Reforma laboral y desigualdad,
por Alfonso Andrés Swett.
Chile se encuentra enfrentado a un alto nivel
de desigualdad (Gini), que ha venido disminuyendo —aunque no lo suficiente— en
los últimos años. También está enfrentando una preocupante caída de
productividad (PTF): el 2014 tuvimos una de las peores cifras de productividad
(-1,1%) en los últimos 50 años. Este 2015 también será negativa (preocupante
tendencia).
Soy partidario de una reforma laboral que
incremente las remuneraciones y nos ayude a disminuir la desigualdad. La
evidencia internacional y el sentido común nos muestran que la actual reforma
sí tendrá en el corto plazo un efecto positivo en las remuneraciones. A modo de
ejemplo, el fin al reemplazo en huelga en Canadá produjo un incremento del 4%
de las remuneraciones reales en el corto plazo. Lamentablemente, en esta
reforma está ausente un análisis económico para contestar la pregunta más
relevante para un Gobierno que ha definido la desigualdad como su eje central:
¿cuánto será el aumento de las remuneraciones en el corto plazo? Sin embargo,
hay una pregunta aún más relevante: ¿qué pasaría si se aumentan las
remuneraciones sin incrementar la productividad?
En un estudio de la Cornell University (Labor
Policy and Investment: Evidence from Canadá. 2004), los autores llegan a la
conclusión de que la eliminación del reemplazo a la huelga redujo nuevas
inversiones. Es evidente, la relación productividad/remuneraciones es clave a
la hora de invertir. Adicionalmente, un estudio de John W. Budd (University of
Minnesota) muestra cómo el fin al reemplazo en huelga en Canadá produjo un
efecto negativo en el empleo: en los dos primeros años de -0,685 y después de -1,236.
-1% del empleo en Chile serían 84.000 puestos de trabajos menos.
Si las remuneraciones crecen más que la
productividad, no sólo cae la inversión, sino que en el mediano plazo también
caerá el empleo y luego las remuneraciones. Comparto el argumento de que esta
reforma podría mejorar el clima laboral y, por ende, la productividad. Sin
embargo, no sabemos cuánto. Para mejorar la productividad laboral, hay que
incrementar el capital humano por trabajador (la capacitación no puede estar
ausente) y la confianza empresarial (el capital por trabajador es clave en la
productividad laboral). Hacienda y Trabajo no pueden postergar este análisis
fundamental.
La fumigadora,
por Joaquín García Huidobro.
La reforma educacional llegará en los próximos
días a su culminación sin que nadie haya logrado domesticarla por el camino.
Pero lo que hemos visto estas semanas nos permite sacar algunas lecciones importantes.
Me limitaré a tres de ellas.
La primera tiene que ver con el talante de
nuestra izquierda. Durante años me sentía orgulloso de nuestros socialistas y
otros grupos afines. A diferencia de sus congéneres españoles, Lagos,
Viera-Gallo y otros como ellos eran gente civilizada, que vivía y dejaba vivir.
Podían estar en el poder, pero no pretendían aniquilar al adversario. En suma,
tenían mecanismos de autocontrol, derivados de un cierto estilo de hacer
política. La manera en que se tramitó esta reforma nos muestra que las cosas
han cambiado radicalmente. Ya no quieren ser amados ni respetados, prefieren
ser temidos. Antes avanzaban deliberando, ahora vienen con fumigadora.
La segunda lección nos habla de la Democracia
Cristiana. Desde que terminó el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, nunca había estado
en una posición tan favorable. Aunque este año ha recibido constantes codazos
de sus socios de coalición, lo cierto es que, gracias a los extravíos de la
Nueva Mayoría, se estaba transformando en el gran árbitro de la política
chilena. La reforma educacional era un símbolo de este papel, donde la DC
planteaba exigencias y mantenía una identidad propia. Todo eso se derrumbó en
unos pocos días.
Yo admiro a quienes perjudican sus intereses
por permanecer fieles a sus convicciones; y puedo llegar a entender a quienes,
en un momento de debilidad, sacrifican sus ideales para salvaguardar sus
conveniencias. Pero en estos días la DC ha ido simultáneamente en contra de sus
convicciones y de sus intereses, lo que resulta del todo incomprensible.
