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martes, 7 de octubre de 2014

Temas para una discusión informada…












Que la Presidente recapacite,
por Sergio Melnick.


El Presidente de la DC señaló que en la Nueva Mayoría hay un síndrome de infantilismo progresista que está produciendo mucho daño. Tiene razón. No basta con intenciones, discursos y caricaturas para hacer los cambios. El Transantiago quedará por décadas como el símbolo de la grandilocuencia incompetente y el voluntarismo irracional. Hoy es un pesado lastre sin solución.


Las reformas de la educación no hacen absolutamente nada por la calidad. De nada sirve una educación gratuita, pública, sin selección, si es aún peor que la actual y más cara. ¿Por qué no mejorar la mala educación pública antes de destruir la privada? Nadie lo entiende. Aún es tiempo de recapacitar, a pesar de que la urgencia vuelve a evitar la discusión de un tema tan trascendente, y muestra una vez más que la Cámara de Diputados es un mero buzón del Ejecutivo.


En salud, la comisión hecha ad hoc por la Presidente fue una farsa: las conclusiones estaban antes de partir. Buscaba sólo pasar la retroexcavadora a la salud privada, arrasando con la clase media que logró llegar ahí. ¿Por qué no partir por mejorar la salud pública antes de destruir la privada? Nadie lo entiende. Aún es tiempo de recapacitar.


En trabajo se anuncian propuestas que reflejan sólo compromisos con la CUT, uno de los actores, pero no con el mercado laboral completo. ¿Por qué no priorizar la lucha contra el desempleo, en lugar de mejorar a los que ya lo tienen? Nadie lo entiende. Aún es tiempo de recapacitar.


La reforma tributaria ya pasó y no es auspiciosa para el país, pues debilita fuertemente la economía, el empleo, la inversión. Sumada a la reforma laboral, puede anunciar aún peores tiempos. Si el gasto fiscal fuese inversión, podría compensar algo a mediano plazo, pero la reforma educacional no hace nada por la calidad (léase productividad).


La reforma al binominal es también improvisada, y un traje a medida para el Gobierno. No es tan proporcional como se cree, y los pactos (en discusión) generarán aún más distorsión que el binominal. Ya se equivocó la clase política con el período Presidencial, el voto voluntario y tantos más. Se está equivocando otra vez. Estas reformas requieren consensos inexistentes. La fragmentación aumentará y hará la gobernabilidad muy difícil. No se puede modificar sólo una parte del sistema político dejando el resto igual. Es un serio error de principiante.


Mientras, la economía languidece. El Ministro cree que los discursos y el gasto público solucionan problemas. La Presidente le cree, y fallará como en 2009. La delincuencia se desbocó y apareció el terrorismo, temas que requieren de una unidad nacional, que está siendo erosionada por el infantilismo progresista. Las encuestas revelan menor apoyo al Gobierno y que la población no se identifica con partidos. Los líderes están fallando, la polarización avanza y el clima hostil sólo crece. La palabra la tiene la Presidente, que debe demostrar si intenta Gobernar para el país, o sólo para su sector y es cómplice de la retroexcavadora. La historia dirá. Yo espero que recapacite.


El Presupuesto no nos reactivará,
por Alfonso Swett.


El Presupuesto 2015 crece un 9,8%! Este Presupuesto es el segundo Presupuesto más expansivo de los últimos 20 años. En su discurso el Gobierno dice que “este Presupuesto histórico se propone reactivar la economía”. Lo anterior es fundamental que se logre; ya que sólo 39% de los chilenos respalda el manejo de la economía por parte del Gobierno (Adimark de septiembre).


¿Será este Presupuesto “histórico” capaz de reactivar la economía chilena el 2015, sacándonos de este frenazo económico actual? Lamentablemente las palabras del Gobierno dicen una cosa y sus propios números muestran otra cosa muy distinta en materia de reactivación económica.


