Balance y pronóstico
por Axel
Buchheister.
Epoca de
balances y pronósticos. El compendio del año es sencillo: partió en marzo con
la asunción de un nuevo Gobierno, que elegido con el 62% y con una sólida
mayoría en el Congreso, presagiaba cambios profundos sin mayores sobresaltos.
Pero contra todas la previsiones, hubo un contrapeso y provino de los
ciudadanos de a pie, muchos de los cuales habían votado por Michelle Bachelet,
que en estado de ensoñación creían que eligiéndola todo sería mejor, como por
arte de magia. Pero despertaron al ver el menú y no les pareció. Se han opuesto
a la reforma tributaria, algo que nadie hubiera imaginado, y a la que se
pretende hacer en educación; y en forma persistente.
La inesperada reacción de la gente, expresando
su disgusto con el Gobierno, sobre todo en temas que en el pasado eran “dato
seguro” en la apuesta de la izquierda, es -me parece- el hecho del año (y
quizás de muchos años) y puede ser síntoma de un cambio profundo en la
sociedad, pero en un sentido que no previeron los que repetían una y otra vez
que “Chile cambió”. El correlato fue un Gobierno que ha vivido en una montaña
rusa: de un estreno rutilante pasó en nueve meses a tener más rechazo que
aprobación. Si ello no fue bueno para el oficialismo, no fue mejor para la
oposición: poco tuvo que ver en esa reacción.
Fácil es ver por dónde pronosticar, pero no así
formular el pronóstico: el año entrante estará definido por las reacciones de
la gente ante lo que haga el Gobierno. Y no son simples de anticipar. Si vemos
cómo se reaccionó el año que termina y la determinación que hubo para rechazar
ciertas reformas -la tributaria lleva ya meses aprobada y sigue no gustando, a
pesar que todavía no se han sufrido los efectos reales-, es posible pensar que no
cejarán en rechazar cambios que perciban como perjudiciales. Quizás el momento
de prueba está muy cerca: el último día del año entra en vigencia el impuesto
adicional que grava la compra de automóviles nuevos, cuyo monto se notará
fuerte ya en los medianos. Puede haber molestia cuando al comprar un auto haya
que se desembolsar doscientos o trescientos mil pesos más; tanta, que reflote
con fuerza el rechazo a la reforma tributaria y tenga un efecto multiplicador
hacia otras reformas.
O puede también que a larga se habitúen y, en
una actitud muy chilena, se olviden y resignen. Si es así, el poder del Gobierno,
que está intacto para impulsar y aprobar iniciativas Legales, será imparable. Y
será que Chile “no cambió”, aunque vendrán enormes cambios respecto de lo que
se ha hecho en los últimos 30 años. Imposible saber lo que sucederá, porque las
señales no son claras. Riesgoso sería hacer un pronóstico.
Más fácil es adelantar que probablemente ningún
político de centroderecha saldrá a decirle a la gente: “a partir de mañana,
cuando compre un auto, verá la reforma tributaria en acción; usted pagará más
por él, para que se sigan contratando asesorías en los Ministerios, porque si
creyó que era para la calidad de la educación, es cosa suya”. Preveo eso, pues
llevo demasiados años escuchando que nada se puede decir, porque podemos
perder.
Las matrioskas de Bachelet,
por Joaquín García Huidobro.
Todo partió tan bien en marzo para Bachelet,
con una popularidad tan alta, una votación tan impresionante y todo un país que
le atribuía las dotes de un hada madrina, que la única posibilidad que quedaba
era que las cosas empeoraran, como efectivamente sucedió. A casi diez meses de
haber asumido, sus numerosos problemas semejan a una matrioska rusa, donde,
como en esas muñecas, una complicación se esconde dentro de otra.
