Temas calientes de la contingencia nacional e internacional...

 Dementes extremistas asesinaron a un Carabinero, levantaron barricadas incendiarias, quemaron vehículos, desataron feroces balaceras en momentos en que el sur de país sufre con los incendios forestales y el desértico norte está doliente de inundaciones que han arrasado con pueblos completos.

 El horror vivido por pueblos nortinos por lluvias que duplican las precipitaciones anuales, y que estaban anunciadas, han recordado que las utoridades tienen paralizado el proyecto de modernización de la ONEMI y dejó al desnudo las improvisaciones y la brutal incapacidad de quienes están hoy a cargo del país.

No pueden dejar de preocuparnos los resultado obtenidos por nuestra selección en Europa, donde cayó ante Irak y Brasil en la parte final de su preparación para la Copa América. Creemos que no basta con decir que se jugó bien sobre todo después de perder con un equipo de segundo orden como Irak.

¿La hora de los abrazos?,

por Pedro Cayuqueo.

Hay quienes plantean que no es posible criticar al Gobierno por el desastre (no natural) del actual sistema Estatal de emergencias. Que es el momento de unirse tras un largo abrazo de Arica a Magallanes, que es la hora de la solidaridad y del apoyo mutuo ante un desastre natural que -una vez más- “nos pilla de sorpresa”. En lo personal me rebelo ante esa argumentación tan básica y plagada de conflictos de intereses cuando salen de boca (o de teclados) de autoridades o funcionarios de Gobierno. O bien de sus propias oficinas de relaciones públicas.

Que la cercanía de los árboles no nos impida ver el bosque.

La Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) es un verdadero desastre. Así lo ha demostrado en cada emergencia que ha debido enfrentar en las últimas décadas. Hablamos de un organismo sin capacidad de gestión, mando ni control, incapaz técnicamente de anticiparse a los embates de la naturaleza.

En uno de los países con mayor cantidad de emergencias a nivel mundial (terremotos, tsunamis, aluviones, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas, etc.), no advertir su negligencia e inoperancia resulta casi criminal. Lo peor es que como casi siempre en políticas públicas, todo trata de disputas políticas y celos por figuración. Sepan que un proyecto de Ley que buscaba la modernización de Onemi está del año 2011 empantanado en el Congreso. Hace más de cuatro años. Fue presentado por el ex Presidente Piñera tras las lecciones del 27F y al parecer la lógica es que todo lo que presentó el anterior Gobierno debe quedar en el congelador. No se explica de otra forma. Si se trataba de un mal proyecto -argumento de algunos-, ¿dónde está la alternativa presentada por la entonces oposición? ¿Dónde la actual suma urgencia para votar aquel proyecto oportunamente mejorado?

Hoy es el momento de llamar la atención del desastre (no natural) que es nuestro sistema de emergencias. Lo es hoy cuando el tema está instalado en la opinión pública, es titular en los medios, se ha vuelto TT en Twitter y no cuando desaparezca la emergencia y con ello cualquier opinión se vuelva irrelevante. Sí, nos tocó vivir en una terraza continental en constante movimiento y donde la fuerza de los elementos cada tanto nos recuerda lo insignificantes que somos. ¿Estaremos entonces condenados a lamentar devastación y muertes por los siglos de los siglos, como señaló un Ministro a los medios en días recientes? Me niego a creer tal cosa.

Ciegos y sordos estamos si nos negamos a sacar lecciones en la tragedia. Y el costo de esta porfía lo paga la población, aquellos que viven lejos de la cocina política metropolitana y sus disputas de poder y liderazgos. Lo pagan las familias arrasadas hoy por la lluvia y el barro en la zona norte. Y lo pagan las comunidades pewenche amenazadas por el fuego y el abandono Estatal en la precordillera del sur. Sí, es hora de la solidaridad y los abrazos. Y de sacar a relucir lo mejor de lo nuestro. Pero también es hora de alzar la voz. Y de indignarnos. Y de exigir a las autoridades y la clase política que de una vez por todas dejen de jugar con la vida de tantos.

La “cuestión del poder”,

por Fernando Villegas

Para entender la reacción lenta, ineficaz, coñetera, en miniatura, mezquina, charlatana y a veces pura y simplemente necia del Gobierno ante los megaproblemas representados por la sequía y los incendios -necia, decimos, como lo es el encararlos brindando conferencias de prensa, haciendo llamados a la calma, armando comisiones y enviando delegados- no es improductivo remontarse al pasado e investigar allí su origen, las semillas de su concepción del mundo, de su estilo de gestión -o más bien de su mediocre gestión-, de su desinterés por “lo doméstico” y su obsesa concentración en los temas políticos.

En nuestro caso hace ya muchos años, en 1968 o 1969 -¿o 1970?- vimos cómo se plantaba y regaba esa semilla. Fue cuando la Universidad de Chile celebró un plebiscito en el que participaron todos sus “estamentos”, como entonces se llamaba y diferenciaba en castas a los profesores, los estudiantes y los administrativos.