El viernes pasado, el Ministro de Hacienda nos decía (en una entrevista radial) que el impulso Fiscal del Presupuesto 2015 nos daría un salto de un 3,3% de crecimiento estimado (sin Presupuesto) a un 3,6% (con Presupuesto). ¡Grande fue mi sorpresa al escuchar que un Presupuesto que crece un 9,8%, sólo aportará un 0,3% de crecimiento para nuestra estancada economía! Un día después en un diario nacional, el Director de Presupuestos (Sergio Granados) reafirmaba los dichos del Ministro Arenas. “El Presupuesto debiese generar entre tres y cuatro décimas de mayor crecimiento en 2015”. O sea el discurso de reactivación (con la Ley de Presupuesto 2015) del Gobierno no calza con sus números; ya que ningún ciudadano puede entender ni creer que con un 0,3% adicional de crecimiento se reactiva una economía muy desacelerada. ¿Por qué sólo un pobre 0,3% de impulso al crecimiento?


Si hoy el Gasto Público representa un poco más del 20% del PIB chileno y la Ley de Presupuesto 2015 señala un crecimiento del 9,8%; entonces usted podría esperar un aporte al PIB en torno al 2% (20% multiplicado por 9,8%). Sin embargo, sabemos que de los US$ 5.500 millones adicionales, sólo hay que considerar US$ 3.200 millones adicionales (los US$ 2.300 de la reforma tributaria se traspasan de los privados al Estado). Estos US$ 3.200 millones adicionales debieran aportar en torno a un 1,2% adicional al crecimiento económico y no un 0,3%. ¿Por qué esta gran diferencia?


Muy simple, gran parte de esta diferencia viene dada porque 1 dólar gastado por los privados (empresas privadas y sus consumidores) genera más crecimiento y más empleos que 1 dólar gastado por el Estado. Si bien uno puede esperar que el Estado sea más ineficiente que los privados en generar crecimiento, nunca me imaginé que fuera tan grande la brecha.


Es fundamental que este Presupuesto 2015 dé señales y compromisos con un mayor crecimiento para el próximo año, que permita recuperar los 152.000 empleos “asalariados” que se han perdido en los últimos 6 meses de este año 2014, en donde los trabajadores más vulnerables (no calificados) han perdido 101.000 puestos de trabajo (siendo ellos los que más han perdido hoy).


Al maestro, sin cariño,
por Joaquín García Huidobro.


La discusión en torno a la reforma educacional se ha centrado en el lucro, la propiedad de los inmuebles, la selección, la posibilidad de expulsar estudiantes, el copago y el sueldo de los propietarios de las escuelas, pero ha eludido la cuestión más importante: los profesores.


Esta omisión no se debe simplemente a que los socialistas se preocupan más de las estructuras que de las personas. En algunos regímenes socialistas han logrado tener maestros de calidad. Nuestro problema no es el socialismo, sino la miopía y la comodidad.


En efecto, hay que ser bastante corto de vista para no ver que resulta imposible mejorar la educación sin mejorar a los que educan. Pero el Gobierno no está dispuesto a tomarse en serio la cuestión y se ha contentado con unos tibios anuncios de alzas salariales.


La miopía no explica todo, también hay comodidad. Debemos reconocer que el desafío de mejorar a un magisterio que en un 66% bordea los 498 puntos en la PSU es una tarea que, además de dinero, requiere ingenio, cultura, paciencia y fortaleza, cualidades que no suelen estar presentes en las altas esferas de la política nacional. Mejor es decir a los profesores que se queden tranquilos a cambio de pocos controles, mucho Estado y unos incrementos de remuneraciones que todos sabemos que nunca serán muy significativos.


En Chile, un profesor de ciencias con cinco años de experiencia gana $ 686.795 mensuales en promedio. En Corea, en cambio, gana lo mismo que un médico o un abogado. ¿Nos puede extrañar que ellos estén en el 5º lugar en la Prueba PISA y nosotros en un modesto 45º?


