Sin selección no hay libertad educativa,
por Joaquín García Huidobro.
En la arremetida contra el lucro, el copago y
la selección educativa, el punto más sensible es, sin duda, este último. La
aversión de cierta izquierda a la selección tiene al menos dos causas.
La primera resulta paradójica: se debe a que
parte de nuestra izquierda entiende que la educación es un bien de consumo más,
aunque muy especial, porque facilita el ascenso social. Si la educación es un
producto de consumo más (como el Big Mac o la locomoción colectiva), entonces
es obvio que no cabe seleccionar por las preferencias religiosas del cliente,
su concepción de la familia o lo que sea, porque esa selección implicaría una
discriminación arbitraria.
Esos críticos de la selección no advierten que
la educación no es una cosa más entre las que compramos, sino una tarea que
prolonga la labor de la familia, y que se vincula estrechamente con la
transmisión de una forma de vida.
La inquina anti-selección se vincula, en
segundo lugar, con la fobia de esa izquierda a la diversidad de proyectos
educativos. Naturalmente no están los tiempos como para prohibir la iniciativa
educativa de los ciudadanos. Pero cuando se dice a esos emprendedores:
"haga usted la escuela que quiera, pero no puede elegir a los alumnos y
familias que participan de ella", se les estará poniendo una restricción
que bien puede desalentarlos. Si ya la educación es una tarea difícil, sacar
adelante un proyecto muy calificado sin contar con la colaboración de los
padres la hace mucho más dificultosa. Es un modo sutil de vaciar a los
proyectos educacionales de contenido: un colegio adventista requiere padres y
alumnos adventistas, no el resultado que arroje una tómbola.
La izquierda dura ha hecho suyo un discurso
economicista. Ve a la escuela simplemente como un conjunto de edificios, donde
unos funcionarios (los profesores) transmiten informaciones técnicas a los
niños. No entiende el ideal de la escuela como una comunidad educativa
destinada no solo a transferir datos a unos cerebros más jóvenes, sino a
participar en una determinada forma de vida, donde los padres no son
simplemente receptores de servicios educacionales, sino agentes activos de esa
experiencia formativa.
A todos nos molesta que algunos colegios
seleccionen por criterios exitistas y no sobre la base de un proyecto
educativo, y habrá que tomar las medidas para evitarlo. Tampoco debe suceder
que los factores económicos impidan a una familia participar de una determinada
experiencia educativa afín a ella, pero esta desventaja se corrige con
subsidios y no eliminando la selección, que permite la diversidad de proyectos
educativos.
Tampoco excluyo la posibilidad de que haya
emprendedores que desarrollen iniciativas que incluyan a niños cuyos padres no
muestran especial interés por la educación de sus hijos; es decir, que vengan a
suplir lo que la familia no da. Pero ese no puede ser el patrón único que
regule la colaboración de los ciudadanos en la tarea de educar a las nuevas
generaciones.
Si es legítimo desarrollar un proyecto
educativo que entienda la educación como una forma de vida, entonces los
establecimientos educativos privados (pagados o gratuitos) y algunos públicos
deben estar en condiciones de seleccionar, porque no faltarán quienes quieran
tener los beneficios de esa educación (un determinado ambiente moral,
disciplina, transmisión de ciertos principios) sin tener que pagar los
"costos" personales de poner lo que está de su parte para sacarla
adelante (compromiso con el colegio, coherencia entre lo que se vive en la casa
y los principios que transmite la escuela, etc.).
Como la variedad pone nerviosos a nuestros
controladores sociales, quieren una educación en serie, de Arica a Punta
Arenas. De más está decir que ellos mismos se encargarán de vigilar ese modelo
único de "producción escolar". No en vano ya están pensando en
arremeter contra las escuelas particulares pagadas, y no faltan quienes quieren
imponer la educación mixta a toda costa, por más que en Chile tengamos
numerosos ejemplos muy exitosos de educación diferenciada, partiendo por el
Instituto Nacional.