Eran los tiempos de la reforma universitaria en su primer y refrescante avatar, del chivateo estudiantil en favor de la democratización del claustro académico y en contra del “imperialismo yanqui”, de lienzos clamando desde la fachada de la ucé que los diarios mentían, la época de gloria de dirigentes de larga cabellera, colgantes bufandas pero además adecuadamente locuaces frente al micrófono y quienes, a partir de esos días -lo hemos visto también en el presente- pusieron sólido fundamento a sus carreras políticas. El plebiscito planteaba un gran número de preguntas acerca de la gestión de la universidad, cada una de ellas con dos opciones, la propuesta por el bloque de izquierda y la otra por la derecha. El pliego con el cuestionario era grueso y fatigoso de leer, pero vuestro cronista, una mañana, sentado en una sala vacía entre dos clases, a solas y en paz se puso a estudiarlo punto por punto para escoger las que a su juicio eran las mejores propuestas.
En eso estaba cuando un compañero de curso y dirigente socialista, Ramón Silva, fulano por lo demás alegre y buena onda, entró al aula y viéndonos en ese trámite de inmediato preguntó:

-¿Qué haces, Villegas?

-Estudio los puntos para dirimir cuáles me parecen mejores…
Ramón, escuchando eso, abrió los ojos de par en par y bramó:
-¡¡Pero no sea huevón, compañero!! ¡Marque no más todo lo propuesto por la izquierda! ¡Hay que resolver la cuestión del poder, quién gana! Los temas concretos los vemos después….
Lección aprendida.

Nunca olvidé esa escena, ese momento, esa fulgurante revelación cuando comprendí de un golpe que en política, al menos tal como es concebida y practicada desde una trinchera partidista y/o ideológica, el problema no es ni nunca puede ser qué es lo razonablemente mejor para el país o la universidad o la escuela, sino precisamente lo que Silva llamó, esa mañana, “la cuestión del poder”. La “cuestión del poder” encierra en sí misma, implícitamente, la idea de que nuestro bando tiene razón, toda la razón y nada más que la razón, por lo cual es imperioso hacerse con los medios institucionales que mañana, lograda la victoria, permitan materializar sin oposición esa luminosa verdad de nuestra propiedad en el ámbito pedestre y poco esplendoroso de lo cotidiano. En otras palabras, primero se pelea por ver quién controla la cabina de pilotaje y una vez que un bando ha ganado se decide en qué aeropuerto aterrizará nuestra agenda y cómo se vuela hasta aquél. La posibilidad de que mientras tanto el avión caiga en picada nunca se toma en cuenta.

Años después entendí el punto siguiente, lógica conclusión del primero: si bien ese enfoque es común a todas las corrientes políticas, prevalece bastante más en la izquierda y por una razón muy sencilla; este bando usualmente representa y está masivamente formado por ciudadanos ajenos al núcleo del poder, a los mecanismos que generaron y preservan el orden social y sus privilegios, por lo que en su mirada el tinglado institucional aparece como objeto ajeno, base del dominio de otros, instrumento de la elite de turno y desde luego injusto porque los ha dejado afuera. La tarea primera, entonces, es vencerla y arrebatarle dichos mecanismos. Más tarde se verá cómo concretar los difusos sueños relativos al “después”.

Por inversa razón las derechas están más inclinadas a privilegiar la gestión; para ellas el marco institucional es indiscutido, el orden natural de las cosas, referente cuasi geográfico y simultáneamente invisible dentro del cual se mueven; por esa razón en su mirada sólo puede aparecer como objeto perceptible de acción política la manera como se gestiona, el modo como se perfecciona, las tareas de mantenimiento, reparación y tal vez modernización.

Otras derivadas.

Luego algunas décadas pasaron y entonces entendí los deletéreos efectos de una derivada adicional: lo que se inicia como una visión estratégica termina, con los años, convertido en miopía y casi ceguera táctica; ya no se sabe trasladar nada, con eficacia, desde el ámbito de la palabra al de la planeación operativa. Este abismo lo veremos crudamente en los próximos capítulos de la llamada reforma educacional. Lo cierto es que tras mucho porfiado y pegajoso cantinfleo se pierde el interés, la diligencia, el saber práctico, el instinto organizacional y la eficacia administrativa. Lo “doméstico” sale completamente del radar. Y entonces, cuando al fin se resuelve el “problema del poder”, poco se sabe qué hacer con él, salvo cacarearlo en la forma de una eterna lectura y relectura de los textos sagrados, hoy en día preparados, para digestión Presidencial, por los calienta-refritos de turno de La Moneda. En esas formulaciones ditirámbicas se buscan, sin éxito, las señales camineras. No por nada uno de los libros seminales de Lenin se tituló ¿Qué Hacer? Es una pregunta que para los incumbentes tradicionales del poder resulta sin sentido.

