Temas y opiniones….

¿Y dónde está el piloto?,

por Camilo Feres.

Aun cuando están en los sótanos de la valoración ciudadana, en estos días son varias las personalidades, grupos o gremios que han tocado la puerta de los partidos políticos en busca de orientación, defensa, cariño o consuelo. Lo han hecho Ministros bajo amenaza —desde Gómez-Lobo a Rincón—, lo ha hecho la Iglesia y también los empresarios. Todos han tenido sus motivos. No todos han elegido a los mismos interlocutores, pero todos parecen hacerlo en respuesta a problemas con el mismo actor: el Gobierno.

Hay en esta tendencia al menos dos vertientes: la de actores cuya búsqueda de interlocución política con el Ejecutivo es percibida como insuficiente y la de miembros del Gabinete que cada mañana leen en la prensa que están mal evaluados, que serán intervenidos o que los temas, plazos y proyectos de sus carteras no les pertenecen. Ninguno de ellos encuentra un canal dentro del Ejecutivo para conducir sus aprensiones, dando forma a una relación cruzada transversalmente por la desconfianza y la incertidumbre.

Los efectos de este particular mecanismo de gestión política son complejos. Por una parte, carteras sectoriales que tienen la responsabilidad de lidiar con los distintos públicos y grupos de intereses afectados por sus agendas son despojadas de sus facultades y aparecen como insolventes para conducir las tareas que se les encomiendan. Por otra parte, las organizaciones o grupos que buscan exponer sus puntos de vista reciben señales erráticas sobre dónde o con quién deben conversar.

Curiosamente, dentro de un régimen político “hiperpresidencialista” como el chileno, que además avanza de manera sostenida a una variante personalista, el actor que está quedando aislado del debate político es precisamente el que ostenta mayor potestad. Y la contracara de este escenario es que cuando emerge un conflicto, aunque se trate de uno eminentemente sectorial, sus efectos se toman la agenda de La Moneda.

La última crisis de Metro ofrece un muy buen ejemplo de la situación descrita: ni de la empresa, ni del holding que la controla (el SEP), ni de la Intendencia, ni de las autoridades sectoriales hubo una respuesta oportuna. Al episodio le sobrevino confusión, intervención de la Presidente y remoción de un responsable directo. Después aparecieron las filtraciones sobre mala evaluación del responsable político, los espaldarazos de sus camaradas y más leña al fuego de un cambio de Gabinete, cuya oportunidad y profundidad sigue siendo un misterio. Así pasó en Educación, en Transportes, en Interior y en Cancillería. ¿Hasta cuándo?

Selección y libertad de enseñanza,

por Arturo Fontaine y Sergio Urzúa.

"Los padres no solo transmiten genes a sus hijos, sino que tienden a transmitirles una forma de vida. En eso consiste, en buena medida, ser padre, ser madre" (Fontaine y Urzúa, "Selección, Diversidad y Libertad de Enseñanza", www.clapes.uc.cl).

El hijo con el tiempo, por cierto, podrá modificarla y, quizá, apartarse de ella. En la vida familiar el niño, como se sabe, va absorbiendo las primeras normas de conducta. Luego, en instituciones como el colegio, sugiere Rawls, los criterios morales "son impresos en él por la aprobación o desaprobación de aquellos con autoridad, o por otros miembros del grupo".

Los sentimientos morales surgen ligados a la confianza y la amistad. Son los cimientos de los principios de justicia reflexivos que habilitan al ciudadano. Y aparecerán, asimismo, ideales que encarnan personas del colegio. El niño requiere cierta coherencia entre la casa y el colegio. Cuando eso no ocurre -cualquier profesor lo sabe- la tarea se hace muy ardua. Las virtudes e ideales que el alumno vea en acción en el colegio marcarán su modo de ser. Y ahí hará sus primeras amistades, a menudo las más duraderas. De aquí emana la libertad de enseñanza que, en el fondo, es una expresión de la libertad de conciencia. "Nadie ha de obligarme a ser feliz a su manera", dice Kant.