En este escenario, la alternativa al
igualitarismo no es proponer fórmulas edulcoradas para que el fin de la
selección produzca menos daños. De lo que se trata es de defender
explícitamente la selección, porque sin ella la libertad educativa quedará
reducida a una garantía de papel.
Consumo sin libertad,
por Tamara Avetikian.
Si una conclusión categórica se puede sacar del
diálogo para restablecer relaciones entre EE.UU. y Cuba es que el modelo
comunista impuesto por los hermanos Castro demostró ser un total fracaso, y que
la "actualización" para hacerlo "próspero y sostenible" no
es más que un eufemismo que "justifica" su apertura al capitalismo.
Tal como lo hizo China hace más de tres décadas.
Es cierto que 50 años de sanciones
norteamericanas no lograron que el régimen cayera ni que modificara la
situación de derechos humanos, pero también es verdad que Cuba, a pesar de
tener vínculos económicos y comerciales con todo el resto del mundo, no logró
salir adelante por sus propios medios. Primero su economía dependía de la URSS
(otro fallido esquema socialista), y ahora, de Venezuela. Con el colapso del
precio del petróleo que afecta la renta venezolana, su situación era incierta,
por decir lo menos. El acercamiento a EE.UU., con toda su capacidad para
generar crecimiento, es un salvavidas al régimen que ahora podrá contar con
enormes recursos frescos que enviarán los cubanoamericanos, y empresarios que
vean oportunidades.
Si hasta ahora los cubanos -que ganan unos US$
20 al mes- con parientes en EE.UU. podían recibir US$ 500, multiplicarán por
cuatro esa cifra, con lo que el consumo se irá a las nubes. Las remesas
actuales se estiman sobre los US$ 1.700 millones al año. Teléfonos
inteligentes, pantallas planas, electrodomésticos y un sinnúmero de artículos
que antes eran inalcanzables estarán a la mano de todos quienes reciban
dólares. Los cubanos tienen Coca-Cola (muy caras), productos chinos baratos, y
ven las últimas películas de Hollywood (la TV Estatal las transmite sin pagar
derechos a los estudios que no pueden cobrarlos por el embargo), pero ahora
tendrán muchas más opciones.
Podrán abrir nuevos negocios y explorar
actividades que requieran capital, y, quizás, vivir parecido a sus primos en
Miami. Pero sin los mismos derechos políticos, sin libertad de expresión ni de
información. Seguirán viviendo en un sistema totalitario, que les impide
participar en política fuera del Partido Comunista y continuarán enfrentando el
peligro de caer a la cárcel si se les ocurre protestar.
Hay que tener esperanzas de que la avalancha de
turistas de EE.UU. (unos 400 mil en 2014, pero que podrían llegar al millón),
ahora con tarjetas de crédito, la llegada de inversiones, más comercio y, sobre
todo, una mejor internet (hoy lenta, escasa y cara) establezcan una red tupida
de relaciones que mejoren las expectativas de la gente, de manera que al
gobierno le sea difícil controlar las presiones sociales por mayor libertad.
Eso no ha pasado en China, una sociedad
milenaria, verticalista, que nunca conoció la libertad. Hay que ser más
optimistas con Cuba, que pertenece a la comunidad occidental. Washington está
haciendo su parte. Los Gobiernos latinoamericanos, tan negligentes ante los
abusos del régimen cubano, tienen una gran responsabilidad para obligarlo a
respetar los derechos de su pueblo, que merece vivir en democracia.
Discriminar entre colegios.
Apremiados por el plazo establecido por el
Ejecutivo para el despacho de la reforma educacional, el Gobierno y los Senadores
oficialistas de la comisión de Educación trabajan en las indicaciones relativas
al proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago.
Algunos de los puntos de acuerdo se refieren al
parecer a la diferenciación entre los establecimientos pequeños -de menos de
500 alumnos- y los de mayor tamaño respecto del plazo para transitar hacia el
término del lucro; la aceptación de la selección en caso de proyectos
educativos específicos y la postergación del inicio del copago, en un aparente
intento por moderar el impacto que la reforma pueda tener en el sistema
educativo con la implementación simultáneamente de todos los cambios, y
responder a las inquietudes de los padres y los sostenedores.