Hay más consecuencias; la dicotomía esquizofrénica entre un presunto saber teórico del mundo y una incompetencia abismal para moverse en él termina por producir infinidad de fracasos y muy pocos éxitos, por lo cual, poco a poco, un áurea pesimista se instala en los personeros de dicha constitución política y los lleva, por grados sucesivos, a perder la fe y caer en un cinismo que puede terminar en la corrupción. En efecto, si los discursos etéreos manifiestan finalmente su vaciedad primigenia y la acción concreta siempre fracasa, lo único que queda en pie es meter las manos donde se pueda. En eso no hay cómo equivocarse. De ahí que los alguna vez buenos estrategas y casi siempre malos tácticos terminan a menudo convertidos en oportunistas a tiempo completo. ¿Una asesoría al pedo? ¿Un lobby a favor de quién sea pague la tarifa? ¿Un negocio instantáneo y jugoso? ¿Una destinación Diplomática? ¿Una remunerativa comisión? ¿Una delegación? ¿Un pituto Fiscal de seis palos el mes? Todo vale. Y así sucede que “la cuestión del poder” termina convertida en la cuestión de “cómo llegamos al poder y cómo lo conservamos”.
El “cómo llegamos” ya lo hemos visto. El “cómo lo conservamos” estamos por verlo cuando llegue el momento de hacer los pactos y destapar al tapadito.

Fuego y delegados.

El país, mientras tanto, se quema y se siguen combatiendo los incendios con el contenido de vasos whiskeros vertido por la ventanilla de un helicóptero, se sigue pagando mal a quienes los combaten, se sigue mendigando ayuda de países vecinos, se siguen creando figuras administrativas ridículas, se siguen quemando cosechas, bosques, fauna y flora y se sigue mirando para otro lado en vez de perseguir policial y judicialmente a los autores que anunciaron, ellos mismos, que vendría una “tormenta de fuego”. ¡No se vayan a enojar aun más!

Y a la pasada el país se seca, pero de lo primero hecho por este gobierno se cuenta el paralizar el avance de los proyectos ya en marcha para construir 16 embalses. Fue la moda; la horda ganadora entraba a las diversas dependencias del Estado como una patrulla del FBI allanando un garito. ¡Hay que proyectar la imagen de que venimos a reparar un desfalco! ¡Hay que hacer como que está la crema! ¡Nada de embalses fascistas! ¡Paren todo, miren que primero debemos resolver “la cuestión del poder…”!

Quiebro una lanza por Chile,

por Roberto Ampuero.

Hoy somos 17 millones de chilenos en busca de liderazgo nacional. La Presidente, golpeada por las operaciones de Caval, actividades de familiares y a ratos injustificables silencios, perdió el liderazgo que irradiaba. El Parlamento y los partidos, con baja aprobación ciudadana, están lejos de brindarlo. Los empresarios se hallan ante un escrutinio que condena sus malas prácticas. En los tres ámbitos pagan hoy justos y pecadores, se impuso la hoguera en la plaza, la noción de que somos corruptos y que hay que remover hasta los cimientos. De continuar por esta pendiente, veremos el colapso de la república.

Pero en esta zozobra colectiva -en la cual tampoco la ciudadanía puede verse como espectador libre de responsabilidad- quiebro una lanza por Chile. Lo hago convencido de que no somos un país corrupto, que logramos avances sustantivos en los últimos decenios y tenemos razones para sentirnos orgullosos, y que las instituciones -si las dejan- pueden imprimir un nuevo rumbo. No se debe confundir a las instituciones con las personas que las integran ni caer en nuestra usual bipolaridad. Ayer, jaguares; hoy, los peores del mundo. Chile es perfectible. Bajo la mirada ciudadana y los nuevos estándares de probidad, las instituciones pueden cumplir sus tareas; entre ellas, marginar a los actores que eluden la letra y el espíritu de las Leyes. El buen funcionamiento de una República no es un estado perpetuo, sino un horizonte utópico hacia el cual se avanza mediante ajustes, reformas y rectificaciones.

Mi fe en Chile no emerge solo del amor patrio -concepto hoy en desuso-, sino también de una convicción: no hay otra solución sensata. Lo delicado es que hoy se conjugan dos sensibilidades ciudadanas significativas: la de los republicanos hartos del hedor de la República, y la de los revolucionarios que aspiran a refundar el país, y estiman que el descrédito del sistema lleva agua a su molino. Es un cóctel peligroso: aunque ambos grupos coinciden en rechazar el estado de cosas, unos aspiran a renovar la República y otros a destruirla. Estamos ante la disyuntiva entre reforma y revolución. Decía Albert Camus que todas las revoluciones modernas han conducido a tiranías. De eso no faltan ejemplos en el continente. Por eso Chile no debe dar el salto al vacío.

Urgen, eso sí, gestos contundentes de quienes están en el ojo de la crítica: la Mandatario no puede seguir empeñada en cerrar un libro que los chilenos desean leer. Es preciso que se abra a un diálogo sin condiciones con Chile a través de la prensa. "Sincerarse" ante el país puede permitirle recuperar liderazgo. De lo contrario, sus discursos sobre buenas prácticas e igualdad seguirán sonando impostados. Conviene que los ex Presidentes apuntalen a la institución de la Presidencia. Un mensaje unitario y con altura de miras de ellos, que reúnen experiencia y convocan a diversas sensibilidades, podría ayudar a Bachelet a recobrar el timón y a la república la solidez.

