El quiebre
cultural,
por Max Colodro.
Se suponía que este cambio de Gabinete no iba a ser
‘pauteado’ por nada ni por nadie; que la Mandatario escogería sin
interferencias el cómo, los quiénes y el cuándo.
Resultó exactamente
al revés: la prensa lo anuncia todos los días, los dirigentes del oficialismo
lo imploran en voz alta y las últimas encuestas lo hicieron inevitable. Es
decir, lo que en un régimen Presidencialista es, por definición, una señal de
autoridad, se convirtió ya en lo contrario: un pie forzado.
La Presidente
Michelle Bachelet se encuentra ahora prisionera de una decisión a destiempo,
sometida a las urgencias de un deterioro político que la está arrastrando
también a ella en la rodada, en una marea sinuosa de pérdida de credibilidad”.
Bachelet pasó en un
breve lapso a ser una Presidente a la que medio país no le tiene confianza y
considera ‘lejana’, mientras las reformas emblemáticas de su administración se
vuelven día a día más impopulares.
Así, la crónica de
este cambio de Gabinete anunciado ha terminado por imponerse en un momento de
extrema perplejidad, cuando los márgenes de maniobra son reducidos, en el breve
lapso de tiempo en que el Gobierno puso el acelerador a fondo para intentar
sacar sus proyectos en trámite antes del 31 de enero.
Pero la inestabilidad
que hoy ronda al Gabinete está siendo provocada por otro desfase, mucho más
complejo y que toca el contenido mismo de las reformas. Se está recién Legislando
sobre el primer proyecto de la reforma educacional. Queda todavía por delante
un mar de iniciativas de enorme envergadura, y las divergencias de fondo no
logran disiparse, ni siquiera al interior de la coalición Gobernante.
La Moneda y el
oficialismo se encuentran, en rigor, sin una explicación clara sobre las causas
de su deterioro político. Se culpa a reformas ‘buenas, pero mal explicadas’, lo
que convirtió al Gabinete en la causa del problema. Este sería un asunto de
‘trabajar más y mejor’, no el de un quiebre que ahora asoma entre un sector
relevante del país y la naturaleza de las transformaciones en curso. Mejor así,
porque será mucho más fácil cambiar Ministros que enfoques, personas, y no una
oferta política que hoy comienza a mostrar un serio error de diagnóstico sobre
lo que es en la actualidad la sociedad chilena y a lo que aspira.
De tanto escuchar a
la calle, se olvidaron de la vereda, de esa inmensa mayoría que no marcha, sino
que se desplaza todos los días en silencio a su trabajo, su escuela y su
universidad”.
En los hechos, es
contra el sentido común de esa vereda con lo que están chocando ahora las
reformas, y ese problema no se arregla con un cambio de Gabinete. Se requiere
de otra cosa: algo para lo que probablemente ya no existe tiempo, y que
supondría pagar costos políticos abismantes.
Las encuestas de esta
semana muestran con claridad que la clase media arranca en todas direcciones,
que el país al que un sector del oficialismo quería lanzar por la borda tiene
arraigos impensados en segmentos importantes de la población. Y sobre lo que
eso implica ya no hay, a estas alturas, cómo rectificar. Lo único que queda es
esperar, y en lo único que se puede confiar es en un cambio de Gabinete.
Desfile de quejumbrosos,
por Joaquín García Huidobro.
En los
últimos meses, Chile parece haberse llenado de gente quejumbrosa. No solo están
los devotos de la Nueva Mayoría, que se lamentan constantemente de la
incapacidad Gubernativa a la hora de hacernos ver a los chilenos, tan escasos
de luces, las maravillas de las reformas que nos proponen. También en la
oposición y en los ciudadanos de a pie se ha expandido un estado de ánimo
depresivo, propio de quien ve que le están pasando varias aplanadoras por
encima y no puede hacer nada.
El
pesimismo oficialista es muy fácil de curar. De hecho, parece que la Presidente
va a sustituir a varios Intendentes, y con eso quedarán resueltos todos los
problemas de la Nueva Mayoría. Si no lo sabían, ellos son los culpables de que
los chilenos todavía no aplaudamos la reforma educacional, la tributaria, la Constitucional,
la laboral, y todas las que se nos vienen encima.
En
cambio, el pesimismo de los otros parece injustificado y muy revelador de una
actitud política profundamente equivocada.