La reforma tributaria permitirá recaudar una enorme cantidad de dinero. Si se focalizara en capacitar, evaluar y remunerar bien a los profesores de educación básica y media nos permitiría dar un salto gigantesco en educación. En cambio, se hará sal y agua. Lo que es peor, se repartirá muy desigualmente, dando menos a quienes más lo necesitan.


¿Puede alguien poner en duda que la educación básica es más decisiva que la universitaria a la hora de formar los hábitos intelectuales, la capacidad de expresión y una serie de características que incidirán en el rumbo de la vida? Pero los niños no marchan ni protestan por la calidad de la educación que están recibiendo. A diferencia de los rectores universitarios, los directores de sus escuelas no hacen lobby, y lo que les pase a los niños de básica lo sabremos en muchos, muchos años más, por lo que carece de efectos políticos inmediatos. Por eso reciben menos los que necesitan más.


La miopía y la comodidad, sin embargo, no son patrimonio de las autoridades. Los países tienen la educación que se merecen. Un profesor, aunque no sea muy bueno, puede hacer maravillas si cuenta con el respaldo de los padres. Hoy, en Chile, si un profesor intenta imponer disciplina los padres reaccionan indignados. Si exige en serio, los papás ABC1 le “consiguen” a sus niños un certificado médico para evitarle el “trauma” de una mala nota. Y no se le ocurra aplicar un merecido coscacho, porque puede terminar hasta en la cárcel. Muchos padres y madres chilenos compensan con regaloneo el complejo de culpa que sienten por no poder dedicar a sus hijos el tiempo que requieren. No se dan cuenta de que la exigencia también puede ser una forma del cariño.


Todos celebramos a los estudiantes de la “revolución de los paraguas” en Hong Kong, que aprovechan las pausas en las protestas para estudiar, ni siquiera pisan el pasto y mantienen todo limpio y en orden. Pero olvidamos que detrás de esos jóvenes pacíficos, idealistas y empeñosos, están las famosas “mamás-tigresa”, que durante años los han hecho estudiar cuando no tenían ganas, han aplicado una férrea disciplina en sus casas y respaldado incondicionalmente a los maestros en las escuelas.


Nadie pretende que entre nosotros se hagan las cosas exactamente así, pero por favor no nos extrañemos: la diferencia entre los manifestantes hongkoneses y los nuestros no está simplemente en que los chinos no usan capucha y los locales sí. Está en que allá todos consideran que los profesores de básica y media son muy importantes, mientras entre nosotros casi nadie lo cree: ni los Gobernantes, ni los padres, ni los alumnos, que hacen de la pedagogía la última de sus opciones. No porque los estudiantes desprecien la enseñanza (de hecho, hacer clases es apasionante), sino porque los gobiernos y los padres no les dejan otra posibilidad.


Aplicación de la ley en La Araucanía.


Conforme a la Ley de Seguridad del Estado, los que por cualquier medio destruyan, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes merecen una pena de cárcel de 10 años a presidio perpetuo si se da muerte o se lesiona gravemente a alguna persona. En los demás casos, deben ser sancionados al menos con una pena de crimen. Como esta, hay diversas normas en la misma Ley que permiten hacer frente a la violencia ejercida por unos ciudadanos contra otros con pretextos políticos. A diferencia de lo que ocurre con la normativa antiterrorista o con la Ley sobre control de armas, cuya aplicación es resorte de los Fiscales del Ministerio Público, la decisión de utilizar las herramientas de la Ley de Seguridad del Estado está reservada exclusivamente al Gobierno de turno. Como consecuencia, al Gobierno corresponde también la responsabilidad plena y directa en que dichas herramientas no se utilicen.


