Afán,
Adolfo Ibáñez.
Al Gobierno y sus huestes los mueve un intenso afán de reformas. Aquel
repite incansablemente que tiene que cambiar el modelo. Y se ha dicho que será
con retroexcavadora. Aunque se ha tratado de suavizar esta presentación, lo
cierto es que no ceja en su finalidad de cambio total. En las discusiones Legislativas
ha morigerado aspectos técnicos y políticos puntuales, pero, en el fondo,
continúa en su afán de imponer un nuevo orden que, en su voluntarismo, revela
una estrecha identidad con el viejo y fracasado comunismo, hoy disimulado con
la expresión "socialismo del siglo XXI".
Tratar de abarcar tanto y tan prontamente no revela un deseo de mejorar las cosas, sino un afán por controlar toda la vida de los chilenos. Es una reacción impulsada por la debilidad conceptual que se oculta tras su mayoría Parlamentaria. Se trata de impedir a cada uno colaborar, día a día y casi siempre anónimamente, con el engrandecimiento del país. Otra cosa es que durante estas décadas de Concertación se haya ido paulatinamente, por dejación y por omisión, ensanchando el Estatismo que permite proliferar a los poderosos de siempre -sindicatos, políticos y empresarios- en desmedro de la participación y beneficio colectivo. Corregir esta falla es urgente.
Los proyectos apuntan a un fin que ha quedado oculto y fuera de discusión: el control de la población por parte de los dirigentes, los antiguos custodios de la conciencia de clase, impulsados por su voluntarismo lleno de odio y resentimiento. Buscan especialmente que la novedosa y extensa clase media, que hoy constituye amplia mayoría, llegue a sentirse explotada y abusada. Es el primer eslabón para despersonalizarse y entregarse maniatados a la férula de aquellos dirigentes o casta sacerdotal del socialismo, caracterizados por su autoritarismo impositivo.
Este afán reformador que apunta a tal cantidad y magnitud de cambios insulta a todos los chilenos que con su tesón han ido construyendo paulatinamente el país en que vivimos, porque desprecia ese esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo. También es una bocanada de odio, con toda la pestilencia que ella acarrea, para enrarecer el ambiente e imposibilitar toda posible concordia y todo vínculo entre las personas. Es el modo para atarnos a la inhumana frialdad que deriva de las ideologías que tanta destrucción y sufrimiento derramaron sobre el mundo en el siglo XX. Es el camino de siempre para tratar de hacer de las personas unas máquinas. Y por ello siempre han fracasado.
La voz del pueblo,
por Cristina Bitar.
Las encuestas muestran
una caída importante de la adhesión a la Presidente Bachelet, algo que parecía
imposible, así como también un alto rechazo a sus reformas. En el mundo
político se plantea, en sintonía con lo anterior, que es hora de hacer cambios
en la forma y en el fondo en la agenda reformadora del Gobierno. Esta
percepción es transversal. Buena parte de los más destacados dirigentes de la
Nueva Mayoría lo plantean abiertamente en cada instancia que tienen, y qué
decir de la oposición.
Hasta ahora, la
actitud de La Moneda ha sido más bien la de atribuir las críticas ciudadanas a
la falta de información y comunicación por parte de la propia administración,
de ahí el llamado Presidencial a sus Ministros a trabajar más. También culpan
de estas cifras a la desinformación que habría provocado la oposición al
distorsionar con sus críticas el contenido y efectos de los distintos
proyectos. Pero las últimas semanas ha ido decantando la percepción de que ese
diagnóstico no da cuenta de la realidad en toda su profundidad. No se trata
sólo de la acción opositora o de los grupos de intereses afectados. El tema es
más complejo, lo reconocen así muchos de los propios partidarios y analistas
vinculados al pacto Gobernante.
El país espera
hace ya varias semanas un cambio de Gabinete. No esperan un cambio estético,
sino una señal clara de cambio de rumbo. Estoy segura de que la inmensa mayoría
de los chilenos se alegrarían de escuchar de los labios de la Presidente
aquella famosa frase del ex Presidente Lagos, pronunciada por él aquella
jornada de la primera vuelta de 1999: “He escuchado la voz del pueblo”.
