¿En función del globo terráqueo?
por Rafael Aldunate.
Ciertamente, el mundo está creciendo algo
disminuido, a lo más 0,4% del PIB mundial. Y los precios relevantes que nos
importan a los chilenos, como el cobre, han cumplido certeramente el precio que
estimamos el Comité de Expertos: US$3 la libra. La siempre contraparte
negativa, el petróleo, en buen momento se ha reducido en 20%, sumatoria externa
sin mayores daños para Chile.
El costo de endeudarse en el exterior está
bajísimo, factor determinante para financiar las empresas, postreforma
tributaria (RT), que resta significativamente el capital propio.
Aún pena la RT, la encuesta Cadem con un
sugestivo rechazo de 44%, ante un atenuado 39% de aprobación, reconfirma que no
sólo afectaba al 1% de los contribuyentes, como sostenía el Ministro Arenas… y
que definitivamente no incentiva la inversión, lo que queda demostrado, entre
otros, por el gravitante catastro de proyectos mineros, que se ha reducido a la
mitad, a menos de US$50.000 millones… ¡vaya decidora magnitud!
Volvamos al mundo. Ciertamente no está en buena
forma, más allá del buen desempeño de Reino Unido y particularmente de Estados Unidos.
Durante el segundo trimestre creció a 4,5%, espectacular para los tiempos que
vivimos, y para el tercero se encamina a un valorable 3,5%, con una drástica
caída del desempleo: por la virtud de un sector laboral flexible, bajó en 2% en
24 meses. Lo contrario a Europa, que por sus rigideces es castigada al extremo.
La última editorial del The Economist acusó un desempleo en los jóvenes por encima
de 40% para Italia y España, y no tanto menor para el resto de la Unión Europea
(UE).
Lo grave es Europa, al borde de su tercera
recesión en 6 años. Una región que representa un quinto del PIB mundial, se
encamina hacia un doble combo. ¡Stagnation and deflation, en idioma original!
El Banco Europeo tiene que agregar más
combustión con el socorrido subterfugio de Estados Unidos, comprando más bonos
soberanos. Con el riesgo de que las bajísimas tasas de interés han llevado a un
agresivo financiamiento-retorno de proyectos, que se exponen a subestimar su
vulnerabilidad ante un eventual shock cuando la FED inicia la marcha de su
ineludible alza de tasas. Lo de fondo es que en la UE han eludido plasmar las
reformas estructurales, sumado a la debilidad de su baja demografía, pesada
deuda y un esclerótico, reiteramos, mercado del trabajo que Chile persiste
pecar de ella, pese a algunas últimas señales más halagüeñas.
El informe del Presupuesto Nacional revela que
el Gobierno proyecta un crecimiento promedio de 3,75% para 2014-2017. Lo que va
de este año que termina y los aprontes para el 2015 muestran viento en contra
para estos pronósticos. Y de cumplirse, sería 1,6%, algo más de la mitad menor,
de la administración Piñera. Y manteniendo el récord a la baja de las 2
administraciones Bachelet y sin crecimiento, contamina una amplia cobertura de indicadores,
afectando hasta la igualdad de oportunidades para que aflore el emprendimiento
y la subsistencia de miles de pymes.
Reversar la empírica y testimonial realidad,
donde Chile ha perdido posiciones en seis de los 10 mayores rankings económicos
durante el último año. Así como Bachelet tuvo los mayores excedentes del
superciclo del cobre, con años en que le aportó US$ 11.000 millones (financiado
30% aprox. del erario nacional en 2006), ahora el aporte de Codelco solamente
alcanzaría a US$2.000 millones, completando 5 años de caídas ininterrumpidas.
De hecho, representa menos del 4% de los ingresos Fiscales. Y la vapuleada
minería privada, entre éste y los próximos años aportará más que la Estatal. Se
está dando una tendencia extremadamente peligrosa, irresponsable y anti el
idolatrado programa. El Gobierno está comprometiendo 10.000 nuevos funcionarios
públicos (una tendencia de operadores con signo político) incluyendo abultados
recursos para viáticos, que conspira seriamente y no condice con dos vitales
objetivos comprometidos y consignados: primero, incrementar la inversión
pública para revertir el frenazo de la economía y, el más neurálgico y que nace
del propio programa de Bachelet sometido a la ciudadanía, priorizar los
recursos de la RT sustancialmente para la Educación. Se están comprometiendo 2
de cada 3 pesos para gastos que básicamente buscan cumplir con su clientela y
el crecimiento con equidad, como referencia, siendo el Presupuesto histórico
más alto de los últimos 24 años.
