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| A pesar de las dificultades, climáticas y económicas, el pueblo de Chile demostró su espítitu solidario y sacando fuerzas de flaquezas transformó en un tremendo éxito la campaña de Teletón por la rehabilitación de nuestros niños y jóvenes, Felicitaciones a nuestros compatriotas. |
La democracia es más,
por Karin Ebensperger.
Dos hechos han ido nublando el horizonte chileno: la Nueva Mayoría
anuncia reformas que pretenden refundar la sociedad y, desde el mundo
económico, casos deplorables como La Polar, farmacias, Cascadas y otros,
han empañado el esfuerzo de tantos empresarios honestos. El país está
ante una complicada disyuntiva por la falta de confianza en sus
instituciones y en su clase dirigente. Resurgen preguntas de fondo sobre
la naturaleza de la libertad -que no es solo económica-, el rol de los
gobiernos y el sentido del desarrollo.
La historia llevó a nuestro país hace unas décadas al enfrentamiento entre dos visiones antagónicas: la socialista marxista, que sufrió una fatal derrota al caer el Muro de Berlín y la URSS, y la democrática con economía liberal. Hasta ahora, los diversos Gobiernos desde 1990 han aplicado la segunda opción, y Chile ha sido observado como ejemplo exitoso de la región. Pero en este período de incertidumbre, debemos recordar que Chile es muy vulnerable, con una economía aún precaria. Los países prósperos son los que lograron mantenerse estables, sin experimentos sociales utópicos. Hay muchas cosas que mejorar en Chile para lograr una sociedad más inclusiva, pero no a costa de destruir lo que se ha construido. El sentido de comunidad armónica y el bien común como finalidad última se consigue creando confianza, con lucidez y sabiduría política, sin procesos traumáticos.
Para recuperar confianzas, sería bueno que algunos empresarios empiecen por fin a defender realmente la libertad económica: demostrar ser partidarios del sistema, no solo de las ganancias; incorporar a la comunidad, propagar las ideas que conducen a mercados verdaderamente libres y revisar por qué la mayoría de los chilenos nos sentimos constantemente abusados por la falta de transparencia.
Pero sobre todo los políticos, y quienes nos conducen hoy desde La Moneda, deben recordar que la democracia es más que una elección de autoridades, que ningún Gobierno, aunque haya obtenido mayoría de votos, puede concentrar todas las iniciativas ni refundar las instituciones. El sistema de equilibrios del poder es la esencia de la democracia, porque se suele confundir el tener la mayoría con tener la razón. Por eso las democracias modernas incorporan la idea de que la mayoría se puede equivocar, e incluso adoptar medidas antidemocráticas o populistas. Todas las democracias exitosas valoran las instancias de reflexión y la estricta división de poderes.
La sociedad democrática debe incluir la complejidad de ideas y fines de muchos grupos. La labor del Gobierno es ayudar a que eso se dé en la mayor armonía posible. Nadie puede, en nombre del pueblo, decirle al pueblo lo que debe hacer. El Gobierno democrático de origen -y sobre todo de ejercicio- conlleva siempre obligaciones morales de respeto, ética, eficiencia y decencia, para ayudar a afirmar, y no destruir, la cohesión social.
¡Un Metro que no avanzó un metro!,
por Alfonso Andrés Swett.
Consultado el Ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, aseguró que Metro está levantando un plan para reforzar la mantención. Ya la semana antepasada, tras el histórico colapso del Metro y el sistema de trasportes paralizado por largas horas, el Ministro Gómez-Lobo en sus primeras declaraciones culpa directa y enfáticamente al Gobierno anterior. Esto es un doble error. En primer lugar, lo que los ciudadanos esperamos de los Ministros no es que nos indiquen culpables (para eso tenemos Jueces o fiscalizadores), sino soluciones reales que nos den seguridad y bienestar. En segundo lugar, ¿cómo, después de casi medio mes (de la gran falla del 14 de noviembre), todavía se sigue levantando un plan para reforzar la mantención del Metro? Lamentablemente, a los problemas reales que enfrentan los ciudadanos se les busca una aproximación política, quedando las aproximaciones técnicas postergadas o sin la urgencia que los ciudadanos requieren.