Muy fuertes deben haber sido las presiones para
que la DC haya terminado por olvidar sus promesas de defender a los colegios y
el pluralismo educativo. El ala radical de la Nueva Mayoría ha aprendido a
manejar el miedo y a transformarlo en una eficaz arma política. Hace un año,
todavía existía un armonioso eje PS-DC. Hoy, la Democracia Cristiana es
arrollada por sus antiguos aliados, empeñados en fumigar cualquier disidencia.
Las consecuencias de esta claudicación pueden ser
graves no sólo para esa clase media que constituye su electorado tradicional,
sino también para el propio falangismo. No conocemos el futuro, y cabe que en
veinte años más la Democracia Cristiana sea un partido pujante, lleno de
ideales y un ejemplo para toda la clase política. Pero también es posible que
ni siquiera resulte el intento de algunos de transformar a la DC en una especie
de PPD aromado con cierto aire clerical. Cabe que termine por desaparecer del
panorama político nacional. Si sucediera este hecho lamentable, si a la DC
chilena le esperara el mismo fatal destino que a su hermana italiana (que, tras
Gobernar durante casi medio siglo, desapareció de un día para otro) entonces
los historiadores recordarán el mes de enero de 2015 como la fecha cuando se
manifestó esa enfermedad mortal.
Algunos piensan que la fumigadora Gobiernista
podría haber sido detenida si la centroderecha contara hoy con las grandes
figuras que tuvo en el pasado y argumentos más sofisticados que los que emplea.
No lo sé. Hay que decir a su favor que resulta muy difícil negociar con un
adversario que desprecia la democracia de los acuerdos y está embriagado por
vahos refundacionales. Chile sufre en este momento una marea Estatista y, junto
con tratar de detenerla, hay que asegurar que, cuando empiece a retirarse,
existan ideas capaces de fundar un proyecto de reemplazo, para que no vuelva a
ocurrir que la centroderecha llegue al poder, realice una buena administración
y finalmente sea derrotada por no haber sido capaz de ofrecer algo más que
estadísticas exitosas.
Por todo lo anterior, la tercera lección de
estos días tiene que ver con la necesidad de trabajar a largo plazo, sin temor
a defender ideas que en un momento pueden no estar de moda. En esto nos dan
ejemplo los propios autores de la reforma educacional: cuando hace algunos años
propusieron terminar con el lucro, la selección y el copago, esas iniciativas
parecían extravagantes a la mayoría de los chilenos. Hoy han recibido el premio
a su perseverancia. Como los vientos políticos pueden cambiar, la izquierda
moderada, la DC y la centroderecha no deben tener miedo a la fumigadora del ala
dominante de la Nueva Mayoría. Mucho más peligrosa que ella puede ser la falta
de propias ideas o de convicción para difundirlas.
Asesinato de imagen,
por Axel Buchheister.
La reforma educacional está ad portas de ser
aprobada sin ningún cambio sustancial, sino únicamente con pequeños ajustes que
cumplen el rol de meros analgésicos para calmar críticas y reclamos. Más allá
de los detalles, se consiguió el objetivo de erradicar el lucro, la selección y
el copago en los establecimientos subvencionados. ¿Cómo todo esto mejorará la
calidad de la educación? Nadie lo ha explicado, pero parece no importar.
En un país donde rige el estado de derecho lo
anterior no sería posible, pues la reforma en todos esos aspectos es
frontalmente inconstitucional. Afectan la libertad de enseñanza y en forma
sorprendente, la autonomía de las personas para hacer algo tan simple como
esforzarse y contribuir económicamente a mejorar la educación de sus hijos. El
argumento usado es que hay envueltas platas públicas, de forma que el Estado
puede condicionar y restringir, lo que es falso de cara a la Constitución.
Tomemos el caso del lucro. La garantía Constitucional
sobre la libertad de enseñanza es categórica: se “asegura a todas las personas…
el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales… (el
que) no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas
costumbres, el orden público y la seguridad nacional”. En ninguna parte se
contempla una restricción derivada de la existencia de lucro. Al regular los
subsidios u otros beneficios que entregue el Estado, la Constitución no acepta
distinciones arbitrarias. Más aún, las normas Constitucionales reiteradamente
velan por el trato igualitario, esto es, proscriben diferencias caprichosas.
