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martes, 16 de diciembre de 2014

Temas de futuro y de defensa de las libertades…

 
 
 





Afán,
Adolfo Ibáñez.


Al Gobierno y sus huestes los mueve un intenso afán de reformas. Aquel repite incansablemente que tiene que cambiar el modelo. Y se ha dicho que será con retroexcavadora. Aunque se ha tratado de suavizar esta presentación, lo cierto es que no ceja en su finalidad de cambio total. En las discusiones Legislativas ha morigerado aspectos técnicos y políticos puntuales, pero, en el fondo, continúa en su afán de imponer un nuevo orden que, en su voluntarismo, revela una estrecha identidad con el viejo y fracasado comunismo, hoy disimulado con la expresión "socialismo del siglo XXI".



Tratar de abarcar tanto y tan prontamente no revela un deseo de mejorar las cosas, sino un afán por controlar toda la vida de los chilenos. Es una reacción impulsada por la debilidad conceptual que se oculta tras su mayoría Parlamentaria. Se trata de impedir a cada uno colaborar, día a día y casi siempre anónimamente, con el engrandecimiento del país. Otra cosa es que durante estas décadas de Concertación se haya ido paulatinamente, por dejación y por omisión, ensanchando el Estatismo que permite proliferar a los poderosos de siempre -sindicatos, políticos y empresarios- en desmedro de la participación y beneficio colectivo. Corregir esta falla es urgente.


Los proyectos apuntan a un fin que ha quedado oculto y fuera de discusión: el control de la población por parte de los dirigentes, los antiguos custodios de la conciencia de clase, impulsados por su voluntarismo lleno de odio y resentimiento. Buscan especialmente que la novedosa y extensa clase media, que hoy constituye amplia mayoría, llegue a sentirse explotada y abusada. Es el primer eslabón para despersonalizarse y entregarse maniatados a la férula de aquellos dirigentes o casta sacerdotal del socialismo, caracterizados por su autoritarismo impositivo.


Este afán reformador que apunta a tal cantidad y magnitud de cambios insulta a todos los chilenos que con su tesón han ido construyendo paulatinamente el país en que vivimos, porque desprecia ese esfuerzo conjunto y sostenido en el tiempo. También es una bocanada de odio, con toda la pestilencia que ella acarrea, para enrarecer el ambiente e imposibilitar toda posible concordia y todo vínculo entre las personas. Es el modo para atarnos a la inhumana frialdad que deriva de las ideologías que tanta destrucción y sufrimiento derramaron sobre el mundo en el siglo XX. Es el camino de siempre para tratar de hacer de las personas unas máquinas. Y por ello siempre han fracasado.



La voz del pueblo,
por Cristina Bitar.


Las encuestas muestran una caída importante de la adhesión a la Presidente Bachelet, algo que parecía imposible, así como también un alto rechazo a sus reformas. En el mundo político se plantea, en sintonía con lo anterior, que es hora de hacer cambios en la forma y en el fondo en la agenda reformadora del Gobierno. Esta percepción es transversal. Buena parte de los más destacados dirigentes de la Nueva Mayoría lo plantean abiertamente en cada instancia que tienen, y qué decir de la oposición.


Hasta ahora, la actitud de La Moneda ha sido más bien la de atribuir las críticas ciudadanas a la falta de información y comunicación por parte de la propia administración, de ahí el llamado Presidencial a sus Ministros a trabajar más. También culpan de estas cifras a la desinformación que habría provocado la oposición al distorsionar con sus críticas el contenido y efectos de los distintos proyectos. Pero las últimas semanas ha ido decantando la percepción de que ese diagnóstico no da cuenta de la realidad en toda su profundidad. No se trata sólo de la acción opositora o de los grupos de intereses afectados. El tema es más complejo, lo reconocen así muchos de los propios partidarios y analistas vinculados al pacto Gobernante.


El país espera hace ya varias semanas un cambio de Gabinete. No esperan un cambio estético, sino una señal clara de cambio de rumbo. Estoy segura de que la inmensa mayoría de los chilenos se alegrarían de escuchar de los labios de la Presidente aquella famosa frase del ex Presidente Lagos, pronunciada por él aquella jornada de la primera vuelta de 1999: “He escuchado la voz del pueblo”.