Los Parlamentarios, por su parte, se equivocan al creer que todo se resuelve mediante retórica y comisiones. De ellos esperamos un mea culpa transversal y una reducción sustancial de dietas. Es impresentable que algunos afirmen que las dietas elevadas garantizan su independencia. Eso implica que su probidad tiene precio. Los empresarios, por otro lado, deberán reconquistar la confianza de la ciudadanía a través de los actos y la palabra y expulsar del gremio a los colegas que infrinjan la Ley.

Algo crucial no debe pasarse por alto: así como en el extremo de la desaprobación ciudadana se hallan los políticos, en el tramo superior de la confianza figuran carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. ¿Qué lectura hacen de esto los políticos? Es evidente que la línea divisoria entre chilenos no pasa hoy por la que algunos perpetúan desde el Parlamento, y que la gente supera de forma sabia el pasado.

Queda por ver si la Presidente abordará el resto de su mandato buscando acuerdos transversales o impulsando con premura nuevas y controvertidas reformas, como si dispusiera aún de gran respaldo popular. Seguir tensando el tejido social en las actuales circunstancias, marcadas por la carencia de liderazgo presidencial y de autoridad de los políticos, puede cambiar en parte el debate nacional, pero perjudicar aún más la sustancia de la república. Para superar la crisis, Chile debe actuar de forma consensuada, pero buscando y admitiendo la verdad. El país no merece otra alternativa.

La legítima violencia,

por Axel Buchheister.

Aunque pretendemos ser un país legalista, no lo somos. Estamos tapados de Leyes, pero otra cosa es que tengamos adhesión a la Ley como forma de convivencia.

Así, nadie se asombra ni le importa -más bien lo contrario- que un médico en Calama, que cumple con el deber legal de denunciar la presencia de síntomas de un aborto, sea cuestionado por las máximas autoridades del Ministerio de Salud, que en teoría están llamadas a hacer cumplir la Ley.

Tan clara es la obligación de practicar la denuncia, que hay un proyecto de Ley en trámite en el Congreso para suprimirla. Como la norma vigente no es popular entre los que vociferan -y es un dato que éstos se han tomado el país y que el resto va en manada tras de ellos-, no procede aplicarla. Es decir, no nos regimos por las Leyes, sino por las impresiones, el qué dirán o las verdades impuestas a gritos y tumultos.

Más grave aún, se está legitimando la violencia para no cumplir las Leyes. Es cosa de ver los ataques diarios en La Araucanía; casi ninguno ha sido castigado, y que el Gobierno y personeros de la Nueva Mayoría terminan siempre justificando. O la violencia estudiantil de años pasados, que puede reeditarse este. Sobre todo la han usado los encapuchados, pero Parlamentarios de la Nueva Mayoría se negaron a castigar su presencia en actos públicos, bajo el pretexto que era “criminalizar la protesta”. Vale decir, que no hay problema que haya violencia al protestar (nadie se emboza para actuar pacíficamente).

Y recientemente, los desmanes en la asunción del nuevo Obispo de Osorno, sobre quien no pesa ningún impedimento Legal ni canónico. Los miembros de la fe católica pueden oponerse y cuestionar por el nombramiento -es su iglesia-, si consideran que hay razón, pero pacíficamente. Y no fue una oposición pacífica (ni todos eran católicos): se impidió el ejercicio de un culto y se agredió a la persona del Obispo, acciones que son delitos previstos en el Código Penal. El Ministerio Público está obligado a perseguirlos, pero todos sabemos que no ocurrirá, porque el caso no es popular. Además, estamos en el mundo al revés: él se expuso al tratar de asumir y hacer la homilía de estilo.

Y la guinda de la torta: el Partido Comunista se opone a que en la reforma laboral se incorpore una norma que establezca que la huelga debe ser pacífica, una disposición que estaría en verdad de sobra, porque la huelga consiste sólo en abstenerse de trabajar y porque casi todo acto de violencia está castigado como delito. Pues no, ellos quieren que quede claro que el recurso a la violencia es una herramienta válida. ¿Qué hará el Gobierno y el resto de la coalición ante tan incivilizada pretensión? Nada.

Lo más grave es que el ciudadano común suele convalidar el desacato a la Ley y la violencia cuando cree que la causa es justa, salvo -claro- cuando le afecta a él. Acatar la Ley y excluir la violencia son la garantía para todos. Si usted cree tener buenos argumentos para que se haga lo contrario en “casos justificados”, no se extrañe que un día sea la víctima y que nadie lo proteja.

El verdadero desafío de la educación,

por Sergio Melnick.

Sin cobertura total y calidad de educación no hay futuro como país y todos compartimos esta idea, especialmente en el siglo 21, la edad del conocimiento.

