El fin de los sueños,
por Joaquín Lavín.
1.
Sociedad Escuela N° 74 Francisco Ramírez S.A.: Llevaba tres meses como Ministro
cuando me tocó conocer una escuela excepcional. Me impactó desde el primer
minuto. El orden, la limpieza, la actitud de los niños, el liderazgo de su
directora. Esa escuela tenía todo para obtener malos resultados. En una Comuna
pobre, como San Ramón, sin seleccionar a ningún alumno, con 44 niños por sala,
con apoderados que en su mayoría ni siquiera habían terminado la educación
básica.
Pero
estaba ahí para entregarles un premio. Habían sacado más de 340 puntos en el
Simce. Y no era casualidad. Año tras año esta escuela encabeza todos los rankings.
Es "la" escuela de la movilidad social para los niños de San Ramón.
Igual que
el 70% de los colegios particulares subvencionados que no pertenecen a las
iglesias, la escuela fue creada por una profesora: María Gatica Ramírez.
Solo que
hay un pequeño detalle. El sostenedor del colegio es la Sociedad Escuela
Francisco Ramírez S.A. Sí. Una sociedad anónima. Tiene jurídicamente fines de
lucro. Y el hijo de la señora María ha tenido varias reuniones con los
apoderados explicándoles las múltiples razones por las cuales si se aprueba el
proyecto de reforma educacional que está en el Congreso, la escuela no va a
poder seguir.
¿Por qué
llegamos como sociedad al punto en que no nos importa que desaparezcan colegios
excepcionales, solo porque tienen fines de lucro? ¿No debería alegrarnos que
esta familia eduque tan bien a esos niños y que además puedan ganar plata con
el colegio? ¿En qué estamos pensando cuando la ideología vale más que la
calidad de la educación?
Más aún,
¿por qué en Chile un médico puede soñar con llegar a tener una clínica, un
arquitecto su taller, un abogado su estudio, pero un profesor nunca más va a
poder soñar con tener su propio colegio? Ni siquiera un jardín infantil. Salvo
que, al revés de la Sra. María, que eligió tener un colegio para niños
vulnerables en San Ramón, tenga un colegio particular pagado, para niños de
ingresos altos en Las Condes. Ahí está permitido. Un absurdo y un error de
marca mayor.
2. Los
profesores-accionistas: Conocí a Verónica Fuica como Alcalde de Las Condes. Era
profesora del Liceo Fleming cuando les hicimos un ofrecimiento. ¿Qué tal si
renuncian a ser "funcionarios", forman una sociedad con todos los
profesores, y el Municipio les entrega el colegio en concesión? Aceptaron el
desafío. Han pasado 18 años y la Sociedad Educacional Alexander Fleming S.A.,
propiedad de los mismos 55 profesores que partieron en marzo del 96, administra
ya no un liceo, sino un colegio de 1° básico a 4° medio.
Días
atrás Verónica, que Preside el directorio, me contó con orgullo que el Simce ya
no es de 240 puntos, sino de más de 300, y que en la última PSU por primera vez
en la historia del Fleming lograron un puntaje nacional. Estaba feliz.
Me quedé
preocupado. En el Chile de la "reforma" están cometiendo dos
"pecados". La sociedad de profesores reparte dividendos a fin de año.
Ninguno de los profesores se ha hecho rico. Pero les ha ido bien. Gracias a su
esfuerzo. Y el otro "pecado" es que los padres, después de una
votación democrática, decidieron aportar $32 mil mensuales a la educación de
sus hijos, que se distribuyen en un tercio para incentivos a profesores, un
tercio para infraestructura, y otro tercio para laboratorios.
Le digo a
Verónica que no se preocupe porque al acabarse el copago el Estado reemplazará
esa plata. Me dice que es muy distinto, porque la subvención está tan regulada
que no permite la flexibilidad que sí les otorga el aporte de los padres.