La Cámara aprobó un proyecto de Ley que restringe la libertad de enseñanza al momento de crear un colegio, al momento de la admisión y al momento de la expulsión. La fundación de un colegio queda al criterio de los funcionarios del Mineduc quienes, se supone, estarían en condiciones de predecir si un colegio por crearse tendría demanda o no "en el territorio en el que pretende llevar a cabo su proyecto educativo". La libertad de enseñanza de ser un derecho pasa a ser una mera pretensión.

Luego, el colegio no puede seleccionar y debe aceptar a "todos los estudiantes que postulen". Solo si hay más postulantes que cupos -salvo algunos postulantes prioritarios- deberá aplicar un "procedimiento aleatorio". Y la expulsión de un alumno queda normada de modo que se hace casi imposible. El colegio deberá implementar "todas las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que correspondan". Toda expulsión se judicializa. El alumno adquiere una suerte de inamovilidad.

En conjunto, estas normas buscan impedir que el colegio configure una comunidad escolar afín a su proyecto educativo. Los chilenos hemos concebido siempre así la libertad de enseñanza. En el caso del Instituto Nacional o el Carmela Carvajal -educación pública, gratuita y de excelencia-, se les prohíbe seleccionar por mérito académico. En el caso de los colegios religiosos, se les prohíbe seleccionar familias comprometidas con su religión. Se prohíbe incluso exigir certificado de bautismo a los postulantes... La hija de un musulmán -si el padre firma aprobando que se la eduque según ese proyecto- por Ley en el sorteo tendrá igual probabilidad de ser admitida que la hija de una familia de misa y comunión dominical. Y si hay vacantes, una familia musulmana o un grupo de ellas puede imponer su presencia en ese colegio. Una escuela cristiana puede considerar su deber educar a los no cristianos, pero entonces ¿por qué obligarla?

Quizás sin quererlo se esté concibiendo al colegio como un local comercial obligado a vender la mercadería que oferta al que esté dispuesto a pagar su precio. Pero los colegios no son supermercados; son comunidades educacionales. La libertad de los colegios para configurar una comunidad de profesores, alumnos y familias porque lo requiere su proyecto educativo no es discriminación, sino la otra cara de la libertad de los padres para educar a sus hijos. Los colegios hacen posible que la libertad de enseñanza de los padres se manifieste de un modo concreto.

Ackerman cree que la diversidad de colegios es peligrosa para la democracia y, por tanto, propone prohibir toda la educación particular. Sin embargo, hay colegios privados subvencionados por el Estado en Holanda, Bélgica, Austria, Francia, Gran Bretaña, en fin, Australia, y no se ve que hayan lesionado la tolerancia o la formación democrática en esas naciones. En Chile el Estado subsidió colegios privados desde los orígenes de la República.

Los padres tienen razones de fondo para querer que su visión de mundo se expanda y profundice en la vida del colegio. Las mismas que tiene el Estado para proteger esa profunda inclinación paterna y materna, raíz y sentido de la libertad de enseñanza.

Inflación, impuestos y bencina

por Felipe Larraín.

La inflación de 1% en octubre fue un balde de agua fría para el poder adquisitivo de los trabajadores chilenos, cuyos salarios y empleo han sufrido un frenazo de proporciones durante 2014. Con ello se acumula una inflación de 5,1% este año y de 5,7% en 12 meses, muy por sobre los valores de años anteriores. Esto significará un aumento de la UF por sobre $ 240 en 30 días, lo que perjudica a cientos de miles de chilenos endeudados en UF y a todos quienes viven de un sueldo. Tal vez, lo más lamentable de este episodio es que buena parte de él podría haberse evitado. 

Alrededor de 0,13% de la inflación viene de las alzas de impuestos a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y al tabaco, que se gatillaron el 1 de octubre pasado por la reforma tributaria (¿recuerda usted que nos decían que la reforma tributaria la pagaría el 1% de mayores ingresos?). Esto y más podría haber sido evitado si se hubiera gestionado bien el Mepco, pero no ocurrió así. En efecto, cuando caen los precios internacionales, el nuevo mecanismo Mepco permite al Gobierno traspasar las bajas a los consumidores. Ellas no están limitadas a sólo $ 5 por semana, pues la Ley permite al Gobierno hacer una gestión proactiva, que traspase las bajas de modo más veloz. Pero debido a la inercia y desatención del Gobierno, los chilenos pasamos cinco semanas con precios de bencinas  mucho más altos que los que habríamos tenido si se hubiera acelerado la baja usando bien la Ley vigente. O, alternativamente, si se hubiera mantenido el mecanismo anterior de suavizamiento de precios de combustibles (Sipco), y se hubiera administrado como se hacía, los precios habrían sido hasta $ 83 por litro menos en esas semanas. 