La cobertura básicamente ya está alcanzada gracias al enorme aporte del sector privado en los últimos 30 años, que se sumó al esfuerzo Estatal. La calidad es ahora el problema, a pesar de que tenemos los mejores estándares de nuestra región. Pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es realmente calidad en el siglo 21? De eso no se ha hablado ni una sola palabra. Por eso construimos otro Transantiago. La discusión hasta aquí ha sido acerca de la propiedad de los ladrillos, los costos del arriendo, o quienes usan patines.

Así como el lenguaje no es lo mismo que el idioma, y la mente no es lo mismo que el cerebro, lo primero es entender que educación, entrenamiento y capacitación no son lo mismo.

Educar tiene que ver con lograr la capacidad de pensar en forma autónoma, con un acervo de conocimientos básicos. El entrenamiento tiene que ver con focalizar esa capacidad de pensar en áreas o dominios específicos del conocimiento como una profesión. Finalmente la capacitación tiene que ver con temas técnicos muy específicos y prácticos. Por ello se educa antes de entrenar, y se entrena antes de capacitar.

Hasta aquí el Gobierno ha puesto todo en el mismo saco, y por ello los resultados serán muy malos. Sin educación real, nada de lo otro es posible. La gran capacidad humana está en la adaptabilidad del pensar, no en la estrictez de la técnica.
De lo anterior se deriva, por ejemplo, la urgencia de cambiar el sistema de títulos y grados de nuestro sistema de educación superior. Nuestros alumnos hoy se deben especializar (entrenar) desde los 16 años y no entran a la universidad como concepto, sino a una carrera específica. Para ello deben pasar una prueba diseñada para seleccionar profesiones. Por ello los colegios son auténticas fábricas de entrenamiento para pasar la PSU y básicamente no educan. El primer grado superior debe ser académico para aprender a pensar de manera independiente (cuatro años), el segundo grado para entrenarse profesionalmente (uno a dos años), el tercero para investigar y correr las fronteras (cuatro años más).

En nuestro país, además, tenemos un aberrante Cruch, obsoleto, que agrupa sólo a la mitad o menos de las universidades. ¿Por qué?

Las nuevas tecnologías hacen el conocimiento súper abundante y disponible en todas partes al mismo tiempo. El profesor ya no es más el guardián del archivo. La velocidad del conocimiento hace que los niños sepan muchas cosas que los padres no saben ni sabrán. Internet y las telecom están creando una nueva mente tecnológica colectiva de la que ya somos dependientes. Es lo que se llama la web 4.0. Hoy estamos terminando la etapa web 2.0. Todo esto es parte del lenguaje post simbólico que acompaña el siglo 21, donde uno de los temas es la gestión del conocimiento más que su acumulación. Esto significa -entre otras capacidades- la necesidad de síntesis más que análisis, que ha sido la base desde el siglo 17. Un cambio radical en la manera de pensar.

En otro plano, la fusión entre la biología y la tecnología ya es inminente (la singularidad de Kurzweil). La inteligencia artificial es un dato que no podemos obviar. Simbólicamente los computadores manejan aviones mejor que los humanos, y los robots construyen mejores autos que los obreros. Por eso la educación va mucho más allá que el colegio, instituto o universidad. Hoy es necesario hablar de una sociedad educante, por diversos medios.

Junto con ello, la complejidad de la sociedad es creciente, la nueva física disputa la existencia de materia en sí (sólo hay campos o vibraciones) con la teoría del tiempo, y la nueva biología nos abre un nuevo entendimiento de la naturaleza del ser humano a partir de la célula. Todo esto requiere nuevos paradigmas que deben estar presentes en la educación. Este tipo de ideas debieran ser el tenor de nuestra discusión sobre la calidad de la educación en este siglo. A cambio, estamos en un debate sobre ideologizado, basado en el poder, y con una izquierda arcaica que al parecer quiere controlar la educación para estandarizar, adoctrinar. La diversidad es parte de la calidad en este siglo. El pronóstico es sombrío, partiendo por un Ministro que reconoció no entender mucho del tema, y que ha sido evidente por los enormes errores que ha cometido y que aparentemente seguirá cometiendo.

Perfeccionar protocolos.

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El último reporte de la Onemi, con fecha 30 de marzo, da cuenta de un total de 18 personas fallecidas, 49 desaparecidos y 27.413 damnificados, como consecuencia de la situación de catástrofe que afecta a las Regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, tras las intensas precipitaciones y posteriores aluviones. La situación ha vuelto a poner en cuestión a la entidad encargada de prevenir y enfrentar este tipo de desastres naturales, en un contexto en el cual los incendios forestales también están causando problemas a la población y destruyendo patrimonio natural nacional.

Se señalan problemas de comunicación entre la Dirección Meteorológica Nacional, que habría alertado de lluvias intensas en un boletín emitido el día anterior a los aluviones, y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, a pesar de la existencia de protocolos a efectos de establecer una correcta coordinación y traspaso de información entre estos organismos. La Onemi habría demorado una respuesta adecuada y oportuna, dada la alerta meteorológica, demostrando la ineficiencia del Centro Nacional de Alerta Temprana.