No ha estado exenta de polémica la indicación
que apunta a diferenciar los colegios con fines de lucro según su tamaño,
otorgándoles un mayor plazo de adaptación a aquellos de menos alumnos, abriendo
la posibilidad del comodato y ofreciéndoles asistencia jurídica y contable de
parte del Ministerio de Educación, de manera de no afectar el funcionamiento de
estos establecimientos que representan alrededor del 80 por ciento de aquellos
con fines de lucro y reúnen al 34 por ciento de la matrícula.
En carta a "El Mercurio", los
sostenedores del Colegio Particular N° 95 Andrés Bello de Chiguayante, fundado
en 1980 por la madre de un profesor exonerado político, dan cuenta de las
dificultades que deberán enfrentar para adecuarse a la nueva normativa,
poniendo en riesgo un proyecto exitoso que comenzó como un emprendimiento
familiar con 46 alumnos y que hoy cuenta con mil 600 estudiantes y gran
reconocimiento académico.
Si bien la indicación referida ofrece
facilidades de adecuación a los establecimientos pequeños con fines de lucro
-en su mayoría de un sostenedor-, dando cierta estabilidad a un número
importante de escuelas, esta diferenciación no tiene conexión con los procesos
educativos ni distingue acerca de la calidad de la educación impartida por
establecimientos de menor tamaño. La propuesta parece una medida de gestión
política para atenuar las resistencias a la reforma.
Sostenedores y padres ven con preocupación cómo
afectará la reforma a su establecimiento en particular, pues al igual que la
escuela de Chiguayante, no tienen certeza sobre la viabilidad del proyecto
educativo en que participan. Y, como constató la Encuesta Bicentenario, esa
modalidad es la más valorada -por alrededor del 70 por ciento de los chilenos-,
pues es a los colegios particulares subvencionados a los que se les atribuyen,
en mayor medida, ciertas características positivas como el alto rendimiento
académico, la mantención de la disciplina y las mejores condiciones de
infraestructura y equipamiento.
Un modelo de asociatividad con responsabilidad.
Una delegación de autoridades de gobierno,
representantes de empresas y de medios de comunicación viajó hasta Suiza para
conocer el modelo de solución de controversias y asociatividad que ha permitido
a este país avanzar en el desarrollo de proyectos de inversión de gran
envergadura en acuerdo con las comunidades más directamente afectadas y
organizaciones no gubernamentales.
El ejemplo merece atención, en particular
cuando el país ha sido testigo de los problemas que han debido enfrentar
iniciativas privadas de variada envergadura, las que, producto de
manifestaciones de grupos de interés y un uso abusivo de mecanismos Judiciales,
han terminado paralizadas o sometidas a exigencias que elevan los costos al
punto de convertirlas en proyectos inviables. De hecho, el actual Gobierno se
ha mostrado a favor de un proyecto de asociatividad que limite el campo de
acción de los eventuales sectores afectados y genere un marco de acción
conocido por todos los involucrados.
Avanzar en mayores espacios de certidumbre es
clave en la tarea de reencantar a los inversionistas, en particular cuando los
mismos empresarios reclaman ante un exceso de Judicialización de los proyectos
a desarrollar. Así como los posibles afectados han convertido los recursos Judiciales
en una herramienta reiterada para conseguir reparaciones que, muchas veces,
superan ampliamente los eventuales impactos del emprendimiento empresarial,
tampoco son pocas las comunidades que han transformado la necesaria mitigación
de los daños colaterales en una suerte de petitorio permanente de nuevos
beneficios y aportes.
