 |
| La U, Palestino y Colo Colo a sus estrenos en la fase grupal de la Libertadores con realidades totalmente opuestas debutarán: los azules en crisis, los árabes irregulares y los albos (foto de archivo) en su mejor momento. |
Gobierno y mafia,
por Martín Krause.
¿Cual es la diferencia entre un Gobierno y una mafia? Ambos pretenden disponer del monopolio del uso de la fuerza en un determinado territorio. Ambos están dispuestos a utilizar la fuerza para sostener ese monopolio, si es necesario. Las diferencias se presentan en los objetivos, en algunos casos, y en los métodos, en otros.
El objetivo de la mafia es mantener el patrimonio o aumentarlo, y los ingresos que de allí se generan; sus ingresos son en parte forzosos (cuotas por protección), pero en gran medida voluntarios (ingresos por ventas de drogas, juego, etc.). Algunos Gobiernos también tienen como objetivo aumentar el patrimonio de los Gobernantes, y muy pocos el de aumentar la solvencia del Fisco; más bien la debilitan con constantes déficits y endeudamiento.
La gran diferencia está en los métodos. La mafia tiene sus reglas, pero no están escritas, y algo de democracia cuando los “capos” deciden elegir al “capo di tutti capi”, pero el resto de sus integrantes no tiene voz, y mucho menos quienes pagan las extorsiones. Un Gobierno tiene normas escritas que establecen limitaciones al poder y procedimientos para la toma de decisiones. Los Gobiernos suelen ser electos por una mayoría de los votantes y los Gobernantes solamente pueden utilizar la violencia tan sólo para combatir a quienes la utilizan en contra de los ciudadanos.
En Argentina esas diferencias se están borrando. Un Fiscal que denuncia al Gobierno aparece muerto en condiciones más que sospechosas, en una trama que involucra a políticos, espías, agentes y, cómo llamarlos, dirigentes de grupos de presión callejera “amigos” del Gobierno. Qué es lo que realmente ocurrió tal vez nunca se sepa, sobre todo si no se permite una investigación internacional y, como tal, neutra. Pero la conclusión que buena parte de la población saca es que el Estado se ha convertido en un instrumento de mafias que buscan proteger e incrementar sus patrimonios en lugar de proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos.
Tal vez el 18 de febrero salgan a la calle a expresar esto, respondiendo a un llamado de algunos Fiscales para honrar al Fiscal Nisman, pero en verdad para expresar su repudio ante los sucios manejos de la política.
¿Generarán acaso un proceso de toma de conciencia sobre la importancia de las instituciones republicanas que se refleje luego en las elecciones generales de octubre, o será simplemente una protesta más y los votantes llegarán a esa instancia con la resignación de ser libres por un día, para elegir a quien luego ejercerá un poder sin control?
Este es tan sólo uno de los dilemas que la Argentina enfrenta. El otro, por supuesto, es el económico. Por el momento es menos dramático, pero tiene la capacidad de involucrar de forma negativa no solamente a un funcionario, sino a toda la población.
El resto del año nos traerá un aluvión de noticias en los dos campos señalados hasta aquí, aunque con más diversidad respecto a lo expresado. El Gobierno se encontrará con una “batalla Judicial” y con una “batalla contra los mercados”. En el primer campo las noticias se referirán principalmente al enjuiciamiento de algunos funcionarios y empresarios “amigos”; en el segundo reaparecerá la lucha contra la voluntad de proteger el poder adquisitivo corriendo hacia el dólar. Juicios y dólar, un final cantado para todo Gobierno argentino.
Deficiencia en las declaraciones,
por María Jaraquemada.
A raíz del caso Dávalos, ha vuelto a la discusión la eficacia de nuestro régimen de declaraciones de intereses y patrimonio para prevenir o detectar conflictos de intereses y enriquecimientos ilícitos por parte de nuestras autoridades y funcionarios públicos.
Si bien la obligación de realizar estas declaraciones constituyó un avance en su momento, sin duda que hoy no se está cumpliendo su objetivo.