La escasa descentralización del organismo parece también haber tenido repercusiones negativas sobre la respuesta ante la crisis. La toma de decisiones se produce en la capital y requiere, primero, el procesamiento de la información que proviene de las localidades en riesgo.

El antecedente del aluvión de Antofagasta del 18 de junio de 1991, por sí mismo, provee información relevante para establecer protocolos de acción ante estos eventos establecidos de antemano. La educación de la población, a través de inversión en políticas públicas de prevención, también es clave.

Las deficiencias de la respuesta Estatal ante un escenario de crisis ya se habían puesto de manifiesto con ocasión del terremoto y posterior maremoto de febrero de 2010. Conforme a ello, un proyecto de modernización de la Onemi fue sometido a votación en la Cámara de Diputados, y aprobado en 2013, pero desde entonces no hubo mayor progreso en el Parlamento.

En Chile, un país propenso, por su geografía, a catástrofes naturales de diversa índole, es necesario potenciar las políticas públicas destinadas a perfeccionar los organismos y protocolos frente a estados de emergencia que tienen altísimos costos en términos de vidas humanas y pérdidas materiales.

La necesaria Justicia Constitucional.

Desde hace un tiempo ha tenido lugar un sistemático cuestionamiento al rol del Tribunal Constitucional (TC), presentándolo como una institución “contra mayoritaria”, ajena a la democracia en cuanto Gobierno de la mayoría, y cuya existencia y excesivos poderes serían propios de una Carta Fundamental aprobada en el Régimen Militar. Estas críticas se han renovado a propósito de la interposición de los requerimientos por la oposición en contra de ciertos aspectos de las reformas despachadas por el Congreso en educación y sistema electoral. Se acusa a los requirentes que pretenden erigir al TC en una tercera Cámara Legislativa.

Esas apreciaciones no son correctas, ni histórica ni conceptualmente. Desde luego, el TC fue creado en 1970 mediante una reforma Constitucional impulsada por el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, y si bien fue fortalecido en su competencia y atribuciones en la Constitución de 1980, aprobada durante el Régimen Militar, lo cierto es que lo fue como nunca antes en la reforma que se le introdujo en 2005, promulgada por el ex Presidente Ricardo Lagos.

La existencia de jurisdicciones Constitucionales busca hacer efectivos aspectos que son inherentes a las democracias modernas: la supremacía Constitucional, la separación de poderes, que exige controles y contrapesos, y el respeto a los derechos individuales y de las minorías. Tanto, que prácticamente no existe ninguna democracia actual en que no haya una Corte que ejerza el rol de control Constitucional de las Leyes. Mal puede, entonces, transmitirse la idea -como se ha hecho- que el TC y las atribuciones que ejerce son casi una rareza. Al respecto, baste considerar las amplísimas atribuciones que se le reconocen a la Corte Suprema de Estados Unidos, la que ante la demanda judicial de cualquier ciudadano puede dictar un fallo que deje sin aplicación una Ley. Para el ejercicio de esta potestad similar, de reciente data, el TC está sujeto a restricciones y quórums severos.

El Constitucionalismo moderno se inicia en la revolución americana, en que los padres fundadores pensaron que no bastaba el Gobierno del pueblo, sino que era indispensable limitarlo, distribuirlo y establecer contrapesos mediante una “Constitución” o norma superior a la Ley, que contempló la Corte Suprema como órgano encargado de juzgar la aplicación de las Leyes; norma que más tarde también consagró los derechos civiles. Hoy la existencia de Constituciones y jurisdicciones que garanticen su supremacía, siguiendo ese modelo, es una práctica universal. En nuestro país, el Presidente Frei Montalva propugnó la existencia del TC precisamente para poner freno a la costumbre del Congreso de aprobar Leyes que no respetaban los límites de poder establecidos en la Constitución o los derechos ciudadanos. Sostener que el TC es contra mayoritario no tiene fundamento, ya que las Leyes siempre las aprueba la mayoría y su impugnación naturalmente corre por cuenta de la minoría o del Presidente de la República, para defender sus prerrogativas o los derechos ciudadanos.

Por cierto que hay atribuciones del TC y modalidades para su ejercicio que pueden ser debatidas y susceptibles de revisión, como por ejemplo, el control preventivo de las Leyes orgánico Constitucionales, pero pretender que una Ley por el solo hecho de haber sido despachada por la mayoría en el Congreso no puede ser objeto de control de supremacía Constitucional, motejando éste de “tercera Cámara”, constituye un peligro de descontrol de la mayoría, que pondría en jaque las bases de la democracia y la vigencia de los derechos individuales, y una involución en el desarrollo de nuestra institucionalidad.

Transparencia de las ONG.