Las promesas de
cambio que llevaron a la Presidente a un nuevo período siguen teniendo amplio
apoyo, no tengo duda de eso, pero el Gobierno está pagando el precio de haber
sobreinterpretado la crítica y exagerado la representatividad de la calle. Es
evidente que el país había llegado a un punto en que las personas querían
mayores grados de redistribución, acortar las brechas, poder enfrentar el costo
de la educación de sus hijos sin que ello fuera sinónimo de una angustia que
destruía la tranquilidad de las familias. Que la esperanza del sacrificio por
una mejor educación se viera retribuida en el mundo laboral para las nuevas
generaciones, entre muchas otras demandas.
Todo eso era y
sigue siendo verdad, pero de ahí a creer que la mayoría del país quiere tirar
lo que la Concertación ayudó a construir en los últimos 30 años, hay una
distancia enorme y fue, como estamos comprobando, un tremendo error. La gente
quiere cambios, pero para mejorar lo hecho, no para cambiarlo por una opción
poco clara en su contenido, y menos en sus resultados. La Presidente está
apenas en su primer año de gestión. Tiene todo el tiempo para enmendar el
rumbo, recuperar el apoyo perdido y hacer que todo el país gane con ese cambio.
Una huelga miserable,
por Joaquín García Huidobro.
Los profesores han estado en calma durante los
primeros meses del Gobierno de la Nueva Mayoría, pero la paciencia de esa gente
tiene un límite. ¿Qué sentido tiene una reforma educacional que se ocupa de
todo menos de mejorar las condiciones de los docentes? Llegó un momento en que
los profesores se aburrieron y decretaron un paro.
La chispa que encendió la mecha fue el acuerdo
entre cuatro paredes al que llegó Jaime Gajardo, su Presidente, con el
Ministerio de Educación, sin la adecuada consulta a las bases. Los profesores
le están pagando a Gajardo con su misma moneda. No nos olvidemos de sus épicas
peleas con Jorge Pavez, el anterior dirigente del Colegio, sus constantes
llamados a paro, e incluso sus pugilatos, porque el manso corderito en que se
transformó este comunista cuando la Nueva Mayoría asumió el Gobierno tiene un
pasado bien movido.
Como consecuencia de la huelga, miles de niños
de la educación Municipalizada están sin clases. Si se arreglan las cosas,
tendrán que pasar en las aulas hasta fines de enero.
La ciudadanía, por su parte, apenas ha
reaccionado ante la noticia del paro. Quizá está tan preocupada por el tema de
la educación, que no ha tenido tiempo para ocuparse de algo tan trivial como
que los niños reciban clases, especialmente a fin de año. Además, digamos las
cosas por su nombre: Gajardo no es un tipo simpático, y el hecho de verlo en
problemas proporciona un gozo maléfico a mucha gente.
Esta pasividad de los chilenos ante el paro de
profesores Municipales es una mala noticia. En efecto, ¿hay algo más grave que
una huelga de profesores? Todos consideraríamos inaceptable que los militares
comenzaran una huelga. ¿Y no es la educación tan importante como la defensa de
la integridad de la República?
Los profesores que están en huelga olvidan algo
básico: hay actividades tan decisivas para la sociedad, que quienes las llevan
a cabo no pueden recurrir a la huelga sin transformarse en unos chantajistas.
Ni la policía, ni los bomberos, ni los profesionales de la salud que atienden
los servicios de urgencia pueden darse el lujo de detener sus tareas en demanda
de mejoras laborales. Los profesores también nos contamos entre quienes no
pueden darse ese lujo. Si alguien piensa lo contrario, es señal de que no
entendió nada.
Me cuesta comprender la lógica de un docente
que adhiere a una huelga. Los profesores no atendemos a un cliente anónimo, que
se puede ir al negocio de enfrente si el nuestro está cerrado. Nosotros hacemos
clases a personas muy concretas, con un nombre y un rostro. Sabemos que esos
alumnos tienen una necesidad urgente de recibir una buena educación, ¿y se la
negamos? Nos hemos dedicado a la educación porque estamos seguros de que
constituye una necesidad primaria para el país, ¿y vamos a contradecir en los
hechos lo que afirmamos con las palabras?
