se ha visto en los recientes casos de ciberespionaje chino y coreano.
Lo que sorprende, como ha dicho la propia prensa peruana, es que recién ahora se ha venido a denunciar a esta supuesta red, descubierta en agosto pasado. Si a ello se asocia a la impopularidad en que ha caído el régimen de Humala y, muy particularmente, el Ministro de Defensa Cateriano, no les ha venido mal este caso, que incluye convocatoria de consejos extraordinarios, cita con ex Mandatarios y figuras relevantes como Alan García y Ekeiko Fujimori. Tampoco les ha venido mal, luego de tales encuentros, acusar a Chile de estar cometiendo actos inamistosos, pues tal como ha sido la estrategia de Evo Morales, con eso se logra unificar la opinión de la ciudadanía y fortalecer al Gobierno.
La prensa peruana más seria se ha detenido en señalar que en la baja de popularidad del Gobierno, incluidos el Presidente y su esposa, hay una razón recurrente de Humala para buscarse enemigos. Tampoco han estado ausentes las investigaciones sobre dinero venezolano para la campaña electoral, lo que habría terminado en adquisiciones inmobiliarias.
Para hacer patente su descontento, el Gobierno peruano ha cursado una nota Diplomática y ha llamado a su Embajador en Santiago a consulta. A ello ha respondido nuestro Canciller de forma categórica: "Chile no ampara ni permite acciones de espionaje". Es lo que correspondía decir y, desde luego, proceder a la investigación interna. Una respuesta concisa, que tiene muy en consideración el fortalecimiento que han alcanzado las relaciones entre Chile y Perú.
Venezuela en rumbo de colisión.
El Alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma -férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro-, fue detenido por fuerzas de seguridad del Gobierno de Venezuela, acusado de participar en actividades conspirativas, luego de que fuera uno de los firmantes del documento “acuerdo para la transición”. El brutal hecho generó un fuerte revuelo interno, agudizando la tensión que existe entre el chavismo y la oposición, y generó una ola de repudio a nivel internacional y honda preocupación por la suerte que pueda correr el país, a medida que el régimen ha hecho evidente una descarnada represión hacia las fuerzas que se le oponen.
Ledezma, un respetado político venezolano de credenciales democráticas incuestionables, ha sido una potente voz opositora al régimen de Maduro. El 11 de febrero suscribió el documento “Llamado a los venezolanos a un acuerdo nacional para la transición” -firmando también por la destituida Congresista María Corina Machado y el disidente Leopoldo López, quien lleva un año encarcelado, también acusado de conspiración sin prueba alguna-, en el cual se da cuenta de que Venezuela vive una situación de alta precariedad producto del modelo impuesto por el régimen. Se diagnostica que en el “muy corto plazo puede llevar a una emergencia humanitaria”, y que el Gobierno de Maduro entró en fase terminal. Por ello se propone un acuerdo de tres puntos, para restituir las libertades conculcadas y enfrentar la grave crisis económica por la que atraviesa el país.
Maduro consideró este manifiesto como un intento de golpe de Estado, y por ello ordenó la detención de Ledezma, la cual se desarrolló de manera violenta y sin orden Judicial. Fue encapuchado y llevado hasta la prisión militar de Ramo Verde, la misma donde se mantiene prisionero Leopoldo López. Allí la Fiscalía le levantó cargos por conspiración y asociación para delinquir, ambos delitos penados con duras sanciones.
La decisión de comenzar a reprimir abiertamente a la oposición venezolana da cuenta de un régimen que ha comenzado a transitar peligrosamente hacia una dictadura, alejándose por completo de los estándares democráticos. Ello debe ser denunciado enérgicamente, porque constituye una amenaza para la región y ciertamente un peligro inminente para la integridad de quienes se oponen al régimen. Este ya ha sofocado a los medios de comunicación que no les son afines, y el que haya optado por encarcelar a dos de los principales líderes de la oposición es una muestra de que se ha entrado en una espiral que podría hacerse insostenible.