No puedo
dejar de pensar que estamos frente a otro absurdo. La "reforma" les
dice a los papás: si ustedes quieren poner $200 mil o $300 mil mensuales para
el colegio particular pagado de sus hijos, "¡ningún problema!". Pero,
¿y si las familias de clase media quieren poner $10 mil, $20 mil, o $32 mil
mensuales, como en el Fleming? "¡Ah no! ¡Eso está prohibido!"
3. La
"Jesu" entró a Pedagogía: En una de las "bilaterales" con
el Presidente Piñera surgió la idea de la Beca Vocación de Profesor. Los que
tienen más de 600 puntos en la PSU y deciden entrar a Educación, estudian la
carrera gratis. A cambio deberán trabajar al menos tres años en un colegio
vulnerable. Me parece que esa sí es una "gratuidad" con sentido.
El mismo
año que la Beca entró en vigencia, una de mis hijas decidió ingresar a
Educación Básica, en la UC. Tuvo que renunciar a la beca por ser "hija
de". Pero ya hay 10 mil jóvenes con BVP. Cuando la veo estudiar en la mesa
del comedor, junto a cuatro o cinco compañeras como ella, vibrando con aplicar
nuevas metodologías de enseñanza para sacar adelante a los niños, o comentando
cómo les fue en la práctica, siento orgullo como papá.
En esos
3.000 profesores jóvenes que egresarán al año, como la Jesu y sus amigas, con
buena PSU, bien formados, con vocación, y que a partir de marzo de 2016
comenzarán a hacer clases en colegios vulnerables, está la verdadera esperanza
para los niños de Chile. Después de todo, la educación de un país llega hasta
donde lo permite la calidad de sus profesores. Todo lo demás es música.
Estamos a
punto de aprobar una Ley que transforma a los profesores en la única profesión
a la que se prohíbe emprender en lo que es la vocación a la que dedican su
vida. Mal. El mundo al revés. Todavía podemos corregirlo.
¿Y dónde está la eficiencia?,
por Eugenio Guzmán.
Existen
pocas dudas de que la Reforma Tributaria no seguirá los trámites normales para
su final promulgación y, ciertamente, todos los actores que han intervenido
empujarán en la dirección de celebrar el acuerdo. Esto dará por cerrado el
tema, el Gobierno lo traducirá en triunfo y se archivará hasta el próximo round
político.
Ahora
bien, un hecho en el que poco se repara, a propósito de este tema, es sobre la
eficiencia del Estado y, en particular, de los nuevos recursos con que contará
el país. En buenas cuentas, el péndulo hoy se ha movido hacia la izquierda,
reviviendo tradicionales visiones que ponen el énfasis en el carácter protector
y equitativo del Estado. Y para fortalecer la metáfora del Estado protector, se
ha recurrido a una suerte de crítica satanizadora del mercado, construyendo una
imagen desvirtuada del mismo.
Se
argumenta que los recursos de la reforma tendrían un uso que la justificaría a
priori. No obstante, aquí no debemos engañarnos, no existe ninguna razón
suficiente ni necesaria a priori para suponer que los recursos sean mejor
usados. Es muy simple: el Estado no es una entidad abstracta carente de sesgos.
Eso es política romántica. Si bien la Legislación, podríamos decir que se
ordena al bien común, no toda ella lo hace ni tampoco los que la aplican. De hecho,
puede existir, y existen, Leyes que claramente no cumplen ese propósito, no
porque protejan un interés específico, sino porque pueden ser ineficientes, por
ejemplo, cuando se afecta, e incluso hipoteca, el bienestar de las generaciones
por venir.
La fuerza
de este movimiento pendular hacia la izquierda ha hecho prácticamente invisible
el debate respecto de la eficiencia del Estado. Por ejemplo, más que analizar
la eficiencia del sistema público de salud, la discusión se ha centrado en las
Isapres, en la idea de traspasar el 7% de las cotizaciones privadas a un fondo
único, como si esta nueva forma de impuesto sería la solución del problema.