El primero y más visible de sus problemas
parece ser la baja de popularidad, un dato que para ella debe resultar
especialmente doloroso. La estrategia de mantenerse como una reina en las
alturas, muy eficaz en su primer Gobierno, supone contar con unos equipos muy
distintos de los actuales. Hoy, si quiere que las cosas funcionen, tiene que
meterse en la contingencia; pero no puede hacerlo sin asumir costos y
responsabilidades, cosa que, además de ser poco agradable, afecta su
popularidad, porque los discursos dan para todo pero las decisiones concretas
no siempre son de gusto general.
Cuando se abre la matrioska de las encuestas
aparece la de la economía, esa maldición que acompaña a casi todos los Gobiernos
socialistas. Bachelet y su equipo asustan a los empresarios, pero al mismo
tiempo les exigen que sigan invirtiendo. ¿No es fantástico? Mientras algunos en
la derecha creen que todo es economía y se olvidan de la política, el equipo Gobernante
incurre en el error contrario, y tiende a creer que la economía es cosa de pura
voluntad: si los empresarios quisieran, la economía florecería. Si no da
muestras de crecimiento, solo puede deberse a la mala voluntad de esa gente
egoísta.
Dentro de la matrioska económica está la de la
educación. Como casi todo en el planeta Tierra, ella solo funciona si hay
plata: por eso se hizo la reforma tributaria. Pero como se infló tanto la
reforma de la educación básica y media, el dinero apenas alcanzará para mal
financiar el fin del lucro, del copago y la selección escolar (de la calidad no
hablemos, porque aquí no importa demasiado).
¿Y qué pasa con la reforma universitaria? La
respuesta es dolorosa: ella marcó el inicio del movimiento estudiantil, con sus
exigencias de terminar con el lucro y conseguir la gratuidad, pero las
universidades llegaron tarde al reparto, y hoy los pesos no alcanzan para financiarles
todos esos anhelos.
La Presidente de la FECh ya se dio cuenta del
problema, y ha reaccionado del único modo que conoce: anunciando movilizaciones
para 2015. Pobre Valentina, no se da cuenta de que Camila pudo llegar al
estrellato porque tenía enfrente a Sebastián Piñera y a Felipe Larraín, con las
finanzas nacionales en orden y bien provistas. Hoy la situación es muy distinta
y, por mucho que los universitarios salgan a las calles, las probabilidades de
conseguir más medios para las universidades son más bien escasas. ¿O piensan
que el Gobierno se animará a hacer una segunda reforma tributaria?
A la matrioska educacional se suma una tensión
que es consustancial a la Nueva Mayoría, la que existe entre el PC y la DC.
Como no parece que el PC vaya a cambiar sus ideas, la única solución para
Bachelet sería que la DC se izquierdizara. Pero si algo ha mostrado este año
2014, es que la DC ha hecho un excelente negocio al mantener una fisonomía
propia y no hacer caso a los que quieren venderle su alma a la Nueva Mayoría. Más
problemas para la Presidente.
Para enfrentar esta sucesión de dificultades,
Bachelet puede seguir estrategias muy distintas. Una, poco probable, es
aprovechar el próximo cambio de Gabinete para decir: "perdón, me
equivoqué". Es difícil, porque está sinceramente convencida de lo que está
haciendo y no es amiga de retractaciones.
Así las cosas, y como la lógica política le
exige hacer algo para calmar las inquietudes del público, lo más probable es
que enfrente los problemas con photoshop . Como no puede alterar ni la economía
ni la educación, que están en el ADN de la Nueva Mayoría, tendrá que pintar las
matrioskas de otro color. El cambio de look podría consistir en el reemplazo de
algunos Ministros poco conocidos (la Nueva Mayoría toma este desconocimiento
como ineptitud, sin advertir que son desconocidos porque no han incurrido en
ninguna metida de pata). De este modo, podrá cambiar para que todo siga igual.
Los riesgos del photoshop no son muy grandes, porque las expectativas ya se han
desinflado y son cada vez menos los chilenos que todavía creen que su
Presidente posee dotes sobrenaturales.
El error de Josefa Errázuriz,
por Luis Cordero Vega.