Aparte de esta responsabilidad directa, a la autoridad política le cabe una responsabilidad indirecta, difícilmente medible en la magnitud de sus efectos, pero que afecta realmente a las instituciones y órganos encargados de la persecución de los hechos de violencia -la Fiscalía y las policías e incluso a los Tribunales de Justicia-. Por ejemplo, desde que el actual Gobierno expresó que era contrario a la aplicación de la Ley Antiterrorista en La Araucanía, la Fiscalía no ha invocado sus normas. Esto contrasta con la línea de la misma Fiscalía en los años anteriores, en los que el Gobierno era más proclive a la aplicación de la Legislación antiterrorista. Las instituciones pueden ser autónomas en general, pero todo indica que en los casos más complejos todas operan, para bien o para mal, sobre la base de un cierto consenso entre ellas o, al menos, con la razonable expectativa de que sus decisiones no van a ser tachadas por las demás como exageradas o atrabiliarias. Por lo tanto, si el Gobierno declara a priori que no es partidario de aplicar una Ley vigente, entonces no puede sorprender que las demás instituciones del Estado ajusten a ello su programa de decisiones.


De ahí la importancia del anuncio del Gobierno el día viernes de invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado por los atentados ocurridos esta semana en la Ruta 5 Sur a la altura de la Comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía. La Moneda -en lo que podría ser un esperanzador giro- comprometió el uso de un abanico de instrumentos jurídicos para resguardar la seguridad en la principal carretera del país: Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley de secuestro e incendio y la Ley de control de armas.


Ninguna de las razones que se han invocado hasta aquí para hacer vista gorda a la violencia en La Araucanía -supuesta criminalización de un mero conflicto social, ineficacia de la normativa, cierta simpatía con los fines perseguidos por los violentistas, etc.- justifica que se dejen sin aplicación las Leyes que el país democráticamente se ha dado.


Propuesta de reforma a la salud.


La comisión Presidencial para la reforma de salud entregó su informe, que en lo central plantea reforzar el papel del Estado por la vía de crear un seguro nacional de salud y una reforma al sistema privado de salud. Habría un Plan de Seguridad Social (PSS) único y universal, cuyo precio fijaría el Ejecutivo -aunque no se determina un estándar de atención; esto es, qué clínica o centro médico se utilizaría como referencia para fijar ese precio- y con beneficios amplios. Dicho PSS tendría un sistema de copagos estandarizados, con gasto anual tope respecto de la renta. Se propone una transición de 10 años, al cabo de la cual todos los chilenos pagarían la cotización obligatoria del 7% para salud a un fondo único destinado a financiar ese seguro nacional de salud. Las Isapres quedarían limitadas a ofrecer seguros complementarios de salud, sin perjuicio de poder ofrecer el plan universal.


Sin duda, las Isapres tienen defectos y han cometido muchos errores, pero los índices de satisfacción de sus usuarios son muy superiores a los de la salud Estatal, y las encuestas muestran que desean permanecer en ellas, y que porcentajes significativos de usuarios de Fonasa aspiran a traspasarse al sistema privado, de serles posible.


Y hay aquí una cuestión de Constitucionalidad. La Carta Fundamental garantiza el derecho de cada persona "a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea este Estatal o privado". Pero si el 7% de cotización obligatoria para salud debe destinarse forzadamente al ente Estatal, ese derecho quedaría en duda. Tal cotización pasaría a ser un impuesto más -al trabajo de todos quienes están obligados a efectuar cotizaciones previsionales-, porque los que no deseen hacer uso de los servicios Estatales de salud, dadas sus deficiencias, deberán contratar adicionalmente un seguro con coberturas similares a las que hoy obtienen de una Isapre. Así, duplicarán su pago.


Voces del mundo privado han considerado estas propuestas difíciles de realizar y expresivas de una aspiración con tintes ideológicos. El desenvolvimiento de esta comisión fue polémico -se presumía que tenía por objeto mejorar la salud privada, mas no ponerla en jaque-, y culminó con el retiro de una parte de los representantes del sector privado. Los personeros de este, en propuesta de minoría, postulan un modelo de multiseguros, en el que, con criterio de colaboración público-privada, se respeten la libertad de elección de las personas, la justa retribución y el emprendimiento en salud. Esto permitiría, además, la solidaridad en las cotizaciones entre los afiliados, pues se establecería una tarifa plana sobre la cotización legal, sin diferenciar por sexo ni edad, para financiar un plan de salud garantizado y que podría ser ofrecido en diferentes redes.