Otro
ejemplo que se ha ido desdibujando de la memoria de los chilenos es el
Transantiago: Este tuvo como justificación que el servicio existente (micros
amarillas) era de mala calidad y generaba rentas sobre lo normal. El resultado
es que hoy el país gasta unos US$ 1.500 millones adicionales, sin considerar
que el servicio cuenta con ciertas exenciones de las que no gozan los usuarios
de vehículos particulares (la bencina tiene un mayor gravamen que el diésel).
No deja
de ser sorprendente la falta de información sobre la estructura de costos y
eficiencia de la empresa más grande del Estado (Codelco), y que se use como
argumento el que es una empresa que genera ingresos al Fisco, en circunstancias
de que el tema no es ése, sino que si podría generar aún más ingresos. A lo que
se añade el “opiáceo” argumento de que ésta es la empresa de todos los
chilenos.
Este
cambio pendular no es menor, puesto que impide un escrutinio al Estado y sus
órganos. Un Estado no es más eficiente porque cuente con más recursos, es un
mito suponerlo. Una cuestión fundamental del desarrollo es contar con un Estado
en forma, y ello supone el escrutinio de lo que en él se ejecuta.
Gratuidad,
por Carlos Williamson B.
Parlamentarios
de la Nueva Mayoría han hecho pública su adhesión a la propuesta de Gobierno de
avanzar hacia la gratuidad. Se dice que “la gratuidad universal de la educación
superior no es regresiva”, pero no se explica cómo justificar que al 10% más
rico, que gasta alrededor de 200 mil pesos mensuales por estudiante en
educación superior (Casen 2011), el Estado le dé un regalo por ese monto. ¿Es
justo que las familias de clase media, que pagarán más impuestos con la reforma
tributaria y cuyos padres no tienen educación superior, financien a los
sectores más pudientes cuyos hijos van a la universidad?
Se señala
que hay que poner fin a la segregación social. Pues bien, la gratuidad puede
segregar más. Habrá algunas instituciones que se marginarán de la gratuidad
porque el aporte económico del Estado será insuficiente. Si requieren más
recursos para invertir en calidad, deberán cobrar aranceles, pero, como ha
dicho el Mineduc, sus estudiantes no recibirán ayudas del Estado y, en
consecuencia, sólo los jóvenes que pueden pagar los aranceles ocuparán sus
vacantes. Ello reproduciría la experiencia en América Latina y, por ello, tanto
la OCDE como el Banco Mundial no lo recomiendan.
Se afirma
que la gratuidad se financiaría con un impuesto especial a los graduados. Esta
opción es sorprendente porque contradice la idea de gratuidad universal, la que
por definición se financia con rentas de la nación, y que toda la literatura en
economía define como regresiva desde el punto de vista de la distribución de
ingresos. Con el impuesto a los graduados ello no ocurre, porque el Estado
financia a los nuevos entrantes y recupera los aportes cobrando un impuesto
luego del egreso. No hay gratuidad universal, cada cual paga de acuerdo a lo
que recibe y en virtud de su desempeño. ¿No se decía que los derechos sociales
deben ser gratuitos? ¿Por qué se les cobra un impuesto a los graduados? ¿Concitará
el apoyo del movimiento estudiantil?
La
promesa de gratuidad no es consistente con una sociedad más justa. Hay que
concentrar los subsidios en los que verdaderamente lo necesitan. La inequidad
actual es enorme. El 78% de los jóvenes entre 18 y 25 años de las familias más
pobres no tienen acceso a la educación superior por su mala formación o aún no
cuenta con apoyo del Estado. Chile no está preparado para darse el lujo de dar
educación superior gratis a los ricos.
La "industria"
delictiva.
La
secuela de asaltos a bancos, joyerías y cajeros automáticos en la capital
sugiere que se está estructurando en el país una suerte de eficaz
"profesionalización" de especialidades delictivas, acrecentando el
desafío para las capacidades de prevención y control del aparato Estatal.
Los
hechos conocidos respecto de los coordinados modos de operación y cuantiosos
medios utilizados dan cuenta de este fenómeno.