Mucha
gente dice hoy: "No podemos hacer nada". Pero lo que en realidad
están pensando es: "Los empleados (Parlamentarios) que elegí para que me
representaran en el Congreso no pueden hacer gran cosa porque son
minoría". Este razonamiento es muy poco afortunado: parece más propio de
un consumidor que de un ciudadano. Supone que somos meros espectadores del
juego político, un juego que realizan los Diputados y Senadores a nombre
nuestro, y no partícipes activos del mismo. Esto es un error profundo, porque
en política no nos limitamos a expresar preferencias, sino que podemos influir
en la marcha de la sociedad.
La
democracia es un método eficaz para deshacernos de los malos Gobiernos sin
derramamiento de sangre. Parece una cosa sencilla, pero significa un avance
prodigioso en la historia humana. Quienes piensan que están bajo un Gobierno
poco dotado, no necesitan vestirse de verde oliva ni organizar conspiraciones
de dudosa legitimidad. Simplemente deben convencer a la mayoría de los chilenos
para que cambien su voto en las próximas elecciones. Estas cosas parecen
trivialidades, pero a veces uno tiene la impresión de que se olvidan.
Así, por
ejemplo, en vez de gastar energías en conseguir la buena voluntad de Amplitud,
sería más rentable que los partidos de centroderecha se concentraran en la
próxima elección Municipal (2016), una instancia donde Amplitud tiene poco que
decir. Negociar con un grupo que "quizá" podría llegar a ser un grupo
político influyente puede ser una manera de insuflarle vida. Si Amplitud logra
pasar la dura prueba de las elecciones, entonces será el momento de que RN y la
UDI negocien con ella, pero sobre una base real. Hasta ahora, lo que sabemos de
sus Parlamentarios es que obtuvieron sus votaciones cuando pertenecían a RN. Lo
demás son suposiciones.
Pero la
tarea de ganar las elecciones Municipales de 2016 y las Presidenciales de 2017
no pesa solo sobre un par de partidos y sus Presidentes. Ella recae sobre todos
y cada uno de los ciudadanos que se quejan el domingo a la hora de almuerzo
sobre "lo mal que están las cosas", "la arrogancia de la Nueva
Mayoría" y "la gran oportunidad que perdió Chile". La democracia
pone al alcance de la mano de los ciudadanos un enorme poder, pero al mismo
tiempo permite conocer dónde está el corazón de la gente, qué es lo que
realmente le interesa.
Para
saber si una persona está realmente interesada en que el próximo Gobierno sea
distinto, basta con preguntarle: "¿Cuánto tiempo o dinero va a invertir
para conseguir ese objetivo?". Uno quiere de verdad las cosas en las que
está dispuesto a invertir su tiempo o su plata, lo demás son cuentos. Si juega
Peñarol con Panathinaikos, voy por los uruguayos, pero como no estoy dispuesto
a gastar dos horas de mi tiempo en ver el partido, no puedo decir que de verdad
me interesa. Tengo solo una vaga simpatía.
Decir
que uno está angustiado por el futuro de Chile, pero que no está dispuesto a
ser candidato a Concejal, ni a ir a un encuentro en defensa de la libertad de
educación, ni a donar plata a una ONG que le parece bien inspirada, ni a
trabajar por su candidato, ni a apoyarlo económicamente, ni a hacer nada que
signifique un esfuerzo real, es tanto como poner al futuro de Chile al nivel de
mi simpatía por Peñarol: una afinidad meramente emotiva que no influye en mi
conducta ni me supone el más mínimo esfuerzo. En un contexto así, ni las
lágrimas que se derramen ni las quejas de los plañideros pueden valer
demasiado.
Encuestas ominosas,
por Axel
Buchheister.
El oficialismo tuvo su miércoles negro con las encuestas
CEP y Adimark. No vale la pena entrar al detalle de las cifras -pues han sido
ampliamente difundidas-, pero basta mencionar el magro 38% de aprobación de la
Presidente, el peor nivel que ha tenido en ambos mandatos. A eso se suma la
fuerte merma en los atributos “confianza” y “cercanía”, que hacen a la esencia
de ella como personaje político.
Conclusión: que no es incombustible. Asimismo, que nadie
puede provocar a la larga confianza y sensación de cercanía, si siempre “pasa”
ante las preguntas complejas y elude los temas espinudos. Porque la gente es
racional, y quien nada dice más bien termina generando desconfianza. Al cabo,
se confía más en los asertivos, pues se sabe para dónde van, aunque corran más
riesgos al definirse.