En definitiva, durante octubre, la ineficiencia del Gobierno hizo que el impuesto específico a las gasolinas aumentara de 6 UTM hasta casi las 8 UTM por m3, con lo cual el Fisco recaudó cerca de US$ 40 millones adicionales (recaudó otros US$ 10 millones adicionales en el diésel).  Por supuesto, se espera que los mecanismos de suavización compensen las fases de subsidio transitorio con fases de impuesto transitorio, pero en esta ocasión, ya a inicios de octubre fue evidente que la caída en el precio internacional de las gasolinas sería permanente, y como Mepco no había otorgado todavía subsidios transitorios, no se justificaba demorar el traspaso de la baja de precios. 

Esta semana el Gobierno decidió ponerse al día con este problema, usando las facultades que le da la Ley Mepco para rebajar los precios de la gasolina en $ 67 por litro. Esta ineficiencia en la gestión se suma a la corrección que debió hacerle al Mepco, dado que inicialmente venía con letra chica para que se aplicara sólo a la bencina de 93 octanos, dejando fuera a los demás octanajes. La acción de esta semana no es una prodigalidad o generosidad del Gobierno, sino sólo viene a corregir los errores del Mepco. 

En definitiva, casi la mitad de la inflación de octubre se explica por la combinación de la reforma tributaria y de la ineficiente gestión del Mepco. Llama la atención aquí el silencio de la mayoría de los Parlamentarios de la coalición de Gobierno, varios de los cuales rasgaban vestiduras contra el sistema anterior (Sipco), siendo que éste sí habría permitido traspasar la caída de precios internacionales de combustibles a los consumidores con una gestión adecuada. Haber traspasado este beneficio a tiempo habría significado un importante alivio para millones de chilenos.

El síndrome de Benjamin Button,

por Joaquín García Huidobro.

Todos hemos visto esas películas del Oeste, donde un personaje vaga por el desierto, muerto de sed. Agotado, cae al suelo y ve con horror que los buitres ya lo están sobrevolando, porque se aprestan a devorar su cadáver. Algo parecido está pasando estos días en la política chilena, con la diferencia de que las aves de presa han empezado a revolotear no sobre un hombre maduro, sino en torno a un Gobierno que apenas tiene ocho meses de edad. ¿Qué otra cosa puede significar que un tema de la semana hayan sido las "primarias Presidenciales"? Es como si en plena fiesta del matrimonio los invitados empezaran a hablar del futuro divorcio de los recién casados.

Amplitud quiere organizar primarias Presidenciales con Fuerza Pública y la DC; ME-O también tiene intereses semejantes; Ossandón está dispuesto a hacerlas con Piñera, cuya candidatura ya ha sido levantada, al menos como idea personal, por el ex Ministro Mañalich, un hombre que tiene la gran ventaja de no guardarse lo que piensa; por último, las elecciones del PS son unas primarias adelantadas, donde Isabel Allende viene desde hace tiempo moviendo los hilos con habilidad, aunque Camilo se le ha cruzado en el camino. Otros han empezado a pensar en Ricardo Lagos 2017, lo que muestra la capacidad imaginativa de nuestra izquierda, porque postular a una persona que quiera volver a la sensatez constituye hoy, en Chile, una enorme novedad. La izquierda siempre se reinventa, aunque sea con modas de estilo retro.

Ahora bien, cuando todos piensan en la sucesión, es señal inequívoca de que el Gobierno está viejo, precozmente viejo.

