Temas para meditar seriamente....

 Terminada la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Fútbol, Copa Scotiabank, Universidad de Concepción encabeza la tabla de posiciones con 12 puntos, escoltada por Universidad Católica, con 10 unidades, seguidos por Calera con 9 puntos y San Marcos con 8. Unión Española cierra la tabla con un solo punto.

 

Los desafíos ME-O,

por Eugenio Guzmán.

 

A estas alturas, nadie quiere hablar de campañas presidenciales. Para el Gobierno, hablar del tema opaca la suerte de sus proyectos aprobados que, gracias a la cobertura dada al caso Penta, pudieron pasar sin sobresaltos y críticas. Para los partidos, el tema los enreda en discusiones que aparentemente se resuelven después de la municipal.

Lo concreto es que los liderazgos no surgen de un día para otro y, muy por el contrario, las trayectorias tienen un peso significativo, que el electorado es capaz de calibrar con anticipación. Así ocurrió con Frei, Lagos, Lavín, Bachelet, Piñera y Bachelet nuevamente.

En el caso de ME-O, sus posibilidades no son menores. En 2009, cuando nadie prestaba atención a su candidatura, la Encuesta La Segunda-UDD anticipó el peso específico del candidato y la elección del mismo año así lo refrendó. La historia posterior es conocida. Su fuerza en la izquierda es significativa. El impacto de sus candidaturas en 2009 y 2013 se expresa en que desde el nombre “Nueva Mayoría” hasta ciertos contenido programáticos fueron tomados por el conglomerado actual.

Actualmente, en todas las encuestas de los últimos meses, ME-O aparece con un nivel de adhesión significativo. La cuestión es si la Nueva Mayoría cederá espacio al candidato en una primaria o, aprovechando las ventajas del nuevo sistema electoral, se articularán listas paralelas en la presidencial y parlamentaria en una primera vuelta, para luego unir fuerzas.

Más allá de eso, existe una serie de desafíos que el candidato deberá sortear. Primero, su acercamiento al PS, una vez que quede claro quién será el nuevo presidente y directiva. Estas situaciones, llevadas con muy bajo perfil, no serán zanjadas hasta abril. Es de suponer que Enríquez-Ominami no es indiferente a quién sea elegido.

Otro factor decisivo es Bachelet. Hasta ahora la relación parece distante (no ha sido recibido por ella ni sus ministros).

Pero, finalmente, ME-O enfrenta otro escollo: la DC. La incomodidad de dicho partido hacia él no sólo tiene raíces en la disputa del 2009 con Frei, también en los permanentes conflictos de los últimos años, sobre todo las negativas de la DC a que participara en primarias 2013. Pero existe también un hecho simbólico no menor: la nostalgia del PDC de llegar a La Moneda. Después de todo, se trata de 18 años en que ningún abanderado del conglomerado ha resultado triunfador.

Angustias de verano,

por Joaquín García Huidobro.

 -"Doctor, doctor, le ruego que me ayude. Tengo el pecho apretado, la respiración se me acelera y me cuesta mucho concentrarme. Ni en los exámenes en Harvard tuve una angustia semejante".

-"Me parece muy raro, Nicolás. Su reforma de la educación ha sido todo un éxito. Piense que en otros países estas cosas se hacen en mucho tiempo, con el apoyo de auténticos expertos y de manera muy gradual. Usted, en cambio, gracias a los jovencitos que trajo de asesores al ministerio, logró sacarla en pocos meses. ¿Cómo puede estar angustiado, si es la figura del año?".

-"Precisamente por eso, doctor. Cuando uno hace bien las tareas, espera que la profesora lo felicite. Pero aquí hay anunciado un cambio de gabinete y a mí todavía no me confirman. Le he mandado varios whatsapp , sé que los ha leído, porque aparecen con doble clic, pero Ella no se digna contestarme. No se me oculta que el ajuste ministerial será muy mínimo, y que hasta la Ximena Rincón parece que se salva. Pero yo no sé vivir bajo tanta incertidumbre".

-"No es para tanto, ministro. Usted sabe que Ella se pone misteriosa en el verano. ¿No se acuerda de cuánto tardó el año pasado en anunciar el gabinete? Las demoras actuales expresan una tendencia; quien domina el silencio es dueño del poder".

-"De acuerdo, doctor, pero yo necesito programar mi futuro. Además, no sabré mucho de educación, pero en economía soy uno de los grandes. Me doy perfecta cuenta de que esta reforma ha salido tan cara, que no habrá manera de hacer frente al cambio del sistema universitario. ¿O cree usted que eso de la gratuidad universal se paga de manera tan fácil como se promete? Ni se sueñe con aumentar otra vez los impuestos, de manera que, a menos que vendamos Codelco (cosa que en Chile nadie se atreve ni siquiera a pensar), tendremos que decirles a los estudiantes que dejen el tema para cuando venga un gobierno de derecha. Esto es lo mismo que dilatar el asunto hasta el siglo XXII".

-"¿Y qué pasa con la recaudación fiscal que se obtenga por el crecimiento? El ministro Arenas está muy optimista, lo que significa que tendrá plata para pagar la gratuidad, mejorar la salud, financiar el aumento de parlamentarios, y hacer una Copa América como Dios manda. Pero, ¿por qué se pone tan serio?".

-"Para responderle quiero saber si usted respeta el juramento hipocrático, la ética profesional, y está dispuesto a dar la vida antes de violar la confidencialidad de nuestras conversaciones".

