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| Presidente Michelle Bachelet encabezó almuerzo de trabajo junto a Secretario General de la ONU. Durante el día se vio a la mandatario “distante” con el Canciller Heraldo Muñoz, seguramente por el caso de la recaudación de fondos en un yate. |
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Macabro balance del inicio de año 81: personas han fallecido en accidentes en la
primera quincena de enero, las principales causas de los accidentes fueron el exceso
de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol.
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Resumen de la tercera fecha del campeonato
nacional de futbol: La U. de Concepción sorprende como exclusivo líder mientras
Colo Colo no levanta cabeza, cayó la U ante Wanderers y la UC se ubicó en el
segundo lugar de la tabla de posiciones.
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La selección sub20, dirigida técnicamente por
Hugo Tocalli, fue goleada por 3-0 por el representativo colombiano y quedó al
borde de ser eliminada del campeonato Sudamericano
que se disputa en Uruguay.
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Muerto de un balazo apareció ayer Fiscal
argentino Alberto Nisman que investigaba el ataque contra la mutual judía AMIA
ocurrido en Buenos Aires 1994 y que denunció a Cristina Fernández de encubrir a
los acusados iraníes del ataque. Hubo multitudinarias manifestaciones en el
país.
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Popularidad de Hollande logra alza histórica
por reacción tras los atentados en París. La aprobación al Presidente francés
subió 21 puntos en un mes según un sondeo publicado ayer y que fue realizado días después de los ataques que
acabaron con la vida de 17 personas.
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Petróleo, fin del ´´superciclo´´ de las materias
primas y conflictos marcarán Davos 2015. El Foro Económico Mundial tendrá más
de 2.500 participantes de unos 140 países, entre ellos más de cuarenta Jefes de
Estado.
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El yate,
por Axel Buchheister.
Con un tour en yate se recaudaron fondos en Nueva York para
la campaña Presidencial de Michelle Bachelet. Para poder navegar había que
entregar un cheque por US$ 1.000 a ciertas personas que precisaba la invitación
-en inglés-, entre ellos al actual Canciller Heraldo Muñoz. Habrían asistido
unas cuarenta personas.
Sorprendente no sólo por lo sibarita del evento-al menos para
nuestro medio-, sino porque las donaciones de extranjeros que no tienen derecho
a voto están prohibidas por Ley en las campañas chilenas. Pero, además, porque
en su calidad de funcionario de la ONU en ese minuto, Muñoz no podía realizar
actividades políticas incompatibles con su cargo. Curiosamente defendió su
derecho a hacerlo precisamente basado en este último. Agregó que estaba
complacido de haber contribuido tan modestamente (¿el yate?) a la campaña y que
puso dinero, “al igual que otros Diplomáticos latinoamericanos que veían con
buenos ojos el retorno de la Presidente Michelle Bachelet a La Moneda”.
¿Qué derecho tienen otros Diplomáticos latinoamericanos a ver
con estos o aquellos ojos -y a influir- los resultados de los comicios en
nuestro país?
La impostura de Muñoz
en todo el asunto es insólita, porque como Canciller tendría ahora que estar
abocado a protestar ante los respectivos países por la indebida intervención de
sus Diplomáticos en nuestros asuntos internos. Como este suceso no tiene
presentación, el Canciller cambió su versión: sólo asistieron chilenos. ¿Para
qué entonces la invitación en inglés?
Mientras, otro de los organizadores reconoció llanamente que
habían asistido varios extranjeros, detallando algunas nacionalidades. Pero
después también varió su versión: sólo hubo chilenos y apenas unos quince.
Justificó la voltereta señalando que “di una declaración por error, sin
saberlo, porque yo no sabía cómo se trataba el tema”. O sea, que no sabía que
no se podía decir la verdad. E intentando bajarle el perfil al asunto, agregó
que no se trataba de un yate sino de “un pequeño barco, una lancha mejor
dicho”. Claro que la invitación decía que la nave cuenta con un “gran salón con
aire acondicionado de alta velocidad, sistema de sonido sofisticado alrededor
del barco y LED 6 tricolor de luz bajo el agua”.