Las promesas de cambio que llevaron a la Presidente a un nuevo período siguen teniendo amplio apoyo, no tengo duda de eso, pero el Gobierno está pagando el precio de haber sobreinterpretado la crítica y exagerado la representatividad de la calle. Es evidente que el país había llegado a un punto en que las personas querían mayores grados de redistribución, acortar las brechas, poder enfrentar el costo de la educación de sus hijos sin que ello fuera sinónimo de una angustia que destruía la tranquilidad de las familias. Que la esperanza del sacrificio por una mejor educación se viera retribuida en el mundo laboral para las nuevas generaciones, entre muchas otras demandas.


Todo eso era y sigue siendo verdad, pero de ahí a creer que la mayoría del país quiere tirar lo que la Concertación ayudó a construir en los últimos 30 años, hay una distancia enorme y fue, como estamos comprobando, un tremendo error. La gente quiere cambios, pero para mejorar lo hecho, no para cambiarlo por una opción poco clara en su contenido, y menos en sus resultados. La Presidente está apenas en su primer año de gestión. Tiene todo el tiempo para enmendar el rumbo, recuperar el apoyo perdido y hacer que todo el país gane con ese cambio.


Una huelga miserable,
por Joaquín García Huidobro.


Los profesores han estado en calma durante los primeros meses del Gobierno de la Nueva Mayoría, pero la paciencia de esa gente tiene un límite. ¿Qué sentido tiene una reforma educacional que se ocupa de todo menos de mejorar las condiciones de los docentes? Llegó un momento en que los profesores se aburrieron y decretaron un paro.


La chispa que encendió la mecha fue el acuerdo entre cuatro paredes al que llegó Jaime Gajardo, su Presidente, con el Ministerio de Educación, sin la adecuada consulta a las bases. Los profesores le están pagando a Gajardo con su misma moneda. No nos olvidemos de sus épicas peleas con Jorge Pavez, el anterior dirigente del Colegio, sus constantes llamados a paro, e incluso sus pugilatos, porque el manso corderito en que se transformó este comunista cuando la Nueva Mayoría asumió el Gobierno tiene un pasado bien movido.


Como consecuencia de la huelga, miles de niños de la educación Municipalizada están sin clases. Si se arreglan las cosas, tendrán que pasar en las aulas hasta fines de enero.


La ciudadanía, por su parte, apenas ha reaccionado ante la noticia del paro. Quizá está tan preocupada por el tema de la educación, que no ha tenido tiempo para ocuparse de algo tan trivial como que los niños reciban clases, especialmente a fin de año. Además, digamos las cosas por su nombre: Gajardo no es un tipo simpático, y el hecho de verlo en problemas proporciona un gozo maléfico a mucha gente.


Esta pasividad de los chilenos ante el paro de profesores Municipales es una mala noticia. En efecto, ¿hay algo más grave que una huelga de profesores? Todos consideraríamos inaceptable que los militares comenzaran una huelga. ¿Y no es la educación tan importante como la defensa de la integridad de la República?


Los profesores que están en huelga olvidan algo básico: hay actividades tan decisivas para la sociedad, que quienes las llevan a cabo no pueden recurrir a la huelga sin transformarse en unos chantajistas. Ni la policía, ni los bomberos, ni los profesionales de la salud que atienden los servicios de urgencia pueden darse el lujo de detener sus tareas en demanda de mejoras laborales. Los profesores también nos contamos entre quienes no pueden darse ese lujo. Si alguien piensa lo contrario, es señal de que no entendió nada.


Me cuesta comprender la lógica de un docente que adhiere a una huelga. Los profesores no atendemos a un cliente anónimo, que se puede ir al negocio de enfrente si el nuestro está cerrado. Nosotros hacemos clases a personas muy concretas, con un nombre y un rostro. Sabemos que esos alumnos tienen una necesidad urgente de recibir una buena educación, ¿y se la negamos? Nos hemos dedicado a la educación porque estamos seguros de que constituye una necesidad primaria para el país, ¿y vamos a contradecir en los hechos lo que afirmamos con las palabras?