Un ex Ministro Secretario General de Gobierno y ex Presidente de Chile 21 abordó la controversia por las boletas que habría emitido esta entidad a Soquimich, señalando que "hay que cerrar los ojos" a la hora de buscar fondos.

De esta forma, y a propósito de otras boletas que habrían emitido otras fundaciones también a SQM, se ha puesto en el tapete la controversia por el financiamiento a las organizaciones no Gubernamentales.

Las fundaciones y ONGs son una buena forma de practicar la libertad de asociación y la iniciativa privada en torno a temas específicos de mayor o menor alcance público. La diversidad de ellas y el gran auge en Chile desde la década del 80 son un signo de la vitalidad de la sociedad civil y de sus cuerpos intermedios.

Sin embargo, pese a que en el caso de los centros de estudios más conocidos (como es el propio Chile 21), existe claridad respecto de los objetivos perseguidos, no ocurre lo mismo en lo que toca a una cantidad apreciable de ellas. En muchos casos existe una total opacidad sobre los reales objetivos que persiguen o respecto de quiénes son sus controladores. Se han denunciado casos, por ejemplo, de ONGs que se oponen a la construcción de represas para generar hidroelectricidad que obtendrían financiamiento de productores de electricidad con otro tipo de combustibles. Otros casos que se han denunciado dicen relación con la instrumentalización de algunas de estas organizaciones como fuentes de recaudación de campañas políticas, como se denunció recientemente respecto de la fundación Ciudad Justa, que encabezaba el actual Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

En términos generales, parece ser que uno de los principales problemas de las fundaciones radica en el financiamiento, donde en la mayoría de los casos lo que prima es una evidente falta de información de cara a la opinión pública.

Existe, por una parte, falta de transparencia en la asignación de los fondos del Estado, donde no se entrega una justificación de los proyectos desarrollados ni una rendición pormenorizada de los desembolsos, pese a que algunas de ellas, como el Hogar de Cristo, sustituyen eficientemente la imperfección del Estado en diversos ámbitos. Por otra parte, existe en general una total opacidad respecto del financiamiento privado. Y si bien no es aconsejable limitar el financiamiento de los particulares, sí parece necesario avanzar en la transparencia respecto de la forma y fuentes de sus recursos, de manera de fortalecer la confianza pública y evitar malas prácticas e incoherencias con los fines declarados.

En Estados Unidos, por ejemplo, es habitual que las donaciones de más de 5 mil dólares sean publicadas por las ONG en sus sitios en internet. Algo así podría imitarse en Chile. De esta forma, serían los propios ciudadanos los principales escrutadores de la coherencia entre fines perseguidos y financiamiento de estas organizaciones.

Evo abusa del Día del Mar 2015.

El Jefe de Estado reiteró con optimismo su disposición a reanudar relaciones Diplomáticas, una vez que la Corte obligue a Chile a satisfacer la demanda boliviana. Al concluir la celebración declaró a la prensa que contempla futuras acciones legales reparatorias del daño por la pérdida del mar. "La lucha sigue", concluyó.

La campaña boliviana para dar publicidad a su causa continúa. Se anuncia que el delegado Presidencial, el ex Presidente Carlos Mesa, viajará a Europa en gira promocional, que su visita a Chile sigue pendiente y que Bolivia planteará sus demandas en la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Panamá próximamente, y en la Cumbre de los Pueblos, que se efectuará paralelamente, con el patrocinio de los países del ALBA.

Al cerrar la campaña electoral para las elecciones de ayer domingo, el mandatario dio a conocer que pronto se difundirá un segundo Libro del Mar, de lectura obligatoria en las escuelas bolivianas, con declaraciones de personalidades internacionales en apoyo a la pretensión marítima, incluyendo a dos ex Presidentes de Estados Unidos, otros de Latinoamérica y un Papa, que dijo no ser el actual.

Entre tanto, el Canciller, los agentes y juristas encargados de la defensa de Chile han seguido afinando sus presentaciones, manteniendo sesiones de coordinación con Embajadores nacionales y celebrando reuniones con otras Cancillerías y personeros extranjeros para informar sobre la legitimidad y fundamentos de la posición chilena.

Desconcierto causó una información publicada en días recientes por "El Mercurio" sobre una insólita alusión en Naciones Unidas del Director Jurídico de la Cancillería francesa, al referirse a los trabajos de la Corte Internacional de Justicia. El jurista singularizó la demanda boliviana, ignorándose si nuestra representación ante el organismo mundial ejerció su derecho de réplica para pedirle aclarar sus dichos. Insuficiente podría estimarse la aclaración posterior del Embajador de Francia en Chile, declarando que la posición de su país es "naturalmente neutra dado que se trata de un diferendo estrictamente bilateral entre dos países amigos". Se omitió tanto por el director jurídico como por el Embajador que Chile reclama la incompetencia de la Corte en ese litigio y que la obligación de negociar en los otros tres casos mencionados por ellos está contenida en el tratado de no proliferación nuclear y no implica reivindicación territorial, como es el caso boliviano. Adicionalmente, el Embajador francés, reconociendo que se trata de un conflicto bilateral, contradictoriamente, contempla al final de su nota la posibilidad de un diálogo con la participación "de las organizaciones de cooperación regional como la OEA o Unasur".