Entonces, hubo publicidad engañosa, era una lancha no más. El
apego a la verdad de este caballero es notable y eso que se trata del mandamás
emérito de la “Asociación Católica de Líderes Latinos”.
El Gobierno descarta toda irregularidad y reclama que en la
campaña hubo apego total a la Ley, cuando el caso apunta precisamente en
sentido contrario. Porque hay preguntas que responder: si se recaudaron unos
US$ 40.000, ¿cómo llegó ese dinero a Chile? ¿Cómo se integró a la campaña Presidencial?
No más doble estándar. Si los dineros se mandaron a Chile
desde el extranjero para un fin no aceptado por la Ley, la Unidad de Análisis
Financiero debe revisar la transferencia. Si las donaciones no se podían acoger
a la Ley electoral, estaban afectas al menos al impuesto respectivo, lo que
debe esclarecer Impuestos Internos. De la ONU, sí, no esperamos nada.
Gratuidad à la Obama,
por Sergio Urzua.
Regocijo. Eso deben haber experimentado algunos influyentes
técnicos locales ante la reciente propuesta del Presidente Barack Obama de
asegurar gratuidad en educación superior en los Estados Unidos. Su America's
College Promise, pensarán, es un claro ejemplo de que están en la razón.
Lamentablemente la premisa es tan equivocada como aquella de quienes creen que la
evidencia de Piketty justifica el contenido de las reformas impulsadas por la
Nueva Mayoría.
Analicemos la idea de Obama y comparémosla con lo que se
conoce de la nacional. En lo medular, la iniciativa norteamericana busca hacer
gratuitos los community colleges , instituciones de educación superior que
ofrecen títulos técnicos de dos años. En el plano local esto sería equivalente
a hacer los Centros de Formación Técnica gratuitos, no las universidades.
El proyecto tampoco es de gratuidad universal, sino que ella
va dirigida a "alumnos responsables" matriculados en programas de al
menos media jornada, que mantengan un promedio de notas sobre 2,5 (algo así
como un 4,8 en la escala chilena) y que realicen avances constantes en sus
estudios. Estamos entonces hablando de gratuidad como un instrumento de
incentivo al esfuerzo, no como un derecho social.
Respecto del financiamiento, la gratuidad se alcanzaría con
una contribución del 75% del Gobierno Federal y un 25% de los Estados. Con esto
Obama apuesta a que una mayor coordinación de los recursos contribuya a
controlar los aumentos en los aranceles. Nadie habla de fijación de precios.
La propuesta también incluye recursos adicionales para
instituciones técnicas que se asocien con el sector privado. Con esto se busca
premiar programas que entreguen habilidades pertinentes para el mundo del
trabajo, promoviendo no solamente la empleabilidad de los estudiantes, sino que
también la capacitación de trabajadores poco calificados. Se estima que esto
tendría un fuerte impacto sobre la clase media, muy distinta a la regresividad
de lo que se discute en Chile.
Por cierto, los problemas de la iniciativa del Presidente
Obama no son pocos. Sus altos costos -US$ 60.000 millones para los primeros
diez años- y la necesidad de invertir en primera infancia hacen poco probable
que la idea avance en un Congreso dominado por los republicanos. A esto es
necesario agregar otras importantes dudas: ¿será posible asegurar calidad?, ¿se
contendrán los costos del sistema?, ¿afectará la propuesta la matrícula en
universidades? Todas preguntas relevantes que requerirán análisis detallados
por parte de los equipos técnicos del Gobierno.
Raya para la suma: afortunadamente el debate en torno al
proyecto de gratuidad del Presidente Obama, más que regocijar a algunos,
anticipo que nos ofrecerá la oportunidad de revisar críticamente la real
conveniencia de su símil chilensis. Más vale tarde que nunca.
Fondos públicos y partidos políticos
por Luis Cordero Vega.
Con la reciente aprobación de la reforma electoral, mediante
la cual se sustituye el sistema binominal que forzosamente obligaba al empate,
por uno proporcional en donde existen incentivos a la competencia, la
participación y diversidad de proyectos políticos, resulta inevitable comenzar
la discusión sobre la regulación a los partidos políticos y, en especial, sobre
el modelo de su financiamiento Estatal. Algo inevitable en las actuales
condiciones de nuestro debate público.