Gran parte del debate en torno a las reformas
tributaria y educacional, podría haberse encauzado con menos dogmatismo y
voluntarismo, con estudios técnico-sociológicos suprapartidarios con
estimaciones independientes de sus verdaderos costos, alcances e impactos, y no
teñido ni distorsionado con un partidismo odioso y reduccionista, sin una
orgánica autosustentada y fundamentada.
No al monopolio
por Juan Andrés Fontaine.
El problema con la reforma educacional es que
parece diseñada no para elevar la calidad de la enseñanza, sino para asegurar
el monopolio del Estado. Por eso concita cada vez más oposición. No es menester
ninguna "campaña del terror" -como acusa la Presidente Bachelet- para
que apoderados, sostenedores y expertos adviertan el peligro de sofocar la
libertad de elegir.
Incluso siguiendo el programa de Gobierno, pudo
haberse intentado una reforma diferente. Por ejemplo, en vez de "terminar
con el lucro", limitar la supuesta ganancia excesiva o abusiva de los
sostenedores particulares subvencionados con algún tope a la rentabilidad
autorizada, como ocurre en otros sectores regulados. Más que "terminar con
la selección", endurecer las normas contra la discriminación arbitraria.
En lugar de "terminar con el copago", desalentarlo con un alza
suficiente en la subvención general.
En cambio, el proyecto evacuado por la Cámara
de Diputados hace inviable la iniciativa particular en nuestro sistema escolar.
Inspirado en una verdadera "yihad" contra el lucro, somete la
creación de todo nuevo colegio a la autorización discrecional de la autoridad;
impone a cada uno de ellos un listado exhaustivo de los usos para los recursos
de la subvención, inmiscuyendo a la burocracia Estatal en su administración
cotidiana; los obliga a constituirse como sociedades de beneficencia, a ser
propietarios de sus instalaciones (hoy muchos arriendan y deberán negociar la
correspondiente compra) y les prohíbe endeudarse para financiar futuras
reparaciones o ampliaciones. Desautoriza además el uso de pruebas de admisión
en toda la educación -incluyendo a colegios pagados bilingües y "liceos de
excelencia", como el emblemático Instituto Nacional- e impide entrevistas
con los apoderados de los postulantes, que ayudan a conformar una comunidad
escolar verdaderamente comprometida con el proyecto educacional.
Nuestro sistema escolar mixto está basado en la
libertad de elección por parte de las familias y la sana competencia entre
establecimientos educacionales diversos. La subvención no es propiedad del
Estado, sino un aporte para que cada familia pueda ejercer su libertad de
elegir. Mayoritariamente, los padres de clase media han "votado" por
escuelas particulares, con o sin fines de lucro. Aunque perfectible, contamos
con una forma moderna e inteligente de hacer carne el rol del Estado en la
igualación de las oportunidades. El intelectual chileno-sueco Mauricio Rojas,
en revelador libro publicado esta semana, a propósito del similar régimen hoy
existente en Suecia, lo describe como el paso desde un "Estado
benefactor" o "Estado-patrón" a un "Estado solidario",
que empodera a la gente. Ahuyentar la libre competencia e imponer el monopolio Estatal
de la educación sería un gigantesco paso atrás.
La democracia de los desacuerdos,
por Gonzalo Cordero.
A proposito de la reforma educacional, se
plantea nuevamente la conveniencia de los acuerdos entre Gobierno y oposición,
recordándose la década de los 90, período de entendimientos que permitieron una
transición ejemplar. Pero el valor de un acuerdo se mide por su contenido; no
tiene sentido plantear como deseables los acuerdos en sí mismos.
La democracia ha significado un progreso enorme
por dos razones: es una forma de control de los Gobernantes y permite arbitrar
pacíficamente las diferencias políticas en la sociedad. El sistema democrático
no es un procedimiento ideado para lograr acuerdos, sino para zanjar
civilizadamente las diferencias.
Por ello, lo normal es que el Gobernante se
hace responsable de las políticas que implementa y la oposición se plantea como
alternativa, denunciando de paso los errores y anunciando los perjuicios que se
derivarán de las medidas equivocadas. Así, periódicamente las personas juzgan
quién ha estado en lo cierto: Gobernantes u opositores, y emiten su veredicto
con el voto.