Que el Estado sea “dueño” de los recursos públicos no le habilita a hacer
cualquier cosa. Jamás puede discriminar arbitrariamente y si la propia
Constitución permite que haya colegios con fines de lucro, es caprichoso
excluirlos de los subsidios Estatales. Y nadie ha demostrado que impartan una
mala educación o sean los responsables de la mediocre calidad de ésta en Chile,
en términos que desapareciendo el lucro en los colegios habrá por ello mayor
calidad en la educación subvencionada.
El Tribunal Constitucional ha resuelto que el Legislador
puede colocar requisitos para acceder a las subvenciones, como es obvio, pero
ellos deben ser objetivos y tener fundamento racional. Por lo mismo, es
inadmisible que diga “tú no, porque persigues lucro”; y peor todavía: “aunque
lo hayas hecho bien y que hasta ahora yo como Estado haya fomentado que lo
hicieras”. Eso es arbitrario y carente de toda sustentación. Siendo tan claro y
debiendo el proyecto de Ley pasar por el Tribunal, toda esa regulación sobre el
lucro debiera caerse. Y hasta hace no tanto así habría sido, pero usted y yo
sabemos que ahora no es muy factible que suceda.
¿Cómo puede ser así? Porque el lucro en
educación fue objeto de un asesinato de imagen (lo mismo que lo ha sido la
propia Constitución) y el horno no está para bollos; la negación del rol de un Tribunal.
Más que el daño a la libertad de enseñanza, lo verdaderamente grave es el
método que se ha asentado: demoniza algo y no tendrá derecho a nada.
¿Negociación laboral o imposición sindical?
por Fernando Barros Tocornal.
El mundo empresarial comienza este año con
visibles signos de desgaste producto del entorno de descalificaciones que se
vivió en la discusión de la reforma tributaria y en otras iniciativas
anunciadas por el Gobierno, todas basadas en visiones ideológicas que se creían
superadas. Ellas desconocen el enorme aporte que día a día representan la
actividad empresarial y el emprendimiento de miles de chilenos y reniegan
porfiadamente de la evidencia incuestionable de que han sido el crecimiento de
la economía y el estímulo de la iniciativa privada lo que ha posibilitado que
nuestro país haya alcanzado niveles cercanos al pleno empleo y un inédito y
sostenido incremento del nivel de remuneraciones y movilidad social, con
prescindencia del nivel de sindicalización.
Este desánimo se manifiesta visiblemente, según
podemos dar fe quienes apoyamos iniciativas de emprendimiento, en una fuerte
baja en el estímulo para el estudio de nuevos desafíos y en la postergación de
proyectos que hasta hace poco aparecían como rentables. Incluso comienzan a
considerarse y hacerse más atractivas y menos complejas opciones en el
exterior.
Hoy la preocupación se centra en la
modificación de la legislación laboral, la que, más allá de voluntaristas
declaraciones que traería una mejora en el empleo, la productividad y las
relaciones al interior de la empresa, es percibida como la imposición de la
hegemonía monopólica de las organizaciones sindicales por sobre la voluntad de
los trabajadores que no desean sindicalizarse o que no se sienten representados
por la organización sindical de su empresa, en términos de que esta reforma
busca prohibir que pueda darse un proceso de negociación colectiva entre un
grupo negociador y el empleador si en la empresa existe un sindicato, con
prescindencia de su tamaño y representatividad.
Si bien el proyecto plantea poner término a una
de las muchas malas prácticas habituales en el mundo laboral, como el denominado
"Sindicato del Día Después", subterfugio que da lugar a fueros
sindicales fraudulentos, otras de sus disposiciones causan inquietud por la
"rigidez suicida" que genera en la relación laboral, obligando a la
empresa a recorrer un camino a sabiendas de que podría llevarla a su
destrucción.