Este
jueves 25, cinco encapuchados asaltaron una joyería en el mall Alto Las Condes
(tercera vez en 20 meses que esta empresa es atacada: en enero de 2013 en ese
mismo mall, y en mayo pasado, en su local en el Parque Arauco). Los
encapuchados actuaron con combos y hachas, y amenazaron con armas de fuego a
los empleados. Misma fecha, en Pudahuel, al mediodía: seis individuos armados
ingresaron a una sucursal bancaria y obtuvieron un botín de 45 millones de
pesos, 20 mil dólares y 7 mil euros. A la misma hora, tres hombres escapaban
con 20 millones de pesos en dinero y especies desde una casa en Providencia.
En
agosto, el blanco fue un banco dentro de la Clínica Las Condes. El 8 de enero,
un caso similar ocurrió en la Clínica Las Lilas, en Providencia, con balacera
incluida. El 28 de mayo, una bomba destruyó el dispensador de dinero en la
cafetería de la Clínica Indisa, y otro cajero en el estacionamiento subterráneo
de la misma. El 29 de julio, otra joyería en el mall Plaza Sur, en San Bernardo
(segundo asalto en el año a la misma empresa; otro local lo había sido, con
éxito, el 26 de mayo). El 5 de mayo, asalto a una joyería en calle San Diego,
con resultado de muerte por disparo para su propietario. El 2 de mayo, asalto a
otra joyería en Providencia, en el que no solo arrancaron la caja fuerte con
oxicorte, sino que además se llevaron hasta las cámaras de seguridad y el computador
que almacenaba las imágenes respectivas.
Algunas
voces oficiales hablan de hechos aislados, pero la población no se llama a
engaño y se extiende entre las víctimas una sensación de indefensión e
irritación ante la ineficacia de la acción del Estado.
La
actuación de las instituciones policiales, persecutoras y judiciales no logra
tranquilizar a la opinión pública que, paralelamente al fenómeno delictivo
general, observa inquieta el desarrollo de los atentados con bombas, la
expansión del narcotráfico y la violencia en La Araucanía. Una reacción eficaz
-que solo puede ser responsabilidad del Gobierno- se torna cada día más
urgente. Chile corre el riesgo de igualarse con los cuadros de violencia
delictiva que afectan a otros países latinoamericanos. La Presidente Bachelet
ha dicho en la ONU que Chile es un país seguro. La población quiere poder
compartir esa visión.
Expectativa de gasto.
Esta
semana, el Gobierno de Michelle Bachelet presenta al Congreso su primer
presupuesto bajo el lema de que será una propuesta “contracíclica y social”. El
proyecto debe estar aprobado el 30 de noviembre y, en el contexto del reciente
despacho de la reforma tributaria y de la desaceleración de la economía, se ha
generado una expectativa de gasto que debe mirarse con cuidado.
Cada año
se apela a un debate serio y de respeto de las variables macroeconómicas, lo
que se va haciendo cada vez más urgente: en los últimos diez años, el gasto
público per cápita ha pasado de US$ 1.075 a US$ 3.600 en 2013; es decir, se ha
más que triplicado en una década. En este sentido, hay que despejar dos temas
durante la discusión: uno general, sobre si realmente se logra el efecto
anticíclico deseado y se justifica el impacto macroeconómico de un gasto
elevado y, segundo, ya en el detalle, si los programas que se financian
(especialmente en la parte social) están siendo administrados efectivamente.
Con
respecto a lo primero, se ha instalado (y lo han dicho explícitamente la
Presidente Bachelet y sus Ministros) que este presupuesto ayudaría a salir del
escenario de desaceleración. La política Fiscal puede tener un rol acotado, lo
que puede tener efectos colaterales indeseados, que podrían dañar el
crecimiento de tendencia o de mediano plazo. Dado que Chile es un país con
acceso a flujos de capitales del exterior y con tipo de cambio flexible, el
impacto de una política Fiscal contracíclica afecta por la vía de una baja en
el tipo de cambio y presiones alcistas de la tasa de interés, lo que a su vez
daña las exportaciones y la inversión privada. Recordemos que en la crisis
2008-2009 el gasto público aumentó más de 27 % real, mientras que el PIB creció
2,2%, las exportaciones cayeron 5,2% y la inversión creció 3,6%. Claro que se
deben considerar también los factores externos, pero el resultado de enfrentar
el escenario con fuerte gasto público no fue exitoso como se esperaba. Además,
hay que sincerar que estos aumentos de gastos durante crisis raramente son
luego rebajados y se transforman en permanentes, haciendo cada vez más pesado
el Estado en la economía.