Entonces, ¿cuándo es bueno y conveniente llegar
a acuerdos? Principalmente cuando las diferencias entre un sector y otro están
razonablemente acotadas; de manera que, dentro de un consenso mayor, se pueden
convenir cambios de énfasis que, al recibir un apoyo transversal, consolidan un
cierto orden social. Por eso la
democracia de los acuerdos fue tan virtuosa en los 90, ya que a través de ellos
la centroizquierda fue percibida como un sector que ofrecía Gobernabilidad y la
centroderecha contribuyó a enraizar la modernización económica y social que
estaba experimentando el país. La visión que ahora presentan esos acuerdos como
abdicaciones de la Concertación es sesgada, pues ellos también ganaron mucho en
ese camino.
Hoy la situación es completamente diferente.
Más allá de las declaraciones de buena crianza, en Chile se rompió el consenso
básico. La intención explícita de cambiar el Estado subsidiario por los
derechos sociales, la reforma tributaria, el nuevo rol del Estado en la
educación, la anunciada reforma al régimen sindical, el radical discurso
igualitarista y anti emprendimiento, ejemplifican la profundidad de los cambios
buscados. En este contexto, no tiene sentido que la oposición se inhiba de
votar en contra y busque artificialmente acuerdos respecto de proyectos que van
en sentido exactamente contrario a la visión de sociedad que ella encarna y
promueve.
En el caso de la reforma educacional se trata
de una iniciativa que se basa en tres pilares imposibles de validar para la
centroderecha: es anti emprendimiento, impide a los padres aportar a la
educación de sus hijos y elimina la autonomía de cada proyecto educativo para
seleccionar en función de sus valores y objetivos. Cada uno de estos pilares por sí mismo impide
cualquier acuerdo. Aquí radica la esencia de la política en democracia.
He escuchado a quienes dicen que si la
oposición no se plantea abierta a un acuerdo no podrá criticar luego un
eventual fracaso de la reforma. Es exactamente al revés: sólo una oposición
firme en cada uno de estos puntos podrá ser legítima alternativa en el futuro.
Esta es la hora en que la democracia realmente
vale: la de los desacuerdos.
El país de los casilleros ordenados,
por Joaquín García Huidobro.
Permítanme que, después de tres años y medio
escribiendo esta columna, me tome la libertad de dedicar una a tratar una
cuestión más personal, vinculada a mi experiencia en estos quehaceres. Sucede
que cuando he escrito abogando por la restricción del trabajo dominical, recibo
correos electrónicos que me preguntan cómo alguien “de derecha” puede sostener
algo semejante. Si aplaudo que se levante un monumento a Gladys Marín, no falta
quien me recuerde que soy hijo de agricultores. Cuando reconozco los méritos de
Evo Morales, me hacen ver lo extraño que resulta que alguien que usa colleras y
suspensores manifieste simpatías por la izquierda altiplánica. A veces son
alabanzas, otras una crítica amable, pero siempre subyace la idea de que
resulta raro que alguien “como yo” opine de “esa” manera.
El hecho tiene interés, porque nos dice mucho
acerca de nuestra psicología social. Una española contaba que, cuando vivía en
Nueva York, le llamaba la atención que muchos chilenos, tan pronto se conocían,
se preguntaran por el colegio en que habían estudiado: personas adultas, en el
extranjero, se interesaban no por sus empresas o su universidad de origen, sino
por el colegio. ¡Incluso lo ponían en el currículo!
Parece que los chilenos venimos a este mundo
acompañados de un “combo” que incluye muchas cosas cuya interna vinculación no
acabo de entender. ¿Por qué si soy de izquierda tengo que estar a favor del
aborto, o si soy de derecha debo mirar con simpatía las torres del Sr.
Paulmann?
Podríamos llamar a este interesante fenómeno el
“síndrome de los casilleros”. De acuerdo con él, si usted estudió en un
determinado colegio, viene de un cierto grupo social o tiene una sensibilidad
política definida, quedará encasillado en un sinnúmero de otros aspectos de su
vida, de modo que no vivirá en algunos lugares ni se vestirá de cierta manera.
Además, deberá pensar tal o cual cosa acerca del aborto, de HidroAysén, la
mediterraneidad boliviana, el papel de los sindicatos o Quilapayún.
¿De dónde viene esta mentalidad de casillero,
que se da tanto en la derecha (en forma grotesca) como (de manera menos notoria
pero más profunda) en la izquierda? En primer lugar, de la inseguridad, una de
las patologías nacionales más distintivas. Necesitamos que la gente sea
perfectamente clasificable y previsible, pues de lo contrario no podremos
hablar en confianza. No importa que piense distinto, siempre que sepamos dónde
está.