Así, la ley obligará al empleador a que su
oferta de nuevo Contrato Colectivo contemple como mínimo las condiciones
vigentes que fueran acordadas con la realidad de dos, tres o cuatro años antes,
siendo ilegal proponer algo inferior aun cuando la empresa esté enfrentando una
grave crisis. La ley establece hoy este piso, junto con otros, como requisito
de la última oferta del empleador para que éste pueda contratar reemplazantes
en caso de huelga, pero ahora se obligará al empresario a proponer algo que
está cierto no podrá cumplir y que, en un extremo, podría terminar con la
empresa. Y como si ello no fuera suficiente, en el evento de que se imponga un
contrato, ya sea por cuanto el empleador se vio obligado a ofrecer al menos el
contrato anterior o porque la empresa no resistió más días de huelga indefinida
sin reemplazos y tuvo que aceptar la propuesta sindical, no podrá después
ajustar la dotación a su crítica realidad, ya que se establece que la
adecuación de la empresa conforme a sus necesidades para poder ser competitiva
será sancionada como un acto de represalia constitutivo de práctica
antisindical.
Si la empresa logra sortear la crisis y decide
emprender una línea de producción ajustada a los niveles ahora menores de
crecimiento del país y contrata nuevo personal para este negocio menos
rentable, no podrá contar con que perduren las condiciones que pacte con los
nuevos operarios, ya que éstos, a pesar de haber aceptado esas condiciones de
contratación pocos días antes, podrán cambiarlas unilateralmente con el solo
expediente de incorporarse al sindicato que suscribió el contrato que esté
vigente en la empresa y, previo pago de la cuota sindical que se establezca, se
les harán aplicables automáticamente los niveles de remuneración y demás
beneficios de trabajadores que llevan años en la empresa y/o se desempeñan en
funciones diferentes.
Esta reforma laboral está lejos de promover
negociaciones técnicas y modernas para el necesario desarrollo de largo plazo
de la empresa, no contribuye a mejorar la competitividad ni el bienestar de
trabajadores y emprendedores y hace más difícil la actividad de crear, generar
riqueza y dar trabajo, sometiendo la actividad empresarial a relaciones
desequilibradas y a la indefensión ante imposiciones sindicales por
irracionales que sean.
ME-O y la Nueva Mayoría
Lógicas disímiles operan en los partidos de la
Nueva Mayoría al relacionarse con figuras ubicadas en los márgenes de la
coalición. Una militante histórica DC, Mariana Aylwin, arriesga sanciones
disciplinarias por su adhesión al movimiento que encabeza Andrés Velasco, quien
si bien hoy se manifiesta crítico frente al Gobierno, compitió en la primaria
del bloque. En contraste, ocho Diputados (del PS, PPD, PR y la IC) no sufren
consecuencias tras recibir en el Congreso y expresar simpatía hacia Marco
Enríquez-Ominami, quien se enfrentó con dureza a Michelle Bachelet en la
primera vuelta Presidencial y evitó entregarle su apoyo en el balotaje. La cita
vino a transparentar un hecho conocido: la adhesión que el ex candidato suscita
en un sector de la coalición, el mismo que promueve su radicalización y que
comparte con ME-O el apoyo a propuestas como la asamblea constituyente y una
crítica profunda a las administraciones concertacionistas.
Esta cercanía es un problema estructural en la
Nueva Mayoría y una amenaza para su proyección. El ex Diputado DC Gutenberg
Martínez lo ha expresado con claridad, al advertir que un eventual ingreso de
Enríquez-Ominami a la coalición o cualquier circunstancia que lo pusiere en
condición de ser el candidato del bloque en 2017 sería inaceptable para su
partido. Menos explícitamente, existen en casi todas las colectividades
dirigentes históricos que comparten ese rechazo. Pero, a la vez, el también ex Parlamentario
aparece ubicado en una posición expectante en las encuestas, superando a las
figuras del oficialismo y enarbolando un discurso atractivo para parte de sus
bases. Las características de su liderazgo, sustentado en el carisma personal
-ni siquiera sus planteamientos respecto de Bolivia, contrarios a la política
exterior y a la opinión mayoritaria de los chilenos, parecen significarle
costos-, fortalecen su posición y le añaden la impredecibilidad propia de las
opciones sin sustento institucional sólido.