Por todo
lo anterior y otras consideraciones, es importante que se aclaren en el debate
los alcances y los costos de embarcarse en un presupuesto anticíclico para
paliar las debilidades de la economía chilena. Por el momento, se observa un
exceso de optimismo al respecto, el que resulta preocupante a la luz de las experiencias
pasadas.
Dejando a
un lado el contexto macro del presupuesto, queda además insistir en que, dada
la progresiva inyección de nuevos recursos por la vía de la reforma tributaria,
éstos deben ser asignados eficientemente y su uso discutido a la luz de las
prioridades sociales. Las autoridades han dicho que no tiene sentido “guardar
en un cajón” lo recaudado por la reforma a la espera de que se aprueben los
proyectos educacionales. Menos sentido tiene usar esos recursos, presupuestados
para educación, en otros fines dispersos que no generen el impacto que la
población espera de ellos. Es necesario que los Parlamentarios y la opinión
pública tengan conocimiento y acceso actualizado a las evaluaciones de la
Dirección de Presupuestos y a las del Ministerio de Desarrollo Social. También
es clave que algunas grandes partidas de gasto, como Transantiago, por ejemplo,
sean objeto de un análisis detallado pero técnico, de manera de no arrastrar
grandes ineficiencias año a año. Finalmente, hay que velar porque a los temas
candentes de la agenda pública (este año sin duda el tema de seguridad
irrumpirá con fuerza) sean asignados fondos adicionales sólo si así se
justifica y en las áreas donde podría haber real impacto más allá de los
anuncios. En este punto, cabe el debate de cuánto y cómo aumentar el
presupuesto de los fiscales y el fortalecimiento de la ANI.
El primer
presupuesto del Gobierno de Bachelet será un hito que marcará los años que
vienen, dado que en él se verá cómo la nueva administración compatibilizará las
grandes reformas con el marco macroeconómico. Es de esperar que sea un
presupuesto más social que contracíclico y que vele por el buen uso de los
recursos frescos que entran al Fisco.
¿Comisiones para imponer o
para dialogar?
LA Comisión
Asesora para el Estudio y Propuesta de un Nuevo Modelo y Marco Jurídico para el
Sistema Privado de Salud, implementada por la Presidente de la República en el
marco de sus compromisos de campaña, termina sus reuniones de la forma menos
auspiciosa, con integrantes renunciando y la presentación de un informe que, de
acuerdo a los antecedentes disponibles, vulnera los objetivos que se tuvo en
cuenta al momento de reunir a este cuerpo de especialistas.
La
situación, lamentablemente, no resulta una sorpresa, en especial si se recuerda
que la propia Ministro de Salud debió
intervenir ante los comisionados para solicitarles que se ajustaran a
los objetivos que el Ejecutivo tuvo en cuenta al solicitar su colaboración:
terminar con la discriminación por riesgo, controlar las alzas de precios y su
variabilidad, regular planes y generar una propuesta que considere una mirada
global del financiamiento del aseguramiento y de los prestadores.
Entre
estos lineamientos y la prohibición de “lucrar con el 7%” de cotización, como
señala el informe de conclusiones de la comisión, existe una diferencia
profunda y evidente. Por cierto que el sistema requiere adecuaciones, pero los
problemas se pueden ver agravados, en lugar de disminuidos, si esas soluciones
se sustentan más en posiciones ideológicas que técnicas y, en especial, si no
se tiene en consideración que se trata de un modelo de prestadores que atiende
las necesidades de personas que lo han preferido, voluntariamente, al sistema
público. Son afiliados que “han optado por el sistema de salud privado”, como
lo señaló la propia Presidente de la República al convocar esta comisión, y que
hoy ven con preocupación no sólo el destino de las Isapres, sino también, su 7%
de cotización individual.