-"Su pregunta, Nicolás, me ofende. Por supuesto que sí, hable con confianza, porque todo quedará entre nosotros".

-"Gracias, doctor. Sabía que podía confiar en usted. Mi pregunta se debe a que en la política uno se acostumbra a tomar muchas precauciones. La verdad es que el gran crecimiento de los próximos meses solo está en la mente del ministro Arenas. Pero no podemos decirlo, porque significaría destruir todavía más la confianza de los empresarios. Le insisto en que no habrá plata, y que tendremos constantemente a los estudiantes universitarios reclamando junto al ministerio y marchando por la Alameda. A mala hora se le ocurrió al Presidente Ibáñez poner el edificio del Ministerio de Educación a pocos metros de La Moneda. Por otra parte, la reforma laboral nunca podrá ser tan radical como la de la educación, porque no conviene jugar demasiado con la economía. Como los sindicatos se sentirán estafados, no se quedarán tranquilos. Esto significa que tendremos protestas de estudiantes, protestas de trabajadores, protestas de mapuches, y la inquietud que ahora tengo no será nada en comparación con la angustia que se viene. Necesitaríamos varios Penta para distraer la atención y quedar indemnes".

-"Si entiendo bien, eso significa que usted va a ser el malo de la película en los próximos meses, porque no hay que olvidar que la madre del cordero de las movilizaciones de 2011 fue la reforma de la educación universitaria. Allí comenzó todo: si esa expectativa se frustra, usted será tenido como el gran culpable. Pasará de los laureles actuales a ser el patito feo de la política chilena".

-"¡Así es, doctor, aunque no seré el único! Por eso, la verdad de las cosas es que me convendría salir ahora del ministerio y quedar como un rey. En una de esas, hasta podría retomar mi sueño de una candidatura presidencial".

-"Pero Ella no le perdonaría si usted empieza a hablar de las presidenciales justo en este momento. Parecería que habla por despecho".

-"No, doctor; yo jamás cometería un error semejante. Haría otras cosas, que me dieran mucha visibilidad, algo de dinero, y me mantuvieran lejos de las peleas que vienen, que serán cada vez mayores".

-"¿En qué ha pensado?".

-"Quiero aprovechar mis ventajas comparativas. Con mis canas y unas clasecitas de la Delfina, mi madre, podría ser un excelente galán de teleseries. Me imagino como una especie de Fernando Kliche, pero que además toca la guitarra. Usted sabe que hasta formé parte de Santiago del Nuevo Extremo, un grupo que incluso cierta gente de derecha reconoce como uno de los aportes más interesantes de la música popular chilena de los ochenta. Será la muerte de las teleseries turcas".

-"Muy buena idea. Ahora veo, por su cara, que en este rato de conversación han desaparecido los síntomas externos de su angustia. No sabe lo que me alegra. Pero, ¿cómo va a financiar su campaña? Esas cosas están cada vez más caras".

-"No se preocupe, doctor. Con unos almuercitos al estilo Velasco y unos paseos en yate, me la podría financiar sin problemas".

La defensa que no fue,

por Axel Buchheister.

Antes que terminara enero, el gobierno obtuvo la aprobación de varias iniciativas importantes en el Congreso, lo que fue presentado como un triunfo político. En verdad no es para tanto, cuando siempre tuvo los votos para aprobarlas, incluída la reforma electoral, en que parlamentarios escindidos de la Alianza se sabía que votarían con el oficialismo; era cosa de hacer una oferta no muy costosa, como facilitarles formar un partido.

Sin embargo, en la reforma educacional efectivamente el gobierno se anotó un triunfo, ya que durante un tiempo estuvo en duda la aprobación de aspectos centrales. Es que se supuso que la DC no aprobaría tan fácilmente la prohibición del lucro, el copago y la selección. Desde luego, porque la libertad de enseñanza, que involucra tanto el derecho de fundar y mantener colegios, como la libertad de los padres a elegir el suyo, forma parte del humanismo cristiano, doctrina que se supone inspira a ese partido. Pero, además, porque en el mundo relacionado con los colegios subvencionados, entre padres, profesores y sostenedores hay, sin duda, una base muy proclive a la DC, cuando no simpatizante o militante. Vale decir, no sólo los principios moverían a una defensa de la libertad de enseñanza, sino que también el pragmatismo. Y finalmente, porque el presidente del partido dijo que éste la defendería.

Pero aprobada la ley, vemos que la defensa no se concretó, pues en lo medular nada cambió. Se dice que lograron moderaciones, pero la realidad es otra: el emprendimiento en los colegios se acaba en un máximo de siete años, sin contar con que los efectos de su proscripción se comenzarán a sentir ya (es cosa que cualquier sostenedor vaya a pedir un crédito a un banco); y la selección se sustituye por un proceso centralizado de postulación que termina en una tómbola. Es decir, no habrá libertad del sostenedor para gestionar el proyecto educacional, ni de los padres para escoger el colegio de su preferencia, basada en una mutua aceptación.

¿Y por qué no hubo defensa? Simplemente porque la DC cedió ante el temor de perder puntos en el ejercicio del poder. El que ostenta hoy en la Nueva Mayoría (algo menguado), no aquel que proviene de atraer votantes -que lo asegura en el largo plazo-, que desdeñó. Es decir, privilegió los intereses de la estructura interna, no los de sus votantes. Con la posición que el partido había adoptado en el último tiempo parecía que se la jugaría por lo contrario, con agudeza política, capitalizando el ambiente de resistencia ciudadana contra la reforma educacional. Pero no fue así, el poder es más fuerte.