Debilidad DC
Es dudosa, sin embargo, la fuerza que pueda
tener la DC para imponer una definición respecto de ME-O en la Nueva Mayoría.
Desde luego, Martínez ha optado por no competir en la próxima interna, y quien
aparece con mayor opción de encabezar el partido, el Senador Pizarro, ha
evitado relevar con la misma fuerza el tema Enríquez-Ominami, si bien ha
afirmado que "no tiene nada que ver con nosotros".
Aparte de aquello, el balance de la reforma
educacional despachada esta semana por el Senado plantea severas dudas respecto
ya no solo de la capacidad democratacristiana para, en coherencia con sus
principios, jugar un rol moderador, sino también de su voluntad para hacerlo.
El texto lesiona la libertad de enseñanza históricamente defendida por ese
partido, al obstaculizar la posibilidad real de desarrollar proyectos
educativos diversos. En épocas anteriores, cuando el Estado ejercía pesado
control sobre la enseñanza privada (por ejemplo, vía la examinación de
planteles particulares), el antiguo falangismo, integrando coaliciones de
centroizquierda, no dudó en apostar por la libertad en estas materias, incluso
actuando en acuerdo con una parte de la derecha. Ahora, en cambio, cuando el
Ejecutivo propone medidas que significan un retroceso de esa libertad y del
pluralismo dentro del sistema educacional, la DC ha terminado avalándolas.
Es cierto que la colectividad sí consiguió
algunos cambios en el proyecto que mejoran la situación patrimonial de los
sostenedores de colegios, muchos de los cuales son parte de su base electoral.
Pero al haber enfocado su defensa solo en esas materias patrimoniales y
financieras, el partido, inadvertida y paradójicamente, ha contribuido también
a la consolidación de aquella caricatura según la cual los emprendedores en
este ámbito privilegiarían siempre y en cualquier circunstancia la búsqueda del
lucro, relegando a un lugar muy secundario el libre despliegue de su vocación
por la enseñanza.
Leyes clave que se aprueban anunciando cambios.
El despacho de la reforma sobre lucro, selección
y copago ha dado cuenta también de lo que amenaza transformarse en un peligroso
patrón en la manera de Legislar. Otra vez el oficialismo ha prescindido de la
oposición para llevar a cabo cambios profundos, pero además ha reincidido en lo
que ya se vio hace solo una semana a propósito de la reforma electoral: la
aprobación de disposiciones cuyas falencias son desde ya reconocidas y cuya
próxima revisión se anuncia al momento mismo de votarlas. Si antes fueron las
normas que minimizan los requisitos para la constitución de partidos políticos,
esta vez fueron las disposiciones que atañen a los liceos emblemáticos y
artísticos. Pese a que en el " off the record " es abundante el
número de dirigentes del propio oficialismo que admiten el despropósito de
medidas que amenazan la supervivencia del Instituto Nacional como emblema de la
enseñanza pública y el absurdo de pretender que colegios enfocados en el
desarrollo de ciertos talentos deban admitir a quienes carecen de ellos, el
oficialismo privilegió el cumplimiento de un cronograma autoimpuesto y el temor
a que este se viera amenazado por sectores como la ideologizada bancada
estudiantil.
Ciertamente, el concepto de reformas
"estructurales" se contradice con una forma de llevarlas a cabo que
atenta contra su propia proyección en el tiempo.
Premura Legislativa inexplicable.
En las últimas semanas la opinión pública ha
sido testigo de un proceso de discusión Legislativa apresurado y poco profundo,
en el que están siendo resueltas reformas en áreas de extraordinaria
complejidad y de gran relevancia para el futuro del país, como es el caso de
los cambios en materia educacional o al sistema electoral. No se advierte la razón para que estas
importantes Leyes sean definidas en la parte final del período Legislativo, en
sesiones cuya duración está marcada no por el tiempo requerido para resolver
adecuadamente las materias, sino más bien por los lapsos máximos para que
puedan ser despachadas antes de fines de este mes.