Las
comisiones asesoras Presidenciales, como mecanismo para abordar reformas en
base a análisis técnicos y transversales, han mostrado positivos resultados en Gobiernos
anteriores y en temáticas tan diversas como educación, trabajo y salud. Este
modelo puede resultar gravemente dañado, tanto en su imagen como en su
efectividad, si finalmente estas comisiones terminan sirviendo a los intereses
y estrategias de un determinado sector, más que a la búsqueda de soluciones con
bases técnicas compartidas que las respalden. En este sentido, llama la
atención que se utilice la votación de mayoría como respaldo de las decisiones
al interior del grupo, como ha ocurrido en el caso de esta comisión sobre el
sistema privado de salud, teniendo en cuenta que su conformación no responde a
criterios representativos ni tampoco determinarán las modificaciones Legales
que finalmente el Ejecutivo presente ante el Congreso.
La
situación observada en el caso de esta comisión sobre el sistema privado de
salud abre una interrogante sobre el funcionamiento y destino de otras
instancias de esta naturaleza creadas por la actual administración. La
relevancia y contribución de este esquema de trabajo sólo tiene sentido en la
medida que su conformación sea coherente con los objetivos perseguidos, que se
aboque a los lineamientos de la Presidencia y se respeten y representen todas
las visiones en su interior.
De lo
contrario, será inevitable que estas comisiones sean vistas como simples
instancias comunicacionales, donde la apariencia de participación y diálogo
terminan sirviendo al objetivo de respaldar reformas ya trazadas y diseñadas
previamente en lo sustancial.
Pucón sin bolsas plásticas.
La
localidad de Pucón, en la Región de La Araucanía, será la primera en Chile en
prohibir el uso de las bolsas plásticas en los supermercados y el comercio en
general. Por ordenanza Municipal, desde el 1 de diciembre de este año ninguna
tienda podrá entregar bolsas plásticas, que en todo el resto del país son
donadas por los establecimientos comerciales a sus clientes para facilitarles
sus compras. En Pucón, durante dos años han estado estudiando el dilema y han
llegado a un acuerdo con todo el comercio para suprimir este foco de
contaminación. Hacia el sur, en Panguipulli, Coyhaique y Puerto Natales se
estudian medidas similares.
La
controversia acerca del uso de las bolsas plásticas se arrastra ya por varios
años sin que se haya llegado a acuerdo. Según algunos, dichas bolsas tardan
miles de años en degradarse en la naturaleza, con lo que contaminan los cursos
de agua y la alimentación de los animales y terminan matando a muchos de ellos.
Según otros, son un buen material para el reciclaje. Por otra parte, la
fabricación de las bolsas plásticas también ha sido criticada por el consumo de
combustibles fósiles, a lo que sus partidarios han respondido que el consumo de
energía no llega ni a un tercio de lo que se gasta en la fabricación de bolsas
de papel, su principal sustituto. Además, en Brasil se ha anunciado la
fabricación de bolsas plásticas a partir de caña de azúcar o de otros
combustibles renovables, lo que le resta peso a ese argumento. Solo la
contaminación parece ser la fuerza motora en la eliminación de las bolsas
plásticas.
Muchas
ciudades en EE.UU. ya han eliminado la bolsa plástica, pero la experiencia no
ha permitido observar cambios muy notables. Con o sin prohibición, las ciudades
siguen eliminando la basura de los hogares en bolsas plásticas, y los dueños de
supermercados, que se han mantenido neutros ante la propuesta, dicen que la
supresión ha provocado un inesperado e inexplicable aumento en los robos.
También se ha estudiado que el uso de bolsas de género, si no se lavan con alta
frecuencia, lo que solo ocurre en el 3% de los casos analizados, tiende a
desarrollar bacterias potencialmente dañinas.
Otra
solución que se ha procurado poner en práctica, sin éxito, ha sido la de cobrar
un impuesto por cada bolsa que se entregue, pero hasta ahora ninguna Legislatura
ha aprobado esa idea.