Por lo mismo, el ejemplo del sistema suizo para
la generación de un marco de asociatividad merece atención. Por cierto que
subsisten diferencias evidentes entre ambas naciones, en particular si se
considera la extensa tradición de participación que detenta la comunidad en
esta nación, con un histórico y regulado registro de consultas abiertas y,
muchas veces, surgidas desde el propio electorado frente a una amplia y diversa
oferta de asuntos de interés ciudadano. Pero hay dos factores clave sobre los
cuales se sustenta este modelo que no debiesen ser privativos de Suiza: el
respeto por los derechos de los ciudadanos y la conciencia de las
responsabilidades que ellos suponen para cada individuo.
En línea con lo anterior, el sistema de
asociatividad considera que las empresas presentan a la comunidad sus
iniciativas en etapa de pre proyecto, dando así la oportunidad de conocerlos,
opinar y enmendar aspectos, si resulta necesario. Pero en esta etapa deben
inscribirse y acreditar su interés en la iniciativa todos los sectores,
comunidades y ONG que pretendan influir en el desarrollo del proyecto. Sus
demandas serán atendidas y evaluadas, pero no podrán aparecer nuevos
requerimientos ni potenciales afectados en ninguna etapa posterior. Incluso las
organizaciones no Gubernamentales deben estar debidamente acreditadas y no es
extraño que algunas se manifiesten incluso en favor de determinados proyectos
de inversión privados.
En suma, se trata de un modelo que permite
avanzar con mayores niveles de certidumbre, aunque no evita que se produzcan
situaciones de desencuentro entre empresas y comunidades. No obstante, es
fundamental que cualquier iniciativa en materia de asociatividad tenga en
cuenta estos requerimientos de responsabilidad que el sistema suizo u otros
similares aplican a quienes pretenden intervenir en el proceso de discusión de
estas inversiones. Después de todo, los costos de detener o entorpecer el
desarrollo, los paga todo el país y en el largo plazo.
Exitosa licitación de energía.
El Ministro de Energía puede estar satisfecho
con los resultados de la reciente licitación de suministro para las empresas de
distribución eléctrica. En los últimos dos años hubo varias licitaciones
desiertas o en que solo se adjudicaba una pequeña fracción de la demanda, a los
precios máximos. Esta vez fue adjudicado el 85% de los bloques en oferta, a
precios promedio casi 15% más bajos que los máximos en la licitación. Esta
despertó gran interés entre los participantes, que incluyeron por primera vez a
varias empresas de energías renovables no convencionales (ERNC). Otro motivo
para considerar exitosa la licitación es que el mayor adjudicatario es un
entrante al sistema interconectado central (SIC), lo que agrega competencia al
sector.
La labor del Ministro y de su equipo ha
cambiado el ánimo en el sector (aunque los actores más establecidos no se
mostraron convencidos). Algunos cambios a las licitaciones contribuyeron a los
resultados. Así, tras dos primeras licitaciones fallidas en 2013 para el
suministro de una empresa individual, se acumularon las demandas de varias
empresas en una sola licitación, para hacerla más atractiva (este cambio ya se
hizo el año pasado). La ventaja de acumular licitaciones es que los
participantes tienen menos ocasiones de recuperarse si no consiguen contratos,
por lo que compiten más intensamente. Con todo, los dos procesos acumulados de
2013 resultaron desiertos.
Este año el Ministerio cambió adicionalmente
las reglas para facilitar la entrada de ERNC y reducir los riesgos de los
participantes: se abrió la posibilidad de ofertas por solo algunas horas del
día, lo que les da una ventaja a las centrales de ERNC, especialmente solares.
Estas son, en efecto, licitaciones de energía solamente -sin potencia-, ya que
la generación solar (como la eólica) no puede responder a la demanda en
cualquier momento. El sistema interconectado central (SIC) tiene un margen para
contratar energía sin potencia, y el Ministerio la aprovechó para reducir los
precios promedio. Además, se permitió que por razones justificadas (por
ejemplo, la lentitud de la burocracia ambiental) una empresa pueda postergar el
inicio del suministro contratado. Al reducir el riesgo de ingresar al mercado,
esto aumentó el interés de los entrantes.