¿Qué costo pagará? Dependerá mucho de la claridad que tengan los votantes sobre la responsabilidad de la DC en la aprobación de una normativa que los afecta gravemente, en algo tan sensible como la educación de los hijos y en la persistencia en recordarlo, algo que no es patrimonio del ser nacional y cobrar la cuenta. 

A la centroderecha se le abre una gran oportunidad en los segmentos que quedan defraudados, pero otra cosa es que sea capaz de aprovecharla.

Una reforma ideológica

por Alfredo Jocelyn-Holt .

Terminaron sacando la reforma que querían, en la medida de lo posible. Se consiguieron un camello que andan paseando como si fuera un corcel, cuando probablemente lo que necesitábamos era un elefante blanco en extinción.

Una reforma que un coreano o finlandés jamás entenderán. Regula cuitas locales: la del niño de la empleada que no va al mismo liceo que el del niño de su patrona (la clase media chilena aún tiene servicio doméstico y eso que este trabajo se ha vuelto cada vez más una actividad de clase media). La cuita del papá que abomina que las hijas de la vecina vayan a un colegio donde, pagando un poco más, puedan aprender “inglisch” y usen unas polleritas más coquetas que las del liceo de sus propias hijas. El terrible pesar que todavía les produce a algunos el no haber entrado al Instituto Nacional porque, con esas notas (menos del promedio exigido), no los aceptan. Y la tirria y sentimientos de culpa que le genera a una serie de tecnócratas de la educación, políticos y todólogos con micrófono y Twitter, tener que mandar a sus hijos a colegios particulares, bastante malos también, pero que, al menos, les asegura que entren a universidades, malas también.

La solución a la que han llegado, por tanto, es meter a esta enorme y disforme clase media (de niños flaites tatuados que chutean piedras y otros más listos que pueden llegar a ser gerentes o incluso más) en un mismo saco con una aplastante etiqueta que dice “igualdad”. La típica solución chilena, ideológica-estatista (el Estado burocrático, el único que puede nivelar), y que hemos tenido que soportar ya antes, hasta que, de nuevo, viene otra racha reformista. Porque esto de reformar es de nunca acabar. Masificación y achatamiento han sido el único norte de todas las reformas educacionales desde Frei Montalva, Allende, Pinochet, a ahora Bachelet.

Al igual que las anteriores, ésta no asegura calidad ni incentiva el mérito. Nada dice de infraestructura, de dignificación del trabajo del profesor, de mejor formación de nuestros profesores, de mayores exigencias a fin de lograr que los egresados de la enseñanza media sepan, al menos, leer y escribir, razonen y manejen cierta cultura mínima, política y espiritual (que no sea de Iglesia). El Estado va a recuperar los colegios -ha dicho la Presidenta-pero sabemos que el Estado no se la puede. Por eso la dictadura, obsesa con lo de la cobertura, incentivó a los privados que entraran en el negocio. Pero, igual, la educación estatal-municipal se vino al suelo y los espantados corrieron a poner a sus hijos donde pudieran sus recursos, tendencia que seguramente va seguir. La brecha entre los colegios fiscales o con financiamiento fiscal y los particulares también va a continuar si es que no aumenta. Y, quien no pueda pagar tanto (los hasta ahora apoderados de colegios subvencionados) tendrán que gastar en clases particulares, preuniversitarios, y demás compensaciones, mientras la educación igualitaria fiscal no mejore. Cuestión que no se ve por dónde.

 Casen con gusto a poco,

porSergio Urzua.

Esa manía de hacer las cosas al lote. Es viernes, 23 de enero, y en mi celular recibo el mensaje de texto: "Casen 2013... mañana". Parece el cuento del lobo. En los seis meses de inexplicable retraso de la encuesta, el anuncio lo he visto demasiadas veces. "¿Un sábado?... imposible", contesto incrédulo, y agrego "no hay nada en prensa. Es un error".

Despierto temprano el sábado. ¿El plan? Lectura y familia. No podría haber estado más equivocado. Hojeando un diario encuentro "Gobierno informaría hoy retroceso de la pobreza en la Casen 2013". ¡No puede ser! El texto no dice la hora, pero la cuenta del Ministerio de Desarrollo Social en Twitter indica "A contar de las 13:00 @ministradsocial entregará los resultados Casen 2013". Soy fanático de la modernidad, pero el anuncio en la red social me parece que no da el ancho.

13:00 horas y no hay novedad. Luego de 30 minutos se comienzan a conocer cifras. Se anuncia la "recuperación de la transparencia". ¡Enhorabuena!, me digo, sabremos entonces a qué se debió el retraso de seis meses en la entrega, si se reunieron los equipos del Gobierno y Microdatos previo a publicar resultados, si se solicitaron análisis adicionales al momento de conocer las cifras, etc. Nada de eso. Al silencio se agregó desprolijidad. Una serie de pobreza histórica "tradicional" con nuevas estimaciones solo para el 2009 y 2011, y múltiples cambios metodológicos sin mayor documentación, obligaron a poner los dedos sobre las teclas para entender qué se había hecho. No tuve suerte. Demasiados cambios. Hay que esperar la base de datos. Se anuncia que estará disponible el lunes, junto a nuevas versiones de las bases de Casen 06, 09, 11. Entretenida semana.