¿Cómo puede ser que un Gobierno tan joven ya parezca viejo y se vea rodeado de tantos herederos? El "síndrome de envejecimiento prematuro" es conocido por los médicos, que al parecer no tienen muy claro su origen ni cómo enfrentarlo, pero hasta ahora nunca se había presentado en la política nacional.

Aunque la medicina ignore las causas de este síndrome, en la política chilena actual parecen claras: sucede que el Gobierno de la Nueva Mayoría ha vivido su vida con tanta intensidad que nos parece que ha pasado mucho tiempo desde ese 11 de marzo de 2014 cuando Michelle Bachelet se puso por segunda vez la banda Presidencial. ¿Quién se acuerda hoy, por ejemplo, del idolatrado Programa, del que tanto se habló al comienzo? Hoy nos parece algo tan lejano en el tiempo como la modernización del Estado con la que soñaba Frei Ruiz-Tagle. Además, como las cosas no le han salido bien al Gobierno, no hay que extrañarse de que, ante esos síntomas de deterioro y obsolescencia, los apetitos Presidenciales se hayan despertado sin nada que los refrene.

Muchos han ganado en esta situación anómala. El caso más claro es la DC. Aunque Fulvio se enfurezca, ella pasó de ser despreciada por sus socios de la Nueva Mayoría a transformarse en la reina de la política chilena. Pero no solo la DC ha ganado con la temprana decrepitud del Gobierno. La derecha también ha salido bastante bien parada, si se tiene en cuenta que viene de una gigantesca debacle electoral: con la vorágine reformista del Gobierno, sus debilidades se han notado menos. Y como su representación Parlamentaria es bastante escuálida, nadie puede culparla de los estropicios que se realizan desde La Moneda. Es más, poco a poco se va difundiendo la convicción de que "con la derecha vivíamos mejor". Eso debería beneficiar a la Alianza, a menos que esos aires nostálgicos los aproveche Velasco, una figura que representa una izquierda tecnocrática muy apta para derechistas despistados.

Afortunadamente para La Moneda, la política es más rica en sorpresas que la medicina. Todavía es posible que el Gobierno se tranquilice, logre revertir este extraño síndrome que lo viene aquejando, viva su existencia a un ritmo normal, retome el control de la situación y espante a las aves de presa que revolotean sobre su cuerpo todavía vivo. Sería como en "El curioso caso de Benjamin Button", llevado al cine por David Fincher en 2008. Allí se cuenta la historia de un niño que nace con apariencia de viejo y, a medida que pasa el tiempo, se va volviendo más joven y atractivo. Para conseguir esto, el Gobierno necesitaría basarse en un libro del nivel de la obra homónima de Scott Fitzgerald (bastante mejor escrita y entretenida que el Programa), un director como Fincher, y actores de la talla de Brad Pitt y Cate Blanchett.

Quizá la Presidente encuentre una semejante constelación de estrellas, ¿no dicen que el cine chileno pasa por un gran momento?

Palabras excesivas.

Justificado revuelo causaron las palabras del Senador Guido Girardi con las que calificó como “pedófilos del siglo XXI que violan los derechos humanos de los niños” a un grupo de empresas multinacionales del rubro de los alimentos, en el marco de una conferencia convocada por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), celebrada en Italia. El tenor de la frase fue calificado como injurioso por el gremio aludido en nuestro país y mereció reparos de parte de la Presidente del Senado, y el propio Senador Girardi reconoció posteriormente: “Mis palabras fueron excesivas”.

Asemejar una conducta, objeto de legítimo debate —los esfuerzos del rubro por incidir en el reglamento que aplicará en forma paulatina la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos—, con un delito deleznable como la pedofilia está fuera de proporción. Pero esa retórica encendida tiene además el serio inconveniente de que dificulta la mejor comprensión de lo que está en juego por otras dos razones: porque el problema de la mala alimentación infantil es mucho más complejo de lo que da a entender la polémica comparación, y porque lo presenta de una forma maniquea, como un enfrentamiento entre abusadores (las empresas) y víctimas (los niños).

