La
ideología del Muro,
por Eugenio Guzmán.
Entre
ayer y la madrugada de hoy se celebran los 25 años de la caída del Muro de
Berlín o del “muro de la vergüenza”, y creo que es fundamental que entendamos
las razones de su construcción.
El
muro es el ejemplo por antonomasia de violación a la libertad individual y
colectiva; pero antes que nada, es la expresión de una ideología que dio lugar
a un sistema político. En efecto, la base intelectual de dicho sistema era la
de suponer que los seres humanos son lo que dictan las condiciones sociales en
que viven y no al revés. Luego, nuestra moralidad y sociabilidad deriva de la
realidad que vivimos y no podemos escapar a ella. Lo que llamamos sentimientos
morales (justicia, compasión y empatía) no superan las circunstancia, son meros
reflejos de la realidad que vivimos, luego, cambiadas éstas, todo lo demás se
viene por añadidura.
Ello
supuso una visión de la naturaleza humana absolutamente plástica, una
conciencia carente de funcionalidad y estructura, todo está por escribirse en
la mente posibilitando la construcción de un “hombre nuevo”. No obstante, ello
exige adaptar a los individuos a la “nueva sociedad”. Requiere si es necesario
someter a tratamiento médico-psiquiátrico a quienes no se adaptan. De allí, la
reeducación de los gúlags y de los tratamientos de “desintoxicación
filosófica”. Es menester descontaminar y evitar toda suerte de contagio con el
mundo burgués.
Más
aún, es necesario liberar al hombre de todas aquellas condiciones de existencia
tales como la familia, religión y el Estado burgués, con el propósito de
construir la nueva sociedad. “Un verdadero bolchevique no debería ni podría
tener familia, porque debería entregarse por completo al partido” (Lenin).
El
Muro de Berlín es la expresión material de estos axiomas y principios. No fue
sólo el resultado de un estado febril de Ulbricht o de su celoso continuador,
Honecker, que gracias al Gobierno chileno no fue juzgado; por el contrario, fue
el resultado de imaginar lo que significaba no hacerlo. El Muro de Berlín fue
hecho para impedir un contagio de los de afuera pero a la vez para contener a
los “desadaptados”. En definitiva, para prevenir y salvar del desamparo y la
miseria a los “ineptos”: fue una medida de salud pública.
El
muro no pudo contener los sentimientos y anhelos de libertad y justicia, aunque
paradójicamente los que lo construyeron invocaron esos mismos bienes. Explicar
cómo dichas creencias pudieron imponerse y llegar a tales convicciones no es
fácil: ¿fue resentimiento o miedo? Lo concreto es que ni estos sentimientos han
desaparecido ni tampoco las ideologías que los justifican.
Mejor no matemos a nadie,
por Joaquín García Huidobro.
¿No deberíamos ceder a las presiones para legalizar el aborto en Chile?
Tenemos a gran parte de la Nueva Mayoría empeñada en conseguirlo, también a
ONGs de todo tipo, y diversos organismos internacionales; a ellos se agregan el
ejemplo de otros países y el tono cada vez más agresivo de sus partidarios.
Además, son "solo" tres supuestos los que se quiere despenalizar
(riesgo de salud de la madre, inviabilidad del no nacido y violación), de modo
que no parece tan terrible.
Pero no: no cabe ceder en una materia como esta, ni siquiera aunque se
trate de un aborto "restringido", ni aunque nos aseguraran de que (a
diferencia de lo que ha sucedido en otros países) esos tres supuestos no
terminarán transformándose en un aborto muy amplio.
Ya nos ha pasado otras veces en la historia nacional: hemos mirado para
otro lado, pensando que esas víctimas no eran relevantes. Ya nos equivocamos al
pensar que eran casos muy excepcionales o que su sufrimiento era necesario para
asegurar la paz social. No nos puede suceder de nuevo: aunque en caso de ceder,
esta vez nadie nos acuse en el exterior; aunque incluso nos aplaudan y nos
digan que por fin nos hemos puesto a tono con los tiempos; aunque quienes promuevan
estas campañas sean, en muchos casos, buenas personas.
Nunca en la historia humana se ha matado a tanta gente como con el
aborto. Lo notable es que esta matanza es cometida, o al menos avalada, por
gente normal, que ninguno de nosotros osaría calificar de criminales (salvo a
los pocos que tienen montado un buen negocio con esta industria). ¿Cómo puede
suceder algo tan raro? Por tres razones.