Martes, 7 AM. Me sonrío con el mensaje de un amigo: "me quedé dormido esperando la Casen". Deben haber sido varios. Quienquiera haya sido el responsable de hacer los datos públicos, parece que lo hizo después del happy hour , pues estos aparecieron literalmente al final del lunes. Y de las razones de los seis meses de retraso... sepa Moya. Si no fue tema para la autoridad antes, menos ahora.

Me hubiese gustado dedicar esta columna a contarle que de las cuatro regiones del país que más crecieron entre 2011 y 2013 tres vieron caer el Gini, mientras que en tres de las cuatro de menor crecimiento ocurrió lo contrario (ingresos autónomos, nueva metodología). También a analizar la caída en la desigualdad en La Araucanía -región en donde más creció el empleo entre 2011 y 2013-, el rol de la dimensión "trabajo" en la pobreza multidimensional e incluso el impacto del excéntrico Bono "empleado público de Atacama" en dicha región (¡se pasaron!). Pero no podía dejar pasar el nuevo cantinfleo con la Casen. A todos aquellos que reclamaron por la situación en el 2012 los llamo a levantar la voz con la misma fuerza: seis meses de atraso y ninguna explicación. Simplemente impresentable.

La ley aprobada y el tiempo posterior

por José Joaquín Brunner.

El Gobierno puede sentirse satisfecho: el Congreso aprobó antes de irse de vacaciones el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección, "la primera parte de la reforma educacional", según señaló la Presidenta Bachelet. Mas dramático, el ministro de Educación sentenció: "Aquí se acabó un conjunto de bases ilegítimas puestas en dictadura, a espaldas de un pueblo, y hoy hemos recuperado la tradición histórica de Chile y las mejores prácticas del resto del mundo". Similar regocijo manifestaron parlamentarios de la Nueva Mayoría. Un ejemplo: "Hemos logrado sacar al mercado de la educación, hemos logrado establecer la educación como un derecho social".

En suma, las celebraciones anduvieron cerca de don Darío Salas, quien recibió la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria (1920) con el verso: "Salve ley redentora". Medio siglo demoró en concretarse ese objetivo. Hasta hoy la ley redentora no cumple con igualar la calidad de las oportunidades educacionales provistas por el sistema.

¿Qué pasó? Problemas múltiples de implementación de la norma: escaso presupuesto asignado al objetivo de aquella, insuficiente infraestructura escolar, falta de profesores, continuos cambios de políticas, resistencias gremiales, fallas burocráticas. En fin, se produjo un divorcio entre el júbilo inicial y la aplicación de la ley; entre las promesas del legislador y las frustraciones de la ejecución. O como escribe el poeta: "Entre la emoción/ y la respuesta/ cae la Sombra" (T.S. Elliot).

¿Qué esperar de la ley recién aprobada?

A diferencia de la ley de 1920 -bienvenida por todos, aunque más por liberales que por conservadores-, esta otra nace con sus protagonistas y audiencias divididas. Unos se regocijan creyendo haber dado "un paso enorme, histórico y trascendente", mientras otros perciben amenazas y un futuro incierto.

En seguida, la ley aprobada es complicadísima en su diseño y de engorrosa ejecución. Sus piezas y partes no ensamblan bien, el articulado revela una pertinaz improvisación, y la diversidad de plazos crea un verdadero laberinto práctico. El Mineduc se comprometió a establecer una oficina especial para asesorar a los sostenedores que necesiten esclarecer el intríngulis legal y financiero de personas jurídicas, propiedades, intereses relacionados, arrendamientos, comodatos, préstamos bancarios, avales del Estado. Adicionalmente, deberá dictar variados reglamentos para especificar las disposiciones de la ley.

Pues bien, ¿qué beneficios podrían seguirse de esta ley, más allá de reglas, plazos y sanciones? ¿Cuáles medidas e indicadores nos permitirían saber si acaso la ley funciona, si genera los bienes prometidos y abre paso de verdad a "un sistema educativo más moderno, de calidad, gratuito y sin discriminación" como sueña la Presidenta?

Pienso que el vacío en relación con estas interrogantes es quizá el punto más débil de la reforma. Efectivamente será difícil reclamar responsabilidades, pedir cuentas y ejercer una efectiva accountability frente a la nueva ley. Será casi imposible medir su efectividad; saber si produce más ganancias que daños y en qué medida mejora (o deteriora) aspectos clave del sistema educacional.

Por ejemplo, ¿cuándo y cómo podremos concluir si efectivamente avanzamos hacia un sistema de calidad y sin discriminación? ¿Cuándo se podrá decir que acabaron las "bases ilegítimas puestas en dictadura", según ofreció el ministro Eyzaguirre? ¿Incluye su oferta el fin también de las pruebas Simce y de la subvención por alumno? ¿Qué indicadores sugiere emplear el Gobierno para medir si efectivamente sacó el mercado de la educación? Por ejemplo, ¿implica reducir al mínimo a los sostenedores privados, la competencia, la libertad de elección de los padres, el financiamiento a la demanda y la evaluación de los profesores? ¿Cuándo podrá declararse muerto el mercado?