Los esfuerzos por transparentar con más detalle el contenido de los alimentos son necesarios, pero es obvio que la solución a la obesidad infantil y juvenil no se agota en la entrega de mayor información, como tampoco ha sido el caso con las advertencias impresas en las cajetillas de cigarros. Junto con ello, existen hábitos de consumo que se adquieren tempranamente —relacionados con la situación socioeconómica, influencia parental y pautas culturales—, a los que hay que poner en el centro de la mira, tanto pública como privada. Que las políticas impulsadas desde el Estado no estén dando los frutos esperados (Ley Súper 8, más horas de actividad física en la escuela, etc.) así lo sugiere.

No contribuye a lo anterior un discurso que plantea un esquema de “buenos y malos”, reduciendo el problema a un choque entre quienes tienen la razón y buscan el bien común, y quienes sólo buscan lucrar de cualquier modo sin atender a las consecuencias. Los desafíos de una sociedad rara vez son de esa naturaleza tan nítida y por eso superarlos requiere una mezcla de reflexión, diálogo, convicción y realismo. En este sentido, la expresión criticada aquí es a la vez “excesiva” y por completo insuficiente.

Perspectivas de la reforma Constitucional.

El programa de Gobierno de la Presidente Bachelet consultaba tres reformas fundamentales en las que centraría sus tareas. Encabezadas por la reforma educacional, que requeriría de la segunda de las reformas, la tributaria, que proporcionaría los dineros necesarios para ponerla en marcha, culminaban con la elaboración de una nueva Constitución. Haciéndose eco de lo que calificaba como reclamos planteados desde larga data por sectores democráticos, afirmaba que "se recoge la demanda nacional por una nueva Constitución Política para Chile". No obstante, era poco explícito en las formas y los procedimientos que se seguirían para elaborar dicha Carta Fundamental, lo que ha alentado a quienes propugnaban la creación de una asamblea constituyente. Pese a las intenciones refundacionales de la Nueva Mayoría, sus planes parecen estar enfrentando dificultades.

Desde luego, han surgido nuevas ideas de reformas, que tienen un carácter más urgente, lo que ha estimulado a variados sectores reformistas. Para el Presidente del Partido Socialista, ni la reforma educacional ni la nueva Constitución afectarán a la presente generación; en cambio, estima urgente hacer una reforma laboral. Los comisionados Presidenciales en salud quisieron reformar por completo el sistema de salud del país y las autoridades de Gobierno han planteado 66 reformas en pocos meses. Todo ello ha creado un grado de incertidumbre que a todas luces está afectando a la economía y aconsejando un ritmo mejor pensado y bastante más pausado.

Los Constitucionalistas también han comenzado a estudiar más detenidamente la propuesta de una nueva Constitución y han expresado sus discrepancias con la idea de una asamblea constituyente. José Luis Cea, distinguido académico y ex Presidente del Tribunal Constitucional, estima que las asambleas constituyentes resuelven problemas de una sociedad que atraviesa por una situación cataclísmica, algo muy alejado del Chile de hoy.

Por cierto, dentro de la coalición Gobernante subsisten toda clase de opiniones, pero la propia Presidente ha comenzado a aclarar que ella dará comienzo al debate -"iniciar su discusión"-, que deberá extenderse por todo el país, pero no pretende promulgar una nueva Carta durante su período Presidencial.

Entre las mayores objeciones que tiene el levantar el tema Constitucional en estos momentos de incertidumbre económica, plantea el académico Cea, están las consecuencias internacionales que tendría para Chile, interesado como está en atraer inversiones desde el exterior. "No sabemos nada de la nueva Constitución, esa es la verdad", afirma, y ante tal falta de claridad en las intenciones, sin duda se produciría un freno aún mayor que el que el país está viviendo en la actualidad. Todo indica que hay dos caminos posibles: o se privilegia la situación económica actual o se detienen las inversiones para dar lugar a una discusión Constitucional.

Una deslucida aprobación presupuestaria.

La Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2015 constituye la primera expresión íntegra del plan de Gobierno de la actual administración en el erario Fiscal. No obstante, el proceso de discusión fue dejando en evidencia una serie de desacuerdos entre los representantes del Ministerio de Hacienda y los Diputados oficialistas.