La primera es porque no saben lo que pasa. El nombre más conocido en la
batalla a favor del aborto es el de Jane Roe, pseudónimo de Norma McCorvey. Su
caso es el que llevó en 1973 a legalizar el aborto en los EE.UU. Cuenta
McCorvey que durante un tiempo trabajó en una clínica abortista. Allí
"explicaba a las clientes que no era un niño sino una 'menstruación fallida'.
Después, cuando iba a la cámara frigorífica y veía los trozos, las piernas y
las cabezas de los fetos, echados en una tinaja, volvía a casa y me
emborrachaba". Ahora bien, no todos tienen la oportunidad de ver las cosas
que presenció Norma, que hoy está transformada en una activa defensora de los
no nacidos. Esa ceguera explica que puedan defender el aborto de buena fe.
En segundo lugar, la causa abortista no se presenta de manera cruda, sino
revestida de toda una filosofía emancipatoria, como si fuera un paso necesario
hacia la liberación de la mujer. Esta teoría fue comprada por buena parte del
feminismo actual, sin advertir que el aborto libre es una práctica machista,
que fomenta la irresponsabilidad masculina y hace pagar a la mujer todos los costos.
La estrategia abortista consiste en transformar la decisión sobre el aborto en
una cuestión de intimidad sexual. Como a nadie le parece bien que el Estado se
entrometa en el ejercicio de su sexualidad personal, la consecuencia espontánea
consiste en defender el aborto, sin reparar que aquí no se trata simplemente de
qué hace uno con sus genitales, sino que está en juego la vida de una persona.
Pero hay una tercera razón detrás del aborto: una cosa es la postura
intelectual de quienes lo promueven, y otra muy distinta es la situación de la
mujer que se halla enfrentada a este dilema. Las personas que se someten a un
aborto no son unas asesinas, sino la mayor parte de las veces unas
desesperadas. "Feminists for Life of America" y otras organizaciones
han puesto de relieve cómo el aborto es solo un reflejo de la falla de una
sociedad que no ha sabido hacer justicia a las necesidades de la mujer
embarazada. Ella recurre a esa medida extrema, porque piensa que no tiene otra
salida. El aborto es la pobre solución que entrega una sociedad que no está en
condiciones de ir a las causas de los problemas. Pero "la mujer merece
algo mejor que el aborto", dicen esas feministas.
Así las cosas, mejor no matemos a nadie. Mejor tomémonos en serio el
desafío de ayudar de veras a las mujeres embarazadas, como ya están haciendo
algunas agrupaciones (todavía pocas y con pocos medios). Se trata de apoyar no
solo a las que están pensando en un aborto, sino a todas. Porque si ellas no se
encuentran con una sociedad amigable, que les facilite las cosas, si el costo
de ser madres es la discriminación laboral, entonces difícilmente podrán
mostrar a sus hijos la maravilla de vivir.
La fronda a ciegas,
por Max Colodro.
Se ha dicho y repetido que el problema actual de la derecha no responde a
una simple debilidad política y electoral, sino, más profundamente, a un
extravío en el campo de la cultura: una cierta desconexión con el estado de
ánimo colectivo, la sincera incomprensión de las ‘claves’ del denominado ‘nuevo
ciclo’ político; hasta llegar al diagnóstico de siempre: simple paranoia de
clase y atavismo reaccionario. En rigor, pareciera haber elementos o
dimensiones que exponen un genuino vacío histórico, que la llevaron a no
valorar la significación de su primer Gobierno democrático en medio siglo, y a
terminar, ahora, forzada a subirse a una ‘marea de cambios’ que tampoco
entiende ni quiere.
La interrogante de fondo que
sobrevuela al sector se refiere en definitiva a eso: ¿qué es lo que quiere la
derecha en el actual proceso político que vive el país?; ¿qué proyecto
institucional y de sociedad ofrece para dar respuesta a los desafíos que el
actual momento nacional está demandando? La respuesta a esa pregunta ha sido
una sola: ninguna”.
No hay proyecto ni propuestas institucionales o sectoriales para acometer
las demandas de una sociedad en proceso de cambio; cambio que una mayoría
quiere pero no sabe cómo construirlo y, menos, cómo implementarlo.
Dedicarse a alertar al país de los riesgos y eventuales efectos negativos
de la agenda oficialista puede ser algo necesario para la deliberación
democrática, pero su alcance político es en verdad muy limitado. La derecha
puede arrogarse el logro de haber contribuido a modificar una reforma
tributaria muy mal diseñada, pero tuvo que aprobarla sabiendo que la propuesta
consensuada era igual bastante mala. Evidencia clara de que en materia
impositiva no existió un proyecto alternativo, lo que impidió a la larga un
debate serio sobre la estructura tributaria que el país requiere para las
próximas décadas.