En primer lugar, estas declaraciones se están publicando en el sitio web de los órganos de la administración sólo por una decisión voluntaria del Poder Ejecutivo, ya que si bien son públicas, no existe la obligación Legal de hacerlo. De esta manera, la información que ahí se consigna tampoco es suficiente para detectar eventuales conflictos de interés, ya que ésta se entrega de forma muy limitada. Además, no se publica información acerca de las actividades profesionales o independientes que la persona realizó durante los meses previos a asumir el cargo, como tampoco el giro u objeto de las sociedades en que participa, ni información sobre los bienes o intereses de sus cónyuges o convivientes, salvo que se encuentren casados bajo el régimen de sociedad conyugal.
Asimismo, mucha otra información es voluntaria, como el avalúo Fiscal de los bienes, el patrimonio de las sociedades o los depósitos bancarios.
Estas declaraciones se presentan en formato PDF e incluso algunas son publicadas en su versión manuscrita, lo que hace muy difícil su procesamiento para la sociedad civil y los medios de comunicación. De este modo, es muy difícil obtener conclusiones con base en estas declaraciones sin tener que realizar una investigación exhaustiva y cruces con otras bases de datos, lo que impide un adecuado control social del actuar de nuestras autoridades.
No podemos desconocer que quienes ejercen una función pública tienen —como todas las personas— derecho a la privacidad, pero creemos que, en este caso, ésta debe ceder en pos de la transparencia y probidad exigibles a aquellas personas que ostentan un cargo público, como en muchas ocasiones lo han señalado nuestros Tribunales.
Es por todo esto que resulta urgente que la comisión de Gobierno del Senado le dé la máxima prioridad a la discusión del proyecto de Ley de probidad en la función pública, el cual viene a resolver muchas de las deficiencias aquí expuestas. Sin duda que aún puede perfeccionarse, pero ésta es una discusión que nuestro país —para restaurar las confianzas ciudadanas, tan debilitadas hoy por hoy— no puede dilatar más.
Atracción fatal,
por Joaquín García Huidobro.
La izquierda siempre ha mantenido una relación tormentosa con el dinero. Le atrae, pero su ideario prohíbe ese romance. Su mitología nos hace esperar que sus líderes sean sobrios ascetas, pues de lo contrario no resultan creíbles. Pero ya en la época de la UP, el diario opositor Tribuna se solazaba mostrando fotografías de las casas de los dirigentes socialistas y comunistas, donde se notaba que esas personas no vivían de la misma manera como pensaban. Algunos no se hacían mayores escrúpulos: soy comunista, pero no he hecho voto de pobreza, decía Neruda, pero muchos otros tenían cargas de conciencia cuando sentían la fatal atracción del dinero.
La vuelta de la democracia trajo un cambio de sensibilidad. Algunos agentes de la revolución se transformaron en prósperos empresarios; otros instalaron consultoras. Muchos exiliados y sus hijos estudiaron en las mejores universidades del mundo, de manera que, a su vuelta a Chile, estaban en condiciones de mostrar que el arte de ganar dinero no era patrimonio de la derecha. Figuras como Gladys Marín empezaron a escasear: cuando se prueba la business class es difícil volver a viajar en clase turista.
Ni tontas ni perezosas, las empresas captaron esa nueva sensibilidad. Primero de manera discreta, y luego sistemática, comenzaron a nombrar en sus directorios a personas de "sensibilidad concertacionista", como se decía de forma eufemística. En el fondo, era una astuta medida para ganar un acceso fácil a los intrincados pasillos del poder. La presencia de estos directores con habilidades diferentes se hizo especialmente atractiva en los sectores que son objeto de una intensa regulación. Un negocio redondo y relativamente barato, que mejoró sustancialmente el nivel de vida de esos privilegiados.
El paso siguiente consistió, directamente, en el financiamiento de las campañas de los políticos de izquierda. No se trataba ya de dar un poco de plata a algún izquierdista simpático, como lo habían hecho los padres de los actuales empresarios. Ahora, ciertos hombres de empresa financian directamente las campañas de políticos que, en muchos aspectos, no piensan como ellos. La generación de sus padres no habría visto con buenos ojos esa práctica, pero los tiempos han cambiado, las fronteras doctrinales son difusas y, piensan estos filántropos, la colaboración económica ayuda a reblandecer las cargas ideológicas.