Venezuela atraviesa por una grave crisis económica, con una inflación que se acerca al 70%, y una economía que está en aguda recesión, agravada por la caída del precio del petróleo. Ello ha llevado a una escasez de productos básicos, las tasas de homicidio en Caracas son una de las más altas del mundo, y el Gobierno ha intentado controlar precios, incluso enviando o amenazando con cárcel a los empresarios que no se ajustan a la política de precios oficiales. Un cuadro de esta gravedad exigiría del Gobierno asumir la crisis, enmendar el rumbo y abocarse a lograr grandes acuerdos para superar la situación. Lejos de ello, Maduro ha decidido atrincherarse en su “revolución” ideológica, para lo cual no ha dudado en aliarse con desprestigiados regímenes, como el de Irán.
Lamentablemente la región sigue guardando un silencio que en nada ayuda a la salida pacífica de esta crisis, y ningún organismo regional ha convocado a una reunión de emergencia para tratar el caso. El Gobierno chileno expresó una tímida reacción, desoyendo a su propia coalición, en la cual varias de sus más distinguidas voces hicieron llamados a una condena por lo sucedido. Sin una condena internacional decidida, es previsible que la situación de Venezuela se agrave.
Un baño de realidad en Francia.
Con una economía estancada desde hace tres años y un desempleo de 10%, el Gobierno socialista del Presidente francés, Francois Hollande, no ha tenido más opción que dar un giro radical en su política económica y asumir, por fin, reformas para aumentar la productividad y flexibilizar el mercado laboral.
Cuando asumió el poder en mayo de 2012, Hollande prometió impulsar el crecimiento de la alicaída potencia europea. En un primer intento, en línea con el pensamiento más radical de su partido, asumió que esto sería posible adoptando un discurso contra el sector privado. El plan también incluyó un alza de impuestos a las empresas y un tributo especial de 75% para los más ricos (del cual tuvo que dar marcha atrás). Mientras, prefirió ceder ante los poderosos sindicatos y frenar la demandada flexibilización del mercado laboral.
Desde entonces la economía ha crecido un agónico 0,3% promedio anual y el desempleo siguió subiendo, al igual que el gasto público, hasta hacer que el Gobierno fallara durante los dos últimos años en las metas de reducción del déficit Fiscal comprometidas con la UE. El discurso antiempresa y antiausteridad pronto perdió encanto entre los franceses y el nivel de aprobación de Hollande llegó a caer a un récord de apenas 12%.
Con este renovado impulso, y de la mano del Premier Manuel Valls, el Gobierno ha decidido implementar un programa de reformas económicas que busca reactivar la economía y recuperar la confianza de los mercados y de la UE. Las medidas ni siquiera aparecen demasiado radicales, pero han enfrentado la furiosa oposición de las centrales sindicales y del ala más extrema del socialismo francés, que intentó -sin éxito- bloquearlas en el Congreso. Las reformas incluyen el aumento de cinco a 12 los domingos en que el comercio puede abrir cada año, la reducción de burocracia para abrir nuevos negocios, la reducción de los costos y procedimientos de despidos, simplificación de resolución de conflictos laborales y la liberación de la industria de buses de larga distancia, así como la privatización de dos aeropuertos regionales. Emmanuel Macron, el Ministro de Economía, que dio forma al paquete de reformas, ha advertido bien que este plan supone un punto de inflexión para el socialismo francés.
La implementación de las reformas aún no está garantizada. Pero el compromiso mostrado por Valls y Hollande, y el voto de confianza entregado por el Congreso el jueves pasado, apuntan a que Francia está dispuesta a asumir lo inevitable: el camino al crecimiento y la confianza está en eliminar la burocracia, flexibilizar el mercado laboral, dar más oportunidades al sector privado y mejorar la productividad.
Una carta para meditar:
Señor Director:
Después de ver a la Presidente refiriéndose al caso Caval, se nota que habló y no dijo nada. No respondió las preguntas y perdió una gran oportunidad de abuenarse con la ciudadanía, que la ha castigado en las encuestas.
Sergio Correa Herrera.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