Fueron ellos los que apuntaron al Ministro por una supuesta falta de “trabajo pre Legislativo”, los que reclamaron por los recursos asignados en una serie de partidas y los que, finalmente, condicionaron la aprobación a un “protocolo”. Como resultado, queda en el ambiente la impresión de que el presupuesto presentado por el Ejecutivo no representa realmente un pilar donde puedan respaldarse las propuestas contenidas en el programa de Gobierno, sino más bien una repetición en lo sustancial de un marco genérico y sin grandes compromisos específicos. A eso se agrega el escaso aporte de los Parlamentarios de oposición, que no han cumplido en forma eficaz el rol de confrontar y explicar las debilidades que pueda tener el presupuesto planteado.

El escaso rol jugado por el Congreso queda de manifiesto en el protocolo de compromisos suscrito con el Ministerio de Hacienda. Dada la mayoría oficialista, sólo ella concurrió a su discusión y aprobación, tanto por la vaguedad de algunos de los puntos establecidos como por la evidente defensa de intereses particulares que suponen otros acuerdos. Cabe recordar que el Poder Ejecutivo cuenta con amplias facultades para reasignar recursos Fiscales, a lo que se suma el hecho de que la Ley de Presupuestos requiere sólo de mayoría simple para cualquier modificación posterior.

Entre otros aspectos, el protocolo ofrece nuevas evaluaciones o compromete reasignaciones durante el transcurso del año para ítems o programas que sufrieron recortes en el mismo proyecto de Ley, además de incorporar una serie de revisiones de las remuneraciones y condiciones de funcionarios públicos, como en los casos de los trabadores de Prodesal, Junji e Integra, Gendarmería y Sename.

Pero lo que más llama la atención, considerando que se trata de uno de los pilares del programa de Gobierno de la actual administración, es el primer compromiso del protocolo, referido específicamente a la reforma educacional: “se incentivará que todos los sectores de la administración del Estado, en el ámbito de sus competencias, orienten su accionar al fortalecimiento de la educación pública”, señala el documento, sin especificar qué aporte podría esperarse de las numerosas áreas del aparato Fiscal que no guardan ninguna relación con la educación pública Municipal. Advierte, también, que “se realizarán las gestiones necesarias para garantizar la oportuna ejecución de los recursos vinculados a infraestructura en educación”, como si no fuese responsabilidad de las autoridades competentes llevar a cabo, precisamente, todas las gestiones necesarias para ejecutar los recursos asignados.

En definitiva, el Gobierno perdió la oportunidad de transformar su primer presupuesto Fiscal en un reflejo de los objetivos de su administración y, a través de este protocolo, dejó en evidencia sus dificultades para imponer una agenda común de acción al interior de su propia coalición. Por su parte, resulta contradictorio que un Congreso que reclama reiteradamente mayores facultades respecto del Ejecutivo, haya desperdiciado una vez más el instrumento más relevante que posee para cumplir con su rol primordial.

Pluralismo informativo.

Cómo se entiende el pluralismo y de qué manera debe estar presente en los medios -específicamente en la televisión- fue el foco del debate organizado por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), que reunió a autoridades de Gobierno, políticos, directivos de televisión, académicos y periodistas en las dependencias de Televisión Nacional. Si bien, según el Presidente del organismo, el público entiende de diversas maneras cuál es el alcance del término, existe un creciente consenso de su relación con la tolerancia, la diversidad y la democracia, y en definitiva con la libertad de expresión y el derecho a la información social.

El tema cobra especial relevancia bajo la nueva normativa del CNTV, la que en su artículo 14 mandata al organismo para "adoptar medidas y procedimientos a fin de asegurar que, en los programas de noticias, de opinión y de debate político que se emitan por cualquier canal de televisión, se respete debidamente el principio del pluralismo", lo que implica una ampliación de sus funciones originales relativas a velar por el correcto funcionamiento del sistema televisivo, a través de labores de fiscalización, promoción y apoyo a iniciativas que eleven la calidad de los contenidos.