Tampoco es adecuado el planteamiento del ex Ministro de Transportes Felipe Morandé (ex post a la gran falla del 14/11), de que la extensión de las líneas 2 y 3 del Metro es una mala idea del Gobierno de la Presidenta Bachelet, afirmando que los recursos de estas líneas podrían destinarse a Regiones o bien a mejorar la mantención del Metro. Las mejoras en mantención se tienen que hacer sí o sí, y no pueden depender de si se ejecutan nuevas líneas.
En Santiago hay 6.430 buses y sólo 103 km de Metro. En Tokio hay 1.500 buses y 400 km de Metro; y en Nueva York hay 4.340 buses y 1.000 km de Metro. ¡Por Dios que nos faltan kilómetros de metros en Santiago y nos sobra Transantiago! Concepción y Chicago tienen prácticamente la misma cantidad de buses (1.900 y 1.820, respectivamente), pero Concepción tiene sólo 48 km de Biotrén y Chicago tiene 180 km de Metro.
No a la guerra de trincheras políticas e ideológicas. Sí a la las políticas públicas que se hacen cargo de los problemas que enfrentan a diario nuestros ciudadanos y que construyen bienestar para todos y bien común para nuestro querido Chile.
Habla el pueblo,
por Axel Buchheister.
Ese hecho se relaciona con otro acaecido en la semana: la “detención ciudadana” de un menor acusado de robar a un anciano en la calle, lo que terminó con la gente golpeándolo y “envolviéndolo” en un poste. Un hecho condenable, que contraría gravemente cómo deben hacerse las cosas en un Estado de Derecho. Pero no tiene que perderse de vista su origen: el hastío de la ciudadanía con la delincuencia y la sensación que ésta goza de impunidad, lo que conduce a hacer Justicia por otros medios.
Al respecto, son aleccionadores los sucesos de Ferguson, (Mississippi, EEUU), donde se declaró que no hay mérito para formular acusación a un policía blanco que dio muerte a un joven negro desarmado. ¿Cómo pudo suceder tal cosa, siendo tan evidente para nosotros la violación de los derechos humanos? Primero, porque no es tan evidente. Allá no se puede agredir a un policía y el hecho que el agresor esté desarmado, no justifica nada. El policía no está obligado a recibir golpes y menos de una persona que le supera en tamaño, que mediante el ataque pudiera hacerse de su arma para intensificar su acción. Entonces, luego de intimar al atacante a que deponga su actitud, puede hacer uso de ella, incluso disparando varias veces hasta que cese el ataque. No sabemos si así fueron exactamente los hechos -hay versiones encontradas-, pero el punto es que la policía allá no está obligada a “recibir” lo que venga, lo cual contrasta con Chile, donde nuestras policías pueden ser emboscadas con armas de grueso calibre o bombas incendiarias, y a lo más pueden responder con balines -pelotitas, en realidad- de goma, como si exponer su vida sin defenderse apropiadamente fuera parte de la pega y justo que así sea.
Y lo segundo, porque lo declaró un “gran jurado”, institución propia de EEUU, distinta del “jurado”. Al igual que este último, es un representante del pueblo -se integra con miembros de la comunidad-, pero constituye una instancia de decisión previa que resuelve en chileno “si ha lugar a la formación de causa”. En el caso, luego de escuchar los testimonios y revisar los antecedentes, el gran jurado, integrado incluso por tres ciudadanos afroamericanos, resolvió que no había mérito para encausar al policía. Eso pudo declararlo el Fiscal, pero como el caso era altamente sensible, decidió dejarlo a criterio del pueblo. Aunque aquí nadie lo perciba, las protestas que surgieron a continuación van en contra de lo actuado por el pueblo, no contra funcionarios que puedan haber encubierto al supuesto culpable (aunque se alegue lo contrario), y eso a la larga blindará lo resuelto.