Y en materia de educación, ¿la derecha quiere cambios o considera que las
cosas están bien y deben seguir exactamente igual? Si considera que se
requieren cambios ¿cuáles? ¿O basta con argumentar que las reformas planteadas
por la Nueva Mayoría no son las adecuadas y tendrán efectos perjudiciales? Y en
ámbito de la Legislación laboral ¿su propuesta es, de nuevo, dejar las cosas
como están o se necesitan modificaciones? ¿Le gusta la Constitución vigente y
quiere mantenerla íntegra o cree que es necesario actualizarla? Y si es así,
otra vez, ¿cuáles? ¿Tiene alguna propuesta que poner en el tapete? Hasta ahora,
simplemente nada.
De algún modo, en estas preguntas elementales se resume el drama que hoy
tiene a la derecha literalmente a la vera del camino. No hay un diagnóstico
acabado y menos compartido sobre cómo está mirando a la sociedad chilena de hoy
y, por lo tanto, no tiene tampoco nada que ofrecerle que no sea el mero
instinto reactivo y un poquito de ‘campaña del terror’. En el fondo, no quiere
hacerse cargo de las nuevas coordenadas locales y globales en las que se mueve
el país y por eso ha terminado en la paradoja de hacer apología de las bondades
del Chile construido bajo la Concertación. Es decir, exactamente lo que la
centroizquierda ya dejó de hacer.
En los tiempos vertiginosos que corren en Chile y en el mundo, la
política consiste en administrar cambios. Buena o mala, la Nueva Mayoría tiene
una agenda clara; la de la derecha no existe o no se conoce o no se entiende.
Lo que se percibe al final del día es puro amor al estatus quo y su convicción
de que los únicos cambios que valen la pena son los que derivan del crecimiento
económico. Muy poco para ser protagonista del mundo actual. Mucho para creer
que su único anhelo es el inmovilismo, o simplemente, la defensa de intereses
particulares.
Diagnóstico equivocado.
La encuesta Adimark no hizo más que poner números a lo que estaba en el
aire: la popularidad de la Presidente Bachelet y su Gobierno vienen cayendo
sostenidamente. Tanto, que por primera vez la desaprobación de la Mandatario
(47%) supera la percepción positiva (45%), siendo la situación del Gobierno
peor (51% vs. 42%). No está de más recordar que ese debilitamiento de la
Presidente no es distinto del que tuvo a igual fecha en su primer Gobierno y
que la aprobación entonces siguió cayendo, hasta que su Gobierno fue
“intervenido” por los partidos de su coalición. Nunca se ha reconocido que el
verdadero mérito de la popularidad que después cobró Michelle Bachelet se debió
más a éstos que a lo que hizo ella.
Era evidente que el sostenido rechazo a las dos reformas fundamentales del
Gobierno, tributaria y educacional, tenían que producir efecto en la adhesión.
De hecho, en cuanto a la primera ha sido sorprendente, porque a pesar de haber
sido aprobada hace ya un tiempo, y por un acuerdo transversal, según las
encuestas no logra convencer a la gente.
Que la cosa estaba mal, lo insinuaba la reacción de la propia Mandatario
en las últimas semanas, al refugiarse en su reacción clásica: victimizarse y
eludir. Ahí está la tesis de la campaña del terror sobre la reforma
educacional. Y ahora, ante la encuesta, la manida técnica del “cartillazo”, que
consiste en endosar la culpa a los Ministros: no trabajan lo suficiente y no
comunican bien; tendrán que trabajar más y comunicar mejor.
Aparte del hecho que a los Ministros los nombró ella y es, por lo mismo,
responsable, todo es un diagnóstico equivocado. Aquí no hay un problema de
comunicación, tesis que envuelve un desprecio a la gente: no entienden las
bondades de lo que se está haciendo. En realidad las personas comprenden
perfectamente que van sufrir los efectos de más impuestos y, también, que se
les quiere quitar la capacidad de decidir sobre la formación de sus hijos; y no
les ha gustado. Ni tampoco la receta es trabajar más, cuando lo que se necesita
es que trabajen menos, entendido esto como que dejen de darle vueltas a las
tuercas de proyectos que despiertan rechazo, y presentar cada día nuevas
iniciativas que agiten el ambiente y aumenten la incertidumbre.