Las consecuencias de un paro del Magisterio solo se aprecian a largo plazo, pero esa no es una razón para justificarlo. No se trata solo del hecho de que se priva a los jóvenes del alimento para el espíritu, no es simplemente que se ocasionan graves trastornos a sus familias. Cuando un niño ve que su profesor (el mismo que, emocionado, le ha hablado mil veces sobre la importancia de la educación) decide irse a paro, ¿qué aprende? Que es lícito extorsionar con lo más sagrado, que todo puede ser instrumentalizado si hay una causa suficiente para hacerlo. Es imposible ver las fotos de profesores quemando neumáticos y participando en barricadas sin pensar en los pobres niños que tienen la desgracia de ser sus alumnos.


Está bien que los profesores exijan respeto. Es legítimo que se indignen ante una reforma que se olvida de ellos, pero esta huelga miserable es una bofetada a la cara de los niños chilenos que más necesitan a esos maestros; es robar el pan al hambriento, abusar del débil y permanecer insensibles a los destinos del país.


El paro que está sufriendo Chile durante estos días constituye una suerte de pasaje al futuro. Nos permite ver lo que podría ser la educación chilena en unos años más, en un escenario en que casi toda la educación dependerá del Estado, directa o indirectamente. La de estos días es una huelga pequeñita, aunque gravísima. Prepárense para las huelgas que vienen, las que tendremos cuando las arcas del Ministerio tengan que financiar casi toda la educación chilena. Esas sí que serán huelgas, la de ahora es solo un aperitivo.


Cajeros y comisarías,
por Axel Buchheister.


La instalación de cajeros automáticos del Banco del Estado en las Comisarías de Carabineros, ha sido presentada por el Gobierno como una solución ideada por una autoridad ágil y creativa para un problema que afecta a los usuarios, que habría sido bien recibida por éstos.


Pero en realidad esconde un reconocimiento brutal que la delincuencia domina sin contrapeso en vastos sectores y que la inseguridad ciudadana ha llegado a límites tales, que no existen las condiciones mínimas para realizar ciertas actividades cotidianas. Porque la disminución de los dispensadores de dinero se ha debido a los incontables robos -no resueltos- que han sufrido y cuya operación se ha sumido en la anormalidad, más allá de lo que quisiera y puede manejar la industria bancaria, que nunca antes tuvo inconvenientes para suministrar un servicio crecientemente demandado por la ciudadanía. Y entonces, que se tuvo que recurrir a la última reserva para que pudieran operar.


Son deberes esenciales e irrenunciables del Estado velar por el imperio de la Ley y otorgar seguridad a la ciudadanía.  Cuando alguna actividad normal se tiene que atrincherar dentro de las unidades policiales para realizarse, la autoridad ha fracasado en cumplir su cometido básico. Y también cuando les echa la culpa a las víctimas de los delitos que sufren, porque cualesquiera sean los argumentos sobre los resguardos que debieron emplear para minimizarlos, no son más que una disculpa para desviar la atención cuando el fenómeno delictivo está fuera de control y la seguridad pública no es tarea del sector privado.


Pero en su afán de aparentar una solución, el Gobierno ha incurrido en irregularidades que afectan el buen funcionamiento de la economía, dando así otro paso para desmantelar el régimen que hizo de nuestro país un modelo de crecimiento y buena administración de los recursos. Porque si bien el Banco del Estado es una empresa Estatal, se desenvuelve en un mercado competitivo y cobra a los usuarios por sus servicios, como cualquier entidad bancaria. La Constitución prohíbe que las empresas del Estado reciban privilegios. Las Comisarías, que son bienes Fiscales, son lugares atractivos para emplazar los cajeros: ¿Carabineros llamó a una licitación abierta para asignar esos espacios entre los distintos bancos?; ¿el Banco del Estado paga un arriendo por usarlos?; y si es así, ¿cómo se determinó su valor?; ¿es Legal que dentro de las Comisarías se realicen actividades comerciales, susceptibles de interferir con su función propia?