Discutamos entonces algunos indicadores que podamos convenir y usar. Sugiero los siguientes: (i) Resultados de aquellos colegios convertidos en entidades sin fines de lucro. (ii) Variación de los niveles de segmentación en aquellos colegios con admisión aleatoria. (iii) Incremento de la matrícula en establecimientos municipales reforzados con un fondo especial de doscientos cincuenta mil millones de pesos. (iv) Grado en que aumenta o disminuye la varianza de resultados explicada por el índice de estatus económico, social y cultural de PISA. (v) Disminución del porcentaje de alumnos que no alcanza el umbral mínimo de competencias básicas evaluadas por PISA. (vi) Movimiento ascendente o descendente de la brecha socioeconómica y cultural entre alumnos del primer y cuarto cuartiles en el examen PISA. (vii) Comportamiento de los índices de inclusión académica y social calculados por la OCDE para los sistemas escolares. (viii) Nivel de satisfacción de los sostenedores, directivos y profesores con las nuevas regulaciones establecidas para los colegios. (ix) En el mediano plazo, desempeño de los liceos emblemáticos y si acaso el Instituto Nacional conserva su función formadora de élites.

Para este efecto propongo que el Gobierno reúna a un panel de expertos independientes encargado de monitorear y evaluar la implementación de la reforma y sus efectos, con capacidad de licitar estudios y la obligación de compartir sus bases de datos y de informar ampliamente al Ejecutivo, el Parlamento, las agencias del sector y a la opinión pública.

Constitucionalidad de la reforma al sistema binominal

Senadores de  la Alianza presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) un requerimiento impugnando algunas de las normas del proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno proporcional, recientemente despachado, por no resguardar la igualdad del voto, el derecho de los partidos o pactos a realizar primarias y el igual trato que deben recibir los independientes. Acusan también que no se cumplió con la obligación de precisar el origen del financiamiento en el mayor gasto que generará el incremento de parlamentarios.

La interposición de dicha acción constitucional ha sido criticada por algunos, aduciendo que el sistema binominal habría adolecido también del vicio de afectar la igualdad del voto, lo que la Alianza nunca cuestionó; asimismo, porque implica desconocer la voluntad de la mayoría, transformando al TC en una tercera cámara legislativa. Estas acusaciones son incorrectas y eluden el debate de fondo. Cualesquiera que fueran los defectos que se atribuyan al binominal -que han sido materia de un arduo debate y sobre lo que hay posiciones encontradas- no exime al sistema que lo reemplace de ajustarse a los principios básicos que establece la Constitución. De hecho, quienes abogaron por terminar con el binominal lo hicieron en la creencia que distorsiona la voluntad popular, por lo que no pueden incurrir en el mismo vicio al reemplazarlo. 

Todo sistema electoral debe satisfacer la regla constitucional básica, inherente a la democracia, de la igualdad del voto y todas las corrientes políticas debieran velar por su pleno respeto. Por otra parte, hay que recordar que a las magistraturas constitucionales siempre recurren las minorías, ya que a la mayoría le basta con votar en contra para impedir que se apruebe cualquier propuesta, sin que importe el análisis de constitucionalidad. En suma, sería valioso que aquellos que no concuerdan el requerimiento contribuyan al debate haciendo ver sus argumentos de fondo -hasta ahora desconocidos- sobre las objeciones que se han planteado, sin desautorizar a quienes hacen uso de una prerrogativa constitucional.

El requerimiento en todos los aspectos que abarca tiene fundamento plausible, que corresponde sean analizados en profundidad y debidamente resueltos, pues hay en juego consideraciones importantes para la representatividad y calidad de nuestra democracia. Acoger todas o algunas de sus pretensiones no implicaría dejar vigente el sistema binominal, puesto que su reemplazo no es impugnado -lo que no podría ser-, sino que únicamente eliminaría algunas normas que pueden distorsionar la expresión de la voluntad popular. En el peor de los casos, obligaría a realizar algunos ajustes en lo aprobado, para garantizar la plena idoneidad democrática del sistema electoral que regirá en lo sucesivo.

Ciertamente que cabe dudar que la igualdad del voto haya sido respetada, cuando la distribución del total de diputados ha sido realizada -como se hace en la mayoría de los países- siguiendo un criterio poblacional, aunque con correcciones entendibles, como el caso de las regiones extremas, pero existen casos de distritos que tienen más electores inscritos y eligen menos diputados que otros que les son comparables, que poseen un inferior número de votantes. Conforme la jurisprudencia del TC, la igualdad no impide establecer diferencias, siempre que sean justificadas. Por ello, sería necesario que esas inconsistencias de representación tuvieren un fundamento plausible, que a primera vista no se advierte y que no ha sido explicado, que para muchos no pasan de reflejar acuerdos en torno a los intereses de quienes votaron a favor del texto aprobado.

Tampoco es claro que se haya respetado la igualdad entre candidaturas de independientes y de los partidos políticos, al rebajarse de 0,5% a 0,25% el número de electores necesarios en una región (bastará una sola) para constituir éstos, mientras que para presentar una candidatura independiente se mantiene el 0,5%. Como los partidos pueden presentar candidaturas, resultaría en ciertas hipótesis que requerirán menos firmas que los independientes para ello. Cabe precisar que la Constitución exige expresamente dicha igualdad en “la presentación de candidaturas”.

Por otra parte, también se afectran las normas sobre celebración de elecciones primarias. Se establece que las candidaturas de hombres y mujeres de cada partido no pueden cada una exceder del 60% del total (“cuotas de género”), con independencia de la forma de su nominación. Asimismo, se prohíbe someter a primarias en las elecciones de 2017, 2021, 2025 y 2029 más de un 40% de las candidaturas a diputados y senadores. Estas regulaciones aparecen como inconsistentes con la alternativa prevista en la propia Constitución de efectuar primarias vinculantes, cuyos resultados dependerán de las votaciones, siendo imposible asegurar cuotas en ellos, y particularmente, cuando se llega a prohibir en la mayoría de los casos que se lleven a cabo, todo lo cual importa un retroceso en el proceso democratizador de los partidos. 