Nuevos avances se han logrado en días pasado en la reunión en Montevideo, en Aladi, en relación con el reclamo boliviano sobre libre tránsito. Bolivia pretende obviar las normativas del Acuerdo de Transporte Terrestre Internacional que establece condiciones de los vehículos, seguridad, seguros y otras exigencias de general aplicación. El reclamo es paradójico: ambos países son parte del acuerdo. Esta vez concurrió el Subsecretario de Relaciones Exteriores chileno.

Singapur: lecciones de un éxito singular.

Singapur, con poco más del triple de extensión que la ciudad de Valparaíso; con una población cercana a 5 millones; la nación con mayor ingreso per cápita del mundo según poder de compra, excepto Qatar y tres principados europeos; independiente desde hace menos de medio siglo; sin mercado interno ni recursos naturales -salvo su estratégica ubicación en el Estrecho de Malaca- y uno de los principales centros del comercio internacional; fue liderada desde su independencia y por más de 40 años por el padre fundador Lee Kuan Yew, fallecido el martes pasado.

Probablemente ningún otro líder mundial contemporáneo ha merecido más elogios de sus pares. Henry Kissinger escribió un impresionante obituario donde, más allá de admirar su impulso a una institucionalidad que permitió el desarrollo a Singapur desde una renta per cápita de 500 dólares a 55 mil, con una tasa de crecimiento del 7% anual sostenida durante 40 años, destacó su acertada visión del rol de Estados Unidos en la seguridad mundial, de la gravitación de China y los méritos de haber inspirado las reformas económicas de Deng Xiaoping y de fundar la Asociación de Naciones Asiáticas (ASEAN). Otros realzaron sus virtudes de Estadista visionario, su inteligencia, pragmatismo y su excelente preparación: obtuvo máxima distinción en Derecho en la Universidad de Cambridge. Tampoco su gestión estuvo exenta de críticas: su manejo del poder incluyó autoritarismo, endogamia -su hijo es el actual Primer Ministro y algunos familiares dirigen empresas públicas-, censuras a la prensa y persecuciones e incluso encarcelamiento de opositores.

Pilares fundamentales del éxito de Singapur, y que otros países deberían considerar, son la prioridad de un modelo educativo de excelencia; su bien pagada, ejemplarmente organizada y reducida burocracia, Fuerzas Armadas, Cancillería y Policía; la competitividad lograda; las facilidades para emprender y el severo combate de la corrupción. Desde mediados de la década de los setenta, Chile, anticipándose al resto de Latinoamérica, estableció una misión Diplomática y estrechos vínculos Diplomáticos y comerciales con Singapur. Ambas naciones han suscrito el primer Tratado de Libre Comercio que Singapur acuerda con un país de América del Sur y que contempla desgravaciones del 100% de los aranceles.

Felipe González en Venezuela.

La crisis política y económica por la que atraviesa Venezuela experimenta un nuevo giro luego de que el ex Presidente de España, Felipe González, anunció que se hará cargo de la defensa de Antonio Ledezma y Leopoldo López, los dos principales líderes de la oposición que se encuentran arbitrariamente encarcelados por el régimen de Nicolás Maduro, quien los acusa de “conspiradores” para provocar un golpe de Estado.

La llegada de González a la escena venezolana supone un paso importante, porque permitirá visibilizar ante la comunidad internacional el grave deterioro que ha experimentado el país, el cual transita peligrosamente hacia un régimen propiamente dictatorial, producto del sofocamiento de la disidencia política y las severas limitaciones que encuentra la libertad de expresión. Prueba de lo anterior son las descalificaciones de Maduro hacia González, a quien acusó de “haberse incorporado abiertamente a apoyar el golpe contra Venezuela, el golpe contra mí”.

No se descarta que otros líderes latinoamericanos, como el ex Presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, también se unan a los esfuerzos para salir en defensa de los prisioneros políticos en Venezuela y de su democracia (anteriormente ya lo habían hecho los ex Presidentes Sebastián Piñera, Felipe Calderón y Andrés Pastrana). Ello constituiría una saludable presión en contra del régimen chavista, especialmente porque el silencio de los organismos multilaterales de la región y del resto de los Gobiernos del continente -con la excepción de Estados Unidos, que calificó al régimen de Maduro como una “amenaza”-  ha permitido que la impunidad y los atropellos se hayan incrementado peligrosamente.

La llegada de Felipe González debe ser valorada como un paso para ayudar a una solución pacífica en la crisis venezolana. Siendo su presencia valiosa, cabría esperar que esta defensa no se limite sólo a Venezuela y se extienda prontamente hacia otros países de la región, como Ecuador o Argentina, donde también se han verificado graves hostigamientos y violaciones al Estado de Derecho que hasta ahora permanecen en total impunidad.

Pueblos bien informados

dificilmente son engañados.