Al respecto, preocupa el alcance que dichas atribuciones puedan tener al momento de su materialización, no solo por la complejidad de su aplicación, sino -principalmente- por su incidencia en la libertad de todo medio en su entrega informativa y en su línea editorial. El pluralismo es la base de todo buen periodismo, y el público lo reconoce, lo demanda y lo prefiere. Su ausencia en programas de magacín, como los matinales, puede ser igual o más dañina que en programas políticos. Las audiencias crecientemente expresan sus preferencias, buscando contenidos diversos, plurales y de calidad. Nuestra región exhibe varios ejemplos del deterioro que ha experimentado la libertad de prensa como consecuencia de las presiones, persecuciones y regulaciones que los gobiernos ejercen contra los medios de comunicación.

El pluralismo se sustenta en un sistema informativo donde conviven múltiples medios de diferente perfil, plataforma y línea editorial, como también en una entrega periodística que responda al derecho a la información de la ciudadanía.

En ello, la televisión -como todo medio de comunicación- tiene un desafío permanente y el CNTV debe velar y fomentar que -en plena libertad- pueda responder a las crecientes exigencias de las audiencias. Pretender regular el pluralismo dentro de programas específicos -como los noticiarios y los espacios de debate político- de todo medio televisivo, no solo los de propiedad pública, es un peligroso camino que puede lesionar, en vez de favorecer, la libertad de expresión.

La indignación mexicana.

Está pendiente la improrrogable tarea del Gobierno mexicano para fortalecer el Estado de Derecho, contener la violencia y reformar la justicia y la policía. Todo parecía ir bien para el Presidente hasta que otro macabro asesinato colectivo ha puesto en peligro su prometedora gestión.

Peña Nieto prometió reformas profundas para modernizar la economía, combatir la corrupción y detener la violencia. Con esos propósitos negoció y consiguió con opositores el Pacto por México.

Ahora se le reprocha lentitud en su reacción ante la brutalidad criminal, demora en su reforma a la justicia penal y priorización excesiva de las reformas económicas por sobre las medidas para garantizar la seguridad ciudadana. También se cuestiona la honorabilidad de la pareja Presidencial.

En el Estado de Guerrero, uno de los más pobres y violentos, 43 estudiantes activistas de un pedagógico fueron muertos y desaparecidos en la ciudad de Iguala, probablemente por la policía Municipal en combinación con narcotraficantes. Por la lenta reacción debió renunciar el Gobernador del Estado y, acusados de participar en los crímenes y en tráfico de drogas, fueron puestos en prisión el Alcalde de Iguala y su cónyuge, todos militantes del PRD.

Error no forzado del Mandatario.

El Presidente Peña Nieto calculó mal: pese al drama que sacudía al país, mantuvo una extensa gira a China, a la reunión de Jefes de Gobierno del APEC, y luego a Australia, a la cumbre económica mundial del G20. Para peor, la prensa publicó que su esposa, una afamada actriz de telenovelas, había comprado una casa por un valor estimado de siete millones de dólares, con un financiamiento muy favorable e imposible de cumplir con sus ingresos. La propiedad fue adquirida de una empresa constructora que había suscrito un importante contrato con el Estado. El Presidente se ha visto forzado a anular el contrato con la constructora, obligado a presentar una declaración de bienes valorizada en unos pocos millones de dólares y compelido a su cónyuge a desprenderse de la casa.

Una de las principales reformas introducidas por Peña Nieto ha sido la Constitucional, que puso fin al monopolio Estatal de Pemex para la explotación y refinado de los hidrocarburos. La producción petrolera mexicana se había encarecido y decaía por mala gestión y falta de inversiones. La reforma podría permitir que México atraiga inversión extranjera para desarrollar su potencial petrolero. No menos trascendentales son sus reformas para mejorar la educación y la destinada a introducir competencia en el mercado de las telecomunicaciones y de la televisión.

Los lamentables acontecimientos en Iguala afectarán negativamente su agenda modernizadora y abren una nueva y difícil etapa en su gestión.

Lo que suceda en México trasciende a sus fronteras: es una de las potencias emergentes. Incluso podría impactar en nuestro dinámico intercambio comercial y cooperación bilateral.

Obama apuesta por la inmigración.