La Contraloría General de la República debiera tomar cartas en el asunto.  También lo tendría que hacer la Fiscalía Nacional Económica, pues se ha dado un privilegio que puede afectar la competencia en el mercado de los dispensadores de dinero. Que ejerzan sus atribuciones es fundamental, no sólo para que impere la Ley -un bien cada día más escaso en nuestra sociedad-, sino para que las cosas vuelvan a su cauce y la autoridad pública no tenga excusas ni pueda montar escenas para evadir su rol: perseguir a la delincuencia y mostrar resultados, sin endosarle la culpa a otros.


Desánimo en los consumidores.


En los inicios del abrupto enfriamiento que ha sufrido la economía nacional cupo un papel importante al cambio de ánimo de los empresarios y el correspondiente freno de la inversión. Entre sus motivos cabe mencionar las perspectivas de la economía mundial, las dificultades en la tramitación ambiental, el aumento de la carga tributaria y la incertidumbre política. En las últimas semanas a ello se ha agregado una fuerte desaceleración de las ventas de bienes de consumo. Al parecer, el desánimo se ha extendido también al chileno medio, cuyas compras son las que determinan en buena medida el ritmo al que marcha la economía nacional.


 Por ejemplo, el número de automóviles nuevos vendidos en noviembre pasado fue un 29% inferior al de igual mes del año anterior, según ha informado la asociación del ramo, ANAC. La compra de un auto nuevo es uno de los primeros signos de prosperidad familiar, y que masivamente esa decisión sea postergada es reflejo inequívoco de los aprietos que comienzan a sentir muchos hogares de la clase media. De hecho, las ventas que más caen son las de automóviles que valen menos de 6 millones de pesos.


 La única nota disonante es el incremento informado en las ventas de los proveedores industriales nacionales, el cual según AGIP, la asociación que los reúne, ascendió a 8,3% en octubre respecto de igual mes del año anterior. Pero la variación indicada es nominal y por tanto en buena medida refleja la capacidad de dichos proveedores para trasladar a precios las presiones inflacionarias provenientes del alza del dólar y otros costos.


 El decaimiento del consumo no puede explicarse aún por la disminución de los ingresos laborales ni por una falta de financiamiento. Aunque ya varias empresas han informado de cuantiosos despidos, el empleo agregado y los salarios reales aún crecen. Las condiciones financieras siguen favorables y el costo del crédito ha disminuido notoriamente. Todo parece indicar que lo que más ha influido es un bajón de las expectativas. Según el indicador de percepción económica que elabora Adimark, las expectativas de las personas han descendido al nivel más bajo desde la recesión de cinco años atrás.


 El desánimo de los consumidores es doblemente problemático para el Gobierno: por una parte, puede frustrar sus planes de hacer que la economía empiece a reactivarse pronto y, por otra, exacerbar el malestar de la clase media, que ya comienza a aflorar en las encuestas de opinión pública. Ahora que estamos sintiendo en nuestros bolsillos los gratos efectos de una drástica baja de las bencinas -y dado que, según lo ocurrido hasta ahora, Chile está ahorrando más por el abaratamiento del petróleo que lo que pierde por la caída del cobre-, cuesta creer que el Gobierno no tenga cómo volver a encender el entusiasmo de los consumidores.


Un plazo demasiado urgente para una reforma de fondo.

        

La  Comisión de Educación del Senado votó esta semana la idea de Legislar sobre la reforma educacional, con la aprobación de Senadores del oficialismo que habían planteado desde su presentación algunos cuestionamientos de fondo que hasta ahora no se han resuelto.


Todo indica que la dirigencia de la Democracia Cristiana, el partido que más objeciones ha planteado al interior de la Nueva Mayoría, parece haberlas pospuesto para la discusión del proyecto en particular, pero lo cierto es que perdió una valiosa oportunidad para instalar sobre la mesa de negociaciones algunos de los aspectos que vulneran sus propios lineamientos programáticos.  Si éstas eran de fondo, deberían haber sido resueltas antes de apoyar la iniciativa en general.