Se ha tratado de transmitir a la población la
idea de un Poder Legislativo que trabaja extraordinariamente para sacar los
proyectos, pero es posible que la imagen de sesiones en horas de la madrugada y
de Parlamentarios durmiendo durante su realización lleve a la opinión pública a
una apreciación muy diferente a la buscada, más cercana a la improvisación que
a la discusión responsable de las Leyes.
Lamentablemente, el Gobierno ha fijado en la
rapidez del despacho de los proyectos una prioridad por encima de la
acuciosidad y revisión profunda de las reformas que envía al Congreso. Una idea
de los problemas que esto puede generar la está dando la reforma tributaria
-también aprobada con una premura que hoy resulta insólita- donde todos los
expertos apuntan a las confusiones y vacíos que ha revelado la lectura de su
texto, que hará muy difícil su aplicación práctica y que aumenta
innecesariamente los efectos negativos que ya ha generado.
En el caso de la reforma educacional aprobada esta
semana en el Senado, (y al cierre de esta edición por la Cámara de Diputados) un
examen somero de su texto pone de manifiesto que es el resultado de una suma
interminable de cambios con diferentes sentidos y propósitos, destinados a
resolver rápidamente las objeciones de los sectores más críticos de la Nueva
Mayoría y así obtener los votos para lograr su aprobación antes de que terminen
las sesiones Legislativas. Ciertamente
no fueron recogidas las críticas
planteadas no sólo por la oposición, sino por amplios sectores
relevantes en la educación chilena -representantes de los sostenedores, de los
apoderados, centros de estudios y especialistas en la materia-, que en buena
medida explican la opinión mayoritariamente negativa hacia la reforma que
exhiben las encuestas. Pero, peor aún, los cambios no tienen la mínima
consistencia regulatoria que es exigible a cambios de esta envergadura.
En el caso de la reforma educacional, además,
no hay explicación alguna para esto -salvo probablemente el interés de
aprovechar las vacaciones escolares y la oposición que se manifestaría al
proyecto, al retorno a clases en marzo -, toda vez que su vigencia está
diferida para 2016, con lo que no es
entendible que no se haya dado el tiempo necesario para su tramitación. Lo
mismo puede decirse de la reforma electoral, que obviamente no se aplicará hasta
el año 2017.
La actual administración tiene todo el derecho
a plantear las reformas que busquen llevar a la práctica las promesas y
propuestas que fueron parte de su plataforma en la última elección, pero eso no
puede ser hecho a costa de la falta de rigurosidad e improvisación en la definición
de políticas públicas esenciales para el futuro y el progreso del país. En esta
materia, la experiencia del Transantiago y los costos económicos y sociales que
ha generado no debería ser olvidada.
La extraña muerte del Fiscal Nisman.
Las repercusiones de la muerte del Fiscal van
más allá de crear una profunda crisis para el Gobierno argentino. Sus
contradicciones, adjudicación de sospechas variadas y pésimo manejo de la
situación no solo afectan la imagen, credibilidad y capacidad de la Presidente
Cristina Fernández de Kirchner para Gobernar, negociar su futuro e influir en
su sucesión Presidencial. A la vez, comprometen la imagen argentina y de sus
instituciones; afectan a su Canciller, que ha sido parte de las negociaciones
con Irán, y a varios Ministros que han tenido reacciones precipitadas,
cambiantes y defensivas sobre el caso. Mirando las elecciones Presidenciales a
celebrarse a fines de año, mejoran las posibilidades de dos probables
candidatos. Se trata de Sergio Massa y Mauricio Macri, en perjuicio del
presunto oficialista Daniel Scioli, que debió sumarse a una declaración de
dirigentes kirchneristas que atribuyen responsabilidad en la muerte del Fiscal
a conspiraciones de agencias de inteligencia y medios de comunicación.
A la confusión y daños que provoca esta crisis,
debe agregarse la solidaridad especial que merecen las víctimas inocentes de la
Asociación Mutual Israelita Argentina.
El nombramiento del fallecido Fiscal fue
presentado por el Presidente Néstor Kirchner como su compromiso por perseguir a
los responsables del atentado y para diferenciarse del Presidente Menem,
durante cuyo mandato ocurrió el crimen. El nuevo Fiscal, considerado entonces
simpatizante kirchnerista, procesó al ex Mandatario, a un libanés, a dos ex Ministros
del Presidente Ahmadinejad y a Diplomáticos iraníes que servían en Argentina.