El incidente ocurrido recientemente con la
Alcalde de Providencia pone en evidencia los riesgos a las cuales pueden estar
sometidos los que desempeñan cargos públicos. Como se recordará, la Alcalde
facilitó un recinto Municipal —para estos efectos es indiferente su condición
de palacio— con el propósito de que un sobrino celebrara su matrimonio civil.
Frente a la objeción planteada por los Concejales, la Alcalde respondió que
había sido autorizada por el Contralor Municipal. Éste ha señalado que la
consulta fue verbal y que anticipó que no podía utilizarse el establecimiento,
sólo su oficina, por constituir un recinto de uso privado, pero fuera de la
jornada de trabajo. La Alcalde ha decidido pedir disculpas públicas por lo
ocurrido.
Este incidente demuestra de un modo diáfano las
exigencias a las cuales está sometida la función pública. Aunque muchos no lo
entiendan, la circunstancia de desempeñar cargos públicos —sean o no de
elección popular— somete a los sujetos que los ejercen a un conjunto de
obligaciones superiores a las que habitualmente exigimos a cualquier persona.
En este tipo de situaciones, infracciones a reglas domésticas se pueden transformar
en complejos incumplimiento, y en ocasiones, en delitos perseguidos penalmente.
Mal que mal, son las personas responsables de gestionar y decidir sobre
nuestros asuntos colectivos.
Uno de los sectores en donde esta situación se
da con más recurrencia es el Municipal. La razón es simple: las capacidades
están asimétricamente distribuidas en base a los recursos que disponen —aunque
no es el caso de Providencia—. Deben responder a demandas locales inmediatas en
donde las explicaciones sobre la necesidad de cumplir con formas previas
resultan inadmisibles para muchos, una cantidad importante de sus atribuciones
en sectores sensibles tienen importantes riesgos de tráfico de influencias y,
por la dinámica de su representación, son muy sensibles al caudillaje.
El caso de Providencia demuestra parte de estos
problemas. La mera circunstancia de posibilitar el uso de un bien Municipal a
un familiar —con indiferencia de si éste es una oficina de uso privado— implica
afectar la más elemental de las reglas de la función pública: no tomar
decisiones en las cuales existe conflicto intereses directo o de parientes.
Pero además demuestra la informalidad de los controles internos del Municipio,
quizá la cuestión más riesgosa en este asunto. Lo ocurrido debería servir como
ejemplo de que en la función pública las torpezas se pueden transformar en
incumplimientos esenciales. Y ésta es una enseñanza para todos los que
participan en ella.
Nuevas facultades para la Onemi.
En entrevista con Diario La Tercera, el
Director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) señaló que recientemente
se promulgó la política nacional en gestión de riesgos y desastres, y se
presentarán indicaciones al proyecto de Ley que reestructura dicho organismo,
creando el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Mediante
dichas indicaciones se dotaría a la Onemi de una nueva institucionalidad,
quedando en calidad de servicio público, y con facultades decisoras, como
oponerse a la construcción en zonas de riesgo, planificación y fiscalización.
El terremoto y maremoto de febrero de 2010,
pusieron de manifiesto que el sistema de emergencias y de respuesta a las
catástrofes sufría de graves debilidades y carencias. El país, que
periódicamente sufre los embates de la naturaleza, no le había otorgado la
prioridad necesaria. Desde esa oportunidad, aprendiendo de la experiencia, se
han hecho avances importantes que han permitido abordar con mejor éxito las
emergencias que se han presentado, lo que es un indicativo de que el principal
problema no está en la normativa Legal. Sin embargo, en marzo de 2011 la
administración anterior envió al Congreso un proyecto de Ley que fortalecía e
institucionalizaba los mecanismos para enfrentar las catástrofes, creando un
sistema nacional de emergencias y protección civil y una Agencia Nacional de
Protección Civil.