Hoy tenemos en Chile a muchas personas de izquierda dedicadas al mundo privado. Es gente que está bien calificada, es emprendedora, posee olfato y, en consecuencia, tiene mucha plata. Otras, en cambio, siguen sintiéndose incómodas en el campo privado y prefieren libar en las venas del Estado. La multiplicación izquierdista de los asesores es perfectamente Legal, pero como muchas de esas personas ganan en el servicio público bastante más dinero del que conseguirían en el campo privado, resulta sospechosa y supone un daño para el país. Esas personas darán la vida para evitar que haya alternancia en el poder, porque su existencia depende de que puedan mantener esos trabajos entretenidos, fáciles y bien remunerados. La atracción se volvió adictiva.
El caso de Sebastián Dávalos es particularmente expresivo del modo en que la nueva izquierda se relaciona con el dinero. Mientras su madre es una persona sobria, que abomina de la ostentación, él tiene una sensibilidad diferente y se mueve de modo distinto. No se trata de que realice ilegalidades, que probablemente no necesita. A él le basta con moverse en las zonas grises del poder, deambular en el mundo de los implícitos, donde "yo sé quién eres y qué quieres, y tú sabes quién soy yo, de modo que no necesitamos decir nada".
Por eso mismo, el Sr. Dávalos representa un problema para la izquierda. Si el suyo es un asunto meramente privado, ¿por qué someter a dos Ministros al penoso deber de dar explicaciones? Y si es público, ¿por qué esconde la cara y se limita a una declaración patrimonial que solo nos permite saber que su nombre completo es Jorge Alberto Sebastián?
La figura de Dávalos incomoda a la izquierda por razones estéticas. Su prematura papada y su gusto por los autos de lujo muestran al país el rostro que fatalmente adquiere la izquierda cuando pierde la mística. Pobre Bachelet.
Que devuelvan la plata,
por Axel Buchheister.
La compra y venta de unos terrenos por una sociedad de la nuera de la Presidente, con la que también de hecho está relacionado su marido, ha dejado un margen de unos $ 2.500 millones. Una transacción que no tiene presentación, porque se hizo con un crédito bancario por el total del precio, recibido por quienes no tienen patrimonio ni la trayectoria suficientes, lo que no puede lograr ningún hijo de vecino, salvo que tenga influencias.
El Gobierno trató de distraer. Anunció que Sebastián Dávalos, para mostrar transparencia, realizaría las declaraciones de patrimonio y de intereses que nunca ha efectuado, aunque -dicen- no estaría obligado. Gentileza suya.
¿Qué tenían que ver las declaraciones omitidas? ¿Si se hubieren presentado antes, acaso esto no habría pasado? Por cierto que habría sucedido igual, porque ellas no arrojan luces sobre operaciones futuras que no se ajustan a la ética. De hecho, nada cambió la efectuada a última hora: no incluye los terrenos de marras, con los que Dávalos tiene evidente conexión. Seamos claros, las declaraciones no resolvían nada y la falta no ha sido lavada: de todas formas se quedarán con su parte de los $ 2.500 millones.
Pero, al menos, el punto ha servido para que cayéramos en cuenta que en el Estado existen intersticios que permiten saltarse las normas de transparencia. Según una interpretación de la Contraloría, no correspondía que Dávalos hiciera las declaraciones porque está “ad honorem” en el cargo. Curioso, porque de hecho está ahí y tiene capacidad de decidir nombramientos, gastos e inversiones en las fundaciones que Preside, y que manejan fondos públicos o aportes de privados de “buena voluntad”. Siendo así, es imprescindible la transparencia que suponen las mencionadas declaraciones. Si no le pagan, con mayor razón aún se requieren, porque la pregunta es ¿de qué vive Dávalos, entonces?
Una de las conclusiones de este caso es que deben suprimirse en el Estado todos esos cargos que son y no son, y que habilitan interpretaciones acomodaticias, como los Jefes de servicio que tienen rango de Ministro, y las fundaciones Presidenciales. La regla tiene que ser una sola para todos.