Con un tercio de la energía regulada de los
próximos 15 años contratada a un precio que hace poco parecía difícil de
alcanzar, el Ministerio puede planificar con más tranquilidad el futuro del
sector, y esperar precios menores en el futuro. Ya ha demostrado la viabilidad
de las ERNC y de la línea entre los sistemas interconectados SIC y SING. Ahora
debe intentar resolver los conflictos entre el sector eléctrico con quienes se
oponen a sus inversiones por razones ambientales, ideológicas u oportunistas.
Si consigue resolver esta contraposición, habrá resuelto problemas que se
arrastran hace por al menos una década.
Como lo ha mencionado la Asociación de
Distribuidores, el menor precio de lo esperado de estos contratos -que
representan cerca del 30 % de la demanda- no significa que los precios no
subirán, pues los contratos que expiraron eran más baratos aún. Pero por fin
habría cambiado la tendencia que parecía siempre creciente de los precios
ofertados de suministro eléctrico a las distribuidoras.
Polémica por Ley de fármacos.
Según la información disponible, el reglamento
en trámite de la Ley que introdujo modificaciones a la regulación de farmacias
y medicamentos, establece que sería voluntario para las farmacias y almacenes
farmacéuticos vender en góndolas aquellos medicamentos que son susceptibles de
venta sin receta. Asimismo, lo sería también el fraccionamiento de envases de
medicamentos para la venta del número exacto de dosis prescritas.
Esa regulación originó un reclamo de Parlamentarios,
que sostienen que al ser voluntaria la venta en esos casos, el propósito de la
Ley de permitirlas quedaría como letra muerta. La Ministro de Salud defendió el
planteamiento del Gobierno, aduciendo que sería complicado para las farmacias
más pequeñas que se le impusiera una obligación al respecto.
Los reglamentos están llamados a ejecutar las Leyes,
estableciendo los detalles y pormenores para que puedan efectivamente regir,
sin que puedan modificarlas de manera alguna. La Ley N° 20.724, de enero
pasado, autorizó la venta de medicamentos sin receta mediante góndolas o
anaqueles que los pongan a disposición del público, y permitió el
fraccionamiento de envases, debiendo el reglamento establecer las normas para
que ello sea seguro, habiendo estado ambas cosas prohibidas hasta la fecha.
En ninguna parte dicha norma Legal hace
obligatoria esas formas de venta y la mera autorización no conlleva la
obligación de hacerlo; si el reglamento así lo dijera, sería ilegal. Además,
tratándose de medicamentos, las normas Legales deben cautelar los aspectos
sanitarios, pero no procede que ordenen
modalidades de venta, que son de resorte del establecimiento comercial y
que pueden involucrar costos, y por ende, impactar el precio de los productos y
afectar la competitividad de las farmacias, sobre todo las de menor tamaño.
Acuerdo entre Estados Unidos y Cuba.
Esperamos que el anuncio del Presidente de los
Estados Unidos, Barack Obama, y la confirmación simultanee del dictador de
Cuba, Raúl Castro, en el sentido de restablecer las relaciones Diplomáticas
entre ambos países sea el paso inicial para devolver las libertades a la
ciudadanía cubana y para sancionar a la tiranía por los crímenes, injusticias y
despotismo cometidos a lo largo de más de cinco décadas.
Creemos que el restablecimiento de los lazos Diplomáticos,
interrumpidos en enero de 1961, dos años
después del triunfo de la revolución de los barbudos y de la llegada del
castrismo al poder no puede transformarse en una fórmula para validar al
régimen imperante y debe ser solo el primer paso para el restablecimiento pleno
de las libertades en Cuba, donde todavía se pisotean los derechos básicos de la
ciudadanía.
Las medidas anunciadas, como la apertura y
desarrollo de la Internet y las facilidades para los viajes entre ambos países,
sin duda cooperarán a que fluyan las informaciones a los ciudadanos, con lo que
será más difícil manipularlos y engañarlos, pero, se corre el riesgo que la
llegada de capitales frescos de oxígeno a la tambaleante dictadura castrista y que los
cambios comprometidos solo sean cosméticos que terminen por asentar la tiranía.