El Estado asigna fondos públicos para dos propósitos: por un
lado, porque con ello permite el adecuado funcionamiento del aparato público, y
por el otro, entrega recursos a sujetos que, sin formar parte del Estado,
realizan actividades de interés general, respecto de las cuales socialmente
justificamos esos aportes. En ambos casos las reglas de asignación de montos,
la transparencia y rendición de cuentas son esenciales para cumplir con el fin
público que se persigue.
Por estos motivos, y aunque podría resultar algo obvio,
quienes reciben esos fondos no los pueden destinar a cualquier objeto y, por lo
mismo, no resulta admisible obtener provecho personal a partir de ellos. Eso
explica que en prácticamente todos los sistemas Legales la gestión de los
fondos públicos esté intensamente regulada, los sujetos públicos o privados que
los reciben estén sometidos a estrictos escrutinios y las infracciones, incluso
formales, sean severamente castigadas. El diseño institucional en tales casos,
resulta esencial para la efectividad de las medidas de control.
Aunque para muchos no sea una propuesta popular, pasar a un
financiamiento Estatal de partidos políticos es una decisión sensata, porque
con ajustes sencillos obliga a éstos a alejarse de mecanismos de financiamiento
que lesionen su independencia —una cuestión relevante en cualquier sistema de
partidos en una democracia representativa—, en la medida que trata de
neutralizar el poder del dinero en la gestión habitual de la política,
estableciendo estándares de transparencia sustancialmente mayores a los
actuales.
Pero para que un sistema así sea eficaz de cara a la calidad
del sistema democrático, necesitamos que temas como el destino de los fondos,
el gestor fiduciario de los mismos, la rendición de cuentas, la aprobación de
la misma, la institucionalidad que realice su control —que no necesariamente
debe ser el Servel dado que su expertise no es el control de fondos— y el
régimen de responsabilidad personal de los que deben gestionar los recursos,
sean decisiones inevitables para lograr los resultados esperados y no seguir
afectando la legitimidad del sistema de partidos.
Designaciones en el Tribunal Constitucional.
Debate provocó la designación de dos nuevos integrantes del
Tribunal Constitucional (TC) por el Senado. Se criticó la falta de un
procedimiento transparente para realizar las nominaciones y que el criterio
para efectuarlas fue la proximidad de los elegidos a los dos partidos que, de
conformidad con un acuerdo político existente, les tocaba proponer los nombres
para los cupos que habían quedado vacantes.
De acuerdo con la Constitución, el TC se compone de diez
integrantes, que duran nueve años en sus cargos y se renuevan por
parcialidades, tres de los cuales son designados por el Presidente de la
República, tres por la Corte Suprema y cuatro por el Senado, siendo dos de
éstos propuestos para su aprobación por la Cámara de Diputados. La norma
fundamental no contiene regulaciones sobre la forma de hacer las designaciones,
sino que únicamente señala como requisitos para cumplir la función contar con
el título de abogado al menos por 15 años y “haberse destacado en la actividad
profesional, universitaria o pública”.
La integración heterogénea actual del Tribunal proviene de la
reforma Constitucional de 2005, de la que resultó un diseño muy debatible.
Desde luego, su integración con un número par de miembros arriesga que haya
empates y ello obligó a entregar voto dirimente al Presidente del mismo, cuya
nominación es susceptible de sufrir tensiones por ello. Por otra parte, no
parece razonable que en la nominación de algunos de los miembros participe la
Cámara de Diputados, tradicionalmente considerada la Cámara política, como
tampoco la Corte Suprema, que cumple funcionales jurisdiccionales distintas.
Siguiendo la norma Constitucional, se debieran buscar
candidatos que hayan tenido una trayectoria profesional destacada y que, por
lógica, se hayan desempeñado en ámbitos vinculados con el derecho Constitucional.
En ausencia de todo procedimiento, las instituciones llamadas a materializar
las nominaciones tendrían que haber implantado ciertas prácticas para asegurar
un mayor de nivel de transparencia y de excelencia en ellas.