Los resultados de las dos encuestas pintan un panorama
ominoso para la Presidente, el Gobierno y la Nueva Mayoría. Pero no sólo para
ellos, sino que también para la Alianza, que tiene una valoración positiva de
apenas 16% y 44% de rechazo. Sin embargo, la mayor amenaza proviene del 50% de
aprobación de Marco Enríquez-Ominami, compartiendo prácticamente el segundo
lugar con Isabel Allende (49%, pero con menos rechazo). En efecto, si la caída
del Gobierno proviene de la resistencia a las reformas, ya que la gente se ha
dado cuenta de los costos de los mayores impuestos y que le están quitando la
libertad para elegir dónde educar a sus hijos, lo lógico sería un vuelco hacia
quienes representan lo contrario: menos impuestos y libertad de enseñanza; y
eso debería ser la centroderecha. Pero no, miran hacia un personaje que es más
disruptivo aún en sus propuestas. Los chilenos, descontentos por razones de
fondo con algunos planteamientos, lejos de buscar opciones entre los que tienen
mejores respuestas, se dejan otra vez seducir por personalidades atractivas,
sin que el resto importe mucho. Algo contradictorio y preocupante.
Se dice que la causa del rechazo a la Alianza estaría en
la táctica de oponerse a todo. Que se necesita un giro y en vez de oponerse hay
que salir con propuestas alternativas propias. El diagnóstico es raro, porque
si el ciudadano está descontento con lo que se está haciendo, incluso
protestando en la calle, como ocurre con la reforma educacional, ¿por qué le
iban a molestar los partidos que se oponen a ello? Además, la tesis de las
propuestas alternativas, más que oponerse, es antigua y nunca ha dado
resultado, porque en nuestro sistema político el debate gira en torno a lo que
plantea el Gobierno y lo que propongan otros cae en el vacío. Lo cierto es que
el rol de la “oposición” es “oponerse”, sobre todo si los cambios que se
pretenden son contrarios a sus principios básicos.
El desafío está en tener capacidad política para
transmitir al ciudadano que oponerse tiene por objeto defenderlo de propuestas
que son contrarias a sus intereses y que saldrá perjudicado si no se hace. Algo
que se dificulta cuando la gente ni siquiera tiene claro que el sector
representa ideas como la libertad de enseñanza. El costo de haber abandonado la
defensa clara de los principios.
Educación técnica Estatal.
La Presidente de la República firmó el proyecto de Ley
que busca crear 15 centros de formación técnica Estatales, medida que forma
parte de sus compromisos de campaña. La Mandatario justificó la necesidad de
estos centros porque “Chile tiene una deuda pública con la educación técnica
(…) A muchos jóvenes que quieren seguir una formación técnica de calidad les
pasa que no cuentan con las carreras pertinentes, o la calidad no es la que
corresponde”.
Para el país resulta una apuesta estratégica relevante
promover la educación técnico-profesional como una alternativa de desarrollo
profesional, considerando que diversos estudios muestran que se requerirán
cientos de miles de técnicos en los próximos años. Sin embargo, resulta
discutible la necesidad de que el Estado invierta cuantiosos fondos Fiscales en
el desarrollo de estos nuevos centros, considerando la abundante oferta de institutos profesionales y centros de
formación técnica que ya existen que, en conjunto, suman más de 400 mil
estudiantes. No hay, por tanto, un déficit de instituciones que provean este
tipo de educación, por lo que el Estado podría hacer una contribución más
eficiente ampliando las becas y créditos para aquellos jóvenes que aspiren a
este tipo de formación, y creando nuevas facilidades para que las empresas
puedan capacitar a sus trabajadores.
La iniciativa del Gobierno tampoco abunda en el tipo de
carreras que se pretenden dictar, aludiendo a la “realidad de cada Región”. Es
aventurado suponer que el Estado cuenta con la capacidad para detectar y
anticiparse a las necesidades del mercado, pues la realidad económica de cada Región
es cambiante y por tanto resulta discutible la conveniencia de crear técnicos
con un sello “Regional”. Es iluso suponer que por el solo hecho de tratarse de
entidades Estatales gozarán de una calidad académica superior, existiendo el
riesgo de que se creen instituciones con privilegios especiales respecto de sus
contrapartes privadas.
Razones
para el impacto de una encuesta.