Sin duda alguna la aceptación de Raúl Castro de
las conversaciones con Estados Unidos, promovidas por el Vaticano y por Canadá,
es la resultante de la aguda crisis económica que vive la isla y del desplome
económico de Venezuela, provocado por el derrumbe de los precios del petróleo, que
no puede seguir sustentando con miles de millones de petrodólares al Gobierno
totalitario del partido comunista cubano.
Esperamos que el Presidente de Estados Unidos,
y también la oposición republicana de USA, y la comunidad internacional estén
dispuestos a presionar al Gobierno de la ínsula para que efectivamente
liberalice la vida de los cubanos, se logre una cuota de bienestar a un pueblo
que ha quedado “congelado” por medio siglo y se instaure el respeto a los
derechos humanos que hasta hoy son salvajemente violentados.
Relación bilateral con Bolivia.
En medio de la sorpresa mundial que provocó el anuncio
de que Estados Unidos y Cuba reanudarán relaciones Diplomáticas y comerciales
medio siglo después de mantener interrumpidos sus vínculos, distintas voces han
pretendido hacer una relación entre este hecho y la anomalía en que se encuentran las
relaciones entre Chile y Bolivia, señalando la necesidad de que también
restablezcan sus lazos Diplomáticos, truncados en 1962. Particularmente
llamativo resultó el llamado de un Senador oficialista, quien propuso
“establecer relaciones diplomáticas aquí y ahora”.
Este tipo de pronunciamientos resultan infundados e inoportunos. Infundados porque
ha sido Chile el que en reiteradas ocasiones ha propuesto a La Paz retomar las
relaciones Diplomáticas -el propio ex Presidente Ricardo Lagos usó el “aquí y
ahora” en 2004-, sin encontrar hasta el momento una acogida favorable. En este
sentido, es Bolivia el llamado a crear las condiciones necesarias para que ello
se concrete, para lo cual es fundamental, como primer requisito, que deje de
lado los gestos inamistosos que ha venido acometiendo hacia nuestro país en el
último tiempo.
Pero además son inoportunos, porque se producen
en forma coetánea a la tramitación de la demanda de Bolivia contra Chile en la
Corte de la Haya, generándose el riesgo
de que este tipo de declaraciones sean interpretadas erróneamente como que
nuestro país tiene una deuda o un tema pendiente con Bolivia, lo que no es efectivo.
En momentos en que Chile está desarrollando su
defensa en la Corte Internacional de Justicia, es particularmente importante la
prudencia de parte de todos los sectores políticos y de quienes están
vinculados a la gestión de nuestras relaciones internacionales. Eso no
significa coartar un debate público que es necesario y contributivo a la buena
conducción de la política exterior, pero sí exigir que se eviten equívocos que
pudieran crear confusión respecto de la
solidez de la defensa chilena.
Terrorismo desenfrenado.
Ambos incidentes son de muy diversa naturaleza,
y demuestran las dificultades que tienen los servicios de seguridad de
cualquier país, incluido Australia, donde no se conocían actos terroristas,
para prevenir e investigar estos crímenes. En el caso del asaltante de Sydney,
es comprensible la indignación y estupor que causara conocer los antecedentes
del individuo que tomó los rehenes. Un refugiado, supuesto clérigo iraní, sin
conexión aparente con grupos radicales islámicos, que había sido condenado a
trabajo social después de amenazar a soldados que pelearon en Afganistán,
estaba en libertad condicional acusado de ser cómplice en el asesinato de su
esposa, y tenía una denuncia de abusos sexuales. Aun así, este "lobo
solitario", como lo ha tipificado la policía, sospechoso de ser enfermo
mental, tenía permiso para portar armas.