Pero eso no es todo. El reducido calendario de votaciones, incluyendo la maratónica sesión de esta semana en la comisión, es el resultado de las presiones y apresuramientos impuestos por el Ejecutivo para cumplir con un plan de reformas que no se condice con la profundidad y el efecto de largo plazo de las disposiciones que se analizan. La Moneda espera contar con el proyecto completamente aprobado a fines de enero, frente a lo cual los Parlamentarios se han allanado a modificar aspectos propios del trabajo Legislativo, integrando comisiones y abriéndose al trabajo conjunto de Senadores y Diputados  -práctica informal poco apropiada de un trámite Legislativo serio- con el objeto de evitar eventuales discrepancias que motiven comisión mixta. Además del impacto sobre la calidad y profundidad del necesario debate, estas adecuaciones representan una riesgosa señal de sometimiento de un poder del Estado sobre las prerrogativas y responsabilidad de otro.


Resulta a lo menos sorprendente, que elementos supuestamente fundamentales de la reforma, como la eliminación de la selección o del lucro por parte de los sostenedores de colegios particulares subvencionados, sean motivo de reiterados cambios y ajustes que incluso vulneran los criterios que el mismo proyecto pretende imponer. Por cierto, si estas modificaciones permitiesen atenuar los negativos efectos que se anticipan por la reforma, serían bienvenidas. No obstante, el tenor de los cambios revela, más bien, una cierta improvisación y el grave déficit de información sobre la cual se ha construido el proyecto en su conjunto.


Por lo mismo, es fundamental que los Parlamentarios aborden la discusión a fondo, conozcan de primera fuente las posiciones en conflicto y reclamen toda la información necesaria para contar con un correcto diagnóstico respecto de la situación real de la educación en Chile. Así como una negativa reforma tributaria ha demostrado su impacto en el crecimiento de la economía, los efectos de una errada e improvisada  reforma educacional se conocerán sólo en el largo plazo, dejando a generaciones sin las herramientas necesarias para desenvolverse con éxito. La oposición política, por su parte, ha anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto culmine su trámite Parlamentario. A la luz de los contenidos en debate, la estrategia opositora tiene fundamento: aspectos fundamentales de la reforma aparecen en oposición a derechos garantizados en la Constitución.


Pero más allá de las objeciones Constitucionales, la iniciativa del Gobierno en materia educacional atenta contra principios tan arraigados en la ciudadanía, como es la libertad de los padres para contribuir a la enseñanza de sus hijos o de elegir un colegio que les otorgue mayor confianza o se adecúe mejor a sus creencias e intereses.


"Justicia ciudadana" en las calles.


En los últimos días han llegado a conocimiento público varios casos en que uno o más transeúntes procedieron a detener a personas que huían mientras eran señaladas como autores de un delito recién cometido. En algún caso, la turba reunida alrededor comenzó luego a golpear y escarnecer al detenido hasta la llegada de la autoridad. También hay registro del ingreso de vecinos en la casa de un sujeto detenido por delito de violación de menores con el fin de sacar a la calle sus pertenencias y quemarlas. El Subsecretario del Interior ha condenado estos hechos en nombre del Gobierno, una reacción valiosa cuando para algunos lo políticamente conveniente es mostrar cierta condescendencia frente a las reacciones más viscerales, en especial cuando se atribuyen al acoso del delito, la sensación de inseguridad y la ineficacia de las autoridades.


Conviene tener presente, sin embargo, que la Ley autoriza expresamente a cualquier persona a detener a quien es sorprendido en delito flagrante, es decir, en un tiempo inmediato a la comisión del hecho delictivo. Esta autorización ampara con toda seguridad al que detiene a quien huye del lugar en que se acaba de cometer el hecho y es designado por la víctima o por testigos como su autor o como cómplice. Esta detención, que tiene por objeto entregar inmediatamente al detenido a la autoridad, es expresión clara de un valor que sale de lo común y que, en los límites Legales, manifiesta además otras virtudes propias de un espíritu cívico que merece ser celebrado y reconocido como tal.