Otro despropósito es dejarse pautear por la bancada estudiantil. No sólo
porque está radicalizando una reforma impopular, sino porque ellos mismos se
están volviendo impopulares. Una encuesta de la semana de la Universidad Diego
Portales reflejó un amplio rechazo al desempeño de ese grupo (52,1% vs. 26,5%
de aprobación); por su parte, la encuesta CEP de julio mostró una gran
desaprobación (44% vs. 28%) a Camila Vallejo. Es probable que la intransigencia
de estos jóvenes, que con soberbia descalifican a todos los que piensan
distinto -la mayoría-, esté empezando a fastidiar a la gente.
Lo que falta es que la Presidente asuma su rol y se decida a pagar
costos, ordenando y frenando a los que quieren extremar todo. De lo contrario,
seguirá viendo caer su popularidad y condenada a repetir la historia.
¿Por qué Chile se estanca?
Contraviniendo las esperanzas y pronósticos de muchos, el ritmo de
crecimiento de la economía nacional ha descendido al mínimo. Cifras
preliminares sugieren que la variación interanual del PIB habría sido inferior
al 1% en el tercer trimestre, y que el año cerraría con una tasa de crecimiento
bajo el 2%. Aunque el Gobierno está intentando reanimar las expectativas
empresariales para reactivar la economía, es preciso un buen diagnóstico del
mal antes de administrar la medicina apropiada.
Tres factores parecen incidir en esta fuerte baja. El primero es de
origen externo: el posible término de la bonanza de los productos primarios
-como el cobre- y de la era de financiamiento abundante y barato que hemos
vivido. Toda América Latina está aquejada de un temor semejante y eso deprime
los ánimos de empresarios y consumidores. En Chile, los elevados ingresos del
cobre y el potente auge de la inversión minera han sido motores de la actividad.
Sin embargo, no corresponde exagerar su impacto: el resurgimiento del
crecimiento de EE.UU. impulsa a las exportaciones de frutas, salmones y
productos forestales. Además, la abrupta caída del petróleo alivia los costos
de la producción nacional y el bolsillo de los consumidores. Sumando y
restando, el factor externo no debería frenar nuestro crecimiento.
El segundo factor que viene retardando el crecimiento hace ya algún
tiempo son las muchas trabas regulatorias y burocráticas que obstaculizan la
inversión y la competitividad. El Gobierno parece haber tomado conciencia de
este problema solo en las últimas semanas. Pero sus anuncios hasta ahora -con
mucha publicidad, pero escaso contenido- parecen incapaces de superar la
desmoralización que ello ha ocasionado en nuestros emprendedores.
Finalmente, el tercer y más grave factor es la desconfianza reinante. Como
lo ha representado el Presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, se
percibe un "clima antiempresarial" y se teme que la ambiciosa agenda
programática del Gobierno, que no solo ha elevado fuertemente los impuestos,
sino que promete mucha más injerencia del Estado en lo laboral y otros campos,
en el fondo persiga demoler las bases mismas del exitoso modelo de economía de
libre mercado que ha seguido el país.
En una situación de tan alta incertidumbre, las políticas de expansión Fiscal
o monetaria, en las que las autoridades parecen confiar, bien pueden resultar
inútiles o incluso contraproducentes. El sorprendente 1% de IPC en octubre en
parte refleja el impacto inflacionario de esas políticas.
A juzgar por las últimas encuestas, cerca del 60% de la ciudadanía
desaprueba el manejo de la economía. El Gobierno deberá enfrentar con decisión
y eficacia las causas internas de la intensa y persistente desaceleración de la
economía.
Ausencia de liderazgo político.
La drástica caída en el apoyo a la gestión del Gobierno y en la
aprobación de la Presidente, unida a la evolución negativa de las cifras
económicas y de delincuencia, han confirmado las debilidades de la actual
administración y los errores cometidos en la orientación de las reformas
impulsadas en sus primeros ocho meses de Gobierno. A ello se une la tensión que
exhibe la coalición oficialista, especialmente por los reclamos desde la Democracia Cristiana a “reforzar la
conducción política del Gobierno”, lo
que suma un cuadro que requerirá prontas definiciones de parte de la Presidente
de la República y del grupo que la acompaña en sus decisiones.
No hay síntoma más claro de los problemas de gestión de un Gobierno que
cuando se atribuye la desaprobación de la ciudadanía a la falta de mayor
“comunicación de sus avances”, como ha ocurrido esta semana de parte de
diversos personeros de Gobierno. Incluso se ha llegado al exceso de acusar la
existencia de campañas “financiadas” contra las reformas que se están
impulsando.