El incidente, que terminó con la vida de dos
rehenes en la confusión que siguió a la entrada de las fuerzas de seguridad, ha
hecho reaccionar sobre los procedimientos que debieran seguir las autoridades
en este tipo de acciones. Por otro lado, ha dado fuerza al debate sobre los
permisos de armas en Australia, restringidos a partir de 1996 cuando el Gobierno
reaccionó a una matanza en la que perdieron la vida 35 personas, provocada por
otro perturbado mental. Quienes defienden una liberalización de las ventas
sostienen que si los ciudadanos cargaran armas, podrían defenderse por sí
mismos ante asaltos como el del iraní. No obstante, es un dudoso argumento,
puesto que la venta indiscriminada de armas podría provocar el efecto
contrario.
Es razonable, y demuestra su prudencia, que el
Premier australiano haya ordenado revisar los procedimientos frente a ataques
terroristas, o de otra índole, para prevenir muertes de inocentes. Pero, más
allá de eso, parece necesario y más urgente en este caso específico, y para
evitar que se repitan otros similares, que se investigue y determine por qué
una persona con el historial del asaltante iraní no estuviera bajo vigilancia.
El caso de Australia, como antes el de Canadá,
demuestra que ninguna sociedad, hasta las más inclusivas, están libres de ser
víctimas de un asaltante solitario o vinculado a algún grupo organizado que
busque diseminar el terror.
Pakistán: No hay "talibanes buenos" y
"talibanes malos".
En el caso de la escuela paquistaní -donde
murieron 151 personas, entre ellos 132 niños-, el Gobierno se enfrenta a una
versión más clásica de terrorismo islámico: militantes de un grupo conocido y enemigo
del régimen que actúan en venganza de los ataques militares que han diezmado
sus filas los últimos seis meses. El Gobierno de Pakistán ha tenido una actitud
ambigua con estos grupos extremistas, y, en ciertos casos, han sido protegidos
por los servicios de seguridad. No hay que olvidar que en Abbotabad, la ciudad
donde mataron a Osama bin Laden, y muy cerca suyo, vivían militares que nunca
se enteraron -o alertaron a nadie- de la presencia del terrorista más buscado
del mundo.
La historia de la "negligencia" o
"complicidad" de los servicios de inteligencia y seguridad
paquistaníes con respecto a los militantes islámicos se remonta a la década del
ochenta, cuando grupos apoyados por Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán
combatían en Afganistán contra la Unión Soviética. Cuando esa lucha terminó, ya
en los noventa, algunos grupos de insurgentes fueron útiles desde el punto de
vista paquistaní para hostigar a las fuerzas indias en Cachemira, territorio
disputado desde la partición en 1947. Más tarde, los talibanes fueron
mundialmente conocidos por sus acciones junto a Al Qaeda, y Bin Laden.
Hoy, tras la masacre, el Primer Ministro de
Pakistán, Nawaz Sharif, reconoce que no puede hacer diferencias entre
"talibanes buenos" y "talibanes malos". Lo dijo al
suspender la moratoria a la pena de muerte para terroristas, la semana pasada.
Hay unos 8.000 condenados a muerte que no han sido ejecutados, desde 2008, año
que uno de estos grupos atentó contra hoteles, restaurantes, un centro judío y
una estación de buses en Bombay, India, dejando 166 muertos. En un
incomprensible acto de injusticia, un Tribunal paquistaní concedió libertad
bajo fianza, al día siguiente de la matanza de la escuela, a uno de los
responsables del ataque.
Sharif debe encarar la necesidad de hacer un
cambio significativo en su política hacia los talibanes y poner un ojo sobre la
educación en las madrasas (escuelas coránicas), manejadas por elementos
fundamentalistas, si quiere terminar con el terrorismo y los ataques suicidas.
Chile no debe ceder ni un centímetro de su
territorio a Bolivia, ni una sola gota de su mar territorial, pues, ese país,
de acuerdo a los tratados vigentes tiene pleno acceso al mar con las amplias
facilidades y garantías concedidas por nuestro país a los altiplánicos.