Combatir la creciente violencia delictual exige dar soporte a las policías para defenderse, y escuchar a la ciudadanía y encausar su entendible frustración. De lo contrario, el asunto puede salirse de control, como ya se está empezando a ver.
Quilapayún en Audi.
por Joaquín García Huidobro.
Su apuesta tiene un ingrediente climático: con su sectarismo e hiperactividad reformista, la Nueva Mayoría ha enrarecido el ambiente, de modo que la gente empieza a buscar algo distinto. Allí está él, con su sonrisa.
¿Es tan de centro como dice? La política económica que llevó a cabo mientras fue Ministro de Hacienda no coincide con aquello que en otros países se entiende por centro. De hecho, fue más liberal que la de Rajoy, un derechista, o la de Merkel. Sus posturas sobre el aborto o el matrimonio homosexual son, por otro lado, bastante extremas y nada centristas. Pero el líder de Fuerza Pública nos ha convencido de que él es el centro.
Su estrategia es muy astuta. Es un viejo político, y sin embargo se presenta como un renovador, un ser impoluto que no milita en los partidos, sino en un "movimiento". Casualmente, recibió financiamiento de un conglomerado empresarial, pero lo suyo fueron unos seminarios de alto vuelo intelectual.
Esa capacidad de moverse en las zonas grises de la vida pública sin caer en la ilegalidad se observa en el nombre mismo de su movimiento: Fuerza Pública. Antes de 2013, esa denominación pertenecía a los organismos policiales, pero como es un nombre magnífico y la Ley no prohíbe apropiárselo, él lo tomó para sí. No es ilegal, es solo un recurso propio de las zonas grises. Apoyó a Bachelet y un par de meses después se transformó en opositor. Realiza declaraciones de amor a la DC, pero no está claro qué rescata de ella. Hace cosas de un viejo zorro de la política, pero se presenta como si no lo fuera.
Para reforzar su buena imagen, se preocupa de atacar periódicamente a gente menos simpática, como Andrade y Quintana. En comparación con esas posturas extremas, la suya queda de inmediato en el centro. Además, da argumentos y habla de manera coherente, lo que no es habitual en el Chile de hoy.
Andrés Velasco cumple una importante función en la psicología política chilena. Él interpreta a dos públicos diferentes, pero que necesitan el mismo producto. De una parte, están esas clases medias emergentes que alguna vez fueron de izquierda y se sentirían incómodas votando por la derecha. Él les permite votar de acuerdo con sus nuevos intereses sin sentir que están traicionando lo que una vez creyeron ni reconocer que la derecha tenía razón.
De otra parte, están los sesenteros ABC1, que hace tiempo abandonaron el marxismo y hoy se visten en Brooks B rothers . Para ellos también resulta duro votar por la UDI o RN. Además, aunque ya no son marxistas, no les agrada asumir los rígidos cánones de la moral burguesa. El liberalismo moral de Velasco, más su estética de centroizquierda, les vienen como anillo al dedo para suprimir cualquier remordimiento de conciencia.
En el fondo, Velasco permite manejar un Audi mientras uno sigue escuchando a Quilapayún.
Además de los anteriores, hay en Chile un buen número de ejecutivos jóvenes sin mucha densidad cultural, para quienes Velasco es un príncipe azul. Esa gente tradicionalmente ha votado por la derecha y no son especialmente liberales en lo moral, pero como su horizonte termina en el PIB y el per cápita no tienen nada que oponer a las propuestas velasquistas.
En principio, el escenario es óptimo para él. La centroderecha está distraída en otras cosas y no ha prestado atención al trabajo de hormigas que el líder de la Fuerza Pública ha desplegado en Regiones; Amplitud está esperando caer en sus brazos; la Nueva Mayoría está llena de tensiones, y todo hace pensar que los desencantados del Gobierno irán creciendo en los próximos años.
Con todo, a Velasco no le basta con los desilusionados de Bachelet y unos pocos votos de tecnócratas. Su apuesta solo tendrá éxito si logra quitar muchos votos a la DC, a RN y la UDI. Pero la DC ha experimentado un repunte y pasa por su mejor momento de los últimos años. Además, la centroderecha podrá ser miope en ocasiones, pero ciega no es. Se ha ido ordenando y pronto volverá a prestar atención a aquellas zonas de Chile donde Velasco trabaja hoy con toda libertad.