El Gobierno no debe equivocar el diagnóstico buscando enemigos
imaginarios que no tiene -la debilidad de la oposición es evidente y también la
reflejan las encuestas- sino revisar en profundidad la orientación radical de
las reformas que ha estado impulsando y evitar las que pretendía iniciar, así como corregir los problemas ostensibles
que arrojan la gestión sectorial en áreas muy sensibles para la ciudadanía,
como es el caso de la delincuencia.
La recargada agenda de reformas estructurales, varias de las cuales sin
un diseño mínimo ni acuerdo previo, ha terminado por exacerbar incluso las
evidentes diferencias y motivaciones de los partidos que componen la Nueva
Mayoría, las mismas que sus dirigentes pretendieron evadir bajo el manto
protector de un programa de Gobierno que apenas se encargó de esbozar algunos
principios rectores. Nada puede debilitar tanto el apoyo electoral de un Gobierno,
como la constatación por parte de sus votantes que las propuestas sensatas que
apoyaron en la última elección, se hayan transformado en justificación de
reformas extremas y que ya le están causando problemas en su vida diaria, como
ocurre con la reforma tributaria y el deterioro de la economía.
Al reclamo de mayor liderazgo por parte de la Presidente de la República
de parte de la Nueva Mayoría, se ha unido el de otros sectores relevantes del
país, como el empresariado, que también reclama mayor coherencia entre las propuestas
de alianza público-privada con las decisiones que toman diversos organismos
públicos.
La Primer Mandatario enfrenta ahora una clara disyuntiva entre seguir
impulsando esta agenda y refugiarse en su equipo más cercano, o efectuar una
revisión más profunda del contenido de las reformas y reorientarlas en la
búsqueda de acuerdos que recojan las objeciones que despiertan en amplios
sectores del país. Esta revisión deberá
involucrar no sólo los proyectos sino también sus equipos de trabajo, que hasta
ahora parecen sorprendidos e inmóviles ante la caída en el apoyo ciudadano.
Las señales, en este sentido, deben ser contundentes. Si bien ha sido
notorio el discurso conciliador de las autoridades hacia el empresariado en los
últimos días y el propósito de promover una agenda reactivadora, se requiere un
golpe de timón claro y decidido para despejar las incertidumbres y revertir el
escenario negativo que se constata hoy en el país.
La Presidente y la contención.
Intensa actividad pública desarrolló esta semana la Presidente, luego de
regresar de una exitosa gira a Europa, y antes de partir a China. Durante cinco
días, su presencia copó el escenario político; lejos de limitarse a encabezar
actos en terreno o ceremonias protocolares, fue ella misma quien, en días
sucesivos, entregó definiciones, ya fuere para instar a su equipo Ministerial a
"trabajar más", responder a quienes han pedido un cambio de Gabinete
o resaltar la confiabilidad de Chile ante los empresarios. En momentos en que
el desempeño de sus colaboradores suscita evaluaciones encontradas, la propia
Mandatario asumió la tarea de encarnar el rostro del Gobierno.
Evidente ha sido su empeño por mostrar una actitud inclusiva, convocando
a todos los sectores y buscando disipar las incertidumbres que en parte
explican el deterioro económico, del que esta semana hubo nuevas evidencias,
con la baja cifra de Imacec de septiembre y un IPC de octubre por sobre las
expectativas. Contra tal afán conspira, sin embargo, la propia agenda del
Ejecutivo, caracterizada por una multiplicación de iniciativas reformistas de
amplio alcance y ambición. No ha existido hasta ahora un correlato entre la
contención que las palabras de la Presidente buscan expresar y las acciones
concretas de un Gobierno -y de la coalición que lo apoya- que aparecen poniendo
en duda políticas públicas decisivas en el desarrollo alcanzado por el país
durante los últimos treinta años. Mientras tal divorcio continúe, es difícil
que se logre el punto de inflexión que permita tanto recuperar el impulso
económico como tranquilizar a una ciudadanía inquieta.
Discursos que no convergen.
Ejemplificador de esos problemas fue lo ocurrido en la Cena de la
Industria, el pasado miércoles, en que los discursos del Presidente de ese
gremio y de la Mandatario parecieron referirse a países distintos: mientras el
primero denunciaba "el clima antiempresarial que se ha venido
desarrollando", la Jefe del Estado hablaba de "cuidar nuestra
economía, pero también la fortaleza de nuestra democracia y la calidad de
nuestro debate público", sin que se percibiera un diálogo o un punto de
encuentro entre ambas intervenciones.