Las consecuencias de un paro del Magisterio
solo se aprecian a largo plazo, pero esa no es una razón para justificarlo. No
se trata solo del hecho de que se priva a los jóvenes del alimento para el
espíritu, no es simplemente que se ocasionan graves trastornos a sus familias.
Cuando un niño ve que su profesor (el mismo que, emocionado, le ha hablado mil
veces sobre la importancia de la educación) decide irse a paro, ¿qué aprende?
Que es lícito extorsionar con lo más sagrado, que todo puede ser
instrumentalizado si hay una causa suficiente para hacerlo. Es imposible ver
las fotos de profesores quemando neumáticos y participando en barricadas sin
pensar en los pobres niños que tienen la desgracia de ser sus alumnos.
Está bien que los profesores exijan respeto. Es
legítimo que se indignen ante una reforma que se olvida de ellos, pero esta
huelga miserable es una bofetada a la cara de los niños chilenos que más
necesitan a esos maestros; es robar el pan al hambriento, abusar del débil y
permanecer insensibles a los destinos del país.
El paro que está sufriendo Chile durante estos
días constituye una suerte de pasaje al futuro. Nos permite ver lo que podría
ser la educación chilena en unos años más, en un escenario en que casi toda la
educación dependerá del Estado, directa o indirectamente. La de estos días es
una huelga pequeñita, aunque gravísima. Prepárense para las huelgas que vienen,
las que tendremos cuando las arcas del Ministerio tengan que financiar casi
toda la educación chilena. Esas sí que serán huelgas, la de ahora es solo un
aperitivo.
Cajeros y comisarías,
por Axel Buchheister.
La instalación de cajeros automáticos del Banco
del Estado en las Comisarías de Carabineros, ha sido presentada por el Gobierno
como una solución ideada por una autoridad ágil y creativa para un problema que
afecta a los usuarios, que habría sido bien recibida por éstos.
Pero en realidad esconde un reconocimiento
brutal que la delincuencia domina sin contrapeso en vastos sectores y que la
inseguridad ciudadana ha llegado a límites tales, que no existen las
condiciones mínimas para realizar ciertas actividades cotidianas. Porque la
disminución de los dispensadores de dinero se ha debido a los incontables robos
-no resueltos- que han sufrido y cuya operación se ha sumido en la anormalidad,
más allá de lo que quisiera y puede manejar la industria bancaria, que nunca
antes tuvo inconvenientes para suministrar un servicio crecientemente demandado
por la ciudadanía. Y entonces, que se tuvo que recurrir a la última reserva
para que pudieran operar.
Son deberes esenciales e irrenunciables del Estado
velar por el imperio de la Ley y otorgar seguridad a la ciudadanía. Cuando alguna actividad normal se tiene que
atrincherar dentro de las unidades policiales para realizarse, la autoridad ha
fracasado en cumplir su cometido básico. Y también cuando les echa la culpa a
las víctimas de los delitos que sufren, porque cualesquiera sean los argumentos
sobre los resguardos que debieron emplear para minimizarlos, no son más que una
disculpa para desviar la atención cuando el fenómeno delictivo está fuera de
control y la seguridad pública no es tarea del sector privado.
Pero en su afán de aparentar una solución, el Gobierno
ha incurrido en irregularidades que afectan el buen funcionamiento de la
economía, dando así otro paso para desmantelar el régimen que hizo de nuestro
país un modelo de crecimiento y buena administración de los recursos. Porque si
bien el Banco del Estado es una empresa Estatal, se desenvuelve en un mercado
competitivo y cobra a los usuarios por sus servicios, como cualquier entidad
bancaria. La Constitución prohíbe que las empresas del Estado reciban
privilegios. Las Comisarías, que son bienes Fiscales, son lugares atractivos
para emplazar los cajeros: ¿Carabineros llamó a una licitación abierta para
asignar esos espacios entre los distintos bancos?; ¿el Banco del Estado paga un
arriendo por usarlos?; y si es así, ¿cómo se determinó su valor?; ¿es Legal que
dentro de las Comisarías se realicen actividades comerciales, susceptibles de
interferir con su función propia?