Velasco no tiene el futuro asegurado. Precisamente por eso se concentra en el presente y hace lo que sabe hacer: trabajar y poner cara de póker.
Una agenda de prioridades sin lugar para el diálogo.
El Palacio Presidencial de Cerro Castillo fue el lugar escogido por la Presidente de la República para convocar a una reunión con su equipo político, que tuvo como objetivo “fijar las prioridades y urgencias Legislativas para el próximo trimestre”, según informó su vocero. De acuerdo a lo comunicado inicialmente por el Ministro Secretario General de la Presidencia, la “seguridad pública y la dinamización de la economía” fueron las “prioridades” del mencionado encuentro, coincidiendo así con algunas de las principales problemáticas presentes en el país y que mayor preocupación concentran en la opinión pública.
Lamentablemente, el resultado de la reunión avanzó por caminos distintos. “La Presidente ha instruido a los Ministros el total despacho por el Congreso, antes del 31 de enero próximo, del proyecto de inclusión escolar para, de esta forma, poder iniciar la tramitación de las demás iniciativas que forman parte de la Reforma Educacional”, señaló el Ministro. Igual prioridad se estableció para el Fondo de Medicamentos para Enfermedades de Alto Costo, una “agenda de seguridad con medidas inmediatas”, la elección directa de Intendentes, la “transferencia de competencias y atribuciones a los Gobiernos Regionales” y la agenda laboral.
Como consecuencia, además de dejar en manos de los Ministros una imposición de plazos Legislativos que, salvo la aplicación de urgencias por parte de la propia Presidencia de la República, forma parte de las atribuciones del Congreso, esta agenda de prioridades terminó por frustrar toda posibilidad de diálogo y apertura en torno a las reformas de impacto más profundo, como la educacional. Por el contrario, el Ejecutivo optó por insistir con propuestas que, en lugar de ayudar a dinamizar la economía, más bien aportan a la incertidumbre y desconfianza de los inversionistas, como es el caso de la reforma laboral.
En otras palabras, más que una revisión y adecuación de la agenda Gubernamental a las condiciones del país, particularmente la económica, la reunión de Cerro Castillo sólo vino a reforzar ese ideario de cambios y transformaciones que ha llevado al Gobierno a mantener una serie de frentes abiertos, a tensionar las relaciones al interior de la coalición oficialista y a distanciarse de los intereses ciudadanos, como lo confirma la pérdida de respaldo en las encuestas de opinión pública.
Parte importante de las prioridades establecidas, como la elección directa de Intendentes, se inscriben dentro de una agenda de reformas políticas que merecen un debate mayor, incrementan la incertidumbre y guardan poca relación con las medidas más urgentes que el país necesita para esa “dinamización de la economía” que tan explícitamente motivó este encuentro Presidencial. Incluso, la posterior señal del Ejecutivo, en términos de evaluar con el Congreso la prolongación de las sesiones durante el mes de febrero, aplazando el receso Legislativo, dan cuenta de la dificultad que tiene el Gobierno para reunir los votos necesarios para cumplir con la meta en enero.
Por cierto, un debate más prolongado resulta auspicioso y necesario si se trata de modificaciones de envergadura, pero la señal más relevante y que más habría ayudado a generar un clima de confianza, hubiese sido la apertura del Gobierno a aplazar, suspender y modificar su activa pauta de reformas estructurales. La propuesta de graduar la aplicación de los cambios en el caso de la agenda laboral, resulta del todo insuficiente cuando se trata de modificaciones que afectarán el desempeño de las empresas en el largo plazo.
Ecos de Enade 2014.