Al mismo tiempo, hay que recordar que la autorización para detener es una excepción a la regla general de que las afectaciones a la libertad de desplazamiento de otras personas son hechos ilícitos. Esta excepción es restringida y no autoriza a inferir lesiones que excedan lo indispensable para la detención, ni a afectar de otro modo la integridad o los derechos de la persona detenida, que por lo demás se encuentra amparada por la presunción de inocencia. Es decir, quien detiene a otro amparándose en la autorización de flagrancia realiza un hecho en principio ilícito y del cual es responsable. Recién un proceso penal, aunque sea breve, aportará la claridad suficiente para eximirlo de responsabilidad.


Por lo tanto, para mantener en su justo cauce el celo ciudadano que puede expresarse en las detenciones conocidas en estos días basta con aplicar la Legislación vigente, y hacer que quien detiene a otro asuma su responsabilidad por los hechos asociados a la detención. Hay muchas formas expeditas de resolver el procedimiento penal una vez que se cuenta con los antecedentes mínimos para hacerlo. Pero el sistema no puede sin más hacer vista gorda, sin exponerse al mismo tiempo a legitimar de mala manera delitos mucho más graves que los que motivaron las detenciones.


Lecciones de 145 plumas internacionales.


La libertad de información es un principio esencial de cualquier sociedad democrática, no un postulado decorativo que se invoque según conveniencia. Hasta los regímenes más incalificables como democracias saben que el intercomunicado mundo moderno no se llama a engaño acerca de qué países verdaderamente la practican como modo de vida, y cuáles solo pretenden revestirse de sus apariencias, intentando no perder respetabilidad y credibilidad internacional.


En sus afanes restrictivos o sofocadores de esta libertad sine qua non para toda democracia, los regímenes pseudodemocráticos -abundantes en el mundo y también en nuestro continente- procuran ser más sutiles que los abiertamente totalitarios o fundamentalistas: mediante sus voceros y colaboradores, suelen aducir argumentos alusivos a presunta diversidad, pluralismo, equilibrio de visiones, no discriminación, concentración de propiedad y múltiples otros similares. En realidad, ellos solo recubren el ánimo de acallar los incómodos datos o análisis que no coincidan con los del poder político imperante.


Pero un diario con vocación nacional es mucho más que la crónica y evaluación del acontecer político interno, agraden o no a un Gobernante u otro. Ellas, obviamente necesarias, no bastan para mantener vital y vigente a un medio de prensa. De allí que, década tras década, "El Mercurio" haya asignado equivalente importancia a múltiples otros temas -economía, deportes, ciencias y tecnología, espectáculos, asuntos internacionales; en suma, a toda la inagotable gama de materias que conforman la compleja vida humana-. Para el censor político latente, ellos importan poco, a menos que sean funcionales a sus aspiraciones de poder. Para el lector general, en cambio, ese vasto universo de lo humano allende la política es no menos importante que esta, y la calidad y oportunidad de lo que un medio de prensa ofrezca al respecto es una condición de su interés.


Para "El Mercurio", el mundo de la cultura en todas sus manifestaciones ha sido un pilar de su trayectoria ya casi bicentenaria. Por eso, en el ya tradicional libro que presenta al cierre del año -y que se comenta en el cuerpo de Artes y Letras de hoy-, esta vez ha elegido entregar una selección de 145 de las mejores plumas internacionales que nuestras páginas han recogido desde su creación en Santiago, en 1900, hasta 2014. Es solo una parte escogida del inmenso acervo que en todos los campos guardan sus archivos, con antecedentes no siempre disponibles en otras fuentes, y una muestra de la huella testimonial que en el diario ha ido dejando la historia del pensamiento en el mundo. Del cuantiosísimo material acopiado a lo largo de las décadas presentamos una parte menor, pero significativa, circunscribiéndonos solo al ámbito de letras y humanidades de autores extranjeros. Los textos incluidos en este volumen corresponden a las más disímiles concepciones de la sociedad y del hombre, que aportan sus perspectivas desde entornos, cosmovisiones y épocas muy dispares. Creemos valioso poner este material al servicio del lector actual, y dar un punto de referencia a las generaciones venideras, en un área que sabemos de valor permanente. Ese sentido de futuro, de perdurabilidad del ser nacional más allá de los avatares de la política contingente, que ha movido a este diario desde su creación, tiene en este libro una prueba que habla por sí misma.