Dicha iniciativa Legal se acerca a los cuatro
años de tramitación en el Congreso, habiendo pasado ya por la Cámara de Diputados
y encontrándose en el Senado desde marzo de 2013, en el que ha avanzado muy
poco, no obstante que siempre se mantuvo con urgencia. Considerando el tiempo
transcurrido, ya debió ser despachado. Es a este proyecto que el actual Gobierno
presentará indicaciones, que incluyen hasta cambiar el nombre del organismo que
se crearía. Sería lamentable que ello tuviere su origen en una determinación de
cambiar todo lo hecho en la anterior administración. Las políticas públicas
deben tener continuidad en el tiempo y si el proyecto había tenido un
importante avance con el concurso de todos los partidos políticos en el
Congreso, resulta difícil comprender la necesidad de introducir grandes
innovaciones a estas alturas de la tramitación.
Siendo indudable la necesidad de contar con una
adecuada institucionalidad y herramientas eficaces para enfrentar las diversas
emergencias, no es conveniente exacerbar las atribuciones del ente competente y
constituirlo en un centro de regulaciones que incidan en la seguridad y prevención,
pues es papel de los organismos sectoriales considerar esas variables en el
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de consultar el parecer del servicio
encargado de enfrentar los riesgos. Es el caso de la facultad que se otorgaría
a la Onemi para oponerse a la construcción en zonas de riesgo, cuando las
encargadas de pronunciarse sobre las zonas aptas para construir son las Secretarías
Regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que deben aprobar los planos
reguladores, y que tienen que considerar todos los aspectos involucrados.
Agregar otro organismo a las decisiones sólo generará duplicidad, burocracia y
entorpecimiento en los nuevos proyectos inmobiliarios.
El año político,
Las preguntas que deja 2014.
¿Está realmente Chile enfrentado al fin de un
ciclo histórico y al inicio de una era que ha de construirse sobre la negación
del rumbo seguido durante tres décadas? ¿Será la desigualdad el motivo de
protesta dominante en los próximos años o encontrarán las personas
oportunidades de superación que no signifiquen "quitarles los
patines" a otros? Con un complejísimo cambio tributario en dificultosa
implementación, una reforma educacional que divide a la sociedad, y una agenda
laboral que introduce nuevas incertidumbres a la economía y el empleo, y cuyos
efectos serán difícilmente reversibles, ¿cuántas son las reformas estructurales
que puede razonablemente procesar el sistema político y asumir el país?
Los signos de debilitamiento de los partidos,
¿darán pie a correcciones o se proyectarán hacia las instituciones, afectando
la solidez democrática? ¿Está el Tribunal Constitucional condenado a perder su
carácter de órgano jurisdiccional de excelencia y volverse lugar de destinación
para operadores políticos? ¿Continuará el empresariado, responsable del 80% de
la riqueza nacional, manteniendo una actitud de insensibilidad frente al debate
de las ideas y la discusión de aquellos pilares que han permitido su propio
despliegue? En el plano internacional, ¿se tomará conciencia de que asuntos
como el conflicto abierto por Bolivia, las dificultades con Perú post fallo de
La Haya y los problemas comerciales con Argentina no son meras cuestiones
episódicas, sino manifestaciones del principal desafío de nuestra política
exterior, las relaciones vecinales, y que constituyen estas un tema permanente
y sin tregua? ¿Se entenderá alguna vez el carácter urgente de la reforma del
Estado, o se seguirá haciendo lugar en este para asesores reclutados
políticamente?
¿Sobre qué bases podrá recuperar su popularidad
y cercanía la Presidente? ¿Acentuando la opción por políticas que contrarían el
primer instinto común de parte importante del país, o impulsando un giro hacia
el gradualismo y los consensos que solía privilegiar la Concertación? ¿Marcará
2015 la consolidación de la Nueva Mayoría como bloque que incorpora al Partido Comunista
e intenta satisfacer las demandas de la izquierda dura, o se impondrán las
visiones moderadas que este año hicieron ver su disidencia?
Coaliciones en déficit.