La versión 2014 de Enade venía precedida de la controversia por la conformación de su último bloque. Normalmente este consistía, en lo fundamental, en la intervención del Presidente de la CPC, máximo representante del mundo de la empresa, seguida del dis- curso de quien en ese momento ejerciera el cargo de Presidente de la República, que cerraba el evento en representación del mundo público. Pero en esta ocasión se prefirió incluir, además de la Presidente de la República, al Presidente de la Corte Suprema -hubo quienes consideraron no apropiado que este se pronunciara sobre la contingencia en ese foro- y a la Presidente del Senado, segundo Poder del Estado, dejando así fuera al sector privado. La coyuntura política actual, marcada por un cuestionamiento a pilares fundacionales de nuestra institucionalidad, dio sustento a esta innovación de formato y contenido.
El Presidente de la Corte Suprema, en una intervención cuidadosamente preparada, planteó el papel de servicio social que, a su juicio, cumple el Poder Judicial, el que debe ejercerse con oportunidad, calidad y equidad. Más que considerar a la Justicia como un conjunto de códigos a ser aplicados mecánicamente en los conflictos que crea la compleja madeja de interacciones entre los agentes de la sociedad, para el Presidente del más alto Tribunal esta forma parte del sentido profundo de la vida en comunidad, una visión que, siendo correcta en lo sustancial, abre espacios de interpretación que entran en tensión con la necesaria certeza jurídica que el mundo moderno requiere. La Presidente del Senado, por su parte, se refirió al conjunto de aspiraciones que inspiran al actual Gobierno -combate a la desigualdad, relaciones laborales con mayor poder para los trabajadores, acceso igualitario a la educación de calidad, entre otros-, sin perder de vista el crecimiento económico y el rol fundamental que juegan los empresarios y emprendedores en ese proceso. Su actitud voluntariosa parece no considerar que esos objetivos impulsados simultáneamente conllevan costos de oportunidad que dificultan su logro. Finalmente, la Presidente de la República, en un discurso breve y leído con rapidez, ratificó el rumbo que ella quiere darle a su Gobierno: reforma a las bases institucionales de la República, desde la Constitución a la educación, de la salud a las relaciones laborales y de los derechos sociales al rol que cumple el Estado en todo lo anterior, pues forman parte de su convicción moral más profunda y son la razón de ser de su involucramiento en política.
Previamente a este último bloque, destacó entre los expositores del sector privado la intervención del ex Canciller Alfredo Moreno, quien puso especial énfasis en que es la calidad del contenido de las políticas públicas, más que las buenas intenciones con que estas se formulen, lo que permite el progreso de los países, algo que parece haberse olvidado en el debate que el programa de la Nueva Mayoría ha propuesto al país.
Altos funcionarios y reajuste de sueldos.
Al debate sobre si la indicación era admisible o correspondía a una iniciativa exclusiva del Ejecutivo -como finalmente se estableció-, se sumó la controversia sobre si es excesiva o no la dieta que reciben los Congresistas chilenos.
Durante décadas los propios Congresistas determinaron su dieta, siendo los sucesivos reajustes cuestionados por la ciudadanía. La Constitución política de 1980 estableció un estándar -la equivalencia de la dieta con la renta de un Ministro de Estado- que resolvió en gran medida esa fuente de fricción. El actual sistema le resta discrecionalidad al Congreso y asegura la existencia de equidad horizontal, es decir, que las más altas autoridades del Estado reciban remuneraciones similares. Con todo, ello no elimina por completo las interrogantes acerca del nivel mismo de esos emolumentos, especialmente en relación con el cuadro general de remuneraciones del país.
Rebajar los ingresos de los representantes populares no solucionará los problemas de desigualdad del país. Pero a juicio de los promotores de la indicación, se daría una señal de austeridad, tal como la han realizado otros países en diversas materias. Ejemplos de ello son la rebaja de los modelos de autos en los países europeos o de la categoría de pasajes en los vuelos de avión para los funcionarios públicos. Incluso Singapur, cuyas autoridades defendieron durante décadas los altos sueldos de sus principales cargos en la Administración -como una medida necesaria para atraer profesionales con talento y evitar casos de corrupción-, hace pocos años rebajó fuertemente esos salarios.