La Contraloría General de la República debiera
tomar cartas en el asunto. También lo
tendría que hacer la Fiscalía Nacional Económica, pues se ha dado un privilegio
que puede afectar la competencia en el mercado de los dispensadores de dinero.
Que ejerzan sus atribuciones es fundamental, no sólo para que impere la Ley -un
bien cada día más escaso en nuestra sociedad-, sino para que las cosas vuelvan
a su cauce y la autoridad pública no tenga excusas ni pueda montar escenas para
evadir su rol: perseguir a la delincuencia y mostrar resultados, sin endosarle
la culpa a otros.
Desánimo en los consumidores.
En los inicios del abrupto enfriamiento que ha
sufrido la economía nacional cupo un papel importante al cambio de ánimo de los
empresarios y el correspondiente freno de la inversión. Entre sus motivos cabe
mencionar las perspectivas de la economía mundial, las dificultades en la
tramitación ambiental, el aumento de la carga tributaria y la incertidumbre
política. En las últimas semanas a ello se ha agregado una fuerte
desaceleración de las ventas de bienes de consumo. Al parecer, el desánimo se
ha extendido también al chileno medio, cuyas compras son las que determinan en
buena medida el ritmo al que marcha la economía nacional.
Por
ejemplo, el número de automóviles nuevos vendidos en noviembre pasado fue un
29% inferior al de igual mes del año anterior, según ha informado la asociación
del ramo, ANAC. La compra de un auto nuevo es uno de los primeros signos de
prosperidad familiar, y que masivamente esa decisión sea postergada es reflejo
inequívoco de los aprietos que comienzan a sentir muchos hogares de la clase
media. De hecho, las ventas que más caen son las de automóviles que valen menos
de 6 millones de pesos.
La única
nota disonante es el incremento informado en las ventas de los proveedores
industriales nacionales, el cual según AGIP, la asociación que los reúne,
ascendió a 8,3% en octubre respecto de igual mes del año anterior. Pero la
variación indicada es nominal y por tanto en buena medida refleja la capacidad
de dichos proveedores para trasladar a precios las presiones inflacionarias
provenientes del alza del dólar y otros costos.
El
decaimiento del consumo no puede explicarse aún por la disminución de los
ingresos laborales ni por una falta de financiamiento. Aunque ya varias
empresas han informado de cuantiosos despidos, el empleo agregado y los
salarios reales aún crecen. Las condiciones financieras siguen favorables y el
costo del crédito ha disminuido notoriamente. Todo parece indicar que lo que
más ha influido es un bajón de las expectativas. Según el indicador de
percepción económica que elabora Adimark, las expectativas de las personas han
descendido al nivel más bajo desde la recesión de cinco años atrás.
El
desánimo de los consumidores es doblemente problemático para el Gobierno: por
una parte, puede frustrar sus planes de hacer que la economía empiece a
reactivarse pronto y, por otra, exacerbar el malestar de la clase media, que ya
comienza a aflorar en las encuestas de opinión pública. Ahora que estamos
sintiendo en nuestros bolsillos los gratos efectos de una drástica baja de las
bencinas -y dado que, según lo ocurrido hasta ahora, Chile está ahorrando más
por el abaratamiento del petróleo que lo que pierde por la caída del cobre-,
cuesta creer que el Gobierno no tenga cómo volver a encender el entusiasmo de
los consumidores.
Un plazo demasiado urgente para una reforma de
fondo.
La Comisión
de Educación del Senado votó esta semana la idea de Legislar sobre la reforma
educacional, con la aprobación de Senadores del oficialismo que habían
planteado desde su presentación algunos cuestionamientos de fondo que hasta
ahora no se han resuelto.