Los
puconinos serán los primeros en mostrarle al país los efectos de la supresión
de las bolsas plásticas. Su ánimo de cooperación con esta medida revela hasta
qué punto han penetrado las ideas de mantener limpio el ambiente y demuestra un
afán de los chilenos por hacer cuanto esté a su alcance por lograrlo.
Cualquiera sea el resultado, constituye una manifestación de un espíritu de
colaboración social de gran valor para el país.
Brasil: la elección sigue
abierta.
La
campaña de Rousseff ha consistido en atacar a Silva mediante la
"estrategia del miedo". Se atemoriza al electorado con rumores de la
suspensión por Marina Silva de los programas sociales, en particular de la
bolsa de familia, que reciben millones de brasileños en situación de pobreza.
También se les atemoriza con la ingobernabilidad, por estimarse que su partido
no elegirá más del 10% del Congreso. Además, se le imputa incoherencia por sus
críticas a los partidos políticos, habiendo sido militante del PT por 25 años;
se le encara que su ambientalismo obstaculizaría la construcción de centrales
eléctricas y la explotación petrolera, claves para solucionar la demanda
energética y el financiamiento de los programas sociales, y se le reprocha su
dependencia del sector bancario por su promoción de la autonomía del Banco
Central.
Silva,
que ha tenido un espectacular ascenso tras la muerte el mes pasado de Eduardo
Campos, ha respondido: "Presidente Dilma, quédese tranquila, que no
recibirá el mismo trato que usted me da. No voy agredir a una mujer. Ofrezco la
otra mejilla". Sostiene que las acusaciones en su contra son burdas
mentiras y, en su continua mención de parábolas bíblicas, reclama ser blanco
"de un batallón de Goliat en contra de David". Frente a la campaña de
destrucción de su imagen, ha reaccionado victimizándose, exhibiendo su historia
personal de superación de la extrema pobreza, apelando a su integridad moral y
denunciando los escándalos de corrupción del Gobierno, en particular los de
Petrobras, en cuya dirección superior participó Dilma. Ha sido dura en las
críticas a los partidos y sus dirigentes. Ofrece una nueva política que pondría
fin a la "vieja política de pactos y corrupciones". Ha reprochado la
incompetencia del partido Gobernante por haber conducido al país al
estancamiento económico y al derroche de la potencialidad de Brasil.
La decisiva segunda vuelta.
Aécio
Neves, el tercer candidato según las encuestas, repuntó en las últimas semanas
y también las ha emprendido contra Marina. El tiempo disponible no lo acompaña:
no logra sobrepasar el 19% en las encuestas. Las candidatas superan el 33%,
aventajando Dilma tras un leve y reciente descenso de Marina. El ex Presidente
Cardoso, de gran influencia en el partido de Neves, se ha opuesto a las
críticas a Marina y aconseja que "la artillería pesada debe concentrase en
el PT y, por tanto, en Dilma".
En la
decisiva segunda vuelta, muchos suponen que Marina capitalizaría la mayoría de
la votación de Neves, y consideran posible que parte del electorado de Rousseff
vote por Marina. Otros, en cambio, creen que el electorado preferirá finalmente
a Dilma por ser una Gobernante experimentada, mientras Marina podría ser
impredecible. Hay coincidencia en que la elección sigue abierta y en que la
violencia verbal se agudizará en la segunda vuelta. Habrá que esperar hasta el
26 de octubre para saber quién será la Presidente.
El
desenlace Presidencial de Brasil no es indiferente para Chile. Tanto Marina
como Neves son críticos de la gestión internacional de Dilma: acusan la captura
de su política exterior por los intereses ideológicos del PT, lejos del pragmatismo
que caracterizó a la Diplomacia brasileña. Especial frustración plantean ante
su inclinación por Mercosur y Unasur, que preferiría alianzas con Gobiernos
populistas a convenios con países moderados y la Unión Europea. Así, la derrota
de Rousseff podría significar un giro de la Diplomacia brasileña, que si viene
acompañada de señales de liberalizaciones comerciales, favorecería su mayor
incorporación a la economía global.