Asociatividad de proyectos de energía con comunidades.


Se espera que antes que finalice el año, el Gobierno presente el proyecto de Ley que se ha denominado de asociatividad de los nuevos proyectos de energía eléctrica con las comunidades donde se emplacen. Esta iniciativa supone que no bastan las compensaciones a las comunidades afectadas, sino que es necesario que se compartan los beneficios de los proyectos. Habría tres planteamientos básicos para materializar dicha asociatividad: obligar a las compañías a pagar la patente Municipal en las Comunas en que se sitúe el proyecto; que las tarifas eléctricas en la zonas sean al menos equivalentes a las que se pagan en Santiago; y que haya participación de las comunidades en los ingresos que perciban los proyectos.


Es un hecho que los proyectos energéticos presentan una creciente resistencia, e incluso se han vuelto el blanco predilecto de grupos ambientalistas. Así, la asociatividad se alza como una medida coyuntural para hacerle frente, ya que de otra manera no se entiende que se refiera exclusivamente a ese sector, cuando la razón que se invoca -que las comunidades nada obtienen del proyecto que acogen- es perfectamente aplicable a cualquier otra actividad. Pero si los efectos ambientales son debidamente mitigados, no se advierte por qué es justo que las comunidades deban obtener beneficios de los proyectos instalados en su área, que de por sí los reciben, a través de una mayor actividad económica, empleo o mejoramiento de infraestructura.


Sostener una tesis de esa naturaleza puede tener impactos negativos. Desde luego, las prestaciones que se pretenden establecer aumentarán los costos y disminuirán la rentabilidad de los proyectos, de forma que la electricidad resultará aún más cara, (las tarifas ya son elevadas en Chile), y habrá menor interés en realizarlos, precisamente cuando se pronostica escasez de oferta en el futuro cercano. Si a ello se agregan las previsibles presiones para que el sistema sea extendido a otro tipo de proyectos y para que se amplíe la definición de “comunidad afectada”, la competitividad de la economía puede resultar seriamente perjudicada. Por otra parte, los problemas generales no se deben abordar con soluciones específicas para ciertos rubros, lo que lesiona el igual trato y la eficiencia en la asignación de los recursos. Así, la patente Municipal es una sola por empresa y se prorratea entre las distintas Comunas en que opera en proporción al número de trabajadores que laboran en ellas. Si esto ha conducido a resultados que se estiman inadecuados, lo que corresponde es estudiar un cambio en el criterio de reparto, pero no establecer reglas especiales para ciertas industrias.


Establecer transferencias económicas en favor de comunidades, que son entidades difíciles de circunscribir, puede dar origen a situaciones poco transparentes en el destino y administración de los recursos. Todo aconseja que esta iniciativa sea reconsiderada y que se busque más bien perfeccionar los mecanismos de compensaciones a impactos debidamente acreditados y a las personas directamente afectadas.


Alianza del Pacífico y modelo de desarrollo.

        
En reciente entrevista con La Tercera, el ex Presidente peruano Alan García realizó afirmaciones sobre varios temas que vale la pena destacar, en particular respecto del momento económico de la región y camino que debe seguir para alcanzar su desarrollo.


En relación a las propuestas de convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, planteadas por el Canciller chileno Heraldo Muñoz, el ex mandatario peruano puso en duda su factibilidad y destacó las diferencias entre los modelos de ambas agrupaciones.


“El Mercosur es un mercado integrado hacia adentro, la Alianza del Pacífico es crecer hacia afuera”, señaló el ex Presidente peruano, destacando la prioridad de promover la apertura al comercio internacional. Sus declaraciones apuntan con claridad a las limitaciones del Mercosur, que privilegia los mercados de sus productos al interior de los países miembros, frente a los beneficios de la Alianza del Pacífico que apuesta por buscar nuevos mercados fuera de sus fronteras, con bajos aranceles y generando condiciones atractivas para la inversión.