Cinco de estos se encuentran con órdenes de captura internacional y con la
negativa iraní de extraditarlos.
Las acciones en contra de los presuntos
terroristas permitían equilibrar la política exterior argentina por sus
estrechos lazos con Cuba y Venezuela y sus sucesivas condenas al
"imperialismo" y al sistema económico y financiero internacional.
Memorándum y ruptura.
Un sorpresivo Memorándum de Entendimiento
suscrito por el Ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y su par
iraní en enero de 2013 significó la ruptura de Nisman con las autoridades
kirchneristas, por su desconfianza y rechazo a lo convenido. El acuerdo estableció
una Comisión de la Verdad que juzgaría a los acusados del atentado a la AMIA e
iniciaría una nueva etapa en las relaciones bilaterales.
A pesar de las denuncias opositoras, que
sostenían que el acuerdo favorecía la impunidad de los iraníes, el Memorándum
fue aprobado por el oficialismo en el Congreso argentino, si bien fuera luego
declarado inconstitucional por el Poder Judicial. El Parlamento iraní no llegó
a ratificarlo.
El Fiscal Nisman siguió con la investigación
hasta llegar hace algunos días a solicitar el embargo de bienes de la Presidente
Cristina Fernández, del Ministro de Relaciones Exteriores Timerman, de un
destacado Diputado de la oficialista La Cámpora y de dirigentes de movimientos
piqueteros conocidos por simpatías por el régimen iraní. El Fiscal, con
antecedentes logrados en parte gracias a interceptaciones de mensajes y
conversaciones telefónicas puestas a su disposición por agentes de inteligencia
argentinos, acusaba a la Presidente y a algunos de sus colaboradores de
"decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes".
La información de que la Fiscal general pondría
término a su competencia en el caso habría hecho que Nisman interrumpiera sus
vacaciones en Europa para regresar a Buenos Aires y aprestarse a declarar ante
una comisión de la Cámara de Diputados.
El día anterior a esa cita, su cadáver fue
encontrado en su casa y en extrañas circunstancias contradictorias e
inquietantes, que van ampliándose día a día. De la versión original del
suicidio se ha pasado a la creencia de un asesinato. La Presidente Fernández
reaccionó de manera confusa, vía Facebook, anticipando un suicidio. A los dos
días manifestó, por la misma vía, que se trataría de un asesinato, sugiriendo
la conspiración de agentes de inteligencia que fueron desvinculados hace pocos
meses.
Hasta que se elija un nuevo Jefe de Estado, la
credibilidad del Gobierno saliente va a estar muy deprimida, especialmente si
se mantiene en sus cargos a funcionarios que, como el Ministro de Relaciones
Exteriores, aparecen comprometidos en la negociación iraní y en el manejo de la
crisis.
La situación no solo complica a los argentinos,
sino también a los Gobiernos extranjeros, como el chileno, en sus negociaciones
importantes con Argentina y Cristina Fernández.
Obama: combativo discurso.
Obama ha entrado en un período de mera
administración y perdido su condición de colegislador, salvo el ejercicio de su
veto a los proyectos de Ley republicanos. Así se desprende de su combativo
discurso ante el Congreso, al entregar el Estado de la Unión.
A diferencia de todos sus predecesores, el
Presidente dio pocas señales de convergencia. Así lo prevenía la opinión
pública, que asignó al mensaje Presidencial la más baja audiencia de la
historia.
La oposición goza de mayoría en las dos ramas
de Congreso y difiere radicalmente con las políticas de Obama. Cualquiera de
sus intentos para Legislar en las reformas de salud, reducir impuestos,
introducir sanciones a Irán y proponer flexibilidades para emprendimientos
energéticos con impactos ambientales y gasoductos será vetado por Obama. A la
inversa, cualquier proyecto Presidencial sobre estas materias será rechazado
por las mayorías republicanas. La cercanía de la próxima elección Presidencial
vuelca la atención Parlamentaria en la campaña, en desmedro de la Legislatura.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.