El Gobierno puede ahora acoger la propuesta de mayoría en todo o en parte, o descartar sus recomendaciones. En cualquier caso, se deben analizar cuidadosamente las razones y realidades expuestas por las distintas visiones dentro de la comisión. Las precipitaciones y errores en esta materia perjudicarían a todos: a los usuarios de uno y otro sistema, y también al gremio médico -factor que no parece haber sido recordado hasta ahora- y paralizaría la inversión privada en salud.


Debilidades de la Ley de Presupuestos.


La revisión del articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2015, presentado por el Gobierno al Congreso Nacional, permite llegar a la conclusión de que éste sigue teniendo las recurrentes debilidades de que ha adolecido históricamente, porque no significa realmente un límite al gasto público, sino que sólo es una referencia para la gestión discrecional  del gasto que, en la práctica y sin contrapeso, realiza el Poder Ejecutivo.


Un buen ejemplo de estas debilidades es que en el artículo 4º propuesto es posible constatar que los gastos que se especifican en cada uno de los Ministerios y partidas sólo constituyen una referencia global, ya que la Ley únicamente los considera como un límite a nivel de gastos en personal, bienes y servicios de consumo o transferencias corrientes en todos los Ministerios en su conjunto. Entonces, el Gobierno es libre para transferir recursos a un Ministerio sin Ley y siempre que no exceda, en principio, ese total.  Incluso este “total general” no existe, porque el propio artículo 4º permite gastar más por simple decreto siempre que el exceso se financie con mayores saldos iniciales de caja o la venta de activos financieros. Si se tiene presente que el Fisco tiene cuantiosos ahorros financieros y que el artículo 1º contempla enajenaciones netas de activos financieros por casi US$ 2.800 millones, queda de manifiesto que el límite al gasto público es una ilusión. A esa cifra pueden agregarse también los activos financieros por más de US$ 15.000 millones ahorrados en el Fondo de Estabilización.


Asimismo, los aportes a las empresas públicas y las transferencias de capital en general, cuyo monto se discute arduamente en la tramitación del presupuesto, también tienen ese carácter referencial, porque el mismo artículo 4º contempla que los montos pueden incrementarse hasta en un 10% sin necesidad de autorización Legal. Más aún, esa autorización tampoco es necesaria si los aportes adicionales se financian con mayores saldos de caja o enajenación de activos.


Aunque puede parecer incluso anecdótico, lo estéril del debate que se realiza durante 60 días en el Congreso queda al descubierto si se revisa con cuidado el texto de las Leyes de presupuesto que se han aplicado en años anteriores y se compara con el texto que se aprobó en cada  oportunidad en el Congreso. Sus números no coinciden y la razón es que el Ejecutivo tiene la facultad de ajustar algunas de sus cantidades por decreto entre la fecha en que se despachó del Congreso y el 1 de enero del año siguiente, en que empieza a regir.


En la institucionalidad contenida en la Constitución se asignan amplios poderes al Presidente de la República para que pueda Gobernar con eficacia, pero para evitar que se extralimite o caiga en la arbitrariedad se establecen también controles que, de no operar a cabalidad, generan un peligroso vacío. Lo que llama la atención es que los Diputados y Senadores que reclaman un rol más activo para el Congreso Nacional frente al Ejecutivo, planteen reformas Constitucionales que les otorguen más poderes en circunstancias que hoy ni siquiera cumplen con la función de control del gasto público que les está asignada y que suele ser la herramienta más poderosa con que cuenta el Parlamento en las democracias desarrolladas. Lamentablemente los dos principales bloques políticos han demostrado que esta realidad la critican cuando están en la oposición, pero que no están dispuestos a modificarla cuando están en el poder.


Simulación en el deporte.