Finalmente, no se cumplió con la norma sobre especificación del financiamiento del mayor gasto por los nuevos parlamentarios, que no sólo es obvia una buena práctica exigida por la Constitución, sino que tuvo su origen en un hecho contrario al sano debate democrático: negar que ese incremento será fuente de mayor gasto.

El TC está llamado a velar por la supremacía de la Constitución. La voluntad de la mayoría no puede ser usada como un pretexto para soslayar el respeto a la igualdad de voto y el derecho de los partidos a realizar primarias que ella consagra. Cabe esperar un fallo sólido y orientador, prescindente de cualquier consideración ajena a las cuestiones constitucionales y de principios involucradas.

 Señales al inversionista extranjero.

 La última reforma tributaria derogó el DL 600, principal instrumento de promoción y protección de la inversión extranjera en Chile, el cual, con antecedentes que se remontan hasta 1953, databa de 1974 y había sido objeto de varias enmiendas. Su término quedó sujeto a la promulgación de una nueva institucionalidad para la promoción de inversiones. Tras el trabajo de una comisión transversal de expertos, el Gobierno ha anunciado que se apronta a enviar el correspondiente proyecto de ley.

El principal argumento es que Chile ya ofrece suficientes seguridades a todos los inversionistas. La principal garantía que concede el DL 600 -no discriminación y libre repatriación de utilidades y capitales- forma parte de los tratados vigentes de libre comercio, protección de inversiones y doble tributación. De hecho, por obra de tales tratados, los inversionistas extranjeros fueron librados en la reforma tributaria del incremento aplicado a los locales respecto de sus retiros y dividendos.

El proyecto crearía una nueva entidad pública, la "agencia de promoción de inversiones", la cual asumiría un rol activo en la difusión de oportunidades, coordinación con otros entes públicos y apoyo al inversionista. Los dos principales cambios respecto del DL 600 serían que los derechos del inversionista ya no estarían amparados por un "contrato ley" -fórmula jurídica que exige la anuencia de ambas partes para alterar su contenido- y la eliminación de la invariabilidad tributaria, tanto general como aquella específica para la minería introducida en 2005. Naturalmente, ello no afectaría en absoluto los contratos vigentes.

No son claras las ventajas que espera el Gobierno de esos cambios. Hay consenso en que la inversión extranjera es valiosa y que -con alrededor de US$ 20.000 millones anuales de influjo neto- Chile ha sido en los últimos años uno de los países más exitosos del mundo en la materia. Incluso el 2014 -contraviniendo la tendencia de la región- las cifras oficiales revelan un importante incremento respecto del año anterior, aunque tal vez ello podría indicar una aceleración inducida precisamente por la proximidad de su término. Si las protecciones que ofrece el DL 600 ya no fuesen necesarias, caería en desuso por sí solo.

En la actualidad, solo 30% de la inversión extranjera se acoge al DL 600. Sin embargo, casi todas las inversiones de gran escala y de plazos largos de maduración, como las mineras, ocupan dicha vía.

La invariabilidad tributaria -y en especial la del impuesto a la minería, llamado royalty - ampara al sector de la tentación del Estado de recargarlo de gravámenes una vez que los desembolsos ya han sido efectuados, los yacimientos ya están en explotación y cuando abandonarlos resultaría muy oneroso. Es discutible que dicha garantía no esté disponible para los inversionistas nacionales en el sector, pero parece justificado que los grandes proyectos de inversión en rubros sujetos a impuestos específicos reciban del Estado esa protección por un tiempo prudente.

Chile vivió en años recientes un fuerte auge económico y social impulsado en parte por la inversión minera. La economía nacional sufre hoy los efectos de la paralización que, por diversas causas, aqueja a la inversión minera y de otros rubros. En esas circunstancias cabe revisar a fondo la decisión de introducir cambios que perturben las expectativas empresariales.

Proyecto para la legalización del aborto.

El Gobierno ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de legalización del aborto, el que de ser aprobado restaría a Chile del pequeño listado de países que hoy,  pueden exhibir un pleno respeto del derecho a la vida como uno de los derechos humanos más importantes. El Congreso deberá adoptar ahora una definición al respecto, en un debate  que previsiblemente generará posiciones muy encontradas, dado que ella involucra los valores más profundos de cada uno de los legisladores y sus electores.

Un primer aspecto sobre el que debe llamarse la atención es la necesidad de una discusión seria, sin eufemismos y sin vetos a las posiciones de cada cual y a los valores que la sustentan. En este sentido, llamar las cosas por su nombre es una primera exigencia para el debate, que no se cumple cuando el gobierno pretende calificar esta propuesta como una “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, ya que de lo que está hablando es de convertir en legal una conducta que hoy es delito, que consiste en llevar a cabo una acción cuyo resultado previsible es terminar con la vida del embrión. La “interrupción del embarazo” no es una entidad separada de la vida del feto. 

Una segunda consideración es en relación a la argumentación de que este proyecto sólo pretendería legalizar el aborto en tres casos muy excepcionales, con lo que se pretende crear una falsa situación intermedia entre la prohibición y la legalización del aborto. De acuerdo con el proyecto presentado ayer, se permitirá practicar abortos en caso de que la vida de la madre esté en riesgo, se detecte la inviabilidad de feto y cuando hay violencia sexual. Lo cierto es que la aprobación de la propuesta del Gobierno significaría directamente la legalización, porque se cambiaría la definición de fondo, cual es que no es posible realizar actos directos para terminar con la vida del feto, conducta que hoy es la que se sanciona como aborto.  