La anterior no parece ser la realidad de Chile. Los sueldos percibidos por los Ministros de Estado y por los Parlamentarios, siendo muy superiores al salario promedio, son significativamente más bajos que las remuneraciones de directivos y ejecutivos de los más altos cargos en el sector privado. En este sentido no parece haber razones que justifiquen rebajar los sueldos de los más altos funcionarios del sector público, y las propuestas en sentido contrario suelen tener una fuerte carga populista. Una disminución considerable de esos ingresos, entre otros efectos, restaría incentivo a dedicarse a la actividad pública a quienes tienen un adecuado nivel profesional. Ello podría deteriorar la preparación de los miembros del Congreso, permitiendo solo a las personas con bajo costo alternativo o con un gran patrimonio propio dedicarse a la actividad política.
Distinto es el cuadro en los grados medios y bajos del aparato Estatal, en que hay niveles salariales bastante superiores a los del sector privado. En este caso, surgen cuestionamientos, ya que los funcionarios gozan de otros beneficios -como la inamovilidad- que no existen en el sector privado. Igualmente sucede con los trabajadores a contrata, cuyo número actualmente supera al de planta, donde -si bien sus condiciones laborales son más precarias- los pagos recibidos en muchos casos exceden con creces los sueldos de mercado para la misma profesión.
Medidas económicas en Perú.
El Gobierno peruano anunció un nuevo paquete de medidas para hacer frente a la desaceleración que afecta a la economía de ese país. Las proyecciones iniciales del Gobierno, que apuntaban a un PIB de 5% para este año, se han reducido a 3%, aunque algunos expertos lo sitúan cercano a 2,5%.
Ante un debilitado escenario internacional -que explica en parte el menor ritmo de crecimiento de la economía peruana-y una pérdida de apoyo a la gestión del Presidente Ollanta Humala -la aprobación ciudadana se ubica bajo el 30%- el mandatario decidió incentivar el consumo interno e impulsar la inversión, tanto pública como privada. En ese sentido, determinó una rebaja de impuestos tanto a las empresas (de 30% a 26% en forma gradual) como a las personas y una mayor flexibilización del mercado laboral, reduciendo los costos de las empresas y entregándole más facilidades para ajustarse a escenarios complejos. La propuesta, según el Gobierno, busca hacer de Perú un país más atractivo para invertir.
Aún resta que las medidas sean aprobadas por el Congreso, donde el Gobierno de Humala necesita sumar apoyos. Las primeras señales sugieren que logrará los votos, pero la fragmentación que existe en el Parlamento y la débil estructura partidaria podrían dilatar la discusión. Con todo, la señal que ha dado el Gobierno peruano es valiosa, porque frente a la desaceleración se ha optado por el camino de facilitar la inversión privada, en particular con medidas audaces y a la vez políticamente complejas como es la rebaja de impuestos.
Chile no debería ser indiferente al ejemplo peruano. Ambas economías son similares en cuanto a su estructura productiva, pues dependen fuertemente de las materias primas, y se enfrentan a una fuerte desaceleración. Sin embargo, el camino que ha escogido nuestro país ha sido el opuesto, descansando en un fuerte gasto Fiscal con un radical aumento de impuestos, y escaso incentivo a la inversión privada, producto de reformas que han acrecentado la incertidumbre.
Nuevo estallido racial en Estados Unidos.
El hecho de que Michael Brown, de 18 años, muriera por los disparos del oficial Darren Wilson, de 28, no parece explicar por sí solo la ola de disturbios. Es necesario saber que a nivel nacional la población negra representa el 13% de los estadounidenses, siendo superados por otros grupos raciales -entre ellos, los latinos- que sumados llegan al 24%. El porcentaje de desempleados negros duplica al de los blancos y el 27,6% vive bajo la línea de la pobreza, comparado con el 9,8% de los blancos. Además, el 40% de la población carcelaria es negra. A esto se suma que los blancos siguen superando a los negros en cantidad de personas que terminan su educación secundaria y universitaria.
Ferguson se muestra como un microcosmos donde todas estas variables están representadas. Una ciudad de 20 mil habitantes donde la falta de oportunidades y la discriminación no parecen ser solo estadísticas, sino una realidad que se ve agravada por un cuerpo policial que apenas tiene tres integrantes negros.