La decisión  del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de castigar a un jugador por simular una agresión de un rival, ha abierto un interesante debate acerca de la procedencia de estas medidas y, especialmente, sobre si la “trampa” es un elemento propio del juego o que debe ser desterrado.  Hasta hace un tiempo esta discusión era inoficiosa, porque era imposible tener una regla general al no contar con registro de imágenes en todos los partidos. Pero ahora el registro televisivo de todos los partidos permiten ver en detalle cada secuencia, sin que exista excusa práctica para enfrentar la disyuntiva de castigar o no al jugador que engaña al árbitro.


En este caso, el Tribunal de Disciplina actuó de oficio y castigó con una fecha de suspensión al jugador Luis Valenzuela por haber fingido una agresión que confundió al árbitro de un partido entre O’Higgins y Unión Española, generando un conflicto mayor que en su momento acarreó sanciones para el propio árbitro y otros jugadores. Hay pocos precedentes de una sanción por este motivo en Chile y  por eso generó inmediatamente críticas y alabanzas de distintos actores deportivos. La más llamativa fue la de quienes reclaman que la posibilidad de hacer trampa sería inherente al deporte y parte de su “gracia”.


En el fútbol, como en otras actividades humanas, se reflejan las formas de pensar y los estándares de comportamiento que la sociedad estima exigibles a quienes participan en ella. En ese sentido, parece positiva la evolución que trasunta esta decisión de la entidad rectora del fútbol nacional, porque aunque sea una actividad lúdica, parece sano que se sancionen -o, al menos, no se alienten- los comportamientos desleales. Obviamente debe ser una medida excepcional y para casos calificados, pero es contributiva al desarrollo del deporte, como es posible apreciar en los países desarrollados donde el uso de la tecnología ha permitido este innegable avance.


Brasil y el Mercosur.


Con la vista puesta en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde aspira a incorporarse como miembro permanente en una eventual reforma, y como miembro fundador del grupo de "potencias emergentes" reunidas en el BRICS, Brasil ha apostado fuerte a su inserción internacional en las grandes ligas. En cambio, en el Mercosur, ya agónico, Dilma Rousseff pareció haberle entregado el bastón de mando a Venezuela, primero a Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro.


De otra manera no se explica la deslucida participación que tuvo en la última reunión del bloque -en julio, en Caracas-, donde intentó, sin éxito, que los Presidentes acordaran ampliar la zona de libre comercio en el continente. La prensa brasileña había anunciado que Rousseff haría una petición para abrir un diálogo con la Alianza del Pacífico, e incluso que pediría adelantar la entrada en vigor del arancel cero con Perú, Colombia y Chile desde 2019 a diciembre de este año. La declaración final fue una derrota de esta postura brasileña, puesto que no solo no se menciona el Pacífico, sino que, a instancias de Maduro, se estipuló en el texto "promover una zona complementaria" con el ALBA y Petrocaribe, dos organizaciones totalmente tributarias de Venezuela. Como si eso fuera poco, se destacó a Chávez y a Néstor Kirchner como "ciudadanos ilustres" del Mercosur, por su liderazgo en el proceso de integración.


La incorporación de Venezuela al grupo, que creó tensiones con Paraguay, tiene la lógica de que amplía el espectro de los negocios y comercio en momentos en que el intercambio en Mercosur languidecía, por la crisis argentina con sus medidas proteccionistas y por la baja de crecimiento en Brasil. Para este país y Argentina era una ganancia neta, ya que las empresas brasileñas podrían participar en grandes proyectos e infraestructuras en Venezuela, y Argentina recibiría créditos muy favorables en momentos en que no tenía acceso al financiamiento internacional.


La crisis actual se refleja en que el comercio bilateral ha caído 22 por ciento entre enero y agosto.


La ideologización de un bloque comercial.


Mercosur no es una zona de libre comercio, sino una unión aduanera en la que existe un arancel externo común que va entre 0 y 20 por ciento (y hasta 35% en algunos casos), pero del cual pueden ser exceptuados los bienes que un país miembro quiera proteger, un listado que se modifica cada seis meses.