Unicamente la Corte Suprema ha establecido un proceso de
postulación que implica un concurso de oposición y antecedentes. Por el
contrario, el ejercicio de la facultad Presidencial recayó en asesores cercanos
en los dos últimos mandatarios. Asimismo, es conocido que en el Senado las
nominaciones están sujetas a un cuoteo político; de hecho, el único
procedimiento que se siguió en esta oportunidad fue la propuesta de los comités
de la UDI y el PS, sin que hubiere siquiera audiencias para que expusieren los
nominados.
Ciertamente no es posible dejar la política totalmente fuera
en las nominaciones de los Ministros del TC, pero es necesario que se adopten
buenas prácticas, conocidas y públicas, para moderar su influencia y mejorar la
excelencia de los nominados, y así contribuir al prestigio de esa alta Magistratura.
Las que se han seguido hasta ahora no han contribuido a este propósito, lo que
ha sido negativo para su imagen, precisamente cuando en los tiempos que se
avecinan el TC deberá pronunciarse sobre cuestiones muy delicadas y su rol ha
sido puesto en entredicho por algunos sectores.
Fin del binominal.
Los sistemas electorales son elementos propios de las
democracias. En esa perspectiva, juegan un papel fundamental al momento de
determinar cómo se distribuye el poder y de qué manera se asigna la
representatividad en los órganos colegiados que buscan renovar sus integrantes,
en conformidad con la voluntad popular.
El Senado acaba de aprobar una serie de modificaciones al
actual sistema binominal, que nos llevará a volver a uno de características
proporcionales, con cifras repartidoras al interior de las listas de candidatos
que competirán por los respectivos escaños Parlamentarios.
Todo indicaba que la democracia chilena necesitaba
modificaciones en su sistema electoral, entre otras cosas. Éstas tardaron mucho
en llegar y ello fue responsabilidad de todos los partidos con presencia Parlamentaria.
Los cálculos que unos y otros sacaron, dependiendo del momento en que se
propusieron las reformas, trabaron su materialización.
El problema de los cambios que se han introducido es que, al
tiempo que corrigieron aspectos perversos del actual sistema, introdujeron
nuevas distorsiones de inciertas consecuencias. En este sentido, preocupan los
aumentos excesivos de Parlamentarios, más aún teniendo en cuenta el gran
descrédito del Congreso; la artificial sobrerrepresentación en que se dejaron
ciertos Distritos y Circunscripciones –como ocurrirá en el norte, en que
Atacama elegirá cinco Diputados y Arica 3, pese a que ambos tienen similar
población- y la excesiva facilidad que se consagró para formar partidos, que
podría traer consigo una gran dispersión de agrupaciones. Asimismo, se perdió
la gran oportunidad de haber establecido un límite al número de reelecciones a
las que pueden aspirar Diputados y Senadores.
Una buena democracia es más que su sistema electoral.
Requiere de instituciones sólidas y transparentes y de políticos conectados con
las necesidades de los ciudadanos. Convendría entonces prestar oídos a quienes
han alertado de las imperfecciones aprobadas.
Estrechamiento de la autonomía.
En medio de grandes tensiones, en especial al interior de la
Nueva Mayoría, se ha estado desarrollando en las comisiones unidas de Educación
y Hacienda del Senado la tramitación y votación en particular del proyecto que
pone fin al lucro, el copago y la selección. Los conflictos tienen que ver, en
parte, con diferencias de opinión en algunas materias, pero también en forma
relevante con los vacíos que se percibe están registrándose en muchos aspectos
del proyecto y los problemas que generarán algunas disposiciones para la
gestión de los planteles escolares. Los eventuales y futuros costos políticos
para el oficialismo de una reforma con muchas deficiencias pueden ser elevados
y eso parece incrementar las aprensiones al momento de decidir y votar.
Las diversas disposiciones que se han ido acumulando en el
proyecto, más allá de si logran los propósitos que el proyecto definió, van a
significar una enorme dificultad para gestionar los colegios. En la actualidad
la normativa es compleja y hay objeciones continuas a los usos de los recursos
públicos, particularmente los de la subvención escolar preferencial,
aduciéndose que se alejan de lo que permitiría la Legislación que creó esta
subvención. Los rechazos de estas rendiciones han afectado a fundaciones de
larga tradición y cuyos propósitos educacionales nadie objeta. Sin embargo, un
celo fiscalizador exagerado y, junto con ello, reglas que definen los ámbitos
en que se pueden gastar los recursos y que difícilmente pueden dar cuenta de
las particularidades de cada proyecto educativo tienden a conspirar contra los
esfuerzos de los establecimientos educacionales de concentrarse en la gestión
pedagógica.