Si alguien pretende rayar la cancha de otra
manera, se interpretará como una extravagancia o directamente como una falla
moral. ¿Cómo explicaba la derecha, hace medio siglo, la sensibilidad social de
los jóvenes democratacristianos? “Son unos resentidos”: una explicación tan
perfecta como miope (resentidos hay en todas partes), que le costó a la derecha
ser borrada del mapa electoral en la década de los sesenta, simplemente por no
entender lo que estaba pasando. Pero no se trata solo de inseguridad, porque
este síndrome va acompañado de altas dosis de flojera intelectual. Los matices
y las distinciones exigen tiempo y esfuerzo cerebral, pero no parece que los
chilenos estemos para estas sutilezas. Preferimos heredar nuestras opiniones,
tomarlas de la propia tribu.
En suma, el síndrome de los casilleros permite
que todos estemos tranquilitos mientras cada uno se ubique donde le corresponde
y resulte fácilmente identificable para los demás. Gracias a él, cada uno
dispone de un puñado de etiquetas (bastante limitadas, por cierto), para
ponérselas a los demás aun antes de que abran la boca.
La política de los casilleros es cómoda, pero
causa daño al país. En virtud de ella, la derecha desprecia a los sindicatos
(aunque a comienzos del siglo XX los haya hecho nacer), y carece absolutamente
de sensibilidad latinoamericana: piensa que son banderas izquierdistas. La
izquierda, por su parte, ha sido incapaz de hacer suya la causa de la vida no
nacida, o de empatizar con los papás de los colegios privados subvencionados.
Le parece que esos temas son propiedad de otro sector político.
Si queremos pasar de nuestra guerra fría a una
sociedad más colaborativa, tendremos que revolver un poco los casilleros.
Quizás haya llegado el momento de abandonar la mentalidad de rotuladores de
multitienda; es decir, de gente que le pone etiqueta a todo, aunque eso
signifique que nos sintamos menos seguros y no podamos encasillar a la gente
con apenas darle una mirada.
Precisiones sobre reforma laboral.
La Ministro del Trabajo, Javiera Blanco, en un
seminario universitario, reveló algunas definiciones del contenido de la
reforma laboral que ingresará al Congreso a fines de este año y que se espera
tramitar durante 2015.
Se trata de una de las materias que más
incertidumbre han generado en el sector empresarial -por la amplitud de los
componentes que se han enunciado y por la profundidad de estos-, lo que podría
incrementar severamente los costos laborales de las empresas.
Resulta positivo el que la Ministro haya
matizado algunos de los puntos más polémicos de las propuestas que han
circulado en los últimos meses. Así, por ejemplo, resultó clarificador que haya
precisado que el Gobierno no entiende por titularidad sindical la existencia de
un "sindicato único", que se haya descartado el concepto de
sindicalización automática y que no se pretenda impedir al empleador negociar
los contratos individualmente. Se trata de materias sensibles, cuyas
experiencias en los países donde se han implementado han sido claramente
contrarias al empleo. Al mismo tiempo, ello se condice con el principio de
libertad sindical que promueve la OIT.
En otro de los aspectos controversiales -el fin
de reemplazo en huelga-, la Ministro señaló que habrá excepciones, y que quien
accederá a una eventual huelga será exclusivamente el sindicato que está
negociando; al mismo tiempo, descartó incluir en el proyecto la negociación
interempresas como parte de la "agenda laboral" que se impulsará.
Pese al rechazo de la Presidente de la CUT, las
palabras de la Ministro, pronunciadas en la Universidad Adolfo Ibáñez, son
valiosas y despejan parte de las aprensiones existentes. En momentos en que la
economía y el sector privado se ven expuestos a numerosos anuncios de cambios
estructurales en diversas áreas, la clarificación de la profundidad de las
reformas es un aliciente. Por una parte, porque les da tranquilidad a los
empleadores de que -más allá de ajustes (algunos de los cuales son necesarios)-
no se producirá una "nueva" relación laboral entre trabajadores y
empleados; y, por otra parte, porque los trabajadores pueden tener una mayor
tranquilidad respecto de que estas reformas -que pese a que muchas veces
parecen proteger al trabajador- no terminarán incrementando el desempleo.