Se ha
vuelto a confirmar la credibilidad e influencia de que goza la encuesta del
Centro de Estudios Públicos. Pese a los severos desaciertos en sus mediciones
electorales del año pasado -producto de la incertidumbre que introdujo el voto
voluntario y de algunas prácticas metodológicas ahora corregidas-, la serie
permanente de sondeos que viene realizándose por casi tres décadas ha mostrado
ser fidedigno registro de las percepciones de los chilenos. El impacto que esta
vez han tenido sus resultados se explica tanto por esa confiabilidad como por
la magnitud de lo que ellos muestran: un grave deterioro en el capital político
de la Presidente Bachelet, principal activo de la coalición que sustenta a su Gobierno.
El punto
resulta crítico por las características de la actual administración. Elegida
con un apoyo abrumador, la Mandatario conformó su Gabinete con prescindencia de
los partidos, pero este -dado el escaso peso político y corta trayectoria de
muchos de sus integrantes- se ha mostrado incapaz de blindarla frente al
descontento que provocan diversas áreas de la gestión Gubernamental. En cambio,
ya repetidas veces ha debido ella bajar al incómodo terreno de la contingencia
y pagar los costos de aquello, incluso viendo cómo algunos de sus Ministros
registran (en otros sondeos) mayores niveles de aprobación que los de la propia
Jefe de Estado, tal como ya lo sufriera su antecesor.
Los
números de esta semana confirman la existencia de un profundo divorcio entre la
ciudadanía y la agenda que impulsa el Gobierno. Esta ha intentado hacerse cargo
de transversales demandas por reducir las desigualdades y mejorar la calidad de
la educación, pero lo ha hecho de un modo signado por la ideología, atendiendo
antes a las consignas que a la búsqueda de soluciones eficaces; peor aún, las
iniciativas más emblemáticas de la administración han traído incertidumbre a
los agentes económicos y puesto en duda valores históricamente compartidos, como
el de la libertad de enseñanza. Es eso, y no un mero déficit comunicacional o
el efecto de hipotéticas campañas del terror, lo que explica la caída en la
evaluación del Gobierno. Así lo entienden las figuras más lúcidas del
oficialismo, que llevan tiempo advirtiendo los riesgos de este alejamiento del
sentido común -aquel que caracteriza a la amplia clase media- y el error que
supone identificar ciudadanía con "calle". No se trata -como creyó
algún Parlamentario de la izquierda- de que el problema de la Nueva Mayoría sea
la DC o un sector de ese partido: como bien lo ha admitido el Senador PPD Lagos
Weber, el problema más bien han sido quienes, levantando un discurso
maximalista, presionan por radicalizar aún más la agenda.
Interpretaciones
equívocas.
Los
números de la CEP entregan abundante prueba al respecto, por ejemplo, al
identificar los problemas más acuciantes para los chilenos y la mínima relevancia
que estos asignan al cambio Constitucional. Por lo mismo, puede parecer
paradójico que, al evaluar figuras públicas, los encuestados sitúen en el
primer lugar a Marco Enríquez-Ominami, quien representa precisamente el
referido discurso radical. Pero la contradicción es solo aparente. Desde luego,
no cabe leer en clave electoral la expresión de simpatía hacia quien ha tenido
alta presencia mediática, pero sin ser sometido al riguroso examen propio de
los tiempos de campaña en materias como, por ejemplo, su posición frente a los
abusos del régimen venezolano o el reclamo boliviano por mar. Prueba de lo
erróneo de confundir esta evaluación con una predicción electoral es que
figuras que ocupaban destacado lugar en este listado hasta poco antes de los
últimos comicios Parlamentarios sufrieron luego sonadas derrotas.
Por
cierto, la simpatía hacia Enríquez-Ominami, sumada a otros resultados de la
encuesta, sí puede ser indicativa de un cuestionamiento general a la política,
el cual golpea de modo directo a las dos grandes coaliciones. Con todo, pese a
que dicho cuestionamiento se ha arrastrado en el tiempo, hasta ahora, cada vez
que ha llegado la hora de votar, la ciudadanía se ha inclinado abrumadoramente
por figuras de tales conglomerados.
¿Cambio de
Gabinete o de rumbo?