Esta forma de reglamentar la subvención se extiende con este
proyecto a la subvención general y se acota aún más su uso. Ello terminará
ahogando el desarrollo de las distintas visiones educativas sin que exista un
aporte real al control de los aportes que hace el Estado a la educación. La
autonomía de los proyectos educacionales, en particular, y el desarrollo de las
libertades individuales, en general, son indistinguibles de la capacidad que
tenga la comunidad de controlar la esfera de acción del Estado. En este
proyecto parece estar yéndose mucho más allá de lo que es razonable y no hay
ninguna consideración respecto de la importancia que tiene ponerle límites a la
supervisión Estatal. Por supuesto, en medio del frenesí Legislativo, también se
produjo un avance en este plano, toda vez que se retrocedió en disposiciones
que regulaban originalmente los procesos de admisión de los colegios
particulares pagados, más allá de las que impiden discriminación arbitraria. Es
de esperar que esta situación no se modifique en etapas posteriores. Ponerle
freno a la acción Estatal es indispensable en una sociedad democrática.
Privacidad en el ámbito delincuencial.
La puesta en marcha del Banco Unificado de Datos o
antecedentes criminales (BUD), producto de dos años de trabajo en su última
etapa, es una buena noticia. La interconexión de bases de datos relativas a la
persecución penal entre 9 organismos públicos permite combatir el delito con
mayor eficiencia y facilita entre otras cosas el control del cumplimiento de
órdenes y resoluciones Judiciales, la supervisión de medidas cautelares y un
acceso expedito al historial delictivo de imputados y sospechosos. Como destacó
la Fundación Paz Ciudadana, "el que se comparta información entre las dos
policías, el Ministerio Público y Gendarmería es un avance gigantesco y
enriquece enormemente la toma de decisiones en terreno de las policías en sus
acciones cotidianas".
Sin embargo, el Poder Judicial ha resuelto limitar el aporte
de datos al BUD en atención a un aspecto que a su juicio podría no haber sido
suficientemente considerado en el proyecto. Según se ha informado, el Poder
Judicial no entregará antecedentes que permitan buscar mediante descriptores
individuales como el RUN la información acumulada sobre todas las causas que
afectan a una determinada persona. Si bien la información sobre las partes
litigantes en un juicio, sus apoderados y las resoluciones que se dictan
procede de una fuente accesible al público -de hecho, en el sitio web del Poder
Judicial se puede acceder mediante el RUN a la información de causas-, la
restricción que se anuncia buscaría cautelar el respeto a los derechos de las
personas en situaciones específicas. En primer lugar, ciertas informaciones muy
relevantes pierden vigencia. Por ejemplo, si se formaliza la investigación
contra una persona y luego se la sobresee definitivamente porque se establece
claramente su inocencia, el antecedente de la formalización debería
desaparecer, pues no entrega información aprovechable sobre la persona en
cuestión. En segundo lugar, hay datos cuyo tratamiento concierne solo a una
determinada institución, conforme con sus funciones Legales, y no a otras. Tal
es el caso, por ejemplo, de los antecedentes sobre la conducta de una persona
mientras se encuentra privada de libertad y que no han llegado a verterse en
informes o actuaciones ante los Tribunales. El tratamiento de tal información
solo concierne, en principio, a Gendarmería. Lo mismo vale para la información
sobre suspensiones condicionales del procedimiento, cuyo tratamiento solo se
justifica para verificar el cumplimiento de las condiciones. No es clara la
justificación para que esa información se conserve con posterioridad al
sobreseimiento, ni siquiera en los registros de la Fiscalía.
Con todo, tratándose de hipótesis plausibles no queda claro
por qué no fueron planteadas con tiempo y tratadas en el trabajo de tres años
que la Subsecretaría de Prevención llevó a cabo en conjunto con las diversas
instituciones involucradas. Cuesta pensar que no existan soluciones técnicas
distintas al acto de restringir la colaboración al éxito de una iniciativa tan
relevante. En rigor, nadie sostiene que por el combate a la delincuencia deba
sacrificarse la privacidad de las personas.