Incidió tal vez en aquello el que el Presidente de la Sofofa, a
diferencia de la práctica más habitual de los dirigentes gremiales, en vez de
enumerar un conjunto de problemas respecto de los cuales su sector demanda
solución, optó por la referida denuncia, en un tono a ratos cercano a la
desesperanza. Supo así recoger la temperatura de lo que siente el mundo
empresarial, pero -pese a haber sido su discurso conocido previamente por la
autoridad- no dio pie a que la Presidente pudiera responder de modo concreto
inquietudes específicas. En esas circunstancias, las palabras de esta
parecieron, a su vez, demasiado lejanas de la compleja situación que viven los
emprendedores.
El imperativo de priorizar.
En ese contexto, en que a las dificultades económicas se suman los
conflictos políticos dentro de la Nueva Mayoría, adquiere fuerza en el
oficialismo el debate respecto del Gabinete. Se trata de un equipo con
características peculiares: después de casi ocho meses, muchos de sus
integrantes resultan desconocidos por la opinión pública, al tiempo que los
partidos de la Nueva Mayoría advierten fallas en el manejo político de la
administración. Un eventual cambio pudiere significar la llegada de figuras que
no necesiten de ese "aprendizaje" al que ha aludido la Presidente al
referirse a sus colaboradores. En cualquier caso, es una premisa equivocada la
de quienes sostienen que una decisión así supondría la admisión de un error en
los nombramientos originales. Los cambios Ministeriales pueden obedecer a una
diversidad de factores, y la historia republicana abunda en casos de
personalidades altamente calificadas que debieron dejar el Gabinete por razones
que excedían la mera evaluación de sus capacidades.
Lo que sí constituye un profundo error es la creencia de que los
problemas que han aquejado al Gobierno puedan resolverse simplemente cambiando
equipos o mejorando el manejo comunicacional. La solución demanda más bien
evaluar en profundidad lo hecho. Lejos de acrecentar su apoyo, el fervor
reformista parece ir enajenando el respaldo de una ciudadanía que puede
compartir los objetivos generales de enfrentar la desigualdad, pero ve con
preocupación cómo estos se aterrizan en iniciativas muy discutibles. Ciertamente,
la administración cuenta con una mayoría Parlamentaria que, en teoría, le
permitiría aprobar parte sustancial de sus proyectos, pero también en su propia
coalición ellos suscitan dudas y reparos. Aún más, si bien la Presidente inició
su período habiendo identificado un núcleo específico de reformas
estructurales, en la práctica se ha visto a cada repartición impulsando cambios
profundos en sus respectivas áreas, al punto de desdibujar esa agenda original
y crear la percepción de un Gobierno que busca revisarlo todo y se desgasta
aceleradamente en ese intento.
Definir de modo realista un conjunto acotado de prioridades,
introduciendo al mismo tiempo cuotas de moderación que eviten seguir tensando
innecesariamente al país, parece una fórmula más razonable para encauzar con
eficacia la vocación transformadora que caracteriza a esta administración.
Alianza público-privada.
Ante las recriminaciones mutuas entre el Gobierno y el empresariado sobre
la falta de dinamismo de la economía chilena, es importante poner al centro uno
de los conceptos que más confusión han aportado a dicho debate: la llamada alianza
público-privada.
Esta última ha sido mal entendida en diversas maneras —desde una petición
de confianza a los inversionistas, hasta una agenda de beneficios puntuales
para ellos en medio de dificultades económicas—, pero lo cierto es que la única
alianza público-privada que aporta al país es aquélla donde cada una de las
partes entiende y respeta el rol del otro, algo que en Chile se hace en las
formas pero no en el fondo. Mientras las autoridades usan un discurso
colaborativo, en la práctica se ha golpeado al sector empresarial con una
reforma tributaria que le sube los impuestos y con una serie de anuncios para
los meses que vienen, incluyendo los cambios laborales, los derechos de agua,
el emprendimiento en materia escolar, etc. Los anuncios de agendas pro
crecimiento o pro productividad son pequeños ajustes sectoriales o de trámites
que se entrampan en el Congreso y que no tienen grandes efectos sobre el
crecimiento.