Todo indica que la dirigencia de la Democracia
Cristiana, el partido que más objeciones ha planteado al interior de la Nueva
Mayoría, parece haberlas pospuesto para la discusión del proyecto en
particular, pero lo cierto es que perdió una valiosa oportunidad para instalar
sobre la mesa de negociaciones algunos de los aspectos que vulneran sus propios
lineamientos programáticos. Si éstas
eran de fondo, deberían haber sido resueltas antes de apoyar la iniciativa en
general.
Pero eso no es todo. El reducido calendario de
votaciones, incluyendo la maratónica sesión de esta semana en la comisión, es
el resultado de las presiones y apresuramientos impuestos por el Ejecutivo para
cumplir con un plan de reformas que no se condice con la profundidad y el
efecto de largo plazo de las disposiciones que se analizan. La Moneda espera
contar con el proyecto completamente aprobado a fines de enero, frente a lo
cual los Parlamentarios se han allanado a modificar aspectos propios del
trabajo Legislativo, integrando comisiones y abriéndose al trabajo conjunto de
Senadores y Diputados -práctica informal
poco apropiada de un trámite Legislativo serio- con el objeto de evitar
eventuales discrepancias que motiven comisión mixta. Además del impacto sobre
la calidad y profundidad del necesario debate, estas adecuaciones representan
una riesgosa señal de sometimiento de un poder del Estado sobre las
prerrogativas y responsabilidad de otro.
Resulta a lo menos sorprendente, que elementos
supuestamente fundamentales de la reforma, como la eliminación de la selección
o del lucro por parte de los sostenedores de colegios particulares
subvencionados, sean motivo de reiterados cambios y ajustes que incluso
vulneran los criterios que el mismo proyecto pretende imponer. Por cierto, si
estas modificaciones permitiesen atenuar los negativos efectos que se anticipan
por la reforma, serían bienvenidas. No obstante, el tenor de los cambios
revela, más bien, una cierta improvisación y el grave déficit de información
sobre la cual se ha construido el proyecto en su conjunto.
Por lo mismo, es fundamental que los Parlamentarios
aborden la discusión a fondo, conozcan de primera fuente las posiciones en
conflicto y reclamen toda la información necesaria para contar con un correcto
diagnóstico respecto de la situación real de la educación en Chile. Así como una
negativa reforma tributaria ha demostrado su impacto en el crecimiento de la
economía, los efectos de una errada e improvisada reforma educacional se conocerán sólo en el
largo plazo, dejando a generaciones sin las herramientas necesarias para
desenvolverse con éxito. La oposición política, por su parte, ha anunciado su
intención de recurrir al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto
culmine su trámite Parlamentario. A la luz de los contenidos en debate, la
estrategia opositora tiene fundamento: aspectos fundamentales de la reforma
aparecen en oposición a derechos garantizados en la Constitución.
Pero más allá de las objeciones Constitucionales,
la iniciativa del Gobierno en materia educacional atenta contra principios tan
arraigados en la ciudadanía, como es la libertad de los padres para contribuir
a la enseñanza de sus hijos o de elegir un colegio que les otorgue mayor
confianza o se adecúe mejor a sus creencias e intereses.
"Justicia ciudadana" en las calles.
En los últimos días han llegado a conocimiento
público varios casos en que uno o más transeúntes procedieron a detener a
personas que huían mientras eran señaladas como autores de un delito recién
cometido. En algún caso, la turba reunida alrededor comenzó luego a golpear y
escarnecer al detenido hasta la llegada de la autoridad. También hay registro
del ingreso de vecinos en la casa de un sujeto detenido por delito de violación
de menores con el fin de sacar a la calle sus pertenencias y quemarlas. El Subsecretario
del Interior ha condenado estos hechos en nombre del Gobierno, una reacción
valiosa cuando para algunos lo políticamente conveniente es mostrar cierta
condescendencia frente a las reacciones más viscerales, en especial cuando se
atribuyen al acoso del delito, la sensación de inseguridad y la ineficacia de
las autoridades.