Preguntas como las anteriores resumen
inquietudes que hoy cruzan al país y que en la víspera de un nuevo año no
encuentran respuesta satisfactoria. Ciertamente, la Presidente ha planteado
objetivos compartidos y expresado ánimo de diálogo para alcanzarlos, pero ello
no se ha traducido hasta ahora en decisiones concretas que hagan carne esa
voluntad; al contrario, se insiste en iniciativas cuyos contenidos acrecientan
las incertidumbres. Así, en lugar de abrirse a visiones que permitan acometer
los desafíos de Chile, se observa a los equipos oficialistas encerrados en las
lógicas de sus propios proyectos, intentando solucionar problemas por ellos
mismos creados. Ejemplo de aquello es lo que ocurre con la reforma educacional,
entrampada en una absurda discusión inmobiliaria que nada tiene que ver con la
necesidad de corregir la calidad de la enseñanza. Que a aminorar los efectos
negativos de dicha reforma -tal como antes ocurrió con la tributaria- deban
destinar sus mejores esfuerzos los más destacados dirigentes políticos solo
acrecienta la percepción de una oportunidad perdida.
Por cierto, figuras opositoras han entregado
contribuciones valiosas en esos debates, con todas las limitaciones que su
desmedrada situación Parlamentaria les impone. Pero evidentemente la
centroderecha requiere de una reorganización que agrupe a todos quienes efectivamente
son opositores al proyecto político del oficialismo y están dispuestos a asumir
la responsabilidad de ofrecerle al país un camino alternativo.
La clase media, desafío político.
En definitiva, uno y otro sector terminan 2014
sin haber logrado un entendimiento satisfactorio con la sociedad. La nueva
clase media surgida del desarrollo es objeto de estudio sociológico y figura
repetidamente en el discurso político, pero ninguna de las coaliciones logra
dar respuesta satisfactoria a sus inquietudes. Se trata de una ciudadanía
diversa, que ha visto mejorar notablemente sus condiciones de vida, que está
satisfecha con lo logrado, pero que a la vez teme retroceder y volver a caer en
la pobreza, al tiempo que se muestra particularmente sensible frente al abuso.
No hay en este último rasgo una actitud antisistémica (como equivocadamente
creyeron ver ideólogos de la izquierda), sino el reclamo de quienes,
precisamente por valorar las oportunidades que el sistema ofrece, piden acceso
justo a ellas.
De eso 2014 dio muestras fehacientes, con el
inesperado protagonismo asumido por los movimientos de emprendedores, de
sostenedores de colegios y de apoderados de establecimientos subvencionados,
todos defendiendo libertades que ven amenazadas. Hay allí signos de un tejido
social cuya riqueza apenas comienza a advertirse. Darle acertada interpretación
política es una de las tareas pendientes con que acaba el año.
Reforma laboral.
El Gobierno anunció hoy el envío del proyecto
de reforma laboral. Este fue objeto de diversos ajustes en los últimos meses,
lo que retardó su despacho, con las consiguientes críticas sindicales.
Los reclamos de la CUT y los trabajadores no se
limitaron a la dilación en el envío. Estos fueron más allá, llegando inclusive
a cuestionar la incorporación de las pretensiones laborales en la columna
vertebral de la reforma. Especial importancia han tenido, en este sentido, aspectos
tales como la titularidad sindical, la posibilidad de reemplazar a los
trabajadores en huelga y el pago, con cargo a la empresa, de un cierto número
de horas que desarrollan los representantes de los trabajadores en su actividad
sindical.
Los empresarios también hicieron presentes sus
inquietudes en este período prelegislativo. Aunque, a juzgar por el contenido
de la iniciativa, sus observaciones no fueron atendidas. La CPC insistió en la
inconveniencia de Legislar sobre esta materia, en un período de creciente
desaceleración económica, que ya generó una fuerte caída en la inversión, a lo
cual se sumaría una importante pérdida en los empleos, con una reforma laboral
que más parecía, a su juicio, una sindical.