Ya antes Dávalos había creado polémica cuando se le vio en un lujoso auto descapotable. Luego se supo que eran cuatro de la misma marca. El explicó que los tenía la misma sociedad mencionada, para uso de los empleados. La Ley tributaria prohíbe adquirir automóviles a nombre de empresas; hacerlo tiene una serie de efectos tributarios. ¿Investigó eso Impuestos Internos? Aunque fue durante el anterior Gobierno, el SII nos debe una explicación.
Al final Dávalos tuvo que renunciar, aunque se presentó como víctima de la prensa, porque no cabía otra cosa. Lo que esperamos es que la Presidente vaya más allá y haga honor al planteamiento político central de su Gobierno: que no hay lugar a privilegios. Aquí igualdad significa devolver la plata lograda sólo por tener cercanía con el poder.
La Democracia Cristiana y el aborto.
La Democracia Cristiana se ha visto fuertemente tensionada a raíz del proyecto de despenalización del aborto bajo tres causales que envió recientemente el Gobierno. Destacados militantes han hecho ver que el partido ya fijó en 2007 una línea doctrinaria al respecto -durante su V Congreso Ideológico y Programático-, según la cual es contrario al llamado aborto terapéutico. Otros militantes han hecho ver que debe existir libertad de conciencia, e incluso agunas voces han solicitado que la postura se resuelva mediante un plebiscito.
Siendo el principal partido de la Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana no ha logrado hasta ahora marcar una diferenciación ideológica relevante en las distintas reformas que ha impulsado el Gobierno. Su rol se ha limitado a relevar “matices”, pero sin la capacidad de dejar su propio sello “moderador”. Por ello el tema del aborto aparece como uno de los pocos ámbitos donde cabría esperar que el partido marque una línea diferenciadora.
La Democracia Cristiana ya definió una postura muy nítida en relación al aborto, tal como quedó plasmado en los acuerdos del V Congreso Ideológico. Al inicio del extenso documento, se hace una cerrada defensa del derecho a la vida. También se indica que “el aborto es un atentado al derecho a la vida de cada ser humano. Frente al llamado aborto terapéutico, postulamos que es innecesaria una legislación que abra las puertas a la definición desde el Estado acerca de cuáles seres humanos pueden existir y cuáles no”.
Frente a una definición tan categórica, y que fue aprobada por los propios militantes, llama la atención que ante el proyecto de aborto se busque desconocer este acuerdo doctrinario o plantear autonomía. Ello implicaría una renuncia a sus propios postulados que, además de debilitar al partido políticamente, la ciudadanía difícilmente podría comprender.
Ucrania y el frágil orden mundial.
Angela Merkel y François Hollande lograron, casi a último minuto, que Kiev y los separatistas prorrusos aceptaran un alto el fuego. Pero tal como ocurrió tras el primer acuerdo de Minsk, en septiembre, lo alcanzado es todavía frágil: no será fácil llevar a terreno lo acordado en el papel.
El estallido de una guerra en Europa en plena segunda década del siglo XXI demuestra que el fin de la Guerra Fría y más de una década de lucha contra el terrorismo mundial no han garantizado la estabilidad ni la seguridad que requiere hoy el sistema político internacional. Tampoco la rapidez con que, ante situaciones de este tipo, las grandes potencias o bloques debieren actuar. La crisis en Ucrania sorprendió a la Unión Europea, enfrentada a sus problemas económicos y al aumento del euroescepticismo. Del mismo modo, EE.UU. está agotado tras años de combate en Irak y Afganistán, así como de intentar neutralizar cada nueva organización terrorista.
En la década de 1990, tras la desintegración de la antigua Yugoslavia, Europa fue incapaz de detener las masacres que convirtieron a los Balcanes en un infierno. Y EE.UU. solo aceptó involucrarse en el marco de la OTAN, específicamente en Bosnia-Herzegovina. Algo que el Gobierno de Bill Clinton intentó corregir años después en Kosovo. A más de veinte años, los retos para la seguridad en Europa -y el resto del mundo- siguen presentes, al igual que la incapacidad de las grandes potencias para lograr soluciones rápidas y eficaces. Las sanciones económicas no detienen las balas.
Guerra contra el Estado Islámico.