Conviene tener presente, sin embargo, que la Ley
autoriza expresamente a cualquier persona a detener a quien es sorprendido en
delito flagrante, es decir, en un tiempo inmediato a la comisión del hecho
delictivo. Esta autorización ampara con toda seguridad al que detiene a quien
huye del lugar en que se acaba de cometer el hecho y es designado por la
víctima o por testigos como su autor o como cómplice. Esta detención, que tiene
por objeto entregar inmediatamente al detenido a la autoridad, es expresión
clara de un valor que sale de lo común y que, en los límites Legales,
manifiesta además otras virtudes propias de un espíritu cívico que merece ser
celebrado y reconocido como tal.
Al mismo tiempo, hay que recordar que la
autorización para detener es una excepción a la regla general de que las
afectaciones a la libertad de desplazamiento de otras personas son hechos
ilícitos. Esta excepción es restringida y no autoriza a inferir lesiones que
excedan lo indispensable para la detención, ni a afectar de otro modo la
integridad o los derechos de la persona detenida, que por lo demás se encuentra
amparada por la presunción de inocencia. Es decir, quien detiene a otro
amparándose en la autorización de flagrancia realiza un hecho en principio
ilícito y del cual es responsable. Recién un proceso penal, aunque sea breve,
aportará la claridad suficiente para eximirlo de responsabilidad.
Por lo tanto, para mantener en su justo cauce
el celo ciudadano que puede expresarse en las detenciones conocidas en estos
días basta con aplicar la Legislación vigente, y hacer que quien detiene a otro
asuma su responsabilidad por los hechos asociados a la detención. Hay muchas
formas expeditas de resolver el procedimiento penal una vez que se cuenta con
los antecedentes mínimos para hacerlo. Pero el sistema no puede sin más hacer
vista gorda, sin exponerse al mismo tiempo a legitimar de mala manera delitos
mucho más graves que los que motivaron las detenciones.
Lecciones de 145 plumas internacionales.
La libertad de información es un principio
esencial de cualquier sociedad democrática, no un postulado decorativo que se
invoque según conveniencia. Hasta los regímenes más incalificables como
democracias saben que el intercomunicado mundo moderno no se llama a engaño
acerca de qué países verdaderamente la practican como modo de vida, y cuáles
solo pretenden revestirse de sus apariencias, intentando no perder
respetabilidad y credibilidad internacional.
En sus afanes restrictivos o sofocadores de
esta libertad sine qua non para toda democracia, los regímenes
pseudodemocráticos -abundantes en el mundo y también en nuestro continente-
procuran ser más sutiles que los abiertamente totalitarios o fundamentalistas:
mediante sus voceros y colaboradores, suelen aducir argumentos alusivos a
presunta diversidad, pluralismo, equilibrio de visiones, no discriminación,
concentración de propiedad y múltiples otros similares. En realidad, ellos solo
recubren el ánimo de acallar los incómodos datos o análisis que no coincidan
con los del poder político imperante.
Pero un diario con vocación nacional es mucho
más que la crónica y evaluación del acontecer político interno, agraden o no a
un Gobernante u otro. Ellas, obviamente necesarias, no bastan para mantener
vital y vigente a un medio de prensa. De allí que, década tras década, "El
Mercurio" haya asignado equivalente importancia a múltiples otros temas
-economía, deportes, ciencias y tecnología, espectáculos, asuntos internacionales;
en suma, a toda la inagotable gama de materias que conforman la compleja vida
humana-. Para el censor político latente, ellos importan poco, a menos que sean
funcionales a sus aspiraciones de poder. Para el lector general, en cambio, ese
vasto universo de lo humano allende la política es no menos importante que
esta, y la calidad y oportunidad de lo que un medio de prensa ofrezca al
respecto es una condición de su interés.