De una asociación básicamente económica, creada en 1991, el Mercosur derivó en un bloque político, con una cláusula democrática, y luego más ideológico al son de Chávez. Bastante responsabilidad tiene Brasil, que lo dejó hacer bajo la premisa del principal asesor internacional de Lula y Dilma, Marco Aurelio García, quien ha señalado que "desde inicios del siglo XXI, las relaciones regionales no van por caminos solo comerciales... no están fundadas en cuestiones tarifarias... Desde algunos sectores hay una celebración ideológica del libre comercio, en un momento en que el libre comercio no tiene la significación que se le atribuye".


Bajo esta premisa, y por las dificultades permanentes que ha tenido el bloque, se entiende su politización. Hay que recordar que cuando se creó la Alianza del Pacífico, García consideró que era una "agresión" a Brasil, objetivo nada más lejano de esa organización, que busca una convergencia con los países del Atlántico.


Cada día más, los empresarios brasileños saben que deben salir al mundo, y no mantenerse encerrados en la región. Para eso, quieren acuerdos de libre comercio -como el estancado TLC con la Unión Europea, que podría relanzarse en dos velocidades si Argentina no está dispuesta a abrir sus fronteras-, y por supuesto con los países del Pacífico.


Quieren hacer a sus productos -y a la economía brasileña- más competitivos, pero para eso precisan un cambio en la política económica. Menos subsidios, impuestos y controles de precios, metas de inflación realistas y más responsabilidad Fiscal y divisa flotante son medidas en las que coinciden muchos economistas como las necesarias para recuperar la senda del crecimiento.


Paciencia con el vecino del sur.


El analista político trasandino Carlos Pagni ha dicho que "el Mercosur es la ruina de lo que fue una buena idea", y eso es especialmente verdadero para el interés de Argentina. Cuando fue fundado, el grupo aspiraba a ser el cuarto bloque económico del mundo. Juntos, los países del Mercosur representaban casi el 80% del PIB de América Latina, y eran los mayores productores globales de alimentos.


Las expectativas se han diluido, en parte sacudidas por las crisis mundiales, pero también por las políticas de Argentina que han golpeado a la economía brasileña. Los países chicos (Uruguay y Paraguay) se quejan de la "bilateralidad" de los grandes, y no tienen problemas para mirar hacia el mundo. Mujica ha sido tan crítico, que en Caracas habló de la posibilidad de "frustrar" el "intento maravilloso" del "pobre Mercosur".


Con la crisis argentina, que la semana pasada tuvo otra vuelta con la salida del Presidente del Banco Central, difícilmente se puede esperar que el bloque recupere vigor. Como dicen en Brasil, tienen "paciencia estratégica" con las "políticas erráticas" de su vecino, porque este sigue siendo su tercer socio comercial.



Pueblos bien informados
difícilmente son engañados.

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Marcha Soldados del 73, con imágenes

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Letra Marcha: Soldados del 73

Letra Marcha Soldados del 73

Autor: Rosabella Liniers
Compositor Gianfranco



Son hermanos los Infantes,
todas las armas y soldados del ayer
Carabineros, Marinos y Aviadores
Combatientes del 73.

Un sólo cuerpo, un sólo corazón,
noble misión, proteger a la Nación,
la frente en alto saliendo del cuartel,
los soldados del 73.

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

En el recuento se hace el silencio,
por los heridos, los caídos que no están,
lo lamento mi Capitán,
mi Sargento no le puede contestar.

La Patria es libre, llegó la paz,
en el desierto, el cielo, azul el mar,
ya nuestros hombres cantan victoria
Combatientes del 73

Ya dió la orden mi General,
para vencer tenemos que luchar,
no ha sido arriada jamás nuestra bandera,
orgullo eterno de nuestra libertad.

Piñera anuncia propuesta de reformas educacional y tributaria, gentileza EMOL

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