El
complejo escenario ratificado por la CEP ha relevado el debate sobre un cambio
de Gabinete y la creencia de que este traería alivio al Gobierno. Hay, sin
embargo, simplismo en tal análisis. Precisamente por las características de
esta administración, definida en grado extremo por la figura de la Presidente,
resulta crucial la percepción ciudadana sobre un compromiso real de la
Mandatario con un cambio de rumbo. Hasta ahora, sus intervenciones llamando al
diálogo entre los sectores políticos y a la colaboración público privada no han
tenido ese efecto, pues no se las ha visto traducidas en hechos concretos. En
contraste, siguen abundando los anuncios de cambios en los más distintos
ámbitos, más allá de las capacidades de cualquier Gobierno para administrarlos,
y la propia Jefe de Estado insiste en plantear la supuesta inevitabilidad de
las reformas, cual si la disposición oficial de "dialogar para
avanzar" involucrara una exigencia de sumarse a las posturas del Ejecutivo
antes que un verdadero ánimo por buscar acuerdos.
Más que
el eventual cambio de Gabinete, es la posibilidad de esa necesaria corrección
de rumbos la verdadera incógnita del actual escenario político.
Inhabilidad
por acusación Constitucional.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó a Chile que se dio inicio
a un procedimiento a raíz de la denuncia interpuesta por la ex Ministro de
Educación Yasna Provoste, quien fue destituida por el Senado en 2008 al acoger
una acusación Constitucional aprobada por la Cámara de Diputados, quedando
sujeta a la inhabilidad que establece la Constitución que le impidió desempeñar
cualquier función pública, fuere o no de elección popular, por cinco años.
Según la denunciante, esto último es contrario a la carta interamericana de
derechos humanos, ya que constituye una pena improcedente y que no fue impuesta
como consecuencia de un debido proceso, por lo que pide que declare que debe
ser eliminada de la Constitución.
Frente a
ello, se ha especulado cuál será la posición que adoptará el Gobierno, que
tiene que emitir ahora su parecer ante la Comisión, cuando la Presidente
Bachelet siempre manifestó su apoyo a quien era su Ministro al momento de la
destitución durante su primer Gobierno. Al respecto, más allá de las visiones
políticas que se tengan, no cabe duda que el deber del Gobierno es defender la
institucionalidad frente al requerimiento que se ha formulado. No corresponde
que a propósito del rol protector de los derechos humanos, un organismo
internacional dé pautas sobre el régimen institucional de nuestro país. No
defender la institucionalidad equivaldría buscar apoyos foráneos para imponer
cambios a la Constitución.
Por otra
parte, este caso ha abierto un debate sobre si se justifica la referida
inhabilidad, en particular por su extensión. Desde luego, es importante
recordar que el origen de la inhabilidad fue la experiencia que se vivió en
otras épocas, en que el Presidente cada vez que el Congreso destituía a un Ministro,
respondía designándolo en otra cartera, frustrando la resolución adoptada.
Además, hay que considerar que la declaración que hace el Congreso envuelve una
constatación que se ha incurrido en conductas graves, como por ejemplo, el
notable abandono de deberes, el quebrantamiento del ordenamiento jurídico o
dejar sin ejecución las Leyes, según los casos y distintas autoridades, por lo
que la mera destitución no parece suficiente, si el culpable puede pasar de
inmediato a otra función pública. Es necesario que tal declaración tenga
efectos que den cuenta de la gravedad de la situación, para inhibir que
acontezcan hechos como los mencionados. Atribuirle mayores efectos, induce
también a que las atribuciones que la Constitución entrega a ambas Cámaras sean
ejercidas con especial mesura y fundamento. Por el contrario, al no haber más
consecuencias, se corre el riesgo de que sean utilizadas en forma superficial y
frecuente, lo que tampoco es pertinente.
Lo
anterior no es obstáculo para revisar si acaso el plazo resulta muy extenso,
debiendo la inhabilidad satisfacer, en todo caso, su fundamento original:
impedir que se burle lo resuelto por el Congreso. En este sentido, no es
contradictorio eliminarla para cargos de elección popular, ya que en democracia
el juicio último corresponde siempre a los votantes.
Venezuela
en riesgo.
María
Corina Machado es una combatiente por la libertad y la democracia en Venezuela,
reconocida por su valor para enfrentarse al régimen. En 2004 hizo campaña por
el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez. Elegida como la Diputado más
votada, fue despojada de su escaño en marzo, por participar en la delegación de
Panamá en la OEA para denunciar los atropellos de los derechos civiles. La
acusaron de incitar la violencia en las manifestaciones antigubernamentales y
el Gobierno denunció la intención de un magnicidio.
Ahora,
Machado deberá enfrentar un proceso que podría llevarla a juicio. Al menos, la
Fiscal no llegó a imputarla por "magnicidio". Al parecer las pruebas
son tan débiles que hubiera sido difícil hasta para un Tribunal politizado y
sometido demostrar su participación en un hecho de esa naturaleza. Cuando
Maduro reveló el supuesto complot, la llamó "asesina", demostrando
que no respeta la presunción de inocencia.