Para "El Mercurio", el mundo de la
cultura en todas sus manifestaciones ha sido un pilar de su trayectoria ya casi
bicentenaria. Por eso, en el ya tradicional libro que presenta al cierre del
año -y que se comenta en el cuerpo de Artes y Letras de hoy-, esta vez ha
elegido entregar una selección de 145 de las mejores plumas internacionales que
nuestras páginas han recogido desde su creación en Santiago, en 1900, hasta
2014. Es solo una parte escogida del inmenso acervo que en todos los campos
guardan sus archivos, con antecedentes no siempre disponibles en otras fuentes,
y una muestra de la huella testimonial que en el diario ha ido dejando la
historia del pensamiento en el mundo. Del cuantiosísimo material acopiado a lo
largo de las décadas presentamos una parte menor, pero significativa,
circunscribiéndonos solo al ámbito de letras y humanidades de autores
extranjeros. Los textos incluidos en este volumen corresponden a las más
disímiles concepciones de la sociedad y del hombre, que aportan sus perspectivas
desde entornos, cosmovisiones y épocas muy dispares. Creemos valioso poner este
material al servicio del lector actual, y dar un punto de referencia a las
generaciones venideras, en un área que sabemos de valor permanente. Ese sentido
de futuro, de perdurabilidad del ser nacional más allá de los avatares de la
política contingente, que ha movido a este diario desde su creación, tiene en
este libro una prueba que habla por sí misma.
Asociatividad de
proyectos de energía con comunidades.
Se espera que antes
que finalice el año, el Gobierno presente el proyecto de Ley que se ha
denominado de asociatividad de los nuevos proyectos de energía eléctrica con
las comunidades donde se emplacen. Esta iniciativa supone que no bastan las
compensaciones a las comunidades afectadas, sino que es necesario que se
compartan los beneficios de los proyectos. Habría tres planteamientos básicos
para materializar dicha asociatividad: obligar a las compañías a pagar la
patente Municipal en las Comunas en que se sitúe el proyecto; que las tarifas
eléctricas en la zonas sean al menos equivalentes a las que se pagan en
Santiago; y que haya participación de las comunidades en los ingresos que
perciban los proyectos.
Es un hecho que los
proyectos energéticos presentan una creciente resistencia, e incluso se han
vuelto el blanco predilecto de grupos ambientalistas. Así, la asociatividad se
alza como una medida coyuntural para hacerle frente, ya que de otra manera no
se entiende que se refiera exclusivamente a ese sector, cuando la razón que se
invoca -que las comunidades nada obtienen del proyecto que acogen- es
perfectamente aplicable a cualquier otra actividad. Pero si los efectos
ambientales son debidamente mitigados, no se advierte por qué es justo que las
comunidades deban obtener beneficios de los proyectos instalados en su área,
que de por sí los reciben, a través de una mayor actividad económica, empleo o
mejoramiento de infraestructura.
Sostener una tesis
de esa naturaleza puede tener impactos negativos. Desde luego, las prestaciones
que se pretenden establecer aumentarán los costos y disminuirán la rentabilidad
de los proyectos, de forma que la electricidad resultará aún más cara, (las
tarifas ya son elevadas en Chile), y habrá menor interés en realizarlos,
precisamente cuando se pronostica escasez de oferta en el futuro cercano. Si a
ello se agregan las previsibles presiones para que el sistema sea extendido a
otro tipo de proyectos y para que se amplíe la definición de “comunidad
afectada”, la competitividad de la economía puede resultar seriamente
perjudicada. Por otra parte, los problemas generales no se deben abordar con
soluciones específicas para ciertos rubros, lo que lesiona el igual trato y la
eficiencia en la asignación de los recursos. Así, la patente Municipal es una
sola por empresa y se prorratea entre las distintas Comunas en que opera en
proporción al número de trabajadores que laboran en ellas. Si esto ha conducido
a resultados que se estiman inadecuados, lo que corresponde es estudiar un
cambio en el criterio de reparto, pero no establecer reglas especiales para
ciertas industrias.
Establecer
transferencias económicas en favor de comunidades, que son entidades difíciles
de circunscribir, puede dar origen a situaciones poco transparentes en el
destino y administración de los recursos. Todo aconseja que esta iniciativa sea
reconsiderada y que se busque más bien perfeccionar los mecanismos de
compensaciones a impactos debidamente acreditados y a las personas directamente
afectadas.
Alianza del Pacífico y modelo de desarrollo.
En reciente entrevista con La Tercera, el ex
Presidente peruano Alan García realizó afirmaciones sobre varios temas que vale
la pena destacar, en particular respecto del momento económico de la región y
camino que debe seguir para alcanzar su desarrollo.