Liberación de prisioneros en Cuba.
El Gobierno cubano anunció hace unos días la decisión de
liberar 53 prisioneros políticos, hecho que se da en el marco de los
acercamientos Diplomáticos que han emprendido el país caribeño con Estados
Unidos, tras 50 años de distanciamiento. Washington consideró el gesto del
régimen como “un paso muy positivo”, pues si bien ello no formaba parte de los
compromisos explícitos del Gobierno cubano, la liberación de dichos prisioneros
fue parte de las conversaciones previas para alcanzar este acuerdo.
La reanudación de relaciones Diplomáticas y la eliminación de
una serie de restricciones al comercio y el turismo hacia Cuba ha sido
considerado un primer paso para que el país comience a transitar hacia un
sistema de más libertades y se ponga fin al sometimiento del que ha sido objeto
por parte del régimen de los hermanos Castro. Ello será un proceso que tomará
tiempo, para lo cual resulta indispensable superar las históricas desconfianzas
entre ambos países. Washington ha dado una serie de señales al Gobierno cubano
de su voluntad de levantar las restricciones impuestas a la isla, lo que ha
sido correspondido con la liberación de prisioneros.
Estados Unidos anunció la semana pasada que permitirá a sus
ciudadanos viajar a Cuba sin necesidad de permisos especiales -en la medida que
el propósito del viaje se ajuste a una docena de razones-; asimismo, podrán
usar sus tarjetas de crédito y traer mercadería cubana hasta un cierto límite;
también se amplió significativamente el monto de las remesas y se autorizó la
exportación de ciertas tecnologías. Si bien estas y otras medidas adoptadas por
el Gobierno estadounidense en los hechos flexibilizan el embargo que pesa sobre
Cuba, la plena normalización de las relaciones dependerá de que el Congreso
estadounidense levante dicho embargo. Ello debe ser utilizado por Washington
como una poderosa herramienta de presión para que el régimen vaya retrocediendo
en sus políticas represivas y permita mayores espacios de libertad política y
económica.
Enfoques Internacionales: Otra crisis haitiana
Hace tres años debieron realizarse los comicios para renovar
un tercio del Senado y toda la Cámara de Diputados haitiana. El año pasado
había que reemplazar otro tercio. Meses de negociaciones entre el Gobierno y la
oposición no consiguieron llegar a un acuerdo sobre la convocatoria a
elecciones ni sobre la prolongación del período de los Senadores en ejercicio.
Esa fue la razón por la cual, la semana pasada, el Parlamento se paralizara,
con lo cual Martelly quedó habilitado Constitucionalmente para Gobernar por
decreto.
Esta modalidad es duramente criticada por opositores,
partidarios del ex Presidente Aristide, que lo acusan de buscar instalarse como
dictador y han llamado a protestas (rechazadas por la oposición moderada)
pidiendo su renuncia. Martelly -que cuenta con el respaldo de EE.UU., de ONU y
la OEA- asegura que emitirá un solo decreto, el que convoque a elecciones, para
que sean "lo más pronto posible". La próxima semana, anunció,
comenzará a trabajar en esto el comité electoral, con miembros independientes
del Gobierno.
La crisis haitiana fue calificada por el Secretario General
de la OEA como "grave y urgente", por lo cual ameritaba una
declaración que en otras circunstancias no se consideraría. Los países miembros
respaldaron a "las autoridades Constitucionales de Haití, y a todas las
partes interesadas" en realizar los comicios para renovar los cargos. Es
fundamental que el Gobierno llegue a acuerdos políticos para superar el impasse
antes de que se cumpla el plazo electoral para elegir al sucesor de Martelly y
evitar la pérdida de la ya debilitada legitimidad democrática de sus
autoridades.
El país más "frágil" de América Latina.