El mal clima imperante en torno a las expectativas
económicas obliga a ser muy cuidadosos en la tramitación de este proyecto. Más
allá de su contenido, la forma y el tono en que se encauce su discusión
resultarán claves. Los precedentes de la ya aprobada reforma tributaria y la
educacional en pleno trámite hacen mirar con cautela el derrotero que puede
tomar el debate laboral.
Esta es una recomendación válida para todos los
actores que intervienen en el proceso Legislativo. No sólo para el Gobierno,
sino también para los Parlamentarios de la coalición oficialista. Los Diputados
y Senadores de oposición también tienen la obligación de levantar propuestas
que mejoren y perfeccionen la reforma, a objeto de evitar males mayores a la
economía y al empleo de los trabajadores.
La CUT y la CPC, además de otros representantes
de uno y otro estamento productivo, deben ser especialmente escuchados en esta
discusión. Ellos mejor que nadie conocen cómo funciona el mercado del trabajo
y, por lo tanto, es menester que abandonen prejuicios ideológicos que sesgan la
realidad.
Financiamiento público a partidos políticos.
El proyecto Ley para el fortalecimiento y
transparencia de la democracia presentado por el Gobierno, contempla aportes Estatales
permanentes a los partidos políticos, que sólo se podrán destinar a atender los
gastos esenciales de su funcionamiento ordinario y para el desarrollo de
actividades de formación cívica de los ciudadanos, elaboración de estudios que
apoyen la labor Parlamentaria y el diseño de políticas públicas, investigación,
fomento a la participación femenina y de los jóvenes en la política. Dichos
aportes únicamente serán recibidos por los partidos con representación Parlamentaria
en el Congreso.
El financiamiento público de los partidos
políticos es de suyo discutible, porque impone a los ciudadanos la obligación
de financiarlos, a través de los impuestos, cuando ellos no han estado
dispuestos a hacerlo. Además, no resulta
claro que los partidos requieran hoy ese financiamiento, ya que varios
de ellos disponen de fondos significativos, que no se descuentan de los aportes
del Estado. El mensaje Presidencial los justifica en la desafección ciudadana
por los partidos políticos, en lo que jugaría un papel su captura por intereses
privados. Pero no se ha tomado suficiente nota que en la propuesta parece haber
una contradicción, porque en la medida que los partidos tengan aportes
garantizados del Estado, tendrán menos incentivos para sintonizar con los
intereses de los votantes, atraer su atención y motivarlos a participar.
Asimismo, los partidos ya reciben fondos públicos para el financiamiento de las
campañas políticas, además de otras exenciones, y sus Parlamentarios gozan de
asignaciones que en la práctica permiten una campaña permanente de los
incumbentes.
Por otra parte, la forma en que se regula el
aporte favorece a las tiendas existentes, en desmedro de otras emergentes, lo
que limita la competencia. Su monto consistirá en 0,01 UF multiplicada por el
número de votos válidamente emitidos en la anterior elección de Diputados. Un
30% se dividirá como aporte basal a todos los partidos por igual, pero en
relación 3:1 según si el partido se encuentra constituido legalmente en a lo
menos ocho Regiones o en un mínimo de tres de ellas, geográficamente contiguas,
respectivamente, lo que privilegia a las existentes, que ya han logrado llegar
a tener la calidad de nacionales. El 70% restante se distribuirá en proporción
al número de votos obtenidos por cada tienda. De esta manera, los partidos
tendrán recursos en proporción a los resultados obtenidos en el pasado, lo que
facilita que éstos se mantengan. Lo lógico sería que los porcentajes se
inviertan. Adicionalmente, forma parte de la base de cálculo del aporte los
votos obtenidos por los independientes, lo que resulta inexplicable.
Finalmente, sólo tienen acceso a los fondos públicos los partidos con
representación Parlamentaria, una discriminación que afecta a las entidades
nuevas y facilita perpetuar el statu quo.
Washington y La Habana, lo inesperado.