Así, la causal de “peligro para la vida de la madre”-ya sea presente o futuro, como indicó la Presidenta-carece de fundamento, porque tal como lo han precisado reiteradamente los especialistas médicos y jurídicos, la legislación y los protocolos terapéuticos vigentes permiten aplicar a la madre los tratamientos necesarios para proteger su vida, aun cuando eso conlleve el riesgo de vida para el feto, siempre que haya un motivo grave y se adopten todos los resguardos para proteger a la criatura. Si se está agregando esta causal es para autorizar lo que hoy no se puede, y eso es precisamente terminar directamente con la vida del feto. Incorporar esta causal como un “aborto terapéutico“ es un eufemismo que no ayuda a la seriedad del debate. Esto queda demostrado en el hecho de que en los países donde se ha legalizado el aborto, el primer paso es permitir que se realice en una causal restringida, que luego se amplía por la vía de entender el “peligro” para la vida de la mujer como un peligro amplio para su “salud física o sicológica”. Así lo han reconocido, además, los impulsores de la legalización total del aborto.

En relación a la causal de violación y de malformación del feto, lo que está de por  medio es la definición de fondo que deberán adoptar los legisladores, en cuanto si existe un derecho de la madre sobre el feto o si éste es un ser que tiene su propia autonomía y por lo tanto un derecho a la vida que debe ser protegido al mismo nivel que el de la mujer. La violación debe ser de las conductas humanas que merece el más profundo de los reproches y castigos, por la invasión de la intimidad y el daño físico y sicológico que causa, pero ese reproche debe ser dirigido al responsable y no al ser inocente que tiene derecho a que su vida sea respetada. No es posible en este caso justificar que se legalice terminar con la vida del feto si no se considera legítimo subordinarla a la de la madre, lo que no es consistente con el respeto de los derechos humanos que nuestro país ha optado por mantener.

Además, en el caso de violación el proyecto del Gobierno contempla un “espacio de discernimiento” de hasta 12 semanas, que se amplía a 18 semanas en el caso de las menores de 14 años. Este extenso período contradice la idea de que se trata de causales de “emergencia”. Si bien falta por conocer los detalles del proyecto, la causal por violación será especialmente controversial, especialmente por el umbral de tiempo que ha fijado el proyecto, lo que podría presionar para que el plazo se extienda incluso más allá de las 18 semanas. 

En el caso de la causal de la malformación del feto o su inviabilidad ocurre una situación semejante, porque existen hoy las vías para afrontar los casos desde la perspectiva ética y médica, sin que sea necesario para eso legitimar el aborto.  

El Gobierno ha anunciado que no dará urgencia a la discusión de este proyecto, lo que parece adecuado y justificado dada la importancia del tema y la necesidad de que no se abuse de mayorías o coyunturas políticas para zanjar un tema que, de no ser bien resuelto, puede dejar heridas muy profundas en la convivencia social y política. Por de pronto, lo más probable es que existan posiciones divergentes al interior de cada bloque político, aun cuando es previsible una posición mayoritariamente contraria en la Alianza y favorable en la Nueva Mayoría. Probablemente la mayor tensión se vivirá al interior de la Democracia Cristiana, porque la oposición que siempre se manifestó a la legalización del aborto es de los pocos factores que aún le permiten diferenciarse doctrinalmente del resto de la Nueva Mayoría.

Atochamiento legislativo.

Cuando asumió el actual Gobierno, el comentario más extendido decía relación con el cuadro de altas expectativas con que éste llego al poder y la amplia promesa programática que lo respaldaba. Una importante mayoría ciudadana apoyó el retorno de Michelle Bachelet a La Moneda, en el convencimiento de que el país requería de cambios importantes en materias fundamentales, pero sin conocer en detalle las propuestas específicas.

Con una oposición minoritaria en la discusión legislativa, el desafío quedó situado en el ámbito de los partidos oficialistas y del propio Gobierno, quienes lograron construir los acuerdos internos necesarios para impulsar con éxito los proyectos de ley que concretarían las promesas.

Pero los roces entre el Comité Político y las respectivas bancadas no se hicieron esperar. Las tensiones fueron en aumento durante el 2014, al punto que hubo proyectos amenazados en su aprobación y el referido Comité resultó duramente cuestionado, llegándose incluso a plantear la conveniencia de un cambio de gabinete.

Sin embargo, las cosas evolucionaron de manera distinta en el último tercio del año pasado. Paralelamente a la crisis de una parte de la Alianza por el caso Penta, el oficialismo ganó en orden y disciplina y logró importantes triunfos legislativos: la aprobación de la normativa que pone fin al binominal; el despacho del AUC, que consagra las uniones de hecho y lo concerniente al termino del copago, el lucro y la selección en materia educacional. Todos estos representan avances de indudable trascendencia, que le permiten al bloque oficialista comenzar un 2015 con tranquilidad y concentrar sus energías en la recién ingresada reforma laboral y en el proyecto que despenaliza el aborto en casos puntuales.