La única alianza público-privada exitosa es aquella que da, como
resultado de confianzas mutuas, tasas de inversión más altas e Imacec
dinámicos. Ninguna de las dos cosas está pasando en Chile: la variación de este
indicador en los últimos 12 meses a septiembre fue de 1,4%, menor a lo
previsto, y la tasa de crecimiento anualizada en los primeros nueve meses de
2014 se ubica en torno al 1,2%, y la expansión acumulada entre enero y
septiembre llega a un pobre 1,7%. Tampoco se ve un flujo de proyectos importantes
(especialmente energéticos, que son los más necesarios).
Es preciso que el país deje de aferrarse en el discurso a conceptos como
el anterior, que desvían la atención de lo que el país realmente debe hacer
para retomar la fuerza de su economía y empleo. Tanto autoridades Gubernamentales
como dirigentes gremiales deben exigir que el debate sea al fondo del tema:
¿qué contenidos tendrá la reforma laboral?, ¿qué se está evaluando hacer con
los derechos de agua? Todos, temas que sí afectan las decisiones de entrar con
capitales a los mercados, y que hoy se nublan ante una alianza público-privada
de poco contenido.
Delincuencia y reformas prioritarias.
Gran parte de los delitos contra la propiedad son predecibles, pues
presentan claros patrones en lugar y horario, victimarios y víctimas, y
artículos robados. Sin embargo, como país destinamos 9 de cada 10 pesos a
reaccionar ante la ocurrencia de estos hechos, al enfocarnos en el caso a caso
en el sistema de persecución penal, y tener coberturas muy bajas o ausencia de
programas especializados y focalizados para evitar el ingreso a sendas
delictivas, o reinsertar a personas que ya han delinquido. En este contexto, de
las múltiples iniciativas que pueden contribuir a mejorar las políticas de
seguridad del país y que deben ser enmarcadas en una política de seguridad de
largo plazo, la Fundación Paz Ciudadana ha planteado ocho prioritarias, que
aportarían significativamente a mejorar los resultados de los esfuerzos
realizados en esta materia.
En primer lugar, Chile carece hoy de programas especializados focalizados
en niños que nacen en familias con antecedentes de violencia o delincuencia, o
de jóvenes que incurren en conductas antisociales persistentes a temprana edad.
Desarrollar programas y lograr las coberturas necesarias en el sistema de salud
y escolar sería, con mucho, el presupuesto mejor gastado. Por otra parte, la
separación del Servicio Nacional de Menores en dos, y la consecuente creación
del nuevo Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, es crítico
para mejorar la eficacia de los programas a que son sometidos los menores
condenados por cometer un delito. Luego, la adicción a drogas es un factor de
riesgo delictivo de mucho peso, por lo que resulta indispensable ampliar la
cobertura de los denominados Tribunales de Tratamiento de Drogas, esto es, una
respuesta coordinada entre Fiscales, defensores y Jueces para abordar la causa
del delito, al suspender condicionalmente una sanción a infractores
diagnosticados con consumo problemático de drogas, pero que en 10 años solo ha
beneficiado a unas 380 personas. También es necesario aumentar sustancialmente
los cupos de tratamiento de drogas en las cárceles, que hoy alcanzan para
alrededor de un cuarto de los condenados con una adicción. Además, la cobertura
y calidad de los programas de reinserción social de infractores de Ley son hoy
insuficientes, por lo que urge crear un Servicio Nacional de Reinserción
Social, que apoye a los infractores durante y después del cumplimiento de su
condena.
Por otra parte, como se deduce de los patrones delictivos, el espacio
físico juega un papel fundamental en la ocurrencia de delitos, sobre todo los
más frecuentes. Se deben incorporar estándares de seguridad en la política y
las regulaciones urbanas, en todos sus niveles. Además, poder anticiparse a los
delitos requiere masificar el análisis criminal y estudiar el acervo de
información existente para identificar patrones tempranamente, desplegar
tácticas policiales o estrategias de persecución, y evaluar su efecto en la
ocurrencia de delitos, de manera descentralizada. En el caso de problemas
complejos, como la reventa de bienes robados y la violencia urbana con armas de
fuego, se requiere su diseño e implementación conjunta y persistente en el
tiempo entre varias instituciones; entre ellas, policías y Fiscalía, por lo que
se requiere crear estrategias nacionales a mediano plazo y fuerzas de tarea
institucionales enfocadas en estos problemas específicos. A la postre, cumplir
por fin con la promesa de Interior de implementar el Banco Unificado de Datos,
y dejar atrás las actuales barreras para que cada Juez, funcionario Municipal o
policial y Fiscal cuente de manera oportuna con la información necesaria para
tomar mejores decisiones.