Ya se sabe que la operación secreta se manejó
por Obama a través del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, y no
por el Departamento de Estado, y con la intervención del Papa y del Primer
Ministro de Canadá. Durante año y medio las negociaciones para intercambiar
espías escalaron a un completo giro de la Diplomacia desde el enfrentamiento al
diálogo.
Las presiones del embargo, por más de medio
siglo, resultaron contraproducentes: fortalecieron al régimen cubano con apoyos
internos y solidaridad internacional, le sirvieron de excusa para sus fracasos,
para incitar pasiones antiestadounidenses y para imponer restricciones y
privaciones al más perjudicado e inocente, el pueblo cubano. Y lo más
importante, no lograron los propósitos deseados: forzar avances hacia la
democracia, el respeto a los derechos humanos y para negociar compensaciones de
los bienes estadounidenses expropiados por el castrismo.
Había también otras razones para el vuelco Diplomático.
Cuba ya no constituye una amenaza para la seguridad de EE.UU., como lo fue en
tiempos en que pudo servir de cabeza de playa de la Unión Soviética. Además,
con su fracaso, el modelo cubano perdió hace décadas la posibilidad de exportar
su revolución. Asimismo, estaba el riesgo de que mantener las restricciones
pudiese contribuir al probable colapso de la frágil economía cubana, sustentada
por la ayuda venezolana, que podría terminar por la crítica situación del Gobierno
de Maduro. En esta línea, el salvataje por Washington podría evitar
emigraciones masivas a EE.UU. y la postergación de cualquier transición a la
democracia.
Por eso, no extraña que según la encuesta
NBC-Washington Post el 67% de los estadounidenses apoyara los anuncios de
Obama, incluidos la mayoría de los republicanos y el 88% de los jóvenes
cubano-americanos. De aplausos latinoamericanos y caribeños para EE.UU. y su
Presidente prácticamente no había memoria. Con distintas interpretaciones,
todos los Gobiernos del continente también celebraron la decisión. Para Maduro
y sus aliados del ALBA, es la victoria del castrismo. Para el resto de
Latinoamérica y las naciones caribeñas, es la positiva remoción de un obstáculo
más o menos agraviante en sus relaciones con EE.UU. Así al menos lo había manifestado
Brasil, la mayor prioridad de Estados Unidos en Sudamérica.
La gran interrogante es anticipar los efectos
internos en Cuba, más allá del favorable impacto por aumento del turismo y de
las remesas, ayudas y transacciones en divisas. La tenida militar y la enérgica
defensa del autoritarismo castrista en el discurso y la réplica de Raúl Castro
confirman los dichos de Obama en cuanto a que no hay que ilusionarse sobre los
efectos de sus anuncios en progresos en libertades de expresión, de asociación,
participación democrática y demás derechos humanos. La experiencia de la
normalización de las relaciones de EE.UU. con Vietnam es que no se ha alterado
la dictadura bajo el régimen de partido único y comunista.
Si no hubiese progresos, muy probablemente la
mayoría republicana obstaculizará la aprobación del Embajador en Cuba y la
eliminación completa del embargo. Con todo, Obama ha dejado un legado y una
muestra de realismo en su política exterior que mejora su imagen internacional
y la de los Estados Unidos.
Los problemas de la reelecta Presidente Rousseff.
El segundo mandato de la Presidente de Brasil,
Dilma Rousseff, a iniciarse el 1 de enero, enfrenta formidables desafíos. La
Jefe de Estado logró reelegirse en la segunda vuelta y vio reducida su cuota Parlamentaria,
aunque conserva la mayoría en ambas Cámaras mediante la alianza de su Partido
de los Trabajadores con el siempre Gobiernista PMDB y variados otros
referentes, que incluyen desde un reducido Partido Comunista a fracciones de la
centroderecha.
La prioridad de la Presidente son las reformas
para superar con crecimiento el virtual estancamiento económico, con un
menguado 0,13% para este año. Con ese objetivo ha designado nuevos titulares en
las carteras de Economía, Desarrollo e Industria y Planificación, confirmando
en su cargo al Presidente del Banco Central. Los nombramientos han sido
favorablemente acogidos por la comunidad de negocios, sin que se conozcan sus
propuestas.