Pero el año político que termina, más allá de las victorias, dejó algunas lecciones que el Gobierno debe asumir. Además de evitar el atochamiento legislativo, hay que realizar un mayor esfuerzo por mejorar la técnica legislativa de lo que se remite al Senado y la Cámara, para evitar la insuficiencia y en algunos casos los abiertos errores que sólo logran la judicialización de los conflictos sociales. Hay que resguardar la calidad de nuestras leyes. Es preciso incrementar los niveles de diálogo político y técnico con la oposición y los sectores sociales interesados. Solo así se logrará darle perspectiva de largo plazo a las reformas y evitar que éstas sean vistas por la ciudadanía como iniciativas carentes de genuino respaldo. 

 El contagio griego.

 

La decisión de congelar las privatizaciones de puertos, empresas eléctricas y petroleras; aumentar el salario mínimo y las pensiones, y recontratar a los 12 mil funcionarios despedidos como parte del plan de austeridad hizo de Tsipras el blanco de críticas de los más duros de la UE, quienes consideran que si Grecia quiere seguir recibiendo el apoyo europeo, debe cumplir sus compromisos y alejar el fantasma de un default o del "Grexit", la salida del euro.

Está claro que el líder griego logró la victoria electoral por su postura contraria a la "troika" (la UE, el FMI y el Banco Central Europeo), que lo obliga a un rigor macroeconómico y a hacer reformas estructurales. La Unión Europea debe decidir si se mantiene en su postura de austeridad o si ajusta sus imposiciones a las demandas griegas. Si hace lo primero, da una señal de fortaleza, pero arriesga que Grecia no sea capaz de solventar la deuda y termine en el peor escenario, la salida del euro. Si hace lo segundo, aliviaría la presión sobre el gobierno griego, pero se corre el riesgo de que se sienta en la libertad de seguir un programa de expansión del gasto, con lo cual se perdería lo ganado en estos años de ajuste. Y de paso, alimentaría a los grupos populistas en otros países en aprietos, como Francia, España Italia, incitando a sus gobiernos a reclamar igual trato, de manera de evitar la efervescencia popular.

Hay un problema adicional para entender la inflexibilidad de la UE, y es que el 80% de la deuda griega está en manos de instituciones o gobiernos de otros países europeos y, por ende, cualquier reducción afectaría a sus contribuyentes. La duda es hasta qué punto los votantes alemanes, holandeses o finlandeses, entre otros, están dispuestos a subsidiar a los griegos.

La UE tendrá que dar una solución; la menos mala, quizás, sea ampliar plazos, seguir ayudando y mantener la supervisión sobre la díscola Grecia.

Euroescépticos tras los pasos de Syriza.
 El triunfo de Syriza abrió el apetito de los movimientos antisistémicos en diversos países europeos, que buscan un cambio en el orden político y económico de la UE, y que ahora sienten que pueden emular a los griegos en futuros comicios. Ya quedó demostrado en las legislativas europeas de mayo que los partidos que nacieron de movimientos de "indignados", como Podemos en España, tienen capacidad para ganar rápidamente adeptos entre las clases medias decepcionadas y desesperanzadas ante la crisis económica.


En un contexto de rechazo a los políticos tradicionales, líderes jóvenes y ambiciosos, como Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, tienen ventajas para llegar con mensajes radicales, a veces revolucionarios, a los votantes. En menos de un año, Podemos se hizo un espacio y amenaza la supremacía del PP y del PSOE, desgastados por escándalos de corrupción. A pesar de la recuperación de España, la crítica al manejo económico se ha instalado, por lo que Podemos presenta un complicado desafío de cara a las tantas elecciones de este año: municipales, autonómicas, y las generales antes del 20 de diciembre.


Pesa sobre Podemos la complicada acusación de que recibió dinero venezolano, y declaraciones como la de Iglesias ("Venezuela es una de las democracias más saludables del mundo") no ayudan a despejar las dudas que, sin embargo, todavía no hacen mella en sus seguidores. Podemos carece de programa, pero sí tiene eslóganes pegadores, tales como "democratizar el poder" o "remoralizar la vida pública". Su ideólogo, Iñigo Errejón, un cientista político de 31 años, aseguró a El País que recién cuando ganen las elecciones "empieza el partido de verdad". Por ahora, mirarán a Grecia para ver qué pasos les conviene seguir.


"Cachetada monstruosa a la Unión Europea".
 Fueron varios los grupos que aplaudieron la victoria de Syriza, sin distinción de derechas o izquierdas. Si Podemos representa una extrema izquierda, el Frente Nacional francés es el euroescepticismo de la ultraderecha. Marine Le Pen, que encabeza las encuestas, sacó roncha cuando dijo que el resultado en Grecia era "una cachetada monstruosa a la Unión Europea", lo que revela una alianza virtual entre los extremos.


Una frase similar pronunció en Italia Matteo Salvini, de la Liga del Norte (también de ultraderecha): "un electroshock a la UE", quien comparte ideario antieuropeo con el movimiento de izquierda Cinco Estrellas, que removió la política italiana en las últimas elecciones generales. En Gran Bretaña, el UKIP tiene a los partidos tradicionales de cabeza para detener su avance tras su éxito en los comicios europeos.


Alternativa para Alemania (AfG) es de derecha, y ocupa un espacio que dejó la CDU de Merkel en la defensa de los valores familiares, en contra de la inmigración y de las amarras que significa el euro para el país. Su contraparte al otro lado del espectro es "La Izquierda", formada por ex comunistas de la RDA y socialdemócratas díscolos.

En este panorama, la UE tendrá que medir sus pasos para evitar que el descontento contra Bruselas y los programas de austeridad, reflejado en partidos populistas pequeños pero exitosos, se transforme en una epidemia que contagie a toda Europa.