El estancamiento de la reforma migratoria aprobada hace ya dos años en el Senado de los Estados Unidos y la presión de alrededor de once millones de inmigrantes indocumentados han forzado al Presidente Obama a decretar medidas migratorias. La más importante eximirá de la deportación a extranjeros, indocumentados y sin prontuarios penales que residen ilegalmente desde hace cinco o más años en Estados Unidos, cuyos hijos sean ciudadanos norteamericanos.

Los favorecidos, estimados en cinco millones, tendrán derecho a obtener permisos de trabajo y "salir de la oscuridad". También ha propuesto flexibilizar las visas de técnicos y científicos en alta tecnología. El Presidente reconoce que la limitación a las deportaciones es una medida parcial, temporal, que no beneficia a inmigrantes ilegales recientes ni a futuros y que es revocable por el Congreso.

Estas medidas, que están lejos de la irresolución que se le reprocha a Obama, aumentarán su popularidad y le causarán elevados costos políticos frente a un Congreso controlado por los republicanos, a partir de enero.

Ya han surgido críticas sobre la inconstitucionalidad de lo decretado y desconocimiento de los principios democráticos y de la separación de los poderes del Estado. Obama, que fuera profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Harvard, sostiene haber recibido cuidadosas e importantes opiniones de juristas que reconocen su derecho a adoptar las medidas migratorias por decreto y ha invocado resoluciones similares de sus predecesores. Sin embargo, ha producido un choque frontal con los republicanos e infringido sus reiteradas promesas de actuar en materia migratoria con el respaldo de una Legislación aprobada por el Congreso.

Las medidas de Obama podrían beneficiar a varios miles de chilenos indocumentados en Estados Unidos y deben servir de alerta a nuestros Legisladores y al Gobierno para reactivar la indispensable reforma migratoria, también empantanada en el Congreso local. Chile está recibiendo un importante flujo migratorio sin contar con la institucionalidad adecuada para abordar a los indocumentados y favorecer la inmigración necesaria de profesionales y de emprendedores calificados.

Secuestro de las Farc.

El secuestro del General Rubén Alzate Mora, junto a otras dos personas, en la Provincia de Chocó, Colombia, fue un duro golpe para el proceso de paz con las Farc que impulsa el Presidente Juan Manuel Santos. No sólo se dio a días de que se cumplieran los dos años de las negociaciones, sino también a pocas horas de que ambas partes iniciaran una nueva ronda de diálogos en La Habana. Si bien hubo rápidas gestiones para lograr la liberación de los cautivos, el hecho volvió a dejar en evidencia la fragilidad y los riesgos de un proceso que ha perdido apoyo en la ciudadanía y que hoy cuenta con menos de un 40% de respaldo.

Pese a que el mandatario acordó desde un primer momento llevar adelante las negociaciones sin firmar un cese el fuego, el reciente secuestro, sumado a otros dos plagios producidos días antes, vuelven a plantear la interrogante de si la guerrilla está realmente comprometida con la búsqueda de un acuerdo de paz o sólo está utilizando el proceso para recuperar fuerzas tras sufrir varios golpes por parte del Ejército colombiano.

Los riesgos de haber iniciado negociaciones con grupos que han practicado tradicionalmente el secuestro y el narcoterrorismo son evidentes. El reciente episodio es una muestra más de que el grupo no está dispuesto a renunciar a estos métodos de extorsión, con el agravante de que estaría operando sin  control, lo que quedó en evidencia por el desconocimiento inicial del plagio por parte de los miembros de la delegación de la guerrilla en La Habana.

Este secuestro hace imposible asegurar que una vez que se firme el acuerdo definitivo -si es que ello finalmente sucede- se logre realmente la desmovilización completa de todos los miembros del grupo guerrillero. Por ello no es posible descartar que surjan facciones autónomas que sigan operando, como han advertido varios analistas colombianos, lo que plantea nuevas dudas sobre la conveniencia de este proceso.

La descripción de Evelyn Matthei de la Presidente Bachelet y su Gobierno es cierta, además de ser  compartida por la mayoría de los chilenos,  las reacciones destempladas, descalificatorias e insultantes del oficialismo son el efecto de la veracidad de los juicios de la ex Ministro.