En relación a las propuestas de convergencia
entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, planteadas por el Canciller
chileno Heraldo Muñoz, el ex mandatario peruano puso en duda su factibilidad y
destacó las diferencias entre los modelos de ambas agrupaciones.
“El Mercosur es un mercado integrado hacia
adentro, la Alianza del Pacífico es crecer hacia afuera”, señaló el ex Presidente
peruano, destacando la prioridad de promover la apertura al comercio
internacional. Sus declaraciones apuntan con claridad a las limitaciones del
Mercosur, que privilegia los mercados de sus productos al interior de los
países miembros, frente a los beneficios de la Alianza del Pacífico que apuesta
por buscar nuevos mercados fuera de sus fronteras, con bajos aranceles y generando
condiciones atractivas para la inversión.
Las declaraciones de García -que fueron
refrendadas por el ex Presidente de México, Felipe Calderón, durante un
seminario al que ambos asistieron a mitad de semana en Santiago- resumen las
diferencias que marcan hoy a América Latina y dejan claro cuál ha sido el
camino más eficaz para avanzar hacia el desarrollo. “Como cosa lírica (el
Mercosur) es una cosa linda, pero no es práctico”, ratificó el ex mandatario
peruano. La prueba de ello está en su propio país, que desde que apostó por el
camino de la liberalización y la apertura de sus mercados, ha experimentado un
crecimiento sostenido y que bordeó el 10% anual a fines de la década pasada.
Este proceso se ha visto ahora último reforzado con las últimas medidas
adoptadas por el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, que incluyen
reducciones de impuestos y medidas de fomento a la inversión.
Propuesta de libre
circulación regional.
Durante la reciente
cumbre de Unasur, realizada a comienzos de diciembre en Ecuador, los 12 países
miembros acordaron avanzar hacia la creación de una ciudadanía sudamericana,
que incluiría la creación de un documento de identidad regional para facilitar
el libre tránsito de los más de 400 millones de habitantes de Sudamérica. Según
el Secretario General del organismo, el ex mandatario colombiano Ernesto
Samper, este “debería ser el mayor registro de lo que ha ocurrido” en la última
cumbre extraordinaria del organismo. El objetivo, de acuerdo con el propio
Samper, es permitir a los habitantes de la región estudiar, circular y trabajar
en cualquiera de los países miembros, además de homologar sus títulos
profesionales.
Si bien aún se
trata sólo de un compromiso, ya que no se acordaron plazos para su puesta en
marcha ni un cronograma específico de trabajo, es importante considerar la
complejidad de esta iniciativa antes de pensar en su eventual implementación.
Los 12 países que conforman Unasur tienen no sólo normativas distintas en
ámbitos como el tributario o el laboral, sino que además presentan niveles de
desarrollo diferentes y, en muchos casos, preocupantes limitaciones a las
libertades individuales. Ello podría generar flujos impredecibles de
desplazamiento desde países con menores oportunidades en relación a aquellos
que más han avanzado, tanto económicamente como en sus sistemas de protección
social, generando a su vez una carga extra en estos últimos.
Pero, además, antes
de avanzar en cualquier proyecto de “ciudadanía sudamericana”, es prioritario
que varios países de Unasur lleven a cabo reformas que efectivamente promuevan
una mayor libertad al interior de sus propias fronteras, tanto en el plano
económico -favoreciendo la apertura de sus mercados- como en el ámbito social.
Mientras persistan políticas proteccionistas como en Brasil o Argentina, por
ejemplo, o normas que restrinjan las libertades de expresión o de prensa, como
en Ecuador o Venezuela, resulta prematuro impulsar cualquier otro tipo de proyecto
que promueva la libre circulación de los habitantes de los países sudamericanos
o plantear la creación de una moneda común, como sugirió el Presidente
ecuatoriano Rafael Correa.
Es bueno recordar que
cuándo implementó el Transantiago Bachelet dijo que su intuición le decía que
había que postergarlo. Ahora con la reforma educacional sostuvo que “Mi primer sentido fue que partamos por la
educación pública”…esperamos que la Presidente haga caso alguna vez de sus
intuiciones…