En una publicitada entrevista concedida al
Grupo de Diarios de América, la Presidente se refirió a "medidas
drásticas" en lo económico, aunque sin precisarlas. Destacó que enfrentará
con dureza el escándalo de corrupción en la principal empresa brasileña, controlada
por el Estado, Petrobras. La corrupción involucra a numerosas compañías
proveedoras y decenas de dirigentes políticos y altos funcionarios en contratos
y aportes ilícitos por un monto cercano a US$ 4.000 millones en la última
década.
Entre los nombramientos pendientes está el
titular del antes poderoso Ministerio de Relaciones Exteriores, que durante el
primer período de la Presidente perdió parcialmente el control de la política
externa por las influencias partidistas y un interés de la Mandatario en ese
campo menor que el de su predecesor, Lula. Esto ha tenido efectos en la
reducción en el rol preeminente que siempre Brasil ha querido ejercer en
Sudamérica y en la solución pendiente de los desencuentros con EE.UU.
A los problemas económicos acumulados durante
su primera Presidencia y al descontento popular manifestado en las protestas de
comienzos de año y en la masiva votación opositora en los Estados más prósperos
del sur del país, la nueva administración de Rousseff deberá agregar el complicado
panorama de la sequía, con implicancias en los costos y el abastecimiento
eléctrico brasileños y en el suministro de agua potable para San Pablo, la
principal ciudad sudamericana, con 20 millones de habitantes, que concentra un
tercio del producto nacional y un quinto de la población de Brasil.
Una carta para meditar.
Señor Director:
Miedo a la izquierda.
Guillermo Teillier manifestó que “Chile le ha
perdido el miedo a la derecha”. Obvio. La mayoría se dio cuenta de que las
políticas económicas que hasta el Gobierno de Piñera -con errores, elusión de
la responsabilidad (compartida con los Legisladores) para enfrentar problemas
como el de la educación o la salud, ajustar el sistema tributario y muchos
otros-, le permitían tener una mejora continua, aunque a veces lenta, en su
calidad de vida y en las expectativas de un futuro mejor para él y su familia.
Hoy, Chile le tiene miedo a la izquierda, a sus
extemporáneas y dogmáticas ideas que llevan a priorizar eslóganes (como el
lucro en la educación), a jugar a la cantidad de reformas más que a su calidad,
mostrando una improvisación en muchas materias de la gestión del país, que sólo
logra crear incertidumbre, el peor enemigo del desarrollo.
Lo que tanto se logró crear, y con tanto
esfuerzo, en 40 años, está en riesgo. Chile le tiene miedo a eso; a perder
libertades, al intervencionismo del Estado en decisiones que son personales, a
las dudas de cómo actuar de varios responsables de la conducción del país que
cambian sus declaraciones y dejan de manifiesto que muchos eslóganes de la
campaña Presidencial están recién siendo entendidas por todos los partidos de
la Nueva Mayoría, con sus discrepancias públicas.
De seguir así, para las próximas elecciones Presidenciales
ya nadie le tendrá temor a la derecha, lo que la deja en una excelente posición
para ganarlas. A la Nueva Mayoría le deja el desafío de enmendar el rumbo para
no perderlas.
O sea, estaríamos en el mejor de los mundos si
Gobierno y adversarios se ponen a trabajar en propuestas respaldadas con
estudios serios y que sean informadas a los electores de manera realista,
dejando de lado la ambición del poder por el poder y buscando el poder que
dan las ideas y la confianza en ser
capaces de implementarlas.
Nassir Sapag, Universidad San Sebastián.
Feliz 2015.
Queremos saludar a todos nuestros compatriotas, con
la sola excepción de aquellos que siembran el país de odiosidades y divisiones,
deseándoles que el año 2015 les llene de bendiciones, felicidad, éxitos y
satisfacciones personales y familiares.