Una baja tasa de desempleo -como la que vivió
Chile en 2012 y 2013- permite de forma más eficaz que los trabajadores tengan
mejores condiciones laborales (frente al riesgo para el empleador de perderlo)
y mejores condiciones salariales (al existir más competencia).
El mercado laboral ya ha mostrado señales
claras de haber sufrido el impacto del frenazo de nuestra economía. Pese a la
leve mejoría del último indicador, las cifras están dando cuenta de un
desempleo que es casi un punto más de lo que existía en la misma época del año
pasado. Es momento, por lo tanto, de disipar en su totalidad las aprensiones
que siguen estando presentes.
Ajustes a la ficha de protección social.
Tras asumir en marzo pasado, el Gobierno inició
una revisión de los 80 beneficios que se entregan a través de la Ficha de
Protección Social (FPS) con el propósito de determinar la pertinencia del uso
de esta herramienta en el otorgamiento de subsidios y transferencias del Estado
a personas. Previamente, el Ejecutivo había decidido no llevar adelante los
ajustes realizados por la anterior administración a la ficha, entre ellos, la
modificación de la encuesta con la cual ésta se elabora. Esta decisión es riesgosa,
porque si bien la FPS es perfectible, ha contribuido sustantivamente a
focalizar los cuantiosos fondos que entrega el Estado y ejercer un control
sobre los mismos, lo que se podría debilitar al poner límites en su aplicación.
Según ha informado el Gobierno, el principal
cambio que se contempla es que se dejaría de exigir la FPS para algunos de esos
programas, sin que hasta el momento se haya señalado cuáles serán ni con qué
criterios se asignarán los fondos a los beneficiarios. Así, se pretende reducir
las autodeclaraciones y que sea el Estado -mediante bases de datos- el que
determine a los beneficiarios, y donde las personas deberán verificar si están
en las listas de los seleccionados.
Desde que la FPS se comenzó a implementar el
2007, en reemplazo de la ficha CAS, ha tenido como propósito levantar
información para conocer la realidad socioeconómica de las familias y, a partir
de dichos datos, desarrollar la aplicación de los programas sociales. Este
instrumento no ha estado exento de fraudes, producto de beneficiarios que han
entregado información falsa sobre su verdadera condición social para así
obtener beneficios indebidos. Pero la
solución más adecuada parece ser la mantención de la aplicación de la FPS para
la determinación de los beneficiarios y agregar adicionalmente el control que
pueden proveer las bases de datos. Un
ejemplo exitoso de esto fue la experiencia del control de beneficiarios de
Fonasa a través del cruce de sus bases de datos con la del Servicio de
Impuestos Internos. Asimismo, la necesidad de postular periódicamente a los
beneficios y acreditar los requisitos para optar a ellos contribuye a un
control más eficiente.
Hay sectores que han planteado erróneamente que
la necesidad de postular a los subsidios Estatales iría contra el carácter de
“derechos” que tendría su obtención por parte de los beneficiarios, pero lo
cierto es que resulta injustificado e inconveniente otorgar el estatuto de
derecho legal a las ayudas que otorga el Estado. Injustificado porque no es
asimilable a lo que constituye legalmente un derecho. E inconveniente porque
tiende a perpetuar un sistema paternalista y donde las personas dependen de un
Estado que debe entregar beneficios a todo evento. Más aún, esto conlleva el
peligro de que se genere un sistema discrecional de asistencias Estatales que
en otros países de la región ha generado una dañina utilización de los fondos Estatales
para asegurar el apoyo político a la continuidad de los sectores que detentan
el poder político.
La definición de los requisitos, procedimientos
y controles para la entrega de subsidios financiados con fondos públicos es una
materia que debe ser definida por normas de rango legal y no por reglamentos o
simples glosas presupuestarias. Por ello sería conveniente separar esta materia
de la discusión del Presupuesto 2015, actualmente en tramitación en el
Congreso, cuyas partidas en materia de gasto social deberían sustentarse en las
normas vigentes.
EE.UU.: expectativas republicanas.
Las elecciones que no coinciden con una Presidencial
provocan desinterés del electorado, y quienes concurren a las urnas son los
votantes más disciplinados, en especial los del Partido Republicano.
La elección se verifica en momentos en que
predomina el rechazo a la gestión del Presidente, responsabilizado junto con su
partido de las dificultades por las que atraviesa Estados Unidos. Además, el
creciente electorado "latino", que lo apoyó en sus pasadas
elecciones, le reprocha el incumplimiento de su promesa de aprobar una reforma
que legalizaría a inmigrantes ilegales y le enrostra el mayor número histórico
de deportaciones de indocumentados.