El Presidente Obama pidió hace poco la autorización formal al Congreso para el uso de la fuerza contra el Estado Islámico (EI), la organización terrorista ultrarradical. Para ello, el Mandatario invocó la Ley de Poderes de Guerra de 1973, "para usar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos como el Presidente determine que sea necesario contra el EI o personas asociadas a este", ya que "representan una amenaza al pueblo y la estabilidad de Siria, Irak, Medio Oriente y a la seguridad de EE.UU.".
De esta forma, la lucha contra el EI entra en una nueva etapa, porque la operación militar que EE.UU. y sus aliados iniciaron contra el grupo yihadista en julio del año pasado es técnicamente una prolongación de la guerra que comenzó en 2003 con el objetivo de derrocar el Gobierno de Saddam Hussein. Todo indica que el pedido será aprobado por el Capitolio, actualmente controlado por los republicanos, y que de esta forma Obama tendrá mayor legitimidad y libertad para articular una ofensiva que acabe con el EI.
A pesar de eso, la aprobación no será "un cheque en blanco", pues la resolución establece un plazo máximo de tres años para dichas operaciones y restringe el uso de tropas de combate estadounidenses en terreno, dejando abierta la posibilidad del uso de fuerzas especiales para operaciones de rescate de rehenes y trabajo de inteligencia, condiciones que avalan el discurso con que Obama llegó a la Casa Blanca, en términos de poner fin a las guerras heredadas de la Presidencia de George W. Bush.
En ese sentido, la confirmación de la muerte de la rehén estadounidense Kayla Mueller, trabajadora humanitaria capturada por los yihadistas en 2013 en Siria, debe haber pesado en la decisión de Obama. Especialmente tras reconocer que hubo intentos fallidos por rescatarla. Algo que Washington no desea se repita.
Nuevos problemas para el gobierno brasileño.
La Presidente Dilma Rousseff lleva apenas un mes y medio de su segundo mandato. Sin embargo, ha tenido que enfrentar momentos difíciles. Primero, su popularidad se desplomó en enero, al pasar del 42% de respaldo a apenas el 23%, producto de los escándalos de corrupción en la Estatal Petrobras. La ex Presidente de la firma, Graças Foster -cercana a Rousseff-, tuvo que renunciar. La solución no fue mejor: cuando se nombró a su sucesor, Aldemir Bendine -sin mayor experiencia en este ámbito-, cayeron las acciones de la petrolera.
Las proyecciones económicas no son auspiciosas, con expectativas de crecimiento del PIB igual a cero. Y Estados como Sao Paulo y Río de Janeiro viven una de las peores sequías de los últimos años; se habla ya de racionamiento eléctrico, medida tan probable como impopular.
Tras la ola de manifestaciones del año pasado, producto del descontento ante los millonarios gastos en que el Gobierno incurrió para organizar el Mundial de Fútbol, es probable que Rousseff haya considerado que el tema había quedado superado luego de su reelección en octubre. En realidad, está lejos de ser así. La combinación de estos frentes puede generar un escenario difícil para la Mandatario, así como para su Partido de los Trabajadores, incluso poniendo en peligro lo que es un secreto a voces: el posible regreso de Lula da Silva a la Presidencia.
Si Rousseff no resuelve pronto todos estos temas, podría enfrentar un panorama sumamente adverso en lo que resta de su mandato. Un escenario que el Gobierno no desea se concrete, sobre todo considerando que el próximo año Río de Janeiro será sede de los Juegos.
Habla Ricardo Salinas, Presidente de Anapaf, Asociación Nacional de Apoderados de la Fide, que rechaza la Reforma Educacional.
Un artículo de plena continegencia sobre la Reforma Educacional publicado en la edición del 16 de febrero de 2015 en el vespertino La Segunda:
“Cómo voy a inscribir a mi hija en un colegio del cual no conozco su proyecto educativo”.
Un inicio de año escolar marcado por movilizaciones y marchas se espera para marzo. A las acciones ya anunciadas por las Federaciones de estudiantes, se suman ahora en un frente común la Confederación de Padres y Apoderados (Confepa) y la Asociación Nacional de Apoderados de la Fide (Anapaf), en rechazo a la aprobación, hace menos de un mes, del proyecto de inclusión, que pone fin al lucro, el copago y la selección de alumnos en establecimientos públicos y particulares subvencionados.