La comunidad internacional tiene una responsabilidad en
Haití, que ocupa el lugar número nueve en el ranking de "países
frágiles", según el Fondo para la Paz, una ONG con sede en Washington que
cada año elabora el listado de países de acuerdo con ciertos parámetros que
miden sus condiciones de estabilidad y sustentabilidad política, social y
económica. Chile está en el puesto 153, entre Polonia y la República Checa, más
abajo (mejor) que Argentina, pero menos bien que Uruguay. Haití, en cambio, es
el peor situado de América Latina, cerca de Sudán del Sur, Somalia y
Afganistán.
Azotado por la historia, vinculado a Francia desde la época
colonial, que explotó su riqueza por años, con esclavos llevados desde África,
hasta que una sangrienta revuelta terminó en una guerra de más de doce años
(incluso Napoleón mandó tropas) que devastó el territorio, diezmó a la población
y provocó la huida de todos los europeos que aún vivían en el país.
El siglo XIX vio a Haití instalar Gobiernos autoritarios que
no consiguieron evitar la dominación extranjera. Por años, EE.UU. ejerció un
protectorado, hasta que F.D. Roosevelt lo disolvió formalmente, pero no en la
práctica, pues Haití siguió dependiente.
Haití pertenece sin duda a la comunidad interamericana, y por
eso merece la solidaridad continental, pero también esa responsabilidad la
comparten países como Francia, ligado al origen de la colonia, la primera que
se independizó en toda la región y por lo cual pagó a París altísimas
reparaciones.
Estados Unidos ha comprometido 4.000 millones de dólares para
la reconstrucción y el apoyo para la instalación y funcionamiento de las
instituciones haitianas, de los cuales ya ha entregado 3.100 millones.
Francia ha contribuido como parte de la Unión Europea, la
cual ha donado 995 millones de euros (unos 1.150 millones de dólares) y ha
prometido otros 420 millones de euros (488 millones de dólares) para los
próximos cinco años. Nadie sabe si eso será suficiente, porque entre la
corrupción y la ineficacia, las donaciones han tenido problemas para llegar a
destino.
Revisar el papel de las tropas chilenas en la
misión militar.
Cada año, en octubre, se renueva el mandato de la Minustah,
la misión militar de ONU en Haití. Chile, con 400 efectivos, ha estado
involucrado activamente en mejorar las condiciones del país. Con actividades de
patrullaje y apoyo social a la población, las tropas chilenas no han
participado en las misiones más arriesgadas de seguridad. Cumplen un papel
importante en la formación de policías, lo que en ciertos casos ha llevado a la
decepcionante conclusión de que muchos de los efectivos, en vez de quedarse en
la policía, prefieren pasarse a la guardia personal de algún hombre influyente.
Así, habría que revisar la pertinencia de usar los recursos chilenos para tales
fines.
Se espera que la Minustah cumpla funciones hasta 2016,
después que asuma un nuevo Presidente. Varios países han manifestado su
inclinación por el retiro. Por ahora no parece conveniente terminar una misión
que no ha cumplido totalmente su objetivo, pero hay que presionar para que Haití
asuma sus obligaciones de seguridad lo antes posible.
Una carta para meditar:
Señor Director:
Fin del binominal.
Tras un gran número de fallidos intentos por
cambiarlo y 25 años de funcionamiento, al sistema electoral binominal le llegó
su hora. Cuestionado y tildado de poco democrático por la otrora Concertación
-hoy Nueva Mayoría-, ésta lo utilizó por años políticamente como chivo
expiatorio para justificar los más variados problemas de la democracia. Ahora
que su fin está cerca, la pregunta que cabe hacerse es si se terminarán todos
los males de nuestra democracia.
El nuevo sistema tendrá efectos positivos pero
también negativos, y seguramente no terminará con todos las falencias de la
democracia. Como ha señalado el cientista político alemán, Dieter Nohlen, “no
existe sistema electoral perfecto”, por lo que es una falacia pensar que el
cambio va a solucionar todas las
deficiencias institucionales, políticas o sociales.
Por último, si bien el cambio del binominal era
necesario, teniendo en cuenta la baja evaluación y niveles de confianza de los
partidos, la Cámara de Diputados y el Senado, la pregunta de rigor es si los
chilenos están de acuerdo en un aumento tan significativo de Parlamentarios -35
Diputados y 12 Senadores-, con el consiguiente aumento de gasto.
Pablo Lira R.
Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.