También se atribuye al mandatario un mal manejo
de las crisis provenientes de las amenazas del ébola y del Estado Islámico en
Irak y Siria, y se lo critica por la renovación de la guerra fría y por la
carencia de una estrategia internacional. Incluso en el plano económico, donde
hay signos de progreso, el electorado estima que sus medidas han favorecido a
grandes corporaciones, y no a medianas y pequeñas empresas, mientras que su
plan de salud, Obamacare, es visto como confuso, dispendioso y Estatizante.
Presidente Obama con un equipo debilitado.
Al acercarse al fin los mandatos
norteamericanos, se suelen debilitar los equipos Presidenciales, que en este
caso ya es motivo de reparos. Figuras destacadas de la administración abandonan
el Gobierno para ingresar al sector privado o preparar candidaturas. Ya había
ocurrido con los Secretarios de Estado y de Defensa, Hillary Clinton y Robert
Gates, sucedidos por otros que no han demostrado las capacidades de sus
predecesores. Uno de ellos, León Panetta, que ocupara altos cargos en los Gobiernos
demócratas de Clinton y Obama, en sus memorias alaba al primero y presenta al
Presidente Obama como capaz intelectualmente, pero incapaz de resolver.
Opiniones similares han surgido de los ex Secretarios Gates y Clinton.
No están claras las repercusiones de la probable
coexistencia de un Presidente de los Estados Unidos con un Congreso controlado
por la oposición. En este caso, sus consecuencias dependerán de la magnitud de
la mayoría que obtengan los republicanos y de su cohesión, amagada en esta
ocasión por un posible incremento de representantes del sector más conservador.
No contar con el control del Congreso puede
significar un delicado conflicto entre Obama y los republicanos, que usarían su
dominio Parlamentario para vetar toda iniciativa del Ejecutivo. Este paralizante
desenlace dependerá de la capacidad de Obama y de su equipo para lograr entendimientos.
Dos Presidentes populares y decididos, Reagan y Clinton, que en sus segundos
mandatos se encontraron ante mayorías Legislativas del partido opositor, lograron
buenos acuerdos para completar sus mandatos sin sobresaltos. Hay dudas de que
Obama termine su Gobierno en condiciones parecidas.
Venezuela en el umbral de la moratoria.
Venezuela vive el caos económico y se encuentra
en el umbral de una posible moratoria de sus pagos a los mercados
internacionales.
Las consecuencias de la sostenida baja en los
precios mundiales del petróleo pueden ser desestabilizadoras y hasta
devastadoras para los países exportadores de hidrocarburos, cuyas economías e
influencia dependen del gas y del petróleo. Es el caso de Irán y Rusia y,
especialmente, de Venezuela, con una economía que atraviesa por caídas de
producción, desabastecimiento, inflación descontrolada y crisis cambiaria.
La producción venezolana, que en 2004 llegó a
4,4 millones de barriles al día, se ha reducido actualmente a 2,3 millones
según cifras de la OPEP, de los cuales destina 700.000 barriles diarios para el
consumo interno, 100 mil vendidos de contrabando a Colombia, al igual que
muchos otros productos cuyo precio es subsidiado o fijado artificialmente por
el Estado. Una cantidad cercana a los 650.000 barriles está comprometida con
China, que en gran parte están destinados a pagar anticipos y préstamos. Otros
300.000 barriles son vendidos a precios muy rebajados a Cuba y a los países
integrantes de Petrocaribe, un acuerdo que ayuda a la influencia política
venezolana sobre Gobiernos caribeños y centroamericanos sin contribuir
mayormente al muy necesitado presupuesto venezolano.
La escasez de moneda extranjera para cubrir las
importaciones podría obligar al Presidente Maduro -aunque este lo ha
desmentido- a declarar la cesación de pagos de al menos parte de su deuda
externa, atribuyendo en tal caso la responsabilidad a una "conspiración
del imperialismo" para aislar a Venezuela de los mercados internacionales.
No solo la estabilidad económica de Venezuela
está crecientemente amagada, también su estabilidad política está comprometida.
Las disputas entre facciones en el Gobierno y el Partido Socialista Unido de
Venezuela han ido haciéndose más evidentes, forzando al Presidente Maduro a
tomar decisiones a favor de sectores más radicales, en desmedro de la poderosa
corriente vinculada a las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
CUIDADO:
Estatismo es la transferencia de poder,
con pérdida libertades, de las personas al Estado.