Ricardo Salinas, Presidente de Anapaf —quien asegura que representa a 870 colegios particulares subvencionados en el país—, afirma que existe un descontento generalizado hacia la nueva normativa, porque generará el cierre de muchos establecimientos educacionales o su conversión a colegios particulares pagados.
"El vocero de Gobierno (Álvaro Elizalde) en sus discursos asegura que este proyecto representa lo que quería la inmensa mayoría de chilenos, pero no es así, la gran mayoría de los ciudadanos están disconformes con esta política y la rechazan".
El dirigente tiene una hija en el Colegio Josefino Santísima Trinidad, cuyo copago mensual en 2014 era de $94 mil, el monto máximo permitido por ley. Para este año, no sabe cuanto será. Comentó que el colegio aún no informa a los apoderados si se acogerá o no a la gratuidad.
— ¿Por qué nace la Anapaf?
—La Anapaf se crea en junio pasado en rechazo a la Reforma Educacional, pero no es su único objetivo. También queremos promover la participación activa de la familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje como base de un sistema educacional inclusivo.
— ¿Por qué se unieron a la Confepa?
—Esto se gestó en octubre pasado, cuando la Confepa nos invitó a unirnos a una de sus marchas. Comenzamos a participar en la contingencia pública e hicimos hincapié en que la reforma debía respetar la diversidad de proyectos educativos de los colegios y que había que partir por dar a los padres y apoderados una opción real ante cambios que sufrirían los establecimientos educacionales, ya que muchos colegios podrían cerrar o pasar a ser particular pagado.
— ¿Qué acciones impulsarán?
—Queremos demostrar la disconformidad que existe por el proyecto aprobado, ya que nos quitan la posibilidad de elegir dónde y cómo educar a nuestros niños. Por eso, en marzo informaremos a los padres, a través de corres electrónicos, los alcances del proyecto. También, realizaremos un seminario sobre la reforma. Tampoco descartamos movilizarnos.
—Durante años exigieron educación gratuita, ¿por qué ahora rechazan la reforma?
—En un principio dijimos que sí, pero el proyecto sufrió muchos cambios en su tramitación y no se consideró nuestras aprensiones.
— ¿Cuáles son los reparos?
—Esperábamos que la reforma tendiera a recuperar y potenciar la educación pública, para que ante la posibilidad del cierre de establecimientos subvencionados, ésta fuera una alternativa natural para las familias de clase media, que aspiran a cierta educación de calidad para sus hijos, pero que hoy no existe en la educación municipal, donde hay violencia y paros.
— ¿Hay un catastro de los colegios que cerrarán?
—No, eso sólo lo saben los sostenedores. Ellos van a tener que tomar la decisión de acogerse a la gratuidad, convertirse en particulares pagados o cerrar.
—Entonces, ¿está en desacuerdo con el fin al copago?
—Me parece excelente que el copago se termine, todos queremos educación gratuita y poder disponer de mayor poder adquisitivo. El problema es el cómo se hizo. El proyecto establece que existe la unidad de subvención escolar (USE) y la UF para reemplazar el copago. La primera se modifica con el reajuste del sector público, lo que implica una variación mayor al de la UF. Entonces, si una subvención se reajusta USE y otra en UF, nunca va a calzar el copago. Si pensamos en un reemplazo total del copago, siempre van a faltar recursos para desarrollar el proyecto educativo del colegio.
— ¿Qué opina del fin a la selección?
—El proyecto no permite entrevistas de conocimiento y yo como responsable de la educación de mi hija, cómo la voy a inscribir en un establecimiento del cual no conozco su proyecto educativo, sus fortalezas y prototipos. Eso es exponer a mi hija a un fracaso.
.
—Pero, los colegios publican sus proyectos educativos.
—No es lo mismo leerlo que estar cara a cara con un representante del colegio.
—Y ¿el término del lucro?
—Según los datos que disponemos, sólo el 4% de los colegios particular subvencionados lucran hoy en Chile. Era más fácil atacar a ese porcentaje de establecimientos. Además, la reforma debió comenzar por la educación superior donde sí existe verdaderamente el lucro.
Pueblos bien informados
dificilmente son engañados.