Relaciones con Chile y la
región.
En
realidad, el anunciado estrechamiento de los lazos del Gobierno de la
Presidente Bachelet con Brasil, y su intento de convergencia entre el Mercosur
y la Alianza del Pacífico, en la práctica, no resultan más que buenos deseos y
publicidad, por la preferencia del Gobierno de Dilma a jugar un rol de potencia
mundial, distante de la región; por su compromiso excluyente con Unasur y
Mercosur, y por el proteccionismo de Brasil. Más que la buena disposición de
Chile, importa la voluntad de Brasil de acercarse a Chile y a la región y abrir
su economía. Si se restan las exportaciones de cobre, que son la mayoría de los
envíos nacionales a Brasil, el saldo comercial es ampliamente deficitario para
nuestro país: las exportaciones chilenas son menos de la mitad de las
importaciones provenientes de ese país y muy cercanas a las exportaciones
nacionales a Perú, con un PIB alrededor de 12 veces inferior al de Brasil.
Pero las
restricciones comerciales brasileñas no han sido obstáculo para que ese país
sea el primer destino de las inversiones chilenas en el exterior y, a la vez,
para que las grandes empresas brasileñas se instalen en Chile. Brasil es el
país con mayor y más creciente intercambio de inversiones binacionales para
Chile, que pronto podrían alcanzar los 20 mil millones de dólares. Mientras los
vínculos oficiales no han vuelto a lo que fueron en décadas pasadas, las
relaciones del sector privado se fortalecen sostenidamente.
Hace más
de tres décadas que se reclama por el desinterés Diplomático de Brasil por Chile
y la región y su preferencia por las potencias mundiales. La desatención por
Chile se remarcó una vez que ya no consideró a Argentina como competencia.
Un mayor
acercamiento de Brasil a la región, dada su asimetría con los demás países de
Centro y Sudamérica, validaría la sentencia de que "donde va Brasil va
Latinoamérica".
Debilitada cumbre climática.
La cumbre
climática convocada por el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon,
realizada la semana pasada en Nueva York, volvió a demostrar la falta de
compromiso de varios de los principales emisores de CO2 del mundo por avanzar
en un acuerdo que permita sustituir el Protocolo de Kyoto. Este acuerdo, que
buscó limitar las emisiones de gases de efecto invernadero de 37 países
industrializados, venció en 2012, sin que se lograra acordar un nuevo pacto,
por lo que sus compromisos fueron prorrogados hasta 2020.
La
próxima cita se realizará en diciembre en Lima y luego en abril del próximo año
en París, donde se espera sellar un nuevo protocolo. Para acercar posiciones de
cara a esos dos encuentros el Secretario General de la ONU convocó a la reunión
en Nueva York. Sin embargo, la ausencia de delegaciones de alto nivel de China
e India, dos de los cinco mayores emisores del planeta -entre ambos representan
más del 20%- fue una clara señal de las dificultades que aún persisten para
avanzar en un nuevo acuerdo y las dudas que aún plantea el tema.
En este
escenario cualquier compromiso que asuman los demás países será insuficiente
para avanzar realmente en una política global frente al cambio climático. Por
eso, en el caso de Chile, si bien se reafirmó en Nueva York la decisión de
reducir en 20% las emisiones de CO2 de aquí a 2020 -la que tiene carácter voluntario por no ser un país
industrializado-, es importante que se actúe con prudencia sin forzar
decisiones por factores políticos que puedan terminar comprometiendo los
requerimientos energéticos y productivos del país en un escenario económico
especialmente sensible.
En ese
sentido, imponer metas sobre porcentajes de generación eléctrica con energías
renovables -que la autoridad fijó en 20% de la matriz de aquí a 2025- no es lo
recomendable, pues implica costos adicionales a la generación, que terminan
traspasados al sector productivo y a los
consumidores, limitando la posibilidad de aprovechar otros combustibles que
pueden ser ambientalmente eficientes y más baratos.