La indignación ciudadana por la muerte de Brown a comienzos de agosto, que se tradujo en numerosos disturbios e incendios, solo se vio superada cuando un gran Jurado -compuesto por nueve blancos y tres negros- decidió no levantar cargos contra Wilson, al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran débiles. Una posterior entrevista al policía, en la que aseguró que "tenía la conciencia tranquila", solo agravó la situación. Y una nueva ola de violencia llevó a desplegar 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Ferguson, al tiempo que en otras 170 ciudades de EE.UU. se multiplicaron los disturbios y marchas de protesta.
Reacción policial y armas de fuego.
La semana pasada, un nuevo incidente reavivó la tensión racial en el país, luego que se revelara un video en el que dos policías de Cleveland (Ohio) matan a un niño de 12 años que apuntaba a varias personas con un arma de juguete que parecía real. Nuevamente un joven negro abatido por uniformados blancos.
En una sociedad como la de EE.UU., donde la compra, porte y uso de armas de fuego alcanza una facilidad impactante, no sorprende que la policía tienda al uso de la fuerza letal como primer recurso al enfrentar a un sospechoso; el miedo es un factor gravitante en esta ecuación. Asimismo, la repercusión a escala nacional se explica porque la muerte de un civil negro (o latino o inmigrante) a manos de un policía no es una experiencia desconocida en otras ciudades y suburbios estadounidenses. Algo que la progresiva militarización de los cuerpos policiales -herencia de la amenaza terrorista postatentados del 11 de septiembre de 2001- solo agrava.
Por otro lado, mientras más tiempo se prolongue la crítica situación económica de ciertas zonas del país -marcadas por el desempleo, la falta de oportunidades y la deserción escolar-, la sensación de que "no hay futuro" para ciertos segmentos de la población negra solo servirá para alimentar la decepción, la desconfianza y el odio hacia las autoridades.
La tarea del Presidente Obama parece inabarcable. Su mandato acaba en 2017 y hasta entonces, frente a casos como el de Ferguson, solo puede defender el respeto a la separación de poderes y el imperio de la Ley. Sin embargo, la esperanza de integración y reconciliación racial en EE.UU. va más allá del Gobierno de turno.
Rusia y el precio de intervenir en Ucrania.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones occidentales sobre Rusia, tras la anexión de la península ucraniana de Crimea en marzo pasado, ya han tenido un efecto real. Hace pocos días, el Ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, confirmó que el impacto de las sanciones está costando cerca de US$ 40 mil millones al año al Gobierno del Presidente Vladimir Putin. ¿La razón? La caída de las inversiones extranjeras en el país y la contracción del crédito. A lo que se suma la caída en el valor del barril de crudo -un 30% desde junio-, que implica menores ingresos anuales de entre US$ 90.000 millones y US$ 100.000 millones.
Pero eso no es todo. Francia acaba de suspender "hasta nuevo aviso" la entrega del portahelicópteros "Vladivostok", el primero de los dos buques clase Mistral que Moscú encargó a astilleros franceses por un valor de US$ 1.600 millones. Todo debido al actual conflicto en Ucrania, donde se ha denunciado la presencia de tropas rusas en apoyo a los separatistas en el este del país.
Sin embargo, el mayor costo que está pagando Rusia hoy es ser visto como el responsable de fomentar la inestabilidad del sistema político internacional y de retrotraer la relación Moscú-Washington a sus peores momentos de la Guerra Fría.
¿Cuánto tiempo más durará esta crisis? Nadie lo sabe. Lo único claro es que a pesar de la violencia que está desgarrando el este de Ucrania, al final, el costo más alto lo acabará pagando Rusia. Hace 15 años Putin tomó el control del país -tras una década de inestabilidad política y económica- y lo transformó en una potencia en ascenso. Ahora ese esfuerzo y logros, el verdadero legado de Putin, están en peligro de desaparecer.
El Estatismo implica mayor poder para el Estado,
caldo de cultivo para el populismo totalitario.