Las declaraciones de García -que fueron refrendadas por el ex Presidente de México, Felipe Calderón, durante un seminario al que ambos asistieron a mitad de semana en Santiago- resumen las diferencias que marcan hoy a América Latina y dejan claro cuál ha sido el camino más eficaz para avanzar hacia el desarrollo. “Como cosa lírica (el Mercosur) es una cosa linda, pero no es práctico”, ratificó el ex mandatario peruano. La prueba de ello está en su propio país, que desde que apostó por el camino de la liberalización y la apertura de sus mercados, ha experimentado un crecimiento sostenido y que bordeó el 10% anual a fines de la década pasada. Este proceso se ha visto ahora último reforzado con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, que incluyen reducciones de impuestos y medidas de fomento a la inversión.


Propuesta de libre circulación regional.


Durante la reciente cumbre de Unasur, realizada a comienzos de diciembre en Ecuador, los 12 países miembros acordaron avanzar hacia la creación de una ciudadanía sudamericana, que incluiría la creación de un documento de identidad regional para facilitar el libre tránsito de los más de 400 millones de habitantes de Sudamérica. Según el Secretario General del organismo, el ex mandatario colombiano Ernesto Samper, este “debería ser el mayor registro de lo que ha ocurrido” en la última cumbre extraordinaria del organismo. El objetivo, de acuerdo con el propio Samper, es permitir a los habitantes de la región estudiar, circular y trabajar en cualquiera de los países miembros, además de homologar sus títulos profesionales.


Si bien aún se trata sólo de un compromiso, ya que no se acordaron plazos para su puesta en marcha ni un cronograma específico de trabajo, es importante considerar la complejidad de esta iniciativa antes de pensar en su eventual implementación. Los 12 países que conforman Unasur tienen no sólo normativas distintas en ámbitos como el tributario o el laboral, sino que además presentan niveles de desarrollo diferentes y, en muchos casos, preocupantes limitaciones a las libertades individuales. Ello podría generar flujos impredecibles de desplazamiento desde países con menores oportunidades en relación a aquellos que más han avanzado, tanto económicamente como en sus sistemas de protección social, generando a su vez una carga extra en estos últimos.


Pero, además, antes de avanzar en cualquier proyecto de “ciudadanía sudamericana”, es prioritario que varios países de Unasur lleven a cabo reformas que efectivamente promuevan una mayor libertad al interior de sus propias fronteras, tanto en el plano económico -favoreciendo la apertura de sus mercados- como en el ámbito social. Mientras persistan políticas proteccionistas como en Brasil o Argentina, por ejemplo, o normas que restrinjan las libertades de expresión o de prensa, como en Ecuador o Venezuela, resulta prematuro impulsar cualquier otro tipo de proyecto que promueva la libre circulación de los habitantes de los países sudamericanos o plantear la creación de una moneda común, como sugirió el Presidente ecuatoriano Rafael Correa.  

Es bueno recordar que cuándo implementó el Transantiago Bachelet dijo que su intuición le decía que había que postergarlo. Ahora con la reforma educacional sostuvo que  “Mi primer sentido fue que partamos por la educación pública”…esperamos que la Presidente haga caso alguna vez de sus intuiciones…

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EMPRENDEDORES RESPONDEN A LAS MENTIRAS DEL OFICIALISMO BACHELETISTA.

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Evelyn Matthei evaluó en CNN los 3 primeros meses de Bachelet…

Impactante: Ex dirigente secundaria sería la joven encapuchada grabada por Carabineros.

LANATA : CARTA A CRISTINA FERNÁNDEZ.

Juzgue usted si Bachelet sabía o no del maremoto... , video gentileza EMOL-

"La desnacionalización del cobre no la hizo Pinochet sino que fue la concertación".

Polémica por video de la Onemi del 27F, Bachelet niega tsunami...Gentileza EMOL.

Bachalet niega tsunami a las 8:59am del 27F
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Imagenes de un recuerdo siniestro

Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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