Machado
rechaza las evidencias, que son correos electrónicos supuestamente
intercambiados con otros dirigentes opositores hoy exiliados y con un Diplomático
norteamericano, señalando que si bien las cuentas eran suyas, ya no las usaba.
Se pidió a la Fiscal solicitar informes a Google y que averigüe cómo se
obtuvieron tales correos.
El
"caso Machado", según Human Rights Watch es una farsa, y un obvio
esfuerzo para intimidar a la oposición. Así como lo es la prolongada e injusta
detención del dirigente Leopoldo López. El Gobierno se niega a acatar los
pronunciamientos de Naciones Unidas, que le exigen liberar a López.
Para
ocultar el fracaso económico.
Es
evidente que el proceso hacia un "socialismo del siglo XXI" iniciado
por Hugo Chávez se radicalizó con Maduro, quien no tiene ni el carisma ni la
fortaleza ni el liderazgo del Comandante. Tampoco tiene Maduro la suerte de
Chávez, quien pudo Gobernar y ganar adeptos gracias a una gran disponibilidad
de petrodólares. Hoy, Maduro enfrenta una crisis económica, producto, primero,
del fracasado modelo económico estatista aplicado por su mentor y profundizado
por su Gobierno, y, segundo, por la caída abrupta del precio del petróleo, el
principal producto de exportación y generador de divisas.
La
situación en Venezuela se hace cada día más insostenible. A la escasez crónica
de los más elementales productos, se suma la inflación desatada, que estaría
sobrepasando el 63%, pero que otros estiman en 100%. Aun cuando el Banco
Central venezolano dejó de entregar cifras oficiales, se calcula que este año
la caída del PIB será sobre el tres por ciento. La última cifra conocida, en
diciembre de 2013, arrojaba una caída del uno por ciento en el trimestre.
Maduro
ha desatado una lucha contra el contrabando, culpable, a su juicio, de parte de
la escasez. Bien podría ser así, por cuanto los precios subsidiados suelen ser
un aliciente para los especuladores que hacen enormes ganancias si venden en el
exterior. Por ejemplo, el galón de bencina vale en Venezuela 0,07 dólares,
mientras en Colombia se vende a 4,3 dólares. Según el último informe de
Transparencia Internacional, Venezuela es, junto con Haití, el país más corrupto
de América Latina.
Para
hacer frente a los bajos precios del crudo, Maduro anunció que reduciría en 20%
los gastos suntuarios y prescindibles, revisaría sueldos y salarios de los
cargos altos, pero no recortaría planes sociales. Tampoco parece dispuesto a
terminar con la generosa entrega de petróleo a Cuba y otros países caribeños y
centroamericanos.
¿Qué pasa
con el apoyo regional a la democracia?
No
parece improbable que parte del esfuerzo persecutorio de Maduro contra la
oposición tenga por objeto ocultar la gravedad de la crisis económica. No sería
el primer Gobernante que -con su popularidad en picada, cayó casi 7 puntos en
el último sondeo- busca achacar las culpas de su incapacidad a otros.
Hace
unos días, el Presidente uruguayo, José Mujica, visitó a Maduro, para ayudarlo
a impulsar planes agrícolas y ciertas inversiones que haría la petrolera
uruguaya en la Faja del Orinoco. Con su sensatez típica, "Pepe"
Mujica dijo que en Venezuela "sobran los recursos, pero hay que trabajar",
porque ese país tiene "la riqueza y la desgracia de la fenomenal
dependencia del petróleo". También debiera explicar a Maduro algo que él
aprendió después de ver el fracaso de los socialismos, que "el capitalismo
es muy fuerte para generar riqueza", y que "si entierro el
capitalismo, no tengo con qué sustituirlo".
Pronunciamientos
como los de los ex Presidentes Lagos, Cardoso, Piñera y Aznar son importantes
muestras de solidaridad con la democracia venezolana. La comunidad regional, en
particular la OEA, ha demostrado total incapacidad para ayudar a la oposición a
defender los derechos democráticos conculcados por el Gobierno bolivariano. La
Unasur, en su reunión de Ecuador, perdió una gran oportunidad de demostrar que
tenía alguna relevancia para el futuro de la región.
Los Gobiernos
incapaces culpan a otros de sus errores,
Administraciones
“decentes” enfrentan sus equivocaciones.