EE.UU., ¿democracia directa?.
La alta abstención se ha interpretado como manifestación del desprecio de
los electores por la política, la desilusión por las promesas incumplidas de
Obama, e incluso el repudio al derroche de recursos en las campañas. Cualquiera
sea la razón de que un porcentaje tan alto no quisiera votar, el sistema
político, acostumbrado a esto, resiste y no pierde su legitimidad. Tampoco la
pierden las respuestas que dan los ciudadanos a las consultas planteadas por
las autoridades, para validar alguna política, o las que surgen de grupos
sociales o de presión, interesados en imponer algún tema en la agenda.
Estas consultas pueden ser arma de doble filo. Activan la participación de
la comunidad en la gestión de la autoridad, pero pueden obligarla a tomar
decisiones que no están en sus planes y que impliquen, por ejemplo, gastos que
afecten el erario. Algo así ocurrió en California años atrás, lo que llevó a
este rico Estado al borde de la quiebra. Solo un manejo riguroso de las
finanzas públicas ha devuelto el equilibrio Fiscal, que tiene muy orgulloso al
reelecto Gobernador demócrata, Jerry Brown, quien no subirá impuestos.
Entre las 147 consultas que se hicieron este año en 41 Estados, la
conveniencia de aumentar el salario mínimo se preguntó en cinco, una aprobación
que podría entrañar aumentos de gasto en cuatro de ellos donde el resultado es
vinculante.
Uno de los temas polémicos que tomó fuerza en este proceso electoral fue el
de la legalización del consumo recreativo de la marihuana, en dos Estados y en
Washington D.C., los cuales vendrían a sumarse a otros tres donde ya es Legal,
y 23 donde está permitido el uso medicinal de la hierba. Que los electores de
la capital norteamericana se hayan inclinado a favor podría redundar en que el
Congreso se pronuncie al respecto, haciendo uso de la norma que le permite
vetar Leyes de la ciudad; si lo hiciera, tendría proyección en la Legislación Federal.
Consultas como complemento de la representación.
Tres Estados tenían en la papeleta de las elecciones del martes pasado en
EE.UU. preguntas sobre aborto. Tennessee aprobó una medida que les da poder a
los Legisladores del Estado para restringir y regular los abortos, pero en
Dakota del Norte y en Colorado no pasó una enmienda que ampliaba la noción de
"persona" para incluir al feto y defender la vida "en todas las
etapas de desarrollo".
Llama la atención la amplia gama de consultas a las que fueron sometidos
los electores norteamericanos, las que, además de las mencionadas, incluían
desde la revisión de antecedentes para la venta de armas, el etiquetado de
alimentos con productos transgénicos, la fracturación hidráulica para extraer
gas y petróleo, hasta normas para cazar osos en Maine.
Con todos los beneficios que significa para un sistema político la
participación ciudadana directa como complemento de la democracia
representativa, es evidente que debe usarse la prudencia para evitar que estas
consultas sean usadas como instrumento publicitario de una autoridad, o para
evadir el debate en las instancias correspondientes, y decidir en base a
mayorías que pueden ser circunstanciales.
Venezuela es sorda a peticiones de liberar presos políticos.
El Gobierno de Venezuela hace caso omiso a las peticiones internacionales
para que respete los derechos humanos de los opositores encarcelados
injustamente. Aún no da respuesta a la petición del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU,
a favor de Leopoldo López, detenido y acusado de instigar la violencia en
manifestaciones antigubernamentales.
Cada vez más, Venezuela se margina de los organismos internacionales,
después de que el año pasado se retirara de la Convención Interamericana de DD.HH.,
y por ende de la Corte de Justicia regional. La democracia venezolana atraviesa
un periodo crítico. Si bien Nicolás Maduro llegó al poder por la vía de los
votos, sus actuaciones han debilitado el Estado de Derecho, con intervenciones
en el ámbito Judicial y un desprecio total por la mitad de la población que no
comparte sus ideas.
Es significativo que a estos pedidos se haya sumado un grupo de
influyentes ex Presidentes iberoamericanos -Felipe González, Ricardo Lagos,
Fernando Henrique Cardoso, Belisario Betancur y Julio María Sanguinetti- cuando
las instancias regionales han sido incapaces de conseguir que Maduro respete
las normas de convivencia política.
Economía a la baja, inversiones están frenadas,
cesantía e inflación al alza, mezcla explosiva.